lunes, 27 de febrero de 2012

Si el Estado no puede garantizar el empleo, debe, al menos, garantizar una renta ciudadana


El Estado, salvo que sea autoritario y dueño de los medios de producción, no puede crear otro empleo que el funcionarial. Pero un Estado democrático realmente orientado al servicio de la ciudadanía tiene la potestad y el deber de garantizar, ante todo, la subsistencia de todos sus miembros. Un Gobierno que sólo se preocupa de
garantizar los beneficios de la banca al tiempo que fomenta el desempleo facilitando el despido de los trabajadores no puede considerarse democrático. No sirve a la mayoría del pueblo, sino que se ha convertido en el Consejo de Administración del Gran Capital.



“Dios ha condenado al hombre a ganar su pan con el sudor de la frente; pero no nos condenó a ser privados del trabajo del que depende nuestra subsistencia. Podemos, pues, invocando los derechos del hombre, invitar a la Filosofía y a la Civilización a no privarnos del recurso que Dios nos dejó a mal ir como castigo, y a que nos garanticen por lo menos el género de trabajo que más nos agrade como derecho”. Con estas palabras se refería Charles Fourier a la facultad de obtener el sustento directamente de los recursos que ofrece el medio natural:

El trabajo es un derecho acumulativo, resultante de los cuatro derechos cardinales: caza, pesca, cultivo y pasto, que tienden a garantizamos esa industria activa que nos rehusa la civilización, o que sólo nos concede en condiciones irrisorias, como la del trabajo tributario, cuyo producto es para el amo y no para el obrero.

No tendremos la equivalencia de esos cuatro derechos cardinales, sino en un orden social en el cual el pobre pueda decir a sus compatriotas: He nacido en esta tierra; reclamo mi admisión en todos los trabajos y la garantía de gozar del fruto de mi labor; exijo el adelanto de los instrumentos necesarios para ejercer mi trabajo y la subsistencia en compensación del derecho al robo que me ha otorgado la naturaleza. Todo armónico tendrá, por arruinado que esté, el derecho de usar este lenguaje en su país natal, y su demanda será plenamente acogida.

Sólo a este precio la humanidad gozará verdaderamente de sus derechos; pero en el estado actual ¿no es un insulto al pobre asegurarle derechos a la soberanía, cuando sólo pide el derecho de trabajar para recreo y placer de los ociosos? (1)

En la actualidad, el derecho al trabajo está formalmente reconocido en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países democráticos. Por ejemplo, la Constitución italiana se abre declarando en su artículo 1º que “Italia es una República democrática fundada en el trabajo”; para establecer en el artículo 4º: “La República reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promueve las condiciones que hagan efectivo este derecho. Todo ciudadano tiene el deber de desarrollar, según la propia capacidad y la propia elección, una actividad o una función que contribuya al progreso material o espiritual de la sociedad”.(2)

En Alemania, la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949, la Constitución promulgada en Alemania Occidental, dispone en su art. 12: “1. Todos los alemanes tendrán derecho a escoger libremente su profesión, su puesto de trabajo y su centro de formación, si bien el ejercicio de las profesiones podrá ser regulado por la ley o en virtud de una ley. 2. Nadie podrá ser compelido a realizar un trabajo determinado, salvo en el ámbito de un servicio público obligatorio (offentliche Dienstleistungspficht) de tipo convencional y general e igual para todos. 3. Sólo en virtud de sentencia judicial de privación de libertad serán lícitos los trabajos forzados (Zwangsarbeit)”.(3)

En esa línea, la Constitución española de 1978 dispone en su artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Salta a la vista la flagrante contradicción existente entre el derecho al trabajo, proclamado constitucionalmente en los tres países mencionados, y las elevadas tasas de desempleo que, declaradas o encubiertas, se registran en todos ellos.(4) Lo que pone de manifiesto que se trata de un derecho carente de efectividad. La denegación de empleo por parte de una empresa no puede ser objeto de reclamación legal. Tampoco es posible acudir a un tribunal denunciando la falta de empleo en el mercado, ya que éste se rige por sus propias leyes de la oferta y la demanda.

Esa contradicción obedece a que hay determinados preceptos constitucionales que sólo son invocables ante los tribunales a través de las normas que los desarrollen. Esta es la gran discriminación que el constitucionalismo liberal introduce entre los derechos políticos, que sí pueden ser alegados directamente y la mayoría de los derechos sociales, cuya mención constitucional es meramente programática. En consecuencia, el derecho al trabajo no puede ser alegado directamente ante un tribunal, sino a través de aquellas normas que hacen referencia a tal derecho. Es decir, si no hay una norma concreta que establezca un derecho de acceso universal al trabajo, la mención constitucional de por sí no es efectiva ante los tribunales.

Esta realidad jurídica rompe por la cintura una de las principales objeciones a la Renta Básica de Ciudadanía: la que se apoya en la suposición de que un ingreso garantizado podría inducir a algunos individuos a conformarse con vivir con esta renta sin molestarse en trabajar. Lo que, aparentemente, violaría el principio de reciprocidad.

Bastante respetable en apariencia, el argumento pierde seriedad en el contexto en que se presenta, que no es otro que el de nuestras sociedades regidas por un derecho al trabajo no sustentado en pilares efectivos. La objeción de violar el principio de reciprocidad sería consistente si se predicase en una sociedad organizada bajo estrictos cánones de moral comunitarista, vg.: una horda de jíbaros de la cuenca del río Marañón, un poblado de agricultores autosuficientes o, ampliando al máximo la dimensión del modelo comunista, en la fenecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en la cual se garantizaba el empleo para todos los ciudadanos. El artículo 118 de la Constitución de 1936 no se limitaba a proclamar el tópico derecho al trabajo, sino que garantizaba el ejercicio del mismo:

Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al trabajo, es decir, a obtener un trabajo garantizado y remunerado según su cantidad y calidad.
Garantizan el derecho a trabajo la organización socialista de la economía nacional, el crecimiento constante de las fuerzas productivas de la sociedad soviética, la eliminación de la posibilidad de crisis económicas y la supresión del paro forzoso.(5)

En octubre de 1977 fue promulgada y entró en vigor una nueva Constitución, en la que se daba por realizada y superada la etapa de la “dictadura del proletariado” en la URSS y se reafirmaba el papel dirigente máximo del PCUS en la sociedad soviética. El tratamiento dado al derecho al trabajo continuaba la misma línea, estableciendo en su artículo 40: “Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al trabajo, es decir, a obtener un empleo garantizado, remunerado según su cantidad y calidad en cuantía no inferior al salario mínimo fijado por el Estado, incluyendo el derecho a elegir profesión, género de ocupación y trabajo de acuerdo con su vocación, aptitudes, preparación profesional y grado de instrucción y en consonancia con las demandas de la sociedad. Aseguran este derecho el sistema económico socialista, el crecimiento constante de las fuerzas productivas, la capacitación profesional gratuita, la elevación de la cualificación laboral y la enseñanza de nuevas especialidades, así como el desarrollo de los sistemas de orientación profesional y colocación”.

Tras la caída de la URSS, un único modelo económico rige a nivel planetario: el sistema capitalista, del que se señalan sus defectos, pero que casi todo el mundo acepta. Pues bien, bajo el capitalismo los ciudadanos no tienen garantizado el empleo. Como cualquier otra mercancía, el empleo es de propiedad privada y los propietarios del mismo sólo ponen esta mercancía en el mercado cuando les resulta rentable hacerlo. Por mucho que un individuo, compelido por la más perentoria necesidad de comer, se decida a vender su fuerza de trabajo y se ponga “en situación de demanda de empleo” no existe garantía alguna de que vaya a encontrar una oferta de empleo. Sobre todo, cuando no se está dispuesto a trabajar en condiciones de precariedad o salario tales que rebajan la dignidad humana hasta límites rayanos en la esclavitud.

Karl Marx ya se había dado cuenta de que, dentro del ordenamiento jurídico capitalista, el derecho al trabajo es un absoluto contrasentido. Así lo explica en La lucha de clases en Francia: “En el primer proyecto de Constitución, redactado antes de las jornadas de Junio, figuraba todavía el droit au travail, el derecho al trabajo, esta primera fórmula, torpemente enunciada, en que se resumen las reivindicaciones revolucionarias del proletariado. Ahora, se había convertido en el droit à l’assistance, en el derecho a la asistencia pública, y ¿qué Estado moderno no alimenta, en una forma u otra, a sus pobres? El derecho al trabajo es, en el sentido burgués, un contrasentido, un deseo piadoso y desdichado, pero detrás del derecho al trabajo está el poder sobre el capital, y detrás del poder sobre el capital la apropiación de los medios de producción, su sumisión a la clase obrera asociada, y por consiguiente, la abolición tanto del trabajo asalariado como del capital y de sus relaciones mutuas. Detrás del derecho al trabajo estaba la insurrección de Junio. La Asamblea Constituyente, que de hecho había colocado al proletariado hors la loi, fuera de la ley, tenía, por principio, que excluir esta fórmula suya de la Constitución, ley de leyes; tenía que poner su anatema sobre el derecho al trabajo”.(6)

Paul Lafargue (1842-1911), yerno de Marx, fue todavía más lejos al defender que la revolución que pretende la clase obrera no debiera verse limitada en sus objetivos por la única aspiración de cambiar de manos la propiedad de los medios de producción, sino por la de trabajar menos. En el breve y famoso opúsculo El derecho a la pereza, Lafargue critica con dureza esa extraña pasión que invade a las clases obreras de los países donde reina la civilización capitalista: “Esa pasión es el amor al trabajo, el furibundo frenesí del trabajo, llevado hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su progenitura. En vez de reaccionar contra esa aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas, han sacrosantificado el trabajo”. Considerando que el movimiento obrero “traicionando sus instintos e ignorando su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo” les alienta a pisotear los valores de una moral esclavista y poner fin a largas y agotadoras jornadas de trabajo:

Es necesario que el proletariado pisotee los prejuicios de la moral [...] que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los derechos a la pereza, mil y mil veces más nobles y más sagrados que los tísicos derechos del Hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa; que se empeñe en no trabajar más de tres horas diarias, holgando y gozando el resto del día y de la noche.

El derecho a no vivir embrutecido y dominado por el trabajo, sino disponiendo del suficiente tiempo libre y los medios para encauzarlo hacia la acción creativa y liberadora, puede ser defendido con tanta moderación com firmeza. En Los caminos de la libertad, un libro que Bertrand Russell termina de escribir en abril de 1918, pocos días antes de ser encarcelado por su actividad política, podemos leer un avance de la que será una de las más firmes convicciones que mantuvo a lo largo de su vida:

Si la civilización y el progreso tienen que ser compatibles con la igualdad, es preciso que esta igualdad no necesite de largas horas de duro trabajo para las pocas necesidades de la vida, pues donde no hay horas libres, el arte y la ciencia mueren y todo el progreso se hace imposible.


_________________________________________________________________

El Observatorio de la Renta Básica de Attac-Madrid, en colaboración con la Sección de Ciencias económicas del Ateneo, se complace en invitarle a la conferencia/debate que tendrá lugar en el
ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID:


RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA Y EMPLEO

Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz), Jesús Miranda de Larra (Presidente de la Sección de Ciencias Económicas del Ateneo de Madrid, José Antonio Pérez (periodista, escritor y miembro de Attac), José Luis Rey (profesor de Filosofía del Derecho, miembro de la Red Renta Básica).

Presenta y modera: José Miguel Sebastián
(Coordinador Observatorio Renta Básica de Attac-Madrid)


Lunes, 5 de marzo de 2012, 19,30 horas Ateneo, Sala Nueva Estafeta: C/ Prado, 21, Madrid

_______________________________________________________________


Notas

(1) Fourier Charles: El Falansterio, Cap. X.
(2) Constitución Italiana
(3) El legislador utilizó la expresión Ley Fundamental (Grundgesetz) en vez de Constitución, por el deseo de marcar el texto con cierto carácter de provisionalidad, contando con que parte de Alemania había quedado separada por el Telón de Acero, y por tanto, una porción de la nación no quedaba sometida a la norma suprema.
(4) Actualmente, hay en Alemania 3,08 millones de personas en las listas oficiales de desempleo. Pero también es igualmente cierto que hay otros once millones de personas que no son trabajadores ‘normales’ y que en los datos oficiales de la Bundesagentur für Arbeit (la Agencia Federal del Trabajo) figuran como “subempleados”, “incapacitados para trabajar”, personas que perciben subsidios de la Seguridad Social como si fueran parados porque con sus mínimos sueldos no pueden vivir ni mantener a sus familias o que tampoco están en las listas de paro porque están formándose profesionalmente o en cursos pagados por el Estado para cambiar de actividad y encontrar un nuevo trabajo. Además están los "minijobs", siete millones, que la Agencia no contabiliza oficialmente pero de cuya existencia es muy consciente, porque bastantes de esos minijobs suponen un ingreso mensual de 230 euros -ni siquiera 400-, y las personas que perciben esa suma pueden solicitar al Estado una ayuda complementaria, el Arbeitslosengeld II (subsidio de paro II) para redondear sus sueldos miserables.
(5) Constitución Soviética en http://www.marxists.org/espanol/tematica/histsov/constitucion1936.htm
(6) Marx, Karl: “La lucha de clases en Francia”, Obras escogidas de Marx y Engels, Fundamentos, Madrid, 1975, vol. I, pp. 169-70.




miércoles, 22 de febrero de 2012

Brutalidad gubernamental


Los sucesos de Valencia son una faceta más de la extrema brutalidad desencadenada por el Gobierno del Partido Popular contra la ciudadanía. Se dispersa a golpe de porra a estudiantes de secundaria que protestan contra los recortes en Educación. Igual que se disuelven a golpe de decretazo las más elementales garantías de las personas en el puesto laboral. La derecha ha vuelto: ¡se sienten, coño!


Las protestas contra los recortes educativos que comenzaron el pasado viernes en Valencia fueron brutalmente reprimidas por el Gobierno, que ordenó un inusitado despliegue de violencia policial. Una violencia que ha dejado un saldo de heridos y detenidos absolutamente impropio en una democracia. Como demuestran los muchos vídeos donde han quedado grabadas las imágenes de las agresiones policiales.

Para colmo, cuando se han pedido explicaciones a los responsables de organizar esta agresión policial, el jefe superior de la Policía del País Valencià, Antonio Moreno, calificó a los manifestantes como el enemigo. "No es prudente revelarle al enemigo" cuáles son sus fuerzas, dijo Moreno en una rueda de prensa urgente conjunta con la delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León.

Sólo el ejército, o la Nación, en determinadas circunstancias, tienen enemigos. Pero la policía, por definición, no tiene enemigos y mucho menos si estos son los ciudadanos cuyos impuestos sufragan el salario de los encargados de mantener la seguridad pública. Sólo por estas palabras ya debería haber sido cesado Moreno. Pero este Moreno, al fin y al cabo, no es más que un jefe policial que ha debido llegar a ese cargo por el celo demostrado en el ejercicio de su profesión al estilo de la escuela de Romero el Madero. Un eslabón en la cadena de mando que se limita a ejecutar las órdenes que recibe "de arriba". O sea, del Gobierno como Dios manda nombrado por Mariano Rajoy, ese político que en un almibarado mensaje de Nochebuena hablaba de los derechos de una niña.

Un Gobierno al que pertenece Alberto Ruiz Gallardón, ese progre que abandonó Madrid tras endeudar para treinta años a sus habitantes. Convertido ahora en ministro de Justicia que pontifica ahora sobre el Orden y la Ley, Gallardón minimizó el alcance de las declaraciones de Moreno, que consideró un "simple comentario".

Un agente antidisturbios detiene a uno de los estudiantes implicados en las protestas (EFE).

A ese Gobierno pertenece también Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deportes, al que le correspondería haber investigado las causas del deterioro que sufre el sector de la enseñanza. Pero Wert anda muy ocupado en promocionar esa otra actividad brutal que los estamentos más primarios de nuestra sociedad consideran como la gran señal de identidad española:
la Tauromaquia. Que Wert pretende sea reconocida por la Unesco, como Patrimonio Cultural de la Humanidad', según ha defendido en la Comisión de Cultura del Congreso.

Mientras la policía reprimía a los estudiantes en Valencia, el ministro de Educación se dedicaba a ensalzar la tauromaquia.

Vuelve la brutalidad de esa España de charanga y sacristía, devota de Frascuelo y de María que retrató Antonio Machado. Esa España representada en la peineta de Dolores de Cospedal, una de las máximas dirigentes del Partido Popular. Esa España encarnada por el ministro Wert que defiende
la Fiesta como patrimonio cultural de España. Así lo reflejó en las palabras pronunciadas durante la entrega del IV Premio Taurino ABC al diestro José María Manzanares.

Wert se dirigió a Manzanares en esto términos: "Maestro, has sabido incorporar la frescura de nuestros días y de tu juventud al toreo, manteniéndote fiel a los calostros de la lidia clásica y fundamental con los que te amamantaron de pequeño, te has hecho digno de la definición que dio el maestro Rafael 'El Gallo', 'clásico es lo que no se pué hacé mejó''.

:


sábado, 18 de febrero de 2012

¿Hará el PP que los parados cobren el día 1 de cada mes?


Al menos, eso es lo que pedía hace un año Soraya Sáenz de Santamaría cuando estaba en la oposición. Ahora, con un poder absoluto, lo que debería hacer la vicepresidenta del Gobierno es dirigir esa petición hacia su propio equipo ministerial. Máxime cuando ha quedado al descubierto que el PP no es el partido creador de empleo que decía ser en campaña electoral. En todo caso, es el partido que llevará las cifras del paro hasta límites insoportables con su política laboral de favorecer el despido.


Tras presentarse ante una opinión pública como el partido salvador de la economía y del empleo, los gobernantes del PP han tardado menos de un mes en adoptar medidas directamente contrarias a la creación de empleo. Pues la letra de la reforma laboral que pone todo el poder en manos del empresario, lo que favorece es el despido.

Y, como afirma el principio de Coolidge, recogido en la Historia de la Economía de J.K. Galbraith: Si se despide a mucha gente, sobreviene el paro.

En esta línea de pensamiento perogrullesco, las cabezas pensantes del PP acaban de efectuar otra gran aportación a la teoría económica: "las manifestaciones no crean puestos de trabajo". Teoría que ha sido expuesta con la debida solemnidad, por el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, haciendo alusión a la manifestación convocada por los sindicatos para este domingo 19-F.

El Partido Popular, que en campaña electoral enarboló la divisa Lo primero el empleo, al llegar al poder su primera medida laboral ha consistido en abaratar y quitar trabas al despido. ¿Espabilarán ahora los crédulos electores que le dieron su voto?

Manel Fontdevilla (Público)

Una vez demostrado que los populares no han venido al Gobierno a crear el empleo que prometieron, falta saber si el PP seguirá pagando los subsidios por desempleo. Más allá, se entiende, de la faena de alivio que acaba de hacer concediendo una prórroga de seis meses en la percepción del subsidio.

Lo que sí podrían los populares es tomar una medida que, hace exactamente un año le parecía de sumo interés a Soraya Sáenz de Santamaría, actual vicepresidenta del Gobierno. La entonces portavoz del Grupo Popular en el Congreso, anunció que su partido presentaría una iniciativa para que el pago de las prestaciones por desempleo a los parados se efectúe el primer día de cada mes y no a mediados, como está ocurriendo actualmente.

Al menos, eso es lo que dijo Sáenz de Santamaría en un acto público del PP celebrado en Tarancón (Cuenca), el 26 de febrero de 2011, en el que participó junto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En efecto, por alguna incomprensible argucia administrativa, el Inem efectúa los pagos de la prestación por desempleo el día 10 de cada mes. Este desfase entre el vencimiento de los recibos de cualquier servicio (agua, gas, electricidad, etc) y la percepción del subsidio hace que muchas familias acaben el mes en números rojos.

¿Cumplirá Soraya lo que antes le parecía justo?






lunes, 13 de febrero de 2012

Reforma laboral del PP: ¡Vivan las caenas!


Después de la dictadura de los mercados, presuntamente anónimos y guiados por una mano invisible, llega otra dictadura a cara de perro: la dictadura de los patronos. A ellos acaba de otorgarles el Partido Popular el poder más absoluto en materia laboral. Y lo hace con el consentimiento de una mayoría electoral. ¡Vivan las caenas!



Durante la campaña electoral, Mariano Rajoy y sus secuaces del Partido Popular prometieron a los incautos que les votaron cosas radicalmente opuestas a las medidas que se han apresurado a tomar apenas llegados al Gobierno. Tras esa primera canallada congelando el SMI y, de hecho, también las pensiones, orquestaron una subida de impuestos vehemente negada en su propaganda.

Ahora, acaban de descolgarse con una reforma de las condiciones laborales sin parangón en la democracia española. Una reforma que desequilibra totalmente la relación entre empleado y empleador, poniendo en manos de este último el dominio más absoluto sobre el trabajador.

Un trabajador que podrá ser despedido sin contemplaciones ni indemnización alguna. Que podrá ser contratado sin contrato, pues la extensión del período de prueba a 365 días, anula de facto la consolidación de cualquier derecho.

¿Por qué Rajoy prometió crear empleo durante la campaña electoral y, apenas llegado al poder, lo que crea son condiciones idóneas para abaratar el despido? Elemental, querido Watson: eso lo que viene reclamando desde hace tiempo una patronal compuesta no por emprendedores valientes, no. La patronal española, que ha contado entre sus presidentes a un tipo tan deleznable como Gerardo Díaz Ferrán, demuestra que sus miembros no conocen otra forma de gestionar sus empresas que no sea por medio del látigo. Y el Partido Popular es el genuino representante de esa patronal.



En vísperas del anuncio de la reforma laboral, la patronal CEOE enviaba a sus organizaciones una Circular para la Negociación Colectiva en la que indicaba que las retribuciones de los trabajadores "deben evolucionar incluso por debajo de la productividad". Por esta razón, la patronal justifica "la congelación o incluso la disminución salarial, si así fuera necesario".

Las peticiones de la patronal han sido plasmadas en la reforma laboral del Gobierno Rajoy. El pretexto, el sempiterno cuento de la creación de empleo que los propios miembros del equipo gubernamental reconocen que no se producirá. Por supuesto, nada de lo prometido en campaña se refleja en la acción de gobierno, antes bien, se hace lo contrario, pero eso no tiene importancia, negocios y ética son incompatibles. Y como se acaba de poner de manifiesto, para esta alianza entre el mundo empresarial y sus representantes políticos, la máxima expresión de la libertad consiste en la libertad de despido.

Pronto, asistiremos a la supresión de la atención sanitaria, otra de las obsesiones de la patronal. Corría el año 1996, mucho antes de la actual actual crisis económica, cuando Carlos Es
pinosa de los Monteros, a la sazón presidente del Círculo de Empresarios, afirmaba que "la mezcla de universalidad, gratuidad y carácter público de las prestaciones determina el crecimiento incontrolable del gasto, tanto por su propia estructura (a precios cero, demanda infinita) [..] Para solventar la crisis del Estado de Bienestar debemos aplicar a la producción de la salud, de las pensiones, etcétera, los mismos principios que aplicamos a otros bienes y servicios [...] el principio de mercado ha de ser la regla".

Y también, más pronto que tarde, asistiremos a un nuevo deterioro de las pensiones de jubilación. Ya se oyen los clarines del miedo que anuncian, con timbre de Fedea, que se avecina la jubilación a los 70 años.

¿Pero acaso no era esto lo esperable? ¿Qué debería hacer un gobernante si una mayoría electoral le hubiera otorgado un poder absoluto? A mayor abundancia ¿qué uso debería hacer de ese poder absoluto un gobernante nacido y alimentado en el seno de los principios y aspiraciones de la más rancia derecha? La respuesta es obvia: orientaría la acción política a disciplinar a los habitantes del país para ponerlos a disposición de la clase propietaria de los medios de producción.


Por un monumental conjunto de errores sociopolíticos hemos llegado a una situación en que la derecha, esa la Santa Alianza entre la banca, la Iglesia católica(*) y las clases verdaderamente acomodadas
han perdido el miedo a la mayoría del pueblo. Esa mayoría compuesta, por definición, por la clase trabajadora (parada, precarizada o jubilada). Una mayoría a la que se ha convencido de que formaba parte de la "clase media" para que olvidase sus orígenes y su doliente e hipotecada realidad de obreros-propietarios de pisitos sobrevalorados.

Esta sociedad que se ha despreocupado del ejercicio de la
acción política, abandonándola en las manos de unos profesionales del cargo público bastante poco escrupulosos, asiste ahora a su propia destrucción. Un filósofo de la política y de la economía dijo hace mucho tiempo que "Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla".

Es triste, pero la mayoría del pueblo español otorgando todo el poder a esa Santa Alianza nos retrotrae a uno de los peores momentos de nuestra historia. Aquél en que el pueblo celebró la vuelta del absolutismo al grito entusiasta de Vivan las caenas.

No vean en estas líneas la menor gota de pesimismo. El panorama no es alentador, pero no hay mal que cien años dure. Así que, mientras gran número de compatriotas celebran sus cadenas, algunos seguimos cantando a una libertad a la que no estamos dispuestos a renunciar. Una libertad que no es precisamente la de comercio.


When they poured across the border,
I was cautioned to surrender;
this I could not do,
I took my gun and vanished...**


___________________________________________

* El Estado español entregará mensualmente la cantidad de 13.266.216,12 euros a la Iglesia católica, única institución que queda fuera de las duras medidas de ajuste del Gobierno del PP. Además, se librará de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles del que está exenta, no por la gracia de Dios, sino por decisión política. Es bueno tener media docena de ministros pertenecientes al Opus Dei o Legionarios de Cristo. Link a ACTUABLE para quienes consideren oportuno firmar la petición de retirada de la regalía.

** Leonard
Cohen: The Partisan, Leeds Music Corp., New York, 1964



miércoles, 8 de febrero de 2012

Marea Roja, una propuesta ciudadana para generar alternativas al desempleo


Marea Roja es más que una protesta. Se define como un movimiento pragmático para generar alternativas al desempleo. Que hace un llamamiento a personas y colectivos, profesionales y trabajadores, personas en paro, jubilados y a cualquier voluntario que quiera actuar en un esfuerzo solidario para acabar con el desempleo en España. De entrada, invitan a formar laboratorios de ideas acudiendo el día 9 de cada mes a las oficinas de empleo (o de paro, según se mire).


En lo que podríamos considerar su "manifiesto", Marea Roja afirma que generará laboratorios de ideas el día 9 de mes en el SEPE. "Crearemos grupos que formarán comunidades de bienes, cooperativas de trabajo, rehabilitarán talleres, tierras y casas para su explotación productiva, crearán economías de intercambio ciudadano, huertos en las ciudades y mercados en los pueblos.

Según Marea Roja, "Nuestros desempleados son la mitad de la población de Portugal. Tenemos un tercio de la población desempleada de toda la zona euro. El mayor paro juvenil de Europa y uno de los mayores del mundo. Nuestros niveles de desempleo son asimilables a los de países tan poco desarrollados como Sudán o Mozambique".



El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y un derecho constitucional de todos los ciudadanos, según Marea Roja. El movimiento opina que "si las administraciones públicas, sean del color o la ideología que sean, no garantizan este derecho, si el Estado no se convierte en garante de nuestros derechos constitucionales, es la ciudadanía la que tiene que erigirse como tal".

Que tengamos al 20 % de la población adulta marginada de la economía es un problema social, no solo para ellos, sino para todos. Las consecuencias futuras de este drama ni siquiera nos las podemos imaginar. Por eso, porque es una emergencia nacional, al igual que la Cruz Roja atiende las emergencias sanitarias, el voluntarismo de la población española unido en una Marea Roja podría poner en marcha alternativas a esta dramática situación.



El color rojo, dicen en Marea Roja, no es ideológico, este movimiento no es de izquierdas ni de derechas, no es un movimiento de protesta, sino de propuesta. El rojo es porque estamos en un estado de emergencia, por que es el color de la sangre, por el sufrimiento de la gente sin empleo. El rojo porque es el rubor de la vergüenza de que nuestro país tengamos tanta gente excluida.

http://marearoja9.wordpress.com/