martes, 3 de octubre de 2017

¿Podemos, de una puñetera vez, hablar en este país de algo más que de banderas? De las pensiones, sin ir más lejos.


La gravísima situación creada en Cataluña por la colisión de intereses de los gobiernos de las respectivas derechas nacional (PP) y autonómica (PdCat) está afectando a cuestiones sociales de primer orden, que se están viendo relegadas a un tercer plano. Como el sistema público de pensiones, al que la política de Rajoy conduce al abismo a la vez que sitúa en el umbral de la pobreza al 50% de los pensionistas, que cobran menos de 677 euros al mes.

El conflicto planteado ahora mismo en Cataluña es absolutamente demencial. Demencial el empleo desmesurado de la policía antidisturbios, enviada por el Gobierno central, que ha golpeado a la gente que pretendía, legítimamente, ejercer su derecho al voto. Y este es uno de los aspectos en que los catalanes no deberían sentirse discriminados, pues reciben de la policía el mismo trato aplicado en Madrid a participantes en protestas mineras, marchas de la Dignidad, y que hace tan sólo unos días golpeaba en Murcia a manifestantes que pedían un cambio en el trazado del AVE.

Demencial que los Mossos d'Esquadra, ya que optaron por desobedecer la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum, no actuaran al menos como 'fuerza de interposición' entre la gente y los antidisturbios, evitando así tanto los daños a las personas como el deterioro de la imagen de España en el contexto internacional. Por cierto, ¿alguien recuerda aquellas manifestaciones del 15M en Barcelona contra las que cargaron los Mossos incluso con pelotas de goma que vaciaron algún que otro ojo?

Demencial que ciertos sectores de la izquierda le estén haciendo el caldo gordo a esa colisión de intereses de las respectivas y corruptas derechas nacional (PP) y autonómica (PdCat) que hasta ahora se habían entendido muy bien. Tan bien, que don Aznar de las Azores llegó a "hablar catalán en la intimidad". Y que lo hagan, las izquierdas digo, con la defensa apasionada del 'derecho a decidir', como si esa Cataluña que dispone de autogobierno y fuerza policial armada fuera el Sáhara Occidental o la Palestina de los territorios ocupados. 

El colmo de la demencia se pone de relieve cuando todo este empeño en el ejercicio del voto —que desde la perspectiva estricta de los derechos civiles es absolutamente legítimo— iba destinado a "decidir" sobre una chapucera ilegalidad organizada por las propias y bien remuneradas autoridades autonómicas. De manera que para entender este conflicto sin caer también en las redes de la demencia sólo cabe utilizar, o bien un análisis marxiano —de Groucho, naturalmente—, o aplicar cierta aguda observación de Wittgenstein: "Puesto que nuestros objetivos no son elevados sino mediocres, nuestros problemas no son difíciles sino absurdos".

Que algo sea absurdo no significa que no sea susceptible de ser sentido y aclamado con intensidad por grandes sectores de la sociedad. Nos lamentamos de la sequía y del calentamiento global, pero no dejamos de utilizar el vehículo privado. Pues bien, todo este absurdo regional "se ha convertido en el mayor problema institucional de la democracia española y no solo tiene en vilo al Gobierno de Mariano Rajoy, a toda la clase política española y la sociedad catalana sino al conjunto del mundo financiero y empresarial", se puede leer en Cinco Días, que delimita con claridad los principales afectados por el conflicto independentista: junto a la sociedad catalana, el Gobierno, la clase política española y el conjunto del mundo financiero y empresarial. Habría que añadir también a la esfera mediática, pletórica de tertulianos de diverso pelaje encantados de conocerse a sí mismos a cuenta del conflicto.


¿Y qué hay de la ciudadanía española de a pie? ¿Qué hay de la gente que está soportando sobre sus espaldas el coste de la crisis? ¿Acaso no está en vilo la gente que, a través de la merma de sus salarios y los recortes en las los servicios y prestaciones sociales, está pagando tanto los sueldos del Gobierno, de la clase política española como los beneficios del conjunto del mundo financiero y empresarial?


¿Qué hay de los desempleados? Recuerda David Trueba la fecha del 31 de agosto de este año. "En solo esa jornada perdieron su empleo 315.000 personas. Esa fecha vergonzante de récord no conmovió a nadie, pese a que significa un zarpazo al proyecto de vida de una legión de familias, de esa gente que no despierta ni la empatía ni la emoción, ni la solidaridad ni el empeño de los gerentes de la pasta porque están ocupados en otras cosas mucho más significativas para los libros de Historia y su cromo".

España todavía no está rota, pero su sociedad hace tiempo que sí lo está. ¿Podemos, de una puñetera vez, hablar de algo más que de banderas de uno y otro colorín? ¿Podemos hablar de las cosas de comer? De las pensiones, sin ir más lejos. Porque hay pensionistas cuya paga apenas si les llega para llenar la cesta de la compra.

En España (incluyendo, hoy por hoy, Cataluña), la mitad de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza. Un 27% de las pensiones se sitúa por debajo de los 600 euros. Un 23% se encuentra entre los 600 y 700 euros. Y el 50% restante está por encima de los 700. Los nuevos pensionistas del régimen general entran en el sistema cobrando una pensión de unos 1.500 euros de media. 

Según denuncia UGT la pension más habitual se sitúa en el umbral de pobreza: 645 euros
mensuales. De las 9.473.482 pensiones que se abonaron en 2016, el 50% no llegaron a los 677 euros, el límite que marca la exclusión social para 2016 según la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Las peor paradas son las pensiones de orfandad, ya que el 86% de ellas no supera el umbral de la penuria". Entre los 2,3 millones de pensiones de viudedad, el 69% son pensiones de escasez y entre las pensiones de jubilación, el 40% no supera el umbral de la pobreza. Las mujeres son mayoría entre las pensiones de viudedad (el 89,4%) que son, en general, de menor cuantía.


Además, no sería posible corregir esta injusticia con la actual situación deficitaria de la caja del sistema. Mariano Rajoy y su gobierno han dilapidado el Fondo de Reserva —la hucha— que debería haber sido usado exclusivamente para abordar contingencias puntuales al utilizarlo de manera recurrente para compensar el creciente déficit del sistema. En 2012, Rajoy se encontró con un Fondo de más de 66.000 millones de euros del que hoy sólo quedan 11.602 millones. Con las actuales cotizaciones de los trabajadores, los ingresos del sistema no son suficientes para afrontar las mensualidades del año que viene. Solo está garantizada la extra de Navidad. Y este déficit, no se olvide, está causado por las bajísimas cotizaciónes de un colectivo laboral mermado por el paro y la precarización del empleo por las reformas laborales de Rajoy.

En conjunto, la paga de los pensionistas se deteriora por la reforma aplicada por el Gobierno de Rajoy en virtud (más bien vicio) de la cual, la revalorización anual es de tan sólo el 0,25%. Mientras que en 2017, el Índice de Precios de Consumo ya alcanza el 1,8% en tasa interanual, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística

Según el simulador de la Autoridad Fiscal, se necesitaría inyectar en el sistema unos 25.000 millones de forma permanente hasta 2022, siempre que se mantengan unas proyecciones razonables de PIB e inflación. Es decir, ese es el dinero que haría falta al año para que las prestaciones no perdiesen poder adquisitivo, dado el déficit que existe de 18.000 millones y que con ese agujero la ley no deja subirlas más allá del mínimo legal del 0,25%. Desde que entró en vigor en 2014, este será el primer año en que los jubilados claramente perderán capacidad de compra.

Ante la inactividad del Parlamento, los sindicatos han empezado a despertar de su letargo. El pasado 30 de septiembre se iniciaron las marchas a favor de Pensiones Dignas convocadas por UGT y CCOO en todo el país, en defensa de una revalorización de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Cinco columnas, partidas desde Gijón, Santander, Málaga, Santiago de Compostela y Castellón, tienen previsto confluir en Madrid el lunes 9 de octubre.



Éxito de la Marca España de Rajoy.
Otro éxito de la marca España




domingo, 10 de septiembre de 2017

España, aumenta la brecha social entre ricos y pobres

"Los pobres son pobres porque no invierten", reza un cruel aforismo económico. Pues bien, los ricos no sólo son ricos gracias a su sabiduría inversora, sino también porque apenas pagan impuestos para mantener las cuentas generales del Estado.


Al gobierno de Rajoy le ha venido de perlas el ruido mediático derivado del conflicto independentista —que enfrenta a una parte de Cataluña con el resto del Estado— para tender una cortina de humo que esconda tanto el lodo de la corrupción que anega al Partido Popular como la realidad socioeconómica del país. Una realidad caracterizada por un continuo crecimiento de la desigualdad. 

Con todo este ruido se habla poco de las principales preocupaciones de la mayoría de la población: para empezar, el paro que no cesa y es motivo de una de las grandes vergüenzas nacionales: el hecho de que siete de cada 10 hogares no consigan llegar a fin de mes con sus ingresos. Circunstancia puesta de relieve por Cáritas. Si el independentismo catalán supone un riesgo de ruptura de una parte de España, la desigualdad constituye una herida que escinde el tejido social. Una brecha que se ensancha día a día al comprobar que esta indignante pobreza convive con la insultante riqueza que posee una minoría. Riqueza que aunque fuera legítima es insultante por insolidaria.

En España hay 57.218 millonarios, personas que declaran tener una base imponible en el impuesto sobre patrimonio superior a 1,5 millones de euros. Han aumentado un 1% respecto a 2014 y un 28% desde 2011. En concreto, el número de superricos ha crecido un 24% desde el inicio de la recuperación económica. Son las 549 personas que declaran tener un patrimonio superior a 30 millones. 

"Los pobres son pobres porque no invierten", reza un cruel aforismo económico. Pues bien, los ricos no sólo lo son gracias a sus inversiones, sino también porque no pagan impuestos para mantener las cuentas generales del Estado. a título de ejemplo, los superricos se ahorraron 273 millones de euros en Impuesto de Patrimonio en 2015. Las bonificaciones autonómicas permitieron ese ahorro, la mayoría en la Comunidad de Madrid, a 350 de esos multimillonarios.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias, de 2014, indican que los estratos más pobres de la sociedad española perdieron más riqueza durante la crisis que el 10% más rico. La riqueza neta media del 25% más pobre de la población perdió un 108% de su patrimonio entre 2008 y 2014 (de tener 14.800 euros a promediar deudas por 1.300 euros). El 10% más rico apenas perdió un 4% de su riqueza. 

Asimismo, el ruido independentista está haciendo que pase desapercibido otro hecho indignante: según el Banco de España, sólo se recuperarán 14.275 de los 54.353 millones del rescate público a la banca. Computando todas las ayudas, la reestructuración del sistema financiero español ha costado 62.295 millones de euros desde 2009 hasta el cierre de 2016. El grueso de ese dinero se destinó a salvar las cajas de ahorro que, una vez saneadas, se vendieron o fusionaron con distintas entidades financieras. Como las inyecciones fueron previas a la venta es lo que hace prácticamente irrecuperable el dinero comprometido. Las ayudas públicas recuperadas son por ahora de 3.873 millones de euros, alrededor de un 7% de lo gastado si no se tiene en cuenta la aportación que hizo el Fondo de Garantía de Depósitos. En el mejor de los casos, el Estado espera embolsar 10.402 millones por operaciones pendientes. 

El Banco de España estima que el importe "recuperable" por la venta de la participación en Bankia y BMN será de unos 9.800 millones de euros arrojando grandes pérdidas a las arcas públicas.

¿A dónde fueron los 62.000 millones de euros del rescate financiero? A través de este enlace a
eldiario.es se accede a los datos relativos a la distribución de las ayudas financieras a las entidades financieras rescatadas y destino final tras la reestructuración bancaria. 

Por lo que afecta al ruido mediático y político de esta temporada, poco tengo que decir. En defensa de la Renta Básica de Ciudadanía, universal e incondicional tengo escrito, y me reafirmo en ello, que es el primer paso en la senda que conduce a un Estatuto de Autonomía Personal para todos los habitantes de la España plural. Para ello, es preciso que los movimientos sociales que luchan contra la pobreza y contra la precariedad laboral exijan que los gobernantes aborden con valentía, sin complejos neoliberales ni gazmoñerías identitarias, la tarea civil de aumentar el grado de libertad real de las personas poniendo fin a las situaciones de pobreza. Porque, con independencia de la bandera a cuya sombra transcurra su existencia, un pobre nunca podrá ser un ciudadano libre, pues la única nación en la que está abocado a vivir será el Reino de la Necesidad.




jueves, 17 de agosto de 2017

Tots som Barcelona i Cambrils


En estas horas trágicas que atraviesa Barcelona, expreso desde aquí mi más profunda y conmovida solidaridad con las gentes de una ciudad donde he vivido momentos intensos de amistad. Una ciudad donde están la agencia editorial y algunas de las casas editoras que han dado mis libros a la luz de la estampa. Solidaridad, también, con todos los pueblos del mundo [días antes hubo masacres en Nigeria y Burkina Fasso], que sufren el terror ciego sembrado por la mano de la intolerancia. Todos los que alguna vez hemos paseado por esa Rambla alegre, diversa y abierta al mundo, hoy triste escenario de muerte, todos formamos parte de su espíritu cosmopolita. Tots som Barcelona i Cambrils.   




El terrorismo fundamentalista de corte islámico no sólo atenta contra europeos. Lo hace con mayor intensidad contra los habitantes de territorios cuya población es musulmana. Y a menudo, de condición muy pobre.

De los 72.000 muertos en atentados yihadistas entre los años 2000 y 2014, más de 63.000 fueron musulmanes. Un tercio de los 86 muertos en el atentado de Niza eran musulmanes. Según Amnistía Internacional, al menos 381 civiles han muerto a manos de Boko Haram desde abril de 2017 en Camerún y Nigeria en medio de un aumento en los atentados suicidas con explosivos.

En toda la región del lago Chad, millones de civiles necesitan ayuda humanitaria urgente a consecuencia de la violencia de Boko Haram. En total son 2,3 millones de personas las que han visto desplazadas en toda la región. Esto incluye 1,6 millones de personas refugiadas e internamente desplazadas en Nigeria y 303.000 en Camerún. Otras 374.000 están desplazadas en Chad y Níger.







viernes, 7 de julio de 2017

Con la RBU desaparece la coerción patronal o administrativa resumida en el diktat: "o te humillas o no comes"


La Renta Básica Universal sería un elemento más de un nuevo Contrato Social. Hasta hace un par de décadas, funcionó un acuerdo tácito entre patronos y trabajadores: el ‘pacto fordista', que podría resumirse en la propuesta patronal: Vosotros trabajaréis y nosotros os pagaremos aceptablemente, a cambio no cuestionaréis el sistema capitalista como tal olvidando la revolución. El garante del pacto sería el Estado del Bienestar. Pero hace tiempo que ese pacto se ha quebrado, porque ni hay empleo suficiente y digno para todos ni el que hay lo pagan bien. 

La garantía de un ingreso mínimo, pagado por el Estado de forma incondicional a todas las personas, es uno de los ejes del nuevo Contrato Social que, más pronto que tarde, habrá que establecer para equilibrar la devastación causada por las políticas de la globalización neoliberal.

 


 Leer aquí la conversación a fondo sobre el ingreso garantizado mantenida con Himar Reyes para la revista 7iM

jueves, 6 de julio de 2017

Garantizar la dignidad en las Comisiones de investigación

 En las Comisiones de investigación del Congreso, los investigados se sientan ante una mesa situada en posición más elevada que los asientos reservados a los investigadores. Es como si en un tribunal fuera el examinando quien se colocara por encima de los examinadores. 

Desde la constitución de la Comisión de investigación sobre el caso Tamayazo —presidida, por cierto, por el hoy imputado en la trama Púnica Francisco Granados— han sido muchas las comisiones de este carácter constituidas tanto en el Parlamento como en las diversas cámaras territoriales. Sin embargo, han sido pocas, por decir algo, las que han obtenido algún resultado que haya podido ser percibido como positivo por la ciudadanía. Es más, ni siquiera la "exposición pública" de la materia investigada ha logrado el éxito apetecido por los grupos políticos convocantes.

Pero lo más sangrante del asunto es que, a través de los medios informativos, muchos de nosotros hemos asistido, entre atónitos e indignados, a las broncas y regañinas propinadas por
los investigados hacia los investigadores. A modo de ejemplo recordaremos la actuación de personajes como Daniel de Alfonso, Marcelo Fernández Díaz, Francisco Camps, miembros de la otrora 'molt honorable' familia Pujol, etc. Todos ellos se permitían contestar a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión con tal suficiencia y altanería que un marciano que hubiera presenciado las sesiones habría sacado la conclusión de que eran ellos los investigadores en lugar de los investigados.

En los testimonios gráficos de todas estas Comisiones observamos un aspecto cuando menos curioso: resulta que los investigados se sientan ante una mesa situada en posición más elevada que los asientos reservados a los investigadores. Es como si en un tribunal fuera el examinando quien se colocara por encima de los examinadores.

Debe ser esta posición espacial la que propicia conductas que entrañan altas dosis de arrogancia, exhibicionismo y, sobre todo, desprecio por parte de algunos comparecientes hacia los representantes de la soberanía popular. El caso más reciente se ha vivido en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, cuando su
extesorero, Luis Bárcenas, ha llegado a abroncar a los miembros del Congreso por cometer la 'torpeza' de poner en marcha este órgano mientras siguen abiertos casos judiciales sobre el mismo asunto. 

Bárcenas (Luis, sé fuerte), que optó por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de los comisionados para no interferir en su defensa judicial, tomó no obstante la palabra cuando le pareció para puntualizar las intervenciones de los diputados. Y en el colmo de la desfachatez afirmó: "Tengo múltiples frentes judiciales y eso prima por encima de cualquier cosa, sobre la soberanía popular y sobre cualquier cosa, porque es mi derecho a mi defensa".

Al cabo de los años, la experiencia ha puesto de relieve la escasa utilidad de estas comisiones, dado que la propia Constitución española deja bien claro que las resoluciones no son vinculantes para el ejercicio de la ley. 


El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. (Art. 76. CE)

Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.


Siendo esto así, lo mínimo que podría exigirse a los parlamentarios es que, como representantes de la voluntad popular, mantengan la dignidad de tal condición, evitando dar pie a que los comparecientes conviertan la sesión en un espectáculo denigrante. En la sede de la soberanía popular, no es de recibo decir, como Luis el fuerte, que se está por encima de ella.

En definitiva, los abajo firmantes proponemos lo siguiente: que los comparecientes se sitúen por debajo del estrado y sean preguntados desde arriba. Y a ser posible, que sean conducidos hasta su asiento por un ujier y no por un grupo de parlamentarios afines palmeándoles la espalda. Tal vez parezca una tontería a ojos de sus señorías, pero los ciudadanos nos sentiríamos mucho más confortados viendo guardar ciertas formas relacionadas con el principio de que no sólo hay que ser honrado sino parecerlo.



Junto al autor del blog, firman este artículo
Luis Chamorro, Fernando Izquierdo, Delfín Martínez y Rafael del Real.





martes, 27 de junio de 2017

Una vergüenza nacional: siete de cada 10 hogares no llegan a fin de mes, según Cáritas.

Según el informe 2017 de Cáritas, siete de cada 10 hogares siguen sin poder llegar a fin de mes. El 70% de los hogares no ha percibido los efectos de la recuperación económica. En los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida. La mitad de las familias (50,1%) carecen hoy en día de una red de seguridad. Mientras, Unidos Podemos aspira a remediar la pobreza infantil dándole a cada niño pobre la fastuosa ayuda de 50€ al mes.


El lodo de la corrupción que enfanga la vida política de este país conlleva un daño colateral: oculta bajo su apestoso manto las dificultades a las que se enfrentan a diario los millones de personas que sufren los efectos directos de la crisis económica. Durante la última década, la clase política, empresarial e institucional de España, con la colaboración de los medios informativos que controla, ha escrito una de las páginas más negras de la Historia General de la Infamia. Es la historia del abandono a su suerte de la gente más desfavorecida.

Porque la crisis económica provocada por los manejos delicuenciales de los gestores de la banca ha puesto de relieve que la regla de oro del capitalismo, que fundamenta el beneficio en la asunción del riesgo por parte del empresario, no se cumple. Al menos por lo que respecta a las grandes corporaciones y conglomerados monopolísticos. Aquí se ha ayudado con dinero público a la banca, a las eléctricas, a las constructoras, a las autopistas, en vez de ayudar a las capas más débiles de la sociedad sobre las que ha recaído el verdadero coste de la crisis. En lugar de castigar a los banqueros, se ha castigado a la gente: a los trabajadores, a los parados, a los pensionistas más humildes.

Desde el Gobierno, Mariano Rajoy, jefe orgánico del partido que alberga a la banda de corruptos y saqueadores de lo público, intenta convencernos de que la crisis económica ha terminado. Sea ello cierto o no en términos macroeconómicos, Cáritas española, la organización socio-caritativa de la Iglesia católica, denuncia que siete de cada 10 hogares españoles no han notado los esfuerzos de la recuperación económica y apenas un 10% de las familias han visto mejorar su situación.

En su informe Análisis y perspectivas 2017, la Fundación Foessa ligada a Cáritas continúa ofreciendo la serie de análisis sociológicos que viene publicando desde hace décadas. En su edición de este año, dedicado a la 'Desprotección social y estrategias familiares'. Durante la presentación, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, sintetizó así los datos del informe de su entidad: "Hemos naturalizado la pobreza. Hemos normalizado que la gente lo pase mal. Nos hemos desmoralizado [...] Las personas excluidas no están en el debate público, no son una prioridad. Hablamos de corrupción, de liderazgo político, de los extremismos en Europa, del terrorismo islámico... Son temas de calado y profundidad, pero también la situación de las familias pobres" subrayó Mora.

De hecho, el informe constata cómo tres años después del "fin de la crisis", el 70% de los hogares no ha percibido los efectos de la recuperación económica. En los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida. "Los que más sufrieron la crisis, son los que están, hoy, peor".

El documento de Foessa señala que sólo el 27% de los hogares de nuestro país están experimentando los efectos de la recuperación económica, aunque la evolución en las condiciones de vida prácticamente no se notan. Así, la mitad de las familias (50,1%) carecen hoy en día de "una red de seguridad", un dato peor que antes de la crisis; seis de cada diez ciudadanos no tienen capacidad de ahorro, ni podría resistir a una nueva crisis, o hacer frente a una reforma en su casa. Seis de cada diez hogares siguen sin poder llegar a fin de mes. Sólo un 20% podría aguantar tres meses en paro.

En cuatro de cada diez familias españolas ha empeorado la capacidad para hacer frente a problemas de salud no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, pagar refuerzos educativos a los hijos, afrontar el pago de recibos energéticos o garantizar la estabilidad en el empleo o los ingresos de algún miembro de la familia. En ninguno de los 17 indicadores utilizados por los analistas se supera el 10% de hogares que hayan experimentado una evolución positiva respecto a 2008, el año en el que nadie hablaba de crisis en España. 

Señala el informe, en su editorial, un aspecto coincidente con la tesis genérica que viene siendo defendida por el autor de este blog, tanto en esta página como en otras obras:

Sabemos que el empleo es una herramienta fundamental en el proceso de integración social. Pero su debilidad, tanto cuantitativa como cualitativa, le está convirtiendo en una estrategia cada vez más relacionada con el sobrevivir y menos con el bienestar. Cuando las personas van perdiendo cada vez más su capacidad de maniobrabilidad en el mercado de trabajo (elección, control del tiempo, carrera profesional, cualificación…)el empleo tiende a ser para las capas de población más precarizadas, más supervivencia y menos desarrollo. La sociedad española es ya consciente de la existencia de trabajadores y trabajadoras pobres, que antes de la crisis estaban muy vinculadas a la temporalidad y a la economía sumergida, y que ahora han aumentado también sus vínculos con la parcialidad y los cambios en la regulación laboral.

La confirmación de esta realidad, subrayamos a nuestra vez, conduce a buscar alternativas al empleo concebido como un fin en sí mismo. El informe Foessa no contempla en ningún momento la Renta Básica Universal que, tal como están las cosas, aparece cada día con mayor nitidez como el sistema menos malo para remediar la pobreza. El resto: el asistencialismo y el empleo precario han demostrado su fracaso más estrepitoso. En cuanto al ‘empleo digno' o ‘garantizado' para la mayoría de la población es una entelequia en la era de Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por una robotización a gran escala.

La pobreza afecta de manera significativa a la infancia. En ese sentido, el partido Unidos Podemos acaba de presentar una propuesta para ayudar a los niños pobres. "Un país que no se ocupa de la infancia y sí de los bancos o los corruptos, tiene un problema con la democracia", asegura Iglesias, secretario general de Podemos. Un bonito discurso, pero el demonio está en los detalles. Porque lo más sorprendente del plan consiste en garantizar por ley 1.200 euros al año a los niños pobres "una medida que quiere "sacar de la pobreza severa a 800.000 menores" en cuatro años.

¿De verdad es este un plan para acabar con la pobreza infantil o un mísero parche destinado a perpetuarla? El plan comenzaría ofreciendo 600 € anuales (50 al mes) los dos primeros años; 900 € (75 al mes) el tercer año, para llegar, el cuarto año, a los 1.200 € (100 al mes). No hará falta que les diga que cuando esta formación jugueteó de manera frívola con la Renta Básica [todavía hay mucha gente que no lee los programas y piensa que Podemos mantiene esa propuesta] utilizaban los parámetros OCDE que sitúan el umbral de pobreza en torno a 600 euros mensuales. ¿Cree alguien en su sano juicio que con 100 euros al mes, que en el mejor de los casos llegarían en 2021, van a solucionar la pobreza.

Por favor, que alguien lo aclare. Díganme que sólo es una broma, una broma de pésimo gusto, cruel, pero tan sólo una broma. Porque, si es verdad que el partido político que tanto enfatiza (ahora) su ideario de izquierda no tiene otro plan mejor para acabar con la pobreza infantil, la sensación que nos invade es el llanto.




domingo, 11 de junio de 2017

Renta Básica: en la universalidad está la clave

Persisten dudas respecto a que la renta básica universal sea una adecuada solución a la pobreza y desigualdad crecientes en nuestra sociedad. Pero la realidad palpable demuestra que el empleo precario —que convierte a los trabajadores en pobres estructurales— y las ayudas condicionales —que llevan décadas aplicándose y no han conseguido erradicar la pobreza— son medidas muchísimo peores. Son, de hecho, experiencias fracasadas. Es hora de abrir la mente, comprender las nuevas realidades del trabajo y la idea de libertad real que alienta en la propuesta del ingreso garantizado.



Participar en el debate convocado por la IMF Business School sobre Renta Básica Universal (RBU) resultó muy estimulante, pese a hallarme en franca minoría en la defensa de esta idea. Porque resulta alentador comprobar que, al margen de algún cálculo extremo, al selecto elenco de economistas allí reunido el coste de instaurar un ingreso garantizado a toda la población no les parecía del todo inasumible. Una vez compensadas las prestaciones actuales redundantes con el ingreso básico, éste podría ser viable, requiriendo un 5% del PIB. Sin embargo, casi todos mis compañeros de mesa coincidieron en rechazar la RBU con la tradicional batería de objeciones de índole antropológico y moral. 

 De izquierda a derecha, Cive Pérez; J. Manuel López Zafra, economista de CUNEF; Lorenzo Dávila, director del Dpto de Investigación de IMF; Miguel Sebastián, economista y ex ministro de Industria; y Carlos Martínez, presidente de IMF.
"Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre...", reza la letra de una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Cuyos ecos vinieron a mi fuero interno al escuchar la nutrida batería de críticas formuladas por mis doctos compañeros de debate y, sobre todo, por los rotundos resúmenes de la prensa económica que dio cuenta del evento con titulares de este tenor: Más contras que pros a la renta básica universal.

Titular que responde a una profecía autocumplida, habida cuenta de que, salvo el que suscribe, el resto de convocados a esta mesa redonda son personas cuya posición es manifiestamente contraria a la RBU. Que cuando incluso los números demuestran la viabilidad de la propuesta, la rechazan con el argumento de que desincentivaría el trabajo.

¿Trabajo? ¿Qué trabajo desincentivaría un ingreso garantizado? ¿El empleo precario, que convierte a los trabajadores en pobres a su pesar? Las grandes cifras de desempleo estructural no las ha producido la hoy inexistente RBU. ¿El empleo cualificado que las nuevas tecnologías reservarán a una minoría? Estamos, pues, cada vez más cerca del modelo que hace tiempo se ha descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo de alrededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar. Esa minoría de trabajadores cualificados será suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural. 

Es preciso que, entre todos, logremos salir de la zona de confort ideológico sobre la noción de trabajo en la que todavía sigue instalado el pensamiento convencional: trabajo como vía de dignificación del ser humano / empleo como solución política a la pobreza. Porque empleo y trabajo son categorías conceptuales radicalmente distintas. En la era de la Cuarta Revolución Industrial, cuando el actual modelo productivo ya no es capaz de ofrecer empleo digno a toda la población, está claro que habrá que garantizar la supervivencia de las personas respetando al mismo tiempo su dignidad.

La única fórmula que, hoy por hoy, satisface la doble condición de asegurar la supervivencia y la dignidad de la gente es la Renta Básica Universal. Al igual que la democracia, pese a todos sus defectos, elimina al menos los males producidos por las dictaduras, el ingreso garantizado abre ante la mayoría de la población un horizonte de libertad real frente a la opresión liberticida del totalitarismo económico.

Resulta, por tanto, llamativa la objeción a la RBU planteada por Juan Manuel López Zafra, uno de los intervinientes: “La mejor forma es darle a cada individuo la capacidad para ser responsable de su desarrollo personal. No es ético plantearnos una mayor intervención en la esfera del individuo para conseguir una corrección de un problema sin atacar la fuente de ese problema: la cada vez mayor intervención del Estado. Con la renta básica, el ciudadano se convierte en un súbdito”.

Presumir que la RBU incrementaría el grado de intervención del Estado en la vida personal sugiere,
prima facie, la sombría y distópica visión de una sociedad en la que, para recibir la RBU, todas las personas deberíamos acudir periódicamente a las ventanillas de Leviatán. Que extendería así al conjunto de la población tanto el dominio como el estigma que hoy sufren los beneficiarios de la moderna sopa de convento que con gran cicatería otorgan las administraciones no a todos los necesitados.

En efecto, desde las Leyes de Pobres (Poor Laws) inglesas del siglo XIX —con sus tenebrosos centros de internamiento forzoso de parados e indigentes (workhouses)— hasta la fecha, las ayudas condicionales a la gente en situación de necesidad sí que constituyen un factor de servidumbre y dominación por parte del Estado sobre las personas. Sometidas a grandes humillaciones durante el proceso de concesión, vigilancia y eventual castigo de infracciones al régimen de ayudas.

Pero es la propia idea de universalidad de un ingreso básico que garantice a todo el mundo el derecho a la existencia la que rompe radicalmente con esa dependencia. Aspira a incrementar el grado de libertad real eliminando la intervención vigilante y punitiva del Estado. La RBU está concebida no como una ayuda del Estado sino como fruto de un contrato social entre todos los individuos que conforman la comunidad política. Su instauración adoptaría la forma de un derecho universal, igual para todas las personas incluidas en ese ámbito. La clave liberadora radica en la universalidad: pues, a partir de ahí, los agentes estatales pierden la actual potestad discriminatoria e intervencionista sobre los individuos. Al Estado no le queda otra misión que la de asegurar la correcta distribución del rédito.

¿Somos dependientes del Estado al utilizar una carretera? A juzgar por el entusiasmo con que tirios y troyanos circulamos por ellas en nuestros vehículos habría que forzar mucho el argumentario para asegurar que el Estado controla nuestra libertad de movimiento a través de la red vial. Una carretera es una infraestructura construida a instancias del Estado y puesta a disposición de toda la población como un servicio de carácter universal que a nadie discrimina. El único control ejercido por el Estado sobre las personas concierne al respeto de las reglas de juego orientadas a la seguridad de todos los usuarios. Y en esto hay un consentimiento general del conjunto de la sociedad. 


Por cierto, no está de más señalar que, si alguna detestable intromisión existe hoy en la vida personal, ésta viene dada por las cámaras de vigilancia, tanto estatales como privadas, que monitorizan la vida diaria de las personas en carreteras y resto de espacios públicos, bancos, centros comerciales, etc. Y que un genuino espíritu liberal debería clamar por su eliminación.

Elevando la mirada encontramos otra medida de conspicuo carácter universal: el derecho al sufragio, una conquista civil irrenunciable. En el ejercicio del mismo, a nadie se le ocurriría pensar que sufre una dependencia del Estado, aunque sean agentes estatales los encargados de organizar la infraestructura electoral y velar por el buen orden de los comicios.

De la misma forma en que hoy no sería de recibo establecer alguna forma discriminatoria en el ejercicio del voto, la RBU no puede ser otra cosa que un derecho de toda la ciudadanía. Sería contradictorio que una medida que persigue erradicar la pobreza —y su cortejo de trampas asistenciales— fuera concebida con carácter exclusivo para pobres. Esa es la crucial diferencia respecto a las rentas mínimas de inserción. El miembro de una sociedad políticamente bien articulada no necesita ser “insertado” en ningún lugar, pues forma parte, por propio derecho, del cuerpo social del que emana la soberanía que legitima al Estado.


La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra.  Cuando para la conquista del pan ya no cuenta ni la tierra ni el trabajo, factores de los que la mayoría social se ha visto desposeída, la renta básica universal se aproxima más a la verdad que los viejos convencionalismos socioeconómicos.


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 Una versión reducida de este artículo aparece en la revista Corresponsables.