martes, 25 de noviembre de 2014

La Renta de Ciudadanía como indemnización por el coste social de la crisis


A los costes sociales de la última crisis del capitalismo local, hay que añadir que la ciudadanía española, en tanto que contribuyente, lleva décadas pagando costes privados sobre los que no posee ni control ni beneficio: quiebras bancarias, bancarrotas de autopistas, cierres de centrales nucleares, sondeos fallidos de fracking... Es justo, pues, reclamar una contrapartida a este esfuerzo nacional. Esta indemnización social refuerza el argumento político y moral para reivindicar un Ingreso Ciudadano. Aunque Podemos renuncie a empoderar a la gente y se conforme ahora con algo tan viejuno como el humillante artefacto del ingreso de inserción.

El listado de ayudas, socorros y rescates al tinglado fnanciero y gran empresariado del país es demasiado extenso como para hacer inventario en esta página. A las ayudas registradas en el Boletín Oficial del Estado hay que añadir los casos de corrupción que afloran día a día, apestando el ambiente con su nauseabundo aroma. Cada una de esas corruptelas suponen un doble coste: lo que se embolsa el corrupto más lo que se lleva el corruptor en forma de adjudicaciones de contratos de la Administración.  

Un recentísimo ejemplo de ayuda pública con dinero del Estado es el acuerdo del Consejo de Ministros mediante el cual la empresa Enagás, participada por el Estado y con varios ex dirigentes del PP en su consejo de administración, deberá indemnizar con 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, participada en un 67 por ciento por ACS, la constructora que preside el mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez. 

Esta compañía ha recibido ya esa astronómica indemnización por el fracaso de la planta de almacenamiento de gas Castor cuya operación empezó a causar terremotos en las costas de Tarragona y Castellón debido a las deficiencias de ingeniería y construcción de la obra. Esta astronómica cantidad se irá repercutiendo en la tarifa del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Todo un canto al revés al tan cacareado riesgo empresarial que glorifica la iniciativa privada.

Esta última 'estafa legal' —estafa política y moral legalmente instrumentada— del Gobierno coincide en el tiempo con la intensificación del debate sobre la oportunidad de instaurar una Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Debate incentivado en la opinión pública por Podemos, el recién nacido partido político cuyos líderes han agitado la bandera del ingreso ciudadano como forma de ganar popularidad en la opinión pública. Vean si no, este vídeo en el que Pablo Iglesias junior explica, con aparente convicción, principios idénticos a los que llevamos defendiendo desde hace muchos años desde el Observatorio de Attac y la Red de Renta Básica.

El renuncio de Iglesias según Peridis en El País.
No obstante, Podemos acaba de descartar la Renta Básica de su programa de gobierno. Lo cual era previsible tras encomendar la redacción del mismo a los economistas Viçens Navarro y Juan Torres, ambos manifiestamente opuestos al ingreso universal. En su lugar, proponen algo tan viejuno como ¡una renta de inserción! para quienes no tengan trabajo. Lo que implica, a la postre, situar al desempleado bajo la eterna sospecha de holgazanería y convertirlo en víctima propicia para ese afán de vigilar y castigar al que tan aficionada es la derecha pura y dura. 

Aparte de las habituales truculencias con que los voceros del Orden Establecido denostan la RBC, no faltan en este debate quienes opinan que el ingreso garantizado sólo serviría para apuntalar el capitalismo impidiendo avanzar hacia el socialismo. Opinión muy respetable que se derrumba ante un pequeño detalle: ahora mismo, el socialismo ni está ni se le espera. 

No sólo no estamos en vías de construcción de una sociedad organizada de acuerdo a un modelo de socialismo. Antes bien, huelga recordar que nos hallamos bajo el aplastante dominio de un capitalismo sin trabas. Sin que haya una fuerza de izquierda capaz de hacerle contrapeso. Ni siquiera como la encarnada en su día por la socialdemocracia coherente con el Estado del Bienestar, a la que Podemos declara imitar.


Más allá de los apriorismos ideológicos, la realidad es que vivimos en una sociedad con una elevadísima tasa de desempleo y, lo que es todavía mucho peor, con una gran masa de trabajadores pobres. Es decir, un precariado sometido al más absoluto dominio por parte de los empleadores. 


Al creciente sector de ciudadanos que se encuentran sometidos a las servidumbres del desempleo, la precariedad y la pobreza le importan poco las especulaciones de salón sobre si la implantación de la RBC desembocaría en el fortalecimiento aún más de un capitalismo desenfrenado. Y yo, que vengo de ese mundo, lo que sé es que, aquí y ahora, con una RBC cuya cuantía fuera de un céntimo por encima del umbral de pobreza, dejaría de haber pobres y working poors en nuestra sociedad. Y, por tanto, aumentaría la libertad real de las personas, o sea, de su derecho a decidir. Expresión que está de moda hoy referida a una abstracción nacionalista, no al derecho universal de las personas de carne y hueso a decidir qué hacer hoy, mañana, pasado, con su vida

¿Por qué una renta de ciudadanía no ha de significar progreso? ¿Acaso reivindicar un ingreso mínimo es tan diferente de exigir servicios de Salud y Educación públicos? Hablamos, claro está, de una renta de ciudadanía, no de esa humillante renta de inserción ante la cual se ha rendido las propuestas de Podemos. Una renta de inserción condicionada es un factor de servidumbre, un artefacto de dominación sobre las personas. Un ciudadano de pleno derecho es parte integrante de la comunidad política en la que vive y por tanto, no necesita ser insertado en lugar alguno. Es el Sistema el que ha fallado y es, pues, al Sistema, a quien corresponde indemnizar al ciudadano a cuenta de los daños causados por la avería.  

Frente a inserción, insurgencia. A la ciudadanía perjudicada y no indemnizada le asiste el legítimo derecho a la rebelión. 

En su Preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho "a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la Rebelión contra la tiranía y la opresión". Lo que en buena lógica significa que la rebeldía es legítima si el Estado que la haya suscrito no cumple las garantías especificadas en la Carta.



miércoles, 5 de noviembre de 2014

Si los empresarios tienen un plan para crear empleo ¿cómo es que no lo han aplicado ya?

En octubre, el paro creció en 79.154 personas respecto a septiembre. En total, hay 4.526.804 personas inscritas en las oficinas de desempleo. Cifra que supera la que Mariano Rajoy encontró al llegar al Gobierno. Y a todo esto, la gran patronal del Ibex dice ahora que tiene un plan para crear 2, 3 millones de empleos. Si esto es posible ¿por qué no lo han puesto en práctica? Al fin y al cabo, ellos son los creadores de empleo según la doctrina neoliberal

El cinismo de las élites, ya sean políticas o empresariales, no parece tener límite. La gran patronal, tanto la de los empresarios corruptos incrustados en la dirección de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como la que para obtener beneficios le basta ser monopolística y explotadora de recursos materiales y humanos, defiende por principio que el Estado no debe inmiscuirse en sus asuntos. Salvo, eso sí, en lo que respecta a los métodos represivos sobre el trabajador: leyes precarizadoras del contrato laboral y acción policial en caso de protesta.



George Grosz: Los pilares de la sociedad, 1926
Esa patronal paga sueldos suculentos a los teóricos de sus laboratorios de ideas y a muchos columnistas de la prensa salmón para que difundan una de las ideas fuerza del neoliberalismo: "el Estado debe abstenerse de toda acción política de fomento del empleo, porque el empleo lo creamos nosotros, los empresarios". 

Uno de esos laboratorios de ideas o think tank es el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), sostenido por las 18 mayores empresas españolas. Entre sus ideólogos se encuentran los máximos responsables de Telefónica, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Banco Santander, Repsol, Acciona, La Caixa, BBVA, Inditex, Grupo Planeta, MAPFRE, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona e Iberdrola y el Instituto de la Empresa Familiar. Entidad esta última que acaba de celebrar su XVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Alicante, bajo los auspicios de notables autoridades, como el Rey, el presidente del Gobierno y Sonia Castedo, la doblemente imputada alcaldesa de la ciudad mediterránea.

Esta distinguida grey se descuelga ahora con el feliz anuncio de que tienen un plan a través del cual sería posible crear empleo. Así lo afirma en su informe 'España 2018', un plan de choque con medidas de carácter económico e institucional que permita la creación de 2,3 millones de empleos hasta 2018, y la reducción de la tasa de paro por debajo incluso del 11%.

Y la pregunta que haría el observador socrático es: si ese plan es posible, y si los empresarios son, según la doctrina imperante, los creadores de empleo ¿por qué no lo han puesto ya en práctica? ¿Por qué no han hecho ya uso de su prerrogativa doctrinal y contratado, a través de sus empresas, a esos dos millones largos de personas. Porque no sólo no lo han hecho, sino que ahora vuelven la mirada hacia el tan criticado Estado pretendiendo situar la pelota sobre su tejado.
 

Entre otras medidas, le piden al Gobierno que combata con denuedo y eficacia la economía sumergida. No, no hablan de las cuentas que muchos empresarios tienen en paraísos fiscales, sino de los parados sospechosos de trabajar en la economía negra. Para ello, el CEC pide que se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal. Estas cifras sitúan a España con tasas de empleo irregular que duplican las de países como Alemania, Francia y Holanda.

Y es aquí de nuevo cuando
el observador se queda atónito: si estos dirigentes del CEC son capaces de identificar el número de empleos sumergidos es porque conocen a los empleadores que fomentan este tipo de prácticas. Luego son los empresarios los que deberían empezar por limpiar sus casas  y regularizar los contratos de estos empleados ocultos. Porque el primer interesado en huir de las trampas del desempleo y disponer de un contrato de trabajo "en blanco" es el propio trabajador. Que vería así reconocidos, entre otros, sus derechos de jornada, vacaciones remuneradas, indemnización en caso de despido y, por supuesto, su cotización a la Seguridad Social generadora, a futuro, del salario diferido de jubilación. 

Y sigo insistiendo en que los consumidores deberíamos declarar un boicot a las empresas de CEOE por su continua labor de zapa de los cimientos del tejido social, propugnando continuos recortes de nuestros salarios y condiciones laborales. Así como a las multinacionales como Pepsi, Ikea, Burberry, Amazon, British American Tobacco o McGraw-Hill, que desvían beneficios a Luxemburgo para no tributar en España



jueves, 9 de octubre de 2014

¿Alguien se acuerda de las pensiones mínimas?

El Gobierno acaba de anunciar que las pensiones serán actualizadas con un 0,25% de incremento. Si la cantidad efectiva de tal revisión resulta ridícula, en el caso de las pensiones mínimas, un euro al mes, supone una verdadera afrenta a la dignidad de las personas. ¿Se ha levantado alguna voz institucional, política o sindical protestando con firmeza por esta injusticia?

Hasta la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy y su banda de depredadores de los derechos sociales, los gobiernos posteriores a los Pactos de la Moncloa, además de cumplir con el precepto de revisar la cuantía de las pensiones conforme a la inflación, han tenido algún detalle hacia los jubilados con retribuciones más bajas. Aplicando a éstas algún incremento adicional, por lo general, bastante cicatero, a veces de solo algunas décimas de punto.

En honor a la verdad, hay que reconocer que fue José Luis Rodríguez Zapatero quien prometió, y llevó a cabo, una notable revisión de las pensiones mínimas. A lo largo de los cuatro años de su primer mandato, experimentaron una subida del 30% aproximadamente. Esta voluntad se quebró durante su segundo y desastroso mandato, cuando los poderes fácticos de la Unión Europea le obligaron a introducir graves restricciones en la protección social. Entonces, Zapatero perdió la oportunidad de despedirse del gobierno con un gesto de altura social, situando la cuantía de las pensiones mínimas en niveles acordes con el derecho a vivir con dignidad. 

Ahora, el Gobierno de ese Rajoy que prometió "si hay algo que no tocaré serán las pensiones", en aplicación de su restrictiva reforma del sistema nacional de pensiones anuncia que las mismas serán actualizadas con un 0,25% de incremento. Si la cantidad efectiva de tal revisión resulta ridícula, en el caso de las mínimas, un euro al mes supone una verdadera afrenta a la dignidad de las personas.

Ya he comentado alguna vez en este cuaderno ese aforismo económico que sostiene que un euro en el bolsillo de un rico compra menos que un euro en el bolsillo de un pobre. O viceversa. En efecto, la utilidad marginal crece más rápidamente en el caso del individuo pobre, para el que una unidad monetaria adicional en sus ingresos significa mucho más de lo que supone para un rico. Para una persona rica, un euro añadido apenas aumenta su poder adquisitivo. Sin embargo, para una persona en situación de necesidad, ese mismo euro significa poder comprar una barra de pan o una botella de leche.

Ahora bien, un euro al mes, es decir, una barra de pan al mes, no cumplen el mandato de la Constitución Española:


    Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. (Art. 50)

Garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad exige situar la cuantía de las pensiones mínimas bastante por encima de la cifra de  contributivas, de jubilación o viudedad, bastante por encima de la franja de 600 € en que se encuentran las contributivas de jubilación o viudedad. Eso exigiría una actualización de, al menos, 30 € al mes. O sea, un euro al día. Esto no es pedir el oro y el moro: con un incremento de esta índole harían faltan diez años para que alcanzasen la cuantía de 900 €. Y en diez años, a una persona mayor le puede suceder cualquier cosa, incluida la baja definitiva en el censo poblacional. Máxime cuando la calidad de la asistencia sanitaria en España se deteriora a marchas forzadas por la negligente acción gubernamental.

¿Quienes son los que deciden la precariedad ajena? Desde luego, en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente no se ha invitado a sentarse a las personas más desfavorecidas. Y éstas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna son definidas por otros. Y ya existen suficientes pruebas del riesgo social que supone dejar que sean los ricos —o sus  administradores y delegados— los que se encarguen de evaluar las necesidades ajenas. Pues es propio de la condición humana utilizar distinta vara de medir las necesidades según se trate de las propias o de las del prójimo.

Coincidiendo con el momento en que el Gobierno anuncia esta miserable propuesta de revisión de las pensiones, surge el escándalo de las tarjetas negras de los consejeros de Cajamadrid. Como explica Xavier Vidal-Folch, en El País: "El culebrón de las tarjetas negras de Caja Madrid/Bankia ha desmochado tres mitos. Uno de ellos, el del Gobierno plutocrático, según el cual es mejor que gobiernen los ricos porque no necesitan corromperse, por el principio de la autolimitación de la aspiración al lucro".  Ni Miguel Blesa, ni Rodrigo Rato, que se autoadjudicaron salarios astronómicos como presidentes de la entidad, evitaron la tentación de pagar sus carísismos caprichos con cargo a la cuenta de gastos de la empresa que arruinaron y que ha sido preciso rescatar con el dinero de todos los españoles. [Ver aquí detalle completo de los gastos de Rato]. Añádanse las trapisondas del expresidente de la CEOE y hoy convicto presidiario Gerardo Díaz Ferrán.
    

Otro mito caído es el de la coherencia de esos neoliberales e implacables polemistas, como Alberto Recarte (Libertad Digital) o Juan Iranzo, miembro del Consejo Económico y Social, que tanto han pontificado contra el sector público y predicado recortes y austericidios. Mezclados con esta pandilla de indeseables felices portadores de tarjetas black se hallaban algunos sindicalistas. Es el caso del secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, que sólo en un mes gastó 12.000 euros en grandes almacenes; la de Rodolfo Benito, responsable de la Secretaría de Estudios de CC OO: Por su parte, Francisco Baquero, otro consejero por CC OO, destinó la mayor parte de los 266.400 euros a mobiliario del hogar, electrodomésticos y restaurantes de lujo. Mientras tanto, toda Asturias se pregunta por el origen de los 1,4 millones de euros que José Ángel Fernández Villa, líder del sindicato minero SOMA-UGT afloró tras la amnistía fiscal.
 
Evidentemente, estos sindicalistas estaban muy ocupados en gozar de sus dispendios como para preocuparse de la sencilla gente de a pie. Cuando alguien se acostumbra a vivir con la opulencia permitida por una tarjeta de ese tipo, se introduce en un mundo que no tiene nada que ver con el de la escasez en que viven los jubilados más humildes. Como el de la viuda que sobrevive a duras penas con una pensión de 8.860 euros anuales.


El Gobierno vuelve a aplazar la mejora de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 recoge en su disposición adicional vigésimo séptima "el aplazamiento de la aplicación" de la reforma de la pensión de viudedad que aprobó en 2011 el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que beneficiaba a los pensionistas mayores de 65 años.

"Se aplaza la aplicación de los establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social", señala el proyecto de ley de Presupuestos para 2015

La reforma prevista en 2011 señalaba que la cuantía de la pensión de viudedad para pensionistas de 65 años o más se calcularía aplicando un porcentaje del 60% sobre la base reguladora, frente al 52% que recoge actualmente la ley con carácter general (70% bajo determinadas condiciones de cargas familiares). La reforma planteaba aumentar "progresivamente" y de forma "homogénea" la base de cálculo "en un plazo de ocho años" a partir del 1 de enero de 2012. Sin embargo, tras la llegada del PP al Gobierno, la citada reforma se ha ido aplazando sucesivamente.

Esa medida se incluyó en la Ley de Reforma de las Pensiones de 2011 tras un acuerdo alcanzado por el PSOE y CiU como una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.






martes, 9 de septiembre de 2014

Extremadura: Otro insulto del Partido Popular a la dignidad de las mujeres ancianas

Esta vez, el nuevo insulto de los gobernantes populares a la dignidad de las personas se produce en Extremadura. Cuyo presidente regional, José Antonio Monago, acaba de anunciar que "ayudará" con 300 euros anuales a las mujeres que sobrevivieron a la posguerra civil.

Dado que tengo la mente entrenada para no caer en el absurdo, mis sentidos me engañaron en la lectura inicial de esta noticia. Queriendo entender prima facie que el anuncio del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, del PP, de otorgar una "ayuda permanente" de 300 euros a "todas las mujeres extremeñas que vivieron la guerra y la posguerra" sería de carácter mensual.
George Grosz (1893-1959)

Hube de releer la noticia para comprobar que el cinismo y sinvergonzonería de cierta clase política no tiene límites: en efecto, la periodicidad de tal "ayuda permanente" a las 35.000 mujeres que a día de hoy tienen más de 75 años (pero no a las que vayan cumpliendo esa edad en el futuro) sería anual. Lo que representa una prestación de 0,82 € al día. Llamar "ayuda" y "permanente" a esa calderilla es un abuso de lenguaje, puro cinismo. 



El presidente regional anunció esta demagógica medida durante su discurso de celebración del Día de Extremadura, y la defendió así: "Esta es una cuestión de dignidad, de justicia y de memoria histórica". Pero Monago contradice y mancilla la más elemental noción de la dignidad y la justicia al pretender servir sus exigencias con tan irrisoria ayuda. "Ellas fueron un generación de mujeres que nacieron, crecieron y superaron la guerra y la posguerra. Una época en la que todas las puertas para las mujeres estaban por abrir, sobre todo en una Extremadura rural en la que no se reconocía su trabajo", dijo Monago.

¿82 céntimos al día es todo el reconocimiento que el Partido Popular, esa formación que no ha dudado en inyectar a la Banca ingentes cantidades de dinero público con tantos ceros que la cifra marea, ofrece a unas ancianas en muchos casos desprovistas de pensión de jubilación? Mujeres que, como el propio político reconoce: "La gran mayoría no pudistéis cotizar lo suficiente, muchas de vosotras nada."

Las pensiones, en España, no son precisamente generosas, situándose la pensión mínima que reciben unos tres millones de pensionistas en 600 euros. Pero por debajo de esa línea, hay pensiones todavía más bajas, es decir, misérrimas. Por ejempo, las derivadas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), creado en 1947 para sustituir al antiguo Retiro Obrero:
404,80 euros mensuales en 2014. Prestación que, para colmo de miserias, es incompatible en muchos casos con cualquier otra pensión de la Seguridad Social. Pues, no se sabe por qué oscuro designio así lo dispuso la voluntad legisladora que decidió castigar con esa cláusula de incompatibilidad a uno de los colectivos más humildes del país. 

 En el último lugar del sistema público de pensiones se sitúan —o mejor dicho, han sido situadas— aquellas personas ancianas que no tienen relación conyugal ni pueden acreditar cotizaciones a la Seguridad Social, por haber desempeñado a lo largo de su vida trabajos precarios o domésticos no sujetos a regulación laboral. Este sector de la población es castigado por el Estado a percibir la pensión mínima de carácter no contributivo. Pues cabe hablar de castigo antes que de solidaridad el hecho de que una persona deba vivir con una renta situada muy por debajo del umbral de pobreza. Tan sólo con 365,90 euros mensuales se digna el Estado socorrerlas en su vejez.
  
Todo esto se traduce en la configuración de una importante bolsa de pobreza formada por personas mayores, principalmente mujeres. Donde encontramos la sangrante figura de "cónyuge a cargo", por la que los jubilados, generalmente varones, que perciben la pensión mínima, ven completada ésta hasta los 790 euros en concepto de mantenimiento del cónyuge. Por lo general, mujeres que a lo largo de su vida no hicieron otra cosa que atender las pesadas cargas del trabajo en el hogar.


¿Que es eso de cónyuge a cargo? ¿Por qué alguien debe recibir una prestación a través de otro, lo que supone vivir con permiso de otro? ¿No supone eso una situacion de dominio, de supremacía del varón? Y sorprende que ninguna de esas formaciones de izquierda, que tanto complican su discurso repitiendo muletillas verbales de género, hayan abordado de veras esta desigualdad reclamando una reforma de la Seguridad Social que garantice a toda persona, per se y sin distinción de género, una pensión mínima al llegar al estado de ancianidad. Esa sería una de las medidas graduales encaminadas a implantar, sin demagogias, una Renta Básica de Ciudadanía.

En cuanto a la demagógica medida de Monago, que más que ayuda constituye un nuevo insulto del Partido Popular a la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres ancianas, cada cual hará lo que mejor le parezca. No soy un moralista de los que se creen con derecho a intervenir en la vida privada de la gente. Pero les puedo asegurar que, si hubiera sido mi propia madre la que hubiera sufrido esta afrenta, la acompañaría hasta un Registro Oficial al efecto de realizar la devolución de esa miseria a las arcas del Gobierno extremeño. "En mi hambre, mando yo", como solían decir aquellos antiguos jornaleros cuya conciencia de clase les permitió conservar la dignidad pese a la opresión que sufrían. Que se vuelve a padecer.




domingo, 24 de agosto de 2014

Formalismos caniculares: ¿carnet o carné?


Entrada en la que, aprovechando el parón canicular, se aclaran algunas cuestiones formales.

El mundo gira también durante el verano y no dejan de acaecer en el mundo cosas terribles, pero a este escribidor, entre idas y venidas, amén de lo que en griego dícese aergia y en castellano galbana producida por la canícula, le faltan fuerzas para estar al tanto de todo. Por lo que aprovecha para dar cuenta de algunas cuestiones formales que le han sido presentadas por diversos lectores.

Empezando por el título del blog. ¿Debe escribirse carnet o carné? Si en un texto formal tuviera que hacer referencia al librito de apuntaciones o documento que se expide a favor de una persona, provisto de su fotografía y que la faculta para ejercer ciertas actividades o la acredita como miembro de determinada agrupación, me atendría a la regla fijada por el DRAE y escribiría "carné". Pero una bitácora es como un huerto en cuya entrada cada cual pone el nombre que le peta. Para gustos, colores, y así como no me sabe igual un whiskey que un güisqui, me parece más eufónico el galicismo carnet. Recogido en su día por el Diccionario histórico de la lengua española (1933-1936):

   
CARNET. Galicismo. m. Librito de memoria que se suele traer en el bolsillo, y por ext. documento o conjunto de documentos de uso frecuente, como abonos de ferrocarril o de espectáculos, tarjetas de identidad, pases de libre circulación. etc., cuyo dueño necesita llevar siempre consigo, y que para evitar su deterioro, se encuaderna en forma de carnet. ~ «Mientras él, cortés y frío, solicitaba de ella el honor de acompañarla, y ella, por disimular, miraba en su carnet si tenia el ambigú comprometido.» Martínez Zuviria, Pequeñas grandes almas, ed. 1907, p. 142. ~ «Iban con carnets vendiendo números para la rifa.» > Pío Baroja, Camino de perfección, ed. 1913. p. 18. ~ «El secretario toma nota en un carnet.» Azorín, Parlamento Esp., ed. 1916, p. 363. ~ «Reflexiono sobre mi conducta y humildemente escribo en mi carnet,» Luís de Tapia, Así vivimos, ed. 1916, p. 32. ~ «Apenas aparece el revisor, un individuo saca un carnet con rojas tapas.» Idem, p. 205. .~ «Escribe en tu carnet de baile un vals, el último, un vals para mí.» A. Gómez de la Serna> Greguerías, ed. 1919, p. 73.


Otrosí digo del oficio de inventor de libros declarado en el perfil que figura en el encabezado de página, que también extraña a muchos, no faltando quienes, en pleno uso de su libre albedrío, se lo toman a chacota. ¿Acaso un libro no es un pequeño invento de la razón? Tanto como el método oral puro para enseñar a hablar, leer y escribir a los sordomudos, inventado por fray Pedro Ponce de León, a cuya memoria hay erigida una estatuta en el madrileño parque de El Retiro.



A propósito de uno de estos inventos míos, el librito ¿Qué es la Desobediencia Civil?, que por estos predios ha pasado sin pena ni gloria, me complace anotar en este carnet que en su edición mexicana va por la cuarta reimpresión. 

Y por último, estoy convencido de que tampoco conviene prodigarse demasiado en los muros digitales. Pues lo poco gusta, lo mucho cansa y además se corre el riesgo de escribir alguna que otra tontería. Como alguien escribió en una pared de la ciudad de Herculano:

Admiror te, paries, non cecidisse ruina qui tot scriptorium taedia sustineas. 

(Oh, pared, me maravilla que no te hayas hundido bajo el peso de tantas necedades)


 




miércoles, 30 de julio de 2014

Ramiro Pinto: huelga de hambre por la dignidad de los parados

 El sentido de la dignidad es, en España, una rara avis, un elemento escaso. Las noticias que  difunden los medios de comunicación son, si cabe, cada vez más vomitivas. En medio de este panorama de ignominia, el ciudadano Ramiro Pinto Cañón se ha declarado en huelga de hambre para reivindicar la dignidad de los desempleados.

En verano, acostumbro a huir algunas semanas a Francia por razones varias, entre ellas el hecho de que la naturaleza otorga mayor verdor y frescura a sus montañas. También, por el descanso que proporciona no escuchar o leer en los medios las cínicas declaraciones de la clase o casta política nacional. Y además, por la tranquilidad que me aporta saber que cualquier trabajador que me atienda en un supermercado o una gasolinera tiene garantizado un salario mínimo superior a 1.500 €. Sin olvidar que el dinero de mi magra pensión que gasto en estos establecimientos, aunque no cambia el mundo, al menos no va a parar a los bolsillos de empresarios pertenecientes a la CEOE

Apenas regresado a esta triste España sin ventura, que diría Juan del Encina, asolada por la indignidad de sus dirigentes a todos los niveles, tuve conocimiento de que el ciudadano Ramiro Pinto Cañón se encontraba en plena huelga de hambre. Acto de protesta que había iniciado el 15 de julio frente a la Dirección Provincial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la ciudad de León. Las razones las explica en un manifiesto del que resalto  algunos párrafos:

[...] La burocracia tritura cualquier acción individual. Está diseñada en el tema del empleo para ser una agresión permanente al desempleado con actitudes sádicas de quitar lo mínimo que puede adquirir una persona para sobrevivir, que le desahucian cuando no puede pagar y embargan sus cuentas, de manera que se aplica una actuación cínica en tanto se quieren ahorrar prestaciones necesarias para la supervivencia, a la vez que se mantienen proyectos y gastos suntuosos. El resultado es una política contra los desempleados y no contra el desempleo, criminalizando a quienes reciben las prestaciones sociales, en un contexto en el que el paro se extiende a la vez que el empleo se hace cada vez más precario.

[...] He comprobado como se atemoriza, se humilla, se desprecia, se chantajea y se quita lo poco que tiene a quienes disponen de menos capacidad adquisitiva. Millones de personas padecemos a diario el dolor y el sufrimiento que genera esta política. Y todo ello sin una respuesta social, necesaria para evitar que continúe.

[...] Espero que sirva de punto de apoyo para una reacción colectiva cuyo objetivo es establecer la supervivencia como un derecho inalienable, de manera que toda persona sin empleo no se quede sin una prestación y que se mida sobre el umbral de la pobreza. Esta es la meta. Hasta la victoria final, siempre.

[...] La agresión a los desempleados sin embargo rompe el marco de lo legal, pues se hace con la ley misma y destruye a miles de personas mediante una violencia sistemática ejercida desde la ley, lo cual no se puede consentir bajo ningún concepto ni por más tiempo. Es necesaria la respuesta en legítima defensa. Y planteo un acción pacífica, contumaz y persistente hasta el cumplimiento de los objetivos hacienda un llamada de atención al conjunto de la sociedad para que no sea cómplice de esta situación degradante e indigna, pero que no degrada a quien padece tal situación, como se quiere hacer creer a quienes sufren sus consecuencias, sino a la sociedad que lo consiente y en la que sucede con toda impunidad.

[...] Mi profundo convencimiento del pacifismo me lleva a usar una herramienta desde la no-violencia para luchar contra las injusticias, haciendo que se hagan visibles el daño ejercido desde el Estado, para que en su crudeza una parte de la sociedad reaccione y hacer desparecer lo que oprime a millones de personas, para por otra parte mantener los privilegios de quienes se llevan el dinero pública para rescates bancarios, inversiones que llevan el dinero público a los inversores de empresas privadas, o sueldos de lujo para quienes propician este estado de cosas injusto.

Tengo el honor de conocer personalmente al ciudadano Ramiro Pinto, con el que he coincidido en distintos momentos en la defensa de la Renta Básica de Ciudadanía. Ahora, a su larga trayectoria de activismo, Ramiro agrega esa huelga de hambre, una de las máximas expresiones de ese "derecho a sufrir" en el que tratadistas de la desobediencia civil encuentran una fuente de legitimidad para los actos de protesta no-violenta cuyos efectos recaen sobre la persona que los protagoniza.

Enterado de que un grupo de Marchas de la Dignidad 22M organizaba un viaje a León para participar en una concentración de apoyo a Ramiro Pinto me puse en contacto con ellos. Y desde aquí les agradezco que me admitireran entre el pasaje de una de las dos furgonetas alquiladas en las que, el 25 de julio, viajamos los participantes en esta acción solidaria. Un grupo de personas en edad madura, cargado cada cual con el drama de su circunstancia personal en el paro: desahucio de sus viviendas, rupturas conyugales y, sobre todo, estrecheces económicas extremas. Hasta el punto de que había quien, pese a contar con una excelente forma física, no podía llevar a cabo su ilusión de realizar el Camino de Santiago porque, aunque caminar es gratis y los albergues tienen un precio simbólico, ni siquiera para ello alcanzaba su peculio. 


Una vez en León, pude saludar al huelguista Ramiro, tan cansado como animoso, y participar en el acto solidario del que el siguiente video recoge algunos momentos:  





Durante el regreso a Madrid, en la madrugada del sábado, los medios de comunicación difundían la última (last but not the least) noticia vomitiva: ya saben, la confesión del despreciable personaje que durante décadas se nos presentaba como gran ejemplo del seny catalán y de honorable gobernante que se atrevía a lanzar moralinas contra tirios y troyanos. "No hay pan para tanto chorizo", se grita en las manifestaciones. Pero la realidad es que no hay pan para los desempleados debido al latrocinio continuado de los chorizos que han ocupado las más altas instancias del país. Y cuyos nombres no escribo aquí para no contaminar la dignidad de este pequeño grupo de gente cuya compañía me brindó refugio frente a tanta indignidad nacional.

Dejo asimismo constancia de otra feliz coincidencia. Al volante de la furgoneta en la que viajé se encontraba Ernesto Sarabia, ex dirigente de USO al que conocí, hace décadas, con motivo de la entrega del Certamen Sindical 1º de Mayo, convocado por ese sindicato, en 1997, en el que mi trabajo Política para los muertos civiles obtuvo el primer premio. ¿Saben de qué trataba esta obra? Del agotamiento de ese artificio llamado empleo, a través del cual el capitalismo desnaturaliza la capacidad del trabajo humano. Y de la necesidad de establecer esa Renta Básica de Ciudadanía a la que en repetidos artículos me he referido en este blog. 

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Pinto abandonó la huelga de hambre el 30 de julio.


jueves, 3 de julio de 2014

Renta Básica de Ciudadanía y sostenibilidad medioambiental

 Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Y el primer paso en este objetivo consiste en poner fin a la pobreza, garantizando que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer realidad su derecho a llevar una existencia digna.


Sin duda, uno de los grandes retos a los que debe hacer frente la humanidad es aprender a conciliar la sostenibilidad de la vida humana con la del resto de especies vivientes en un mundo cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable y aire limpio para atender las necesidades humanas ha alcanzado un punto crítico que compromete el propio equilibrio climático del planeta. Incluso los alimentos podrían escasear si, en aras del exclusivo interés automovilista, se destina gran parte de la producción cerealista a la fabricación de agrocombustibles. Es de todo punto impensable que el actual modelo de crecimiento de los países ricos pueda ser imitado por el resto de la población planetaria. Si bien se plantea aquí una duda moral: ¿con qué legitimidad podríamos, desde un mundo rico y despilfarrador, pedir a los países pobres que abandonen sus deseos de reproducir las estructuras económicas del Primer Mundo?



Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Es preciso revisar la noción sociopolítica del Bienestar que ha imperado hasta ahora. No hablamos de suprimir las prestaciones sociales del Estado del Bienestar para que sea la iniciativa privada la que provea los servicios, como propugna el neoliberalismo. Lo que precisa una profunda revisión conceptual es esa forma de entender el bienestar sólo desde la óptica del crecimiento de los niveles económicos y de consumo de la población. 


Como señala María Novo en El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa: “La Renta Básica de Ciudadanía plantea un cambio de paradigma respecto del modelo economicista imperante en nuestras sociedades. Nos sitúa ante una nueva cosmovisión, más ambiental, más sostenible, en la que lo que importa no es solamente el rendimiento de la economía sino la calidad de vida de todos los seres humanos”. La profesora Novo considera que la adopción de un ingreso garantizado sería una medida “de gran impacto en la configuración de nuestras sociedades, que incentivaría la participación ciudadana en la vida política y la reorientación de nuestra vida comunitaria hacia valores distintos, cuando no alternativos, a los que propone el mercado”.

En efecto, cifrar el bienestar general tan sólo en el tamaño del PIB es una pobre visión de la realidad. El PIB incorpora como valor positivo todas las ineficacias del sistema. Por ejemplo, un automovilista que se dirige a una playa ubicada en una de esas macrociudades costeras destinadas al turismo masivo, y que, tras varias horas de viaje, se encuentra en pleno embotellamiento de tráfico, puede que necesite tomar un calmante para sus nervios mientras contempla humear el tubo de escape del vehículo paralizado delante del suyo. Todo esto, situado en las antípodas del bienestar de ese automovilista, coopera eficazmente a incrementar el tamaño del PIB sin aportar ni un ápice de calidad real de vida. De igual forma, la contaminación de la atmósfera o las mareas negras ocasionadas por accidentes de petroleros son ineficacias que obligan a efectuar costosas operaciones de limpieza que también puntúan positivamente en los indicadores económicos.

Por otro lado, computar positivamente en el balance contable el agotamiento de recursos naturales parece una locura, pero es exactamente es lo que hacen los países con reservas de combustibles fósiles al computar los ingresos de su venta en el PIB. Una persona que recibiera en herencia un gran depósito conteniendo un millón de litros de petróleo procuraría conocer con exactitud el estado de su riqueza y, cada vez que abriera el grifo, anotaría el débito como una disminución de su capital. Sin embargo, la disminución de recursos de un país queda anotada como beneficio nacional. Bajo la óptica de una economía centrada exclusivamente en el mercado, todo tiene un precio, pero nada tiene un valor. Esto resulta catastrófico para los recursos naturales, pues el valor medioambiental de las masas forestales, por ejemplo, es considerablemente superior al precio que alcanza la madera vendida.

Si un hombre pasea por los bosques, por amor a ellos, la mitad de cada día, corre el riesgo de que le consideren un holgazán; pero si se pasa todo el día especulando, cortando esos bosques y dejando la tierra desnuda antes de tiempo, se le aprecia como ciudadano laborioso y emprendedor. ¡Como si el único interés de una ciudad por sus bosques fuera talarlos!

Adelantado a su tiempo en muchas cosas, Henry David Thoreau demostró una gran preocupación por el medio natural. Dos de sus obras, Walden y Vida sin principios, deberían figurar entre las Sagradas Escrituras del movimiento ecologista. Pese a vivir en una época en que no había surgido  la inquietud medioambiental. Por entonces, la Tierra tenía todavía la capacidad de absorber, sin inmutarse demasiado, el impacto producido por la avidez del modelo de crecimiento depredador made in USA que Thoreau contemplaba ya desde su rincón de Concord (Massachussets).
          
La avidez forma parte de la condición humana, y las excepcionales circunstancias para el desarrollo económico que se dieron en esa zona del mundo sirvieron en bandeja la adopción del modelo de crecimiento sin tasa que hoy conocemos. Sería luego, al generalizarse y exportarse a escala mundial, cuando se agudizaría la contradicción entre dos visiones del oíkos: la economía (oíkonomos) y la ecología (oíkologos). Un conflicto similar al que se daría en un edificio de viviendas donde la razón del vecindario (económica) se enfrenta a la razón de la vivienda (ecológica) hasta el punto de que la primera amenaza con la destrucción de la segunda.

Necesitamos que un nuevo paradigma, el de la sostenibilidad ambiental, moral y material, sea el rector del comportamiento humano. El economicismo ya no puede seguir siendo la única fuente normativa de nuestras vidas, pues los problemas humanos son mucho más complejos El filósofo, antropólogo y sociólogo francés, Edgar Morin, refiriéndose a la crisis cultural que se produjo ya en los años 1968-1970, señaló que esa crisis “demuestra que el bienestar no sólo produce mejor estar, sino también malestar; que el crecimiento de las necesidades materiales, unido a la atomización individual de la vida, despierta necesidades afectivas profundas, las cuales, reprimidas /controladas en la civilización occidental, se han vuelto errantes y divagatorias”.

Se han propuesto métodos más refinados que el PIB para medir la satisfacción real de necesidades, entre ellos el concepto de Bienestar Económico Neto, que Paul Samuelson ofrece como alternativa al PNB. En esencia, consiste en detraer del producto todo aquello que no crea satisfacciones generales, como el armamento, el crecimiento de la burocracia, los nuevos sistemas de autopistas urbanas. Algo similar al Índice de Bienestar Económico Sostenible propuesto por Herman Daly y John B. Cobb. En la versión de James Tobin y William Nordhaus  este Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) se determina con la fórmula:


ISEW = [personal consumption + non-defensive public expenditures - defensive private expenditures + capital formation + services from domestic labour - costes de la degradación medioambiental – depreciación del capital natural]

Empleando el sentido común, deberíamos ser capaces entre todos de doblegar la soberbia economicista y sus mitos. Por ejemplo, esa figura de la mano invisible, fuerza misteriosa y taumatúrgica que rige el mercado y a través de él perfecciona el mundo, es una invención de Adam Smith, que utiliza esa metáfora una sóla vez al comienzo del capítulo II del Libro IV de La Riqueza de las Naciones. El razonamiento smithiano parte de la suposición de que “cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para el capital que tenga. Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la sociedad. Sin embargo, la persecución de su propio interés lo conduce natural o mejor dicho necesariamente a preferir la inversión que resulta más beneficiosa para la sociedad”.

Considera Smith que “el ingreso anual de cualquier sociedad es siempre exactamente igual que el valor de cambio del producto anual total de su actividad, o más bien es exactamente lo mismo que ese valor de cambio […]. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera él sólo persigue su propia seguridad; y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo él busca sólo su propio beneficio, pero una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos”. 


“El corazón tiene razones que la razón no conoce”, decía Blaise Pascal. ¿Debería ser el corazón el que gobernase el mundo? Al menos esa es la aspiración confesada por un economista tan prestigioso como Paul Samuelson: “Puedo albergar un sueño. Al igual que Martin Luther King, sueño con una economía humana que sea al mismo tiempo eficaz y respetuosa con las libertades personales (si no con las empresariales). Gran parte de las decisiones sobre la producción y el consumo conllevan la utilización del mecanismo de mercado; pero pueden mitigarse las peores desigualdades sociales que se crean al depender de las fuerzas del mercado —incluso con la existencia de igualdad de oportunidades— con los poderes de transferencia del Estado democrático. ¿Acaso no ejerce ningún efecto sobre la eficacia una equidad incrementada mediante la acción del Estado de bienestar? Sí, se producirá algún intercambio entre un incremento de la producción total y un incremento de la igualdad, algún intercambio entre la seguridad y el progreso. Yo denomino al compromiso optimizador resultante economía con corazón, y sueño con que se mantenga asimismo como economía con cabeza”.

“La economía política —sostiene Samuelson en su clásico Curso de economía— debe servir a los deseos de la humanidad. No es necesario que los hombres se hallen encadenados al simple crecimiento material, a menos que ellos lo deseen”.

Un ingreso mínimo garantizado para todas las personas o Renta Básica de Ciudadanía, podría constituir también una forma justa de remunerar a quienes se abstuvieran de causar mayores perjuicios medioambientales. No importa que los motivos de esa abstención fueran de índole ética o respondieran al ejercicio de un perezoso derecho al ahorro del esfuerzo personal. Pagarles el ingreso mínimo incondicional sería una compensación por los beneficios que el conjunto de la sociedad obtendría gracias al menor tamaño de la huella ecológica que dejan sobre la Tierra las gentes que transitan sobre ella con paso leve.

De hecho, existen precedentes como las indemnizaciones que concede el Gobierno británico a los agricultores que no cultiven la totalidad de la superficie de sus tierras, dejando espacios reservados al desarrollo de la vida silvestre en zonas consideradas sensibles desde un punto de vista ecológico. Algunos granjeros reciben modestas subvenciones por conservar en sus tierras los muros de piedra, los pantanos y otros elementos no rentables desde el punto de vista económico pero ecológicamente beneficiosos.

En 1997, Oilwatch lanzó en Kyoto la idea de mantener los combustibles fósiles bajo tierra merece “créditos de carbono”. Así, en el campo petrolífero Ishpingo-Tambococha-Tiputini, situado en el Parque Nacional Ysuní, en Ecuador, se ha pedido que alrededor de 920 millones de barriles de crudo pesado permanecer bajo tierra a perpetuidad o a través de una moratoria sine die, en un área ocupada por grupos indígenas que posee una biodiversidad única.

Además de respetar la Naturaleza y los derechos humanos, mantener este petróleo en el subsuelo significaría evitar los 410 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono que produciría la quema de ese petróleo. El gobierno ecuatoriano ha solicitado a nivel internacional una parte del dinero como compensación por los ingresos monetarios que no recibiría al mantener el petróleo en el subsuelo. Si este proyecto tuviera éxito podría trasladarse a otros lugares, por ejemplo en el territorio U'Wa de Colombia y en algunas de las peores minas de carbón en el mundo en China y la India o en el Delta del Níger, donde la extracción de petróleo y el gas quemado en el proceso se efectúa por la compañía Shell a costa de muchas vidas humanas.

“Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero son los Gobiernos quienes tienen que cambiar radicalmente el modelo”. ¿Es suficiente este argumento para quedarse cruzado de brazos sin hacer nada? Tampoco los contemporáneos de Thoreau hicieron demasiado caso a sus advertencias. Pero él no pertenecía a la clase de filósofos que piensan de una manera en la academia y actúan de forma muy diferente en su vida privada. Henry prefirió pasar a la acción “directa” por una vía éticamente impecable, es decir, actuando de manera que las consecuencias directas del acto recaigan sobre uno mismo: comenzó por negarse a pagar impuestos a un Gobierno que mantenía la esclavitud y había declarado una guerra ilegítima a Méjico. Un acto por el que fue encarcelado y a raíz del cual escribió el libro sobre Desobediencia Civil que se convertiría en el texto de referencia para figuras como M. Gandhi, Bertrand Russell, Martin Luther King así como para los millares de personas que utilizaron esta vía pacífica de acción política civil.



En defensa de los surfistas


En lo que se refiere al consumo, Thoreau redujo voluntariamente su ingresos monetarios al apartarse cuidadosamente de toda actividad susceptible de degradar energía convirtiéndola en trabajo innecesario. “Durante más de cinco años, me mantuve, pues, sólo con el trabajo de mis manos; y descubrí que podía atender a todos los gastos de mi subsistencia trabajando unas seis semanas al año”, cuenta en Walden

La figura del surfista de Malibú fue acuñada por los detractores del ingreso garantizado en el ámbito académico anglosajón. Con ella se pretende caricaturizar a un hipotético individuo, virtuoso del surfing, que, en caso de que se implantase un ingreso garantizado, se dedicaría a subsistir con ella sin hacer ninguna otra cosa que no fuera jugar con su tabla sobre las olas de la playa californiana de Malibú. La caricatura del surfista impenitente puede resultar simpática en un debate de salón, pero no todo el mundo es capaz de desenvolverse con la suficiente habilidad y arrojo como para aventurarse con una frágil tabla en las agitadas aguas del océano. Sea en las playas de Malibú o en las más cercanas de Tarifa y Caños de Meca.

Los críticos con la Renta Básica de Ciudadanía no debieran preocuparse tanto ante la posibilidad de que algunas personas decidieran imitar a Thoreau y se conformaran con la renta mínima como única fuente de ingresos. Puede que vivieran desarrollando actividades de baja agresividad medioambiental, incluido el windsurfing en las playas de Tarifa o Malibú.

Si tal caso se diera, los miembros de este minoritario grupo de rentabasicistas no deberían ser demonizados. Antes bien, su decisión convendría recompensarla con la medalla al mérito civil planetario en reconocimiento de su ejemplar conducta. En efecto, quienes voluntariamente aceptasen vivir con tan reducido poder adquisitivo llevarían, por fuerza, una forma de vida medioambientalmente mucho más virtuosa que la del común de los consumidores. Para empezar, como una renta mínima no permite efectuar el dispendio de comprar y mantener un automóvil, estos “minimalistas económicos” tendrían que efectuar sus desplazamientos a pie o en transportes colectivos. Dejarían así de contribuir al calentamiento global del clima producido, en gran medida, por el tráfico diario de millones de automovilistas.