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| Manel Fontdevila |
Nadie en su sano juicio pondría a una zorra a cuidar del gallinero. Un elemental sentido de supervivencia debería llevar al electorado madrileño a reflexionar sobre si lo más conveniente para su propio interés es continuar otorgando con su voto una autorización expresa a las privatizaciones sanitarias que priorizan la rentabilidad empresarial a la salud de las personas
Hoy vengo a hablar de mi libro, mejor dicho, del libro que contiene mi historial clínico. Hace año y medio, dejé constancia en este cuaderno de mi reconocimiento a los profesionales sanitarios de los servicios de Urgencias y de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Público de la Princesa, que me atendieron a raíz de un grave episodio que, en otro país que no contara con una sanidad pública universal, me hubiera obligado a elegir entre la ruina o la vida.
Una vida a lo largo de la cual he defendido siempre la sanidad pública. La defiendo desde que tengo uso de razón política; la defendí con mayor fervor, si cabe, cuando mis ancianos padres se vieron en la necesidad de recibir atención médica en la última etapa de su vida. Y lo hago ahora, cuando yo mismo estoy a punto de cruzar el umbral de la ancianidad y me veo también en la tesitura de precisar atención clínica por diversos quebrantos de salud.
La defensa de una sanidad pública gratuita, de calidad y cobertura universal no obedece a un mero posicionamiento ideológico, sino más bien utilitario. La mayoría de nosotros suscribe un seguro de accidentes del coche o de la vivienda en previsión de poder sufrir algún tipo de eventualidad. Es decir, actuamos con desconocimiento de lo que pueda suceder por causas imprevistas con el bien asegurado.
Ahora bien, en caso de que se produzca la contingencia, la ayuda o indemnización a recibir dependerá de la cuantía de la tarifa del seguro. Esto es lógico, porque las compañías aseguradoras no persiguen fines filantrópicos, sino que son una forma de negocio de la que esperan obtener un beneficio. Todo lo contrario de los servicios de sanidad pública, cuya finalidad es la de prestar una asistencia sin contrapartida económica.
Así, pues, la sanidad pública, en tanto que uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, debería quedar al margen de la controversia política. Es una pura cuestión de lógica que deriva de la incertidumbre sobre las adversidades que nos pueden sobrevenir, y en función de las cuales tomamos la precaución de asegurar un bien. A ello se refiere la figura del "velo de ignorancia", un experimento mental propuesto por el jurista John Rawls en su clásica Teoría de la Justicia (1971) para determinar principios de justicia imparciales. Consiste en imaginar una "posición original" donde individuos racionales deben acordar las reglas básicas que organizarán su sociedad, pero sin conocer información crucial sobre sí mismos.
Tras este velo, los participantes desconocen su posición social, clase económica, talentos naturales, capacidades, raza, género o riqueza. Solo poseen conocimientos generales sobre cómo funcionan las sociedades. El propósito es eliminar los sesgos personales: al no saber si seremos ricos o pobres, sanos o enfermos, debemos elegir principios justos desde cualquier posición posible.
Rawls argumenta que en esta situación elegiríamos dos principios fundamentales. Primero, garantizar a cada persona las libertades básicas más amplias compatibles con iguales libertades para todos. Segundo, permitir desigualdades económicas solo si benefician a los menos aventajados y están vinculadas a posiciones accesibles a todos.
La lógica es que, bajo el velo, adoptaríamos una estrategia prudente de proteger al más desfavorecido, pues podríamos ser nosotros mismos una vez que conozcamos nuestra verdadera situación. Así, el velo de ignorancia garantiza que los principios de justicia sean genuinamente imparciales, resultado de un contrato social que cualquier persona racional aceptaría sin saber qué lugar ocupará en la sociedad.
Esa lógica, que en principio debería guiar la actitud racional de la mayoría ciudadana se ha quebrado. En nuestros días, la gran paradoja de la historia consiste en que un multimillonario como Trump se convierte en el agente de transformación del sistema político apoyado por la clase obrera. Siendo este sector el gran perjudicado de las políticas orientadas a destruir los servicios públicos.
La ola trumpista tiene su reflejo en la esfera nacional, en concreto en el deterioro intencionado de los servicios de la sanidad pública la Comunidad de Madrid por parte de los desaprensivos miembros del Partido Popular que gobiernan desde hace treinta años y cuyo balance en el área de sanidad no puede ser más desolador:
Por desgracia, hay algunos partidos políticos entre cuyos objetivos figura el debilitamiento de ese pilar del bienestar a través de la privatización de sus hospitales y centros de asistencia primaria. Y la finalidad de dicha operación no es otra que convertir un bien público en un negocio. Un atropello de los derechos sociales que cada miembro de la ciudadanía, en tanto que sujeto directamente afectado por esta quiebra de su seguridad en caso de enfermedad, tiene la obligación de impedir.
El dato objetivo que pone de relieve con meridiana claridad lo que estamos diciendo es la
infrafinanciación de la sanidad pública, una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En el caso de la madrileña, una de las más ricas de España, el gasto sanitario público es uno de los tres más bajos del país. En concreto, para el año 2026 el presupuesto por habitante desciende a 1.537 euros, muy por debajo del gasto medio nacional, 2014 euros, e incluso por
debajo del gasto consolidado que tuvo en 2023, que rondaba los 1.700 euros.
La consecuencia inmediata de estas políticas de desmantelamiento, recortes y privatizaciones se refleja en las largas listas de espera y problemas de accesibilidad en Atención Primaria que sufre la población. Las listas de espera médicas de la Comunidad de Madrid han registrado un dato histórico: en febrero de este año se han contabilizado 116.063 pacientes más que en el mismo período del año anterior. En Madrid hay casi un millón de pacientes esperando una cita: 972.643 personas, según los últimos datos publicados por la consejería de Sanidad.
Mientras que los hospitales públicos se encuentran infrafinanciados, con crisis de personal y carencia de recursos materiales, la política depredadora del Partido Popular destina desvía cuantiosos recursos a la empresa privada. En 2026 los conciertos con las empresas sanitarias privadas alcanzan su máximo histórico: 1.486 millones, un 6% más que el año anterior, según denuncian desde el sindicato Comisiones Obreras.
El Gobierno de Ayuso ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón (2.208) y Ribera Salud (146) desde 2019, cuando la presidenta asumió el cargo, hasta 2024. La factura total a lo largo de estos años ha sido de 6.663 millones, entre los cinco hospitales públicos de gestión privada que hay en la región, que vienen siendo más de 1.300 millones de euros extra por cada año en promedio.
Con Esperanza Aguirre comenzó la nefasta política sanitaria del Partido Popular, cuyos altos cargos actúan como auténticos vampiros que desangran el patrimonio público hospitalario en beneficio de grupos privados. Al cabo de un par de décadas instalados en el poder, la trama extractiva del PP ya ni siquiera se molesta en aparentar que son gestores que ponen en práctica la doctrina del neoliberalismo. Lo que entonces se vendió como libertad de elección de los pacientes, y que en la práctica implica poner a competir a las empresas privadas que gestionan los hospitales públicos que además del canon que cobran de la administración reciben precios económicos por captar pacientes de otras áreas geográficas.
El entramado empresarial quedó al descubierto el pasado 25 de septiembre cuando el CEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del Hospital de Torrejón de Ardoz, ordenó abiertamente subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. "En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino". La estrategia apunta a que si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios con el objetivo de "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones". En efecto, en los hospitales públicos de gestión privada, como el de Torrejón de Ardoz, cada euro que no se gasta en los pacientes es un euro más para la empresa. Tras la aparición en escena como presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso (IDA), persona sin la menor experiencia previa en gestión, absolutamente falta de escrúpulos políticos y morales aunque bien asesorada por un experto de comunicación, el saqueo del dinero público se realiza a ojos vistas.
De esa carencia de escrúpulos morales de IDA habla la fatídica cifra de los 7.291 ancianos que contrajeron el Covid en las residencias de la tercera edad y fallecieron en ellas en condiciones terribles al negárseles la asistencia hospitalaria conforme a los denominados protocolos de la vergüenza dictados por el Gobierno presidido por Díaz Ayuso, que zanjó públicamente el asunto con esa frase digna de la Enciclopedia General de la Infamia: "Total, se iban a morir igual".
Y de su descaro habla el hecho de que la máxima responsable de los desvíos del dinero del contribuyente a las empresas sanitarias privadas conviva en pareja con el comisionista y presunto delincuente fiscal confeso Alberto González Amador, (a) Alberto Quirón o Alberto Burnet, en un lujoso dúplex comprado, al parecer, con el producto de los turbios negocios llevados a cabo en el entorno del grupo Quirón.
Más allá de la figura del velo de ignorancia propuesto por Rawls, la nesciencia presenta esa otra cara de la que nos advirtió el líder afroamericano de los derechos civiles Martin Luther King: "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda". También la enorme complicidad del silencio. En todos los conflictos, dice Luther King, "llega la hora en que el silencio es traición […]; al final, no nos dolerán tanto las fechorías de los malvados, como el estremecedor silencio de los bondadosos".
Nadie en su sano juicio pondría a una zorra a cuidar del gallinero. Un elemental sentido de supervivencia debería llevar al electorado madrileño a reflexionar sobre si lo más conveniente para su propio interés es continuar respaldando con su voto una autorización expresa a las privatizaciones sanitarias que priorizan la rentabilidad empresarial a la salud de las personas.
Post scriptum: Tras mi grave episodio respiratorio, debo pasar revisiones periódicas. La próxima, según la indicación del servicio de Neumología, debería efectuarse en marzo de 2026. Pero los recortes del Gobierno de la Comunidad de Madrid me ofrecen atenderme en 2027, un año después. Si consigo sobrevivir a la acción premeditada de estos enemigos de la sanidad pública, y por tanto mis enemigos, seguiré hablando de mi libro.
Les deseo, sobre todo a los cerca del millón de pacientes en lista de espera, buena suerte en 2026
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