El derecho a no ser pobre

 

Murales Diego Rivera, Palacio Nacional, México DF

Junto al derecho a la vida, que es el más sagrado e inalienable de los derechos humanos, debería formularse el derecho a no ser pobre, puesto que a las personas de tal condición el vivir el día a día no suele  resultarles muy satisfactorio. Hoy, la pobreza sigue haciendo mella incluso en amplias capas sociales de los países avanzados, pese a las ayudas implementadas por gobiernos de distinto color. Es hora de aplicar a esta enfermedad social el sabio principio de la medicina: es mejor prevenir que curar. Y la mejor vacuna contra la pobreza consiste en garantizar a toda la población la percepción de un ingreso mínimo universal e incondicional. Sería, además, una indemnización por la ineficacia del modelo económico, que ha demostrado ser incapaz de ofrecer un empleo decente a cada persona.

Hablar de pobreza nos remite de inmediato a la cara opuesta de la moneda: la riqueza. Pues ambas realidades, tan complementarias como antagónicas, no pueden entenderse la una sin la otra.

Adam Smith (1723-1790), considerado el fundador de la Economía Clásica, mentor intelectual y "espiritual" del liberalismo económico, plasmó sus ideas en su Investigación sobre la Riqueza de las Naciones, el famoso libro que los adeptos al libre mercado consideran como la Biblia de la economía. En ese venerado texto —que son más quienes lo citan que los que lo han leído— hay pasajes tan rotundos y esclarecedores como este:

En las naciones de cazadores casi no hay propiedad, o como máximo no hay ninguna que supere el valor de dos o tres días de trabajo; y por eso no hay un magistrado permanente ni una administración regular de la justicia […]. Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres.[i]

Y siguiendo una línea de análisis que no dudaría en suscribir la mayoría de escritores revolucionarios, continúa el escocés:

En especial los ricos están necesariamente interesados en conservar un estado de cosas que pueda asegurarles sus propias ventajas […]. El gobierno civil, en la medida en que es instituido en aras de la seguridad de la propiedad, es en realidad instituido para defender a los ricos frente a los pobres, o a aquellos que tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna.[ii]

Cuando aparecieron los primeros humanos, la tierra con todos sus recursos ya estaba ahí. El suelo material que pisamos y sobre el que se desenvuelve la vida humana no debería en absoluto ser considerado propiedad privada de persona alguna. En aras de la eficiencia productiva, tan sólo podría ser admisible un usufructo temporal de la tierra y todos sus recursos. naturales. Conforme a la vieja reivindicación: la tierra para el que la trabaja. 

El republicano Thomas Paine (1737-1809) rechazó de plano esa falacia que pretende asentar la idea de que la pobreza es una exigencia a priori de la condición natural del ser humano. En Agrarian Justice (1795) afirma:

Si ese estado que se llama orgullosamente, quizá de modo erróneo, civilización ha promovido más la felicidad general del hombre o la ha dañado más es una cuestión que puede ser fuertemente contestada. Por una parte, el observador está deslumbrado por espléndidas apariencias; por otra, está conmocionado por miseria extrema; ambas cosas ha erigido ese estado. Lo más opulento y lo más miserable de la especie humana se encontrarán en los países que se llaman civilizados [...] La pobreza, por consiguiente, es algo creado por lo que se llama vida civilizada. No existe en el estado natural.[III]

Todavía, desde distintas posturas ideológicas se mantiene esa falaz convención que sostiene que la principal vía para salir de la pobreza es el trabajo. Distingamos, no obstante, entre la noción de trabajo —como potencialidad física e intelectual de la persona humana— y empleo, es decir, ese artificio social y económico de las sociedades desarrolladas.

En efecto, la humanidad ha estado "desempleada" durante la mayor parte de su historia. Los cazadores recolectores del Paleolítico, tras una larga jornada recorriendo el territorio en busca de sustento, seguramente llegaban a su cobijo agotados por el esfuerzo, pero no estaban "empleados". Como tampoco lo estaban los esclavos, los siervos de la gleba medieval o los campesinos libres. Aunque se deslomaran trabajando la tierra de sol a sol, no estaban empleados, es decir, no recibían una contraprestación salarial fijada en un contrato.

En la historia humana, el empleo es un invento bastante reciente. Ese artificio social que ha permitido organizar, mejor o peor, la producción y distribución de bienes, apenas tiene un siglo. Superada la fase explotadora más brutal del capitalismo manchesteriano del siglo XIX, el empleo —entendido como una relación laboral estable y aceptablemente remunerada— fue uno de los principales pilares del pacto fordista establecido a mediados del siglo XX.

Avería en el artefacto

Al día de hoy, una de las peores noticias socioeconómicas es que ese artefacto del empleo lleva averiado por lo menos un par de décadas. De una parte, la automatización deja fuera del mercado laboral a un sector cada vez más creciente de la sociedad que ya no puede acceder a un empleo decente que asegure su subsistencia e integración en la sociedad. Se trata de personas que han de conformarse con empleos de baja cualificación, generalmente en servicios secundarios. Surge así la peor de las paradojas del trabajo: la aparición de la la figura del poor worker o trabajador pobre.

La circunstancia de que una persona, pese a desempeñar un trabajo remunerado,  permanezca en la pobreza destroza cualquier argumento a favor del empleo. No deja de ser una triste ironía el hecho de que en el momento histórico en que hay la mayor cantidad de recursos y tecnología disponibles para la producción, el empleo se haya convertido en un bien escaso. El volumen global de empleo disponible en el sistema productivo de un país desarrollado es decreciente, con lo que la "creación de empleo" no es, a estas alturas, más que una creencia quimérica.

Se ha derrumbado, por tanto, el argumento moralizante que prescribe el trabajo como vía para salir de la pobreza. Por otro lado, la realidad pura y dura de las políticas económicas y sociales demuestra con nitidez que todas las recetas clásicas para acabar con la pobreza han fracasado estrepitosamente.

Entre ellas, los subsidios y ayudas sociales condicionadas. Desde la promulgación de las Poor Laws en la Inglaterra del siglo XIX hasta hoy, el hecho de que cada cierto tiempo reaparezca de manera recurrente la propuesta de crear nuevas modalidades de rentas mínimas es un signo inequívoco de su ineficacia política y social. 

En definitiva, ha llegado la hora de que el pensamiento político avanzado se decida a salir de la zona de confort ideológica, abandone supersticiones económicas y busque soluciones más eficaces, justas y generadoras de igualdad que esas rentas mínimas condicionales cuya única virtualidad consiste en prolongar la pobreza de quienes las reciben.

En este sentido, la propuesta de instaurar una Renta Básica Universal (RBU) aporta una salida al atolladero. Desde luego, es una idea que suscita muchas críticas, pero comparada con lo existente hasta ahora se podría decir que es la peor de las soluciones... a excepción de todas las demás. Se define como: 

Una renta garantizada de forma incondicional a todos los individuos, sin necesidad de someterse a una prueba de recursos ante la Administración o de estar realizando algún tipo de trabajo. Se trataría, pues, de un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad: incluso si no quiere trabajar, sin tener en cuenta si es rico o pobre, sin importar con quien vive.

Junto al derecho a la vida, que es el más sagrado e inalienable de los derechos humanos —y como tal lo recoge la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas— debería consagrarse el derecho de toda persona a no ser pobre. Una legítima aspiración que, si bien intuitivamente podemos comprender y compartir, adolecería de rigor si se formula literalmente. Pues, un derecho enunciado en forma negativa pierde consistencia. Es preciso, por tanto, formular en positivo el derecho de toda persona a recibir un ingreso garantizado. 

Felizmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes aprobada en el Fórum Universal de las Culturas, celebrado en Monterrey, en 2007, ya contempla de manera expresa: 

3. El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas.[IV]

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su (Resolución 217 A (III)) como un ideal común para todos los pueblos y naciones. 

Mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos surge de una Asamblea de Estados, la Declaración de Derechos Humanos Emergentes se construye desde las diversas experiencias y luchas de la sociedad civil global, recogiendo las reivindicaciones más perfiladas de sus movimientos sociales.

Asimismo, mientras que la Declaración Universal de Derechos Humanos es una resolución adoptada solemnemente por las Naciones Unidas, como documento fundador de una ética humanista del siglo XX y el "ideal común a alcanzar" desde una óptica individualista y liberal, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes surge desde la experiencia y las voces de la sociedad civil global en los inicios del siglo XXI.

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[I] Smith, Adam: Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, trad. de Rodríguez Braun, Alianza, Madrid 1994, pp. 674-681.
[II] Ibíd.
[III] Paine, Thomas: Agrarian Justice, 

[IV] A instancias del X Congreso de la Basic Income European Network, el Fórum Universal de las Culturas (Barcelona, septiembre 2004) incluyó en su declaración final; "apoyamos: el derecho universal a percibir una renta mínima, garantía y fundamento de un nuevo concepto de ciudadanía"

La rondDa: Un diálogo sobre Derechos Humanos

 

Llanto por Gaza

 

Llanto por Gaza  La Jornada, México

Nunca las religiones del Libro trajeron la paz al mundo, sino la guerra, 

Los Libros de Samuel (I Samuel y II Samuel, que juntos en hebreo forman el "Libro de Samuel" ספר שמואל, Sefer Shmuel ספר שמואל) forman parte de la historia narrativa del Antiguo Israel en la sección Nevi'im o 'profetas' de la Biblia hebrea / Antiguo Testamento, llamada la historia deuteronómica, una serie de libros (Josué, Jueces, Samuel y Reyes) que constituyen una historia teológica de los israelitas y tienen como objetivo explicar la ley de Dios para Israel bajo la guía de los profetas.

Samuel 15

1Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová.
2Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.
3Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
7Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto.
8Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.

Libro Quinto de Moisés
2:31 Y me dijo Jehová: He aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra; comienza a tomar posesión de ella para que la heredes.

2:32 Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza.

2:33 Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros; y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo.

2:34 Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños; no dejamos ninguno.

2:35 Solamente tomamos para nosotros los ganados, y los despojos de las ciudades que habíamos tomado.

2:36 Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros; todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder.

Libro Sexto de Josué

6:12 Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. 

6:13 Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas; y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. 

6:14 Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento; y de esta manera hicieron durante seis días. 

6:15 Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces; solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. 

6:16 Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. 

6:17 Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella; solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.

6:18 Pero vosotros guardaos del anatema; ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. 

6:19 Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. 

6:20 Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 

6:21 Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos. 

Y así, sucesivamente.....

“Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños”: la denuncia de Unicef por los menores muertos en la guerra entre Israel y Hamás

En Madrid, no saludo a (casi) nadie

Lo han vuelto a hacer. Una mayoría de votantes madrileños ha escogido entregar de nuevo el gobierno, tanto municipal como autonómico, al Partido Popular que lleva décadas degradando los servicios públicos, especialmente los de Sanidad. Por mucho que, a ojos de la razón, votar lo que te perjudica sea un contrasentido, esos electores son adultos y votan lo que les da la gana. Como demócrata, respeto los resultados de las urnas. Pero a nivel personal no tengo ninguna obligación moral, racional o política de relacionarme con ellos. La libertad también consiste en negar el saludo a la inconsistencia y la insolidaridad.

En plena campaña por su reelección, la presidenta saliente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que "no había oído en mi vida que los madrileños piensen que su sanidad es mala". Lo cual no deja de ser una sus habituales perogrulladas. Por definición, la mayoría de la gente entiende que los sistemas públicos de salud son buenos. Tan buenos como ese elemento crucial para la vida del que nos habla el refrán: "algo tendrá el agua cuando la bendicen".

Pero ambas bondades, la del agua y de la sanidad, quedan en entredicho cuando escasean. Si te encuentras en mitad de un árido desierto, sin pozos ni manantiales, te mueres de sed. Algo similar a lo que te puede suceder en Madrid, donde el deterioro de los servicios públicos de salud puede significar la muerte por falta de atención médica.

En Madrid, te mueres de ansiedad si para conseguir cita con el médico de atención primaria tienes que esperar entre 10 y 20 días. Te mueres de dolor si tu dolencia necesita ser atendida por un especialista y tienes que esperar varios meses hasta que puedas llegar a contársela. Te puedes morir de forma definitiva si, por culpa de esa larga espera, no se te detecta de manera precoz una lesión maligna. Y lo peor de todo: en el momento de mayor desvalimiento te puedes morir por orden directa del gobierno autonómico.

Tal fue el triste caso de las 7.291 personas mayores alojadas en residencias cuya vida se extinguió de forma inhumana durante la pandemia del Covid que vieron negado el acceso a un hospital. Se les negó la posibilidad de sobrevivir o, al menos, tener una muerte sin dolor. Y ello en virtud de la orden dada desde la consejería de Sanidad del gobierno de Díaz Ayuso para que no fueran derivadas a los hospitales.

En vísperas de una de otras tantas elecciones a la Comunidad de Madrid en las que, desde 1995, viene resultando ganadora la opción que ha puesto en práctica políticas rayanas en lo criminal, un buen amigo mío anunció con solemnidad: "Si mañana vuelve a ganar el PP, no saludo a nadie".

Fuera impulsiva boutade o decidido propósito, el caso es que hace tiempo que hice mía esa expresión, hasta el punto de convertirla en lema y guía de mi propia actitud respecto al conjunto de la población habitante del territorio de la Comunidad de Madrid. Salvo que se encuentren apuntados en mi lista de contactos personales, en Madrid yo tampoco saludo a nadie.

Entiéndase bien. Con tal actitud no me refiero a faltar a las mínimas exigencias de la cortesía. Educado desde los lejanos días de la niñez en el principio de que "buen porte y buenos modales abren puertas principales", por supuesto que doy los buenos días a cuantas personas coinciden en mi actividad diaria, desde la conductora del autobús al cajero del supermercado. No hacerlo significaría contribuir a fomentar la barbarie que amenaza la convivencia.

No obstante, más allá de esta elementa cortesía, saludar (del latín salutāre) significa desear salud a alguien. Y, la verdad, no me encuentro en disposición anímica o política para desear salud de entrada a la primera persona que me encuentre. Y ello por la sencilla y estadística razón de que existe una elevadísima probabilidad de que esa persona sea votante del Partido Popular. Esa trama de intereses y corrupción con apariencia de partido político que lleva casi tres décadas instalada en el gobierno de Madrid.

¿Por qué debería yo desear salud a quienes, con su voto, aprobaron la indignidad de esas 7.291 muertes de ancianos en las residencias?(*)

¿Por qué debería yo desear salud a quienes, con su voto, apoyan a unos gobernantes que amenazan mi propia salud? La sistemática degradación de la sanidad pública, que es marca del PP, me afecta de forma directa. Pues uno ha entrado ya en esa fase de la existencia en la que los quebrantos de un organismo gastado por los años se manifiestan cada vez con mayor frecuencia.

¿Por qué debería yo sentir la menor empatía con toda esa gente cuyas inquietudes políticas se reducen a aplaudir esa absurda repetición de la palabra libertad cómo si esta fuera un valor exclusivo de la condición madrileña? ¿Acaso no hay libertad, de expresión por ejemplo, o de elegir o ser elegido para un cargo público de representación en la manchega Almansa, en la leonesa tierra de Babia o en el asturiano concejo de Quirós? ¿De qué libertad me están hablando? En Madrid, el PP ha convertido la idea de libertad en un eslogan vacío de contenido. 

En la democracia, la libertad política forma parte intrínseca de su estructura. Y el mayor o menor grado de libertad viene dado por la amplitud del arco de posibilidades de elección al alcance del individuo que vive dentro de un sistema democrático. En Madrid esa libertad de elección se encuentra dramáticamente restringida a la hora de ejercer el derecho a la salud, es decir, a ser atendido en caso de enfermedad conforme a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Constitución Española:

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

"El Partido Popular de Madrid tiene indudables dotes de mago, porque ha conseguido que políticas que sólo privilegian a unos pocos sean asumidas y votadas por la gran mayoría, aunque parezca inaudito", señala Ana Martínez Rus en un lúcido artículo en el que desgrana las causas por las que hay una mayoría social de madrileños votando en contra de sus propios intereses. Entre ellos no falta "El 'currito' que está hipotecado, pero tiene un adosado en cualquier municipio del extrarradio de Madrid, llega en muchos casos a creer que es un próspero propietario que comparte valores e ideas con los verdaderos ricos que viven en Pozuelo, el municipio con mayor renta de todo el Estado". 

Votar de forma conservadora es una opción respetable. Pero votar con tanto fervor a la derecha madrileña populista conlleva el riesgo de pegarse un tiro en el pie. Porque la mayoría social, por mucho que se haya identificado con el discurso de Ayuso, tarde o temprano va a necesitar de unos servicios públicos cada vez más degradados.

La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en Sanidad y Educación. A cambio, orienta las inversiones hacia el sector más rico de la población. Sin contar con el dinero que algunos de sus dirigentes se llevan directamente al bolsillo.(**) Como los tristemente famosos Ignacio González y Francisco Granados, fieles escuderos de Esperanza Aguirre, que acabaron dando con sus huesos en la cárcel.

En cualquier caso, aunque a ojos de la razón votar contra lo que te perjudica parece un absoluto contrasentido, los votantes de Ayuso son adultos y han votado lo que les ha dado la gana. Por lo tanto, yo respetaré democráticamente los resultados de las urnas, pero desde la triple perspectiva racional, moral y política no me siento obligado a mostrar el menor respeto personal hacia ellos. Por suerte, en un lugar de la cordillera cantábrica dispongo de un refugio al que no llegan ni la contaminación urbana ni la estupidez política. Disfruten lo votado. No quiero ser bailarín de su fiesta.

Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale

Y el tonto que no lo sabe es el que en zancos se arresta

Y digo que el que se presta para peón del veneno

Es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta…

(Silvio Rodríguez: Yo digo que las estrellas)

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(*) El 18 de marzo, cuando la pandemia empezaba a desbocarse en Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los datos oficiales del propio Gobierno madrileño, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran ahora hasta qué punto se aplicó esa orden de exclusión: 7.291 residentes fallecieron en los geriátricos sin recibir previamente atención hospitalaria en marzo y abril, lo que supone el 77% del total de decesos registrados durante esos dos meses entre los residentes madrileños.

https://www.infolibre.es/politica/datos-gobierno-ayuso-revelan-7-291-mayores-murieron-madrid-residencia-trasladados-hospital_1_1185966.html

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(**) En un privilegiado municipio de Madrid –Las Rozas, el cuarto de mayor renta de toda España– han salido a la venta 29 chalets de 150 metros cuadrados, más el jardín. Se supone que es vivienda protegida. O más bien, lo que entiende por vivienda protegida el PP de Madrid. El suelo era público y el ayuntamiento lo vendió a un promotor bajo el modelo de Vivienda Pública de Precio Limitado, que creó Esperanza Aguirre. En teoría, es un tipo de vivienda protegida pensada para lo que el PP llama “clases medias”. Pero en realidad no lo son.

La ley dice que este tipo de viviendas tienen un precio máximo por metro cuadrado. En este caso, los chalets tendrían que costar 363.000 euros. Pero la promotora obliga a pagar un sobrecoste de 200.000 euros más. Y a esto hay que sumar la entrada de la hipoteca que pide el banco, porque la vivienda se escritura por el precio legal, no por el que se paga realmente. Y la hipoteca solo cubre el 80% del precio de escritura, no del total.

El resultado de esta política de vivienda es que solo las personas que puedan pagar más de la mitad del precio de la casa a tocateja pueden comprar estos chalets “protegidos”. Normalmente son aquellas personas con padres a los que les sobren 270.000 euros para ayudarles con la entrada.

(Ignacio Escolar, elDiario.es) 

Los idiotas climáticos nos conducen a estrellarnos contra un muro

Mapa de riesgo de incendios última semana de abril. Aemet

Es como si condujéramos un vehículo que llevase un remolque unido por un elástico, nos gusta acelerar porque es divertido, pero el elástico se ha tensado, de modo que tenemos que acelerar aún más para evitar que el remolque se incruste por detrás; de pronto, descubrimos que el camino está cortado por un muro de ladrillos que se alza ante nosotros. Sabemos que debemos cambiar de dirección, pero sólo estamos programados para progresar a mayor velocidad en la misma dirección.

El texto anterior es un fragmento del libro El idiota espabilado (1980) en el que el fisico inglés Martin Scorer somete a una visión crítica las falsas soluciones a los problemas sociales basadas en el crecimiento económico.

En el último tercio del siglo pasado, tanto Scorer como otros autores ya avisaban de los límites físicos impuestos por los recursos del planeta al crecimiento económico. Destacando Los límites del crecimiento, el informe al Club de Roma (1972) elaborado por Donella Meadows, Dennis Meadows y Jørgen Randers. En la segunda década del siglo XXI, ese muro al que se refiere Scorer se alza ya prácticamente ante nuestras narices. Sin embargo, la actitud de los espabilados dirigentes políticos más reaccionarios no ha cambiado un ápice.

Un ejemplo: al descubrirse que la causa del agujero abierto en la capa de ozono sobre la Antártida se debía a la emisión de gases clorofluorocarbonados (CFC), los científicos alertaron a la opinión pública sobre los peligros reales que se cernían sobre la biosfera y la necesidad de tomar medidas para prevenirlos. El entonces secretario del Interior de Estados Unidos, Donald Hodel, consideró que la industria podría seguir emitiendo los mismos niveles de CFC siempre que se adoptase un programa nacional de protección personal contra las radiaciones ultravioletas que, según él, consistiría en que los norteamericanos deberían portar grandes sombreros como los usados en Texas y permanecer en la sombra. "La gente que no esté expuesta al sol no se verá afectada", sentenció Hodel.

Por fortuna, el sentido común se impuso a nivel internacional y, finalmente, el uso de CFC sería prohibido a nivel global gracias a la firma del Protocolo de Montreal, que entró en vigor en 1989.

Varias décadas después, cuando los efectos del calentamiento global constituían ya una evidencia científica, Donald Trump, el nefasto expresidente de EE UU, se mofó de la energía limpia y del calentamiento global en un mitin en Pensilvania. Trump bromeó con que el país estaría cubierto de molinos de viento si la candidata demócrata Hillary Clinton hubiera ganado en las elecciones de 2016. "Tendríais molinos de viento por todas partes si hubiera ganado Hillary [Clinton], con pájaros derribados por todas partes. Esos molinos hacen ese ruido, wa, wa, wa", dijo el presidente. "Cariño, ¡Quiero ver la tele y no sopla el maldito viento! ¿Qué hago? Creo que por el calentamiento global... No hay viento, no hay vida, los océanos van a crecer 187 pulgadas [4,7 metros] en los próximos 250 años. Nos va a aniquilar", continuó en tono burlón.

Primavera del 2023. La crisis climática es un hecho palpable a escala individual. Por si todavía hubiera alguna duda respecto al rigor de los registros de los observadores científicos, la gente de a pie hemos tenido ocasión de experimentar en directo los efectos de una ola de calor sin precedentes. Durante la última semana de abril los termómetros han marcado temperaturas propias de julio en diferentes ciudades de nuestro país. He aquí algunos datos objetivos:

La temperatura media de los océanos ha superado este mes todos los registros históricos. "Entramos en terreno desconocido", dicen los expertos.

La Organización Meteorológica Mundial acaba de confirmar que el cambio climático se está acelerando. Todos los síntomas van a peor: el calor excesivo, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, las sequías, las tormentas muy violentas… Todo empeora sobre el año anterior.

Aún estamos en primavera y casi toda España está ya en peligro extremo de incendio. Este año ya han ardido 46.300 hectáreas: la peor cifra en dos décadas. En solo tres meses, ya se ha quemado más superficie de España como la que ardía en un año entero, en 2013 o 2014.

Europa está siendo el continente donde más están aumentando las temperaturas, y con ellas, la sequía generalizada que está afectando de hecho a los cultivos. En gran parte de España, los agricultores dan por perdida la cosecha de cereales y se cierne un gran peligro sobre frutales y olivares. Todo ello repercutirá en la escasez y aumento de precio de los alimentos. El descenso del volumen de agua de lluvia supone también una menor capacidad de generación hidroeléctrica (¿las compensará el idiota espabilado aumentando las emisiones de CO2 con el uso de las centrales de combustión de gas?). Sin olvidar que, por lo que respecta a la mal llamada 'industria del turismo', cuando falte el agua en las zonas mediterráneas será difícil mantener el funcionamiento de los alojamientos hoteleros, las piscinas y, no digamos, los campos de golf.

Frente a estas evidencias, las posiciones de los espabilados dirigentes del Partido Popular no han variado gran cosa desde 2007, cuando el inefable Mariano Rajoy, a la sazón presidente del PP, afirmaba no creer en el cambio climático porque un pariente suyo, catedrático de Física en la Universidad de Sevilla, le había asegurado que no era posible ni predecir el tiempo que iba a hacer al día siguiente y que, por lo tanto, los asuntos medioambientales no debían convertirse en el gran problema mundial.

"Yo sé poco de este asunto, confesó Rajoy, pero mi primo supongo que sabrá. Y un día me dijo: he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que hará mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?"

Idéntico rigor argumental late en las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que sostuvo en el Parlamento regional que "desde que la Tierra existe" ha habido cambio climático, y que la izquierda no puede "seguir contra la evidencia científica porque tienen en su cabeza el comunismo" para impulsar una agenda de reformas que, "en algunas ocasiones es una gran estafa" y "empobrece cada vez más a más ciudadanos". Desde que llegó al poder, en 2019, Ayuso ha dicho que "el ecologismo es una ideología totalitaria dirigida contra el campo". Que "nadie ha muerto" por contaminación, uno de los grandes aceleradores del calentamiento global. E incluso quiso borrar de los currículos de ESO y Bachillerato, el término "emergencia climática" por considerarlo ideológico.

La más reciente tropelía nacional en materia de negacionismo climático tiene como escenario el parque nacional de Doñana. Por su singularidad como punto de escala de las migraciones de aves entre África y Europa, Doñana constituye una joya medioambiental cuya protección compete no sólo a España, sino a la propia Unión Europea. La extracción ilegal para regadío de aguas del acuífero que nutre sus humedales ha motivado una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condena a España por no adoptar las medidas oportunas a fin de revertir la situación actual y restaurar las condiciones adecuadas para la conservación del mismo.

Frente a ello, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular, de acuerdo con Vox, han iniciado una proposición de ley destinada a aumentar los regadíos legalizando todos esos pozos ilegales. Ante ello, Bruselas lo ha vuelto a dejar claro: el plan de Moreno Bonilla “deteriora” Doñana y va a en la “dirección opuesta” a su preservación. Una respuesta que al PP le ha sentado fatal, hasta el punto de acusar al comisario de Medio Ambiente de la UE de "ponerse la camisa roja para hacer campaña por Sánchez". No cabe mayor insensatez.

A primera vista, las declaraciones de estos dirigentes de la cosa pública parecen propias del más perfecto de los idiotas. Aun sin descartar del todo la hipótesis de que realmente lo sean, lo más probable es que ellos mismos no se crean ninguna de las estupideces que dicen en público. Todos ellos cuentan con nutridos equipos de asesores bien pagados y acceso a información privilegiada

La actitud de estos idiotas climáticos está más próxima a la del idiota moral. Mienten con el mayor de los descaros con el propósito de confundir a los sectores más crédulos e ignorantes de la población, que es donde reside su gran vivero de votos. El propósito que se oculta tras las bambalinas de este teatro del disparate no es otro que el de evitar adoptar medidas que supongan un coste para los grandes sectores económicos responsables, por activa o por pasiva, de la emisión de los gases de invernadero que agravan, día a día, esta situación de crisis medioambiental.

Dice un viejo proverbio que cuando un idiota sigue una linde la linde se acaba y el idiota sigue. Y los electores, por acción de la derecha y omisión de la izquierda, hemos confiado la dirección de varios gobiernos autonómicos a esta caterva de espabilados.

Las señales de crisis medioambiental que cada uno de nosotros está viviendo en su experiencia diaria deberían ser suficientes para que una mayoría de votantes se decidiera, por fin y en interés propio, a sacar de los gobiernos a los idiotas climáticos.

De verdad, no es nada personal. Simple y llanamente, en la encrucijada actual es una cuestión de supervivencia.

Hay margen para subir el salario mínimo. Vaya si lo hay.

 

España ocupa el 4º lugar como potencia económica de la Unión Europea y el 14º a nivel mundial. Pese al notable esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez para subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales, esta cifra todavía está lejos del lugar que le corresponde dentro de la zona euro. Sin embargo, ante cualquier incremento del SMI, los selectos círculos de la sociedad biempensante encienden estridentes sirenas de alarma que avisan de inminentes catástrofes derivadas de tal medida. 

Hace unas semanas, Macarena Olona Choclán, tras abandonar la actividad política y retomar su antiguo empleo en la Administración, hizo público el sueldo que percibe en su calidad de abogada del Estado: 7850,94 euros mensuales. Recordemos que fue portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados y diputada en la XIII y XIV legislaturas por Granada.

Creo que para toda persona española de bien será motivo de gran satisfacción comprobar la espléndida disposición del Estado a la hora de retribuir el desempeño del puesto que ocupa la funcionaria Olona de acuerdo a sus méritos, capacidades personales y eficacia que se presume.

Sin embargo, hay algo que chirría en la nómina de la señora Olona, y no es tanto su cuantía sino la relación que guarda respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2023 ha quedado establecido en 1.080 euros mensuales. Diversos estudios indican que, dentro de una organización, la estructura salarial equilibrada debe guardar una relación entre el salario mayor y el menor de 1/5. En este caso observamos que la ratio es de 1/7. Es decir, siete veces mayor que el SMI.

Aquí, lo que está desequilibrado no es el salario de la funcionaria Olona, sino el SMI. Gracias al esfuerzo del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, el SMI ha pasado de los 736 euros en 2018 a los 1.080 euros al mes en 2023. Aunque sigue sin alcanzar esa ratio óptima respecto al salario más alto pagado en la Administración del Estado.

Hace cinco años, quienes percibían el salario mínimo cobraban 735,9 euros al mes. La cuantía del SMI anunciada por el presidente Pedro Sánchez para 2023, 1.080 euros brutos mensuales, supone un incremento del 46,7% en cinco años. Se trata de uno de los mayores aumentos del SMI de la democracia en un mandato tan corto, con el que se alcanza la meta de situar el SMI en el 60% del salario medio, siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea. La medida beneficiará a alrededor de 2,5 millones de personas, según los cálculos de los sindicatos.

Sin embargo, ante cada subida del SMI las gentes biempensantes del país arrugaron la nariz. Empezando por la propia Olona, que en 2020, siendo parlamentaria de Vox, declaró que se trata de una "medida propagandística" y de "escasa eficacia" porque "no llega a los españoles".

No sabemos a qué sector de la población española se refiere Olona, ya que el incremento del SMI beneficia a alrededor de 2,5 millones de personas, según los cálculos de los sindicatos. Lo que viene siendo una constante es que, ante cada incremento de la cuantía del SMI, suenan con estridencia las sirenas de alarma en los selectos círculos de la sociedad biempensante de la España eterna, estremecidos por el temor a catástrofes de toda índole derivadas de esa medida.

Se rasgan las vestiduras desde el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hasta Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Tan pronto se conocieron las intenciones del Gobierno de efectuar el último incremento del SMI, Garamendi se apresuró a expresar su rotundo rechazo a subir el salario mínimo ahora: "¿A quién no le gustaría que los salarios suban? Yo soy el primero que digo que lo tendríamos que hacer. Pero pensamos que no es el momento porque venimos de un año y medio horrible”.

Eso sí, fiel al principio de que la caridad empieza por uno mismo y en coherencia con su afirmación de que "a quién no le gustaría que los salarios suban", Garamendi se subió el suyo: 400.000 euros anuales para el 2023. Monto que, ya que estamos hablando de ratios, supone 26,4 veces la cuantía anual del SMI: 15.120 euros.

Ciertamente, ha sido un annus horribilis para la mayoría de la población que ha visto dispararse las facturas de los suministros energéticos. Sin embargo, el año ha sido una bendición para los altos directivos de las empresas eléctricas, que gozan de retribuciones millonarias, según recoge la página newtral.es

El sueldo más alto de los responsables de las grandes eléctricas es el de Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. En 2022, percibió una retribución de 13 millones de euros, como recoge el informe de remuneraciones remitido por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 48,6% se corresponde a la retribución en metálico de 6,34 millones de euros— y otro 48,4% —que supone 6,32 millones de euros— corresponde con el beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados. 

Los sueldos de los máximos responsables de Naturgy y Endesa han aumentado un 18% y un 16% respectivamente. Así, el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, cobró en 2022 una retribución de más de 5,8 millones de euros, de los cuales 2,8 millones están recogidos como retribución en metálico, 2,9 millones a través de sistemas de ahorro y 71.000 euros como otros conceptos que no aparecen detallados en el informe de retribuciones de la eléctrica.

Y el máximo responsable de Endesa, José Bogas, ganó más de 2,4 millones de euros. Según indica el informe de la CNMV, más de 2,3 millones de euros corresponden a la retribución en metálico, 6.000 euros por el sistema de ahorros y 139.000 como otros conceptos.

 

Estas son algunas de las empresas de las que se erige en portavoz el responsable de CEOE. Hipocresías aparte, los datos demuestran que nuestro país dispone de margen suficiente para una subida de los salarios en general, y del SMI en particular. Pues, siendo España la 4ª potencia económica de la zona euro, se sitúa en 7º lugar por lo que se refiere al salario mínimo. 

Sanidad Pública: una manifestación política, por supuesto

 

Una manifestación, es decir, una reunión pública, en espacios abiertos al aire libre, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo, es una acción política. Comete, pues, una grave torpeza quien pretenda desacreditar esta acción civil garantizada por el artículo 21 de la Constitución española dando una connotación despectiva a su genuina naturaleza política.  

El pasado domingo volví a participar en otra multitudinaria manifestación celebrada en Madrid en señal de protesta contra el grave deterioro de la Sanidad pública regional. En ambas ocasiones el motor que ha guiado mis pasos hasta Cibeles se alimenta del notable cabreo que experimento ante la desfachatez con que el Gobierno de la Comunidad de Madrid encara la crítica situación de los servicios sanitarios de su competencia. Deterioro que me afecta, tanto desde la perspectiva del ciudadano consciente de sus derechos, como desde el ámbito personal. A estas alturas de la vida, uno se resiente de varios quebrantos de salud de los que vamos saliendo adelante gracias al excelente desempeño profesional del personal sanitario. Eso sí, una vez que consigo ser atendido tras desesperantes periodos de espera hasta obtener una cita de consulta o intervención clínica.

Este cabreo de primera instancia se agudiza cuando uno tiene que interrumpir el descanso propio del ocio dominical para tomarse la molestia de participar en una protesta. Un trabajo cívico que sería innecesario si los responsables políticos cumplieran con su obligación de mantener los servicios de la Sanidad pública funcionando debidamente.

Pero el cabreo alcanza su máximo nivel al enterarme de que los integrantes del gobierno regional, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pretenden desacreditar esta potente defensa ciudadana de la Sanidad pública afirmando que se trata de una "manifestación política". Torpe adjetivación que sugiere que, para Díaz Ayuso, la política es o bien una acción impropia, o bien una actividad reservada en exclusiva a la gente bien pagá como ella misma.

Ordenaremos el tablero pese a que hay evidencias que causa sonrojo tener que explicarlas: el agua moja, el fuego quema, la leche es blanca, los pájaros no maman y las manifestaciones son políticas. Faltaría más.

Según el DRAE, manifestación (Del latín manifestatio, -onis) es la acción y efecto de manifestar o manifestarse. ‖ Reunión pública, generalmente en espacios abiertos al aire libre, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo.

❒ La libertad de expresión, manifestación o reunión son derechos fundamentales de las personas y están protegidos la Constitución española, cuyo Artículo 21 dice:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

De entre las distintas acepciones que recoge el DRAE para la voz política (Del lat. politĭcus, y este del griego πολιτικός politikós; la forma femenina, del gr. πολιτική politikḗ.)., nos quedaremos con las siguientes:

1. adj. Perteneciente o relativo a la política (‖ doctrina).

2. adj. Perteneciente o relativo a la política (‖ actividad).

7. f. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.

8. f. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.

9. f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

En lo que respecta al ámbito anglosajón, la ciencia política diferencia entre los tres conceptos Polity, Policy y Politics. Polity puede resumirse en las reglas del juego, un aura abstracta que envuelve todo el sistema político de un país u organización concreta. Policy es una acción de gobierno específica, cuyos efectos se pueden sentir, apreciar y evaluar. Y por último Politics es el concepto que se refiere a hablar, dedicarse o hacer política, y se puede resumir en el trabajo que tienen los analistas, comentaristas y, sobre todo, nuestros gobernantes. 

Y luego están... las ocurrencias. Entre otros reconocimientos a sus aportaciones al mundo de la ciencia política, la señora Díaz Ayuso acaba de estrenar el título honorario de 'alumna ilustre' de la Facultad de Ciencias de la Información. Sin embargo, durante su paso por la misma como alumna de a pie parece que no se enteró de estas nociones elementales de teoría política, lo cual deja en mal lugar su nivel de ilustración. Aunque todavía sería mucho peor si, aun conociendo estos conceptos, no se le ocurre mejor idea que utilizar el término "política" dándole una connotación despectiva para adjetivar el derecho de la ciudadanía a manifestarse a favor o en contra de lo que mejor tenga por conveniente.

Aparte de que una manifestación de protesta es conceptualmente una acción de índole política, no es menos cierto que en las protestas contra la degradación de la Sanidad pública late la indignación ante el hecho de que ese deterioro es producto de las políticas que, durante un par de décadas, viene llevando a cabo la facción madrileña del Partido Popular. Que, como explicamos aquí, es lo más parecido a una trama organizada con el objetivo de expoliar el patrimonio y las arcas públicas de la región. Una trama que no dudó en defenestrar a Pablo Casado, antepenúltimo presidente del partido, que se atrevió a denunciar la desvergüenza con la que actuaba el propio hermano de Díaz Ayuso.

Si las privatizaciones son condenables en sí mismas, cuando de las mismas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política fronteriza  con lo criminal. Contra la cual, y en legítima acción política, protesta el sector más consciente de la ciudadanía madrileña.

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Y por cierto, ya que de protesta estamos hablando, por si el nivel de cabreo ciudadano necesitara ser encauzado por alguna vía eficaz, no me resisto a dejar aquí algunas notas referidas al: 

● derecho de resistencia Derecho legítimo de toda persona a resistir a la opresión con los medios a su alcance. Es el ius resistendi (lat.), diritto de resistenza (ital.), Widerstandrecht (al.). En definición de J. Fetscher, «derecho del pueblo o sus representantes, a la resistencia contra un poder estatal ilegítimo».

❒ El concepto surge del discurso contra la tiranía iniciado en el siglo XVI y será recogido en los textos constitucionales producto de las revoluciones de finales del XVIII contra el poder absoluto. La Vindiciae contra tyrannos (1576) de Philippe du Plessis-Mornay es uno de los más famosos alegatos contra el absolutismo. Las teorías antimonárquicas en la línea de la Vindiciae se desarrollaron por escritores protestantes de Inglaterra y Países Bajos. Asimismo, es importante la contribución de la Escuela de Salamanca, representada por Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. 

En el siglo XVIII, el derecho de resistencia se reformula bajo las ideas de la Ilustración y se sustancia en las Constituciones de EE. UU. (1776) y Francia (1789). Queda reflejado en la temprana Constitución de Virginia: Cuando un gobierno resulta inadecuado o es contrario a estos principios [vida, libertad, seguridad y búsqueda personal de la felicidad] una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público.

(Ver: Manual del manifestante. Portada al margen izquierdo de esta página)

El Gobierno sube las pensiones un 8,5% sin que se registren disturbios en las calles de nuestras ciudades

Joos van Cleve (ca. 1485-ca. 1540): «Retrato de anciano»        Museo del Prado

Los pensionistas de España reciben a partir de enero su paga mensual incrementada en un 8,5%, conforme a la revalorización acordada por el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Revalorización efectuada con el voto en contra de los partidos de la derecha. Pese a la magnitud del segmento de población afectado por esta subida, no se han registrado disturbios en las grandes ciudades del país ya que el colectivo pensionista ha asumido el incremento con absoluta calma. Dando ejemplo de civismo a esa derecha que viene anunciando el apocalipsis ante cualquier medida de carácter social. 

A raíz del anuncio del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez de subir las pensiones del Sistema público de la Seguridad Social conforme al objetivo previsto de inflación, del 8,5%, la medida fue objeto de duras críticas por parte de las derechas. Es decir, por esa trinidad integrada por la gran patronal CEOE, los partidos políticos (PP, Vox, Ciudadanos) y sus voceros mediáticos, que no escatimaron críticas cuando el Gobierno de Sánchez anunció su propósito de actualizar las pensiones de jubilación conforme al índice de precios al consumo. Lo que supone un incremento estimado en torno al 8,5%.

De entrada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, afirmó que las pensiones no deberían subir más de un 3%, aludiendo a un presunto acuerdo con la Unión Europea que tan solo existía en su imaginación. A la vez que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamaba al Gobierno que no revalorizase las pensiones conforme al IPC, ya que ello llevará a la «ruina» a la Seguridad Social.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que incluyen esta revalorización de las pensiones, fueron apoyados en el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría parlamentaria, logrando 187 votos a favor, 156 en contra y una abstención. Las cuentas se aprobaron con el respaldo del PSOE (120 votos), Unidas Podemos (34) --al que se suma el de Meri Pita, ahora en el Grupo Mixto--, Esquerra Republicana (13), el PNV (6), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís, Coalición Canaria (2) y el PRC (1). Por el contrario, rechazaron el proyecto, y por tanto la subida de las pensiones, PP (88), Ciudadanos (9), Vox (52), Junts (4), la CUP (2), Foro Asturias, los dos diputados de Navarra Suma que fueron expulsados de UPN, y el de Teruel Existe,

El incremento de las pensiones del sistema público de la Seguridad Social constituye un éxito del actual modelo socioeconómico español. Por un lado, aporta al colectivo de personas mayores la seguridad de poder afrontar la subsistencia en la última etapa de su vida con un ingreso mínimo. Por otro, contribuye a dinamizar la economía del país al inyectar un considerable volumen monetario en el mercado local de bienes y servicios a través del consumo realizado por las personas jubiladas. Incentivando así el flujo circular de la renta.

En este cuaderno no nos cansaremos de insistir en que, al hablar de pensiones, hay que dejar de referirse a ellas como un gasto. Pues, en todo caso, según explicamos aquí, habría que considerarlo como un gasto virtuoso. En efecto, los pensionistas no hacen desaparecer su dinero del conjunto de la economía del país arrojándolo por un sumidero entrópico. Eso, en todo caso, es lo que hacen los evasores de impuestos, ya sean particulares o grandes corporaciones. Por el contrario, en el caso de las personas jubiladas, el dinero de sus pagas es devuelto al sistema económico circular en forma de consumo inmediato: comenzando por la alimentación y mantenimiento del hogar y terminando, en los casos que pueden permitírselo, en actividades de ocio.

Otro aspecto que no hay que olvidar es que la mayoría de los pensionistas recibe una paga bastante modesta. En efecto, las estadísticas de la Seguridad Social  contabilizan un total de 9.975.234 pensiones contributivas (generadas por el trabajador con sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral), de las cuales, 5.982.191 tienen un importe inferior a 1.000 euros, lo que significa que el 59,9% de las pensiones, es decir, casi el 60%, o lo que es lo mismo, seis de cada diez, son de cuantía inferior al salario mínimo interprofesional de acuerdo a las estadísticas con fecha 1 de noviembre de 2022.

                                    😸