miércoles, 25 de marzo de 2009

Derecho a la pereza: La crisis, que la paguen ellos

Una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Valladolid para pedir a la empresa Renault más “carga de trabajo” para sus plantas. Esto recuerda el asombro de Paul Lafargue ante el hecho de que, al sobrevenir una crisis económica capitalista, los obreros no aprovechen esos momentos para una distribución general de los productos y para un goce universal. Por contra, los obreros, “muriéndose de hambre, van a golpear con sus cabezas las puertas de las fábricas”.

Desafiando la intensa lluvia, el sábado 13 de diciembre unas 15.000 personas, según la subdelegación del gobierno se concentraron en la vallisoletana plaza de Colón. Luego recorrieron el centro de la ciudad hasta la Plaza de la Universidad. En la cabecera de esta nutrida manifestación, una pancarta en la que se podía leer: “Más carga de trabajo en Renault y auxiliares”.

“Una extraña pasión invade a las clases obreras de los países donde reina la civilización capitalista [...]. Esa pasión es el amor al trabajo, el furibundo frenesí del trabajo, llevado hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su progenitura. En vez de reaccionar contra esa aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas, han sacrosantificado el trabajo”. Así comienza El derecho a la pereza, ese alegato contra la religión del trabajo con el que Paul Lafargue trató de poner en guardia a un proletariado que “traicionando sus instintos e ignorando su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo”.

“Es necesario que el proletariado pisotee los prejuicios de la moral [...] que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los derechos a la pereza, mil y mil veces más nobles y más sagrados que los tísicos derechos del Hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa; que se empeñe en no trabajar más de tres horas diarias, holgando y gozando el resto del día y de la noche”.

Con frecuencia, el concepto lafarguiano del derecho a la pereza ha sido interpretado en clave “progre’. Una cita que “quedaba bien” traer a cuento en reuniones de salón, pero que no era tenida en cuenta a la hora de actuar políticamente. Y sin embargo, la crítica de Lafargue a que el trabajador confundiera el trabajo con la explotación a través del mismo, no podía ser más premonitoria de lo que está sucediendo aquí y ahora. Una tremenda crisis creada por los mercados financieros hace tambalearse el sistema económico global, y los Gobiernos, en vez de enviar a sus Gendarmerías a detener a los especuladores, ayudan a los banqueros con fondos del contribuyente, es decir, de los trabajadores, que son los únicos que pagan impuestos.

A Lafargue le parecía asombroso que, cuando sobrevienen las cíclicas crisis económicas capitalistas, los obreros no aprovechasen esos momentos para una distribución general de los productos y para un goce universal. Por el contrario, los obreros, “muriéndose de hambre, van a golpear con sus cabezas las puertas de las fábricas”.

Pues bien, cuando los industriales, afectados también por la crisis, comienzan a cerrar sus fábricas, los trabajadores, como acabamos de ver en Valladolid, en lugar de justicia, castigo a los culpables y redistribución de la riqueza, no se les ocurre pedir mejor cosa que ¡carga de trabajo!

Es comprensible que un trabajador al que despiden de su empleo se vea en el más absoluto desvalimiento. Pero cuando son miles los despedidos, se crean unas condiciones favorables de fuerza. La situación favorece el empowerment, ese proceso para el que todavía no hemos encontrado una traducción mejor que “empoderamiento”.

Aprovechando esa fuerza, y puesto que somos millones los llamados a ser los paganos de la crisis, ¿no podíamos aprovechar la crisis para forzar ciertos cambios en el sistema? Por ejemplo, dejar de producir obsoletos automóviles causantes del deterioro medioambiental y aprovechar para descansar un poco. Si hay que trabajar en algo, que sea en beneficio de la sociedad, no en su perjuicio.

La vida humana es corta. Rebélate, compa: La crisis, que la paguen ellos, proporcionándonos de paso un período de vacaciones. Pagadas, por supuesto, con los cuantiosos beneficios que llevan tiempo atesorando.

¿Acabaremos pagando por tener un empleo?

El desempleo en España aflige ya a 3.000.000 de personas, y los analistas económicos pronostican que en 2009 esa cifra se incrementará hasta los 4.000.000 de desempleados. Pese a todo, las instancias más conservadoras piden abaratar aún más las indemnizaciones por despido. A este paso, llegará un momento en que habrá que trabajar gratis, o peor todavía: pagando por tener un empleo.

Lo acaba de pedir, por enésima vez, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, en el curso de un encuentro con el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Entre las recetas del líder de la patronal para hacer frente a la crisis están la necesidad de acometer una reforma laboral y de crear nuevas fórmulas de adecuación y extinción de contratos.

“El coste del despido debe ser revisado de forma inteligente e imaginativa, probablemente con un nuevo contrato”, ha asegurado Díaz Ferrán, tras destacar que sería incluso “incentivador para la creación de puestos de trabajo”.

Las recetas patronales coinciden con las recomendaciones que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional para España. La reforma del mercado laboral debe pasar por la eliminación de las cláusulas de revisión salarial, mayor flexibilidad en la relación entre empresarios y empleados, y disminución de los costes de despidos para evitar la dualidad entre contratos temporales y fijos. “El mayor coste de esta crisis lo pagan los trabajadores porque el mercado laboral no se está ajustando vía precios, sino con más paro. España necesita extender una política de moderación salarial contundente para ganar competitividad”, insisten los ‘expertos’ del FMI.

Pero ese análisis entra en abierta contradicciónn con los datos ofrecidos por otro organismo internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según este organismo, las diferencias de salarios medios entre España y los países de su entorno siguen siendo relevantes. Los 22.667 que se cobran en España en la industria y los servicios contrastan con los casi 28.000 de Francia y los 41.000 de Alemania.

Según la OCDE, durante la época de bonanza entre 1995 y 2005, el poder adquisitivo del salario medio España bajó un 4%, el único descenso en todos los países de la organización. Dos de cada diez empleados ganan 1.000 euros brutos al mes, según el sindicato Comisiones Obreras, y eso que se trata de gente con preparación cualificada. Pero son mayoría los empleados cuyos ingresos no alcanzan siquiera esa cifra, bien porque tienen trabajos temporales que no les ofrecen empleo durante todo el año, bien porque tienen sueldos inframileuristas.

La reducción de salarios es una receta tan vieja como el hambre. John Smith, en su Chronicon Rusticum-Commerciale or Memoirs of Wool (1747), “Los pobres no trabajarán jamás un número más alto de horas de las que precisan para alimentarse y subvenir a sus excesos semanales [...]. Podemos decir sin temor que una reducción de los salarios en las fábricas de lana será una bendición y una ventaja para la nación y no hará un daño real a los pobres”.

Uno de los grandes logros del capitalismo contemporáneo ha sido recuperar en el escenario laboral la figura del working poor o “trabajador pobre”. Categoría de precariedad en la que se encuadran aquellas personas que, a pesar de tener una relación laboral normalizada por un contrato legal, se sitúan por debajo del umbral de pobreza de su país.

En tales circunstancias ¿hasta dónde se quieren rebajar los salarios? A este paso, llegará un momento en que habrá que trabajar gratis, o lo que es todavía mucho peor: habrá que pagar por tener un empleo.

domingo, 22 de marzo de 2009

CEOE: La patronal o la ley del embudo


No han sido los salarios disparatados, la baja productividad, la indolencia, las huelgas o la holganza de los trabajadores los causantes del desastre económico que aflige al mundo. A estas alturas, nadie duda de que el origen de la crisis económica se encuentra en los mercados de capitales. Si los trabajadores no han intervenido para nada en los excesos del tinglado financiero ¿qué mueve a la patronal española a entonar la vieja monserga de la necesidad de reformas estructurales en el mercado laboral? Sería más lógico pedir responsabilidades a los bancos que bloquean el flujo crediticio. Pero el presidente de la CEOE prefiere descargar el coste de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores pidiendo abaratar el despido. Algo que la patronal española no predica con el ejemplo en su régimen interior. El pasado mes de octubre al ser relevado de su puesto, el anterior secretario, Juan Jiménez Aguilar, recibió una "indemnización por despido" de 1,9 millones de euros.
O sea, la ley del embudo.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán ha reconocido públicamente que la falta de financiación a las empresas está destruyendo empleo. “Estamos viendo como empresas sólidas, que funcionan bien, han visto disminuidos en un 50% ó un 70% los créditos que siempre utilizaban para tesorería y circulante. Esta situación está provocando impagos a proveedores, impago de nóminas, concurso de acreedores y destrucción de empleo.” (ABC, 07-12-08).

Pese a esta evidencia, en lugar de aportar alguna idea para corregir los desaguisados en los mercados financieros, la principal medida que se le ocurre al responsable patronal es pedir que el Gobierno intervenga en el mercado de trabajo aplicando “medidas estructurales”. Eufemismo que, hablando en plata, significa la desregulación intensa de las condiciones laborales, el abaratamiento del despido y la reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Pues, como explica Díaz Ferrán: “Cuando hablamos de flexibilizar el mercado laboral no nos referimos sólo al abaratamiento del despido. Es una de las medidas, pero hay otras igual de importantes como contar con un contrato a tiempo parcial homologable al que tiene el resto de Europa y contar con normas para la contratación y extinción que mezclen flexibilidad y seguridad [...] No hablamos de modificar derechos adquiridos de los trabajadores que ya están fijos en las empresas, hablamos de crear un contrato para trabajadores que están en paro o con contratos temporales; un contrato fijo más flexible para que el pequeño y mediano empresario se anime a crear empleo.”

¿Hasta dónde debe llegar esa flexibilidad en la extinción del contrato (otro eufemismo para el despido libre) que reclama la patronal? Pues de hecho existe ya una amplia gama de modalidades de contrato temporal que ha generado dos segmentos de trabajadores claramente diferenciados. Por un lado, los empleados con contratos indefinidos, cuya resolución implica expedientes e indemnizaciones por despido. Por otro lado, los que tienen contratos temporales, que se resuelven a su término con una indemnización ridícula o incluso ninguna. Más barato, imposible.

Pero a Díaz Ferrán no le basta: “Ahora habría que abrir una tercera vía con un contrato más flexible, dirigido a las pymes. Hay que buscar fórmulas similares a las que existían hace años como, por ejemplo, el pago por parte del Fondo de Garantía Salarial de parte del despido para las pymes. Queremos fórmulas imaginativas que animen al pequeño y mediano empresario a contratar”.

Que un fondo constituido con dineros públicos sea quien pague las indemnizaciones por despido no parece precisamente un derroche de imaginación ni de coherencia. Porque cuando habla, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, Díaz Ferrán, asegura muy serio que: “Todo el mundo tiene que entender que un producto o un servicio si vale cinco y el Estado lo da a tres, como ocurre con la luz, alguien lo paga y quien lo paga son todos los españoles, no sólo quienes lo utilizan”. Y propone como solución primero liberalizar el sector eléctrico para que los servicios “cuesten lo que tienen que costar” y luego poner reglas claras. a partir de ahí, “que cada cual pague lo que consuma”.

Las teorías, para que puedan al menos ser admitidas a debate, deben aspirar a tener una proyección universal. Si cada cual debe pagar lo que consuma, no se entiende muy bien por qué debería ser el Estado quien pague las indemnizaciones por despido en lugar de hacerlo el empresario “que consume esa mano de obra”. Pero el colmo de la incoherencia, por decirlo de manera suave, es que la misma patronal que pide abaratar el despido no predica con el ejemplo, aplicando en su casa la misma regla que pide para el conjunto de los trabajadores. El último secretario de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, que dimitió de su cargo por problemas con el actual presidente, recibió el pasado mes de octubre la no despreciable suma 1,9 millones de euros como indemnización. Para ello las negociaciones internas dentro de la patronal recurrieron a cambiar el concepto de “cese” por “despido”.

Trabajo: El ministerio de la impotencia

Quienes escuchamos la extensa entrevista que una emisora radiofónica le hizo ayer jueves a don Celestino Corbacho, ministro de Trabajo del Gobierno de España, vimos confirmado lo que, hace más de un siglo, afirmó un grave filósofo de luengas barbas: “un ministerio del Trabajo es, por definición, un ministerio de la impotencia”.


Como es habitual entre los políticos de este país, Corbacho fue sorteando a base de ambigüedades las diversas cuestiones que le planteó el entrevistador. Mucho más difícil le resultó mantener el tipo ante las preguntas planteadas en directo por los oyentes, en general afectados por la precariedad laboral. Pero la intervención de Corbacho alcanzó la apoteosis del patetismo cuando un hombre le preguntó al ministro qué podía decirle ante el problema que se le avecinaba: dentro de un mes sería despedido de su empleo. La respuesta de don Celestino consistió, más o menos, en decirle que no perdiera la esperanza y confiase en el futuro.

¡No pierdas la esperanza, hermano! Eso está muy bien que lo diga un especialista en levantar el ánimo: un cura, un psicólogo o incluso el Rey, que no pincha ni corta a la hora de solucionar los problemas de los habitantes del país. Pero un ministro se supone que está para algo más. Por lo menos, podía haberle informado de la dirección de la oficina del INEM más próxima para que acudiera a solicitar la prestación por desempleo.

En España, el ministerio de Trabajo tiene a su cargo el cumplimiento de la normativa legal aplicable a la actividad laboral, especialmente en lo que se refiere a la Seguridad Social, así como el desarrollo de la política gubernamental en materia de desempleo. Esta última se efectúa a través del Instituto Nacional de Empleo, más conocido por su siglas: INEM. Nada más. En una economía de mercado, donde el trabajo ha sido convertido en esa frágil mercancía llamada ‘empleo’, el papel gubernamental es prácticamente inexistente.

Pero la carga emocional que recae sobre el término ‘trabajo’ es tan intensa, que casi todo el mundo parece esperar alguna capacidad taumatúrgica de la sección gubernamental que lleva ese nombre: Ministerio de Trabajo. Mas recordemos las palabras que, según Dante, estaban grabadas en el pórtico de entrada al infierno: Lasciate ogni speranza voi ch’ entrate. Abandonad toda esperanza los que entráis en ese infierno laboral controlado por los demonios de la avaricia y la ambición que, como se ha visto en la actual crisis económica, son los principios rectores de la actividad mercantil. El trabajo será, como su etimología indica (tripalium), vuestro tormento cotidiano, pero el endiablado día en que al liberal propietario del potro de tortura, le deje de interesar aplicaros el suplicio, os liberará del mismo. Abrirá las argollas contractuales que os sujetan al potro y os pondrá de patitas en la calle.

Una de las magníficas libertades establecidas por el liberalismo es la libertad de despido. Porque el cacareado “derecho al trabajo” es una mera ilusión sobre papel, pues no existe ninguna vía legal por la que el ciudadano pueda reclamar al Gobierno que le facilite un empleo. Bajo el liberalismo que preside el ordenamiento constitucional y jurídico de las democracias occidentales, la mercancía ‘empleo’ es una propiedad privada. Que sus propietarios ponen en el mercado sólo cuando consideran que la operación les resulta rentable. Salvo en lo que concierne a los funcionarios que manejan su maquinaria, el Estado no tiene ninguna atribución para crear puestos de trabajo.

Algo de eso nos explicó Karl Marx en La lucha de clases en Francia, al referirse a un momento del período revolucionario de 1848 en que el obrero Marché dictó el decreto por el que el gobierno provisional recién formado se obligaba a asegurar la existencia de los obreros por el trabajo, a procurar trabajo a todos los ciudadanos, etc. Pocos días después, el gobierno olvidó sus promesas y una masa de 20.000 obreros marchó hacia el Hôtel de Ville a los gritos de ¡Organización del trabajo! ¡Queremos un ministerio propio del trabajo!

Al aire de este episodio advierte Marx: “El trabajo asalariado es ya la organización existente, la organización burguesa del trabajo. Sin él no hay capital, ni hay burguesía, ni hay sociedad burguesa. ¿Es que los ministerios de Hacienda, de Comercio, de Obras Públicas, no son los ministerios burgueses del trabajo? Junto a ellos, un ministerio proletario del trabajo tenía que ser necesariamente el ministerio de la impotencia.”

Don Celestino Corbacho tiene nombre y aspecto de persona trabajadora, y sus orígenes de extremeño inmigrante a la industriosa Cataluña así lo avalan. Pero aparte de organizar las prestaciones por desempleo, no tiene la menor competencia para crear otro empleo que el de esos 1.500 funcionarios que aseguró haber contratado para reforzar las oficinas del INEM. Por eso, lo único que puede aconsejar es: tened esperanza hermanos. Si bien algunos que hemos leído La divina comedia andamos un tanto desesperanzados.

miércoles, 18 de marzo de 2009

¿Cómo podrían ahorrar 6.000 euros al año aquéllos que ni siquiera los ganan?



"Lo que no puede ser ser no puede ser, y además es imposible", afirma un perogrullesco principio de lógica popular. Ahora que tantos consejos de ahorro se dan a las familias para que ahorren hasta 6.000 euros al año, habría que preguntar por sus métodos de ahorro a las 8.500.000 personas que malviven en España con ingresos anuales inferiores a 6.000 euros: desempleados, precarios y, sobre todo, pensionistas. Ellos ya son ahorradores a la fuerza.


Como de algo hay que hablar en estos tiempos de crisis, abundan en la prensa los consejos sobre cómo administrar mejor las economías domésticas. Revisar las condiciones de la hipoteca, cambiar el seguro del coche de compañía, buscar un banco que no cobre comisiones por la cuenta corriente..., son algunas de las recomendaciones. “A veces sólo se tratará de adquirir nuevos hábitos y otras de aplicar el sentido común. Para que estos tiempos de crisis aprieten pero no ahoguen, las organizaciones de consumidores han lanzado su lista de recomendaciones. De seguirlas, sin duda ayudarán, ya que las familias pueden ahorrar hasta 6.000 euros al año en su economía doméstica”. (ABC, 30-11-08)

Esa cifra de 6.000 euros se desglosa entre los 1.500 euros que se pueden ahorrar eligiendo bien la cesta de la compra, los 560 euros del capítulo telecomunicaciones (móvil e internet), los 460 euros eliminando comisiones bancarias y tarjeta de crédito. Un capítulo importante es el de los seguros (autómovil, hogar, etc) donde el ahorro podría rondar los 2.500 euros. Así como el energético, donde racionalizando el consumo podrían ahorrarse otros 1.068 euros.

Con una lógica tal vez no impecable aunque sí implacable, el famoso torero Rafael El Gallo dejó sentado el memorable y perogrullesco principio: Lo que no puede ser ser no puede ser, y además es imposible. Que no habría tenido empacho en suscribir el mismo Juan de Mairena. Pues más o menos esto es lo que podrían decir esas alrededor de 8.500.000 personas que viven —o mejor dicho, malviven— en España con ingresos anuales inferiores a 6.000 euros.

Son datos oficiales, procedentes de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que elabora anualmente el el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 19,9% de la población residente en España vive con ingresos por debajo del umbral de pobreza relativa. La ECV estima, con datos del 2006, que el ingreso medio anual de los hogares fue de 23.442 euros, y los ingresos medios por persona de 8.403 euros. Por lo que el umbral de pobreza relativa se sitúa en 6.860 euros anuales, o 572 euros mensuales.

El método que utiliza la ECV consiste en fijar el umbral de pobreza relativa en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Los ingresos por unidad de consumo del hogar se calculan para tener en cuenta economías de escala en los hogares. Se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo. Éstas se calculan utilizando la escala de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) modificada, que concede un peso de 1 al primer adulto, un peso de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. Una vez calculado el ingreso por unidad de consumo del hogar se adjudica éste a cada uno de sus miembros. Estos ingresos por unidad de consumo de las personas (o ingreso equivalente de la persona) se utilizan en el cálculo de medidas de pobreza relativa.

¿Cuál es el retrato de una persona con tan bajos ingresos? Sobre todo, personas mayores. Un jubilado de más de 65 años que perciba la pensión contributiva mínima: 528,55 euros mensuales. Y habrá de darse con un canto en los dientes al comparars con aquellos que sólo cobran el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): 356,20 euros/mes. Todavía más cicatera es la pensión mínima de carácter no contributivo: 328.44 euros/mes. Y en cuanto a los mayores de 52 años que tuvieron la desgracia de verse atrapados a esa crítica edad en el desempleo estructural de larga duración, perciben 413,50 euros x 12 meses, sin derecho a las dos pagas extraordinarias de los pensionistas. Todos ellos, son pobres por decreto, es decir, por el Real Decreto Ley que fija esas miserables pensiones que, más que de solidaridad, parecen de castigo. A todos ellos, hay que sumar la legión de trabajadores precarios inframileuristas.

De manera que serían las personas que componen estos hogares sumidos en la pobreza relativa las que verdaderamente podrían dar lecciones no ya de ahorro, sino de privaciones. Por ejemplo, un tipo de pobreza característico de las sociedades occidentales es la pobreza energética, consistente en la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura a un precio justo. Es el resultado de factores como problemas económicos de las familias, altos precios de la energía, baja calidad de la construcción. No obstante, la precariedad energética no suele asumirse como pobreza en el seno de los hogares afectados, que acaban viviendo en pésimas condiciones de confort térmico que ponen en peligro a su salud. La encuesta del INE revela que un 9,6 % de las viviendas españolas no puede permitirse mantener el hogar a una temperatura adecuada.

martes, 17 de marzo de 2009

Diccionario del paro y otras miserias de la globalización



La materia de este diccionario es el paro, término de semántica algo viscosa que designa un producto característico de la factoría capitalista global. Se trata de una herramienta destinada a desmontar (o deconstruir) esa espuria estructura discursiva con la que políticos, economistas, empresarios e ideólogos a sueldo, enmascaran la realidad de un drama humano.


El paro constituye la principal preocupación de la ciudadanía española. Exceptuando ciertas privilegiadas minorías de los ámbitos empresarial y gubernamental, es difícil encontrar hoy una familia que no tenga alguno de sus miembros sometido por alguna forma de precariedad laboral. Cada vez hay más hogares donde, aunque todavía se vive con desahogo gracias a los ingresos de los cabezas de familia, los hijos están en paro y no encuentran un terreno sólido sobre el que asentar un proyecto de desarrollo y emancipación personal. En los casos más lacerantes, el desempleo afecta a quienes constituyen la fuente principal de ingresos, configurando una amplia gama de situaciones de pobreza y desarraigo social.

A estas alturas del experimento neoliberal iniciado hace tres décadas, la insoslayable evidencia permite anotar entre sus méritos el haber configurado un modelo de sociedad donde la gente no puede contar ya con la seguridad de un empleo fijo. Circunstancia que admite diversas interpretaciones. En términos macroeconómicos, un millón de desempleados no es más que una cifra inscrita dentro de un conjunto general de números susceptibles de toda clase de especulaciones metafísicas. Mas quien se atreva a descender a los infiernos de la microfísica humana se encontrará con un millón de dramas personales.

Los gobiernos que aplican a rajatabla el catecismo neoliberal practican de forma deliberada una política de avestruz. Prefieren refugiarse en la premisa ideológica de que el paro es el resultado de una opción voluntaria de cada individuo. Según la ortodoxia doctrinal de moda, el mercado tiene una capacidad cuasi infinita para ofertar empleos —sobre todo de carácter degradante— y si alguien los rechaza es su problema. Por lo tanto, no es necesario mantener un sistema público de protección en caso de desempleo. La acción gubernamental debe limitarse al desmantelamiento del Estado del Bienestar y al continuo maquillaje estadístico del censo de desempleados.

Claro está que, además, hay que convencer al pueblo soberano de que, gracias a esa política, vivimos en el mejor de los mundos. Es sabido que la dominación se ejerce fundamentalmente a través del poder del látigo, pero este poder se refuerza de manera notable cuando, tras el latigazo, se le hace creer al azotado en las virtudes de la fustigación.

Por ello, para disimular la flagrante antinomia existente entre el interés general y la acción del gobierno, sus voceros difunden un discurso construido a base de patrañas. Así, cuando se dictan medidas que favorecen a los depredadores de la riqueza social, el discurso políticamente correcto no tiene el menor reparo en adscribirlas a la benemérita política de creación de empleo. En consecuencia, los decretazos que recortan o anulan los subsidios de desempleo habría que entenderlos como una salutífera expresión del principio «quien bien te quiere te hará llorar».

Este discurso bastardo se estructura a través de una serie de falacias de gran efectividad propagandística. Resulta asombroso ver cómo se silencia el auge de la estrategia empresarial de reducciones de plantilla, mientras que, con el mayor descaro, se vincula el desempleo con la vagancia.

La gente es mucho menos tonta de lo que se podría deducir escuchando a los ministros. Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato y no se cree gran cosa de lo que dicen los partes oficiales. Sin embargo, no siempre se tiene a mano la respuesta adecuada para desmentir cada elemento del caudaloso torrente de majaderías ideológicas.

El Diccionario del paro... es una herramienta destinada a desmontar (o deconstruir) esa espuria estructura discursiva. Su diseño se inspira en el mismo concepto que los juegos de llaves de bocas múltiples utilizados para actuar sobre aparatos mecánicos. De manera similar, esta colección de dicciones permitirá al usuario «aflojar las tuercas» del cuento neoliberal de la lechera con relativa facilidad y autonomía.

La diversa índole de las categorías terminológicas incluidas en la obra, así como la convivencia de voces españolas y extranjeras, conforman un conjunto heterogéneo que tal vez resulte poco grato a los amantes de la pureza lingüística. No obstante, refleja el mestizaje característico de los tiempos que corren. El punto de partida es la serie de términos económicos y políticos asociados a la esfera del trabajo. Asimismo, dadas las implicaciones medioambientales del incremento de la actividad industrial, que algunos consideran un remedio contra el paro, se incluyen también términos procedentes de la física o la ecología.

Y como no podía ser menos en un mundo sometido a la división transnacional del trabajo, el «juego de voces» de nuestra herramienta ha sido adaptado para dar respuesta a los diferentes calibres de las mentiras ideológicas que arman el discurso de la globalización neoliberal.
.
Debe quedar claro que esta obra no constituye un diccionario de lamentaciones, sino que su polivalencia se refuerza con la serie de entradas destinadas a desarmar también los discursos del pesimismo, de la resignación y del abandonismo. Por ello, se han incluido ciertas voces que nos recuerdan que en la peripecia humana no hay mal que cien años dure, y que en su momento la clase obrera supo dotarse de instrumentos de respuesta contra la injusticia.