miércoles, 30 de julio de 2014

Ramiro Pinto: en huelga de hambre por la dignidad de los parados

 El sentido de la dignidad es, en España, una rara avis, un elemento escaso. Las noticias que  difunden los medios de comunicación son, si cabe, cada vez más vomitivas. En medio de este panorama de ignominia, el ciudadano Ramiro Pinto Cañón se ha declarado en huelga de hambre para reivindicar la dignidad de los desempleados.

Acostumbro a pasar mis vacaciones en Francia por varias razones a las que no son ajenas el hecho de que la naturaleza otorga mayor verdor y frescura a sus montañas. Pero también por la tranquilidad que me aporta saber que cualquier trabajador que me atienda en un supermercado o una gasolinera tiene garantizado un salario mínimo superior a 1.500 €. Sin olvidar que el dinero que dejo en estos establecimientos, aunque no cambia el mundo, al menos no va a parar a los bolsillos de empresarios pertenecientes a la CEOE

Apenas regresado a esta triste España sin ventura, que diría Juan del Encina, asolada por la indignidad de sus dirigentes a todos los niveles, tuve conocimiento de que el ciudadano Ramiro Pinto Cañón se encontraba en plena huelga de hambre. Acto de protesta que había iniciado el 15 de julio frente a la Dirección Provincial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la ciudad de León. Las razones las explica en un manifiesto del que resalto  algunos párrafos:

[...] La burocracia tritura cualquier acción individual. Está diseñada en el tema del empleo para ser una agresión permanente al desempleado con actitudes sádicas de quitar lo mínimo que puede adquirir una persona para sobrevivir, que le desahucian cuando no puede pagar y embargan sus cuentas, de manera que se aplica una actuación cínica en tanto se quieren ahorrar prestaciones necesarias para la supervivencia, a la vez que se mantienen proyectos y gastos suntuosos. El resultado es una política contra los desempleados y no contra el desempleo, criminalizando a quienes reciben las prestaciones sociales, en un contexto en el que el paro se extiende a la vez que el empleo se hace cada vez más precario.

[...] He comprobado como se atemoriza, se humilla, se desprecia, se chantajea y se quita lo poco que tiene a quienes disponen de menos capacidad adquisitiva. Millones de personas padecemos a diario el dolor y el sufrimiento que genera esta política. Y todo ello sin una respuesta social, necesaria para evitar que continúe.

[...] Espero que sirva de punto de apoyo para una reacción colectiva cuyo objetivo es establecer la supervivencia como un derecho inalienable, de manera que toda persona sin empleo no se quede sin una prestación y que se mida sobre el umbral de la pobreza. Esta es la meta. Hasta la victoria final, siempre.

[...] La agresión a los desempleados sin embargo rompe el marco de lo legal, pues se hace con la ley misma y destruye a miles de personas mediante una violencia sistemática ejercida desde la ley, lo cual no se puede consentir bajo ningún concepto ni por más tiempo. Es necesaria la respuesta en legítima defensa. Y planteo un acción pacífica , contumaz y persistente hasta el cumplimiento de los objetivos hacienda un llamada de atención al conjunto de la sociedad para que no sea cómplice de esta situación degradante e indigna, pero que no degrada a quien padece tal situación, como se quiere hacer creer a quienes sufren sus consecuencias, sino a la sociedad que lo consiente y en la que sucede con toda impunidad.

[...] Mi profundo convencimiento del pacifismo me lleva a usar una herramienta desde la no-violencia para luchar contra las injusticias, haciendo que se hagan visibles el daño ejercido desde el Estado, para que en su crudeza una parte de la sociedad reaccione y hacer desparecer lo que oprime a millones de personas, para por otra parte mantener los privilegios de quienes se llevan el dinero pública para rescates bancarios, inversiones que llevan el dinero público a los inversores de empresas privadas, o sueldos de lujo para quienes propician este estado de cosas injusto.

Tengo el honor de conocer personalmente al ciudadano Ramiro Pinto, con el que he coincidido en distintos momentos en la defensa de la Renta Básica de Ciudadanía. Ahora, a su larga trayectoria de activismo, Ramiro agrega esa huelga de hambre, una de las máximas expresiones de ese "derecho a sufrir" en el que algunos tratadistas de la desobediencia civil encuentran una fuente de legitimidad para los actos de protesta no-violenta cuyos efectos recaen sobre la persona que los protagoniza.

Enterado de que un grupo de Marchas de la Dignidad 22M organizaba un viaje a León para participar en una concentración de apoyo a Ramiro Pinto me puse en contacto con ellos. Y desde aquí les agradezco que me admitireran entre el pasaje de una de las dos furgonetas alquiladas en las que, el 25 de julio, viajamos los participantes en esta acción solidaria. Un grupo de personas en edad madura, cargado cada cual con el drama de su circunstancia personal en el paro: desahucio de sus viviendas, rupturas conyugales y, sobre todo, estrecheces económicas extremas. Hasta el punto de que había quien, pese a contar con una excelente forma física, no podía llevar a cabo su ilusión de realizar el Camino de Santiago porque, aunque caminar es gratis y los albergues tienen un precio simbólico, ni siquiera para ello alcanzaba su peculio. 


Una vez en León, pude saludar al huelguista Ramiro, tan cansado como animoso, y participar en el acto solidario del que el siguiente video recoge algunos momentos:  





Durante el regreso a Madrid, en la madrugada del sábado, los medios de comunicación difundían la última (last but not the least) noticia vomitiva: ya saben, la confesión del despreciable personaje que durante décadas se nos presentaba como gran ejemplo del seny catalán y de honorable gobernante capaz de dar consejos morales a tirios y troyanos. "No hay pan para tanto chorizo", se grita en las manifestaciones. Pero la realidad es que no hay pan para los desempleados debido al latrocinio continuado de los chorizos que han ocupado las más altas instancias del país. Y cuyos nombres no escribo aquí para no contaminar la dignidad emanada de este pequeño grupo de gente cuya compañía me brindó refugio frente a tanta indignidad nacional.

Dejo asimismo constancia de otra feliz coincidencia. Al volante de la furgoneta en la que viajé se encontraba Ernesto Sarabia, ex dirigente de USO al que conocí, hace décadas, con motivo de la entrega del Certamen Sindical 1º de Mayo, convocado por ese sindicato, en 1997, en el que mi trabajo Política para los muertos civiles obtuvo el primer premio. ¿Saben de qué trataba esta obra? Del agotamiento de ese artificio llamado empleo, a través del cual el capitalismo desnaturaliza la capacidad del trabajo humano. Y de la necesidad de establecer esa Renta Básica de Ciudadanía a la que en repetidos artículos me he referido en este blog.


jueves, 3 de julio de 2014

Renta Básica de Ciudadanía y sostenibilidad medioambiental

 Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Y el primer paso en este objetivo consiste en poner fin a la pobreza, garantizando que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer realidad su derecho a llevar una existencia digna.


Sin duda, uno de los grandes retos a los que debe hacer frente la humanidad es aprender a conciliar la sostenibilidad de la vida humana con la del resto de especies vivientes en un mundo cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable y aire limpio para atender las necesidades humanas ha alcanzado un punto crítico que compromete el propio equilibrio climático del planeta. Incluso los alimentos podrían escasear si, en aras del exclusivo interés automovilista, se destina gran parte de la producción cerealista a la fabricación de agrocombustibles. Es de todo punto impensable que el actual modelo de crecimiento de los países ricos pueda ser imitado por el resto de la población planetaria. Si bien se plantea aquí una duda moral: ¿con qué legitimidad podríamos, desde un mundo rico y despilfarrador, pedir a los países pobres que abandonen sus deseos de reproducir las estructuras económicas del Primer Mundo?



Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Es preciso revisar la noción sociopolítica del Bienestar que ha imperado hasta ahora. No hablamos de suprimir las prestaciones sociales del Estado del Bienestar para que sea la iniciativa privada la que provea los servicios, como propugna el neoliberalismo. Lo que precisa una profunda revisión conceptual es esa forma de entender el bienestar sólo desde la óptica del crecimiento de los niveles económicos y de consumo de la población. 


Como señala María Novo en El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa: “La Renta Básica de Ciudadanía plantea un cambio de paradigma respecto del modelo economicista imperante en nuestras sociedades. Nos sitúa ante una nueva cosmovisión, más ambiental, más sostenible, en la que lo que importa no es solamente el rendimiento de la economía sino la calidad de vida de todos los seres humanos”. La profesora Novo considera que la adopción de un ingreso garantizado sería una medida “de gran impacto en la configuración de nuestras sociedades, que incentivaría la participación ciudadana en la vida política y la reorientación de nuestra vida comunitaria hacia valores distintos, cuando no alternativos, a los que propone el mercado”.

En efecto, cifrar el bienestar general tan sólo en el tamaño del PIB es una pobre visión de la realidad. El PIB incorpora como valor positivo todas las ineficacias del sistema. Por ejemplo, un automovilista que se dirige a una playa ubicada en una de esas macrociudades costeras destinadas al turismo masivo, y que, tras varias horas de viaje, se encuentra en pleno embotellamiento de tráfico, puede que necesite tomar un calmante para sus nervios mientras contempla humear el tubo de escape del vehículo paralizado delante del suyo. Todo esto, situado en las antípodas del bienestar de ese automovilista, coopera eficazmente a incrementar el tamaño del PIB sin aportar ni un ápice de calidad real de vida. De igual forma, la contaminación de la atmósfera o las mareas negras ocasionadas por accidentes de petroleros son ineficacias que obligan a efectuar costosas operaciones de limpieza que también puntúan positivamente en los indicadores económicos.

Por otro lado, computar positivamente en el balance contable el agotamiento de recursos naturales parece una locura, pero es exactamente es lo que hacen los países con reservas de combustibles fósiles al computar los ingresos de su venta en el PIB. Una persona que recibiera en herencia un gran depósito conteniendo un millón de litros de petróleo procuraría conocer con exactitud el estado de su riqueza y, cada vez que abriera el grifo, anotaría el débito como una disminución de su capital. Sin embargo, la disminución de recursos de un país queda anotada como beneficio nacional. Bajo la óptica de una economía centrada exclusivamente en el mercado, todo tiene un precio, pero nada tiene un valor. Esto resulta catastrófico para los recursos naturales, pues el valor medioambiental de las masas forestales, por ejemplo, es considerablemente superior al precio que alcanza la madera vendida.

Si un hombre pasea por los bosques, por amor a ellos, la mitad de cada día, corre el riesgo de que le consideren un holgazán; pero si se pasa todo el día especulando, cortando esos bosques y dejando la tierra desnuda antes de tiempo, se le aprecia como ciudadano laborioso y emprendedor. ¡Como si el único interés de una ciudad por sus bosques fuera talarlos!

Adelantado a su tiempo en muchas cosas, Henry David Thoreau demostró una gran preocupación por el medio natural. Dos de sus obras, Walden y Vida sin principios, deberían figurar entre las Sagradas Escrituras del movimiento ecologista. Pese a vivir en una época en que no había surgido  la inquietud medioambiental. Por entonces, la Tierra tenía todavía la capacidad de absorber, sin inmutarse demasiado, el impacto producido por la avidez del modelo de crecimiento depredador made in USA que Thoreau contemplaba ya desde su rincón de Concord (Massachussets).
          
La avidez forma parte de la condición humana, y las excepcionales circunstancias para el desarrollo económico que se dieron en esa zona del mundo sirvieron en bandeja la adopción del modelo de crecimiento sin tasa que hoy conocemos. Sería luego, al generalizarse y exportarse a escala mundial, cuando se agudizaría la contradicción entre dos visiones del oíkos: la economía (oíkonomos) y la ecología (oíkologos). Un conflicto similar al que se daría en un edificio de viviendas donde la razón del vecindario (económica) se enfrenta a la razón de la vivienda (ecológica) hasta el punto de que la primera amenaza con la destrucción de la segunda.

Necesitamos que un nuevo paradigma, el de la sostenibilidad ambiental, moral y material, sea el rector del comportamiento humano. El economicismo ya no puede seguir siendo la única fuente normativa de nuestras vidas, pues los problemas humanos son mucho más complejos El filósofo, antropólogo y sociólogo francés, Edgar Morin, refiriéndose a la crisis cultural que se produjo ya en los años 1968-1970, señaló que esa crisis “demuestra que el bienestar no sólo produce mejor estar, sino también malestar; que el crecimiento de las necesidades materiales, unido a la atomización individual de la vida, despierta necesidades afectivas profundas, las cuales, reprimidas /controladas en la civilización occidental, se han vuelto errantes y divagatorias”.

Se han propuesto métodos más refinados que el PIB para medir la satisfacción real de necesidades, entre ellos el concepto de Bienestar Económico Neto, que Paul Samuelson ofrece como alternativa al PNB. En esencia, consiste en detraer del producto todo aquello que no crea satisfacciones generales, como el armamento, el crecimiento de la burocracia, los nuevos sistemas de autopistas urbanas. Algo similar al Índice de Bienestar Económico Sostenible propuesto por Herman Daly y John B. Cobb. En la versión de James Tobin y William Nordhaus  este Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) se determina con la fórmula:


ISEW = [personal consumption + non-defensive public expenditures - defensive private expenditures + capital formation + services from domestic labour - costes de la degradación medioambiental – depreciación del capital natural]

Empleando el sentido común, deberíamos ser capaces entre todos de doblegar la soberbia economicista y sus mitos. Por ejemplo, esa figura de la mano invisible, fuerza misteriosa y taumatúrgica que rige el mercado y a través de él perfecciona el mundo, es una invención de Adam Smith, que utiliza esa metáfora una sóla vez al comienzo del capítulo II del Libro IV de La Riqueza de las Naciones. El razonamiento smithiano parte de la suposición de que “cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para el capital que tenga. Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la sociedad. Sin embargo, la persecución de su propio interés lo conduce natural o mejor dicho necesariamente a preferir la inversión que resulta más beneficiosa para la sociedad”.

Considera Smith que “el ingreso anual de cualquier sociedad es siempre exactamente igual que el valor de cambio del producto anual total de su actividad, o más bien es exactamente lo mismo que ese valor de cambio […]. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera él sólo persigue su propia seguridad; y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo él busca sólo su propio beneficio, pero una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos”. 


“El corazón tiene razones que la razón no conoce”, decía Blaise Pascal. ¿Debería ser el corazón el que gobernase el mundo? Al menos esa es la aspiración confesada por un economista tan prestigioso como Paul Samuelson: “Puedo albergar un sueño. Al igual que Martin Luther King, sueño con una economía humana que sea al mismo tiempo eficaz y respetuosa con las libertades personales (si no con las empresariales). Gran parte de las decisiones sobre la producción y el consumo conllevan la utilización del mecanismo de mercado; pero pueden mitigarse las peores desigualdades sociales que se crean al depender de las fuerzas del mercado —incluso con la existencia de igualdad de oportunidades— con los poderes de transferencia del Estado democrático. ¿Acaso no ejerce ningún efecto sobre la eficacia una equidad incrementada mediante la acción del Estado de bienestar? Sí, se producirá algún intercambio entre un incremento de la producción total y un incremento de la igualdad, algún intercambio entre la seguridad y el progreso. Yo denomino al compromiso optimizador resultante economía con corazón, y sueño con que se mantenga asimismo como economía con cabeza”.

“La economía política —sostiene Samuelson en su clásico Curso de economía— debe servir a los deseos de la humanidad. No es necesario que los hombres se hallen encadenados al simple crecimiento material, a menos que ellos lo deseen”.

Un ingreso mínimo garantizado para todas las personas o Renta Básica de Ciudadanía, podría constituir también una forma justa de remunerar a quienes se abstuvieran de causar mayores perjuicios medioambientales. No importa que los motivos de esa abstención fueran de índole ética o respondieran al ejercicio de un perezoso derecho al ahorro del esfuerzo personal. Pagarles el ingreso mínimo incondicional sería una compensación por los beneficios que el conjunto de la sociedad obtendría gracias al menor tamaño de la huella ecológica que dejan sobre la Tierra las gentes que transitan sobre ella con paso leve.

De hecho, existen precedentes como las indemnizaciones que concede el Gobierno británico a los agricultores que no cultiven la totalidad de la superficie de sus tierras, dejando espacios reservados al desarrollo de la vida silvestre en zonas consideradas sensibles desde un punto de vista ecológico. Algunos granjeros reciben modestas subvenciones por conservar en sus tierras los muros de piedra, los pantanos y otros elementos no rentables desde el punto de vista económico pero ecológicamente beneficiosos.

En 1997, Oilwatch lanzó en Kyoto la idea de mantener los combustibles fósiles bajo tierra merece “créditos de carbono”. Así, en el campo petrolífero Ishpingo-Tambococha-Tiputini, situado en el Parque Nacional Ysuní, en Ecuador, se ha pedido que alrededor de 920 millones de barriles de crudo pesado permanecer bajo tierra a perpetuidad o a través de una moratoria sine die, en un área ocupada por grupos indígenas que posee una biodiversidad única.

Además de respetar la Naturaleza y los derechos humanos, mantener este petróleo en el subsuelo significaría evitar los 410 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono que produciría la quema de ese petróleo. El gobierno ecuatoriano ha solicitado a nivel internacional una parte del dinero como compensación por los ingresos monetarios que no recibiría al mantener el petróleo en el subsuelo. Si este proyecto tuviera éxito podría trasladarse a otros lugares, por ejemplo en el territorio U'Wa de Colombia y en algunas de las peores minas de carbón en el mundo en China y la India o en el Delta del Níger, donde la extracción de petróleo y el gas quemado en el proceso se efectúa por la compañía Shell a costa de muchas vidas humanas.

“Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero son los Gobiernos quienes tienen que cambiar radicalmente el modelo”. ¿Es suficiente este argumento para quedarse cruzado de brazos sin hacer nada? Tampoco los contemporáneos de Thoreau hicieron demasiado caso a sus advertencias. Pero él no pertenecía a la clase de filósofos que piensan de una manera en la academia y actúan de forma muy diferente en su vida privada. Henry prefirió pasar a la acción “directa” por una vía éticamente impecable, es decir, actuando de manera que las consecuencias directas del acto recaigan sobre uno mismo: comenzó por negarse a pagar impuestos a un Gobierno que mantenía la esclavitud y había declarado una guerra ilegítima a Méjico. Un acto por el que fue encarcelado y a raíz del cual escribió el libro sobre Desobediencia Civil que se convertiría en el texto de referencia para figuras como M. Gandhi, Bertrand Russell, Martin Luther King así como para los millares de personas que utilizaron esta vía pacífica de acción política civil.



En defensa de los surfistas


En lo que se refiere al consumo, Thoreau redujo voluntariamente su ingresos monetarios al apartarse cuidadosamente de toda actividad susceptible de degradar energía convirtiéndola en trabajo innecesario. “Durante más de cinco años, me mantuve, pues, sólo con el trabajo de mis manos; y descubrí que podía atender a todos los gastos de mi subsistencia trabajando unas seis semanas al año”, cuenta en Walden

La figura del surfista de Malibú fue acuñada por los detractores del ingreso garantizado en el ámbito académico anglosajón. Con ella se pretende caricaturizar a un hipotético individuo, virtuoso del surfing, que, en caso de que se implantase un ingreso garantizado, se dedicaría a subsistir con ella sin hacer ninguna otra cosa que no fuera jugar con su tabla sobre las olas de la playa californiana de Malibú. La caricatura del surfista impenitente puede resultar simpática en un debate de salón, pero no todo el mundo es capaz de desenvolverse con la suficiente habilidad y arrojo como para aventurarse con una frágil tabla en las agitadas aguas del océano. Sea en las playas de Malibú o en las más cercanas de Tarifa y Caños de Meca.

Los críticos con la Renta Básica de Ciudadanía no debieran preocuparse tanto ante la posibilidad de que algunas personas decidieran imitar a Thoreau y se conformaran con la renta mínima como única fuente de ingresos. Puede que vivieran desarrollando actividades de baja agresividad medioambiental, incluido el windsurfing en las playas de Tarifa o Malibú.

Si tal caso se diera, los miembros de este minoritario grupo de rentabasicistas no deberían ser demonizados. Antes bien, su decisión convendría recompensarla con la medalla al mérito civil planetario en reconocimiento de su ejemplar conducta. En efecto, quienes voluntariamente aceptasen vivir con tan reducido poder adquisitivo llevarían, por fuerza, una forma de vida medioambientalmente mucho más virtuosa que la del común de los consumidores. Para empezar, como una renta mínima no permite efectuar el dispendio de comprar y mantener un automóvil, estos “minimalistas económicos” tendrían que efectuar sus desplazamientos a pie o en transportes colectivos. Dejarían así de contribuir al calentamiento global del clima producido, en gran medida, por el tráfico diario de millones de automovilistas.  


martes, 24 de junio de 2014

Una coronación freak en el Reino de Celtiberia (Show)

Al anunciar Filipo que iba a atacar Corinto, y al estar todos dedicados a los trabajos y corriendo de un lado para otro, alguien observó que Diógenes empujaba la tinaja en que vivía. Preguntado por su actitud, explicó éste: "Porque estando todos tan apurados, sería absurdo que yo no hiciera nada. Así que echo a rodar mi tinaja no teniendo otra cosa en la que ocuparme".
 
Declaro hallarme afectado por el genuino síndrome de Diógenes. No, no se trata de ese trastorno que padecen algunos mayores que acaparan montones de basura en sus viviendas y al que impropiamente se le ha dado el nombre del filósofo griego Diógenes de Sínope. El que vivía en una tinaja en el centro de Atenas y desde allí desafiaba con sus ironías al Orden Establecido. 

El asombro ante la magnitud del ruido mediático que ha envuelto la sucesión en la Corona de España me lleva a seguir el mentado ejemplo de Diógenes y menear un poco este blog para que no se diga que no me hago eco, sin prisas, slowly, de un hecho excepcional: el relevo en la Jefatura del Estado. Evento que en un país moderno ocurre con cierta frecuencia y se acomoda al sentir ciudadano expresado en las urnas. Spain is different, y con el fin de proveer ese cargo público, aquí mantenemos, a cuerpo de Rey, a los miembros de una familia privada que ejerce el monopolio de la jefatura con legitimidad más que dudosa. 

Oé, oé, oé: lo llaman democracia y no lo es, dice el eslógan protestatario. De forma más estricta, la democracia también se define como respeto de los procedimientos. Pues bien, nuestro monarca patrio, Juan Carlos I de Borbón, en vez de ejercer hasta la muerte ese cargo vitalicio para el que no hay prevista jubilación, de la noche a la mañana y con el marrón de la imputación de su hija, la Infanta Cristina, por delitos fiscales a punto de estallar, decide abdicar. Entonces, todo el sistema institucional tiene que echar a correr con el fin de improvisar las reglas de tal abdicación: a) el monarca anuncia su decisión; b) las Cortes aprueban un decreto de cuatro líneas facultando al monarca para ejercer la facultad abdicatoria; c) el monarca sanciona el decreto que le faculta para abdicar; d) entonces, en estricto cumplimiento de la ley, va y abdica. O sea, un procedimiento propio de la factoría de los hermanos Marx.

Tras la abdicación del padre llega el turno del hijo. El jueves 19 de junio, festividad católica del Corpus Christi, en un Madrid tomado por 7.000 policías, con el centro de la ciudad cortado al tráfico, estaciones de metro cerradas, calles semivacías y prohibición de cualquier manifestación de disenso, Felipe VI de Borbón asumió la Jefatura del Estado. 

Tanto los voceros del Establecimiento como el propio interesado, por la cuenta que le trae, han remarcado que este es el primer Rey constitucional. En efecto, Juan Carlos I, El Abdicado, heredó directamente la Jefatura del Estado del dictador Francisco Franco, apodado Caudillo

Designado por Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y nueve Sucesor, a título de Rey, en la Jefatura del Estado el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón; precisadas sus funciones en relación con el artículo once de la Ley Orgánica del Estado por Ley de quince de julio de mil novecientos setenta y uno; habida cuenta de la situación que las previsiones sucesorias pueden originar, en razón de la triple titularidad vitalicia del Caudillo [...] (*).



Después de esto, a quienes vivimos el proceso de la Transición española a la democracia no nos extraña lo que afirma el filósofo escocés David Hume (1711-1776): "Casi todos los gobiernos que hoy existen, o de los que queda recuerdo en la historia, fueron originalmente fundados sobre la usurpación o la conquista, cuando no sobre ambas, sin ninguna pretensión de libre consentimiento o sujección por parte del pueblo [...]. Por tales artes se han establecido muchos gobiernos, y este es todo el contrato original de que pueden jactarse. 


La línea sucesoria en la Jefatura del Estado español
Tras la nula legitimidad del padre, ahora el hijo asciende a la categoría de Rey en virtud de lo dispuesto en la Constitución española de 1978. Lo que ha dado pie al  aparato propagandístico del Establecimiento Nacional a difundir la especie de que Felipe VI es el primer rey constitucional.
Argumento un tanto espurio. Pues al ser Felipe hijo de un Rey preconstitucional y democráticamente ilegítimo, en cierto modo, es nieto político del Caudillo. Para poder invocar legitimidad constitucional, el pueblo debería votar una nueva Constitución, o al menos una reforma de la vigente. En la que se incluyó la monarquía como forma de articulación del Estado, opción aristotélicamente aceptable, pero con el truco de considerar monarca a la persona designada por el dictador. Es entonces cuando Juan Carlos debería haber abdicado para entrar en la historia con cierto grado de honorabilidad.  

En cualquier caso, aceptando los hechos consumados de carácter práctico que, en 1978, llevaron a la voluntad popular a asumir como un mal menor esa "transacción" entre los poderes fácticos y los emergentes denominada Transición, "aun cuando hubiera existido tal contrato, las cláusulas del mismo no estarían vinculando a los descendientes de quienes establecieron el pacto", sigo aquí a Hume al pie de la letra. Más allá del referéndum sobre monarquía o república que algunos reclaman, para asegurar la convivencia actual de las gentes que hoy poblamos España, lo más efectivo sería pactar una nueva constitución.

Sine estética, nulla ética est. Para colmo, la estética de la coronación fue absolutamente deplorable. No digo que faltaran vestidos y uniformes bien cortados con cargo al presupuesto, pero eso es simple guardarropía. No hubo multitudes en las calles aclamando al nuevo Rey en el paseíllo que realizó en coche descubierto, ni tampoco en la plaza frente al palacio de Oriente desde donde la familia real saludó a su amado pueblo saliendo al consabido balcón. Un pueblo, por cierto, que ni ama a la monarquía ni está educado para entender el concepto de república. Para colmo ¿a qué vienen esos besos y melindres familiares en público y en el balcón palaciego? Sinceramente, yo pago mis impuestos para sostener, pese a mis preferencias políticas, a esa modalidad de Jefatura del Estado y lo menos que cabe esperar de los miembros de la real familia es que vistan no sólo el uniforme, también el propio cargo, con el mayor decoro. Guardando un poco de compostura y firmeza en el balcón, lejos de esa cursilería gestual más propio de la clase media en vías de extinción por las políticas neoliberales que de los máximos altos cargos del Estado. Que ya tendrán tiempo de besarse en casa.

Y hablando de besos, ¿qué me dicen de la actitud de la flamante nueva Reina ante el cardenal integrista Rouco Varela  en el curso de la recepción real o "besamanos" celebrado en el interior del palacio? ¿Es aceptable que la  Cabeza Máxima del Estado se incline ante la jerarquía de la iglesia católica? ¿Esto es estética o acto de sumisión?
Besamanos real: ¿Quién besa la mano a quién?

Ante tal cúmulo de despropósitos de toda índole en el fondo y en las formas de esta Coronación celebrada en tierras de la Celtiberia Show, no queda sino suscribir estas palabras de Borbones contra Lannisters: FIGHT! una entrada del blog Vicisitud & Sordidez, que les invito a visitar: "Seamos coherentes: no es compatible el estar reivindicando la república mientras, a la vez, nos dedicamos a ocupar la mitad del día haciendo spoilers de ‘Juego de tronos' a todos los amigos en Facebook. No tiene sentido hablar de lo caduca y antidemocrática que es la sucesión hereditaria mientras debatimos si Stannis merece o no el trono [...]. Pero una cosa es cierta: SÍ que podríamos entrar en un furor antimonárquico bajo una condición: que los Borbones, pese a tener todos los atributos de la realeza, no sean capaces de darnos el espectáculo de la casa que realmente mola en este culebrón disfrazado de serie de HBO, pero culebronazo de toda la vida al fin y al cabo. Friki".

Pues eso, una coronación absolutamente freak, cuya guinda la ha puesto el Partido Popular, otra formación política integrada por freaks y atravesada por la corrupción, defendiendo en solitario el aforamiento de urgencia del viejo Rey "por una impagable deuda de gratitud". 




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(*) Ley 28/1972, de 14 de julio, por la que se dictan normas de aplicación a las previsiones sucesorias.  «BOE» núm. 171, de 18 de julio de 1972, páginas 12906 a 12907 (2 págs.)

TEXTO
Designado por Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y nueve Sucesor, a título de Rey, en la Jefatura del Estado el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón; precisadas sus funciones en relación con el artículo once de la Ley Orgánica del Estado por Ley de quince de julio de mil novecientos setenta y uno; habida cuenta de la situación que las previsiones sucesorias pueden originar, en razón de la triple titularidad vitalicia del Caudillo, de conformidad con lo que se establece en nuestras Leyes Fundamentales, es conveniente evitar toda laguna en la aplicación de las mismas, precisando el alcance de sus normas en los posibles supuestos.

A tal fin, y en virtud de las atribuciones que me concede la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado,

DISPONGO:
Artículo primero.

La Jefatura del Estado, la Jefatura Nacional del Movimiento y la Presidencia del Gobierno corresponden, con titularidad vitalicia, al Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley de Sucesión y disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado, en relación con los artículos dieciséis y diecisiete de la Ley de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho, y siete de la Ley de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve. Todo ello, sin perjuicio de las potestades que otorgan al Jefe del Estado los artículos catorce y quince de la Ley Orgánica del Estado, en función de las disposiciones anteriormente citadas.

Artículo segundo.

Producido el supuesto de las previsiones sucesorias, el Príncipe de España, Don Juan Carlos de Borbón, prestará juramento y será proclamado Rey por las Cortes Españolas, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y nueve, en relación con el artículo siete de la Ley de Sucesión y dentro del plazo de ocho días, desde aquel en que se produzca la vacante. El Consejo de Regencia, que asumirá los poderes en nombre del Príncipe de España a tales efectos, ejercerá las funciones que señala la Ley de Sucesión, salvo las que supongan acuerdo entre la Jefatura del Estado y Consejo del Reino, las cuales son privativas del Sucesor y diferidas al momento en que preste el juramento establecido.

Artículo tercero.

Al producirse las previsiones sucesorias sin que el Caudillo hubiera designado Presidente del Gobierno, el Vicepresidente del Gobierno quedará investido, en virtud de esta Ley, del cargo de Presidente del Gobierno hasta que el Rey haga uso de la potestad que le otorga el artículo quince de la Ley Orgánica del Estado o se produzca alguna de las circunstancias que dicho artículo contempla.

Artículo cuarto.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a catorce de julio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO



miércoles, 11 de junio de 2014

Del deber de la desobediencia civil

Del deber de la desobediencia civil es el título de una conferencia escrita por H. D. Thoreau y publicada en 1848. En ella explica los principios éticos que guían la desobediencia civil que él mismo puso en práctica: en el verano de 1846 se negó a pagar sus impuestos, lo que motivó su detención y encierro en prisión.

Con perplejidad, hartazgo e indignación la ciudadanía española asiste al fracaso del Sistema político e institucional vigente desde la Transición a la democracia. Se convocan cientos de manifestaciones de protesta cuyos participantes corean al unísono: Oé, oé, oé, lo llaman democracia y no lo es. Un eslogan lapidario acompañado de una coda que resuena con la contundencia de un redoble de tambor: Que no nos representan, que no, que no, en alusión a la cada vez más desprestigiada clase política profesional. Hemos llegado a un punto en el que, posiblemente, a las ciudadanas y ciudadanos conscientes de la gravedad de la agresión a nuestros derechos ya no nos queda otro recurso que el de la desobediencia civil.

El 6 de diciembre de 1978, el texto de la Constitución consensuada entre las fuerzas políticas del momento fue refrendado por la mayoría del censo electoral. Era el punto de partida para que la democracia se convirtiera en la forma política que debía asegurar la convivencia social tras la ominosa dictadura de la derecha franquista. Treinta y cinco años después, las estructuras democráticas creadas en la Transición ofrecen claras señales de agotamiento y una miríada de corruptos se ha infiltrado y corrompe los pilares del Estado.

Esto se produce cuando el huracán de la crisis económica desatada golpea a España con especial intensidad, pues por sus viejas tierras prolifera y campa a sus anchas una peligrosísima plaga de malhechores que arramblan con cuantos bienes de titularidad pública encuentran a su paso. Entre ellos los de la Sanidad y Educación públicas, bienes esenciales para asegurar la solidaridad y la igualdad de oportunidades. Destrozan asimismo las leyes que garantizan derechos sociales básicos en materia de salarios, condiciones laborales y pensiones dignas.

Cuando una plaga de facinerosos asola una ciudad, cometiendo toda suerte de tropelías, lo normal es que sus habitantes, alarmados, eleven la mirada hacia los gobernantes del Estado para que organicen los oportunos servicios de vigilancia y extinción del bandidaje. En el caso que nos atañe, una ciudadanía estupefacta e indignada comprueba que las autoridades hacen la vista gorda ante la delincuencia. Ya que, en muchos casos, el saqueo de arcas e instituciones públicas se está produciendo desde el interior de las propias estructuras del Sistema teóricamente llamado a representar la voluntad soberana del pueblo.  

Hablamos de gente investida con una dignidad o cargo importante, conferido por la voluntad de las urnas, que aprovecha ese cargo retribuido con dinero del contribuyente para desmantelar servicios públicos esenciales y entregarlos a negociantes privados. Vampiros antisistema que desangran las arcas de la Hacienda Pública en beneficio de los banqueros cuyos manejos delicuenciales causaron la actual crisis económica. Pero los gobernantes y parlamentarios, presuntos representantes del pueblo, están más atentos a conceder indultos a banqueros convictos y amnistías fiscales al defraudador y al corrupto, que a poner coto a la cadena de desahucios contra la gente que, agobiada por la crisis, no puede pagar la hipoteca de su vivienda.

Pues ni el Parlamento ni el Gobierno —no digamos la Jefatura del Estado, máximo cargo público que, paradójicamente, lo ostenta en régimen de monopolio una sola familia— han hecho nada para impedir la insostenible situación social que atraviesa España. Un país donde se cuentan por millones las personas condenadas a malvivir en la pobreza por causa del paro y de los recortes, brutales y a golpe de Decreto-Ley, de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo.

¿Significa eso que estemos condenados por un fatal destino a languidecer en el abandono y en la resignada aceptación de la servidumbre voluntaria? Nada de eso, pues tenemos una vía alternativa. Antes de llegar al ejercicio de esa última ratio encarnada en el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, recogido en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la historia política ha desarrollado y puesto a nuestro alcance una penúltima ratio: la desobediencia civil.

El primer argumento para obedecer una ley se refiere a la legitimidad del gobierno que exige su cumplimiento. Habitualmente, se entiende que un gobierno es legítimo cuando es democrático, esto es, cuando su poder emana de la soberanía popular. Al menos eso es lo que mantiene la “teoría del consentimiento”, debida esencialmente a John Locke: un gobierno adquiere su legitimidad cuando su origen responde al consentimiento de los gobernados. Estos, en consecuencia, tienen el deber de obedecerlo porque “han consentido” su mandato. La obligación de obedecer la ley será entonces similar a la obligación de cumplir una promesa.

Visto así, la obediencia a la ley sería la contrapartida de un pacto. El último gran pacto social fue el representado por el Estado del Bienestar. De inmediato surge una cuestión clave: ¿qué debemos hacer cuando el Gobierno rompe ese pacto?

El segundo argumento para prestar obediencia a las leyes concierne a la utilidad de las mismas. Lo que afecta de lleno a otra cuestión crucial: ¿Qué utilidad pública —para el pueblo— se desprende de leyes que privatizan los servicios públicos de Salud; de leyes que reducen las condiciones laborales a los tiempos de la servidumbre; de leyes que permiten expulsar a gente de sus viviendas en beneficio de los bancos? ¿Acaso son útiles para la Nación las leyes que conceden amnistía fiscal a los defraudadores que se llevan sus ganancias fuera de nuestras fronteras?

El derrumbe de los pilares del Estado del Bienestar no se produce por un fracaso técnico del mismo. Es el fruto espurio de la inmoralidad y deslealtad de los dirigentes y administradores del Sistema, más dados a hablar de libertad que a garantizarle a las personas su derecho a la existencia libre de trabas. Es cierto que hay una profunda crisis económica causada por el mundo financiero, pero no es menos cierto que esta crisis se ha visto agravada por la incomparecencia de la política. 


En las calles hay semáforos y señales para regular el tráfico rodado, y nadie piensa que ello suponga alguna merma de su libertad. ¿Por qué habría de suponer un quebranto para las libertades ciudadanas el hecho de que se pusieran semáforos a la circulación del dinero destinado a inversiones no productivas? Es decir, a la especulación pura y dura. Pero los gobernantes elegidos por el pueblo no sólo no han regulado las actividades económicas. Han ido mucho más allá, concediendo a la banca astronómicos préstamos avalados por la Deuda Pública. Una deuda que el Estado habrá de pagar con el dinero obtenido de los impuestos. Y que el Gobierno sólo sabe cargar sobre las espaldas de los ciudadanos cuyo voto, por activa o por pasiva, le permite gobernar.

Entonces, ¿debemos seguir pagando impuestos cuando los ingresos fiscales se destinan a fines detestables? ¿Debemos obedecer leyes promulgadas en flagrante violación del pacto social? ¿Debemos prestar obediencia a unas autoridades que se conducen de manera inmoral?

En tales circunstancias, el primer y sacrosanto deber moral, ético y político de la persona consciente de sus derechos es negarse civilmente a obedecer esas leyes que fueron paridas en el lecho de la más absoluta ilegitimidad.

En el verano de 1846, el ciudadano estadounidense Henry David Thoreau fue detenido y encerrado en la cárcel local de Concord (Massachussets) por negarse a pagar el poll tax, o contribución urbana. Adujo, entre otras razones, su negativa a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustas. Refiriéndose en concreto a la que en aquel momento había declarado Estados Unidos a Méjico. A raíz de este episodio escribió Resistance to Civil Government, cuyo texto adaptaría más adelante a una conferencia Sobre el deber de la desobediencia civil. Tras sucesivas correcciones, en 1866 se publicó como un ensayo con el título definitivo de Desobediencia Civil.

En dicha obra, Thoreau plantea el derecho a la desobediencia desde la perspectiva de un radicalismo democrático “a la americana”, en la línea de Alexis de Tocqueville. En esa época los americanos del norte se sienten “progresistas” y orgullosos de su revolución, pionera en el establecimiento de los derechos civiles proclamados en su Constitución. Precisamente, uno de los reproches que Thoreau dirige a sus compatriotas será el haber dejado adormecer el espíritu en brazos del conformismo material, olvidando ejercer el saludable derecho a rebelarse contra el Orden Establecido

Dharana es un sello editorial que acaba de hacer un gran esfuerzo para poner al alcance del gran público, a un precio asequible, esta obra del pensamiento filosófico y político cuya lectura resulta imprescindible para toda persona deseosa de poner coto a la gran iniquidad que asola España. El libro, con prólogo del autor de este blog, se puede adquirir en Madrid en las librerías Dharana y La Malatesta y también por Internet, al precio de ocho euros, con gastos de envío incluidos a través de este enlace.



lunes, 2 de junio de 2014

¿Se promulgará una amnistía para los grandes delincuentes del Reino de España?

Los fastos de la inminente entronización del príncipe de Asturias como sucesor de Juan Carlos I conllevan el riesgo añadido de que se promulgue una amnistía que saque de la cárcel a los grandes delincuentes financieros y declare sobreseídas las causas pendientes contra el resto de facinerosos de altos vuelos.

George Grosz (1893-1959)
Existe un general consenso en que el respeto de las normas del tráfico rodado en las carreteras del Reino de España redunda en el bienestar público. Por supuesto que hay personas de escaso espíritu cívico que se saltan a la torera estas normas, siendo sancionados por ello si la infracción es detectada por los agentes encargados de velar por su cumplimiento. Con relativa cercanía en el tiempo, dos de estos infractores han sido personas de gran relevancia en las altas esferas del Establecimiento, es decir, el meollo del Orden Establecido.

La primera fue, como es público y notorio, Esperanza Aguirre, condesa consorte de Murillo, destacada figura del Partido Popular, expresidenta de la Comunidad de Madrid y activa propagadora de la fe neoliberal. Aparcó su coche en mitad del carril bus en plena Gran Vía madrileña y cuando los agentes de movilidad acudieron a denunciarla, se dio vergonzosamente a la fuga con su vehículo. Su caso está en manos del correspondiente juzgado.

El siguiente infractor de relumbre ha sido nada menos que un magistrado del Tribunal Constitucional. El juez Enrique López, muy próximo al PP, se saltó un semáforo en rojo en la confluencia de la calle de Vitruvio con el paseo de la Castellana, descubriéndose que iba literalmente borracho como una cuba. Requerida la  presencia de un equipo de atestados de la Policía Municipal se le realizaron siete pruebas de alcoholemia al magistrado debido a que este "cortaba el soplido sin motivo aparente". Por lo que los agentes le advirtieron de que su actitud podría ser considerada como una negativa a someterse al test. Que arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro.


El artículo 372 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión —sustituible por multa o trabajos comunitarios— y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a aquel que "que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro". En el caso de Aguirre, si el incidente se tramita como delito de resistencia o desobediencia grave a la autoridad, como pide la acusación particular, podría ser condenada a una pena de seis meses a un año de prisión. 

Tenemos, por otro lado, a un convicto amigo de la condesa y también del Rey en la cárcel: Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la gran patronal CEOE, condenado a varios años de cárcel por estafa. Al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que también está entre rejas al igual que el cabecilla de la red Gürtel por orden del juez que investiga una gigantesca trama de corrupción. Cerca de un centenar de banqueros imputados en malversación de los dineros depositados por los clientes de sus respectivas entidades. Y por si fuera poco, Cristina hija del abdicado monarca, a la que Hacienda le ha descubierto grandes cantidades de dinero no declarado y que se encuentra al filo de ser imputada, como lo está ya su esposo, Iñaki Urdangarín, en un caso de apropiación indebida de fondos públicos.  

 
Gerardo Díaz Ferrán, Jaume Matas, el rey Juan Carlos y Arturo Fernández. Foto: La Celosía

Pese a las nutridas protestas en la calle contra la continuidad de la monarquía y a favor de la república, un sistema de gobierno más higiénico, el Régimen ha organizado un rápido proceso de sucesión de Juan Carlos I por su hijo Felipe de Borbón. Un proceso relámpago, casi una blitzkrieg contra el pueblo, para sentar al heredero en el trono antes de que, con la llegada de los calores caniculares, el Establecimiento cierre por vacaciones confiando en aplacar así el malestar de la opinión pública. Pero nos queda una duda añadida, y es la de si, coincidiendo con los fastos de la entronización, se promulgará una ley de amnistía que saque de la cárcel a los mencionados delincuentes y declare sobreseídas las causas contra el resto de facinerosos de altos vuelos.



sábado, 24 de mayo de 2014

Juan de Mariana y la Vindiciae contra tyrannos

"Tanto los filósofos como los teólogos están de acuerdo en que si un príncipe se apoderó de la República a fuerza de armas, sin razón, sin derecho alguno, sin el consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera de la corona, del gobierno, de la vida; que siendo un enemigo público y provocando todo género de maldades a la patria y haciéndose verdaderamente acreedor por su carácter al nombre de tirano, no sólo puede ser destronado, sino que puede serlo con la misma violencia con que él arrebató un poder que no pertenece sino a la sociedad que oprime y esclaviza". (Juan de Mariana).



Monumento a Juan de Mariana, situado en la plaza del mismo nombre, en Talavera de la Reina, obra del escultor Eugenio Duque

Pese a la dura realidad que nos rodea, este escribidor tiende a ser optimista y ver el lado bueno de las cosas. Y la polémica desatada a raíz de los comentarios crueles vertidos sobre los políticos en las redes sociales también tiene su lado positivo: la derecha de este país, heredera de un régimen que asesinó a millares de personas por sus ideas políticas, acaba de reconocer que propugnar que se mate a los políticos es un delito. Lo dice a deshora, y sólo cuando ha visto amenazados a los suyos ha enviado a la policía a detener twiteros amenazantes, pero algo es algo. No me cuento entre los seguidores del Dr. Pangloss, que piensan que vivimos en el mejor de los mundos, sino más bien en el pragmatismo utilitarista. En este sentido, que la derecha hispánica emprenda el camino de no justificar el asesinato bajo pretextos políticos o religiosos ya supone un avance histórico.  

Por lo demás, los comentarios vertidos en las redes sociales, reprobables tanto por su contenido como por su escasa elegancia estética, no dejan de ser un trasunto de lo que a diario puede escucharse en los bares y otros mentideros de la Celtiberia. Expresiones de un descontento que, en lugar de canalizarse políticamente, va corrompiendo el carácter social.

Hace años que, con mucha más finura argumental y discursiva que la empleada hoy en las redes, un conspicuo teólogo e historiador español llegó a propugnar el regicidio. Me refiero a Juan de Mariana (1536-1624), al que Talavera, su ciudad natal, le recuerda en una plaza presidida por su efigie.

Tras la muerte del cruel e intransigente Juan Calvino, en 1564, se desataron crueles guerras de religión en Escocia, los Países Bajos y, especialmente, en Francia, donde tuvo lugar el trágico episodio de la matanza de hugonotes en la Noche de San Bartolomé, en 1570. A raíz de ese sangriento suceso aparecieron numerosas obras, cuyos autores eran protestantes franceses, defendiendo el derecho de resistencia a un tirano. El conflicto político y religioso entre la creciente burguesía y las monarquías alcanzó tales dimensiones que, aparte de sus manifestaciones armadas, originó una controversia teórica que recuperó conceptos medievales y de la cual surge la formulación del ius resistendi o derecho de resistencia. La Vindiciae contra tyrannos, obra atribuída a Philippe du Plessis-Mornay, publicada por primera vez en 1576, constituye uno de los más célebres alegatos contra el absolutismo.

Lo sugestivo del título  —venganza contra los tiranos—  ha hecho que esta obra haya tenido cierto reflejo en la literatura revolucionaria. Sin embargo, la Vindiciae no era una teoría del gobierno secular. “Su defensa del derecho a resistir no constituía en lo más mínimo una argumentación en pro del gobierno popular y los derechos del hombre. No tenían cabida en ella los derechos individuales humanos y su tendencia práctica era aristocrática y aun en cierto sentido feudal. Por consiguiente, en espíritu estaba en absoluta oposición con las doctrinas de libertad e igualdad que se vertieron posteriormente en el molde de la teoría del contrato”, señala George Sabine.

Las teorías antimonárquicas en la línea de la Vindiciae fueron desarrolladas por otros escritores protestantes, tanto en Inglaterra como en los Países Bajos, soliviantados éstos últimos por las brutales vejaciones de la población efectuadas por los Tercios españoles al mando del duque de Alba. Mientras tanto, y aunque partiendo de presupuestos ideológicos distintos, otra de las principales formulaciones del derecho de resistencia se debe a los jesuítas. Fundada en 1534, la Compañía de Jesús contó en su seno con algunas de las cabezas más capaces de su época. Su finalidad específica se hallaba orientada a reestablecer la autoridad del Papa, cuestionada por la Reforma, bajo un nuevo principio separador de la autoridad espiritual de éste respecto a la del poder temporal.

La contribución española a la formulación del derecho de resistencia fue notable, sustanciándose, sobre todo, en las reflexiones de los tratadistas teológico-jurídicos de la Escuela de Salamanca. Una variante de la escolástica que introdujo en la economía un nuevo punto de vista moral. Según esta escuela, iniciada por el dominico Francisco de Vitoria (1486-1546), el orden natural se basa en la libertad de circulación de personas, bienes e ideas. De esta manera los hombres pueden conocerse entre sí e incrementar sus sentimientos de hermandad. Esto implica que los comerciantes no son moralmente reprobables, como consideraba la ortodoxia católica, sino que llevan a cabo un servicio de interés para el bienestar general.

Los primeros escritores jesuitas fueron españoles y, según Sabine, su corpus teórico vióse más influido por su nacionalidad que por la específica finalidad jesuita respecto al papado. También Claudio Sánchez-Albornoz, en la famosa polémica que mantuvo con Américo Castro sobre la esencia de lo hispánico, destaca este matiz diferenciador de los jesuitas españoles, concretado en la formulación de un derecho de resistencia legitimado en la sociedad civil. En concreto, Sánchez-Albornoz considera a Francisco de Vitoria como el precursor de la objeción de conciencia, ya que este afirma que “si el súbdito está convencido de la injusticia de la guerra no debe servir en ella aunque lo mande el príncipe”. Francisco de Vitoria define con claridad la cláusula de objeción indicando que “los súbditos cuya conciencia es contraria a la guerra no pueden participar en ella, tengan o no razón en pensarlo así”.

La desobediencia a la ley positiva por razones morales sería defendida asimismo por Francisco Suárez (1548-1617), jesuíta cuya vasta erudición le valdría el título de Doctor Eximius. En su gran obra jurídica Tractatus de legibus ac Deo legislatore se encuentra ya la idea del pacto social, y realiza en ella un análisis del concepto de soberanía más avanzado que el sus precursores: el poder es dado por Dios a toda la comunidad política y no solamente a determinadas personas, con lo que esboza el principio de la democracia contra cesaristas, legistas, maquiavelistas y luteranistas.

Los seres humanos, sostuvo Suárez, tienen un carácter social natural otorgado por Dios, y esto incluye la posibilidad de hacer las leyes. Pero cuando una sociedad política se forma, la autoridad del Estado no es de origen divino sino humano. Debido a que le otorga este poder, tienen el derecho de tomarlo de nuevo; a la rebelión contra un gobernante, pero sólo si el gobernante se comporta mal con ellos, y están obligados a actuar con moderación y justicia. “En segundo término, deducimos de cuanto se ha dicho que la ley que carece de esta justicia o rectitud no es ley ni obliga ni puede siquiera cumplirse, esto es claro, porque una justicia opuesta a esa rectitud de la ley es también contraria al mismo Dios, pues lleva consigo culpa y ofensa a Dios. Luego no cabe lícitamente su observancia”. 



Sin lugar a dudas, el más conspicuo defensor español del derecho de resistencia fue el inquieto jesuita Juan de Mariana, cuyo libro De rege et regis institutione (Sobre el rey y la institución real), publicado en Toledo en 1599, cobró gran notoriedad por la exposición que en él hace del derecho de los ciudadanos particulares a eliminar al rey en caso de que éste viole la norma fundamental del contrato con el pueblo del que emana su soberanía.

Inspirado en el pensamiento de la Escuela de Salamanca, también Juan de Mariana niega con rotundidad el presunto derecho divino de los monarcas a reinar. Explica el origen de la sociedad civil como surgida de un estado de naturaleza anterior al gobierno en el que los hombres vivían en un estado natural similar al del “buen salvaje” rousseauniano. A partir de ese estado, las necesidades de convivencia llevan a los hombres a establecer un contrato social. Admirador de las instituciones medievales, como las Cortes de Aragón, considera a éstas las auténticas depositarias de las leyes del país, a las que el monarca estaba plenamente sujeto, pudiendo ser eliminado si quebrantaba las mismas.

El padre Mariana sostiene que cuando el rey gobierna injustamente y se convierte en tirano es lícito apearle del Trono utilizando para ello los medios apropiados. “Tanto los filósofos como los teólogos están de acuerdo en que si un príncipe se apoderó de la República a fuerza de armas, sin razón, sin derecho alguno, sin el consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera de la corona, del gobierno, de la vida; que siendo un enemigo público y provocando todo género de maldades a la patria y haciéndose verdaderamente acreedor por su carácter al nombre de tirano, no sólo puede ser destronado, sino que puede serlo con la misma violencia con que él arrebató un poder que no pertenece sino a la sociedad que oprime y esclaviza”.

Llegado el caso, Mariana acepta el tiranicidio como fórmula in extremis para acabar con la opresión política:"Es ya, pues, innegable que puede apelarse a la fuerza de las armas para matar al tirano, bien se le acometa en su palacio, bien se entable una lucha formal y se esté a los trances de la guerra".

La defensa de este derecho de los particulares a matar a un usurpador, aunque su título fuera legítimo, armó gran revuelo y despertó la alarma entre los monarcas y sus partidarios. El libro del padre Mariana fue quemado en público en el Parlamento de París, pues la apología del regicidio expresada en sus páginas se consideró que había sido la causa inductora del asesinato de Enrique III de Navarra y IV de Francia. Un hombre tenido por compasivo, pero odiado por aquellos que se oponían a su política de tolerancia religiosa. El 14 de mayo de 1610, Enrique IV venía de visitar a su ministro de Finanzas que estaba enfermo. Al atravesar una calle estrecha, su carruaje se vio obligado a detenerse ante dos carretas que le cerraron el paso. De una de las carretas salió François Ravaillac, el fanático católico que le asestó dos mortales puñaladas que acabaron con su vida.
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Notas tomadas del original de un libro sobre derecho de resistencia y desobediencia civil que duerme el sueño de los justos en un cajón del escritorio del mantenedor de este blog, ya que ningún editor ha dado muestras de interesarse por él.
 

domingo, 11 de mayo de 2014

Trampas del desempleo: Fedea inventa la pólvora

Por más mentiras que los miembros del Gobierno, con su presidente a la cabeza, se inventen respecto a las cifras del desempleo, el problema del paro de larga duración es realmente pavoroso. Y no lo va a solucionar la propuesta de Fedea para eliminar los subsidios por desempleo.


Dentro del enorme colectivo de parados que hay en España,  3,6 millones lo son de larga duración, que llevan más de un año desempleados. Y de este colectivo, cuatro de cada diez son de muy larga duración, esto es, llevan más de dos años en el paro. Según un estudio de la Fundación Alternativas elaborado por Fedea, los obstáculos para que estas personas encuentren un empleo son fundamentalmente dos: la falta de formación adecuada a las necesidades del mercado y el cobro de subsidios que operan como elementos "desincentivadores" a la búsqueda y aceptación de empleos de baja calidad.

De acuerdo a este 'estudio', los parados de larga duración que cobran ayudas acceden en mucha menor medida al mercado laboral que los que no lo cobran. Los datos incluidos en este informe indican que el pasado año, de este colectivo de desempleados que logró encontrar un empleo, el 95% no cobraban subsidios y solo el 5%, sí. Es más, según Fedea, "entre dos individuos similares en cuanto a sexo, edad, educación, nacionalidad y duración en el desempleo, aquel que cobra algún tipo de subsidio tiene una probabilidad de acceder a un empleo que es un 85% inferior que la de un individuo similar sin ningún tipo de subsidio".

Puede que con tan poco original conclusión los investigadores de Fedea hayan creído que acaban de inventar la pólvora. En realidad, no hacen sino abonar esa leyenda negra, tejida en torno a quienes se ven obligados a malvivir con subsidios por desempleo, que alimenta la sospecha de que los perceptores del mismo prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua.


Más allá de esa colección de tópicos gratuitos a la que se apunta Fedea, las investigaciones de campo realizadas con mayor objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se "enganchan" a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).
         
Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que, si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo, se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No se refiere esto, por supuesto, a un empleo bien remunerado, sino a alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.(*)

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera y rechazarán empleos de corta duración o los realizarán de manera sumergida.
De manera que, para entender el problema en su justa dimensión, hay que invertir los términos de probabilidad de los que habla Fedea al afirmar que el parado que cobra algún tipo de subsidio tiene una probabilidad de acceder a un empleo que es un 85% inferior que la de un individuo similar sin ningún tipo de subsidio. La situación es exactamente la inversa: es el patrón que pretenda contratar en condiciones precarias a un parado con subsidio el que tiene una baja probabilidad de conseguir ese objetivo. Que pruebe a ofrecer un empleo de larga duración, estable, con un salario digno (que mejore sustancialmente los 426 € del subsidio) y una jornada de trabajo razonable, y verá cómo cunde la respuesta entre los subsidiados. 

Pero no, de lo que habla la voz de su amo, es decir Fedea, es de que se supriman todas las ayudas, para que ningún soldado del Ejército de Reserva, pueda, desde las trincheras del subsidio, resistir la ofensiva las Fuerzas Patronales y haya de rendirse a la precariedad. 

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(*) Técnicamente, aceptar un trabajo temporal no significa perder el subsidio, que puede reanudarse tras el cese, siempre que no sea voluntario. También se puede compatibilizar el subsidio con el trabajo a tiempo parcial, cobrándolo en proporción a la jornada trabajada. Las prestaciones no son incompatibles con cualquier trabajo remunerado, sino con el trabajo a tiempo completo o por cuenta propia. En efecto, la percepción del subsidio por desempleo se puede reanudar tras el cese en un empleo. Pero si éste es de muy corta duración, los trámites y colas que hay que realizar en las oficinas del Inem para volver a pedir la prestación suelen ser disuasorios. Unido a la incertidumbre sobre los recortes. Esto seguramente se podría solucionar con algo parecido a una tarjeta de crédito, que permitiera realizar los trámites de forma rápida y eficaz, pero no es el caso. Si a una persona le ofrecen un trabajo de un mes, lo más probable es que prefiera evitarse engorros: trabajará de forma sumergida o no trabajará.