En ese afán enfermizo de criticar a Sánchez con el menor pretexto, esta diestra trinidad obvia un dato significativo: con tal subida, el Gobierno no hace otra cosa que cumplir la ley. En concreto, lo dispuesto en la 'Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones'.(*)
Dicha Ley fija un marco estable de revalorización de las pensiones, disponiendo que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.
Las leyes están para cumplirse (aunque algunos jueces parecen pensar lo contrario cuando ellos mismos se ven concernidos por la fuerza de la ley). La derecha cañera y cañí debería ilustrarse un poco leyendo al jurisconsulto Cicerón: "Somos libres porque somos esclavos de la Ley" (Legum servi sumus ut liberi esse possimus) con un criterio mucho más elevado que el de estas derechas de Hispania siempre proclives a saltarse la ley.
No obstante, para adentrarse en el terreno de las pensiones hace falta una prudencia que las derechas actuales han olvidado en aras de esa oposición basada en el populismo de baja estofa que llevan practicando desde que Pedro Sánchez consiguió, con toda legitimidad, formar un Gobierno de coalición que ha debido enfrentarse a situaciones tan dramáticas como la pandemia del Covid19.
Mucha prudencia, decimos, para hablar de pensiones porque los cerca de diez millones
de perceptores de pensiones públicas de jubilación constituyen un formidable agregado de
población con un interés común y muy definido. Es un colectivo que a estos efectos podría denominarse 'interclasista', integrado por personas que votan tanto a la izquierda como a
la derecha, pero unidos por una misma preocupación: para la inmensa mayoría, su
supervivencia en el día a día depende de la paga mensual de su pensión de jubilación.(**)
Este colectivo posee tres
fortalezas de acción política: a) conciencia de la justicia implícita en sus reivindicaciones; b) disponibilidad de tiempo para manifestarse en la calle si fuera preciso; masiva comparecencia ante las urnas cuando se convocan elecciones.
Con independencia de la ideología
particular de cada pensionista, o incluso de los que se declaran ajenos a la
política, si algo tiene claro el común de las personas jubiladas es que la pensión se la han ganado a pulso.
Mucho cuidado con quienes, desde la esfera política, siguen refiriéndose a este colectivo en términos tan paternalistas como 'abuelos' o 'nuestros mayores'. El grueso de la población jubilada actual sólo se pertenece a sí misma. Por la época en la que le ha tocado vivir ha
participado de forma activa en los grandes cambios socioeconómicos
experimentados por la sociedad española. Participación, por regla general, efectuada en primera instancia a través de su
actividad en el trabajo. En menor escala, como afiliados a sindicatos o
partidos políticos. Y esta población, con gran experiencia vital, no está dispuesta a 'comprar la moto' que les pretende vender la trinidad de las derechas a través de falacias como la inviabilidad del sistema o la brecha generacional que marca un enfrentamiento entre mayores y jóvenes.
Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamó al Gobierno que no revalorizase las pensiones conforme al IPC, ya que ello llevará a la «ruina» a la Seguridad Social. Ahora, a la vista de que Pedro Sánchez está dispuesto a cumplir la ley, Garamendi, dirigentes del PP y columnistas de la prensa conservadora plantean un "pacto de rentas" en el que las pensiones más altas suban menos que el IPC.
Este es un argumento bastante demagógico. De entrada, habría que cuestionar el hecho de que una sociedad compuesta mayoritariamente por gente asalariada haya aceptado extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —por ejemplo en carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de la mayoría de la población.
Sin embargo, por otra convención no menos extraña, se ha establecido que las pensiones públicas son sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores. Un perverso convencionalismo en virtud del cual son los asalariados quienes sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no tienen el detalle de contribuir mínimamente a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de que disfrutan los ricos.
Apoyadas en esas perversas convenciones, las derechas pretenden que los jubilados que cobran pensiones de mayor cuantía vean reducida su actualización para sufragar la revalorización de las pensiones más bajas.
Aclaremos las cosas. Durante su vida laboral, la persona asalariada detrae de su salario mensual una cantidad que ingresa en la caja de la Seguridad Social. Dado que el sistema es de reparto, lo que aporta cada cotizante no se le ingresa en una cuenta personal de ahorro. Sin embargo, las aportaciones se consideran una especie de 'mérito' que se recompensa con una pensión cuya cuantía es tanto más elevada cuanto mayor fue la cuantía y periodo de cotización.
De manera que no existe ningún argumento consistente para negar el derecho de la persona jubilada a recibir la cuantía que le corresponde conforme a las reglas del sistema con las que ha cumplido como cotizante. Sin olvidar un detalle significativo: las pensiones del tramo superior, en tanto que ingresos del perceptor, están sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Lo que sí es una realidad palpable es que, en contraste con el reducido grupo de pensionistas con derecho a pagas elevadas, otros 4,7 millones de jubilados perciben cuantías situadas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es decir, inferiores a 1.000 euros mensuales.
El principal motivo por el que existe este gran contingente de pensiones tan modestas hay que buscarlo en las políticas de austeridad adoptadas por los gobiernos de la derecha a raíz de la Gran Recesión económica desatada en 2008 derivada de la irresponsabilidad de los gestores que fomentaron la especulación bancaria e inmobiliaria. Ante la evidente bancarrota de estas empresas, los gobiernos dedicaron ingentes inyecciones de fondos públicos para salvarlas.
La cara oscura de tales políticas fue que enviaron al paro a millares de trabajadores de mediana edad que ya no pudieron encontrar empleo y, por tanto, tampoco les resultó factible completar sus carreras de cotización. Con la consiguiente merma de la cuantía de su paga final de jubilación.
Este agravio sufrido por esa parte de la población debería ser corregido a través de una medida que viene siendo reclamada desde hace tiempo por las asociaciones de pensionistas: la equiparación de la pensión contributiva mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en la cifra redonda de 1.000 euros mensuales. En efecto, si se considera que ese es el umbral mínimo de ingresos para atender las necesidades vitales más perentorias de una persona trabajadora, no hay razón para negárselo cuando llega a la hora de afrontar la vejez con una jubilación digna. Por obvias razones dejusticia, la cuantía de la pensión contributiva mínima debe ser equiparada al SMI.
Por supuesto, esta equiparación no debe realizarse a costa de erosionar las pensiones del tramo más elevado, como proponen las derechas, sino mediante aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, que deberá buscar los ingresos necesarios en los grandes conglomerados empresariales que hoy se van de rositas a la hora de pagar impuestos. Hablamos de los oligopolios energéticos -carburantes, gas, electricidad- que están logrando beneficios escandalosos, y de la banca, que fue rescatada de la bancarrota con dinero del contribuyente
La falacia de la brecha
intergeneracional
En un año electoral, el principal
partido de las derechas populistas, el Partido Popular, evita oponerse abiertamente a la actualización de las
pensiones. Sin embargo, sotto voce, su entorno sigue intentando sembrar inquietud sobre la viabilidad del sistema público.
De inmediato se invoca la demografía y la desproporción entre cotizantes y jubilados
en una sociedad cuya pirámide de edad envejece.
Lo que la derecha calla
ladinamente es que la razón más poderosa que influye en la caída de la tasa de
natalidad es la tremenda Inseguridad Social derivada de la precariedad
laboral. Gran número de parejas jóvenes, en edad biológica de
procrear, no disponen de la capacidad económica para afrontar la llegada de un
hijo. Forman parte de las desmoralizadas huestes del precariado, esa cada vez
más numerosa clase social a la que pertenecen los asalariados cuyo trabajo se
desarrolla con contratos temporales, falsos autónomos, pagados en dinero negro
para esquivar la cotización, sin vacaciones ni días de descanso pagados. Si a ello añadimos las dificultades de acceso a
una vivienda, es fácil de entender que al precariado joven le resulta imposible
formar una familia.
La segunda derivada de esta
precariedad laboral incide directamente sobre la caja de las pensiones. Y si
bien es cierto que en la actualidad las cotizaciones no alcanzan a cubrir la
totalidad de la nómina de jubilaciones, el problema no radica tanto en la
cuantía de la paga de los pensionistas, en general bastante modesta. El problema
radica precisamente en la baja calidad del empleo y los salarios de los
jóvenes, que tiene su inmediato reflejo en la baja cuantía de sus cotizaciones
al sistema.
Para acabar de confundir a la población,
las derechas intentan sembrar el miedo en la opinión pública con la falacia de
una brecha intergeneracional que, supuestamente, enfrentaría a mayores y jóvenes.
Presentan a los pensionistas actuales como un Saturno que devora a sus hijos
consumiendo los recursos futuros de la caja de las pensiones. Pero hasta ahora las
pensiones no son la causa principal del incremento de la deuda pública del Estado
en los últimos años.
Si nos atenemos a los datos, como
explica Daniel Fuentes Castro, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá: "15 de cada 100 euros de la deuda pública acumulada desde 2008 tienen su origen en el déficit de la Seguridad Social y los otros 85 responden, principalmente, a los distintos shocks y vicisitudes económicas sufridas en los últimos tres
lustros (estabilizadores automáticos) y, en menor medida, a decisiones
discrecionales más o menos cuestionables".
La Seguridad Social no es un
capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó
la sociedad para alejarla del estado de las bestias. La mejor herencia que los
pensionistas actuales pueden dejar a sus hijos consiste en defender la
fortaleza del sistema público de pensiones, porque ello significa defender la
garantía de que los jóvenes tendrán asegurada a su vez la percepción de una
pensión digna cuando les toque llegar a la edad de jubilación. Por supuesto, a
los jóvenes les toca luchar, como en su día hicieron sus mayores, por un salario y condiciones
laborales dignas, reforzando así su propia seguridad en el futuro.
__________________
(*) Es una norma que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su contenido fue pactado con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el acuerdo social tripartito firmado el 1 de julio de 2021.
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