martes, 16 de abril de 2024

El sistema bancario es insolvente por definición

 

 No hagan caso a los cantos de sirena de las entidades bancarias que animan a privatizar las pensiones de jubilación y dejarlas en sus manos. La insolvencia es consustancial a la naturaleza del negocio bancario. Ya que un banco no podría hacer frente a sus pagos si todos los titulares de cuentas y depósitos se presentaran juntos y exigieran retirar su dinero a la vez.

Se conoce como sistema piramidal a una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de prometedores o exagerados rendimientos. La clave de la estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias a nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener grandes beneficios. El sistema sólo funciona si crece la cantidad de nuevas víctimas

Este sistema se conoce también como esquema Ponzi, en recuerdo de Carlo Ponzi, un emigrante italiano que llegó a Estados Unidos en la segunda década del siglo XX y organizó una monumental estafa. Utilizando el señuelo de los suculentos intereses que prometió pagar a quienes invirtieran en una sociedad de compra de cupones de correos que se inventó, Ponzi consiguió que la gente hiciera colas ante su oficina, treta con la que consiguió recolectar abrumadoras sumas de dinero. Pero, en realidad, Carlo no estaba comprando los cupones, sino que estaba pagando rendimientos de hasta el 100% en tres meses con el capital de los sucesivos nuevos inversores.

Ponzi tuvo una temprana imitadora en España, nada menos que Baldomera Larra Wetoret, hija del escritor Mariano José de Larra. En la segunda mitad del siglo XIX, Baldomera montó su Caja de Imposiciones, prometiendo al que le dejaba una onza de oro que en un mes la devolvería duplicada. Se cree que llegó a recaudar 22 millones de reales a través de este fraude piramidal que afectó a unos en 5.000 impositores. Descubierto el pastel, huyó hasta ser finalmente detenida, juzgada y enviada a prisión en 1879.

Ponzi y doña Baldomera no dejan de ser más que unos simples aficionados si los comparamos con el mayor invento piramidal de todos los tiempos: la banca. El sistema bancario es insolvente por definición, ya que la insolvencia es consustancial a la naturaleza de su negocio. En lo esencial, tal negocio consiste en operar con un margen de intermediación que obtiene pidiendo dinero prestado a corto plazo —cuentas corrientes o depósitos— y prestándolo a largo plazo. La insolvencia financiera es permanente, ya que un banco no podría hacer frente a sus pagos si todos los clientes titulares de esas cuentas o depósitos exigieran su dinero a la vez.

Cada vez que un banco hace un préstamo crea un depósito. Por ejemplo, si el Sr. Pérez necesita un préstamo para hacer una compra, el banco incrementa el depósito del Sr. Pérez en la misma cantidad que figura en el cheque, o transferencia, que el banco le da para realizar la compra. Los depósitos son el pasivo del banco. Los poseedores de ellos tienen licencia para retirar estos depósitos, y están previamente relacionados al pago de un activo al banco, como resultado del cual los depósitos aparecen. Así, cuando un trabajador deposita su salario, el banco incrementa su activo con este dinero y aumenta igualmente su pasivo con un depósito (números) a la cuenta del cliente.

Bajo los principios de contabilidad, el balance se fundamenta en la igualdad del pasivo y del activo. El esquema básico de balance de un banco es el siguiente:

ACTIVO
* Efectivo
    - en caja
    - en el Banco de España
* Dinero pagadero a petición y corto plazo
* Efectos o letras
* Inversiones o fondos públicos (papel del Estado)

PASIVO
* Depósitos bancarios
    - Cuentas corrientes
    - Depósitos a plazo fijo

En el activo, el banco tiene dinero efectivo en reserva, una parte en forma de billetes y monedas en la caja y otra, obligatoriamente, en el Banco de España. Todos los bancos comerciales están obligados a tener depósitos de reserva en este Banco Central, que hace las veces de banquero de los bancos.

El dinero pagadero a petición y corto plazo consiste en cortos préstamos en el mercado interbancario que los bancos e instituciones financieras establecen entre sí. Igualmente lo son los efectos o letras, en su mayor parte provenientes del Gobierno para ser pagados a las pocas semanas. Estos son considerados como líquido, ya que son fácilmente convertibles en dinero efectivo (a través del Banco de España, y cuyo proceso permite convertir números en líquido). Las inversiones o fondos públicos son títulos de crédito de primerísima clase (normalmente suscritos con el Estado). Y finalmente en el activo están los avances, es decir, los préstamos y anticipos que son la parte más lucrativa del negocio bancario.

En el pasivo están todos los depósitos bancarios (simples números) que forman las cuentas corrientes y los depósitos a plazo fijo.

En la distribución del activo es donde se consigue maximizar el beneficio. Por un lado los banqueros quieren el mayor beneficio y lo buscan con el aumento de los fondos públicos y los préstamos o anticipos, ya que con ellos se obtiene el mayor provecho (cobro de interés de un dinero prestado que no tienen), puesto que consisten únicamente en abrir depósitos (creación de crédito); Por otra parte, el banco tiene la obligación de garantizar a sus clientes el efectivo y, por tanto, tiene que cuidarse de que sea capaz de cubrir las demandas de efectivo de los depositarios (no obstante, hoy en día la demanda se disminuye artificialmente con el masivo uso de tarjetas de crédito y cheques) y por ello, han de mantener un sensato margen de liquidez.

El sistema de depósitos permite a los bancos prestar un “dinero” que no está cubierto, salvo en una pequeñísima parte, por dinero efectivo o dinero en billetes que emite el Banco de España. Es decir, pueden prestar dinero que no tienen o que lo han creado de la nada, simplemente abriendo un depósito, mientras cobran interés por ese dinero. Se calcula que los bancos comerciales prestan en una relación media entre capital (dinero que el banco dispone en efectivo) y préstamos (dinero en depósitos a disposición del cliente) de 1/20, es decir, por cada 20 euros prestados sólo 1 es poseído en realidad y los otros 19 han sido creados de la nada. 

De lo que se deduce que, si todos los depositarios demandaran su dinero en el mismo día, el banco no tendría dinero para pagar a todos en efectivo. No obstante, los bancos disminuyen la demanda de efectivo gracias a la transferencia de dinero directamente de depósito a depósito. El equilibrio se mantiene gracias al sistema de clearing que interconecta a todos los bancos, compensando todas las transferencias de dinero entre ellos, de forma que el dinero efectivo no se ha de mover de su sitio, sólo los números entre los diferentes depósitos se mueven.

Por otra parte, muchas de las pequeñas operaciones se establecen con cheques (números) que se transfieren de una cuenta a otra, o con tarjetas de crédito, sin necesidad de dinero efectivo. Cuando se paga con un cheque del Banco A que es ingresado en el Banco B a cuenta de otra persona, lo único que sucede es que se transfieren una serie de números de una cuenta a otra. Al final de un día de transferencias entre los dos bancos A y B se compensan las cifras, con lo cual el efectivo no se mueve de su sitio. Todos estos procedimientos permiten que la diferencia entre la cantidad de dinero circulante total y la cantidad de billetes y monedas en circulación se haga cada vez mayor.





domingo, 31 de marzo de 2024

7291: el número de la vergüenza en Madrid




Tras declararse la pandemia del Covid-19, en solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid murieron a causa de la infección. De ellas, 7.291 personas fallecieron sin tener opción a ser trasladadas y atendidas en un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso lo impidió a través de los llamados “protocolos de la vergüenza”.
 
La pandemia del Covid-19 cogió desprevenidos a los gobiernos de los países desarrollados. Situando, tanto a los dirigentes como a la propia sociedad, ante una emergencia sanitaria de una dimensión inimaginable. Desde el primer momento de la propagación del virus, nuestras sociedades tecnológicamente avanzadas se vieron sorprendidas por la carencia de equipos de protección tan sencillos como batas para los profesionales sanitarios o mascarillas faciales tanto para ellos como para el conjunto de la población. En España, un sistema de salud descentralizado tuvo que improvisar una serie de respuestas, a menudo contradictorias, dictadas por las respectivas autoridades autonómicas. Respuestas cuya eficacia se vio seriamente perjudicada por la actitud del Partido Popular que, en vez de aunar esfuerzos con el Gobierno nacional, quiso ver en esta emergencia una oportunidad de oro para defenestrar al socialista Pedro Sánchez. Un presidente al que, desde su llegada a la Moncloa por vías democráticas, intentan presentar como la encarnación del Maligno. 

El contagio viral resultó especialmente dramático para las personas ancianas alojadas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. En solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en esas residencias murieron. Uno de cada cinco del total de residentes. La inmensa mayoría de ellos, 7.291 personas, fallecieron sin ser trasladados a un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso lo impidió con los llamados protocolos de la vergüenza. Una serie de órdenes por las que se negaba el traslado de los ancianos contagiados en las residencias a los hospitales donde hubieran podido recibir asistencia adecuada.

Desde que el Partido Popular se hizo con las riendas de la Comunidad de Madrid, sus dirigentes han contemplado el servicio público de Salud como un gran negocio para el entorno empresarial afín al partido. Desde los tiempos de Esperanza Aguirre, la obsesión por privatizar la gestión del sistema de Salud ha sido una constante. Con Isabel Díaz Ayuso, el trato dado a los ancianos en las residencias durante la pandemia roza los límites de lo criminal. Tan sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio.

A petición de familiares de personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 en las residencias de la Comunidad de Madrid, agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, el 13 de abril de 2023 se constituye la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. Con la finalidad de investigar las muertes de esas 7.291 personas que fallecieron en dichos centros sin recibir atención sanitaria adecuada.

Para ello, la Comisión ha recopilado información de diversos tipos. Un proceso que culminó los días 15 y 16 de septiembre, con la celebración de dos “Jornadas de Comparecencias”, durante las que la Comisión obtuvo el testimonio de residentes, familiares, trabajadoras, periodistas, miembros de organizaciones sociales y representantes públicos que vivieron en primera persona lo sucedido o dedicaron mucho tiempo a investigarlo. A partir de toda la información recogida se ha elaborado un Informe que se puede consultar aquí.

Las cifras de fallecidos –las de contagiados son imposibles de saber puesto que no había test al alcance de la población– revela, como denuncia el informe de 148 páginas, que las residencias de Madrid tuvieron una mortalidad de un 129% más de lo esperado, según las plazas con las que contaba respecto al resto de España. ¿Por qué pasó esto? Según analiza el texto, a las carencias que venían arrastrando las residencias madrileñas en cuanto a inversión se sumó la falta de test y preparación, la convivencia de miles de mayores en espacios cerrados sin mascarillas ni EPIS, el personal (lejos de aumentarse con un plan de choque como el anunciado) se contrajo radicalmente, ya que enfermaron también.

Tampoco había médicos disponibles ni respiradores y tanto las direcciones de las residencias como los geriatras de enlace de los hospitales (a quienes llamaban las residencias para ver si se podía derivar a hospitales a los ancianos) siguieron los protocolos de Sanidad, que vetaron las derivaciones para mayores dependientes o con enfermedades previas importantes durante lo peor de la pandemia.

El informe detalla el abandono de las residencias, a las que se prometió una medicalización que nunca llegó; el desborde y desesperación de los trabajadores (que hoy siguen en la misma precariedad); la angustia de los familiares, sin información y a veces ni contacto con sus mayores; y lo peor: el atroz sufrimiento de los fallecidos, que en muchos casos agonizaron con dolor, asfixiados, deshidratados, “agarrados a las barandillas de las camas intentando respirar”, sin oxígeno, sin medicación, encerrados en sus habitaciones, solos, sin despedirse de sus familias, que se enteraban por una llamada, recibían informes sin causas de muerte, veían perdidos o confundidos sus objetos personales, y siguen esperando una explicación, que alguien asuma responsabilidades y que se haga justicia.

Lo que demuestra la Comisión es que la mayoría podía haberse salvado, pues el 65% de los derivados a hospitales sobrevivieron. No “se morían igual”, como dijo Ayuso en la Asamblea. Como tampoco se morían igual los que tenían seguro privado y sí eran trasladados en ambulancia a hospitales privados, aunque no cumpliesen los requisitos de los protocolos.



Pese a las evidencias que constan en las actas levantadas por la policía que intervino en algunos de estos casos, e incluso en las de las escasas inspecciones realizadas por la propia Comunidad de Madrid, al día de hoy las instancias judiciales se han inhibido a la hora de examinar las responsabilidades de tanta crueldad.  









La Comisión se compone de los siguientes miembros:

 José Antonio Martín Pallín. Presidente de la Comisión. Magistrado emérito del Tribunal Supremo.
 Fernando Flores Giménez. Redactor del informe. Profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad.
 María Victoria Zunzunegui Pastor. Doctora en epidemiología por la Universidad de California. Profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal.
 Fernando Lamata Cotanda. Médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad. Ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias.
 Anna Freixas Farré. Escritora. Profesora jubilada de la Universidad de Córdoba. 
 Cristina Monge Lasierra. Socióloga, Politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza.
 Eduardo Ranz Alonso. Abogado y profesor de la Universidad Carlos III. Especialista en memoria histórica.



jueves, 29 de febrero de 2024

Del salario mínimo interprofesional (SMI) y otras soledades.

 


El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha pactado con los sindicatos una subida del salario mínimo interprofesional del 5% para 2024 situándolo en 1.134 euros brutos en 14 pagas. Este acuerdo sigue una línea de acción progresista que, a partir de 2018, ha hecho crecer el salario mínimo más de un 54% desde los 735 euros al mes en que lo dejó el Gobierno del Partido Popular. Un sustancial incremento que, por desgracia, no se ha trasladado al subsidio por desempleo.


El Consejo de ministros de 6.2.24 aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 a 1.134 euros en 14 pagas, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Con la negativa de la patronal CEOE. Se trata de un incremento del SMI inédito en la historia reciente de la política social de España, que se inscribe en la senda de cumplimiento de la Carta Social Europea, que sitúa el SMI en el ámbito del 60% del salario medio. Incremento que beneficia a más de dos millones y medio de personas que cobran esta modesta cuantía.

Frente a los negros vaticinios de que la subida del SMI produciría destrucción de empleo, los análisis muestran por ahora un impacto muy poco significativo en un tiempo de fuerte crecimiento de la afiliación y de reducción del desempleo

Por otro lado, hay empleados que ni siquiera alcanzan la retribución del SMI, sencillamente porque tienen empleos de duración inferior a la jornada normal. Entre las profesiones que reúnen estas condiciones destacan los cuidadores de ancianos o niños, reponedores de grandes superficies, teleoperadores, cajeros, camareros y empleadas de hogar, pero también periodistas, informáticos, diseñadores, profesores o becarios. Se trata de empleados que trabajan por horas, a tiempo parcial, con jornadas reducidas y sin horario laboral definido. Los afectados tampoco disponen de convenio colectivo, tienen contratos basura, están subcontratados o al servicio de empresas de trabajo temporal.

El subsidio por desempleo constituye la última red de protección social estatal a la que pueden acceder algunos desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial en sentido estricto ya que, entre los requisitos para obtenerla, se exige haber cotizado al sistema. Hasta el año 2003, conforme al Estatuto de los Trabajadores, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. De manera que con la actual subida del SMI, la ayuda a los desempleados que agotan las prestaciones contributivas se hubiera actualizado de manera automática a la cifra de 850 euros mensuales

Sin embargo, el Real Decreto-Ley 3/2004 que ordenó la subida del SMI incluyó una cláusula desvinculando del SMI diversas prestaciones, entre ellas dicho subsidio. Con ese fin se creó una base distinta, lo que la jerigonza administrativa denominó Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), y cuya cuantía es más baja que el SMI. En concreto, el subsidio por desempleo quedó fijado en el 80% de esta base, de forma que, en la actualidad, su cuantía es de 480 euros al mes. 

Una distancia sideral que el Gobierno pretendía aminorar levemente con una tímida reforma en virtud de la cual subía el subsidio para la mayoría a 570 euros los primeros seis meses, a 550 euros los siguientes seis, y volvía a los 480 a partir del año de prestación. En el caso de los mayores de 52 años, la prestación se mantiene en 480 euros aunque se puede alargar mucho más: hasta la edad ordinaria de jubilación –el resto tiene una duración máxima de 30 meses–.

Lamentablemente, tras la injustificable negativa de los cinco diputados de Podemos a aprobar esta modestísima subida propuesta por el Gobierno, los desempleados mayores de 52 años seguirán cobrando esos 480 euros. Un sector de desempleados, cuya edad hace bastante improbable que puedan lograr un empleo digno en la etapa final de su carrera laboral, por lo que resulta inaceptable obligarlos a vivir con un ingreso situado por debajo del umbral de la pobreza. 

Pensiones por debajo del SMI 

La pensión contributiva ha de entenderse como un salario diferido, con capacidad para hacer frente a los gastos elementales que permitan llevar una vejez digna. Por obvias razones de justicia, su cuantía mínima debe ser equiparada al SMI.

En contraste con el reducido grupo de pensionistas con derecho a pagas elevadas, otros 4,7 millones de jubilados perciben cuantías situadas por debajo del SMI. En concreto, según los datos de la Seguridad Social, 4,18 millones de pensionistas no alcanzan los 846 euros en 14 pagas en los que está fijado el umbral de la pobreza para un hogar individual. De ellos, tres de cada cuatro, son mujeres.

Uno de los principales motivos por el que muchas personas cobran hoy cuantías mínimas es que, al estallar la crisis económica de 2008 cuyo detonante fueron los manejos cuasi delicuenciales de la banca, se vieron afectadas por el desempleo en los años previos a la jubilación, lo cual perjudicó su carrera de cotización a la Seguridad Social. Circunstancia que constituye una doble injusticia cuando se compara con las ingentes sumas de recursos públicos dedicados a salvar a instituciones financieras o empresariales de la ruina producida por sus propios errores.

 








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miércoles, 31 de enero de 2024

Libertad, igualdad... cuando la derecha tuerce el sentido de los valores republicanos





Heredero directo de la dictadura franquista, el partido Popular parece descubrir ahora los valores republicanos. Tras su decepcionante defensa de la "libertad", cuyo valor redujo al referirlo a tomar cañas de cerveza en las terrazas de Madrid, ahora ha incorporado a su discurso la palabra "igualdad".  Y por el bien de España, esperemos que no intente interpretar la "fraternidad" a su manera.


El pasado domingo, estaba un servidor en tierras de la Alcarria, "ese hermoso país al que a la gente no le da la gana ir" (C.J. Cela dixit) entregado al horaciano oficio de cuidar unos árboles frutales, cuando, apenas regresado al tráfago capitalino, me llegan los ecos de una nueva movida madrileña. Al parecer, varios miles de personas (humanas) se habían congregado en la plaza de España (ahí es ) para escuchar el encendido parlamento de los principales líderes del Partido Popular que reniegan del Parlamento oficial.

Y la verdad es que, a mí, como al forzado de Dragut, es nombrarme lo que viene siendo la patria y se me ponen los vellos como escarpias mientras mis fatigadas neuronas recuperan los versos de esa estrofa gongorina ¡Oh sagrado mar de España, / Famosa playa serena, / Teatro donde se han hecho /Cien mil navales tragedias!

¿Qué nueva tragedia aguarda ahora a esta sufrida Hispania nostra? Me pregunto al saber que Núñez Feijóo, ante decenas de miles de fieles seguidores, ha asegurado que "Vamos a rescatar a España". Ay, ay, ay, cuidado con las carteras, que ya sabemos lo que pasa cuando el Partido Popular se pone a rescatar algo. ¿Recordáis el rescate de la banca que no iba a costarnos nada?

"La libertad se abre camino. Sánchez tiene los días contados y ese final se acerca a gran velocidad", ha apostillado en su intervención en ese mitin Isabel Díaz Ayuso. Escuchando pronunciar esa palabra cómo no sentir un divino arrebato: Libertad, hermoso tesoro de los dioses (Freiheit, schöner Götterfunken) tal como la invoca Friedrich Schiller en su Oda a la libertad Nuestros pies deberían elevarse por encima del nivel del suelo. Máxime cuando sabemos que una líder política, como la popular presidenta de la Comunidad, se ha entregado en cuerpo [de fruta] y alma [de vermú] a realizar una encendida cruzada en pro de la libertad.

Claro que, cuando se plantea la cuestión clave: Libertad ¿para qué? la respuesta del PP es algo dececpcionante, pues se agota en la libertad de beber cañas de cerveza a tutiplén en las terrazas de Madrid.

Libertad, igualdad y fraternidad, esos son los tres grandes lemas del ideal republicano. Tal vez los dos primeros pudieran estar siendo objeto de un tardío descubrimiento por un partido que es heredero directo de la dictadura franquista que durante cuarenta años cercenó vidas y libertades en España.

Según parece, la concentración de la plaza de España es el comienzo de la caravana por la "igualdad" del PP: una serie de actos que harán los populares por toda la geografía para comunicarse de manera más cercana con los ciudadanos para combatir contra las "desigualdades" que, a su juicio, La Moncloa está provocando entre las comunidades. "Vamos a rescatar democráticamente este país y restituir la igualdad real entre todos los ciudadanos"

¿Pero en qué consiste la igualdad de Feijóo? Porque con él a la cabeza, su grupo parlamentario ha votado en contra de las últimas medidas del Gobierno en materia de reducción de la desigualdad de las personas: desde la subida de las pensiones al salario mínimo interprofesional. "Sé que no es fácil coger un bus a las seis de la mañana o pagarse un avión", ha agradecido el líder popular a los presentes en el mitin, que no venían exclusivamente de Madrid. ¿Acaso pensionistas y trabajadores con ingresos bajos pueden pagarse un billete de avión para escuchar al Feijóo que se opone a igualar, siquiera un poco, esas pagas mínimas?

Quienes reivindican el principio de igualdad —por ejemplo, en la discusión sobre la ley de amnistía— deberían tener en cuenta que este es indivisible, y que un instrumento básico para reducir la desigualdad social que corroe a nuestras sociedades es la tributación sobre la riqueza, más todavía que sobre la renta, como acaba de subrayar la propuesta del Observatorio Fiscal de la UE de establecer una nueva tasa del 2% a los milmillonarios. (Impuestos al poder económico. El País)

En fin, tras esta precaria interpretación de los dos primeros valores de la trinidad republicana, uno se echa a temblar por si le llega el turno de lectura pepera a la Fraternidad. Porque mucho me temo que pudiera quedar reducida a una hermandad de cofrades nazarenos de Semana Santa. O, mucho peor, a una germanía, que la RAE define como:

germanía

Del lat. germānus 'hermano'.

1. f. Jerga o manera de hablar de ladrones y rufianes, usada por ellos solos y compuesta de voces del idioma español con significación distinta de la verdadera, y de otros muchos vocablos de orígenes muy diversos.