domingo, 11 de noviembre de 2018

El Salario Mínimo frente al Riesgo de Pobreza o Exclusión Social (AROPE)


Las críticas al [proyecto de] subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte de los sectores más reaccionarios del país, gobernador del Banco de España incluído, constituyen el más claro exponente de la ideología que sostiene las políticas socialmente depredadoras llevadas a cabo durante la última década. 

Siguiendo la estela de las diatribas lanzadas por los líderes de los partidos de la derecha nacional contra la anunciada subida del salario mínimo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha criticado con dureza en una comparecencia en el Congreso dicha medida. El gobernador afirma que el alza del 22% costará un 0,8% del empleo: unos 150.000 puestos de trabajo. Sin aclarar las fuentes del cálculo.



Por su parte, la Comisión Europea, al examinar el proyecto de presupuestos del Gobierno español, estima en 70.000 los empleos que dejarán de 'crearse' en dos años. En términos macroeconómicos, aunque calcula que, incluido el incremento del SMI, la masa salarial total crecerá alrededor del 0,35%, también opina que supondrá que dejen de crearse alrededor de 70.000 empleos en dos años.

Sin embargo, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, atribuye las críticas a una visión antigua basada en la presunción de que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado definido por la oferta y demanda. Es "una especie de creencia religiosa y los estudios muestran que no es así", dice Stiglitz. Subir el salario mínimo tiene un impacto "insignificante o incluso positivo" sobre el empleo, según un centenar de estudios hechos en EE UU. "Allí, los datos son abrumadores. Y no se refieren a subidas del 22% como en España, sino incluso del 100%, como en Seattle".

En cualquier caso, frente a la subasta de cifras a la baja en la "creación de empleo"(*) que se traen estos burócratas en sus cálculos de salón, la pregunta que cabe hacer es: ¿De qué clase de empleos hablan estas gentes bien alimentadas? (a costa del contribuyente, por supuesto) ¿A qué llaman empleo? 

Ante todo, estos altos dirigentes deben aclarar —mirando a los ojos a la ciudadanía— si ellos consideran que actividades laborales retribuidas con salarios por debajo del modesto nivel de 900 euros al mes merecen ser incluidos en la categoría de empleos. Entendiendo por tal, un trabajo cuya contraprestación salarial permita que una persona pueda vivir con dignidad.

Porque son los propios estándares europeos de cálculo de la pobreza los que indican que ingresos por debajo de esa cifra son sinónimos de pobreza y exclusión. En concreto, el establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales, que fue firmado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, en la Cumbre Social para un Empleo y Crecimiento Justo en Gotemburgo, Suecia), que vino a definir los "principios y derechos esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI"

El Pilar se compone de 20 principios estructurados en tres capítulos relativos a

1) igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, 2) condiciones de trabajo justas y 3) protección e inclusión social. Entre otros, se pueden citar los principios de igualdad de sexos; igualdad de oportunidades; empleo seguro y adaptable; salarios justos que proporcionen un nivel de vida digno; asistencia y apoyo a los niños, especialmente en lo que se refiere a la protección contra la pobreza; protección social y laboral; vivienda y asistencia para las personas sin hogar; prestaciones de renta mínima y otros.

De cara a estos objetivos, la estrategia Europa 2020 utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or Social Exclusión) que, según los criterios establecidos por Eurostat, es aquella población que está al menos en alguna de estas tres situaciones:

- En riesgo de pobreza (60% mediana de los ingresos por unidad de consumo).

- En situación de carencia material severa. Son los hogares con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve. Los conceptos considerados son:

1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
6) No puede permitirse disponer de un automóvil.
7) No puede permitirse disponer de teléfono.
8) No puede permitirse disponer de un televisor.
9) No puede permitirse disponer de una lavadora.

- En hogares sin empleo o con baja intensidad laboral. Son los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos).

En El Estado de la Pobreza. España 2018 VIII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión, realizado por EAPN, se muestran los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y de sus componentes, entre los años 2008 y 2017.

En el año 2017, un total de 12.338.187 personas, que suponen el 26,6 % de la población residente en España está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social. En concreto, el indicador se ha incrementado en 1,9 puntos porcentuales desde el año 2009 y en 2,8 puntos porcentuales desde el año 2008. En términos absolutos, en el año 2008 había unos 11 millones de personas en AROPE y en 2017 hay 12,4 millones. 

Extremadura presenta la tasa de pobreza más alta del país. El 44,3% de los habitantes—casi 480.000— está en riesgo de exclusión social: viven con 710 euros mensuales, 25 puntos más que antes de la crisis. Tomando el criterio técnico de AROPE no tiene que ver con lo que comúnmente se conoce como exclusión social. Muchos de estos extremeños trabajan, pero no puede hacer frente a, al menos, cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo: mantener una temperatura de la casa adecuada, afrontar gastos imprevistos o irse de vacaciones una semana al año.

Por si faltase información al respecto, según datos recogidos en el informe sobre bienestar económico y material del Observatorio Social de La Caixa, entidad poco sospechosa de izquierdismo, se indica que la vulnerabilidad económica ya afecta a un 32,6% de la población española. Esto significa que la renta familiar de este porcentaje de personas no supera el 60% del ingreso mediano que recibe una familia estándar. En relación al riesgo de pobreza –aunque ha descendido desde 2016 dos puntos porcentuales– todavía un 8,8% de la población española sufre pobreza monetaria y material.

Ahora, burócratas y señorías congresistas, a la vista de esta sangrante realidad, atrévanse a mirar a los ojos a la ciudadanía española y seguir manteniendo la supersticiosa creencia de que un SMI de 900 euros supone una catástrofe para la economía.  

La mayor catástrofe es la que lleva años afectando al seno de millones de hogares españoles precisamente por culpa de las políticas derivadas de la superstición que predica la austeridad económica.

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(*) No deja de ser curioso esto de la creación de empleo. Resulta que las casas se construyen, los coches y las galletas se fabrican y el trigo se cultiva. Sin embargo, el empleo se crea. Como si los patronos fueran poco menos que demiurgos. 







sábado, 13 de octubre de 2018

Pensiones: ¿cañones o mantequilla?


En contraste con la fuerte subida del 22,3% aplicada al SMI, el Acuerdo Presupuestario entre el Gobierno y Podemos sigue manteniendo en niveles de pobreza a un gran número de pensionistas. Las pensiones más bajas —las mínimas y las no contributivas— crecerán tan sólo el 3%. El monto total de las mejoras adicionales de este capítulo (1.088 millones) es inferior al sobrecoste del 83% que pagará Defensa a Navantia (1.772 millones) por un error de diseño del nuevo submarino S-80.


El acuerdo presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos contempla una fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 900 euros al mes en 14 pagas en 2019. Una medida digna de aplauso pese a los funestos augurios de los voceros de turno, que escriben a sueldo de los grandes poderes económicos, pronosticando una gran debacle nacional sólo por el hecho de que los trabajadores más pobres vean disminuida su pobreza en algunos puntos.

Por lo que a pensiones respecta, el alcance del acuerdo es mucho más modesto. De entrada, se contempla una revalorización inicial de las mismas, en 2019, conforme a la previsión de IPC, con una garantía de paga compensatoria en caso de desviación a final de año. Incluye, además, dos medidas adicionales de las que algún medio se hace eco con un titular algo triunfalista: Podemos arranca una nueva mejora de pensiones por valor de 1.088 millones como mínimo.

En concreto, esta mejora adicional supone, por un lado, garantizar que los pensionistas reciban una paga compensatoria "si el IPC de diciembre de 2018 supera el 1,6% de revalorización inicial".  Con un coste estimado de 704 millones de euros. Por otro lado, las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, "dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los perceptores de las mismas", según indica textualmente el acuerdo. Con un impacto presupuestario de 384 millones de euros.

'Arrancar' es un verbo que utilizado en una negociación adquiere tintes épicos. Parece evocar el resultado de una gran batalla, pero la realidad es que al Gobierno no le habrá supuesto un gran esfuerzo realizar esta 'concesión', teniendo en cuenta que esos 1.088 millones de euros suponen un esfuerzo inferior al que ha tenido que realizar para pagar a Navantia el resultado de un error garrafal. 

Navantia es la empresa encargada de construir los cuatro nuevos submarinos S-80 destinados a la Armada española. Tras sucesivos retrasos, en diciembre de 2012 se constató un fallo en el diseño: un desvío de 125 toneladas en el peso del submarino, lo que comprometía su flotabilidad; es decir, que no estaba garantizado que saliera a flote tras sumergirse. Este fallo obligó a un nuevo diseño que alarga la eslora en más de 10 metros para compensar el exceso de peso, con un incremento del techo de gasto de 1.772 millones de euros. Pasando de 2.132 millones de presupuesto inicial a 3.907. El pasado mes de julio, el consejo de Ministras/os aprobó asumir este sobrecoste del 83% sobre lo previsto. 


El Nobel de economía Paul Samuelson acuñó el ya proverbial ejemplo de la elección entre cañones y mantequilla(*). Parece que a la hora de acordar el presupuesto, el coste de oportunidad elegido por Gobierno y Podemos se inclina más bien por el lado de las cañoneras y no por el de la mantequilla para el desayuno de los jubilados. Pese a que la pension más habitual, 645 euros mensuales, se sitúa en el umbral de pobreza y por debajo del mismo la mitad de las pensiones. Con tan parco ingreso, no podrán permitirse ni la mantequilla ni el aceite de oliva virgen, que dicen es mejor para el colesterol.

No se olvide el hecho de que uno de los principales motivos por el que muchas personas cobran hoy cuantías mínimas se debe a que, al estallar la crisis en 2008, se vieron afectadas por el desempleo en los años previos a la jubilación, lo cual perjudicó su carrera de cotización a la Seguridad Social. Circunstancia que constituye una doble injusticia cuando se compara con las ingentes sumas de recursos públicos dedicados a salvar a instituciones financieras o empresariales de la ruina producida por sus propios errores.

Dentro del movimiento de protesta de los pensionistas hay un clamor creciente a favor de que las pensiones mínimas sean equiparadas al Salario Mínimo interprofesional, dado que en ambos casos se trata de un ingreso vital de subsistencia. Un objetivo que difícilmente podrá alcanzarse con subidas meramente testimoniales como la del 3%. Un porcentaje que hasta la derecha de Rajoy y Rivera estuvo dispuesta a conceder tras las sonadas protestas de los pensionistas. Ha llovido mucho desde la última subida apreciable de las pensiones mínimas, que fue aplicada durante el primer mandato del Gobierno de Rodríguez Zapatero. En aquella ocasión, la subida fue del orden del 30% en cuatro años. Una mejora mucho más consistente que esta limosna, hablemos claro, del 3%. 

Por otra parte, el acuerdo presupuestario firmado entre Gobierno y Podemos añade que "Hay que sentar las bases para avanzar en la senda que pueda llevar a que la pensión mínima alcance con el tiempo el 60 % del salario medio y las no contributivas el 60 % de la renta mediana, como indica la Carta Social Europea".

¿Y por qué no caminan aquí y ahora por esa senda? ¿De qué tiempo hablan? ¿Cuál es el tiempo del pensionista? ¿Cuánto tiempo le queda para ver hecho realidad el más elemental principio de justicia social? Ese cuasi infinitesimal 3% es la herida en el talón que impedirá que Aquiles jamás alcance a la tortuga.

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(*) En su famoso libro de introducción a la economía (Economics: An Introductory Analysis (1948), el Nobel en esta materia Paul Samuelson utiliza el ejemplo de los cañones y la mantequilla, para explicar la idea del costo de oportunidad, la piedra angular de la teoría económica neoclásica. Samuelson presenta una economía que sólo puede producir dos bienes: cañones y mantequilla. En esa economía, existe un máximo de producción y se puede escoger entre producir sólo uno de los bienes, o una combinación entre ellos. 







sábado, 15 de septiembre de 2018

Banqueros: más crueles aún que los caníbales

Escena de canibalismo Theodore de Brye

Jean de Léry, un viajero del siglo XVIII, concluyó que la conducta de los grandes usureros era mucho más cruel que la de los caníbales. Pues estos se comen a los muertos, mientras que "los usureros  chupan la sangre y la médula, y, por consiguiente, se comen vivos a tantas viudas, huérfanos y otras pobres personas". Una perfecta alegoría de los crímenes sociales cometidos por los responsables de la crisis financiera iniciada justo hace hoy diez años.


A las siete de la mañana del 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión norteamericano, se declaró en bancarrota. Tenía 639.000 millones de dólares en activos y 613.000 millones en deudas. Fue el inicio de la Gran Recesión que ha afectado a las economías globales

Lehman cayó tras serle denegada ayuda por el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal. Fue el único caso, ya que, a partir de ese momento, los gobiernos de los principales países, aterrados ante el riesgo de infección que amenazaba al resto del sistema financiero global, delararon oficialmente que los bancos eran demasiado grandes (too big to fall)
para dejarlos caer y maniobraron para salvarlos de la situación en que los había colocado los manejos delicuenciales de sus propios directivos.

Operación de salvamento diseñada, como ya es proverbial, de forma que "paguen los de siempre". Es decir, la mayoría de la población asalariada que está sujeta a doble tributación: en tanto que productora, paga impuestos sobre la renta que obtiene principalmente del trabajo (IRPF); y en tanto que consumidora, cuando acude a comprar los bienes o servicios producto de su trabajo, en este caso a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Si un extraterrestre llegase a la Tierra y contemplara esto concluiría asombrado que la humana es una especie de imbéciles, ya que trabajar en tales condiciones no es un buen negocio. Aunque no hace falta que vengan viajeros de otras galaxias para constatar esta estupidez: hace muchos años que los ricos de nuestro planeta consideran que tanto trabajar como pagar a Hacienda son cosas de mal gusto.

En España, el gobierno de Mariano Rajoy saneó los activos inmobiliarios podridos de la banca a través de diversos mecanismos, al tiempo que  solicitó de la Unión Europea un plan de rescate para pagar los platos rotos por los directivos financieros, entre los que destaca uno de los más ilustres chorizos nacionales, Rodrigo Rato, responsable de situar al borde de la bancarrota a Bankia. El 9 de junio de 2012 el ministro de Economía
Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido de la UE un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizó para sanear el sistema financiero español a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Conforme a la lógica de la idiotez establecida, ese rescate, lo hemos pagado los contribuyentes por medio de impuestos, recortes en los salarios, pensiones, prestaciones sociales y
aumento de la Deuda Pública, lo que implica tener que seguir pagando en el futuro.

Esta crisis ha sido muy distinta de las anteriores crisis capitalistas, episodios que los teóricos del sistema consideran renovadoras. Como Joseph Schumpeter, que en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942) expresa su opinión de que la esencia del capitalismo es el proceso de ‘destrucción creativa'. Considera así el ciclo perpetuo de destrucción de productos o servicios viejos y menos eficientes y su sustitución por otros nuevos y más eficientes. Y que por tanto había que evitar intervenir en el libre juego del mercado.

En los primeros momentos de pánico tras la caída de Lehman Brothers, las élites dirigentes prometieron  tomar nota de los errores para enmendarlos. El presidente francés, Sarkozy, llegó a decir que ‘había que refundar el capitalismo'. Sin embargo, diez años después, la evidencia demuestra que aquí no se ha renovado prácticamente nada. En el libro 10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas, varios especialistas de ATTAC coinciden en señalar que la Gran Recesión todavía no ha acabado, aunque el mundo haya vuelto a una etapa de crecimiento económico y de reducción de las tasas de paro. El principal problema consiste en que las finanzas siguen sin estar sometidas a la vigilancia de organismos reguladores encargados de que se cumplan las reglas de juego.

Protesta de ATTAC ante el Banco de España  simbolizando a las víctimas de los crímenes financieros" provocados por la crisis.

A diferencia de la Gran Depresión de 1929, donde algunos banqueros y especuladores llegaron a lanzarse por las ventanas de los rascacielos neoyorkinos, el balance de la Gran Recesión de 2008 arroja un buen resultado para los banqueros de las entidades quebradas, que a título particular se han llevado suculentas indemnizaciones. El dinero público ha servido para premiar conductas auténticamente criminales.

Porque los grandes efectos negativos de la crisis hay que buscarlos en su tremendo impacto social a través de la precarización de la vida y los mercados de trabajo y la desigualdad. Esta crisis ha devorado las esperanzas de futuro de toda una generación, la generación más joven, convencida de que está condenada a vivir en unas condiciones y expectativas peores que las de sus progenitores.

Es decir, las que tenían los grupos de generaciones anteriores hasta ese momento. Ya que en su mayoría han visto también interrumpidas sus expectativas al verse arrojados al desempleo estructural, obligados a aceptar recortes de salarios y empleos de peor calidad  justo en la edad en que veían aproximarse su jubilación, con un tremendo perjuicio en sus carreras de cotización. Pues se ha convertido en un lugar común afirmar que los menos perjudicados por la crisis han sido los pensionistas. Olvidando que en España la mitad de las pensiones se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Un 27% de las pensiones se sitúa por debajo de los 600 euros. Un 23% se encuentra entre los 600 y 700 euros.


¿Acaso el tamaño de estos colectivos sociales no era lo suficientemente grande para aplicarles el criterio too big to fall y evitar dejarlos caer en la miseria y en la desesperación?

Las expectativas de millones de personas han sido devoradas en vida por la acción delincuencial de los banqueros. Moderna denominación destinada a proporcionar prestigio social a un oficio que desde sus orígenes era conocido como el de los usureros. Y cuyas prácticas fueron consideradas peores que las de los caníbales por Jean de Léry:

"Si se considera seriamente lo que hacen nuestros grandes usureros (que chupan la sangre y la médula, y, por consiguiente, se comen vivos a tantas viudas, huérfanos y otras pobres personas a las que mejor sería cortarles el cuello de una sola vez antes que hacerlas languidecer así), se dirá que son todavía más crueles que los salvajes de los que hablo".


Léry fue un viajero del siglo XVIII que había conocido de primera mano la antropofagia ritual practicada por algunas tribus de las selvas amazónicas.  

Je pourrois encore amener quelques autres semblables exemples, touchant la cruauté des sauvages envers leurs ennemis, n'estoit qu'il me semble que ce que j'en ay dit est assez pour faire avoir horreur, et dresser à chacun les cheveux en la teste. Neantmoins à fin que ceux qui liront ces choses tant horribles, exercées journellement entre ces nations barbares de la terre du Bresil, pensent aussi un peu de pres à ce qui se fait par deçà parmi nous: je diray en premier lieu sur ceste matiere, que si on considere à bon escient ce que font nos gros usuriers (sucçans le sang et la moëlle, et par consequent mangeans tous en vie, tant de vefves, orphelins et autres pauvres personnes auxquels il vaudroit mieux couper la gorge tout d'un coup, que de les faire ainsi languir) qu'on dira qu'ils sont encores plus cruels que les sauvages dont je parle.


                   Jean de Léry: Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil.





domingo, 15 de julio de 2018

Subsidio mayores de 55 años: el Constitucional tumba una de las mayores canalladas del Gobierno Rajoy


Año 2013. En plena crisis económica, al tiempo que muchos cargos políticos del Partido Popular se entregaban a la innoble tarea de robar a manos llenas las arcas públicas, el Gobierno de M punto Rajoy escribió uno de los capítulos más canallescos de la historia social contemporánea de España: el ardid legislativo mediante el cual se desposeyó a miles de personas en paro mayores de 55 años del derecho a recibir una prestación mínima por desempleo. Con el consiguiente empobrecimiento para el resto de su vida como pensionistas.

Cinco años más tarde, el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional y nula una de las medidas más canallescas tomadas por el Gobierno del corrupto Partido Popular: el cómputo de rentas familiares a la hora de acceder al subsidio por desempleo para mayores de 55 años. 

Gürtel, Púnica, Lezo... robaban a manos llenas mientras Rajoy, desde el Gobierno, agredía a los colectivos más vulnerables.

En 2013, el Gobierno de M punto Rajoy aprobó, por vía de urgencia, un Real Decreto de medidas "para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". Bajo ese nombre se escondía, entre otras cosas, un endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio por desempleo a los mayores de 55 años. Edad que, previamente, ese nefasto Gobierno, había modificado; hasta entonces el derecho se obtenía a los 52 años.

Los detalles de esta medida fueron comentados en este blog, el 22 de abril de 2013, en la entrada que se reproduce a continuación:



Hace tiempo que los expertos del ministerio antes llamado de Trabajo y ahora de Empleo, saben que la tasa de empleabilidad de los trabajadores mayores de 50 años, una vez despedidos de sus empleos, es prácticamente nula.

De hecho, por Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, se creó una figura especial: el subsidio para mayores de 52 años. Una ayuda que perciben las personas en paro de más edad que se han quedado sin otras prestaciones, y dura hasta que llega el momento de la jubilación. Su cuantía no es muy elevada: 426 eur x 12 pagas mensuales.

Hasta 2003, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. Sin embargo, al desvincularse del mismo, quedó fijado en el 80% del IPREM. Una modificación que contó con la desdichada colaboración de los principales sindicatos: Comisiones Obreras, por acción, y Unión General de Trabajadores, por inacción. En un artículo anterior, ya expliqué esta alquimia miserabilista.

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años estaba concebido como una prestación de último recurso para las personas que se han quedado sin posibilidades de reengancharse al mercado laboral al final de su carrera. La última red de protección social para desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial ya que los requisitos para obtenerla son muy estrictos y exigen haber cotizado al sistema de Seguridad Social.

El pasado verano, el Gobierno de Rajoy ya endureció el acceso a este subsidio, aumentando la edad mínima para percibirlo, de 52 a 55 años. Con el nuevo decreto, ya no bastará, como sucedía hasta ahora, que el parado no supere unos ingresos por otras vías superiores a 483,98 euros al mes. A partir de la nueva medida, en el cómputo se incluye también el núcleo familiar del parado: cónyuge e hijos menores de 26 años. Si la suma de todos sus ingresos, dividida por el número de miembros de ese núcleo, arroja un cociente superior a esos 483,98 euros, la persona en paro no podrá acceder al subsidio.

Esto significa que una persona que tenga la desgracia de quedarse en paro a los 55 años, y su cónyuge tenga un empleo mileurista se verá privada del acceso al subsidio. El Gobierno del Partido Popular establece así la pobreza por Decreto-Ley, ya que el ingreso per cápita en ese hogar quedará por debajo del umbral de pobreza definido por el Instituto Nacional de Estadística.


Con la frivolidad que caracteriza a los miembros del gabinete Rajoy, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que el 80% de los nuevos beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 55 años no tendrán problemas para cobrarlo porque cumplirán los nuevos requisitos de renta fijados por el Gobierno. O sea, que pertenecerán a hogares cuya renta total, en caso de una pareja, no supere los 967,96 euros mensuales.


Esta frivolidad de la ministra raya en la obscenidad política cuando todos sabemos los elevados salarios que se autoadjudican los cargos políticos del Partido Popular. Sin ir más lejos —y al margen de los manejos de Luis Bárcenas que investiga el juzgado— compárese el salario de 200.000 euros anuales que pagaba el PP a su tesorero con esta última medida miserabilista de recorte del subsidio. Una modestísima ayuda que para muchísimas personas constituía, hasta hace poco, la última esperanza de subsistencia.

En su día, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista interpusieron Recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto-ley 5/2013. Recurso que el Tribunal Constitucional ha apreciado parcialmente en su Sentencia 61/2018, de 7 de julio de 2018 declarando nulo e inconstitucional el cómputo de rentas familiares entre los requitos para acceder al subsidio por desempleo.

La tercera agresión a los mayores en paro consistió en establecer la edad forzosa de jubilación a los 61 años para los perceptores del subsidio, cuando hasta entonces se podía percibir la prestación hasta los 65. Este cambio tuvo efectos devastadores para miles de personas ya que, hasta entonces, el cobro de la prestación estaba asociado a una cotización mínima a la Seguridad Social. La obligación de jubilarse cuatro años antes de la edad normal, implicó el correspondiente recorte en la cuantía de la pensión (8% por año anticipado). De manera que, en muchos casos, los condenó a la pobreza por decreto por el resto de su vida.

Esta forma canallesca de actuación política del Partido Popular explica, en parte, la desoladora noticia de que en España se ha superado la barrera del millón de mayores de 65 años que sobreviven bajo el umbral de la pobreza, es decir, que sus ingresos se sitúan por debajo de los niveles mínimos de subsistencia.

El dato, según el diario Público, figura en una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer "el número de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza" desde 2014. La contestación refleja cómo entre 2014 y 2016 esa cifra pasó de 928.530 a 1.090.774, un aumento de 162.244 que revela una escalofriante cadencia de 1.560 casos semanales.

Con una ostensible demora de cinco años, que contrasta con otras decisiones en las que esta alta magistratura actúa en cuestión casi de horas, el Tribunal Constitucional ha tumbado la legalidad del cómputo de rentas familiares en la concesión del subsidio a un colectivo tan sensible como es el de los mayores en paro. Es una buena noticia para los desempleados actuales, pero la sentencia no tiene efectos retroactivos, por lo que la única manera de resarcir a todos esos pensionistas cuya vida y derechos fueron vulnerados por las políticas del Partido Popular sólo podría llegar por la vía de una subida de la pensión mínima. Es decir, lo que desde este blog venimos defendiendo desde hace tiempo: un pacto de Estado que equipare las pensiones mínimas contributivas y de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional.





jueves, 21 de junio de 2018

'Bomba demográfica'. La evidencia estadística invita a realizar una seria reflexión sobre nuestro modelo socioeconómico.

Nunca se habían registrado tantos fallecimientos en España como los que avanzan los datos publicados por el INE. Por contra, los nacimientos están en el nivel más bajo desde 1996. Una ‘bomba demográfica' que los enemigos del sistema público de pensiones utilizan para declarar su inviabilidad. Sin embargo, las pensiones no serían más que una parte del problema. Urge realizar una seria reflexión sobre el conjunto de nuestro modelo socioeconómico. 

Algo falla en la lógica del argumento demográfico con el que algunos agoreros, atentos a la voz de su amo, pronostican la quiebra del sistema público de pensiones en 2040. ¿Por qué solo ven problema en las pensiones? Ante la hipótesis de un acusado envejecimiento de la población en esa fecha, el pago de pensiones sería un problema secundario frente al colapso generalizado que originaría la escasez de trabajadores jóvenes. No se podrían atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Ni cubrir la plantilla de los cuerpos militares y policiales encargados del orden público y la defensa nacional. ¿Quién trabajaría en la agricultura, la industria, el comercio y los medios de transporte? 

Reproduzco a continuación el artículo ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe publicado en este blog hace casi ocho años, el 19 de noviembre de 2010. En líneas generales, tanto su argumentación como la expuesta en el libro del mismo título que introduce, siguen teniendo plena vigencia. Algo ha cambiado, sí. Y es la movilización de los pensionistas contra el brutal recorte de sus pagas, que hace que incluso la portada del libro cobre plena actualidad.

Portada del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe. Ediciones Viejo Topo.


¿Será posible mantener la red estatal de carreteras en 2040? Nadie parece preocuparse hoy por esa cuestión, de crucial importancia en la actividad de un país. Sin embargo, agoreros de distinto signo, pelaje y condición insisten en anunciar para esa fecha el colapso del sistema público de pensiones.

Según los apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandos macroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas. Haciendo caso omiso del resto de indicadores.

Porque si, tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2040, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados. Es más, al estrecharse la franja de población activa contribuyente, será difícil acudir con fondos públicos al salvamento de bancos en quiebra, como acaban de hacer los Estados. Por lo que, en 2040, las entidades financieras que incurran en manejos delicuenciales de la misma índole que los usados para desencadenar la actual crisis quedarán a merced del libre juego del mercado.

Y esto no es lo más grave. Si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.

Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.

Si los servicios de estudios económicos pagados por la banca no temen que se interrumpa el funcionamiento del sistema productivo en 2040 es porque, mientras nos intentan colar el cuento de la buena pipa, de puertas adentro hacen otras cuentas. Balances que integran el valor de los incrementos de productividad proporcionados por el continuo avance tecnológico. De hecho, el censo de población empleada disminuye no sólo por causas demográficas. Gran parte del desempleo estructural procede de sustituir mano de obra por dispositivos mecánicos electrónicos. Por ejemplo, los cajeros automáticos de las oficinas bancarias.

Lo malo es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Frente a esto, otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.

Estos curiosos convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.

A raíz de la penúltima crisis del capitalismo que estamos viviendo, los gobiernos han movilizado ingentes cantidades de dinero del contribuyente para acudir en socorro de los bancos en apuros. Y para colmo de males, con el fin de calmar el pánico inversor (temeroso caballero es Don Dinero) y evitar que cayeran las bolsas de valores, el Gobierno de España ha decretado severos recortes en la paga de los pensionistas.

Los bancos siguen ganando dinero a espuertas porque los ciudadanos soportamos a diario un impuesto en la sombra al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago con tarjeta de la cesta de la compra en el supermercado.

Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera. Para prevenir la crisis de las pensiones, que presuntamente ocurrirá en 2040, nada mejor que obligar a la banca, aquí y ahora, a pagar lo que debe.

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.

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 De todo esto hablaremos hoy en Las Rozas

domingo, 27 de mayo de 2018

El daño moral, social y económico infligido por el Partido Popular a la ciudadanía española exige una reparación inmediata

Si España fuese una república, el Presidente, apenas conocida la sentencia de la Gürtel, no habría tardado ni un minuto en llamar al Primer Ministro del Gobierno para exigirle su inmediata dimisión y la disolución del equipo gubernamental. En el régimen de monarquía parlamentaria, al menos habría sido de agradecer que el Rey, en su calidad de Jefe del Estado, hubiera hecho lo propio con M punto Rajoy. En su defecto, no queda otro recurso que utilizar la vía del Parlamento para llevar a cabo una medida urgente de higiene democrática: expulsar del Gobierno de la Nación a los miembros del Partido Popular, contaminado hasta la médula por la corrupción que infecta todo lo que toca.

La sentencia judicial sobre la primera etapa del caso Gurtel es demoledora: constata la existencia de una contabilidad paralela en el PP durante décadas, y determina que el testimonio en sede judicial del propio presidente del Gobierno no tiene "credibilidad". Una situación políticamente insoportable. Pero España no es una República ni el Rey acostumbra a salir de su bien remunerado far niente, por lo que corresponde al resto de las fuerzas políticas ponerse de acuerdo para echar del Gobierno cuanto antes al corrupto Partido Popular por la única vía restante: la moción de censura en el Parlamento.

Por supuesto, todo este "lío" —en la terminología de M punto Rajoy— se habría evitado si él mismo hubiera tenido el decoro de dimitir motu proprio. Algo impensable en el proceder del líder del Partido Popular que, a fuer de cínico, alcanza el cénit del absurdo al referirse a la trama Gürtel como '14 o 15 casos aislados'. ¿Cuál es el umbral numérico que marca la diferencia entre los 'casos aislados' y la banda organizada de delincuentes?

Un sistema (del griego sýstema 'reunión, conjunto, agregado') es un conjunto de componentes que se relacionan con al menos algún otro componente material o conceptual. El fallo de la Audiencia se refiere a la trama Gürtel como un sistema de corrupción institucional.

Los jueces consideran probado que las empresas de Francisco Correa y el PP crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local". Manipulación llevada a cabo gracias a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.

Esos cargos tenían posibilidades de "influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".

Las empresas de la trama corrupta gozaban de "un arbitrario trato de favor en la contratación pública", continúa la sentencia. Inflaban los precios de las adjudicaciones o cobraban comisiones cuando las adjudicatarias eran terceras empresas. Ese dinero se repartía luego entre los cabecillas de la trama y los cargos públicos. Estos últimos, además de dinero líquido, recibían "otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".


Y la cosa no acaba aquí. Porque la Gürtel sólo es una de las ramas del sistema de corrupción instalado como un parásito en la Administración del Estado en manos del Partido Popular. Que se ha superpuesto a lo que debería ser el sistema normal de gobierno del país. Otras piezas judiciales separadas siguen su curso e irán dando cuenta de otras  irregularidades en la Comunidad Valenciana, en la de Madrid y en numerosos Ayuntamientos. Personajes tan relevantes en la estructura del PP como Jaume Matas, Ignacio González, Francisco Granados o el más reciente, Eduardo Zaplana, han ido a dar con sus huesos en prisión. Sin olvidar a Rodrigo Rato, pendiente también de la justicia.

Esta conducta del Partido Popular, apestando la vida política española, coincide con los tremendos recortes presupuestarios que ha aplicado en las partidas de protección social. Coincide con el rescate de la gran banca española, que se ha embolsado 50.000 millones en intereses de la deuda pública triplicada por M punto Rajoy y 42.000 millones del rescate bancario pagados con cargo al contribuyente. Coincide con las reformas de la legislación laboral que han precarizado las condiciones de empleo de la población joven. Coincide con la agresión sin precedentes llevada a cabo contra los pensionistas.

En consecuencia, el daño moral, la devastación social y económica infligida por el Partido Popular a la ciudadanía española exige una reparación urgente. Se impone echar —sí, echar es la palabra adecuada— al Gobierno de M punto Rajoy y sustituirlo por un Gobierno de Emergencia que lleve a cabo una serie de tareas de higiene democrática. Entre ellas y de forma inmediata: la derogación de la ley mordaza, la reforma de pensiones de 2013 perpetrada por el PP y las leyes de reforma del mercado laboral.


El siguiente paso consistiría en abordar una agenda social que articulara una serie de medidas encaminadas a indemnizar económicamente a las víctimas de las políticas socialmente devastadoras aplicadas por el Partido Popular. Medidas que tendrían que contemplarse en el Presupuesto de 2019.

El primer acto, echar a M punto Rajoy, ha sido puesto en marcha por Pedro Sánchez a través del mecanismo de la moción de censura al Gobierno. El secretario general del PSOE sigue así el procedimiento previsto por la Constitución Española:

Artículo 113
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
 

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Al vocerío político y mediático de la derecha española le ha faltado tiempo para salir en tromba atacando la iniciativa de Pedro Sánchez. En concreto, la derecha naranja del partido Ciudadanos pide retirar la moción de censura y convocar nuevas elecciones.

Entrar en un periodo electoral no haría más que aumentar la inestabilidad pudriendo, aún más si cabe, la situación. Porque el primer efecto indeseable sería mantener durante ese tiempo a M punto Rajoy al frente del Gobierno como presidente en funciones. Oficio que ya ha desempeñado tras la fallida convocatoria electoral en la que los intereses partidistas de las distintas formaciones políticas impidieron un acuerdo. Un panorama absolutamente indeseable porque conjugaría la inactividad gubernamental con la actividad destructora de pruebas, V.g.: ordenadores a martillazos, marca de la casa Génova.

Por el contrario, si triunfa la moción de censura, el relevo es inmediato, ya que el nuevo presidente ni siquiera debe presentarse a un debate de investidura

Artículo 114
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara

 

Es el momento, no sólo de Pedro Sánchez, sino del conjunto de la oposición, para poner en práctica una actitud y un talento políticos a la altura de las circunstancias. Quién sabe, a lo mejor, esta vez hasta son capaces de actuar pensando en las necesidades del conjunto de la ciudadanía española.





miércoles, 16 de mayo de 2018

Matanza en la Franja de Gaza

La reciente matanza indiscriminada de civiles palestinos a manos del ejército israelí en la valla de separación de la Franja de Gaza constituye un nuevo episodio de la Historia General de la Infamia. Que se produce ante la indiferencia general de la opinión pública europea que no exige a sus dirigentes una condena rotunda de esta sangrienta realidad.

La Franja de Gaza fue escenario el pasado lunes de una jornada mucho más sangrienta aún, si cabe, en su triste historia. La marcha de protesta de decenas de miles de palestinos en el límite de la Franja con Israel contra el traslado de la Embajada de EE UU a Jerusalén se saldó con una auténtica matanza de civiles. Al menos 60 manifestantes perdieron la vida bajo las balas del ejército israelí, cuyos disparos  causaron asimismo más de un millar de heridos.

Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó de "inaceptable e inhumana" la muerte a tiros de 60 manifestantes palestinos: "Es insoportable ser testigo de tanta gente asesinada en tan poco tiempo", señaló en un comunicado la representante de MSF en Gaza, Marie-Elisabeth Ingres. "Nuestros equipos están trabajando sin descanso, operando a hombres, mujeres y niños. En uno de nuestros hospitales, la caótica situación es comparable a lo que observamos tras los bombardeos de la guerra de 2014, con un flujo masivo en muy pocas horas", agregó Ingres.

No se puede ocultar que algunos de los manifestantes expresaron su ira y su frustración con actitudes violentas. Pero la realidad es que es la diferencia de fuerzas es abrumadora: los gazatíes tienen piedras, neumáticos incendiados y precarios cócteles molotov mientras que los israelíes se enfrentan a ellos con un poderoso ejercito.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el martes que Israel mata de una forma que "parece indiscriminada" y recordó que querer saltar o dañar una valla fronteriza (la de Gaza) no justifica el uso de munición letal.

Matanza es el término que mejor define la acción de Israel en este sangriento episodio. Una matanza ante la que las palabras de condena suenan huecas a fuerza de haber sido mil y una veces repetidas en tantos otros sangrientos episodios de la Historia Universal de la Infamia. 


"Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda", advirtió el también asesinado Martin Luther King, líder estadounidense de los derechos civiles. Martin señaló la enorme complicidad del silencio en todos los conflictos. "Llega la hora en que el silencio es traición", "al final, recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos". "No nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados, sino el estremecedor silencio de las buenas personas".

Indiferencia, o tibieza en la calificación de estos hechos sangrientos, patente en la actitud de los dirigentes europeos, —gente que debería ser buena al menos en lo que toca al ejercicio de sus cargos de mandatarios de naciones civilizadas—. Y lo peor no es tanto que estos dirigentes —con la notable excepción de Emmanuel Macrón— no condenen con rotundidad la matanza de Gaza, sino que tampoco haya una opinión pública mayoritaria —una buena ciudadanía—que les exija hacerlo.


En su autobiografía El mundo de ayer, un panegírico a la cultura europea que consideraba para siempre perdida, el escritor Stefan Zweig(*) denunciaba cómo había disminuido la 'conciencia moral del mundo' durante el periodo de entreguerras.

Y es que la conciencia moral del mundo todavía no estaba tan agotada ni desalentada como lo está hoy, aún reaccionaba con vehemencia, con la fuerza de una convicción secular, ante cualquier mentira manifiesta, ante toda violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Una violación de la ley, tal como la invasión de la neutral Bélgica por Alemania  –algo que hoy apenas sería objeto de críticas serias, desde que Hitler ha convertido la mentira en una cosa natural y ha elevado a la categoría de ley todo acto antihumano– en aquellos días todavía era capaz de sublevar al mundo de un extremo a otro. El fusilamiento de la enfermera Cavell y el torpedeamiento del Lusitania fueron más nefastos para Alemania –debido a un estallido de indignación ética universal– que una batalla perdida. 


La manifestación del lunes fue la última de una serie de protestas organizadas desde el 30 de marzo de 2018 para conmemorar los 70 años de la expulsión de más de 750.000 personas palestinas de sus hogares en 1948. Estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por las fuerzas israelíes. Hasta la fecha, más de 100 personas palestinas han sido asesinadas y otras 12.271 han resultado heridas, incluidos 100 menores de edad. Además, el personal médico y las instalaciones también han sido blanco de fuego, lo que ha provocado lesiones a 211 miembros del personal médico y daños a 25 ambulancias, según la OMS.

Escribo estas líneas para no contribuir a la iniquidad con mi silencio. Aunque me gustaría saber dónde reside hoy esa conciencia moral capaz de producir un estallido de indignación ética ante los crímenes de toda índole que se producen en el mundo.


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(*) Desesperados ante el futuro de Europa y su cultura, pues creían que el nacionalsocialismo se extendería a todo el planeta, Zweig y su esposa se suicidaron el 22 de febrero de 1942 en Petrópolis (Brasil). En su despedida, Zweig había escrito: «Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal el bien más preciado sobre la Tierra».