domingo, 5 de julio de 2015

Είμαστε όλοι Ελλάδα: Todos somos Grecia

Una corriente común de indignación y hartazgo ciudadano une las plazas Sintagma y Puerta del Sol. En nombre de la dignidad, hoy todos somos Grecia. Mañana, todos debemos acudir al rescate de esa Europa raptada por un directorio que no representa la voluntad de los pueblos europeos. Y mucho menos, con leyes mordaza que pretenden silenciar las protestas contra el abuso.


Las antiguas leyes griegas eran encabezadas por la cláusula édoxè té boulè kai to démo (“le ha parecido bueno al Consejo y al pueblo”). Las leyes regulan no tanto “lo que es bueno” en sentido absoluto, sino aquello que “parece bueno” en un momento dado. Fórmula que lleva implícito el reconocimiento de la transitoriedad de cualquier medida. Y no existe constancia de que las medidas de austeridad dictadas por esas élites que, para resumir, se conocen como la Troika le hayan parecido buenas ni al pueblo griego ni tampoco al resto de habitantes de países como España, donde tampoco la gente que sufre en sus carnes los efectos de los recortes, ha sido consultada.

Pues la gente del común, es decir, el pueblo, todavía estamos esperando que se convoque un plebiscito para decidir si, en nombre de una teoría acuñada en gabinetes ideológicos,  queremos vivir sin sanidad, sin educación o sin pensiones públicas. Puede que haya épocas en las que el pueblo se olvida de ejercer la soberanía que le corresponde y deja de controlar a los gobernantes, pero ningún pueblo es tan estúpido como para votar a favor de pasar calamidades. 


Para colmo, esas medidas de austeridad que están arruinando al sur de Europa, en el caso de Grecia han demostrado ser absolutamente inútiles. Varios economistas de prestigio, y el propio FMI han acabado por reconocer que el país no podrá pagar su enorme deuda y está abocado, más tarde o más temprano, a una quita de la misma.  

Hoy, con independencia del resultado del referendum al que están convocados, al acudir a las urnas contrariando las admoniciones del Directorio europeo, los griegos tendrán la oportunidad de hacer oir su voz en nombre de la democracia cuyos fundamentos fueron sentados en la Grecia antigua. 

Votar 'no' es una cuestión de orgullo, ha dicho Tsipras. Pero el mismo hecho de votar, de poner en cuestión las decisiones de la Troika tiene un sentido en sí mismo. Desde que comenzó la crisis bancaria en 2008, el abuso, el saqueo y la extorsión por parte del poder financiero y los gobernantes vendidos a él han ido demasiado lejos y, siguiendo el dictum de otro griego,  Heráclito de Éfeso: "Si el Sol rebasara sus límites, las Erinias, servidoras de la Justicia, se encargarían de devolverlos a sus justos límites".

El levantamiento cívico en Grecia tiene sus propias causas, pero se incardina en el movimiento de hartazgo popular que aquí, en España, ya ha empezado a apear alcaldes y gobiernos autonómicos del poder. Una corriente de indignación, de hartazgo, une las plazas Sintagma y puerta del Sol. Hoy todos somos Grecia. A partir de mañana, todos debemos acudir al rescate de esa Europa raptada por un directorio que no representa la voluntad de los pueblos europeos.





En España, el Partido Popular y su Gobierno deben ir tomando nota de que no van a silenciar la voz de la ciudadanía con su Ley Mordaza. Contra ella, mantengo en su integridad lo ya escrito en su día.


sábado, 27 de junio de 2015

Toca ya hablar en favor de las pensiones. Si no, otros lo harán en contra

  Al compás de los aires puritanos de corrección política que recorren la vida política nacional, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, debería ser cesado de su cargo por ofender la dignidad de millones de españoles, sobre todo los jóvenes, con su insultante propuesta de que ahorren porque no tendrán pensiones dignas. 


¿Estamos gobernados por idiotas? La sensación generalizada entre la mayoría de la población es que sus condiciones y expectativas de vida empeoran día a día mientras los gobernantes actúan como pollo sin cabeza en materia económica y social. En manos de idiotas, títula Antón Losada un reciente artículo.  
Veamos la prueba del algodón: el gobernador del Banco de España, Luis Linde, enuncia, a la vez, dos principios contradictorios entre sí. Por un lado, defiende la moderación salarial (como si durante los últimos años los salarios hubieran estado desbocados) y, por otro, aconseja a la población joven que ahorre para el futuro porque su pensión será muy baja. Dice Linde que hay que:"hacer entender a los jóvenes que tienen que ahorrar, porque la pensión media será cada vez menor de forma inevitable, debido al declive demográfico."

No hace falta tener muchos diplomas en economía para deducir que nuestro sistema público de pensiones atraviesa un momento difícil. Su capacidad recaudatoria se encuentra muy mermada ante una estructura laboral donde predominan los bajos salarios y crecen, cuasi exponencialmente, los trabajadores precarios.

En ningún otro país —al menos de la OCDE— el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado tanto como en España. Hay muchos trabajadores que se darían con un canto en los dientes si pudieran ver a final de mes un sueldo mileurista. Porque la precariedad de la mayoría de los contratos es tal que ni siquiera ofrecen los 648 euros mensuales del Salario Mínimo Profesional fijado para 2015. Y no es que los empleadores incumplan la ley. Al revés, las leyes han sido tan retorcidas por las sucesivas reformas laborales que permiten que se celebren contratos de trabajo a tiempo parcial. Parcialísimo, pues hay contratos de tan sólo días, incluso de horas.

Cuando Linde propone que la gente ahorre para la vejez ¿lo dice en serio o jarto de vino? ¿Cómo se ahorra cuando no se tiene ni siquiera para vivir el día presente? Esto no es un análisis técnico, sino un posicionamiento ideológico en contra del sistema público de la Seguridad Social y a favor de la banca privada. Si no hay dinero para cotizaciónes ¿de dónde saldría el de los pagos a un fondo privado?

Finalizado ya el proceso de renovación de ayuntamientos y gobiernos autónomos, se hace necesario que las formaciones políticas progresistas, sobre todo las emergentes, expliquen en sus programas qué piensan hacer en materia de pensiones. Porque, si no lo hacen, si no reaccionamos el conjunto de la ciudadanía, serán otros los que ganen la batalla ideológica que pretende convencernos, una vez más, que no hay futuro para los jóvenes.

Y para ello cuentan con propagandistas dispuestos a llegar a los más altos niveles de idiotez moral. Porque este Linde, paladín de la moderación salarial para los demás, es el mismo Linde que se subió el sueldo un 5,8%, percibiendo en 2014 un salario bruto de 176.060 euros.





sábado, 6 de junio de 2015

Rentas mínimas: esperando a Godot para solucionar la pobreza.

Desde las Leyes de Pobres de la Inglaterra del siglo XVII hasta hoy, el hecho de que cada cierto tiempo reaparezca de manera recurrente la propuesta de crear rentas mínimas es un signo inequívoco de su ineficacia política y social. Ha llegado la hora de poner fin a esa interminable espera a Godot que supone pretender solucionar la pobreza de la gente con rentas mínimas y condicionales de inserción.

CCOO y UGT han propuesto una Iniciativa Legislativa Popular para reclamar la creación de una Prestación de Ingresos Mínimos que asegure unos recursos económicos básicos a todas las personas residentes legales en España, en edad laboral, que queriendo trabajar no pueden hacerlo, que hoy no tienen prestaciones de desempleo y carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad. Una prestación, por cierto, cuya cuantía sería inferior al umbral de pobreza señalado por el Instituto Nacional de Estadística. Este artículo es la aportación del autor al debate abierto en el diario Público a propósito de esa iniciativa sindical.  

Tras las primeras Leyes de Pobres (Poor Laws) promulgadas a comienzos del siglo XVII con el propósito de facilitar auxilio a los pobres de Inglaterra, en 1795 entró en vigor la denominada ley de Speenhamland, reguladora de un sistema de socorros que vino a reforzar poderosamente el sistema paternalista de la organización del trabajo legado por los Tudor y los Estuardo. En un episodio que se ha hecho célebre en la historia de la protección social, los magistrados de Berkshire, reunidos el 6 de mayo de 1795, época de gran escasez, en la posada del Pelícano, en Speenhamland, cerca de Newbury, decidieron que era necesario conceder subsidios complementarios de acuerdo con un baremo establecido a partir del precio del pan, si bien era también necesario asegurar a los pobres unos ingresos mínimos independientemente de sus ganancias.
 
Pero este derecho a la existencia de los pobres entraba en contradicción con los principios del naciente capitalismo: impedía eficazmente la formación de un mercado concurrencial del trabajo e incrementaba las partidas destinadas a la concesión de ayudas públicas. Todo ello dio lugar a una reacción conservadora que alumbró la nueva Ley de Pobres de 1834, basada en la áspera filosofía que considera la pobreza entre personas físicamente capacitadas como una debilidad moral. En consecuencia, la nueva ley dejó de suministrar ayudas a los pobres robustos, a los que se les enviaba a la workhouse (*) con el objetivo de estimularlos a buscarse un empleo regular en lugar de pedir caridad. La nueva reglamentación prohibía a los pobres residir en sus propios hogares, de manera que todo el que aspirase a recibir una ayuda debía obligatoriamente residir en la workhouse, cuyo régimen, diseñado con científica crueldad, era deliberadamente duro y degradante con vistas a disuadir a los pobres de solicitar la ayuda parroquial.

En palabras del historiador Karl Polanyi: “Fue así como la humanidad se vio forzada a seguir el rumbo de un experimento utópico. Muy posiblemente no se perpetró en la época moderna un acto tan implacable de reforma social. Al pretender simplemente establecer un criterio de indigencia auténtica con la prueba de fuego de las workhouses, multitudes de vidas se vieron aplastadas. Benéficos filántropos promovieron fríamente la tortura psicológica y la pusieron dulcemente en práctica, ya que la consideraban un medio para engra-sar los engranajes del molino del trabajo”. 

El sistema de workhouses se mantuvo hasta finales del siglo XIX. En el siglo XX, el fenómeno del desempleo industrial demostró que la pobreza era una cuestión que implicaba aspectos mucho más complejos que el simplismo moralizante. Paulatinamente, las legislaciones sociales de los años 1930 y 40 fueron reemplazando las prestaciones de las Leyes de Pobres por sistemas públicos de protección social.

No obstante, en la práctica, estos sistemas públicos han heredado la tradición de sospecha hacia la persona solicitante de una ayuda social. La leyenda negra tejida en torno a quienes malviven con estas rentas sugiere que los perceptores prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua. Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se “enganchan” a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed  traps).

Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.(**)

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.

Si a una persona que percibe un subsidio de 55 se le ofrece un salario de 100, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 90, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital. Ante el dilema, la opción más frecuente suele ajustarse al principio de “más vale pájaro en mano”. Optar por la ayuda oficial asegura al menos cierta continuidad en la obtención de un ingreso.

Un problema adicional surge desde el momento en que las ayudas nunca son individuales, sino que, por regla general, el test de recursos se aplica sobre el ingreso conjunto del grupo familiar. En este caso, la condicionalidad también desalienta la aceptación de empleos de tiempo parcial o temporales por parte de uno u ambos miembros del grupo, para evitar superar el tope por encima del cual se verían privados del subsidio.

En cualquier caso, a estos problemas ‘funcionales’ de las rentas condicionales, hay que añadir que se trata de una medida doblemente coyuntural, ligada a la circunstancia económica y a la relación de fuerzas políticas. Un gobierno progresista toma la decisión de implementar una renta mínima condicional –por lo general, insuficiente en cuantía y cobertura– que dura hasta llegada del siguiente gobierno conservador, que la elimina o endurece las condiciones de acceso. Tenemos un ejemplo reciente en el antiguo subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

En definitiva, desde la promulgación de las Poor Laws hasta hoy, el hecho de que cada cierto tiempo reaparezca de manera tema recurrente la propuesta de crear rentas mínimas es una signo inequívoco de su ineficacia política y social. Ello, unido al fenómeno comprobado de que, por circunstancias tecnológicas y socioeconómicas, el volumen global de empleo disponible en el sistema productivo de un país es decreciente, significa que ha llegado la hora de poner fin a esa interminable espera a Godot que se traduce en la repetició del intento de solucionar la pobreza de la gente con rentas mínimas y condicionales de inserción.

Ello implica asumir la idea de garantizar a toda la ciudadanía el acceso a un ingreso mínimo concebido no como una ayuda condicional, sino como un derecho cuya legitimidad, eficacia y operatividad sea equivalente a la del sufragio. 


__________
(*) WORKHOUSE: (Voz ingl., casa de trabajo). Institución creada en Inglaterra, en el siglo XVII, para proporcionar empleo a los pobres y sostener a los enfermos e inválidos. Estuvo vigente hasta el siglo XIX. Puede considerarse una especie de prisión para pobres.

(**) Reglamentariamente, la prestación no es incompatible con cualquier trabajo remunerado, sino con el trabajo a tiempo completo o por cuenta propia. También se puede compatibilizar el subsidio con el trabajo a tiempo parcial, cobrándolo en proporción a la jornada trabajada. Aceptando un empleo temporal no se pierde el subsidio, que puede reanudarse tras el cese, siempre que no sea voluntario. Pero si el empleo es de muy corta duración, los trámites y colas que habrá que realizar en las oficinas del Inem para volver a pedir la prestación suelen ser disuasorios. Si a una persona le ofrecen un trabajo de un mes, lo más probable es que prefiera evitarse engorros: trabajará de forma sumergida o no trabajará.



 

lunes, 25 de mayo de 2015

Por fin vuelve a soplar en Madrid un aire fresco

Pese a haber sido el que más votos ha recibido, el Partido Popular ha perdido las oportunidades de gobierno municipal y autonómico en casi todo el país. Junto al hartazgo ciudadano por su rosario de abusos, saqueos y corrupción nauseabunda, ha sido víctima de su propio apoyo a la maquinaria viciada que rige los procesos electorales en España.


El varapalo ha sido generalizado en toda España, pero "pongamos que hablo de Madrid", donde hoy sopla un viento nuevo. Dado que hay analistas políticos para dar y tomar, algunos incluso solventes, descarto la tentación de apuntarme al carro. Prefiero hablar tan sólo como ciudadano, dejando constancia aquí del alivio con el que, al igual que la mayoría de las personas decentes con las que comparto empadronamiento, recibo ese reconfortante soplo de aire fresco que acaba de orear el enrarecido ambiente que, casi un cuarto de siglo de gobierno de la derecha, ha dejado en Madrid.

Especialmente en la capital, donde una nueva victoria de esa derecha, a la vez chulesca y corrupta, representada por la candidata del PP cuyo nombre, destinado al basurero de la historia, conviene ya ir olvidando, habría vuelto el ambiente absolutamente irrespirable. Hice mías las palabras de un amigo que decía que, si tal hipótesis se hubiera cumplido, ya no podría saludar a nadie por la calle. En efecto, la repetición de la aplastante, opresiva mayoría ostentada por el PP, nos habría vuelto a todos sospechos de, al menos, pérdida de cordura.   

Pero hoy, tras la lección cívica aplicada por ese electorado del que formo parte, he salido a calle sin temores, saludando sin prejuicios ni temores a vecinos, comerciantes y conocidos varios. Pues aunque, estadísticamente, algunos de ellos pertenecen al grupo de los que, incomprensiblemente, han seguido votando a favor del abuso, de la corrupción, de la precariedad laboral y la privatización de los servicios públicos, el sentido común mayoritario acaba de poner los medios para echar el freno a estas lacras. 

"Ojalá este domingo regrese la decencia", había dicho
Emilio Lledó, el prestigio filósofo recién galardonado con el Princesa de Asturias. Aunque en mi entorno cercano reinaba cierto pesimismo sobre esta victoria de la ciudadanía decente, en esta ocasión yo albergaba razonables dosis de confianza en que, en esta ocasión, el vuelco sería posible. Porque fue en la madrileña plaza de la Puerta del Sol (Vodafone para el PP) donde, un 15 de mayo, la ciudadanía comenzó a testimoniar su hartazgo y a ensayar nuevas formas de protesta cívica que ha desembocado en esta corrección del rumbo de las cosas. Dando, de paso, una lección a la inoperancia de los partidos clásicos de la izquierda que, desde 1989, han sido incapaces de reconquistar Madrid. 

De manera inteligente, aunando fuerzas progresistas, Ahora Madrid nos puso fácil a muchos elegir una opción de voto. El hecho de formar una coalición era ya de por sí alentador. En lugar de actuar conforme a fórmulas viejunas, como ese adagio de la vieja izquierda de «marcher séparément pour frapper en ensemble», una serie de fuerzas y movimientos ciudadanos comenzaban a «marchar juntos para golpear juntos» contra la opresión, aún respetando las especificidades de cada cual. Y situando en cabeza de lista a Manuela Carmena, una persona con gran prestigio personal.

En su vida profesional, como decana de los juzgados de Madrid, Carmena terminó con la corrupción de no pocos funcionarios que percibían astillas o mordidas con las que engrasaban la corrupta máquina judicial. Modernizó la gestión procesal y organizó la oficina judicial. Puso fin a la opacidad publicando las subastas que desde décadas se consultan en internet y los interesados pueden acudir a pujar o presenciarlas.

Y eso es precisamente lo que en Madrid y en España entera necesitamos: una decidida política en favor de las prioridades sociales, no de los intereses particulares y sus redes de corrupción. De momento, en Madrid todo esto ya es posible, pues (suena a juego de palabras) el PSOE de Carmona está política y estratégicamente obligado a sumarse a Carmena para que sea la nueva alcaldesa de Madrid.  

Cuanto antes, para que ella y su equipo puedan ponerse manos a la obra. El mismo día en que Manuela Carmena fue elegida candidata, Ahora Madrid presentó las cinco medidas más votadas dentro del proceso abierto a toda la ciudadanía para la elaboración de su programa electoral. La formación se comprometió entonces a "implementarlas en los primeros 100 días de gobierno municipal", o lo que es lo mismo, antes de que empiece el otoño el próximo 21 de septiembre. Esas cinco medidas son:
 
"Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional".
 
"Parar la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público".

"Garantizar los suministros básicos (luz y agua) a todos los hogares que no puedan pagarlos".
 
"Garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias municipales y a acciones de prevención y promoción de la salud a todas las personas con independencia de su situación administrativa".
 
"Desarrollar un plan urgente para la inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración".

Pues, eso: a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y disfrutar los nuevos aires frescos que soplan en Madrid.

jueves, 14 de mayo de 2015

El voto al PP: ¿síntoma de ciega e irracional obediencia?

Hay mentiras, verdades a medias y estadísticas (Mark Twain). Las encuestas de opinión forman una rama de la estadística cuyos resultados suelen ser 'cocinados' con el propósito de influir o manipular el ánimo de los votantes. Hay muchos intereses en juego y los grandes poderes fácticos no gastan en balde el dinero invertido en propaganda. La estrategia busca la profecía autocumplida.
 
Las encuestas sobre intención de voto publicadas por lo que otrora se llamó Prensa y Radio del Movimiento, pronostican que, pese a que sufrirá un considerable desgaste, el Partido Popular (PP) será el más votado en las próximas elecciones municipales y autonómicas. 

¿Cómo es esto posible? Más allá de la gente sumida en la pobreza severa, de los casi cinco millones de parados, de los precarios, no hay franja de clase media asalariada que no haya sido perjudicada por las medidas antisociales del Partido Popular. Los recortes en todos los servicios esenciales, sobre todo en sanidad y educación, no han servido para equilibrar la economía y, tras desvalijar la caja de las pensiones, el PP ha aumentado la Deuda Pública situándola en más de un billón de euros, de los cuales 300.000 millones corresponden al mandato de Rajoy. El balance de gestión incluye la destrucción, en esta legislatura, de más de un millón de empleos.

Un evidente signo del Estado del Malestar lo aporta el informe de vulnerabilidad elaborado por Cruz Roja, del que se desprende que dos millones y medio de personas dejan de tomar medicamentos porque, forzados a elegir entre comprar fármacos o alimentos, optan por la comida.

Si a esto se añade la apestosa corrupción que salpica a los principales dirigentes populares, y las leyes mordaza que restringen las libertades políticas y de expresión, resulta incomprensible que una sociedad madura pueda seguir otorgando su confianza a quienes la han defraudado por activa y por pasiva. Sin ir más lejos, en plena campaña sale a la luz la noticia de que el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre pagó en 2011, a través de la sociedad Madrid Network, más de 600.000 euros al antiguo bufete de Cristóbal Montoro, Equipo Económico, y casi 350.000 a una compañía de Manuel Lamela, ex consejero de Transportes de la Comunidad durante el mandato de la condesa de los Altos Techos.

En estas circunstancias, ¿consentirá la ciudadanía madrileña llamada a las urnas volver a encumbrar al poder municipal a una candidata que, además de destrozar la sanidad pública regional, y flotar en un charco de corrupción, se jactó de desobedecer las normas de tráfico?  

Hay mentiras, verdades a medias y estadísticas, según sentencia atribuida a Mark Twain. Las encuestas de opinión forman una rama de la estadística cuyos resultados acostumbran a ser 'cocinados' con el propósito de influir o manipular el ánimo de los votantes. Con esta precaución hay que leer los resultados de esas encuestas que sitúan al PP en el primer lugar del ranking de votos. Ya que anunciando la victoria de Esperanza intentan sumirnos en la desesperanza para convencernos de que no hay nada que hacer, de que todo está perdido y renunciemos a cambiar el curso de las cosas.

Hay muchos intereses en juego y los grandes poderes fácticos no gastan en balde el dinero invertido en propaganda. La estrategia busca la profecía autocumplida. Y si esta nefasta predicción tuviera éxito, aparte de intentar marchar al exilio para no sufrir tanta iniquidad, cabría preguntarse sobre la salud mental de una gran parte del electorado. En este sentido, convendría recuperar un estudio realizado, en los años 60, por el psicólogo Stanley Milgram en la Universidad de Yale. El experimento  desveló que las mayoría de personas corrientes son capaces de hacer mucho daño, si se les obliga a ello.

Milgram quería averiguar con qué facilidad se puede convencer a la gente corriente para que cometan atrocidades como las que cometieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Quería saber hasta dónde puede llegar una persona obedeciendo una órden de hacer daño a otra persona. Puso un anuncio pidiendo voluntarios para un estudio relacionado con la memoria y el aprendizaje.

¡La mayoría de los participantes en el experimento accedieron a dar descargas eléctricas mortales a una víctima si se les obligaba a hacerlo!


                       El experimento de Milgram

Los participantes fueron 40 hombres de entre 20 y 50 años y con distinto tipo de educación, desde sólo la escuela primaria hasta doctorados. El procedimiento era el siguiente: un investigador explica a un participante y a un cómplice (el participante cree en todo momento que es otro voluntario) que van a probar los efectos del castigo en el aprendizaje.

Les dice a ambos que el objetivo es comprobar cuánto castigo es necesario para aprender mejor, y que uno de ellos hará de alumno y el otro de maestro. Les pide que saquen un papelito de una caja para ver qué papel les tocará desempeñar en el experimento. Al cómplice siempre le sale el papel de "alumno" y al participante, el de "maestro".

En otra habitación, se sujeta al "alumno" a una especie de silla eléctrica y se le colocan unos electrodos. Tiene que aprenderse una lista de palabras emparejadas. Después, el "maestro" le irá diciendo palabras y el "alumno" habrá de recordar cuál es la que va asociada. Y, si falla, el "maestro" le da una descarga.

Al principio del estudio, el maestro recibe una descarga real de 45 voltios para que vea el dolor que causará en el "alumno". Después, le dicen que debe comenzar a administrar descargas eléctricas a su "alumno" cada vez que cometa un error, aumentando el voltaje de la descarga cada vez. El generador tenía 30 interruptores, marcados desde 15 voltios (descarga suave) hasta 450 (peligro, descarga mortal).



El "falso alumno" daba sobre todo respuestas erróneas a propósito y, por cada fallo, el profesor debía darle una descarga. Cuando se negaba a hacerlo y se dirigía al investigador, éste le daba unas instrucciones (4 procedimientos):

Procedimiento 1: Por favor, continúe.
Procedimiento 2: El experimento requiere que continúe.
Procedimiento 3: Es absolutamente esencial que continúe.
Procedimiento 4: Usted no tiene otra alternativa. Debe continuar.

Si después de esta última frase el "maestro" se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se detenía después de que hubiera administrado el máximo de 450 voltios tres veces seguidas.

Este experimento sería considerado hoy poco ético, pero reveló sorprendentes resultados. Antes de realizarlo, se preguntó a psicólogos, personas de clase media y estudiantes qué pensaban que ocurriría. Todos creían que sólo algunos sádicos aplicarían el voltaje máximo. Sin embargo, el 65% de los "maestros" castigaron a los "alumnos" con el máximo de 450 voltios. Ninguno de los participantes se negó rotundamente a dar menos de 300 voltios.

A medida que el nivel de descarga aumentaba, el "alumno", aleccionado para la representación, empezaba a golpear en el vidrio que lo separa del "maestro", gimiendo. Se quejaba de padecer de una enfermedad del corazón. Luego aullaba de dolor, pedía que acabara el experimento, y finalmente, al llegar a los 270 voltios, gritaba agonizando. El participante escuchaba en realidad una grabación de gemidos y gritos de dolor. Si la descarga llegaba a los 300 voltios, el "alumno" dejarba de responder a las preguntas y empezaba a convulsionar.

Al alcanzar los 75 voltios, muchos "maestros" se ponían nerviosos ante las quejas de dolor de sus "alumnos" y deseaban parar el experimento, pero la férrea autoridad del investigador les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los "maestros" se detenían y se preguntaban el propósito del experimento. Cierto número continuaba asegurando que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. Algunos participantes incluso comenzaban a reír nerviosos al oír los gritos de dolor provenientes de su "alumno".

En estudios posteriores de seguimiento, Milgram demostró que las mujeres eran igual de obedientes que los hombres, aunque más nerviosas. El estudio se reprodujo en otros países con similares resultados. En Alemania, el 85% de los sujetos administró descargas eléctricas letales al alumno.

En 1999, Thomas Blass, profesor de la Universidad de Maryland publicó un análisis de todos los experimentos de este tipo realizados hasta entonces y concluyó que el porcentaje de participantes que aplicaban voltajes notables se situaba entre el 61% y el 66% sin importar el año de realización ni el lugar de la investigación.




miércoles, 29 de abril de 2015

Aguirre: la de los altos techos y los bajos principios morales

Ahora resulta que la cínica y lenguaraz Aguirre, candidata a la Alcaldía madrileña por el partido que alberga más corruptos por metro cuadrado, quiere remodelar la estética de las calles de la ciudad expulsando de ellas a la gente sin techo. La que no tiene otro recurso que dormir en ellas.

Dormir en la calle es algo que admite diversos enfoques. Para un nómada o un neoliberal —cuyas respectivas doctrinas ideológicas no se diferencian gran cosa en el repudio de cualquier traba que se oponga a la libertad del individuo— la pernocta allí donde caiga la noche es un derecho inalienable. Con vitriólica agudeza, Anatole France, Nobel de Literatura (1921), señaló que: "La justicia, en su majestuosa igualdad, permite tanto al rico como al pobre dormir de noche bajo un puente y mendigar en la calle".

No es habitual ver a los ricos ejerciendo este derecho a dormir bajo los puentes, pero para los desposeídos de fortuna, los así llamados sin techo, dormir en la puñetera calle, más que una opción, es el último recurso que les queda para subsistir por debajo de las coberturas elementales de la pirámide de Maslow
Tener una vivienda, especialmente cuando se trata de un palacete con techos altos también puede suponer un problema. La condesa consorte de Murillo, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, acomodada terrateniente con una dilatada carrera política, declaró tener dificultades para llegar a final de mes cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. “Lo que peor llevo es la electricidad. Tengo unos techos altísimos y la calefacción es eléctrica, ¡un horror!, no tener pagas extras me tiene mártir, las he tenido toda mi vida y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga números a final de mes; es que muchas veces no llego, con la excepción de cuando fui presidenta del Senado, que entonces sí cobraba un buen sueldo”.(1)

Pese a presumir de liberal, Aguirre, con manifiesta ignorancia de su propia doctrina, se comprometió con representantes del sector turístico a "estudiar a fondo" por qué "está permitido vivir en la calle". Y añadió: "Hoy, será casualidad, pero en el barrio de Las Letras, Azca, en la Plaza Mayor, en Arganzuela, en todas partes, la mayor queja de los vecinos por lo que no pueden [sic] disfrutar los parques es porque hay una serie de personas, generalmente de origen extranjero y muchas veces formando parte de organizaciones, que no sé si llamar mafias, no solo para sobrevivir o tener un buen vivir a base de estas cuestiones que hay que estudiar y erradicar".

Las calles de Madrid son un ejemplo de la precariedad instalada por la políticas neoliberales. Hay un pobre pidiendo en la puerta de cada supermercado, un desharrapado en cada semáforo intentando vender pañuelos de papel a los conductores. Y hay mendigos durmiendo entre cartones en los parques, en los bancos, en los recintos de los cajeros automáticos de los bancos que han originado la crisis económica. 
 

En un Estado digno tal vez se pudiera plantear la oportunidad de prohibir la mendicidad, que es obvio que afea las calles y las conciencias. Pero una prohibición de esa índole sólo podría fundamentarse en la garantía de que todo ciudadano contase con una renta mínima, viniese esta del mercado o del Gobierno. El problema deriva de que no vivimos en un Estado digno, sino en un Estado que, más que de derecho, está hecho a la medida y conveniencia de esa derecha casposa y dura a la que, tanto Aguirre como su predecesor en el gobierno regional y nefasto alcade de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, representan.

Porque, ay la memoria frágil, como en su momento anoté en esta bitácora, también Ruiz-Gallardón tuvo la tentación totalitaria de proponer que el Parlamento estudiase una ley que permitiera a la policía expulsar de las calles a los indigentes que viven en ellas.

Aparte de por su acción depredadora sobre los servicios públicos, Aguirre se caracteriza por un cinismo lenguaraz que no mide el alcance de sus palabras. Y en aquella ocasión, ¡ay las hemerotecas! se desmarcó de su correligionario: "No soy amiga de las prohibiciones. Hay muchos ciudadanos que consideran que se estaría muchísimo mejor durmiendo en un albergue que durmiendo al raso y, sin embargo, hay otros que no lo estiman así. Eso no quiere decir que, por opinar eso, que nos parece a todos muy raro, vayamos a privarles de sus derechos. El hecho de que no quieran aceptar esos servicios municipales es algo que muchos no compartimos y no comprendemos, pero es un hecho real, no hay que asomarse a la calle, no ya en Madrid, en todas las ciudades más avanzadas del mundo", explicó la condesa. Que por entonces todavía no se había aficionado al deporte de huir alocada y vergonzosamente de los agentes municipales de tráfico. 

Por estas declaraciones, sobre Aguirre ha caído un alud de justificadas críticas que en su mayoría suscribo y a las que no añadiré un ápice para no acumular redundancias. Me limitaré a recordar algo leído en un texto del fallecido profesor Gregorio Peces-Barba, y que cito en su textualidad: 
 
"Wittgenstein, en sus Philosophical Investigations, identificará certeramente esos comportamientos en los que el lenguaje 'se va de vacaciones y empieza a operar locamente, como una turbina que girase en el aire fuera de sus engranajes'. Lanzar 'la lengua a paseo' es irresponsable: expresa una categoría ínfima y poca grandeza".


Si hay algo que ensucia nuestros espacios públicos de diálogo y rebaja la acción política a los más ínfimos niveles es esa irresponsable tendencia de muchos de sus actores a lanzar la lengua a paseo. 

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(1) Drake,Virginia: Esperanza Aguirre: la presidenta, Esfera de los libros, Madrid, 2006, p. 479. 


 

martes, 21 de abril de 2015

Tragedia en el Mediterráneo: 700 muertos

La tragedia del pasado fin de semana es la más grande en cuanto a pérdida de vidas humanas que se ha producido en el Mediterráneo. Semanas antes, 400 personas perdieron la vida en un incidente similar. Y miles más perderán sus vidas en las próximas semanas si la Unión Europea no actúa ahora. En el año 2014 aproximadamente 219.000 personas cruzaron el Mediterráneo, y 3.500 personas perdieron la vida.


Una de las muchas objeciones manejadas por los opositores a la Renta Básica de Ciudadanía es el riesgo de que la instauración de esta medida en un país como el nuestro, ejerciera como hipotético atractor de migrantes venidos de países más pobres con el propósito deliberado de beneficiarse de esta medida. En definitiva, que la RBC actuase como un 'efecto llamada'.
                                   
Es una hipótesis que cabe inscribir en el marco de prejuicios contra la pobreza en general. Porque como la realidad se encarga de demostrar, a través de episodios tan dolorosos como este, el hecho cierto es la existencia de un flujo constante e imparable de gentes de distintas regiones de África que huyen de la miseria, la persecución política, ideológica o religiosa. Aunque en ningún país europeo haya establecido nada parecido al ingreso universal garantizado. 


Es el caso de Tareke Brahne (*). "Huí de Eritrea cuando tenía 17 años, escapando de los militares, la guerra y una dictadura feroz. Estaba desesperado. Nada me podía parar, ni siquiera el miedo a morir en el mar. Fui rechazado en un primer intento de llegar a Italia, pero lo intenté de nuevo, y lo conseguí". 


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirma que se ha reducido el perfil de los que viajan motivos económicos y ha aumentado el de personas afectadas por conflictos en sus países de origen.

Es decir, que cabría más bien hablar de 'efecto escape' antes que de efecto llamada. La presión social, económica y política que soportan los habitantes de los países más conflictivos es la que empuja a la población a buscar una válvula de escape a toda costa. A todo riesgo. 

Firmar la petición: "No más muertes en el Mediterráneo"
 
http://www.change.org/p/no-m%C3%A1s-muertes-en-el-mediterr%C3%A1neo-junckereu-marianorajoy-nom%C3%A1smuertes

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(*)Tareke Brhane es el presidente del "Comité 3 de Octubre", una organización sin ánimo de lucro fundada tras el hundimiento de un barco en Lampedusa el 3 de octubre de 2013, donde 368 personas perdieron la vida. El objetivo de la organización es la adopción de un día conmemorativo en honor a los migrantes que han muerto, así como las personas que han arriesgado sus vidas para salvarles, a celebrarse cada 3 de octubre. Tareke ha recibido la medalla al activismo social en 2014, durante la XIV Cumbre de Premios Nobel de la Paz.