Recortar en sanidad es un acto criminal

                                                                                                                                     Sergio Pérez EFE

Si las privatizaciones de bienes de titularidad pública son condenables en sí mismas, cuando de ellas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal.

 

Una multitudinaria manifestación recorrió hoy el centro de la capital en señal de protesta por el creciente deterioro de los servicios públicos de salud de la Comunidad de Madrid. Alrededor de 18.000 personas, según fuentes de la delegación de Gobierno, partieron en cuatro columnas correspondientes a los puntos cardinales para confluir en la emblemática plaza de la Cibeles.

 

El millón de pacientes en lista de espera, la falta de pediatras o los centros de salud sin médicos de urgencias son algunos de los aspectos más sangrantes de la pésima gestión sanitaria del gobierno presidido por Isabel Ayuso. Entre las consignas coreadas por los participantes cabe destacar la que encabeza este post: recortar en sanidad es un acto criminal. Máxime cuando esos recortes se realizan a costa de privatizar las prestaciones.

Por supuesto, la iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender su actividad siempre que sean coherentes, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular lleva haciendo en Madrid con la Sanidad Pública es entregar el patrimonio público de los madrileños al sector privado. Tal y como se cuenta con mayor detalle en esta otra entrada del blog. Tal y como se cuenta con mayor detalle en esta entrada del blog.

Si las privatizaciones de bienes de titularidad pública son condenables en sí mismas, cuando de ellas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal. Y el ejemplo más palpable lo vimos durante la pandemia del Covid, cuando el Gobierno de la CAM presidido por Isabel Díaz Ayuso dictó una orden por la que se negó asistencia médica a las 7.291 personas ancianas que acabaron muriendo abandonadas a su suerte en las residencias de mayores.

Sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio. Años después, al ser interpelada en la Asamblea por estas muertes, Ayuso las justificó con una mezcla de cinismo y crueldad: "Se iban a morir igual" 

La plataforma ciudadana a favor de la sanidad pública resume sus reivindicaciones en este decálogo:

1. Hay 1.003.721 pacientes en las listas de espera, más de 15% del total de la población de la Comunidad de Madrid.

2. La inversión del Gobierno en sanidad pública es de 1.468 euros anuales por cada madrileño, un 30% menos que la media de las Comunidades Autónomas.

3. El número de pediatras ha disminuido un 30% en los tres últimos años, según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

4. El número de camas hospitalarias ha descendido un 11% en las últimas dos décadas, hasta las 12.240, aun cuando la población ha crecido por encima del 30%.

5. El promedio de camas de urgencias en Madrid y en España es de 3 por cada 1.000 habitantes, un 33% menos que la media de la UE de 4,5 camas por cada 1.000 habitantes.

6. El 40% de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) no tienen médico.

7. El 35% de los Servicios de Atención Rural (SAR) también carece de médico, según un estudio de campo realizado por la plataforma vecinal convocante.

8. Falta personal de enfermería: de los 4.024 que había en 2007, bajó a 3.486 en 2022, un 13% menos, según cifras del Ministerio de Sanidad.

9. Madrid destina el 10% del presupuesto autonómico de Sanidad a la atención primaria, frente al 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

10. Cobro de 500 euros a los estudiantes de FP por hacer las prácticas en el campo sanitario. (*)

(*) CCOO de Madrid, a través de su Federación de Enseñanza, ha realizado reiteradas denuncias sobre el cobro de 500 euros por las prácticas al alumnado de Formación Profesional (FP) en su rama sanitaria. Sin embargo, el Gobierno regional «no ha puesto fin a esta exigencia de pago», denuncian. Por eso el sindicato ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para que intervenga.