sábado, 19 de noviembre de 2022

Díaz Ayuso: la política criminal del PP en Madrid


Hace décadas que la facción madrileña del Partido Popular dejó de ser una formación política convencional —que busca alcanzar el poder para llevar a cabo las iniciativas de gobierno que responden a su ideario— para convertirse en una trama organizada con el objetivo de expoliar el patrimonio y las arcas públicas de la región.


Existe una evidente y escandalosa contradicción en el discurso de los representantes de la derecha populista madrileña: pese a que no pierden ocasión de pregonar a los cuatro vientos las virtudes del liberalismo económico, doctrina de la que se declaran fieles adeptos, en vez de dedicarse a la iniciativa privada, como el carnicero, el panadero y el cervecero citados en la biblia económica de Adam Smith(*) hacen lo posible por ocupar los más altos cargos de la, por ellos, muy denostada Administración Pública.

Y la razón, ya la sabemos, es que, aparte de no estar nada mal pagados en sus cargos, su objetivo consiste en actuar como eficaces agentes de demolición de los servicios públicos para ponerlos en manos de la parte empresarial integrada en dicha trama. Un empresariado que no participa en el juego limpio de la libre competencia indicada en el Credo capitalista, ya que les caen, como llovidas del cielo, jugosas adjudicaciones de obras o prestaciones de servicios, por ejemplo en Sanidad, que no pueden ser atendidos por los organismos públicos sujetos a un deterioro sistemático por orden de los mentados altos cargos. Quienes en su momento recibirán su correspondiente parte del saqueo a través del entorno cercano. Sin olvidar empleos con sueldos sustanciosos a los que acceden gracias al sistema de 'puertas giratorias'.

La trama madrileña comenzó a funcionar durante el mandato de Esperanza Aguirre en la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). En 2003, Aguirre y sus secuaces llegaron al poder gracias a la oscura operación conocida como Tamayazo (**). Y desde entonces se han mantenido en él merced al potencial económico que les permite llegar 'dopados' a las sucesivas elecciones. Es decir, contando con ingentes recursos propagandísticos pagados por la trama de los beneficiarios de las adjudicaciones. Un perfecto sistema de retroalimentación destinado a mantener la simbiosis de ambos polos de esta 'trama extractiva'.

Aunque Aguirre tuvo la habilidad de no dejar demasiadas huellas tangibles que permitieran a la Fiscalía encausarla por estos tejemanejes, varios de sus más conspicuos colaboradores acabaron dando con sus huesos en la cárcel tras las sentencias de los tribunales de Justicia que los declararon culpables de varios delitos. Entre los más notorios, Francisco Granados o Ignacio González. Por lo que al ámbito empresarial cercano a la trama aparece Gerardo Díaz Ferrán, tras cuya respetable apariencia de presidente de la CEOE se escondían maneras de auténtico chorizo. La Audiencia Nacional le condenó a cinco años y medio de prisión por dejar sin patrimonio al Grupo Marsans. 

La codicia de esta trama organizada de expoliadores de los recursos públicos no se detuvo ante nada, ni siquiera ante el sistema encargado de mantener la salud de la población madrileña. En 2012, en este blog ya dimos cuenta de esa vampirización del patrimonio público hospitalario, que el PP comenzaba a desmantelar en beneficio de grandes grupos de interés privado.

"Hay que aprovechar la crisis para introducir medidas de racionalización", decía entonces Ignacio González, a la sazón presidente de la CAM. Bajo la perspectiva de González, racionalizar no significaba mejorar la asistencia sanitaria de los madrileños, como hubiera sido la prioridad de un gestor de la cosa pública. Para el futuro presidiario, racionalizar consistía en ofrecer una gran oportunidad de negocio a las corporaciones sanitarias ávidas de lucro a costa del doliente. Sobre todo, a través de una gran operación que pretendía privatizar la gestión de nada menos que seis hospitales y 27 centros de salud de la región entre 2012 y 2014. El tsunami de la marea blanca —las protestas del personal sanitario contra los recortes presupuestarios— terminó llevándose por delante al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que se vio forzado a dimitir. (***)

Por supuesto, la iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender sus ideas siempre que sean coherentes con ellas, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular lleva haciendo en Madrid con la Sanidad Pública es entregar el patrimonio público de los madrileños al sector privado.

Si las privatizaciones son condenables en sí mismas, cuando de las mismas se derivan efectos letales para salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal. Y el ejemplo más palpable lo vimos durante la pandemia del Covid, cuando el Gobierno de la CAM presidido por Isabel Díaz Ayuso (IDA) dictó una orden por la que se negó asistencia médica a las 7.291 personas ancianas que acabaron muriendo abandonadas a su suerte en las residencias de mayores. Sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio.



Al cabo de un par de décadas instalados en el poder, la trama extractiva del PP ya ni siquiera se molesta en aparentar que son gestores que ponen en práctica la doctrina del neoliberalismo. Tras la aparición en escena de IDA, persona sin la menor experiencia previa en gestión, pero absolutamente falta de escrúpulos políticos y morales y bien asesorada por un experto de comunicación, el saqueo se realiza a ojos vistas.

El descaro llega al punto de sea un hermano de la propia presidenta quien se lleve comisiones por un suministro de material sanitario en plena pandemia. Cuando Pablo Casado, antepenúltimo líder del PP, quizá más por rivalidad que por ética, se atrevió a denunciar este choriceo en una emisora de radio, firmó su sentencia de muerte política.  

La declaración de Casado en COPE que desencadenó la operación interna en el partido para defenestrarle: "No es ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno"  

Con Ayuso, resume Daniel Bernabé, "El plan sanitario de la Comunidad de Madrid no es un error, ni siquiera una negligencia, sino que lleva el apellido de la premeditación. Atacar al sistema sanitario público en el epígrafe de las urgencias y de la atención primaria solo puede tener la intención de precarizar la puerta de entrada a las especialidades, complicar la respuesta inmediata a la contingencia y romper la capilaridad por el territorio. Es decir, crear un desasosiego que mande al ciudadano, que pueda permitírselo, a la privada, de la misma forma que en los parques temáticos se venden entradas premium que permiten saltarse la cola de las atracciones".

Tras la potente manifestación de protesta contra este deterioro de los servicios públicos de salud que tuvo lugar en las calles de Madrid el pasado 13 de noviembre, IDA ha recurrido de nuevo a la estrategia del despiste de la opinión pública poniendo en marcha su ya clásico torrente discursivo inspirado en la escuela del disparate. Afirmando, por ejemplo, que el cambio climático es cosa de comunistas sin base científica.

Ante estupideces de esta magnitud, no faltan personas que se llevan las manos a la cabeza, pensando que IDA está tan loca como la sigla por la que se la conoce coloquialmente. Pero esa es una explicación demasiado sencilla. Puede que esté tan ebria de satisfacción por su éxito electoral como suele estarlo de alcohol el consejero áulico que le escribe los guiones. Pero no es una demente, sabe muy bien cómo mantenerse en el poder al que la elevó la mayoría del electorado. En todo caso, habría que preguntarse si están en sus cabales aquellos votantes que otorgan su confianza precisamente a quien deteriora algo tan esencial como es el derecho a la  la salud.

Los antiguos romanos procuraban tener contenta a la plebe con aquella vieja resumida en el lema panem et circenses. Es decir, pan y circo. Respecto al primer elemento, había en Roma leyes (frumentaria) que aseguraban a la población, para tenerla contenta, el reparto de trigo a precios muy bajos. En Madrid ni siquiera se reparten alimentos a los más desfavorecidos, pero no falta el circo continuo protagonizado por IDA a la que jalea esa plebe cuyo minúsculo concepto de la libertad les lleva a pensar que ésta consiste en tomar cañas en las terrazas de los bares. Si al menos fueran gratis…

De tales votantes hablaré otro día, y me temo que de forma poco caritativa. Hoy, lo urgente es que la gente de esta comunidad que todavía conserva un mínimo de cordura se centre en lo que verdaderamente importa: la salud mental y corporal. Debemos exigir que, al menos en esta materia, el PP en Madrid ponga fin a su criminal política sanitaria.


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(*)“El hombre está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes, y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás, y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece a otro un trato. Todo trato es: dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú; y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés”. Adam Smith: La riqueza de las naciones

(**) Tamayazo. Expresión coloquial para denominar el transfuguismo de dos diputados del PSOE de Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidió que Rafael Simancas pudiera ser presidente de la Comunidad de Madrid. El PP había ganado las elecciones con 55 escaños, pero el PSOE (47) e Izquierda Unida (9) sumaban más (56) y podían arrebatarle el Gobierno.
El 10 de junio de 2003, día de la elección de la Presidencia de la Asamblea, los diputados socialistas Tamayo y Sáez, en lugar de acudir a la votación, se ausentaron. Lo que impidió a los socialistas obtener la Presidencia de la Cámara, siendo los populares quienes se hicieron con ella. Trece días después, estos dos diputados tomaron posesión de sus actas fuera del PSOE y pasaron a formar parte del Grupo Mixto.
Los plazos legales se agotaron y, ante la falta de acuerdo para formar Gobierno, se volvieron a convocar elecciones, que ganó el PP de Esperanza Aguirre con mayoría absoluta el 26 de octubre de 2003.

(***) Fernández Lasquetty ha sido recuperado por IDA como consejero de Hacienda.

Nota: El sentido de la palabra “política” en el título de este artículo, se corresponde con la undécima acepción de esta voz en el Diccionario de la RAE.

político, ca

Del lat. politĭcus, y este del gr. πολιτικός politikós; la forma f., del gr. πολιτική politikḗ.

11. f. Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado.





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