sábado, 15 de septiembre de 2018

Banqueros: más crueles aún que los caníbales

Escena de canibalismo Theodore de Brye

Jean de Léry, un viajero del siglo XVIII, concluyó que la conducta de los grandes usureros era mucho más cruel que la de los caníbales. Pues estos se comen a los muertos, mientras que "los usureros  chupan la sangre y la médula, y, por consiguiente, se comen vivos a tantas viudas, huérfanos y otras pobres personas". Una perfecta alegoría de los crímenes sociales cometidos por los responsables de la crisis financiera iniciada justo hace hoy diez años.


A las siete de la mañana del 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión norteamericano, se declaró en bancarrota. Tenía 639.000 millones de dólares en activos y 613.000 millones en deudas. Fue el inicio de la Gran Recesión que ha afectado a las economías globales

Lehman cayó tras serle denegada ayuda por el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal. Fue el único caso, ya que, a partir de ese momento, los gobiernos de los principales países, aterrados ante el riesgo de infección que amenazaba al resto del sistema financiero global, delararon oficialmente que los bancos eran demasiado grandes (too big to fall)
para dejarlos caer y maniobraron para salvarlos de la situación en que los había colocado los manejos delicuenciales de sus propios directivos.

Operación de salvamento diseñada, como ya es proverbial, de forma que "paguen los de siempre". Es decir, la mayoría de la población asalariada que está sujeta a doble tributación: en tanto que productora, paga impuestos sobre la renta que obtiene principalmente del trabajo (IRPF); y en tanto que consumidora, cuando acude a comprar los bienes o servicios producto de su trabajo, en este caso a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Si un extraterrestre llegase a la Tierra y contemplara esto concluiría asombrado que la humana es una especie de imbéciles, ya que trabajar en tales condiciones no es un buen negocio. Aunque no hace falta que vengan viajeros de otras galaxias para constatar esta estupidez: hace muchos años que los ricos de nuestro planeta consideran que tanto trabajar como pagar a Hacienda son cosas de mal gusto.

En España, el gobierno de Mariano Rajoy saneó los activos inmobiliarios podridos de la banca a través de diversos mecanismos, al tiempo que  solicitó de la Unión Europea un plan de rescate para pagar los platos rotos por los directivos financieros, entre los que destaca uno de los más ilustres chorizos nacionales, Rodrigo Rato, responsable de situar al borde de la bancarrota a Bankia. El 9 de junio de 2012 el ministro de Economía
Luis de Guindos anunció que España había solicitado y obtenido de la UE un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que el Estado utilizó para sanear el sistema financiero español a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Conforme a la lógica de la idiotez establecida, ese rescate, lo hemos pagado los contribuyentes por medio de impuestos, recortes en los salarios, pensiones, prestaciones sociales y
aumento de la Deuda Pública, lo que implica tener que seguir pagando en el futuro.

Esta crisis ha sido muy distinta de las anteriores crisis capitalistas, episodios que los teóricos del sistema consideran renovadoras. Como Joseph Schumpeter, que en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942) expresa su opinión de que la esencia del capitalismo es el proceso de ‘destrucción creativa'. Considera así el ciclo perpetuo de destrucción de productos o servicios viejos y menos eficientes y su sustitución por otros nuevos y más eficientes. Y que por tanto había que evitar intervenir en el libre juego del mercado.

En los primeros momentos de pánico tras la caída de Lehman Brothers, las élites dirigentes prometieron  tomar nota de los errores para enmendarlos. El presidente francés, Sarkozy, llegó a decir que ‘había que refundar el capitalismo'. Sin embargo, diez años después, la evidencia demuestra que aquí no se ha renovado prácticamente nada. En el libro 10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas, varios especialistas de ATTAC coinciden en señalar que la Gran Recesión todavía no ha acabado, aunque el mundo haya vuelto a una etapa de crecimiento económico y de reducción de las tasas de paro. El principal problema consiste en que las finanzas siguen sin estar sometidas a la vigilancia de organismos reguladores encargados de que se cumplan las reglas de juego.

Protesta de ATTAC ante el Banco de España  simbolizando a las víctimas de los crímenes financieros" provocados por la crisis.

A diferencia de la Gran Depresión de 1929, donde algunos banqueros y especuladores llegaron a lanzarse por las ventanas de los rascacielos neoyorkinos, el balance de la Gran Recesión de 2008 arroja un buen resultado para los banqueros de las entidades quebradas, que a título particular se han llevado suculentas indemnizaciones. El dinero público ha servido para premiar conductas auténticamente criminales.

Porque los grandes efectos negativos de la crisis hay que buscarlos en su tremendo impacto social a través de la precarización de la vida y los mercados de trabajo y la desigualdad. Esta crisis ha devorado las esperanzas de futuro de toda una generación, la generación más joven, convencida de que está condenada a vivir en unas condiciones y expectativas peores que las de sus progenitores.

Es decir, las que tenían los grupos de generaciones anteriores hasta ese momento. Ya que en su mayoría han visto también interrumpidas sus expectativas al verse arrojados al desempleo estructural, obligados a aceptar recortes de salarios y empleos de peor calidad  justo en la edad en que veían aproximarse su jubilación, con un tremendo perjuicio en sus carreras de cotización. Pues se ha convertido en un lugar común afirmar que los menos perjudicados por la crisis han sido los pensionistas. Olvidando que en España la mitad de las pensiones se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Un 27% de las pensiones se sitúa por debajo de los 600 euros. Un 23% se encuentra entre los 600 y 700 euros.


¿Acaso el tamaño de estos colectivos sociales no era lo suficientemente grande para aplicarles el criterio too big to fall y evitar dejarlos caer en la miseria y en la desesperación?

Las expectativas de millones de personas han sido devoradas en vida por la acción delincuencial de los banqueros. Moderna denominación destinada a proporcionar prestigio social a un oficio que desde sus orígenes era conocido como el de los usureros. Y cuyas prácticas fueron consideradas peores que las de los caníbales por Jean de Léry:

"Si se considera seriamente lo que hacen nuestros grandes usureros (que chupan la sangre y la médula, y, por consiguiente, se comen vivos a tantas viudas, huérfanos y otras pobres personas a las que mejor sería cortarles el cuello de una sola vez antes que hacerlas languidecer así), se dirá que son todavía más crueles que los salvajes de los que hablo".


Léry fue un viajero del siglo XVIII que había conocido de primera mano la antropofagia ritual practicada por algunas tribus de las selvas amazónicas.  

Je pourrois encore amener quelques autres semblables exemples, touchant la cruauté des sauvages envers leurs ennemis, n'estoit qu'il me semble que ce que j'en ay dit est assez pour faire avoir horreur, et dresser à chacun les cheveux en la teste. Neantmoins à fin que ceux qui liront ces choses tant horribles, exercées journellement entre ces nations barbares de la terre du Bresil, pensent aussi un peu de pres à ce qui se fait par deçà parmi nous: je diray en premier lieu sur ceste matiere, que si on considere à bon escient ce que font nos gros usuriers (sucçans le sang et la moëlle, et par consequent mangeans tous en vie, tant de vefves, orphelins et autres pauvres personnes auxquels il vaudroit mieux couper la gorge tout d'un coup, que de les faire ainsi languir) qu'on dira qu'ils sont encores plus cruels que les sauvages dont je parle.


                   Jean de Léry: Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil.





domingo, 15 de julio de 2018

Subsidio mayores de 55 años: el Constitucional tumba una de las mayores canalladas del Gobierno Rajoy


Año 2013. En plena crisis económica, al tiempo que muchos cargos políticos del Partido Popular se entregaban a la innoble tarea de robar a manos llenas las arcas públicas, el Gobierno de M punto Rajoy escribió uno de los capítulos más canallescos de la historia social contemporánea de España: el ardid legislativo mediante el cual se desposeyó a miles de personas en paro mayores de 55 años del derecho a recibir una prestación mínima por desempleo. Con el consiguiente empobrecimiento para el resto de su vida como pensionistas.

Cinco años más tarde, el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional y nula una de las medidas más canallescas tomadas por el Gobierno del corrupto Partido Popular: el cómputo de rentas familiares a la hora de acceder al subsidio por desempleo para mayores de 55 años. 

Gürtel, Púnica, Lezo... robaban a manos llenas mientras Rajoy, desde el Gobierno, agredía a los colectivos más vulnerables.

En 2013, el Gobierno de M punto Rajoy aprobó, por vía de urgencia, un Real Decreto de medidas "para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". Bajo ese nombre se escondía, entre otras cosas, un endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio por desempleo a los mayores de 55 años. Edad que, previamente, ese nefasto Gobierno, había modificado; hasta entonces el derecho se obtenía a los 52 años.

Los detalles de esta medida fueron comentados en este blog, el 22 de abril de 2013, en la entrada que se reproduce a continuación:



Hace tiempo que los expertos del ministerio antes llamado de Trabajo y ahora de Empleo, saben que la tasa de empleabilidad de los trabajadores mayores de 50 años, una vez despedidos de sus empleos, es prácticamente nula.

De hecho, por Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, se creó una figura especial: el subsidio para mayores de 52 años. Una ayuda que perciben las personas en paro de más edad que se han quedado sin otras prestaciones, y dura hasta que llega el momento de la jubilación. Su cuantía no es muy elevada: 426 eur x 12 pagas mensuales.

Hasta 2003, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. Sin embargo, al desvincularse del mismo, quedó fijado en el 80% del IPREM. Una modificación que contó con la desdichada colaboración de los principales sindicatos: Comisiones Obreras, por acción, y Unión General de Trabajadores, por inacción. En un artículo anterior, ya expliqué esta alquimia miserabilista.

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años estaba concebido como una prestación de último recurso para las personas que se han quedado sin posibilidades de reengancharse al mercado laboral al final de su carrera. La última red de protección social para desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial ya que los requisitos para obtenerla son muy estrictos y exigen haber cotizado al sistema de Seguridad Social.

El pasado verano, el Gobierno de Rajoy ya endureció el acceso a este subsidio, aumentando la edad mínima para percibirlo, de 52 a 55 años. Con el nuevo decreto, ya no bastará, como sucedía hasta ahora, que el parado no supere unos ingresos por otras vías superiores a 483,98 euros al mes. A partir de la nueva medida, en el cómputo se incluye también el núcleo familiar del parado: cónyuge e hijos menores de 26 años. Si la suma de todos sus ingresos, dividida por el número de miembros de ese núcleo, arroja un cociente superior a esos 483,98 euros, la persona en paro no podrá acceder al subsidio.

Esto significa que una persona que tenga la desgracia de quedarse en paro a los 55 años, y su cónyuge tenga un empleo mileurista se verá privada del acceso al subsidio. El Gobierno del Partido Popular establece así la pobreza por Decreto-Ley, ya que el ingreso per cápita en ese hogar quedará por debajo del umbral de pobreza definido por el Instituto Nacional de Estadística.


Con la frivolidad que caracteriza a los miembros del gabinete Rajoy, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que el 80% de los nuevos beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 55 años no tendrán problemas para cobrarlo porque cumplirán los nuevos requisitos de renta fijados por el Gobierno. O sea, que pertenecerán a hogares cuya renta total, en caso de una pareja, no supere los 967,96 euros mensuales.


Esta frivolidad de la ministra raya en la obscenidad política cuando todos sabemos los elevados salarios que se autoadjudican los cargos políticos del Partido Popular. Sin ir más lejos —y al margen de los manejos de Luis Bárcenas que investiga el juzgado— compárese el salario de 200.000 euros anuales que pagaba el PP a su tesorero con esta última medida miserabilista de recorte del subsidio. Una modestísima ayuda que para muchísimas personas constituía, hasta hace poco, la última esperanza de subsistencia.

En su día, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista interpusieron Recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto-ley 5/2013. Recurso que el Tribunal Constitucional ha apreciado parcialmente en su Sentencia 61/2018, de 7 de julio de 2018 declarando nulo e inconstitucional el cómputo de rentas familiares entre los requitos para acceder al subsidio por desempleo.

La tercera agresión a los mayores en paro consistió en establecer la edad forzosa de jubilación a los 61 años para los perceptores del subsidio, cuando hasta entonces se podía percibir la prestación hasta los 65. Este cambio tuvo efectos devastadores para miles de personas ya que, hasta entonces, el cobro de la prestación estaba asociado a una cotización mínima a la Seguridad Social. La obligación de jubilarse cuatro años antes de la edad normal, implicó el correspondiente recorte en la cuantía de la pensión (8% por año anticipado). De manera que, en muchos casos, los condenó a la pobreza por decreto por el resto de su vida.

Esta forma canallesca de actuación política del Partido Popular explica, en parte, la desoladora noticia de que en España se ha superado la barrera del millón de mayores de 65 años que sobreviven bajo el umbral de la pobreza, es decir, que sus ingresos se sitúan por debajo de los niveles mínimos de subsistencia.

El dato, según el diario Público, figura en una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer "el número de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza" desde 2014. La contestación refleja cómo entre 2014 y 2016 esa cifra pasó de 928.530 a 1.090.774, un aumento de 162.244 que revela una escalofriante cadencia de 1.560 casos semanales.

Con una ostensible demora de cinco años, que contrasta con otras decisiones en las que esta alta magistratura actúa en cuestión casi de horas, el Tribunal Constitucional ha tumbado la legalidad del cómputo de rentas familiares en la concesión del subsidio a un colectivo tan sensible como es el de los mayores en paro. Es una buena noticia para los desempleados actuales, pero la sentencia no tiene efectos retroactivos, por lo que la única manera de resarcir a todos esos pensionistas cuya vida y derechos fueron vulnerados por las políticas del Partido Popular sólo podría llegar por la vía de una subida de la pensión mínima. Es decir, lo que desde este blog venimos defendiendo desde hace tiempo: un pacto de Estado que equipare las pensiones mínimas contributivas y de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional.





jueves, 21 de junio de 2018

'Bomba demográfica'. La evidencia estadística invita a realizar una seria reflexión sobre nuestro modelo socioeconómico.

Nunca se habían registrado tantos fallecimientos en España como los que avanzan los datos publicados por el INE. Por contra, los nacimientos están en el nivel más bajo desde 1996. Una ‘bomba demográfica' que los enemigos del sistema público de pensiones utilizan para declarar su inviabilidad. Sin embargo, las pensiones no serían más que una parte del problema. Urge realizar una seria reflexión sobre el conjunto de nuestro modelo socioeconómico. 

Algo falla en la lógica del argumento demográfico con el que algunos agoreros, atentos a la voz de su amo, pronostican la quiebra del sistema público de pensiones en 2040. ¿Por qué solo ven problema en las pensiones? Ante la hipótesis de un acusado envejecimiento de la población en esa fecha, el pago de pensiones sería un problema secundario frente al colapso generalizado que originaría la escasez de trabajadores jóvenes. No se podrían atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Ni cubrir la plantilla de los cuerpos militares y policiales encargados del orden público y la defensa nacional. ¿Quién trabajaría en la agricultura, la industria, el comercio y los medios de transporte? 

Reproduzco a continuación el artículo ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe publicado en este blog hace casi ocho años, el 19 de noviembre de 2010. En líneas generales, tanto su argumentación como la expuesta en el libro del mismo título que introduce, siguen teniendo plena vigencia. Algo ha cambiado, sí. Y es la movilización de los pensionistas contra el brutal recorte de sus pagas, que hace que incluso la portada del libro cobre plena actualidad.

Portada del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe. Ediciones Viejo Topo.


¿Será posible mantener la red estatal de carreteras en 2040? Nadie parece preocuparse hoy por esa cuestión, de crucial importancia en la actividad de un país. Sin embargo, agoreros de distinto signo, pelaje y condición insisten en anunciar para esa fecha el colapso del sistema público de pensiones.

Según los apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandos macroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas. Haciendo caso omiso del resto de indicadores.

Porque si, tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2040, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados. Es más, al estrecharse la franja de población activa contribuyente, será difícil acudir con fondos públicos al salvamento de bancos en quiebra, como acaban de hacer los Estados. Por lo que, en 2040, las entidades financieras que incurran en manejos delicuenciales de la misma índole que los usados para desencadenar la actual crisis quedarán a merced del libre juego del mercado.

Y esto no es lo más grave. Si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.

Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.

Si los servicios de estudios económicos pagados por la banca no temen que se interrumpa el funcionamiento del sistema productivo en 2040 es porque, mientras nos intentan colar el cuento de la buena pipa, de puertas adentro hacen otras cuentas. Balances que integran el valor de los incrementos de productividad proporcionados por el continuo avance tecnológico. De hecho, el censo de población empleada disminuye no sólo por causas demográficas. Gran parte del desempleo estructural procede de sustituir mano de obra por dispositivos mecánicos electrónicos. Por ejemplo, los cajeros automáticos de las oficinas bancarias.

Lo malo es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Frente a esto, otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.

Estos curiosos convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.

A raíz de la penúltima crisis del capitalismo que estamos viviendo, los gobiernos han movilizado ingentes cantidades de dinero del contribuyente para acudir en socorro de los bancos en apuros. Y para colmo de males, con el fin de calmar el pánico inversor (temeroso caballero es Don Dinero) y evitar que cayeran las bolsas de valores, el Gobierno de España ha decretado severos recortes en la paga de los pensionistas.

Los bancos siguen ganando dinero a espuertas porque los ciudadanos soportamos a diario un impuesto en la sombra al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago con tarjeta de la cesta de la compra en el supermercado.

Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera. Para prevenir la crisis de las pensiones, que presuntamente ocurrirá en 2040, nada mejor que obligar a la banca, aquí y ahora, a pagar lo que debe.

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.

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 De todo esto hablaremos hoy en Las Rozas

domingo, 27 de mayo de 2018

El daño moral, social y económico infligido por el Partido Popular a la ciudadanía española exige una reparación inmediata

Si España fuese una república, el Presidente, apenas conocida la sentencia de la Gürtel, no habría tardado ni un minuto en llamar al Primer Ministro del Gobierno para exigirle su inmediata dimisión y la disolución del equipo gubernamental. En el régimen de monarquía parlamentaria, al menos habría sido de agradecer que el Rey, en su calidad de Jefe del Estado, hubiera hecho lo propio con M punto Rajoy. En su defecto, no queda otro recurso que utilizar la vía del Parlamento para llevar a cabo una medida urgente de higiene democrática: expulsar del Gobierno de la Nación a los miembros del Partido Popular, contaminado hasta la médula por la corrupción que infecta todo lo que toca.

La sentencia judicial sobre la primera etapa del caso Gurtel es demoledora: constata la existencia de una contabilidad paralela en el PP durante décadas, y determina que el testimonio en sede judicial del propio presidente del Gobierno no tiene "credibilidad". Una situación políticamente insoportable. Pero España no es una República ni el Rey acostumbra a salir de su bien remunerado far niente, por lo que corresponde al resto de las fuerzas políticas ponerse de acuerdo para echar del Gobierno cuanto antes al corrupto Partido Popular por la única vía restante: la moción de censura en el Parlamento.

Por supuesto, todo este "lío" —en la terminología de M punto Rajoy— se habría evitado si él mismo hubiera tenido el decoro de dimitir motu proprio. Algo impensable en el proceder del líder del Partido Popular que, a fuer de cínico, alcanza el cénit del absurdo al referirse a la trama Gürtel como '14 o 15 casos aislados'. ¿Cuál es el umbral numérico que marca la diferencia entre los 'casos aislados' y la banda organizada de delincuentes?

Un sistema (del griego sýstema 'reunión, conjunto, agregado') es un conjunto de componentes que se relacionan con al menos algún otro componente material o conceptual. El fallo de la Audiencia se refiere a la trama Gürtel como un sistema de corrupción institucional.

Los jueces consideran probado que las empresas de Francisco Correa y el PP crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local". Manipulación llevada a cabo gracias a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.

Esos cargos tenían posibilidades de "influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".

Las empresas de la trama corrupta gozaban de "un arbitrario trato de favor en la contratación pública", continúa la sentencia. Inflaban los precios de las adjudicaciones o cobraban comisiones cuando las adjudicatarias eran terceras empresas. Ese dinero se repartía luego entre los cabecillas de la trama y los cargos públicos. Estos últimos, además de dinero líquido, recibían "otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".


Y la cosa no acaba aquí. Porque la Gürtel sólo es una de las ramas del sistema de corrupción instalado como un parásito en la Administración del Estado en manos del Partido Popular. Que se ha superpuesto a lo que debería ser el sistema normal de gobierno del país. Otras piezas judiciales separadas siguen su curso e irán dando cuenta de otras  irregularidades en la Comunidad Valenciana, en la de Madrid y en numerosos Ayuntamientos. Personajes tan relevantes en la estructura del PP como Jaume Matas, Ignacio González, Francisco Granados o el más reciente, Eduardo Zaplana, han ido a dar con sus huesos en prisión. Sin olvidar a Rodrigo Rato, pendiente también de la justicia.

Esta conducta del Partido Popular, apestando la vida política española, coincide con los tremendos recortes presupuestarios que ha aplicado en las partidas de protección social. Coincide con el rescate de la gran banca española, que se ha embolsado 50.000 millones en intereses de la deuda pública triplicada por M punto Rajoy y 42.000 millones del rescate bancario pagados con cargo al contribuyente. Coincide con las reformas de la legislación laboral que han precarizado las condiciones de empleo de la población joven. Coincide con la agresión sin precedentes llevada a cabo contra los pensionistas.

En consecuencia, el daño moral, la devastación social y económica infligida por el Partido Popular a la ciudadanía española exige una reparación urgente. Se impone echar —sí, echar es la palabra adecuada— al Gobierno de M punto Rajoy y sustituirlo por un Gobierno de Emergencia que lleve a cabo una serie de tareas de higiene democrática. Entre ellas y de forma inmediata: la derogación de la ley mordaza, la reforma de pensiones de 2013 perpetrada por el PP y las leyes de reforma del mercado laboral.


El siguiente paso consistiría en abordar una agenda social que articulara una serie de medidas encaminadas a indemnizar económicamente a las víctimas de las políticas socialmente devastadoras aplicadas por el Partido Popular. Medidas que tendrían que contemplarse en el Presupuesto de 2019.

El primer acto, echar a M punto Rajoy, ha sido puesto en marcha por Pedro Sánchez a través del mecanismo de la moción de censura al Gobierno. El secretario general del PSOE sigue así el procedimiento previsto por la Constitución Española:

Artículo 113
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
 

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Al vocerío político y mediático de la derecha española le ha faltado tiempo para salir en tromba atacando la iniciativa de Pedro Sánchez. En concreto, la derecha naranja del partido Ciudadanos pide retirar la moción de censura y convocar nuevas elecciones.

Entrar en un periodo electoral no haría más que aumentar la inestabilidad pudriendo, aún más si cabe, la situación. Porque el primer efecto indeseable sería mantener durante ese tiempo a M punto Rajoy al frente del Gobierno como presidente en funciones. Oficio que ya ha desempeñado tras la fallida convocatoria electoral en la que los intereses partidistas de las distintas formaciones políticas impidieron un acuerdo. Un panorama absolutamente indeseable porque conjugaría la inactividad gubernamental con la actividad destructora de pruebas, V.g.: ordenadores a martillazos, marca de la casa Génova.

Por el contrario, si triunfa la moción de censura, el relevo es inmediato, ya que el nuevo presidente ni siquiera debe presentarse a un debate de investidura

Artículo 114
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara

 

Es el momento, no sólo de Pedro Sánchez, sino del conjunto de la oposición, para poner en práctica una actitud y un talento políticos a la altura de las circunstancias. Quién sabe, a lo mejor, esta vez hasta son capaces de actuar pensando en las necesidades del conjunto de la ciudadanía española.





miércoles, 16 de mayo de 2018

Matanza en la Franja de Gaza

La reciente matanza indiscriminada de civiles palestinos a manos del ejército israelí en la valla de separación de la Franja de Gaza constituye un nuevo episodio de la Historia General de la Infamia. Que se produce ante la indiferencia general de la opinión pública europea que no exige a sus dirigentes una condena rotunda de esta sangrienta realidad.

La Franja de Gaza fue escenario el pasado lunes de una jornada mucho más sangrienta aún, si cabe, en su triste historia. La marcha de protesta de decenas de miles de palestinos en el límite de la Franja con Israel contra el traslado de la Embajada de EE UU a Jerusalén se saldó con una auténtica matanza de civiles. Al menos 60 manifestantes perdieron la vida bajo las balas del ejército israelí, cuyos disparos  causaron asimismo más de un millar de heridos.

Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó de "inaceptable e inhumana" la muerte a tiros de 60 manifestantes palestinos: "Es insoportable ser testigo de tanta gente asesinada en tan poco tiempo", señaló en un comunicado la representante de MSF en Gaza, Marie-Elisabeth Ingres. "Nuestros equipos están trabajando sin descanso, operando a hombres, mujeres y niños. En uno de nuestros hospitales, la caótica situación es comparable a lo que observamos tras los bombardeos de la guerra de 2014, con un flujo masivo en muy pocas horas", agregó Ingres.

No se puede ocultar que algunos de los manifestantes expresaron su ira y su frustración con actitudes violentas. Pero la realidad es que es la diferencia de fuerzas es abrumadora: los gazatíes tienen piedras, neumáticos incendiados y precarios cócteles molotov mientras que los israelíes se enfrentan a ellos con un poderoso ejercito.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el martes que Israel mata de una forma que "parece indiscriminada" y recordó que querer saltar o dañar una valla fronteriza (la de Gaza) no justifica el uso de munición letal.

Matanza es el término que mejor define la acción de Israel en este sangriento episodio. Una matanza ante la que las palabras de condena suenan huecas a fuerza de haber sido mil y una veces repetidas en tantos otros sangrientos episodios de la Historia Universal de la Infamia. 


"Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda", advirtió el también asesinado Martin Luther King, líder estadounidense de los derechos civiles. Martin señaló la enorme complicidad del silencio en todos los conflictos. "Llega la hora en que el silencio es traición", "al final, recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos". "No nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados, sino el estremecedor silencio de las buenas personas".

Indiferencia, o tibieza en la calificación de estos hechos sangrientos, patente en la actitud de los dirigentes europeos, —gente que debería ser buena al menos en lo que toca al ejercicio de sus cargos de mandatarios de naciones civilizadas—. Y lo peor no es tanto que estos dirigentes —con la notable excepción de Emmanuel Macrón— no condenen con rotundidad la matanza de Gaza, sino que tampoco haya una opinión pública mayoritaria —una buena ciudadanía—que les exija hacerlo.


En su autobiografía El mundo de ayer, un panegírico a la cultura europea que consideraba para siempre perdida, el escritor Stefan Zweig(*) denunciaba cómo había disminuido la 'conciencia moral del mundo' durante el periodo de entreguerras.

Y es que la conciencia moral del mundo todavía no estaba tan agotada ni desalentada como lo está hoy, aún reaccionaba con vehemencia, con la fuerza de una convicción secular, ante cualquier mentira manifiesta, ante toda violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Una violación de la ley, tal como la invasión de la neutral Bélgica por Alemania  –algo que hoy apenas sería objeto de críticas serias, desde que Hitler ha convertido la mentira en una cosa natural y ha elevado a la categoría de ley todo acto antihumano– en aquellos días todavía era capaz de sublevar al mundo de un extremo a otro. El fusilamiento de la enfermera Cavell y el torpedeamiento del Lusitania fueron más nefastos para Alemania –debido a un estallido de indignación ética universal– que una batalla perdida. 


La manifestación del lunes fue la última de una serie de protestas organizadas desde el 30 de marzo de 2018 para conmemorar los 70 años de la expulsión de más de 750.000 personas palestinas de sus hogares en 1948. Estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por las fuerzas israelíes. Hasta la fecha, más de 100 personas palestinas han sido asesinadas y otras 12.271 han resultado heridas, incluidos 100 menores de edad. Además, el personal médico y las instalaciones también han sido blanco de fuego, lo que ha provocado lesiones a 211 miembros del personal médico y daños a 25 ambulancias, según la OMS.

Escribo estas líneas para no contribuir a la iniquidad con mi silencio. Aunque me gustaría saber dónde reside hoy esa conciencia moral capaz de producir un estallido de indignación ética ante los crímenes de toda índole que se producen en el mundo.


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(*) Desesperados ante el futuro de Europa y su cultura, pues creían que el nacionalsocialismo se extendería a todo el planeta, Zweig y su esposa se suicidaron el 22 de febrero de 1942 en Petrópolis (Brasil). En su despedida, Zweig había escrito: «Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal el bien más preciado sobre la Tierra».



lunes, 2 de abril de 2018

El tándem derechista Rajoy y Rivera (R&R) pedalea de nuevo con una burla hacia los pensionistas


Lo que los pensionistas reclaman es que se respete su dignidad, no que se les ofrezca una limosna para calmar sus protestas. Como acaba de hacer el tándem derechista formado por Rajoy y Rivera (R&R), que han vuelto a pedalear juntos en el debate presupuestario intentando burlarse de un numeroso colectivo social que ya no se deja engañar fácilmente.

El pasado 26 de marzo, Albert Rivera (que no es un líder ciudadano sino presidente de Ciudadanos, partido político con esa denominación oportunista), compareció en rueda de prensa para informar del pacto alcanzado con Mariano Rajoy para aprobar los Presupuestos de 2018. Con sonrisa triunfal anunciaba uno de los 'grandes' puntos del acuerdo: subida de las pensiones mínimas del 2%.

Un día después, tras el Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Hacienda ponía puntos sobre las íes a lo dicho por Rivera: la mejora de las pensiones será de una horquilla entre un 1% y un 3%. En concreto las pensiones mínimas (2,4 millones) y no contributivas (450.000) crecerían un 3%, las que no superan 700 euros mensuales (9.800 al año), un 1,5%, y las inferiores a 860 euros (12.040 euros anuales) subirían un 1%. Y para el resto, ya saben: el 0,25%
 

Esa discriminación por tramos dentro del colectivo que recibe las pensiones más bajas es una manera humillante de repartir la miseria. Incluso plantea situaciones paradójicas. Por ejemplo, una pensión de 699 euros con un incremento del 1,5% (10,48 €) alcanzaría los 709,48 euros. Mientras que otra pensión de 701 euros con un incremento del 1% (7,01 €) se quedaría en 708,01 euros. ¡La mayor quedaría por debajo de la que anteriormente era inferior! Diferencia que, por muy ligera que sea, constituye un agravio conceptual.





Parece que el tándem derechista integrado por Rajoy y Rivera (R&R) no se ha enterado del verdadero alcance de la corriente de indignación generada en el colectivo pensionista. Y ambos representantes de la derecha siguen empeñados en reírse de los mayores mientras compiten por ver quién de los dos  anuncia una subida que vuelve a ser irrisoria: Del lat. irrisorius. 1. adj. Que mueve a risa y burla. 2. adj. Insignificante por pequeño. (DRAE). 

No contentos con alardear de esa birria de subida de pensiones, el tándem R&R recorta el gasto social dedicado a otros apartados. Según informa la Cadena SER, en el acuerdo de investidura pactado entre Rivera y Rajoy figura que en 2018 invertirían 1.560 millones de euros para combatir la pobreza infantil, que el proyecto final que llega al Congreso lo rebaja a 350 millones. Dicho acuerdo contemplaba 350 millones para la gratuidad de libros de texto que ahora se quedan en 50. Y para los permisos de paternidad se destinan 600 millones de euros menos de lo previsto. ¿Es recortando en la ayuda a los nietos como pretenden cuadrar la subida a los abuelos?


Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó recientemente al Gobierno que vuelva a establecer un sistema de revalorización automática de las pensiones, apuntando asimismo el objetivo de que las pensiones vayan aumentando hasta que las mínimas se acerquen a 1.000 euros. Un magnífico brindis al sol, porque alcanzar esa cifra desde los 600 euros actuales no se consigue con incrementos porcentuales de un sólo dígito anual, a no ser que esperemos cien años. Plazo que la mayoria de los pensionistas actuales no pueden aguardar, por mucho que las ciencias encargadas de prolongar la longevidad.

Siendo algo más realistas, habría que comenzar por equiparar, aquí y ahora, las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, que en España es bastante modesto. Algo que reiteradamente venimos reclamando desde este modesto rincón de opinión activista: un pacto de Estado entre todas y todos los representantes electos que hiciera posible esa equiparación. Para ello, habría que pedir a todos los partidos del arco parlamentario que se dejaran de estupideces, postureos y filibusterismo. Que dejaran de arrojarse unos a otros propuestas miserabilistas y se pusieran a trabajar por la justicia social. Tal es el sentimiento que refleja la carta abierta que corre por las redes sociales.

                                       CARTA ABIERTA DE
                          UN JUBILADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro.

Todo lo que véis ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros.

Levantamos un país que venía de una dictadura.

Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas.

Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días: No había ayudas, eran los hijos los que tiraban del carro.

Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios.

Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades. Y construimos la España que hoy gobernáis vosotros, como si fuera sólo vuestra.

Llevastéis a nuestros hijos a una crisis económica que nosotros hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.

No tenéis derecho a pedirnos más sacrificios.

Queremos tener lo que nos corresponde: Una pensión que nos permita vivir dignamente.

Señores Diputados. Pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan los problemas.

Revisen TODOS sus sueldos y pensiones vitalicias. Sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones. Reduzcan gastos empezando por Uds.

No salgan a la calle ahora en las manifestaciones para hacer propaganda electoral.

No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos.

No nos hace ninguna gracia ver con qué tono agresivo, de rabia contenida, se comportan en sus debates. Se puede decir lo mismo con educación y guardando la compostura.
 

Demuestren que son dignos de la confianza que les hemos depositado.

Y si no lo hacen, se encontrarán con sus padres en la calle. Se les tendría que caer la cara de vergüenza.

Somos una generación de luchadores. No van a poder callarnos la boca.

Sería tremendo que hayamos de ser nosotros, de nuevo, los que tengamos que coger al toro por los cuernos.

Demuestren todos, con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente, a estas alturas de la vida.






jueves, 15 de marzo de 2018

Al corrupto Partido Popular sólo debería votarle el 0,25% del censo electoral

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado salvaje. Nuestro deber de ciudadanía es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia. Protestando en las calles, sí. Pero ante un Gobierno sordo a las demandas sociales hay que llevar también la protesta a las urnas. En 'agradecimiento' a los deplorables servicios prestados por su cínico presidente, M punto Rajoy, al corrupto Partido Popular sólo debería votarle, como mucho, el 0,25% del censo electoral.

Decíamos ayer en este mismo cuaderno: ¿Podemos, de una puñetera vez, hablar en este país de algo más que de banderas? De las pensiones, sin ir más lejos. Pues bien, al cabo de varios meses de hastío, el colectivo de jubilados y las mujeres del 8M han salido a las calles de España para tomar las riendas de la movilización civil. 

Y la evidencia acaba de poner de relieve que cuando la ciudadanía se moviliza sí se puede.
No sólo es posible salir a la calle, sino también lograr que esta presencia tenga influencia política. De entrada, las mujeres le torcieron el pulso al presidente del Gobierno y a su corrupto partido, que habían tachado la huelga del 8M de "elitista, insolidaria e irresponsable". Previamente, los jubilados soprendieron a los medios de opinión publicada llegando hasta las puertas del Congreso.

Esta es la primera lección que debieran aprender otras capas de la población desempleada o precaria que llevan mucho tiempo, demasiado, soportando con pasividad rayana en la sumisión los desmanes sociales cometidos por el Gobierno presidido por M punto Rajoy. Y que deberían estudiar también los componentes del amplio elenco de representantes políticos, de variopinto color, que han estado más atentos a implicarse en asuntos de índole marciana y esperpéntica como el show indepe que en ocuparse de esos asuntos realmente serios que la acción política debe resolver. Comenzando, por las cosas de comer.
    
Pero, mientras se produce este aprendizaje por parte de quienes tienen la asignatura pendiente, corresponde al gran colectivo de pensionistas de este país seguir alimentando la hoguera de la rebeldía contra la desigualdad. Un fuego que, tras los tímidos intentos sindicales previos, prendió con fuerza a partir de la chispa —en forma de convocatoria a tomar las calles del país— lanzada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

En esa hoguera deberían arder, políticamente hablando, todos los responsables de la gran crisis financiera, económica y social —por este orden— a las que el Gobierno del PP, el partido más corrupto que ha conocido nuestra democracia, dio respuesta con millonarias ayudas a la banca con cargo al dinero de todos. Ayudas que han ido parejas a una agresión sin precedentes a los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Entre ellas, la precarización del empleo —vía reforma laboral— y la devaluación de los salarios de las personas empleadas, con el consiguiente déficit de cotizaciones al sistema público de pensiones. Amén de una reforma del mismo que, a corto plazo, se ha traducido en una congelación de facto de la cuantía de las mismas. A las que, por quinto año consecutivo, se ha aplicado una revalorización del 0.25%

Para una pensión media, el montante de esta revalorización apenas supone un par de euros mensuales, —1,50€ para una pensión mínima de 600€— es decir, casi lo mismo que ha gastado el ministerio de turno en la carta que envía a cada pensionista comunicándole tan fastuosa actualización. Habida cuenta de que la mitad de las pensiones se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Un 27% de las pensiones se sitúa por debajo de los 600 euros. Un 23% se encuentra entre los 600 y 700 euros. Y el 50% restante está por encima de los 700. La pension más habitual se sitúa en el umbral de pobreza: 645 euros mensuales.


Por si la misiva, redactada con tintes triunfales y paternalistas, no fuera ya motivo de gran indignación, llegaron luego las declaraciones de distintos miembros del gobierno y del PP pretendiendo convencer al colectivo de pensionistas de que era el único que no había sufrido pérdida de poder adquisitivo durante la crisis. Con lo que la yesca para que prendiera la chispa de la indignación estaba servida: cualquiera puede observar lo que sucede con productos básicos como la luz, el gas, los alquileres, el agua, etcétera. 

Así surgió la gran protesta del 22-F en las principales ciudades del país, y que en Madrid llegó hasta las puertas del Congreso, sorprendiendo a las mismísimas fuerzas de Seguridad que no habían previsto la magnitud de la protesta.

Ruego miren la imagen de portada del libro que tienen en el margen izquierdo de estas líneas. Nada que ver con esa idea que presenta a la tercera edad como un sector de la población inmovilista y conservador. Prueba de ello es que los medios de comunicación, a la hora de ilustrar gráficamente las noticias sobre pensiones, suelen utilizar fotografías de grupos de jubilados con gorrilla  sentados en un banco esperando resignados el fin de sus días.

Esa imagen se vuelve progresivamente obsoleta. Gracias a la mejora general de la salud de la población, las nuevas cohortes de jubilados que se incorporan al colectivo pensionista están revitalizando el vigor del mismo. Aunque quien más quien menos ha de pasar con cierta frecuencia por revisiones e intervenciones médicas, hoy no es raro ver personas mayores practicando todo tipo de deportes. Y si hay algunos que siguen subiendo cumbres pirenaicas de tres mil metros, cómo no van a aguantar pasear algunas horas por las calles enarbolando una pancarta. Además, muchos de los participantes de las actuales las convocatorias de protesta, ya corríamos delante de los grises en los años 70, antes y durante la Transición, afrontando situaciones de mayor riesgo. O sea que en esto, también la veteranía es un grado.

La fortaleza de los nuevos pensionistas no sólo se refiere a la forma física, sino también a la fortaleza política. Albert Camus señaló que la rebelión es propia de la persona informada que conoce sus derechos. Y los pensionistas de hoy no sólo conocemos nuestro derecho constitucional a tener una pensión digna y suficiente garantizada por los poderes públicos. También estamos perfectamente informados de las cuantiosas sumas de dinero público inyectados por el Gobierno para sanear bancos, autopistas en quiebra, constructoras..., etc. Con lo cual no podemos otorgar el menor crédito al presidente del Gobierno cuando, con su habitual cinismo, nos dice que no hay dinero para subir las pensiones.  


Bajo la presión de la calle, Mariano Rajoy no ha tenido más remedio que comparecer en el pleno sobre pensiones convocado en el Congreso. Pero lo ha hecho para negarse en redondo a actualizar las pensiones con el IPC y mantener el "factor de sostenibilidad" que entrará en vigor en enero de 2019. Lo cual supondrá, de aquí a 2050, una rebaja de las pensiones en un 20%.


Sólo, en lo que supone un auténtico chantaje al resto de partidos, Rajoy ofreció subir las pensiones más bajas con arreglo a la inflación a cambio de conseguir luz verde a los Presupuestos; así como elevar también las de viudedad, cuando resulta que está obligado a hacerlo por una ley de 2011 que este presunto servidor de la ley lleva siete años incumpliendo. Y cuando resulta que para las pensiones más bajas incluso con el incremento del IPC el aumento seguiría siendo irrisorio. Todo lo que no sea una equiparación con el Salario Mínimo Interprofesional será una estafa moral y política.
 
En definitiva, una deprimente intervención parlamentaria a raíz de la cual Rajoy se ha convertido en el principal animador de la inminente jornada general de protesta convocada para el próximo sábado 17 de marzo en toda España.




No hay que olvidar otro detalle: el colectivo pensionista dispone de bastante holgura de tiempo para materializar la protesta. No tiene que atenerse a horarios y disciplina laborales. Por evidentes razones biológicas, a medio plazo esa reserva de tiempo se agotará. Pero el tiempo presente que nos queda lo vamos a emplear en defender nuestra dignidad insultada por el Gobierno. Y en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice no sólo las prestaciones actuales, sino también las futuras. Porque la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que, a la larga, despertaría violentas respuestas. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.

Protestando en las calles, sí. Pero ante un Gobierno sordo a las demandas sociales hay que llevar también la protesta a la hora de votar. El corrupto Partido Popular debe probar su propia medicina en las urnas. Y en justa correspondencia a los deplorables servicios prestados por su cínico presidente, M punto Rajoy, insultando a los pensionistas con el 0,25% de revisión, sólo debería votarle, como mucho, el 0,25% del censo electoral.