Sí se puede: la derecha renuncia a privatizar la Sanidad pública en Madrid

No hay mal que cien años dure. Las nefastas políticas neoliberales aplicadas por los últimos Gobiernos nacionales y regionales, que han deteriorado gravemente las condiciones de vida de grandes sectores de la sociedad española, empiezan a ser derrotadas por la acción civil. 

Lo hemos visto en Gamonal, y lo acabamos de ver en la Comunidad de Madrid, donde la presión de las mareas blancas ha obligado al Gobierno regional a dar marcha atrás en su siniestro intento privatizador de la sanidad pública.

Esta tarde, el presidente (no electo) de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que dejaba sin efecto el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la región: Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo). O sea, la privatización de hecho de instalaciones pagadas por los impuestos de los contribuyentes madrileños.


Según ha reconocido González, la marcha atrás en la privatización sanitaria tiene que ver con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar de la medida. Esto supone una victoria de la marea blanca, que se opuso con firmeza a la privatización de un servicio público tan sensible como el de la sanidad, a través de continuas movilizaciones impulsadas por trabajadores y médicos del sector. Movilizaciones que contaron con el apoyo de una gran mayoría social que contribuyó a mantener la tensión. Pero no sólo de las protestas vive la acción civil, y éstas fueron inteligentemente acompañadas de una serie de recursos presentados ante los tribunales, que son los que, a la postre, han paralizado el proyecto de vampirización de la sanidad madrileña.

Proyecto promovido por la anterior presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que fue lo suficientemente lista para escurrir el bulto, pretextando problemas de salud. Dejando al frente de la ofensiva a su ayudante González, otro antisistema, para que fuera el encargado de comerse el marrón en caso de que las cosas se truncasen. Éste, para protegerse a su vez, acaba de sacrificar uno de sus caballos: el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, hombre de confianza de Aguirre y de FAES, que se ha visto obligado a presentar su dimisión. 

La ciudadanía tiene que tomar buena nota de estos hechos y aprender que sí se puede obligar a los gobernantes a cambiar el rumbo de sus políticas. No es fácil, cuesta dedicación, esfuerzo y constancia. Y como recuerda la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad, la paralización de la privatización de la parte sanitaria de los seis hospitales madrileños no debe llevarnos a un exceso de confianza. En efecto, el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ha causado ya un enorme daño a la calidad de la sanidad pública en la región. Y a nivel estatal, se han introducido medidas de copago, se ha excluido de la atención sanitaria a centenares de miles de personas y se siguen privatizando centros sanitarios.

En Madrid, una parte importantísima de la privatización ya se ha llevado a cabo durante los últimos meses: limpieza, lavandería, banco de sangre, etc.. Y se mantienen abiertos los tres hospitales 100% privados: Valdemoro, Torrejón y Móstoles, además del de Villalba; se ha entregado la salud de más de 400.000 madrileños y los ambulatorios públicos de Pontones y Quintana a la Fundación "privada" Jiménez Díaz; las pruebas analíticas de más de 1 millón de madrileños se realizan en el laboratorio privado de S. Sebastián de los Reyes; el Call Center sigue derivando los procesos rentables a la privada mientras se infrautilizan y desmontan los hospitales públicos. 

La lucha, pues, debe continuar. El poder se encuentra ahora mismo en manos de esa mala gente que va apestando la tierra.  El próximo gran paso debería darse en la dirección de frenar el desmantelamiento de otro de los grandes pilares del Estado del Bienestar: las pensiones públicas.

De no ser la Sanidad Pública ¿quién atendería a un pensionista al que la iniciativa privada no proporciona cobertura ni siquiera pagando? 

_____________ Ejemplo de sanidad privada____________
No podrán contratarla las personas mayores de 65 años


 

 

¿Quién paga los viajes de los antisistema?

La clase política establecida, esa que representa al Establecimiento y no al pueblo, cuando le toca el turno de encaramarse al machito del poder gubernamental, acostumbra a responsabilizar a los grupos 'antisistema' de las manifiestaciones de protesta contra las políticas regresivas que acaban en gresca con la policía.

Pero ¿qué es un antisistema? En principio, el prefijo 'anti' (ser contrario a algo) cuando ese algo es un sistema, podría aplicarse a todos aquellos conjurados con intereses espurios que actúan, por activa o por pasiva, con el fin de degradar y /o destruir los sistemas públicos de sanidad, pensiones o de protección social en general. Caso en estos momentos de los dirigentes del Partido Popular. 

Antisistema son, asimismo, los que, con sus modos corruptos, sus listas electorales cerradas o sus trampas de gobierno, atentan contra el sistema de democracia representativa que, con mayor o menor conocimiento, fue aceptado por el pueblo español en el momento de la Transacción. Quiero decir, con la comúnmente llamada Transición entre el final de la dictadura franquista y el arranque del nuevo statu quo coronado por un Jefe del Estado nombrado 'a título de sucesor' por el dictador, a quien la Historia tenga en su cubo de basura.

Todos estos elementos antisistémicos actúan movidos por una finalidad concreta: destruir el Estado del Bienestar, entregar los bienes de titularidad pública a la propiedad privada y, en el caso de los gestores de lo público que vampirizan estas instalaciones, llenarse ellos sus propios bolsillos.

Pero no es de estos antisistema de los que hablan los 'jefes de seguridad' del Gobierno, sino de los presuntos elementos que se dedican a reventar manifestaciones de ciudadanos pacíficos. Y lo peor, según dice el ministerio del Interior, es que estos elementos reventadores son itinerantes, viajan por todo el territorio nacional, buscando oportunidades de montar la gresca. 

Una de las preguntas que surgen de inmediato es: ¿Con qué dinero viajan? En tiempos del franquismo se habría dado una respuesta tópica a esta cuestión:'El oro de Moscú', aludiendo a la supuesta estrategia del régimen comunista de la Unión Sóviética para desestabilizar al régimen. Pero el argumento ya no vale, pues la URSS hace décadas que desapareció del mapa político.

Es más plausible la hipótesis que apuntaría al propio Gobierno del Partido Popular como responsable de subvencionar a estos grupos violentos. Una vieja estrategia, practicada por los gobiernos de escasa sensibilidad democrática, para romper las manifestaciones de protesta o desprestigiar el sentido de las mismas, es la infiltración de agentes de policía camuflados que incitan a los manifestantes a cometer desmanes.

En un momento dado, los provocadores se muestran especialmente activos, insultando o lanzando objetos contra sus compañeros uniformados, brindándoles así el motivo para intervenir. En ocasiones, estos infiltrados han llegado a romper lunas de escaparates, consiguiendo de este modo predisponer a comerciantes y vecinos en contra de los motivos de la protesta cívica, brindando imágenes violentas a los medios de comunicación.


La presencia de policías infiltrados no es una leyenda urbana.  Durante la protesta del 25-S en Neptuno, la tensión llegó a tales límites que los policías arremetieron contra uno de los suyos. "Qué soy compañero, ¡coño!" se escucha a unos de los 'manifestantes'. Tras un primer momento de confusión, uno de los agentes escucha al agredido. "Estaros quietos, éste es compañero, joder". Seguidamente uno de los antidisturbios pide serenidad. "Tranquilizaros un poco, coño".

“....además convengamos que sería muy anormal usar la policía para, por las buenas o por las malas, y más mal que bien, convencer a los trabajadores de declararse en huelga, cuando desde siempre la policía ha sido usada para reventarlas, a base de infiltraciones y otros procesos menos sutiles”.  (José Saramago, Ensayo sobre la lucidez)

12 de enero: nadie paga el IVA (en México)

En México, la vía de la desobediencia civil arraiga con fuerza en el seno de los movimientos populares de oposición a las políticas neoliberales del Gobierno de Peña Nieto. Que difieren poco de las aplicadas en España por la derecha nacional en el poder. Dentro de esa estrategia de acción política desobediente se enmarcaron las diversas acciones organizadas el 12 de enero para no pagar el IVA en la compra de productos básicos.

 

La desobediencia civil es una fecunda vía de acción política accesible a las capas populares de la población. Una forma de política activa contra las injusticias derivadas de las políticas gubernamentales que supera la simple protesta pasiva. Máxime, cuando ésta no es atendida. Siempre que una acción respete los principios básicos de no violencia y declaración pública de sus propósitos podrá ser considerada inscrita dentro del marco de la desobediencia civil. A partir de ahí, las posibilidades de articulación de la misma son ilimitadas, dependiendo de la creatividad de sus promotores.

Un ejemplo innovador es la acción convocada en México, por bajo el lema "El Carrito Desobediente". Según el movimiento promotor, Paro Nacional Mexicano, se trata de no pagar impuestos mientras el Gobierno siga sin cumplir sus funciones (trabajo, educación, salud, vivienda y bienestar para todos). En concreto, negándose a pagar la parte correspondiente al IVA al efectuar compras de productos básicos.

Con esta finalidad han elaborado un sencillo protocolo de actuación que se resume en los siguientes pasos:

1 - El próximo 12 de enero a partir de las 11:00 am iremos a algún supermercado (se recomiendan mercados Grandes como Wal Mart, Soriana, Comercial, No abarrotes) y escogeremos VARIOS ARTÍCULOS de cualquier tipo.

2 - Calcula lo que vas a pagar dividiendo tus compras así:

a) Alimentos afectados por el IEPS: Divides el precio del producto entre 1.08 y el resultado es lo que tienes que pagar.

b) Bebidas azucaradas: Réstale un peso por cada litro.

c) Mercancía en General y Alimento para mascotas (Excepto alimentos y medicinas): Divide el costo del producto entre 1.16.

Después de sacar las cuentas suma todos los resultados.

3 - Pagar el monto SIN incluir el impuesto, entregando el dinero exacto (necesitaremos monedas de 10 centavos!). Comienza a filmar aquí, no antes para evitar que nos impidan realizar el Acto.

4 - Entregar al empleado(a) y la gente de alrededor un volante que explique el Acto

5 - Sugerir que le hablen al gerente para que la cajera no tenga que pagar los faltantes y explicar: "No voy a pagar los impuestos, me dejas ir SIN pagar los impuestos o si gustas llamar a la policía".

 Puntos importantes a tomar en cuenta 

- Invitar a la Prensa, es importante que le demos difusión a todo lo que hagamos.

- Evitar la violencia física ante cualquier circunstancia.

- Evitar la confrontación verbal, no ponerse a discutir ni alegar con nadie, limitarse a explicar tranquilamente el Acto.

- NO llevar cartulinas, mantas o demás consignas para evitar que nos nieguen el paso o nos retiren de la tienda antes de poder realizar el Acto.

- NO llevar mochilas o bultos innecesarios para evitar acusaciones falsas de robo,

- NO ir bajo el influjo del alcohol o de alguna otra sustancia prohibida.

- NO permitir que nos trasladen a algún lugar no público, deberemos permanecer todo el tiempo en el área de cajas, (nada de que te llevo a la oficina de seguridad o a la gerencia), ningún empleado de seguridad privada te podrá retener, mucho menos arrestar.

- En caso de ser agredido físicamente DEBERÁS mantener la calma y serenamente arrodillarte en el suelo, con las manos atrás de la cabeza para detener instantáneamente la agresión (y procurar videograbarlo TODO!).

- Al participar en el Acto tenemos que estar plenamente conscientes de lo que hacemos y entender que "Alguien comete un Acto de Desobediencia Civil si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno" (Hugo Adam Bedau).

- Jamás debemos perder de vista que este es un acto contra todas las Reformas que nos han impuesto (Energética, Laboral, Educación, Financiera, Fiscal, Penal y Política), así como las que vienen (Salud, Agraria y Modelo Educativo).

La sociedad civil mexicana está ofreciendo un ejemplo de toma de conciencia y capacidad organizativa desobediente, de la que deberíamos tomar nota por estos pagos.





Lindero Norte. Mexicali.- En la capital de Baja California inició la movilización de desobediencia civil no violenta con el pago sólo de productos sin integrar el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tienda Walmart de la plaza comercial San Pedro de la zona oriente de Mexicali.
Alrededor de las 10 horas, un grupo de ciudadanos entró a la tienda departamental y escogió panecillos de Bimbo y refrescos para instalarse en cajas donde señalaron que sólo pagarían el precio del producto.
La maestra Patricia Ortiz dijo que se trata de un acto de desobediencia civil no violenta de no pagar impuestos en alimentos ni bebidas con la finalidad de mostrar que los mexicanos queremos pagar impuestos para tener salud, educación y cultura, “no para mantener a ratas, ni la impunidad, corrupción e injusticia”.

Negativa firme, pacífica y razonada de un ciudadano que se niega a pagar la parte correspondiente al nuevo IVA (IEPS) 2014 en la compra de una tableta de chocolate en un hipermercado de la compañía SORIANA, en Azcapotzalco. Se escogió SORIANA por ocupar el séptimo lugar en el ranking de las 46 empresas que más adeudan al Fisco en México desde 2009 por los privilegios fiscales: $7.508.940.000,00. La actitud pacífica y la firmeza en la argumentación demostrada por el protagonista de esta acción desobediente hace que los vigilantes y el gerente del establecimiento arrojen finalmente la toalla y desistan de arrestarlo.

No corrió la misma suerte el joven Ernesto Avilés, quien fue detenido injustamente ante la acusación falsa de robo en el establecimiento La Comer. En solidaridad con esta detención, el ex diputado Gerardo Fernández Noroña participó en una nueva acción en el curso de la cual expuso, en un vibrante alegato, las razones que justifican la desobediencia civil al actual gobierno mexicano.

Ernesto Avilés

Nueva canallada del Partido Popular: nuestros jóvenes emigrantes pierden el derecho a la Sanidad Pública

Por si el exilio laboral no fuera suficiente motivo de aflicción para el gran colectivo de jóvenes forzados a buscar alternativas de vida fuera de España, el Partido Popular acaba de castigarlos con la pérdida del derecho a ser atendidos por la Sanidad Pública. Tras una enmienda introducida en la ley de Presupuestos por la mayoría parlamentaria de la derecha, cientos de miles de exiliados laborales serán dados de baja en la Sanidad Pública. Y en caso de que decidan regresar al ‘hogar patrio’ se verán absolutamente desprotegidos y abocados a contratar un seguro médico privado.

Es otra más de las canalladas con que el Gobierno del Partido Popular y su grupo parlamentario, tanto monta, vienen agrediendo a los sectores de la sociedad española más perjudicados por la crisis. En este caso, a los jóvenes que, forzados por los altos niveles de desempleo, han salido del país para buscar un trabajo en el extranjero. Este colectivo, integrado por más de 600.000 personas, acaba de ser desposeído de la cobertura sanitaria. 

Aquí no cabe invocar motivos de ahorro económico, pues de una lógica elemental y perogrullesca se desprende que quienes residen fuera de nuestras fronteras no hacen uso de los servicios públicos de salud. Aunque en algunos casos, la pertenencia a nuestro sistema de salud posibilita el establecimiento de convenios en otros países. En cualquier caso, sí podrían hacer uso de nuestro sistema en caso de retorno, tanto voluntario como por causa de enfermedad. Pues, hasta ahora, todo ciudadano español tiene el derecho a ser atendido por la Sanidad Pública. ¿Por qué, entonces, la derecha decide discriminar a una parte de la población tan sensible como el colectivo de jóvenes emigrados?

Es obvio que la medida forma parte de la estrategia de agresión y destrucción del tejido social. Por un lado, agrede con total impunidad a un colectivo que, por su dispersión y alejamiento, no está en condiciones de organizar una protesta en la calle. Por otro lado, crear división en el seno de la sociedad contribuye a desvertebrarla, desanimando la respuesta social.

A partir de ahora, habrá privilegiados, con derecho a ser clínicamente atendidos en caso de enfermedad, y ciudadanos de tercera, más bien parias, privados de ese derecho. Lo que planteará situaciones de paradójica injusticia en el seno de las propias familias. Sin ir más lejos, quien escribe estas líneas ha sido intervenido clínica y satisfactoriamente esta misma mañana en un hospital todavía no privatizado por los vampiros de la Sanidad Pública madrileña. Mientras que, en caso de padecer una afección similar, mi hija, exiliada laboral en la América Austral, no habría sido atendida. Ha sido privada de ese derecho, lo que equivale a decir que tal derecho se ha privatizado, al quedar la provisión del servicio en manos de la medicina privada. De pago, claro está. 

Vayamos al detalle de esta nueva (last but not least) canallada de la derecha española. Según aparece publicado  en el BOE de 26 de diciembre de 2013, el Partido Popular ha incluido una enmienda dentro de la la ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 que establece que las personas desempleadas sin derecho a prestación ni subsidio de desempleo perderán el derecho a la Sanidad Pública española si permanecen tres meses fuera del Estado español.

Tras la aprobación de esta medida, todos aquellos que se vieron forzados a abandonar el país en busca de un futuro mejor se enfrentarán al dilema de contratar servicios de sanidad privada fuera de nuestras fronteras o quedar desprovistos de atención médica en caso de enfermedad. Incluso al retornar al país se encontrarán excluidos del sistema sanitario hasta que consigan un nuevo contrato de trabajo. Conforme a la enmienda, una vez transcurridos 90 días desde su marcha, serán considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos en los hospitales del país.
 
Esta medida significa que cientos de miles de emigrantes españoles serán dados de baja de la Seguridad Social. Es una medida claramente anticonstitucional, puesto que la Constitución Española, dispone en el Título I: De los derechos y deberes fundamentales, Artículo 43, que:

Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Pero mientras no encuentre una oposición real, el Partido Popular sigue haciendo de las suyas. El cambio introducido en la Ley 16/2003 de "Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud" modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la ley, determinando que "tendrán la condición de asegurado" quienes se encuentren en la situación de "haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España".

Es justo esta última frase, referida a la residencia en el país, la que afecta a los exiliados por motivos laborales, junto con la nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que determina la "pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social" y donde se indica que "el beneficiario de dichas prestaciones tiene residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural".

Hay una petición en Change Org pidiendo derogar esta medida. Que acabo de firmar y creo que no está de más hacerlo en forma masiva, aunque no falten quienes duden sobre la honorabilidad de esta página. Pero, más allá de este 'activismo de sofá' la respuesta adecuada a las agresiones de esta índole deben discurrir por otras vías. Justo por esas a través de las cuales la clase obrera, explotada por definición, obtuvo con gran esfuerzo esos derechos que ahora mismo están perdiendo los jóvenes reducidos a ser carne de precariado.

Leed las páginas de la Historia.

En eldiario.es  guía para (intentar) no perder la tarjeta sanitaria si te vas al extranjero. 

Un Gobierno canallesco

Congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), uno de los más bajos de la Unión Europea, no tiene ningún sentido económico. Ni ayuda a la reducción del déficit. Sólo expresa la baja estatura moral de un Gobierno formado por auténticos canallas.

  

Alguien me comentó hace poco su impresión de que cualquiera de los actuales miembros del Gobierno podían muy bien haber sido ministros del sanguinario dictador Francisco Franco. El comportamiento y hechos de los distintos personajes de este gabinete ministerial parece corroborar esa observación. Hace poco escribí aquí que no todos los votantes del PP son fascistas, pero que no iría del todo descaminada la hipótesis de que los fascistas que hay en España están dentro del Partido Popular. Hoy apuntalo esa opinión afirmando, con plena rotundidad y convicción, mi sentimiento de que estamos en manos de un Gobierno canallesco, o si se prefiere, formado por canallas. Es decir, por gente baja, ruin, despreciable y de malos procederes, según define el DRAE a esta ralea.

Porque cada actuación, cada medida y cada manifestación verbal de estos ministros es una auténtica canallada, un insulto a la dignidad ciudadana, un fraude a la mayoría de sus propios votantes y una agresión a los derechos y condiciones de vida de las personas más débiles de nuestra sociedad. 
 

En este sentido, también hace dos años escribí en este cuaderno que la congelación del Salario Mínimo Profesional (SMI) era la primera canallada cometida por el Gobierno de Rajoy. Canallada en la que persevera el último consejo de ministros celebrado en 2013, que ha vuelto a congelar el SMI, estancado en 645,30 euros al mes.

Escribía entonces, que da la puñetera casualidad de que el Salario Mínimo Interprofesional no es un gasto que afecte a los presupuestos del Estado, como es el caso del Iprem. No hay policías, soldados, maestras, jueces, catedráticas, médicos, enfermeras, parlamentarios, reyes... y resto de profesiones a sueldo del Estado retribuidos con una paga tan humilde como el SMI. Un nivel salarial que perciben sólo alrededor de 135.000 personas empleadas en el sector privado. Por lo tanto, la congelación del SMI no contribuye a la reducción del déficit público. Responde, única y exclusivamente, a esa miserable opción ideológica que impregna al Partido Popular en el sentido de que no deben existir salarios mínimos.

Por si pudiera interesar a alguien, el resto del artículo mantiene plena vigencia. Sólo el profundo asco que me inspira esta banda canallesca que nos extorsiona (decir 'gobierna' sería inexacto) se ha incrementado hasta la enésima potencia.

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Salario Mínimo en Francia:  1.425 euros

A la ciudadanía ya no le queda otra salida que la desobediencia civil

No contento con su proyecto de ley mordaza de la libertad de expresión y manifestación, el Partido Popular, en su abierta ofensiva contra los derechos civiles, acaba de privatizar también la seguridad en las calles. A partir de ahora, cualquiera de esos vigilantes privados, de escasa formación y aspecto de sheriff hortera, podrá exigirle a usted que se identifique, cachearle e incluso detenerle.

                   

Coincidiendo, para más inri, con el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el Congreso, con el voto mayoritario de la derecha (PP, CIU, PNV) acaba de aprobar la Ley de Seguridad Privada. Que incluye un insultante apartado que permite a los agentes privados identificar e inmovilizar a personas en la calle y espacios públicos.

Esta disposición atenta contra la más elemental noción de los derechos civiles. Cuando estoy en la calle soy un ciudadano, una persona pública en la que ninguna fuerza privada puede interferir. Sólo los agentes de Leviatán, debidamente identificados e uniformados, y ajustándose estrictamente a una ley que garantice mis derechos civiles, pueden dirigirse a mí. Que en contrapartida tengo el derecho a dirigirme a los responsables de las políticas de Orden Público en caso de que algún miembro de las fuerzas estatales se sobrepase en sus funciones. Algo que, lamentablemente, abunda en los últimos tiempos.

Por su parte, las empresas tienen el privilegio de encargar la seguridad interna de sus recintos comerciales a vigilantes privados. Y a mí me asiste el privilegio de no entrar en tales establecimientos si considero que la actuación de sus guardianes es abusiva o, directamente, no me agrada moverme entre uniformes cuando me dispongo a "disfrutar" como consumidor el dinero que obtuve por la venta de mi tiempo de trabajo al capital. Pero la calle es de todos, es el espacio natural de convivencia, cuya seguridad no puede quedar abandonada en manos de cuerpos mercenarios. Generalmente mal pagados y peor formados que, sin estar sujetos a la disciplina estatal, se convierten en claros elementos perturbadores de la civilidad. Porque la brutalidad policial puede ser refrenada cuando sus mandos sirven al interés común. Pero los miembros de los cuerpos mercenarios acaban siendo unos incontrolados.

Si unos gobernantes, como los del Partido Popular, transfieren a grupos privados poderes, como la guarda del Orden Público, que sólo corresponden al Estado, traicionan el mandato que les otorgaron los ciudadanos. Se sitúan contra ellos y, conforme a los principios de Locke que informan la doctrina liberal del consentimiento, abren el paso a la rebelión legítima, (re-bellum) es decir, al regreso al estado de guerra de todos contra todos que el pacto político pretende evitar.

En la indeseable perspectiva de tener que vivir bajo el terror en unas calles invadidas por el pistolerismo, a los ciudadanos ya sólo nos queda el recurso a la desobediencia civil. Porque lo siguiente, sería armarnos también nosotros.

Llamo desde aquí a constituir grupos de autodefensa legal, con la participación de abogados, defensores de los derechos civiles y resto de ciudadanos con sentido del decoro.

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Participación en el programa Carne Cruda: Manual de Desobediencia Civil. 

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Entrevista en La Marea: "Hay que desbordar la Ley Mordaza a través de la desobediencia civil"

Matt Damon: "El problema es la obediencia civil"

8/1/2014: Dos vigilantes de un hipermercado de Torrevieja han golpeado a un matrimonio de turistas franceses. Uno de sus dos hijos graba la agresión a escondidas. La pareja explica que cuando llegaron a la caja sonó la alarma. Los vigilantes les pasaron varias veces un detector sin encontrar nada, por lo que les llevaron al cuarto de seguridad, donde volcaron violentamente el bolso de la mujer. Allí les retuvieron, escupieron y golpearon. Ni el hipermercado ni la empresa de seguridad donde ocurrió la agresión han querido dar su versión.

Ver video a través de este enlace

¿Qué es la Desobediencia Civil? edición en México

La coincidencia del nombre —Plaza de Santo Domingo— con la homónima plaza madrileña, hizo que, al rebotar la noticia en blogs y Twitter, algunas personas creyeran que se trataba de una presentación del libro en Madrid. Cuando, en realidad, tuvo lugar el pasado día 1-D en Ciudad de México, Distrito Federal.

Un aspecto de la presentación del libro Qué es la Desobediencia Civil en la plaza de Santo Domingo, México D.F.

Uso Twitter con mesura, pues no poseo ni apetezco tener por ahora, uno de esos encantadores telefonillos portátiles que permiten estar en permanente conexión con el mundo mundial. Pero uso Twitter, y por esa vía me llegó un mensaje: @civeperez Vamos a imprimir tu libro Qué es la desobediencia civil en México. Nos queremos poner de acuerdo contigo.

Tras la inicial sorpresa, me puse en contacto con el remitente, con el fin de ver el asunto con mayor detalle. De inmediato recibí un correo-e de Gerardo Fernández Noroña en los siguientes términos:

Estimado Cive Pérez:
Soy un político mexicano, que está recorriendo el país promoviendo la desobediencia civil. Estoy convencido que debemos correr a Peña Nieto, quien es presidente la República, y pretende entregar la mayor riqueza natural que tenemos: nuestro petróleo. Estoy convencido del camino de la lucha no violenta y del poder de la desobediencia civil y busco despertar la claridad en la gente de que ejerza ese poder que tiene y que no se da cuenta. En ese marco, he recomendado muchísimo tu libro, el cual me parece muy bueno. Sin embargo, es inaccesible para la gente. El libro se consigue en la librería "El péndulo" de la Ciudad de México y en ningún otro lugar, que yo sepa. Tiene además el mismo costo que en España, el equivalente en euros, con la diferencia que en nuestro país la gente gana $ 60 al día: Es el equivalente a tres euros.

Por si esto no fuera suficiente, la gente no está leyendo, tenemos el lugar 107 en 108 países en nivel de lectura. Hasta un libro como el que escribiste, que se lee en una sentada, a la gente le lleva bastante esfuerzo, lamentablemente.
 
El argumento del poder adquisitivo local era abrumador, y abonaba la solución de efectuar una edición a un precio por ejemplar de $ 30 (aprox 1.50 €). Faltaba resolver la cuestión relativa a los derechos de edición, cedidos a la editorial que ha publicado la edición española. Aspecto que fue solventado gracias a la excelente disposición de Miguel Riera Montesinos, editor de El Viejo Topo.
 
Así, a la velocidad del viento que parece llevar en volandas a Gerardo Fernández Noroña, empezó a tomar cuerpo la edición mexicana de ¿Qué es la Desobediencia Civil? Preguntas (y respuestas) más frecuentes, gestionada a velocidad de vértigo en apenas un mes.

Personalmente, me siento muy honrado ante la posibilidad de que mi librito pueda llegar a los sectores populares de ese gran país con el que España democrática contrajo una gran deuda. México brindó generosa acogida a muchos republicanos obligados a marchar al exilio tras implantarse la ominosa dictadura que presidió un negro periodo de nuestra historia reciente. Nada podría satisfacerme más la posibilidad de que este modesto breviario, que recoge la esencia de los principios de la Desobediencia Civil, fuese de utilidad para la ciudadanía mexicana que lucha por la democracia y el poder de decisión de los pueblos contra las arbitrariedades y dictaduras 'de facto' de las grandes oligarquías locales y mundiales.

Fernández Noroña está presentando el libro justo en el marco adecuado: en las plazas públicas, escenario donde se articula la Política, con mayúscula, a través del debate de la ciudadanía. Con singular resultado, pues me informan de que, sólo en el mitin de Santo Domingo, se vendieron 350 ejemplares. Ninguno de los actores que intervenimos en este invento nos haremos ricos, pero nos quedará la satisfacción de haber agitado la conciencia ciudadana animando a la gente a ejercer lo que el filósofo, naturalista y escritor estadounidense Henry David Thoreau, el primero en ejercer esta vía política, consideró un deber cívico:

En el verano de 1846, Thoreau fue detenido y encerrado en la cárcel local de Concord (Massachussets) por negarse a pagar el poll tax, o contribución urbana. Adujo, entre otras razones, su negativa a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustas. Refiriéndose, en concreto, a la que en aquel momento había declarado había declarado Estados Unidos de América a Estados Unidos Mexicanos. Este episodio le impulsó a escribir Resistance to Civil Government, un inicial alegato cuyo texto adaptaría más adelante a una conferencia Sobre el deber de la desobediencia civil. Tras sucesivas correcciones, en 1866 se publicó como un ensayo con el título definitivo de Desobediencia Civil.


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La primera edición se agotó con gran rapidez, vendiéndose los últimos ejemplares en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). Una nueva tirada se encuentra ya en imprenta.