Pensiones: los dioses vuelven locos a quienes quieren perder

El presidente del Gobierno de España ha cruzado el charco para acompañar en sus oraciones matutinas a los integristas de Estados Unidos, dejando a su propio país en estado de máximo cabreo ante el abrupto anuncio de una áspera reforma de las pensiones públicas. Reforma que tampoco está clara, pues, luego, sus ministros se han encargado de liarla. Y donde dije jubilación a los 67 años, digo quizás, y donde dije 25 de cotización, sin disimulo digo que es simulación. El jefe de la oposición, al que le vendría de perlas que Rodríguez Zapatero le dejase hecho el trabajo sucio de la reforma que concuerda con su programa, se opone a ella con tal de criticar a su adversario. Esto de las pensiones no hay dios que lo entienda. Debe ser que los dioses han hecho uso de esa prerrogativa que los antiguos les atribuyeron: la de volver locos a aquellos a quienes querían perder.

Quos dei vult perdere, prius dementat. Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco, dice la antigua sentencia. Y sólo un loco presentaría una medida políticamente suicida, como es la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Esa propuesta, cuyos términos se han aireado lo suficiente como para ahorrarnos el trabajo de gastar tiempo y espacio en reproducirla, forma parte del programa neoliberal de destrucción ciega de las instituciones públicas del Estado del Bienestar.

Los neoliberales llevan años pronosticando la insostenibilidad de las pensiones públicas basándose en una evidente falacia: las proyecciones demográficas que apuntan hacia un envejecimiento de la población a medio plazo. Con la consiguiente disminución de la población tradicionalmente considerada laboralmente activa.

Esa tesis podría ser válida en los tiempos en que fue escrito el Deuteronomio, al que aludió Rodríguez Zapatero en su celebrada alocución en la ceremonia de ruptura del ayuno estadounidense: “No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compatriotas, o un extranjero que vive en alguna ciudad de tu país. Págale su jornal ese mismo día antes de que se ponga el sol, porque está necesitado y su vida depende de su jornal” (Deut. 24.15). En aquellas lejanas épocas en que el sostenimiento de la población dependía exclusivamente de la "fuerza de sangre" proporcionada por los humanos y las bestias de carga y tiro, un envejecimiento excesivo de la población hubiera significado un problema. Que no llegaba a plantearse dado que la rudimentaria protección de la salud se encargaba de solucionarlo de forma expeditiva.

Pero hoy, al menos en los países desarrollados, el modelo productivo no descansa en la agricultura. En la que, en todo caso, una sola persona al volante de un tractor puede cosechar trigo suficiente para mantener a un centenar de personas. El histórico aumento de la productividad, debido a la conjunción de tecnología y energías externas, hace posible disponer de bienes y servicios para una población amplia, aunque se reduzca el número de brazos que intervienen directamente en el proceso productivo.

Los neoliberales no son tan tontos como para ignorar estas evidencias. Lo que sucede es que, por lo general, trabajan al servicio del mundo de las finanzas que ve en las pensiones una excelente oportunidad de negocio. Por ello, sostienen la torticera tesis de que son únicamente las rentas de los trabajadores, a través de las cotizaciones sociales, las que deben financiar las pensiones y la sanidad, cuando debe ser la renta nacional en su conjunto la que lo haga, mediante un sistema impositivo que incluya, por supuesto, las cotizaciones sociales, pero no como única fuente.

Por cierto, entre esas fuentes diversificadas, ¿por qué no cotizan, por ejemplo, las entidades bancarias que han suprimido empleos al instalar cajeros automáticos? Y a juzgar por los resultados, obtienen pingües beneficios incluso en tiempos de crisis. Beneficios que permiten obsequiar a sus directivos con pensiones que producen vértigo. Como la de Francisco González, presidente del BBVA, que acaba de embolsarse 79,7 millones de euros de pensión al haber cumplido los 65 años.

Un parado en huelga de hambre frente al palacio de la Moncloa

El ciudadano Segundo Quiñones lleva nueve meses acampado frente al palacio de la Moncloa. Es uno de los millones de personas que, tras quedar en situación de desempleo está a punto de agotar su derecho a prestación por desempleo. Con una familia que mantener, desprovisto de medios para la supervivencia, a punto de que le embarguen la casa cuya hipoteca no puede pagar a ese sistema bancario que es el origen de la crisis económica, ha decidido comenzar una huelga de hambre al ver cómo se derrumba toda una vida de duro trabajo.

Este es el texto de la carta abierta enviada por Segundo Quiñones al presidente del Gobierno de España, al que considera responsable de su situación. Las opiniones generalizadoras de Quiñones respecto a la responsabilidad absoluta de Rodríguez Zapatero en el origen de la crisis y los males derivados de la misma no son compartidas por el autor de este blog. Que no obstante comprende la desesperación de quienes, como Segundo, se encuentran en el más absoluto desamparo debido a una crisis que, en cualquier caso, no fue desencadenada por los trabajadores. Y por cierto, ¿dónde debe ser empadronado Segundo Quiñones, nacido en Colombia y trabajador en paro en España; dónde John Felipe Romero Meneses, de 21 años y también colombiano, enrolado en el Ejército español, recientemente fallecido al estallar una mina al paso de un convoy militar español en Afganistán?

Señor don José Luis Rodríguez Zapatero:

Segundo Quiñones, como una víctima más de su política económica, se declara en huelga de hambre total y le dirige la presente para público conocimiento, en nombre de todos los parados y desahuciados.

Después de 9 meses y 11 días a la puerta de su casa, contra todo pronóstico, el único apoyo que me han dado usted y sus mandados son insultos, humillaciones y maltratos. Sus desprecios son tanto para mí y mi familia como para todos los que están en la misma situación.

No pedimos que nos regalen nada: ni una casa, ni un trabajo. Pedimos justicia. ¿Por qué no hay una ley de hipotecas justa? ¿Por qué los bancos que nos engañaron se quedan con nuestras casas y, no conformes, nos dejan con nuestras deudas? Esto es así porque usted se lo permite. Usted no ha ayudado al pueblo en nada, reforma sólo las leyes que le interesan a los poderosos; como la ley de extranjería, para machacar a los inmigrantes. Parece mentira que alguien que se dice socialista haga este tipo de política.

Ninguno de los parados tenemos culpa de la crisis que nos ha mandado a la calle. Tampoco tenemos culpa de la política tan nefasta de usted y sus ministros, durante los años que lleva gobernando el país.

¿Por qué nos ha engañado? Según usted, no había crisis. Nos prometió el pleno empleo; era una de sus "razones para creer", pero nos ha traído el paro a millones. Usted dijo que no iba a dejar a ninguna familia en la cuneta. Ha hecho lo contrario: dejarnos sin trabajo, sin casas, con una deuda en una lista de morosos, destruyendo el sueño y el porvenir de miles de niños. ¿No es usted padre de familia, como nosotros? ¿No le da pena? ¿O sólo le dan pena los banqueros? A esos sí que los recibe y les ayuda.



Usted votó a favor del documento marco "Ciudadanía, Libertad y Socialismo: Un partido en la España del s. XXI". El punto 87 dice: «Nuestro objetivo y nuestra propuesta, será hacer realidad una Renta Básica de Ciudadanía, es decir, garantizar unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos con carácter universal e incondicional, que se constituya como el mínimo vital de subsistencia que toda persona o familia necesita para vivir». Pero usted ha aprobado 420 euros de miseria, sólo para algunos parados, lo cual excluye a millón y medio de familias que no cobran ningún tipo de prestación. Muchos de nosotros, votándole a usted, votamos nuestra ruina. Nos trajo usted el pleno paro y ahora quiere retrasar nuestra jubilación. Demuestren usted y los suyos que son Partido Socialista Obrero Español.

Sigo a la puerta de su casa pidiendo justicia para todos y, ante su falta de respuesta, he decidido ir a la huelga de hambre absoluta y total a partir del 1 de febrero de 2010. Después de 9 meses y 11 días prefiero la muerte antes que abandonar esta lucha sin una respuesta adecuada a nuestras necesidades: un trabajo digno y una vivienda digna para todos, como manda la Constitución. Hago un llamamiento a la sociedad para movilizarse y actuar en ese sentido, pues Homo sine pecunia imago mortis.*

* [El hombre sin dinero es la imagen de la muerte]

Abandonar a los desempleados al albur de la Beneficencia autonómica es ilegítimo

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se equivoca de manera muy grave al proponer que las personas desempleadas, que tras recibir las ayudas actuales de 421 euros durante seis meses no han encontrado trabajo "deberían recibir respuesta desde las comunidades autónomas, a través de las rentas de inserción social". En un contexto de crisis económica generalizada, la pobreza de los desempleados de larga duración no puede ser atribuída a actitudes personales, como holgazanería, ineptitud o falta de adaptación social. Cuando las causas de una crisis económica como la actual tienen responsables conocidos, y cuando la intensidad y duración de la misma es evaluada por organismos internacionales, dejar a la gente al albur de una incierta Beneficencia autonómica sería ilegítimo e inconstitucional. Los parados no son excluidos, sino damnificados por una avería del sistema.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, abogó recientemente por la creación de una "renta de protección social, ligada a la formación y al empleo", dirigida a los desempleados que han agotado los subsidios. Para ello, apostó por un "gran pacto entre los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado, para hacer que las personas que tenían un nivel de protección y acaban la protección, no tengan la consideración de excluido social".

En concreto, Celestino Corbacho, señaló que las personas que tras recibir las ayudas actuales de 421 euros durante seis meses no han encontrado trabajo "deberían recibir respuesta desde las comunidades autónomas, a través de las rentas de inserción social".

Se equivoca, y de manera muy grave, el ministro Corbacho al proponer una solución de ese tipo para hacer frente al problema de los desempleados que agotan el subsidio por desempleo. Ello significa desconocer, o al menos ignorar, la que la Constitución Española dispone al respecto en su artículo 41

"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres".

La propia Jurisprudencia Constitucional referida a esta disposición, que puede ser consultada en la página web del Congreso de los Diputados, ha señalado de manera inequívoca que

"La Seguridad Social se ha convertido en una función del Estado. Efectivamente, el mandato contenido en el artículo 41 de la Constitución Española dirigido a los poderes públicos de mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad supone apartarse de concepciones anteriores de la Seguridad Social en que primaba el principio contributivo y la cobertura de riesgos o contingencias. Si bien, en el sistema español actual, se mantienen características del modelo contributivo, no es menos cierto que, al tenor del mandato constitucional citado, el carácter de régimen público de la Seguridad Social su configuración como función del Estado, y la referencia a la cobertura de situaciones de necesidad - que habrán de ser precisadas en cada caso - implica que las prestaciones de la Seguridad Social (...) no se presenten ya - y aún teniendo en cuenta la pervivencia de notas contributivas - como prestaciones correspondientes y proporcionales en todo caso a las contribuciones y cotizaciones de los afiliados, y resultantes de un acuerdo contractual. El carácter público y la finalidad constitucionalmente reconocida del sistema de la Seguridad Social supone que éste se configure como un régimen legal, en tanto que las aportaciones de los afiliados, como las prestaciones a dispensar, sus niveles y condiciones, vienen determinados, no por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se integran en el ordenamiento jurídico y que están sujetas a las modificaciones que el legislador introduzca". (Sentencia Tribunal Constitucional 65/1987).

Por lo tanto, corresponde a un Organismo Central del Estado, como es la Seguridad Social, garantizar esas prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, a las que se refiere el texto constitucional. Una persona que pierde el empleo, cuando éste es su única fuente de ingresos, queda automáticamente sumida en una situación de absoluta pobreza. Pero debe tenerse muy en cuenta que, en un contexto de crisis económica generalizada, esa pobreza no puede ser atribuída a actitudes personales, como holgazanería, ineptitud o falta de adaptación social. Cuando las causas de la crisis económica tienen responsables conocidos, y cuando la intensidad y duración de la misma, es evaluada por organismos internacionales, no se puede dejar a la gente al albur de la Beneficencia autonómica.

Porque las Comunidades Autónomas, aunque también son Estado, no se olvide, sólo tienen competencia en materia puramente asistencial. Los Estatutos Autonómicos de la mayoría de regiones españolas (huyo del término nacionalidades dado que ésa es una cuestión sujeta al dictamen del TC) incluyen cláusulas referidas al establecimiento, en sus respectivos territorios, de una Renta Básica, que nada tiene que ver con el genuino concepto del Ingreso Universal de Ciudadanía. Antes bien, se trata de un nuevo traje semántico con el que se ha querido vestir las viejas ‘rentas de indigencia’ o ‘de inserción’ destinadas a proveer de una última red de protección a las personas tradicionalmente excluidas.

Pero en este aspecto, cada Comunidad tiene sus propios criterios. Desde las relativamente generosas prestaciones de la Renta Básica establecida en el País Vasco y en Navarra, cuyo importe se sitúa al nivel del Salario Mínimo Interprofesional, a las prácticamente inexistentes prestaciones de esta índole en Comunidades Autónomas gobernadas por políticos cuya ideología neoliberal les sugiere huir de cualquier política que huela a humanidad o solidaridad, dando un áspero tratamiento a las situaciones de pobreza. Es el caso, muy concreto, de la región de Madrid, a cuya cabeza se encuentra la neoliberal condesa de Murillo, donde ni siquiera se han solucionado la mayoría de casos de ancianos que necesitan atención conforme a la Ley de Dependencia.

Catástrofe en Haití: la banca gana

Los ciudadanos no sólo hemos contribuido, a través de nuestros impuestos, a salvar a los bancos de la crisis financiera creada por su egoísta ceguera. Ahora, estamos contribuyendo de nuevo a incrementar el negocio bancario a través de las transferencias solidarias que realizamos para ayudar a los damnificados por la tremenda catástrofe ocurrida en Haití. Ya se sabe que, como norma de la casa, la banca siempre gana, pero estas circunstancias demuestran que los banqueros no tienen vergüenza.

Un violento temblor de tierra registrado en la noche del 12 de enero sembró el horror, la destrucción y la muerte en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Para hacerse una idea de la intensidad del terremoto, de magnitud 7,3 en la escala Richter, los expertos en geología afirman que liberó una energía equivalente a la explosión de 200.000 kilos de trinitrotolueno. Aunque por el momento es difícil establecer el número de víctimas, las primeras estimaciones hablan de 200.000 muertos, aparte de los heridos que apenas si pueden ser atendidos dada la extrema pobreza del país.

Los gobiernos de varios países han enviado a Haití amplios efectivos de bomberos y militares en un intento desesperado de rescatar a las víctimas atrapadas entre los escombros así como llevar agua, alimentos y primeros auxilios a los supervivientes. Asimismo, se ha generado una corriente de solidaridad internacional para recaudar fondos de ayuda entre los particulares.

El método habitual de efectuar estas aportaciones es mediante transferencia a las cuentas bancarias abiertas con esta finalidad por Organizaciones No Gubernamentales. Sin embargo, los bancos son absolutamente refractarios a esta corriente humanitaria y no contentos con las abusivas comisiones que cobran habitualmente a sus clientes, también cobran por cada operación solidaria, de manera que se están embolsando grandes cantidades

Forges


Un ingreso de 20 euros con destino a Haití en una cuenta de Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras desde una entidad bancaria distinta a la receptora puede costar hasta cinco euros. El donante tiene dos opciones, abonar la comisión o descontarla del donativo. En el primer caso se ve obligado a pagar un plus por su solidaridad, de entre un 11% y un 25% si se hace por internet o del 0,25% al 0,4% en las oficinas; en el segundo, el banco se embolsa, directamente, parte del dinero que debería llegar a los afectados por la catástrofe.

En este sentido, FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a bancos y cajas de ahorros que dejen de lucrarse con las donaciones a Haití y eliminen las comisiones que están cobrando por las transferencias a cuentas destinadas a la ayuda humanitaria.

De no eliminarse estas comisiones, FACUA considera que el Gobierno debería intervenir para evitar que la cooperación internacional ante castástrofes como la sufrida por el pueblo haitiano suponga un negocio para el sector financiero. Mientras tanto, FACUA demanda a las entidades financieras que devuelvan a los usuarios las comisiones que han cobrado en los últimos días por estas transferencias.

En este sentido, la asociación advierte que estas comisiones representan un porcentaje muy importante del valor de las transferencias realizadas por numerosos ciudadanos. Así, una donación de 20 euros puede suponer que la entidad financiera se embolse entre el 11 y el 25% de esta cantidad.

Estos datos se desprenden del análisis realizado por FACUA sobre las comisiones por transferencias notificadas al Banco de España por quince bancos y cajas de ahorro: Banco Pastor, Banco Popular, Bankinter, Barclays, BBVA, Caixa Galicia, Caja Duero, Caja Madrid, Caja Murcia, Cajasol, CAM, Citibank, La Caixa, Santander y Unicaja.

Comisiones bancarias, un impuesto en la sombra

Esa opinión pública (o publicada) que tanto se solivianta y critica con encendida irritación los impuestos estatales, no se inmuta ante el hecho abusivo de que la clientela de los bancos —prácticamente toda la ciudadanía— abone a diario y con gran mansedumbre este impuesto extraoficial que va a parar a la cuenta de ganancias de la banca, y no a las arcas del Estado: las comisiones bancarias. En España, las comisiones que los bancos aplican a las tarjetas subieron un 49% en 4 años.

Decíamos ayer... algunas palabras a propósito de los trabajos gratuitos que de manera más o menos inadvertida realizamos los consumidores. Por ejemplo, al utilizar los cajeros automáticos de los bancos que han sustituido a los empleados, sin que ese ahorro de costes repercuta en beneficio del usuario. Una práctica abusiva que raya en el gangsterismo, pues, no sólo cobran al cliente una tarifa por el mantenimiento de una cuenta corriente o de ahorro sino que, también le cobran por entregarle esa tarjeta de plástico sin la cual no podría ¡disponer de su propio dinero!

Las comisiones que las entidades financieras españolas aplican al mantenimiento de las tarjetas de pago (crédito y débito) y a las cuentas corrientes y de ahorro han vuelto a incrementarse en 2009.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, en diciembre la banca cobraba una cuota media anual de 16,66 euros para mantener sus tarjetas de débito y de 33,3 euros, para las de crédito. Este importe supone un incremento del 9,89% y 6,56%, respectivamente, con respecto a la cuota que aplicaba en diciembre de 2008.

El incremento es mucho más abultado si se compara con las cifras de 2005. A finales de ese ejercicio, las financieras cobraban 11,12 euros para el mantenimiento de las tarjetas de débito y de 22,94 euros para el de las de crédito. Lo que pone de manifiesto que el alza de las comisiones ha sido del 49,8% (débito) y 45,16% (crédito) en los últimos cuatro años.

Todo ello, sin contar las tarifas que las financieras cobran por el mantenimiento de cuentas corrientes y de ahorro. En diciembre de 2009, por las primeras cobraban 21,07 euros y por las segundas, 20,43 euros.

Ya en abril de 2006, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes, denunciaba que gran parte de los enormes beneficios de los bancos se obtienen con la gestión de las tarjetas de pago (crédito y débito) en el mercado europeo. En la situación actual, señaló Kroes, “los bancos fijan unas comisiones, del 2,5% de media, que actúan como un impuesto sobre las ventas que encarece los precios”. Más del 25% de los beneficios de los bancos proceden de esas comisiones, mientras que un usuario particular puede perder varios cientos de euros anuales por los abusos de los bancos y los emisores de tarjetas.

Una maravilla digna del retablo de Maese Pedro: mientras que desde el Parlamento hasta las más bajas tabernas se discute con ardor si el Estado debe o no recaudar impuestos, los bancos cobran lindamente y por la cara un recargo sobre cada transacción electrónica. Este recargo opera exactamente de la misma manera que lo haría un impuesto adicional sobre el consumo: encareciendo el producto final que paga el consumidor. Pues bien, esa opinión pública que tanto se solivianta a la hora de pagar impuestos ni se inmuta cuando la clientela de los bancos —prácticamente toda la ciudadanía— abona a diario y con gran mansedumbre este impuesto extraoficial que va a parar a la cuenta de ganancias de la banca, y no a las arcas del Estado.

Por cierto, ¿qué tipo de comisión están aplicando los bancos a las transferencias de las gentes solidarias hacia las cuentas que recaudan fondos para ayudar a los damnificados por el terremoto de Haití? En la naturaleza, la vida se crea y se destruye. Pero la banca siempre gana.

Quien trabaja gratis es más tonto que un obrero de derechas

El mundo de los negocios ha ideado estrategias para que sigamos trabajando a favor de las grandes empresas incluso cuando creemos estar alcanzando la gloria al consumir bienes y servicios. El sistema “sírvase usted mismo” utilizado por bancos, gasolineras y grandes superficies consiste en que el consumidor realice una parte del trabajo anteriormente efectuado por un asalariado. Y para colmo, de forma gratuita, pues todavía no se ha visto el caso de un banco que pague una bonificación al cliente que retira dinero de su cuenta en un cajero automático en lugar de hacerlo en ventanilla. Para más inri, le cobra una comisión por darle la tarjeta.

La vida del ciudadano medio integrado en el sistema productivo capitalista, se consume a lo largo de los primeros cinco días de la semana efectuando un arduo trabajo ocho horas de lunes a viernes, más desplazamientos al puesto de trabajo. El sábado, por fin, le llega ese gran momento de gloria capitalista en el que los asalariados alcanzan el estatus de consumidor. Es decir, el actor con capacidad para hacer desaparecer del mercado lo que previamente, y a través de la división global del trabajo, hemos producido entre todos. La dinámica capitalista se quebraría si se rompiera ese ciclo cerrado por el que las personas trabajan (para producir) consumen (para destruir los stocks producidos) y trabajan de nuevo (para reponer los stocks destruidos). O consumidos, pues la acción indicada por el verbo consumir (del latín consumere) e refiere a destruir, saquear, someter, acabar o terminar.

La siguiente secuencia es típica del consumidor que acude el sábado a uno de esos grandes centros comerciales de la periferia.


 Obtiene dinero en efectivo de su cuenta corriente a través de un cajero automático.

 Entra en una estación de venta de carburantes en régimen de autoservicio y, manejando él mismo la manguera, llena el depósito de su automóvil.

 Pasa la tarde en el centro comercial. Recorre los pasillos del hiper de alimentación recolectando los productos que necesita. O que no necesita pero le hacen guiños desde las estanterías. Nuestro consumidor va colocando los productos en el carrito que empuja con destreza procurando no chocar con el resto de carritos. Luego guarda cola ante la caja hasta que llega su turno de sacar los productos del carrito para colocarlos en la cinta transportadora que los pone ante las narices de la cajera. Según ésta los va registrando, el consumidor los empaqueta en bolsas, los vuelve a meter en el carrito, que empuja hasta el aparcamiento donde dejó el coche. Ahora vuelve a sacar los productos del carrito para guardarlos en el maletero del coche, donde puede ya considerarlos de su entera propiedad. Antes de abandonar el recinto comercial, dócilmente lleva el carrito hasta el lugar donde se apilan éstos, ya que no hacerlo le supondrá perder el euro que previamente hubo de colocar en el dispositivo que desbloquea la cadena que une cada carrito al siguiente.

 Una vez terminado el avituallamiento alimentario, vuelve a repetir el ciclo de cargas y descargas en el hiper de mobiliario prefabricado del que sale triunfante autotransportando un gran volumen de piezas embaladas.

 Al día siguiente, domingo, día del Señor, se arma de paciencia, desembala los diversos componentes prefabricados y de manera más o menos sencilla los va ensamblando hasta conseguir armar un mueble que contempla con orgullo de consumado ebanista.

Si se exceptúa esta pequeña satisfacción final, este proceso de compra no es precisamente un placer ni un derroche de glamour. La imagen cinematográfica de la elegante dama que va de compras seguida por un criado que transporta los paquetes no tiene nada que ver con la del consumidor que llega a un centro comercial vestido con atuendo deportivo. En realidad, con ropa de trabajo, pues si por algo resulta cansina ese tiempo de compra es por el trabajo que supone efectuarla. El individuo prototípico de la sociedad de consumo, al cabo de cinco días a la semana durante los cuales ha vendido su tiempo como productor asalariado, al pretender ejercer como consumidor, ha seguido trabajando para el fabricante de forma inadvertida. Es un prosumidor.

El prosumidor (productor-consumidor) es un término acuñado por Alvin Toffler para referirse a la doble función desempeñada por el consumidor que, a través del acto de adquisición de un bien o servicio, contribuye a desarrollar directa o indirectamente alguna fase del proceso de producción de dicho bien o servicio. El ejemplo más claro lo ofrecen los autoservicios, es decir, aquellos sistemas de venta en los que se disponen los artículos al alcance del comprador, que los va tomando por sí mismo y paga al salir. El sistema es característico de grandes superficies de distribución, gasolineras y restaurantes. Los cajeros bancarios automáticos entran asimismo dentro de esta categoría.

Do it yourself (hágalo usted mismo) es la forma de organización del sistema productivo que delega la ejecución de una parte del trabajo en el consumidor, ahorrando así mano de obra directa. De este sistema, que añade un trabajo suplementario a nivel individual, no resulta automáticamente un beneficio para la sociedad, pues con su acción colabora a la destrucción de empleo en las fábricas y centros de trabajo. Eliminado empleo fijo, las empresas obtienen un gran ahorro de costes salariales y sociales (vacaciones, cotizaciones para la jubilación, etc.) de los trabajadores.

En su variante “sírvase usted mismo” utilizada por bancos, gasolineras y grandes superficies organizadas en régimen de autoservicio no garantiza un ahorro al cliente. El prosumidor realiza una parte del trabajo que anteriormente era efectuado por un asalariado. Y por lo general lo hace de forma gratuita, pues todavía no se ha visto el caso de un banco que pague una bonificación al cliente que retira dinero de su cuenta en un cajero automático en lugar de hacerlo en ventanilla. El caso de la banca raya en el gangsterismo pues, para empezar, cobran al cliente por entregarle esa tarjeta de plástico sin la cual no podría ¡disponer de su propio dinero! Luego, por usarla, pagará un sobreprecio en los productos debido a la comisión que el banco cobra al comerciante detallista y que éste transfiere al consumidor

En cajeros automáticos, gasolineras, hipermercados, etc. el prosumidor trabaja gratis en beneficio del suministrador de servicios. Y esto mismo sucede cuando el ciudadano, llevado por una falsa conciencia medioambientalista, procede a la separación de los residuos sólidos urbanos y al transporte selectivo hasta los contenedores específicos de vidrio, papel, materia orgánica, etc. Es una buena conducta cívica de la que se benefician los fabricantes. Que no sólo obtienen materias primas a coste “0”, sino del producto del trabajo gratuito realizado por cada persona durante la selección de residuos.

Para denunciar esta abusiva forma de explotación no hace falta ser un izquierdista radical de los que pretenden cambiar el mundo de base. Sencillamente, quien trabaja gratis es más tonto que un obrero de derechas.

Basuras: si pago, no separo

Entre mis propósitos de Año Nuevo he tomado la determinación de no separar los residuos domésticos que acaban en el cubo de la basura. Es una decisión muy difícil de tomar, dados los muchos años que vengo efectuando esta tarea en aras de una conciencia medioambiental. Cuando, los ciudadanos clasificamos en nuestros hogares los residuos urbanos efectuamos un trabajo gratuito cuyos beneficiarios directos son los fabricantes de envases, que encuentran de esa manera materias primas a coste cero. El medioambiente se beneficia algo, pero no tanto como si la mayoría de esos envases absolutamente superfluos no entrasen en nuestros hogares. Pero, si además de trabajar gratis para el fabricante ahora hemos de pagar una tasa de basuras abusiva impuesta por el alcalde Ruiz Gallardón, perseverar en esta tarea sería del género tonto. A partir de ahora, en Madrid, las basuras que las separe ese alcalde que se gastará 9.449 euros cada minuto de cada día de 2010.

El acto de comer obedece a un impulso de la naturaleza humana destinado a satisfacer una elemental necesidad vital. Deshacerse de los cuantiosos residuos que genera el proceso alimentario es un acto social, sujeto a consideraciones de conveniencia y utilidad, y también a normas dictadas por la autoridad política. Cuando esa norma es abusiva, desobedecerla es un imperativo de la conciencia civil.

Al ciudadano responsable e informado, la cuestión de participar en la selección de basuras le plantea un evidente conflicto. Por un lado, es consciente del grave impacto de los residuos urbanos sobre el medio ambiente. Por otro, no se le oculta que no somos los consumidores quienes producimos esa ingente cantidad de residuos urbanos, sino que son los fabricantes de bienes de consumo inmediato los que los producen. Sobre todo, esa industria alimentaria suministradora de alimentos envueltos en una serie de envases absolutamente prescindibles. En tercer lugar, separar las basuras supone efectuar un trabajo no remunerado, exactamente igual que cuando nos servimos el combustible en una gasolinera de autoservicio o utilizamos un cajero automático. Pese a ello, en el caso de las basuras aceptamos esta carga con santa resignación pensando que así contribuimos a disminuir la contaminación medioambiental.

Pero la cuestión no es tanto la de separar o no separar los residuos (sin minimizar su importancia) como la de no producirlos. El antropólogo estadounidense Marvin Harris se ha encargado de señalar que, “mucha de la energía que gastan las clases subordinadas en las sociedades estratificadas la gastan bajo condiciones y en beneficio de tareas que son estipuladas o constreñidas por la clase dominante. Que tales tareas se lleven a cabo depende de si su realización refuerza el poder y bienestar de dicha clase”. Esto significa que, cuando el aparato de propaganda del Establecimiento induce a la gente a producir y consumir productos que no necesita, agotando inútilmente las reservas mundiales de energía, no lo hace para introducir mayores niveles de bienestar en la sociedad, sino en beneficio de intereses privados. Romper las botellas de vidrio en un contenedor engañosamente pintado de verde en lugar de reutilizarlas no aporta ningún bienestar suplementario al ciudadano, pero es seguro que los fabricantes de botellas disfrutan de grandes lujos en su vida privada gracias a esta incoherente y supuestamente “ecológica” actitud fomentada por las autoridades públicas.

El gran problema que plantea la gestión de la recogida de los residuos industriales y urbanos podría obviarse reduciendo la generación de los mismos en su origen, suprimiendo los envoltorios inútiles y reutilizando los envases. La mayor parte de los alimentos y productos básicos llegan hasta el consumidor envasados en recipientes de metal, vidrio, papel y plástico, cuyo valor -si se consideran los imputs medioambientales y energéticos- suele superar el del producto mismo. La energía empleada para fundir sílice a 1.500 ºC al objeto de obtener el vidrio de un tarro, supera decenas de veces el aporte calórico que proporciona al cuerpo humano la salsa de tomate o el yogur contenido en ese envase. Es cierto que producir envases nuevos a partir de restos de vidrio requiere menos energía ya que el punto de fusión se sitúa en torno a los 600 ºC, pero indudablemente constituye un derroche. Lo mismo puede decirse respecto a las bebidas refrescantes que hasta hace unos años se vendían en botellas retornables. En la actualidad, vienen en botes de aluminio desechables. El proceso de obtención de aluminio, mediante electrolisis de la alúmina, requiere una gran cantidad de energía eléctrica obtenida a menudo en centrales térmicas.

Pondremos un ejemplo en honor de la concejala de Medio Ambiente del Consistorio madrileño: las botellas. La mayoría de las bebidas podrían ser suministradas a través de máquinas, similares a las que sirven café o refrescos en los lugares de trabajo. El comprador no tendría más que acudir a ellas provisto de su propio envase. El autor de estas líneas tuvo oportunidad de observar cómo la leche era suministrada por este sistema en un mercado de Lubjliana, la capital de Eslovenia

En el caso de Madrid, el impuesto sobre la recogida de basuras que acaba de aplicar el Ayuntamiento es claramente abusivo. En principio, no hay nada malo en que una administración municipal cobre a los vecinos por la recogida de las basuras. De hecho, esa tasa existía en Madrid hasta que fue retirada a cambio del incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) efectuado en 1986, y sobre todo en los años siguientes, que compensó con creces lo que se pagaba por la recogida de basuras hasta entonces.

Y ahora el alcalde Ruiz Gallardón ha rescatado esta tasa por un servicio que los madrileños ya pagábamos sobradamente. Máxime cuando este año los recibos del IBI han sufrido un incremento espectacular pues, desde que gobierna este alcalde, los impuestos municipales han subido un 170 % de media. Además este alcalde, en un sorprendente ejemplo de celo medioambiental, ha eliminado la tasa con que se gravaba a las grandes empresas generadores de basura. Por si fuera poco, los vecinos con recursos medios serán los que más paguen. Porque la tasa es progresiva según el valor catastral de las viviendas pero sólo hasta las valoradas en 150.000 euros. A partir de esa cantidad se acaba la progresividad de forma que paga igual una vivienda de ese valor que otra de un millón de euros.

Queda claro que la única finalidad de esta tasa es recaudar, exprimiendo al vecindario, unos 168,3 millones de euros adicionales cuyo destino no es mejorar un servicio ni la vida de los ciudadanos, sino “tapar” algunos de los agujeros del déficit causado por una política municipal al servicio de las grandes empresas constructoras, las obras megalómanas y la exaltación del inmenso narcisismo de un alcalde que, como Ruiz Gallardón, se gastará 9.449 euros cada minuto de cada día de 2010, de los que 311 euros estarán destinados a pagar la astronómica deuda municipal generada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento madrileño. Un equipo formado por esa derecha española cuya bandera ideológica es la de no subir impuestos ni crear déficit en las cuentas públicas.


En total, el Presupuesto municipal madrileño recoge 4.966,56 millones de euros a disposición del Consistorio para el próximo ejercicio, lo que supone un 4,21 por ciento menos que en 2009. En cualquier caso, a este dinero hay que sumar los 347,37 millones del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FESS).

Así, pese a la crisis y a la falta de modificación del sistema de financiación local, reclamado por el equipo de Gallardón durante todo el año, el Gobierno municipal podrá gastar 9.449 euros al minuto, si bien es cierto que más de 2.800 euros de ese dinero se destina a cubrir los gastos de personal (-1,14 por ciento).

Por áreas de Gobierno, Seguridad y Movilidad será la Concejalía con mayor presupuesto (1.115,62 millones), seguida por Medio Ambiente (832 millones), Hacienda (536,48 millones) y Obras y Espacios Públicos (530 millones). Por detrás se sitúan las áreas de Familia y Servicios Sociales (260 millones, aunque es la única Concejalía que crece), Urbanismo (251 millones), Las Artes (133 millones), Economía y Empleo (121,7 millones) y Vicealcaldía (93,78 millones). Los distritos, por su parte, gestionarán 605 millones de euros.

Los ingresos para equilibrar el presupuesto procederán fundamentalmente de los impuestos directos (IRPF, IBI, Vehículos de Tracción Mecánica e IAE), que sumarán una recaudación de 1.694 millones de euros, un 1,15 por ciento más que en el actual ejercicio presupuestario. A este dinero hay que sumar los 177,69 millones de euros por transferencias de impuestos indirectos (IVA, alcohol, tabaco, hidrocarburos y Construcciones, Instalaciones y Obras).

En concepto de tasas el Consistorio ingresará 997,23 millones de euros, de los que 165 millones de euros procederán de la contestada Tasa de Basuras.

Con estos datos, la deuda municipal se reducirá en 49 millones de euros cuando se cierre el próximo ejercicio, quedando en 6.710 millones de euros. Además, el Consistorio reducirá el próximo año en una décima de punto la cantidad de dinero que se destina a este fin, pasando del 3,4 al 3,3 por ciento.

Es decir, que de cada cien euros 3,3 se irán directamente a los bancos, con lo que Gallardón invertirá 311 euros al minuto para amortizar los intereses de la deuda.