viernes, 7 de julio de 2017

Con la RBU desaparece la coerción patronal o administrativa resumida en el diktat: "o te humillas o no comes"


La Renta Básica Universal sería un elemento más de un nuevo Contrato Social. Hasta hace un par de décadas, funcionó un acuerdo tácito entre patronos y trabajadores: el ‘pacto fordista', que podría resumirse en la propuesta patronal: Vosotros trabajaréis y nosotros os pagaremos aceptablemente, a cambio no cuestionaréis el sistema capitalista como tal olvidando la revolución. El garante del pacto sería el Estado del Bienestar. Pero hace tiempo que ese pacto se ha quebrado, porque ni hay empleo suficiente y digno para todos ni el que hay lo pagan bien. 

La garantía de un ingreso mínimo, pagado por el Estado de forma incondicional a todas las personas, es uno de los ejes del nuevo Contrato Social que, más pronto que tarde, habrá que establecer para equilibrar la devastación causada por las políticas de la globalización neoliberal.

 


 Leer aquí la conversación a fondo sobre el ingreso garantizado mantenida con Himar Reyes para la revista 7iM

jueves, 6 de julio de 2017

Garantizar la dignidad en las Comisiones de investigación

 En las Comisiones de investigación del Congreso, los investigados se sientan ante una mesa situada en posición más elevada que los asientos reservados a los investigadores. Es como si en un tribunal fuera el examinando quien se colocara por encima de los examinadores. 

Desde la constitución de la Comisión de investigación sobre el caso Tamayazo —presidida, por cierto, por el hoy imputado en la trama Púnica Francisco Granados— han sido muchas las comisiones de este carácter constituidas tanto en el Parlamento como en las diversas cámaras territoriales. Sin embargo, han sido pocas, por decir algo, las que han obtenido algún resultado que haya podido ser percibido como positivo por la ciudadanía. Es más, ni siquiera la "exposición pública" de la materia investigada ha logrado el éxito apetecido por los grupos políticos convocantes.

Pero lo más sangrante del asunto es que, a través de los medios informativos, muchos de nosotros hemos asistido, entre atónitos e indignados, a las broncas y regañinas propinadas por
los investigados hacia los investigadores. A modo de ejemplo recordaremos la actuación de personajes como Daniel de Alfonso, Marcelo Fernández Díaz, Francisco Camps, miembros de la otrora 'molt honorable' familia Pujol, etc. Todos ellos se permitían contestar a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión con tal suficiencia y altanería que un marciano que hubiera presenciado las sesiones habría sacado la conclusión de que eran ellos los investigadores en lugar de los investigados.

En los testimonios gráficos de todas estas Comisiones observamos un aspecto cuando menos curioso: resulta que los investigados se sientan ante una mesa situada en posición más elevada que los asientos reservados a los investigadores. Es como si en un tribunal fuera el examinando quien se colocara por encima de los examinadores.

Debe ser esta posición espacial la que propicia conductas que entrañan altas dosis de arrogancia, exhibicionismo y, sobre todo, desprecio por parte de algunos comparecientes hacia los representantes de la soberanía popular. El caso más reciente se ha vivido en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, cuando su
extesorero, Luis Bárcenas, ha llegado a abroncar a los miembros del Congreso por cometer la 'torpeza' de poner en marcha este órgano mientras siguen abiertos casos judiciales sobre el mismo asunto. 

Bárcenas (Luis, sé fuerte), que optó por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de los comisionados para no interferir en su defensa judicial, tomó no obstante la palabra cuando le pareció para puntualizar las intervenciones de los diputados. Y en el colmo de la desfachatez afirmó: "Tengo múltiples frentes judiciales y eso prima por encima de cualquier cosa, sobre la soberanía popular y sobre cualquier cosa, porque es mi derecho a mi defensa".

Al cabo de los años, la experiencia ha puesto de relieve la escasa utilidad de estas comisiones, dado que la propia Constitución española deja bien claro que las resoluciones no son vinculantes para el ejercicio de la ley. 


El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. (Art. 76. CE)

Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.


Siendo esto así, lo mínimo que podría exigirse a los parlamentarios es que, como representantes de la voluntad popular, mantengan la dignidad de tal condición, evitando dar pie a que los comparecientes conviertan la sesión en un espectáculo denigrante. En la sede de la soberanía popular, no es de recibo decir, como Luis el fuerte, que se está por encima de ella.

En definitiva, los abajo firmantes proponemos lo siguiente: que los comparecientes se sitúen por debajo del estrado y sean preguntados desde arriba. Y a ser posible, que sean conducidos hasta su asiento por un ujier y no por un grupo de parlamentarios afines palmeándoles la espalda. Tal vez parezca una tontería a ojos de sus señorías, pero los ciudadanos nos sentiríamos mucho más confortados viendo guardar ciertas formas relacionadas con el principio de que no sólo hay que ser honrado sino parecerlo.



Junto al autor del blog, firman este artículo
Luis Chamorro, Fernando Izquierdo, Delfín Martínez y Rafael del Real.





martes, 27 de junio de 2017

Una vergüenza nacional: siete de cada 10 hogares no llegan a fin de mes, según Cáritas.

Según el informe 2017 de Cáritas, siete de cada 10 hogares siguen sin poder llegar a fin de mes. El 70% de los hogares no ha percibido los efectos de la recuperación económica. En los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida. La mitad de las familias (50,1%) carecen hoy en día de una red de seguridad. Mientras, Unidos Podemos aspira a remediar la pobreza infantil dándole a cada niño pobre la fastuosa ayuda de 50€ al mes.


El lodo de la corrupción que enfanga la vida política de este país conlleva un daño colateral: oculta bajo su apestoso manto las dificultades a las que se enfrentan a diario los millones de personas que sufren los efectos directos de la crisis económica. Durante la última década, la clase política, empresarial e institucional de España, con la colaboración de los medios informativos que controla, ha escrito una de las páginas más negras de la Historia General de la Infamia. Es la historia del abandono a su suerte de la gente más desfavorecida.

Porque la crisis económica provocada por los manejos delicuenciales de los gestores de la banca ha puesto de relieve que la regla de oro del capitalismo, que fundamenta el beneficio en la asunción del riesgo por parte del empresario, no se cumple. Al menos por lo que respecta a las grandes corporaciones y conglomerados monopolísticos. Aquí se ha ayudado con dinero público a la banca, a las eléctricas, a las constructoras, a las autopistas, en vez de ayudar a las capas más débiles de la sociedad sobre las que ha recaído el verdadero coste de la crisis. En lugar de castigar a los banqueros, se ha castigado a la gente: a los trabajadores, a los parados, a los pensionistas más humildes.

Desde el Gobierno, Mariano Rajoy, jefe orgánico del partido que alberga a la banda de corruptos y saqueadores de lo público, intenta convencernos de que la crisis económica ha terminado. Sea ello cierto o no en términos macroeconómicos, Cáritas española, la organización socio-caritativa de la Iglesia católica, denuncia que siete de cada 10 hogares españoles no han notado los esfuerzos de la recuperación económica y apenas un 10% de las familias han visto mejorar su situación.

En su informe Análisis y perspectivas 2017, la Fundación Foessa ligada a Cáritas continúa ofreciendo la serie de análisis sociológicos que viene publicando desde hace décadas. En su edición de este año, dedicado a la 'Desprotección social y estrategias familiares'. Durante la presentación, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, sintetizó así los datos del informe de su entidad: "Hemos naturalizado la pobreza. Hemos normalizado que la gente lo pase mal. Nos hemos desmoralizado [...] Las personas excluidas no están en el debate público, no son una prioridad. Hablamos de corrupción, de liderazgo político, de los extremismos en Europa, del terrorismo islámico... Son temas de calado y profundidad, pero también la situación de las familias pobres" subrayó Mora.

De hecho, el informe constata cómo tres años después del "fin de la crisis", el 70% de los hogares no ha percibido los efectos de la recuperación económica. En los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida. "Los que más sufrieron la crisis, son los que están, hoy, peor".

El documento de Foessa señala que sólo el 27% de los hogares de nuestro país están experimentando los efectos de la recuperación económica, aunque la evolución en las condiciones de vida prácticamente no se notan. Así, la mitad de las familias (50,1%) carecen hoy en día de "una red de seguridad", un dato peor que antes de la crisis; seis de cada diez ciudadanos no tienen capacidad de ahorro, ni podría resistir a una nueva crisis, o hacer frente a una reforma en su casa. Seis de cada diez hogares siguen sin poder llegar a fin de mes. Sólo un 20% podría aguantar tres meses en paro.

En cuatro de cada diez familias españolas ha empeorado la capacidad para hacer frente a problemas de salud no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, pagar refuerzos educativos a los hijos, afrontar el pago de recibos energéticos o garantizar la estabilidad en el empleo o los ingresos de algún miembro de la familia. En ninguno de los 17 indicadores utilizados por los analistas se supera el 10% de hogares que hayan experimentado una evolución positiva respecto a 2008, el año en el que nadie hablaba de crisis en España. 

Señala el informe, en su editorial, un aspecto coincidente con la tesis genérica que viene siendo defendida por el autor de este blog, tanto en esta página como en otras obras:

Sabemos que el empleo es una herramienta fundamental en el proceso de integración social. Pero su debilidad, tanto cuantitativa como cualitativa, le está convirtiendo en una estrategia cada vez más relacionada con el sobrevivir y menos con el bienestar. Cuando las personas van perdiendo cada vez más su capacidad de maniobrabilidad en el mercado de trabajo (elección, control del tiempo, carrera profesional, cualificación…)el empleo tiende a ser para las capas de población más precarizadas, más supervivencia y menos desarrollo. La sociedad española es ya consciente de la existencia de trabajadores y trabajadoras pobres, que antes de la crisis estaban muy vinculadas a la temporalidad y a la economía sumergida, y que ahora han aumentado también sus vínculos con la parcialidad y los cambios en la regulación laboral.

La confirmación de esta realidad, subrayamos a nuestra vez, conduce a buscar alternativas al empleo concebido como un fin en sí mismo. El informe Foessa no contempla en ningún momento la Renta Básica Universal que, tal como están las cosas, aparece cada día con mayor nitidez como el sistema menos malo para remediar la pobreza. El resto: el asistencialismo y el empleo precario han demostrado su fracaso más estrepitoso. En cuanto al ‘empleo digno' o ‘garantizado' para la mayoría de la población es una entelequia en la era de Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por una robotización a gran escala.

La pobreza afecta de manera significativa a la infancia. En ese sentido, el partido Unidos Podemos acaba de presentar una propuesta para ayudar a los niños pobres. "Un país que no se ocupa de la infancia y sí de los bancos o los corruptos, tiene un problema con la democracia", asegura Iglesias, secretario general de Podemos. Un bonito discurso, pero el demonio está en los detalles. Porque lo más sorprendente del plan consiste en garantizar por ley 1.200 euros al año a los niños pobres "una medida que quiere "sacar de la pobreza severa a 800.000 menores" en cuatro años.

¿De verdad es este un plan para acabar con la pobreza infantil o un mísero parche destinado a perpetuarla? El plan comenzaría ofreciendo 600 € anuales (50 al mes) los dos primeros años; 900 € (75 al mes) el tercer año, para llegar, el cuarto año, a los 1.200 € (100 al mes). No hará falta que les diga que cuando esta formación jugueteó de manera frívola con la Renta Básica [todavía hay mucha gente que no lee los programas y piensa que Podemos mantiene esa propuesta] utilizaban los parámetros OCDE que sitúan el umbral de pobreza en torno a 600 euros mensuales. ¿Cree alguien en su sano juicio que con 100 euros al mes, que en el mejor de los casos llegarían en 2021, van a solucionar la pobreza.

Por favor, que alguien lo aclare. Díganme que sólo es una broma, una broma de pésimo gusto, cruel, pero tan sólo una broma. Porque, si es verdad que el partido político que tanto enfatiza (ahora) su ideario de izquierda no tiene otro plan mejor para acabar con la pobreza infantil, la sensación que nos invade es el llanto.




domingo, 11 de junio de 2017

Renta Básica: en la universalidad está la clave

Persisten dudas respecto a que la renta básica universal sea una adecuada solución a la pobreza y desigualdad crecientes en nuestra sociedad. Pero la realidad palpable demuestra que el empleo precario —que convierte a los trabajadores en pobres estructurales— y las ayudas condicionales —que llevan décadas aplicándose y no han conseguido erradicar la pobreza— son medidas muchísimo peores. Son, de hecho, experiencias fracasadas. Es hora de abrir la mente, comprender las nuevas realidades del trabajo y la idea de libertad real que alienta en la propuesta del ingreso garantizado.



Participar en el debate convocado por la IMF Business School sobre Renta Básica Universal (RBU) resultó muy estimulante, pese a hallarme en franca minoría en la defensa de esta idea. Porque resulta alentador comprobar que, al margen de algún cálculo extremo, al selecto elenco de economistas allí reunido el coste de instaurar un ingreso garantizado a toda la población no les parecía del todo inasumible. Una vez compensadas las prestaciones actuales redundantes con el ingreso básico, éste podría ser viable, requiriendo un 5% del PIB. Sin embargo, casi todos mis compañeros de mesa coincidieron en rechazar la RBU con la tradicional batería de objeciones de índole antropológico y moral. 

 De izquierda a derecha, Cive Pérez; J. Manuel López Zafra, economista de CUNEF; Lorenzo Dávila, director del Dpto de Investigación de IMF; Miguel Sebastián, economista y ex ministro de Industria; y Carlos Martínez, presidente de IMF.
"Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre...", reza la letra de una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Cuyos ecos vinieron a mi fuero interno al escuchar la nutrida batería de críticas formuladas por mis doctos compañeros de debate y, sobre todo, por los rotundos resúmenes de la prensa económica que dio cuenta del evento con titulares de este tenor: Más contras que pros a la renta básica universal.

Titular que responde a una profecía autocumplida, habida cuenta de que, salvo el que suscribe, el resto de convocados a esta mesa redonda son personas cuya posición es manifiestamente contraria a la RBU. Que cuando incluso los números demuestran la viabilidad de la propuesta, la rechazan con el argumento de que desincentivaría el trabajo.

¿Trabajo? ¿Qué trabajo desincentivaría un ingreso garantizado? ¿El empleo precario, que convierte a los trabajadores en pobres a su pesar? Las grandes cifras de desempleo estructural no las ha producido la hoy inexistente RBU. ¿El empleo cualificado que las nuevas tecnologías reservarán a una minoría? Estamos, pues, cada vez más cerca del modelo que hace tiempo se ha descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo de alrededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar. Esa minoría de trabajadores cualificados será suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural. 

Es preciso que, entre todos, logremos salir de la zona de confort ideológico sobre la noción de trabajo en la que todavía sigue instalado el pensamiento convencional: trabajo como vía de dignificación del ser humano / empleo como solución política a la pobreza. Porque empleo y trabajo son categorías conceptuales radicalmente distintas. En la era de la Cuarta Revolución Industrial, cuando el actual modelo productivo ya no es capaz de ofrecer empleo digno a toda la población, está claro que habrá que garantizar la supervivencia de las personas respetando al mismo tiempo su dignidad.

La única fórmula que, hoy por hoy, satisface la doble condición de asegurar la supervivencia y la dignidad de la gente es la Renta Básica Universal. Al igual que la democracia, pese a todos sus defectos, elimina al menos los males producidos por las dictaduras, el ingreso garantizado abre ante la mayoría de la población un horizonte de libertad real frente a la opresión liberticida del totalitarismo económico.

Resulta, por tanto, llamativa la objeción a la RBU planteada por Juan Manuel López Zafra, uno de los intervinientes: “La mejor forma es darle a cada individuo la capacidad para ser responsable de su desarrollo personal. No es ético plantearnos una mayor intervención en la esfera del individuo para conseguir una corrección de un problema sin atacar la fuente de ese problema: la cada vez mayor intervención del Estado. Con la renta básica, el ciudadano se convierte en un súbdito”.

Prima facie, tal objeción presume que la RBU incrementaría el grado de intervención del Estado en la vida personal. Sugiere la sombría y distópica visión de una sociedad en la que, para recibir la RBU, todas las personas deberíamos acudir periódicamente a las ventanillas de Leviatán. Que extendería así al conjunto de la población tanto el dominio como el estigma que hoy sufren los beneficiarios de la moderna sopa de convento que con gran cicatería otorgan las administraciones no a todos los necesitados.


En efecto, desde las Leyes de Pobres (Poor Laws) inglesas del siglo XIX —con sus tenebrosos centros de internamiento forzoso de parados e indigentes (workhouses)— hasta la fecha, las ayudas condicionales a la gente en situación de necesidad sí que constituyen un factor de servidumbre y dominación por parte del Estado sobre las personas. Sometidas a grandes humillaciones durante el proceso de concesión, vigilancia y eventual castigo de infracciones al régimen de ayudas.

Pero es la propia idea de universalidad de un ingreso básico que garantice a todo el mundo el derecho a la existencia la que rompe radicalmente con esa dependencia. Aspira a incrementar el grado de libertad real eliminando la intervención vigilante y punitiva del Estado. La RBU está concebida no como una ayuda del Estado sino como fruto de un contrato social entre todos los individuos que conforman la comunidad política. Su instauración adoptaría la forma de un derecho universal, igual para todas las personas incluidas en ese ámbito. La clave liberadora radica en la universalidad: pues, a partir de ahí, los agentes estatales pierden la actual potestad discriminatoria e intervencionista sobre los individuos. Al Estado no le queda otra misión que la de asegurar la correcta distribución del rédito.

¿Somos dependientes del Estado al utilizar una carretera? A juzgar por el entusiasmo con que tirios y troyanos circulamos por ellas en nuestros vehículos habría que forzar mucho el argumentario para asegurar que el Estado controla nuestra libertad de movimiento a través de la red vial. Una carretera es una infraestructura construida a instancias del Estado y puesta a disposición de toda la población como un servicio de carácter universal que a nadie discrimina. El único control ejercido por el Estado sobre las personas concierne al respeto de las reglas de juego orientadas a la seguridad de todos los usuarios. Y en esto hay un consentimiento general del conjunto de la sociedad. 


Por cierto, no está de más señalar que, si alguna detestable intromisión existe hoy en la vida personal, ésta viene dada por las cámaras de vigilancia, tanto estatales como privadas, que monitorizan la vida diaria de las personas en carreteras y resto de espacios públicos, bancos, centros comerciales, etc. Y que un genuino espíritu liberal debería clamar por su eliminación.

Elevando la mirada encontramos otra medida de conspicuo carácter universal: el derecho al sufragio, una conquista civil irrenunciable. En el ejercicio del mismo, a nadie se le ocurriría pensar que sufre una dependencia del Estado, aunque sean agentes estatales los encargados de organizar la infraestructura electoral y velar por el buen orden de los comicios.

De la misma forma en que hoy no sería de recibo establecer alguna forma discriminatoria en el ejercicio del voto, la RBU no puede ser otra cosa que un derecho de toda la ciudadanía. Sería contradictorio que una medida que persigue erradicar la pobreza —y su cortejo de trampas asistenciales— fuera concebida con carácter exclusivo para pobres. Esa es la crucial diferencia respecto a las rentas mínimas de inserción. El miembro de una sociedad políticamente bien articulada no necesita ser “insertado” en ningún lugar, pues forma parte, por propio derecho, del cuerpo social del que emana la soberanía que legitima al Estado.


La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra.  Cuando para la conquista del pan ya no cuenta ni la tierra ni el trabajo, factores de los que la mayoría social se ha visto desposeída, la renta básica universal se aproxima más a la verdad que los viejos convencionalismos socioeconómicos.



miércoles, 10 de mayo de 2017

Robotización y Renta Básica

 En el debate sobre la robotización, no perdamos de vista el hecho de que los robots no son una nueva 'especie invasora', sino máquinas inventadas por los humanos, cuyos propietarios también son humanos. Capitalistas que no comparten socialmente el extra de productividad obtenido con la automatización de la producción. El reto no es resistir a la conquista del mundo por los robots sino resistir al dominio del capital sobre la gente.


Compartiendo reflexiones con José Luis Rey, Javier Gallego y el equipo de Hoja de Router en el monográfico de Carne Cruda: Cuando nos sustituyan los robots.

La Renta Básica Universal está llamada a jugar un papel crucial de cara a compensar el desempleo producido por la creciente automatización, o robotización, del mundo laboral. 

En una columna publicada en el diario The Guardian, el astrofísico británico Stephen Hawking asegura que la inteligencia artificial y la creciente automatización reducirá el número de trabajos de la clase media, aumentará la desigualdad y se correrá el riesgo de un significativo aumento de la agitación política: "La automatización de las fábricas ya ha arrasado trabajos en la manufactura tradicional, y la proliferación de la inteligencia artificial posiblemente extienda esta destrucción de trabajo a las clases medias, donde solo sobrevivirán los roles creativos y de supervisión", advierte Hawking.
 

Automatización e ingreso garantizado

En 1948, Norbert Wiener (1894-1964), matemático estadounidense considerado ‘padre’ de la Cibernética, publicó Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, obra en la que expone los fundamentos de las nuevas ciencias del control. Consciente de las consecuencias sociales que plantearía el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas derivadas de la automatización, Wiener intentó advertir a gobernantes y sindicalistas sobre el conflicto entre tecnología y empleo que se avecinaba, sugiriendo la idea de compensar a los ciudadanos con algún tipo de ingreso garantizado.

“Este nuevo desarrollo —dice Wiener— tiene posibilidades ilimita das para bien y para mal. [...] Da a la raza humana una nueva y más eficaz colección de esclavos mecánicos para realizar su trabajo. Tal labor mecánica tiene la mayor parte de las propiedades del trabajo de esclavos, aunque, a diferencia de él, no lleva consigo los directos efectos desmoralizadores de la crueldad humana. Sin embargo, cualquier trabajo que acepta las condiciones de competencia con el trabajo de esclavos, acepta las condiciones del trabajo de esclavos y es esencialmente un trabajo de esclavos. La palabra clave de esta manifestación es competencia.

Quizá pueda clarificar la base histórica de la situación presente si digo que la primera revolución industrial, la revolución de las “negras hilanderías satánicas”, supuso la desvalorización del brazo humano en competencia con la máquina. No hay salario suficientemente bajo de un simple obrero de pico y pala de los Estados Unidos que pueda competir con el trabajo de una pala mecánica como una excavadora. La moderna revolución industrial se limita similarmente a desvalorizar el cerebro humano, al menos en sus decisiones más simples y rutinarias. Por supuesto, del mismo modo que un carpintero experto, un mecánico experto, un sastre experto, en cierto grado han sobrevivido a la primera revolución industrial, así el científico y el administrador experto pueden sobrevivir a la segunda. Sin embargo, considerando la segunda revolución como realizada, el ser humano medio de mediocres conocimientos no tiene nada que vender que merezca la pena comprarse. La respuesta, por supuesto, es tener una sociedad basada en valores humanos que no sean el comprar o vender. 

 1963: En línea con las preocupaciones adelantadas por Norbert Wiener, un grupo de distinguidos científicos, economistas y académicos encabezados por J. Robert Oppenheimer, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, publicó en The New York Times una carta abierta al presidente de la nación en la que advertían de los riesgos sociales derivados de la automatización. El grupo, que adoptó el nombre de Ad Hoc Committee on the Triple Revolution (cibernética, armamentística y derechos humanos), defendió con firmeza la idea de garantizar que cada ciudadano pudiera disponer de “unos adecuados ingresos como derecho inalienable”.

 1966: Influido por el Ad Hoc Committee, el economista Robert Theobald (1929-1999) formuló una propuesta concreta de ingreso garantizado. Theobald argumentaba que, ante el desempleo producido por la tecnología, los seres humanos necesitarían un ingreso para poder subsistir, al tiempo que el funcionamiento de la propia economía precisaría distribuir una renta que permitiera la adquisición de los bienes producidos. Theobald propone la institución de una renta garantizada que debería percibir mensualmente cada ciudadano por el mero hecho de nacer. La cuantía de esa renta vendría fijada en función de la renta per cápita del país. La prestación se extendería a todo el mundo, sin perjuicio de que trabajase o no, siendo libre cada ciudadano para decidir si desea obtener otros ingresos ejerciendo un trabajo adicional. 




viernes, 14 de abril de 2017

Más allá de la república: el republicanismo

El republicanismo es una doctrina política emergente que enfatiza la noción de que la soberanía de un cuerpo político, formado por ciudadanos libres, corresponde, por encima de todo, al imperio de la ley. Y que la ley sólo es legítima si garantiza la libertad, la igualdad y la fraternidad.

 
En el momento actual, el debate sobre la sustitución del régimen monárquico por una organización del estado más democrática y moderna como es la forma republicana no se encuentra, para general desgracia del país, entre las prioridades de la opinión pública. 
No obstante, más allá de algunas manifestaciones testimoniales ondeando la bandera tricolor, no estaría de más que los republicanos convencidos defendieran, en el día a día de la acción política, los valores del republicanismo.

República es la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento, para un periodo determinado. En principio, la república parece la forma de Estado más natural, justa y participativa, más actual y sin hipotecas dinásticas ni religiosas. No obstante, no todos los Estados que ostentan el nombre de república son democráticos. Algunos, caso de las repúblicas islámicas, adoptan este nombre para indicar que no son monarquías, pero la máxima autoridad no es elegida por el pueblo, sino nombrada por consejos de notables, a menudo oligárquicos e incluso familiares.

Los Estados Unidos de América del Norte se constituyeron como la primera república de la historia moderna, pero su organización política no impide que, en la práctica, sean las oligarquías las que detenten el poder. La experiencia demuestra que las repúblicas liberales no aseguran que las leyes tengan como guía la promoción y preservación de los tres componentes que debieran presidir toda comunidad cívica decente: la libertad, la igualdad y la fraternidad.

El republicanismo es una doctrina política emergente que enfatiza la noción de que la soberanía de un cuerpo político, formado por ciudadanos libres, corresponde, por encima de todo, al imperio de la ley. Y que la ley sólo es legítima si garantiza la libertad, la igualdad y la fraternidad. El republicanismo va más allá de la simple defensa de las formas republicanas en el gobierno del Estado y es, según explica Ramón Soriano en Democracia vergonzante y ciudadanos de perfil: “una concepción insurgente frente al liberalismo y al comunitarismo, comportando un rearme de la sociedad civil como colectivo de ciudadanos activos sensibilizados y preocupados por los asuntos públicos. [...] El ciudadano liberal se defiende y autoprotege. El ciudadano comunitarista se integra en una comunidad cuyos valores comparte. El ciudadano republicano participa en la sociedad que construye activamente, desplegando una virtud cívica”.

En la concepción republicana de la libertad, la ausencia de opresión y dominación desempeña una función crucial. La libertad entendida como no-dominación es la gran diferencia de esta filosofía política respecto a cualquier variante de liberalismo.

Antoni Doménech señala: “Para el republicanismo, y particularmente para el democrático, el mal supremo es la dominación por otro, y dominación —douleia, potestas, o como quiera que se le haya llamado— se opone directamente a libertad —eleuthería, libertas— en el siguiente preciso sentido: quien domina a otro tiene capacidad, tiene potencial para interferir arbitrariamente en sus decisiones; que haga un uso mayor o menor de esa capacidad —que sea un amo más o menos riguroso, que sea benevolente o cruel— no quita en nada a su dominación. Esencial para la dominación es que el dominado esté ‘a la discreción de otro’…”.

El trabajo por cuenta ajena, es decir, el empleo, se desarrolla en un marco de juego que permite una perfecta situación de dominio y, por tanto, una indeseable situación para los defensores de la libertad. Debería sorprender que el discurso liberal, que arremete implacable contra la menor injerencia en la autonomía del individuo, pase por alto la evidente dominación que ejerce un empleador sobre un empleado sobre el que tiene plena disposición de tiempo y actividad durante el horario laboral. Tan pronto se entra en el taller o en la oficina, el ciudadano pierde hasta los derechos democráticos formales. Si quiere votar, podrá hacerlo en su tiempo libre; en domingo, que es el día en que se convocan comicios para elegir representantes parlamentarios, pero en el lugar de trabajo las decisiones no están sujetas a ningún tipo de debate. El empleado debe hacer lo que se mande, sin protestar. Una objeción a una orden puede suponerle el despido.

Bajo una dictadura, nadie se sorprende por las arbitrariedades cometidas por las autoridades que ostentan el poder, pues la injusticia forma parte de la vida cotidiana. De una manera similar, en lo que se refiere al trabajo, las clases dominantes se las han arreglado para que la desigual relación que existe entre patrones y trabajadores no sea cuestionada, sea cual sea la circunstancia histórica. Pues, si el patrón es el propietario de los medios de producción, la patronal es la propietaria del empleo global en un país. Si no existe un freno legal, es la patronal la que ostenta el poder de decidir cuando, cómo, dónde y en qué condiciones se proporciona o se niega empleo a cada individuo. Luego hay una clara situación de dominio. La no-dominación, por el contrario, es la posición de que disfruta una persona cuando vive en presencia de otras personas y, en virtud de un diseño social, ninguna de ellas la domina. Como señala Philip Pettit, un teórico del republicanismo: “si un estado republicano está comprometido con el progreso de la causa de la libertad como no-dominación entre sus ciudadanos, no puede por menos que adoptar una política que promueva la independencia socioeconómica”.

Dado que sin independencia socioeconómica las posibilidades de disfrutar de la libertad como no dominación se ven menguadas, para buena parte de la ciudadanía la instauración de un ingreso garantizado supondría una autonomía personal mucho mayor que la actual. En este sentido, la propuesta de la Renta Básica Universal, o de ciudadanía, ofrece bastantes puntos de encuentro con el republicanismo y su teoría normativa de la libertad, abriendo una puerta en esos callejones sin salida a los que conduce en la vida real de las personas la concepción liberal negativa de la libertad.

La defensa de la RBU desde una perspectiva republicana coincide en esencia con la posición que, ya en 1955, sostenía Erich Fromm: 


El campo de la libertad personal se ampliaría enormemente con esta ley [del ingreso garantizado; una persona que es económicamente dependiente (de un padre, de un esposo, de un jefe) ya no se vería obligada a someterse a la extorsión del hambre; las personas talentosas que deseen prepararse para una vida diferente podrán hacer esto, siempre que deseen realizar el sacrificio de vivir en la pobreza durante algún tiempo. Los modernos estados benefactores ‘casi’ han aceptado este principio, pero no en la realidad. La burocracia aún ‘administra’ a la gente, aún la domina y la humilla; pero el ingreso garantizado no requeriría ninguna prueba de necesidad por parte de una persona para obtener un techo sencillo y un mínimo de alimentos. Por esto no se necesitaría una burocracia (con su inherente desperdicio y sus violaciones a la dignidad humana) para administrar un programa de seguridad social. El ingreso anual garantizado aseguraría una libertad y una independencia reales.



miércoles, 22 de marzo de 2017

Pensiones dignas: conversación con Carles Mesa en "Gente Despierta" (RNE)


Conversación con Carles Mesa en el programa "Gente Despierta", de RNE: cómo garantizar una retribución económica justa para la tercera edad.

  

Escuchar el podcast en gente despierta/pensiones
 
Continúa abierta la recogida de firmas en Change.org para la petición de un pacto de Estado que equipare pensiones mínimas contributivas y de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional, cuyo razonamiento ya se ha expuesto en un artículo anterior publicado en este blog.

La petición puede firmarse a través de este enlace