domingo, 15 de julio de 2018

Subsidio mayores de 55 años: el Constitucional tumba una de las mayores canalladas del Gobierno Rajoy


Año 2013. En plena crisis económica, al tiempo que muchos cargos políticos del Partido Popular se entregaban a la innoble tarea de robar a manos llenas las arcas públicas, el Gobierno de M punto Rajoy escribió uno de los capítulos más canallescos de la historia social contemporánea de España: el ardid legislativo mediante el cual se desposeyó a miles de personas en paro mayores de 55 años del derecho a recibir una prestación mínima por desempleo. Con el consiguiente empobrecimiento para el resto de su vida como pensionistas.

Cinco años más tarde, el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional y nula una de las medidas más canallescas tomadas por el Gobierno del corrupto Partido Popular: el cómputo de rentas familiares a la hora de acceder al subsidio por desempleo para mayores de 55 años. 

Gürtel, Púnica, Lezo... robaban a manos llenas mientras Rajoy, desde el Gobierno, agredía a los colectivos más vulnerables.

En 2013, el Gobierno de M punto Rajoy aprobó, por vía de urgencia, un Real Decreto de medidas "para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". Bajo ese nombre se escondía, entre otras cosas, un endurecimiento de los requisitos para cobrar el subsidio por desempleo a los mayores de 55 años. Edad que, previamente, ese nefasto Gobierno, había modificado; hasta entonces el derecho se obtenía a los 52 años.

Los detalles de esta medida fueron comentados en este blog, el 22 de abril de 2013, en la entrada que se reproduce a continuación:



Hace tiempo que los expertos del ministerio antes llamado de Trabajo y ahora de Empleo, saben que la tasa de empleabilidad de los trabajadores mayores de 50 años, una vez despedidos de sus empleos, es prácticamente nula.

De hecho, por Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, se creó una figura especial: el subsidio para mayores de 52 años. Una ayuda que perciben las personas en paro de más edad que se han quedado sin otras prestaciones, y dura hasta que llega el momento de la jubilación. Su cuantía no es muy elevada: 426 eur x 12 pagas mensuales.

Hasta 2003, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. Sin embargo, al desvincularse del mismo, quedó fijado en el 80% del IPREM. Una modificación que contó con la desdichada colaboración de los principales sindicatos: Comisiones Obreras, por acción, y Unión General de Trabajadores, por inacción. En un artículo anterior, ya expliqué esta alquimia miserabilista.

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años estaba concebido como una prestación de último recurso para las personas que se han quedado sin posibilidades de reengancharse al mercado laboral al final de su carrera. La última red de protección social para desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial ya que los requisitos para obtenerla son muy estrictos y exigen haber cotizado al sistema de Seguridad Social.

El pasado verano, el Gobierno de Rajoy ya endureció el acceso a este subsidio, aumentando la edad mínima para percibirlo, de 52 a 55 años. Con el nuevo decreto, ya no bastará, como sucedía hasta ahora, que el parado no supere unos ingresos por otras vías superiores a 483,98 euros al mes. A partir de la nueva medida, en el cómputo se incluye también el núcleo familiar del parado: cónyuge e hijos menores de 26 años. Si la suma de todos sus ingresos, dividida por el número de miembros de ese núcleo, arroja un cociente superior a esos 483,98 euros, la persona en paro no podrá acceder al subsidio.

Esto significa que una persona que tenga la desgracia de quedarse en paro a los 55 años, y su cónyuge tenga un empleo mileurista se verá privada del acceso al subsidio. El Gobierno del Partido Popular establece así la pobreza por Decreto-Ley, ya que el ingreso per cápita en ese hogar quedará por debajo del umbral de pobreza definido por el Instituto Nacional de Estadística.


Con la frivolidad que caracteriza a los miembros del gabinete Rajoy, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado que el 80% de los nuevos beneficiarios del subsidio por desempleo para mayores de 55 años no tendrán problemas para cobrarlo porque cumplirán los nuevos requisitos de renta fijados por el Gobierno. O sea, que pertenecerán a hogares cuya renta total, en caso de una pareja, no supere los 967,96 euros mensuales.


Esta frivolidad de la ministra raya en la obscenidad política cuando todos sabemos los elevados salarios que se autoadjudican los cargos políticos del Partido Popular. Sin ir más lejos —y al margen de los manejos de Luis Bárcenas que investiga el juzgado— compárese el salario de 200.000 euros anuales que pagaba el PP a su tesorero con esta última medida miserabilista de recorte del subsidio. Una modestísima ayuda que para muchísimas personas constituía, hasta hace poco, la última esperanza de subsistencia.

En su día, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista interpusieron Recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto-ley 5/2013. Recurso que el Tribunal Constitucional ha apreciado parcialmente en su Sentencia 61/2018, de 7 de julio de 2018 declarando nulo e inconstitucional el cómputo de rentas familiares entre los requitos para acceder al subsidio por desempleo.

La tercera agresión a los mayores en paro consistió en establecer la edad forzosa de jubilación a los 61 años para los perceptores del subsidio, cuando hasta entonces se podía percibir la prestación hasta los 65. Este cambio tuvo efectos devastadores para miles de personas ya que, hasta entonces, el cobro de la prestación estaba asociado a una cotización mínima a la Seguridad Social. La obligación de jubilarse cuatro años antes de la edad normal, implicó el correspondiente recorte en la cuantía de la pensión (8% por año anticipado). De manera que, en muchos casos, los condenó a la pobreza por decreto por el resto de su vida.

Esta forma canallesca de actuación política del Partido Popular explica, en parte, la desoladora noticia de que en España se ha superado la barrera del millón de mayores de 65 años que sobreviven bajo el umbral de la pobreza, es decir, que sus ingresos se sitúan por debajo de los niveles mínimos de subsistencia.

El dato, según el diario Público, figura en una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer "el número de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza" desde 2014. La contestación refleja cómo entre 2014 y 2016 esa cifra pasó de 928.530 a 1.090.774, un aumento de 162.244 que revela una escalofriante cadencia de 1.560 casos semanales.

Con una ostensible demora de cinco años, que contrasta con otras decisiones en las que esta alta magistratura actúa en cuestión casi de horas, el Tribunal Constitucional ha tumbado la legalidad del cómputo de rentas familiares en la concesión del subsidio a un colectivo tan sensible como es el de los mayores en paro. Es una buena noticia para los desempleados actuales, pero la sentencia no tiene efectos retroactivos, por lo que la única manera de resarcir a todos esos pensionistas cuya vida y derechos fueron vulnerados por las políticas del Partido Popular sólo podría llegar por la vía de una subida de la pensión mínima. Es decir, lo que desde este blog venimos defendiendo desde hace tiempo: un pacto de Estado que equipare las pensiones mínimas contributivas y de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional.





jueves, 21 de junio de 2018

'Bomba demográfica'. La evidencia estadística invita a realizar una seria reflexión sobre nuestro modelo socioeconómico.

Nunca se habían registrado tantos fallecimientos en España como los que avanzan los datos publicados por el INE. Por contra, los nacimientos están en el nivel más bajo desde 1996. Una ‘bomba demográfica' que los enemigos del sistema público de pensiones utilizan para declarar su inviabilidad. Sin embargo, las pensiones no serían más que una parte del problema. Urge realizar una seria reflexión sobre el conjunto de nuestro modelo socioeconómico. 

Algo falla en la lógica del argumento demográfico con el que algunos agoreros, atentos a la voz de su amo, pronostican la quiebra del sistema público de pensiones en 2040. ¿Por qué solo ven problema en las pensiones? Ante la hipótesis de un acusado envejecimiento de la población en esa fecha, el pago de pensiones sería un problema secundario frente al colapso generalizado que originaría la escasez de trabajadores jóvenes. No se podrían atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Ni cubrir la plantilla de los cuerpos militares y policiales encargados del orden público y la defensa nacional. ¿Quién trabajaría en la agricultura, la industria, el comercio y los medios de transporte? 

Reproduzco a continuación el artículo ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe publicado en este blog hace casi ocho años, el 19 de noviembre de 2010. En líneas generales, tanto su argumentación como la expuesta en el libro del mismo título que introduce, siguen teniendo plena vigencia. Algo ha cambiado, sí. Y es la movilización de los pensionistas contra el brutal recorte de sus pagas, que hace que incluso la portada del libro cobre plena actualidad.

Portada del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe. Ediciones Viejo Topo.


¿Será posible mantener la red estatal de carreteras en 2040? Nadie parece preocuparse hoy por esa cuestión, de crucial importancia en la actividad de un país. Sin embargo, agoreros de distinto signo, pelaje y condición insisten en anunciar para esa fecha el colapso del sistema público de pensiones.

Según los apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandos macroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas. Haciendo caso omiso del resto de indicadores.

Porque si, tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2040, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados. Es más, al estrecharse la franja de población activa contribuyente, será difícil acudir con fondos públicos al salvamento de bancos en quiebra, como acaban de hacer los Estados. Por lo que, en 2040, las entidades financieras que incurran en manejos delicuenciales de la misma índole que los usados para desencadenar la actual crisis quedarán a merced del libre juego del mercado.

Y esto no es lo más grave. Si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.

Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.

Si los servicios de estudios económicos pagados por la banca no temen que se interrumpa el funcionamiento del sistema productivo en 2040 es porque, mientras nos intentan colar el cuento de la buena pipa, de puertas adentro hacen otras cuentas. Balances que integran el valor de los incrementos de productividad proporcionados por el continuo avance tecnológico. De hecho, el censo de población empleada disminuye no sólo por causas demográficas. Gran parte del desempleo estructural procede de sustituir mano de obra por dispositivos mecánicos electrónicos. Por ejemplo, los cajeros automáticos de las oficinas bancarias.

Lo malo es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Frente a esto, otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.

Estos curiosos convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.

A raíz de la penúltima crisis del capitalismo que estamos viviendo, los gobiernos han movilizado ingentes cantidades de dinero del contribuyente para acudir en socorro de los bancos en apuros. Y para colmo de males, con el fin de calmar el pánico inversor (temeroso caballero es Don Dinero) y evitar que cayeran las bolsas de valores, el Gobierno de España ha decretado severos recortes en la paga de los pensionistas.

Los bancos siguen ganando dinero a espuertas porque los ciudadanos soportamos a diario un impuesto en la sombra al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago con tarjeta de la cesta de la compra en el supermercado.

Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera. Para prevenir la crisis de las pensiones, que presuntamente ocurrirá en 2040, nada mejor que obligar a la banca, aquí y ahora, a pagar lo que debe.

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.

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 De todo esto hablaremos hoy en Las Rozas

domingo, 27 de mayo de 2018

El daño moral, social y económico infligido por el Partido Popular a la ciudadanía española exige una reparación inmediata

Si España fuese una república, el Presidente, apenas conocida la sentencia de la Gürtel, no habría tardado ni un minuto en llamar al Primer Ministro del Gobierno para exigirle su inmediata dimisión y la disolución del equipo gubernamental. En el régimen de monarquía parlamentaria, al menos habría sido de agradecer que el Rey, en su calidad de Jefe del Estado, hubiera hecho lo propio con M punto Rajoy. En su defecto, no queda otro recurso que utilizar la vía del Parlamento para llevar a cabo una medida urgente de higiene democrática: expulsar del Gobierno de la Nación a los miembros del Partido Popular, contaminado hasta la médula por la corrupción que infecta todo lo que toca.

La sentencia judicial sobre la primera etapa del caso Gurtel es demoledora: constata la existencia de una contabilidad paralela en el PP durante décadas, y determina que el testimonio en sede judicial del propio presidente del Gobierno no tiene "credibilidad". Una situación políticamente insoportable. Pero España no es una República ni el Rey acostumbra a salir de su bien remunerado far niente, por lo que corresponde al resto de las fuerzas políticas ponerse de acuerdo para echar del Gobierno cuanto antes al corrupto Partido Popular por la única vía restante: la moción de censura en el Parlamento.

Por supuesto, todo este "lío" —en la terminología de M punto Rajoy— se habría evitado si él mismo hubiera tenido el decoro de dimitir motu proprio. Algo impensable en el proceder del líder del Partido Popular que, a fuer de cínico, alcanza el cénit del absurdo al referirse a la trama Gürtel como '14 o 15 casos aislados'. ¿Cuál es el umbral numérico que marca la diferencia entre los 'casos aislados' y la banda organizada de delincuentes?

Un sistema (del griego sýstema 'reunión, conjunto, agregado') es un conjunto de componentes que se relacionan con al menos algún otro componente material o conceptual. El fallo de la Audiencia se refiere a la trama Gürtel como un sistema de corrupción institucional.

Los jueces consideran probado que las empresas de Francisco Correa y el PP crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local". Manipulación llevada a cabo gracias a las buenas relaciones entre los miembros de la trama y los cargos del PP.

Esos cargos tenían posibilidades de "influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".

Las empresas de la trama corrupta gozaban de "un arbitrario trato de favor en la contratación pública", continúa la sentencia. Inflaban los precios de las adjudicaciones o cobraban comisiones cuando las adjudicatarias eran terceras empresas. Ese dinero se repartía luego entre los cabecillas de la trama y los cargos públicos. Estos últimos, además de dinero líquido, recibían "otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".


Y la cosa no acaba aquí. Porque la Gürtel sólo es una de las ramas del sistema de corrupción instalado como un parásito en la Administración del Estado en manos del Partido Popular. Que se ha superpuesto a lo que debería ser el sistema normal de gobierno del país. Otras piezas judiciales separadas siguen su curso e irán dando cuenta de otras  irregularidades en la Comunidad Valenciana, en la de Madrid y en numerosos Ayuntamientos. Personajes tan relevantes en la estructura del PP como Jaume Matas, Ignacio González, Francisco Granados o el más reciente, Eduardo Zaplana, han ido a dar con sus huesos en prisión. Sin olvidar a Rodrigo Rato, pendiente también de la justicia.

Esta conducta del Partido Popular, apestando la vida política española, coincide con los tremendos recortes presupuestarios que ha aplicado en las partidas de protección social. Coincide con el rescate de la gran banca española, que se ha embolsado 50.000 millones en intereses de la deuda pública triplicada por M punto Rajoy y 42.000 millones del rescate bancario pagados con cargo al contribuyente. Coincide con las reformas de la legislación laboral que han precarizado las condiciones de empleo de la población joven. Coincide con la agresión sin precedentes llevada a cabo contra los pensionistas.

En consecuencia, el daño moral, la devastación social y económica infligida por el Partido Popular a la ciudadanía española exige una reparación urgente. Se impone echar —sí, echar es la palabra adecuada— al Gobierno de M punto Rajoy y sustituirlo por un Gobierno de Emergencia que lleve a cabo una serie de tareas de higiene democrática. Entre ellas y de forma inmediata: la derogación de la ley mordaza, la reforma de pensiones de 2013 perpetrada por el PP y las leyes de reforma del mercado laboral.


El siguiente paso consistiría en abordar una agenda social que articulara una serie de medidas encaminadas a indemnizar económicamente a las víctimas de las políticas socialmente devastadoras aplicadas por el Partido Popular. Medidas que tendrían que contemplarse en el Presupuesto de 2019.

El primer acto, echar a M punto Rajoy, ha sido puesto en marcha por Pedro Sánchez a través del mecanismo de la moción de censura al Gobierno. El secretario general del PSOE sigue así el procedimiento previsto por la Constitución Española:

Artículo 113
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
 

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Al vocerío político y mediático de la derecha española le ha faltado tiempo para salir en tromba atacando la iniciativa de Pedro Sánchez. En concreto, la derecha naranja del partido Ciudadanos pide retirar la moción de censura y convocar nuevas elecciones.

Entrar en un periodo electoral no haría más que aumentar la inestabilidad pudriendo, aún más si cabe, la situación. Porque el primer efecto indeseable sería mantener durante ese tiempo a M punto Rajoy al frente del Gobierno como presidente en funciones. Oficio que ya ha desempeñado tras la fallida convocatoria electoral en la que los intereses partidistas de las distintas formaciones políticas impidieron un acuerdo. Un panorama absolutamente indeseable porque conjugaría la inactividad gubernamental con la actividad destructora de pruebas, V.g.: ordenadores a martillazos, marca de la casa Génova.

Por el contrario, si triunfa la moción de censura, el relevo es inmediato, ya que el nuevo presidente ni siquiera debe presentarse a un debate de investidura

Artículo 114
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara

 

Es el momento, no sólo de Pedro Sánchez, sino del conjunto de la oposición, para poner en práctica una actitud y un talento políticos a la altura de las circunstancias. Quién sabe, a lo mejor, esta vez hasta son capaces de actuar pensando en las necesidades del conjunto de la ciudadanía española.





miércoles, 16 de mayo de 2018

Matanza en la Franja de Gaza

La reciente matanza indiscriminada de civiles palestinos a manos del ejército israelí en la valla de separación de la Franja de Gaza constituye un nuevo episodio de la Historia General de la Infamia. Que se produce ante la indiferencia general de la opinión pública europea que no exige a sus dirigentes una condena rotunda de esta sangrienta realidad.

La Franja de Gaza fue escenario el pasado lunes de una jornada mucho más sangrienta aún, si cabe, en su triste historia. La marcha de protesta de decenas de miles de palestinos en el límite de la Franja con Israel contra el traslado de la Embajada de EE UU a Jerusalén se saldó con una auténtica matanza de civiles. Al menos 60 manifestantes perdieron la vida bajo las balas del ejército israelí, cuyos disparos  causaron asimismo más de un millar de heridos.

Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó de "inaceptable e inhumana" la muerte a tiros de 60 manifestantes palestinos: "Es insoportable ser testigo de tanta gente asesinada en tan poco tiempo", señaló en un comunicado la representante de MSF en Gaza, Marie-Elisabeth Ingres. "Nuestros equipos están trabajando sin descanso, operando a hombres, mujeres y niños. En uno de nuestros hospitales, la caótica situación es comparable a lo que observamos tras los bombardeos de la guerra de 2014, con un flujo masivo en muy pocas horas", agregó Ingres.

No se puede ocultar que algunos de los manifestantes expresaron su ira y su frustración con actitudes violentas. Pero la realidad es que es la diferencia de fuerzas es abrumadora: los gazatíes tienen piedras, neumáticos incendiados y precarios cócteles molotov mientras que los israelíes se enfrentan a ellos con un poderoso ejercito.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el martes que Israel mata de una forma que "parece indiscriminada" y recordó que querer saltar o dañar una valla fronteriza (la de Gaza) no justifica el uso de munición letal.

Matanza es el término que mejor define la acción de Israel en este sangriento episodio. Una matanza ante la que las palabras de condena suenan huecas a fuerza de haber sido mil y una veces repetidas en tantos otros sangrientos episodios de la Historia Universal de la Infamia. 


"Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda", advirtió el también asesinado Martin Luther King, líder estadounidense de los derechos civiles. Martin señaló la enorme complicidad del silencio en todos los conflictos. "Llega la hora en que el silencio es traición", "al final, recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos". "No nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados, sino el estremecedor silencio de las buenas personas".

Indiferencia, o tibieza en la calificación de estos hechos sangrientos, patente en la actitud de los dirigentes europeos, —gente que debería ser buena al menos en lo que toca al ejercicio de sus cargos de mandatarios de naciones civilizadas—. Y lo peor no es tanto que estos dirigentes —con la notable excepción de Emmanuel Macrón— no condenen con rotundidad la matanza de Gaza, sino que tampoco haya una opinión pública mayoritaria —una buena ciudadanía—que les exija hacerlo.


En su autobiografía El mundo de ayer, un panegírico a la cultura europea que consideraba para siempre perdida, el escritor Stefan Zweig(*) denunciaba cómo había disminuido la 'conciencia moral del mundo' durante el periodo de entreguerras.

Y es que la conciencia moral del mundo todavía no estaba tan agotada ni desalentada como lo está hoy, aún reaccionaba con vehemencia, con la fuerza de una convicción secular, ante cualquier mentira manifiesta, ante toda violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Una violación de la ley, tal como la invasión de la neutral Bélgica por Alemania  –algo que hoy apenas sería objeto de críticas serias, desde que Hitler ha convertido la mentira en una cosa natural y ha elevado a la categoría de ley todo acto antihumano– en aquellos días todavía era capaz de sublevar al mundo de un extremo a otro. El fusilamiento de la enfermera Cavell y el torpedeamiento del Lusitania fueron más nefastos para Alemania –debido a un estallido de indignación ética universal– que una batalla perdida. 


La manifestación del lunes fue la última de una serie de protestas organizadas desde el 30 de marzo de 2018 para conmemorar los 70 años de la expulsión de más de 750.000 personas palestinas de sus hogares en 1948. Estas manifestaciones han sido violentamente reprimidas por las fuerzas israelíes. Hasta la fecha, más de 100 personas palestinas han sido asesinadas y otras 12.271 han resultado heridas, incluidos 100 menores de edad. Además, el personal médico y las instalaciones también han sido blanco de fuego, lo que ha provocado lesiones a 211 miembros del personal médico y daños a 25 ambulancias, según la OMS.

Escribo estas líneas para no contribuir a la iniquidad con mi silencio. Aunque me gustaría saber dónde reside hoy esa conciencia moral capaz de producir un estallido de indignación ética ante los crímenes de toda índole que se producen en el mundo.


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(*) Desesperados ante el futuro de Europa y su cultura, pues creían que el nacionalsocialismo se extendería a todo el planeta, Zweig y su esposa se suicidaron el 22 de febrero de 1942 en Petrópolis (Brasil). En su despedida, Zweig había escrito: «Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal el bien más preciado sobre la Tierra».



lunes, 2 de abril de 2018

El tándem derechista Rajoy y Rivera (R&R) pedalea de nuevo con una burla hacia los pensionistas


Lo que los pensionistas reclaman es que se respete su dignidad, no que se les ofrezca una limosna para calmar sus protestas. Como acaba de hacer el tándem derechista formado por Rajoy y Rivera (R&R), que han vuelto a pedalear juntos en el debate presupuestario intentando burlarse de un numeroso colectivo social que ya no se deja engañar fácilmente.

El pasado 26 de marzo, Albert Rivera (que no es un líder ciudadano sino presidente de Ciudadanos, partido político con esa denominación oportunista), compareció en rueda de prensa para informar del pacto alcanzado con Mariano Rajoy para aprobar los Presupuestos de 2018. Con sonrisa triunfal anunciaba uno de los 'grandes' puntos del acuerdo: subida de las pensiones mínimas del 2%.

Un día después, tras el Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Hacienda ponía puntos sobre las íes a lo dicho por Rivera: la mejora de las pensiones será de una horquilla entre un 1% y un 3%. En concreto las pensiones mínimas (2,4 millones) y no contributivas (450.000) crecerían un 3%, las que no superan 700 euros mensuales (9.800 al año), un 1,5%, y las inferiores a 860 euros (12.040 euros anuales) subirían un 1%. Y para el resto, ya saben: el 0,25%
 

Esa discriminación por tramos dentro del colectivo que recibe las pensiones más bajas es una manera humillante de repartir la miseria. Incluso plantea situaciones paradójicas. Por ejemplo, una pensión de 699 euros con un incremento del 1,5% (10,48 €) alcanzaría los 709,48 euros. Mientras que otra pensión de 701 euros con un incremento del 1% (7,01 €) se quedaría en 708,01 euros. ¡La mayor quedaría por debajo de la que anteriormente era inferior! Diferencia que, por muy ligera que sea, constituye un agravio conceptual.





Parece que el tándem derechista integrado por Rajoy y Rivera (R&R) no se ha enterado del verdadero alcance de la corriente de indignación generada en el colectivo pensionista. Y ambos representantes de la derecha siguen empeñados en reírse de los mayores mientras compiten por ver quién de los dos  anuncia una subida que vuelve a ser irrisoria: Del lat. irrisorius. 1. adj. Que mueve a risa y burla. 2. adj. Insignificante por pequeño. (DRAE). 

No contentos con alardear de esa birria de subida de pensiones, el tándem R&R recorta el gasto social dedicado a otros apartados. Según informa la Cadena SER, en el acuerdo de investidura pactado entre Rivera y Rajoy figura que en 2018 invertirían 1.560 millones de euros para combatir la pobreza infantil, que el proyecto final que llega al Congreso lo rebaja a 350 millones. Dicho acuerdo contemplaba 350 millones para la gratuidad de libros de texto que ahora se quedan en 50. Y para los permisos de paternidad se destinan 600 millones de euros menos de lo previsto. ¿Es recortando en la ayuda a los nietos como pretenden cuadrar la subida a los abuelos?


Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó recientemente al Gobierno que vuelva a establecer un sistema de revalorización automática de las pensiones, apuntando asimismo el objetivo de que las pensiones vayan aumentando hasta que las mínimas se acerquen a 1.000 euros. Un magnífico brindis al sol, porque alcanzar esa cifra desde los 600 euros actuales no se consigue con incrementos porcentuales de un sólo dígito anual, a no ser que esperemos cien años. Plazo que la mayoria de los pensionistas actuales no pueden aguardar, por mucho que las ciencias encargadas de prolongar la longevidad.

Siendo algo más realistas, habría que comenzar por equiparar, aquí y ahora, las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, que en España es bastante modesto. Algo que reiteradamente venimos reclamando desde este modesto rincón de opinión activista: un pacto de Estado entre todas y todos los representantes electos que hiciera posible esa equiparación. Para ello, habría que pedir a todos los partidos del arco parlamentario que se dejaran de estupideces, postureos y filibusterismo. Que dejaran de arrojarse unos a otros propuestas miserabilistas y se pusieran a trabajar por la justicia social. Tal es el sentimiento que refleja la carta abierta que corre por las redes sociales.

                                       CARTA ABIERTA DE
                          UN JUBILADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

No estamos pidiendo nada que no sea ya nuestro.

Todo lo que véis ahora a vuestro alrededor lo hicimos nosotros.

Levantamos un país que venía de una dictadura.

Tuvimos que estar curando heridas que no cicatrizaban, pero encontramos una manera de convivir con ellas.

Ayudamos a nuestros padres hasta el fin de sus días: No había ayudas, eran los hijos los que tiraban del carro.

Sacamos adelante a nuestras familias con muchos niños y pocos medios.

Trabajamos de sol a sol en pueblos y ciudades. Y construimos la España que hoy gobernáis vosotros, como si fuera sólo vuestra.

Llevastéis a nuestros hijos a una crisis económica que nosotros hemos mitigado, acarreando con nuestros nietos, compartiendo macarrones, tejiendo familia para que no se desmoronaran en su desesperación.

No tenéis derecho a pedirnos más sacrificios.

Queremos tener lo que nos corresponde: Una pensión que nos permita vivir dignamente.

Señores Diputados. Pónganse a trabajar como hicimos nosotros y resuelvan los problemas.

Revisen TODOS sus sueldos y pensiones vitalicias. Sus viajes, sus dietas, sus asesores, sus contratos añadidos en las comisiones. Reduzcan gastos empezando por Uds.

No salgan a la calle ahora en las manifestaciones para hacer propaganda electoral.

No utilicen el Congreso como si se tratara de un circo, de una comedia chabacana, con insultos, descalificaciones y chistes malos.

No nos hace ninguna gracia ver con qué tono agresivo, de rabia contenida, se comportan en sus debates. Se puede decir lo mismo con educación y guardando la compostura.
 

Demuestren que son dignos de la confianza que les hemos depositado.

Y si no lo hacen, se encontrarán con sus padres en la calle. Se les tendría que caer la cara de vergüenza.

Somos una generación de luchadores. No van a poder callarnos la boca.

Sería tremendo que hayamos de ser nosotros, de nuevo, los que tengamos que coger al toro por los cuernos.

Demuestren todos, con hechos, que miran por este colectivo de jubilados y déjennos vivir dignamente, a estas alturas de la vida.






jueves, 15 de marzo de 2018

Al corrupto Partido Popular sólo debería votarle el 0,25% del censo electoral

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado salvaje. Nuestro deber de ciudadanía es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia. Protestando en las calles, sí. Pero ante un Gobierno sordo a las demandas sociales hay que llevar también la protesta a las urnas. En 'agradecimiento' a los deplorables servicios prestados por su cínico presidente, M punto Rajoy, al corrupto Partido Popular sólo debería votarle, como mucho, el 0,25% del censo electoral.

Decíamos ayer en este mismo cuaderno: ¿Podemos, de una puñetera vez, hablar en este país de algo más que de banderas? De las pensiones, sin ir más lejos. Pues bien, al cabo de varios meses de hastío, el colectivo de jubilados y las mujeres del 8M han salido a las calles de España para tomar las riendas de la movilización civil. 

Y la evidencia acaba de poner de relieve que cuando la ciudadanía se moviliza sí se puede.
No sólo es posible salir a la calle, sino también lograr que esta presencia tenga influencia política. De entrada, las mujeres le torcieron el pulso al presidente del Gobierno y a su corrupto partido, que habían tachado la huelga del 8M de "elitista, insolidaria e irresponsable". Previamente, los jubilados soprendieron a los medios de opinión publicada llegando hasta las puertas del Congreso.

Esta es la primera lección que debieran aprender otras capas de la población desempleada o precaria que llevan mucho tiempo, demasiado, soportando con pasividad rayana en la sumisión los desmanes sociales cometidos por el Gobierno presidido por M punto Rajoy. Y que deberían estudiar también los componentes del amplio elenco de representantes políticos, de variopinto color, que han estado más atentos a implicarse en asuntos de índole marciana y esperpéntica como el show indepe que en ocuparse de esos asuntos realmente serios que la acción política debe resolver. Comenzando, por las cosas de comer.
    
Pero, mientras se produce este aprendizaje por parte de quienes tienen la asignatura pendiente, corresponde al gran colectivo de pensionistas de este país seguir alimentando la hoguera de la rebeldía contra la desigualdad. Un fuego que, tras los tímidos intentos sindicales previos, prendió con fuerza a partir de la chispa —en forma de convocatoria a tomar las calles del país— lanzada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

En esa hoguera deberían arder, políticamente hablando, todos los responsables de la gran crisis financiera, económica y social —por este orden— a las que el Gobierno del PP, el partido más corrupto que ha conocido nuestra democracia, dio respuesta con millonarias ayudas a la banca con cargo al dinero de todos. Ayudas que han ido parejas a una agresión sin precedentes a los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Entre ellas, la precarización del empleo —vía reforma laboral— y la devaluación de los salarios de las personas empleadas, con el consiguiente déficit de cotizaciones al sistema público de pensiones. Amén de una reforma del mismo que, a corto plazo, se ha traducido en una congelación de facto de la cuantía de las mismas. A las que, por quinto año consecutivo, se ha aplicado una revalorización del 0.25%

Para una pensión media, el montante de esta revalorización apenas supone un par de euros mensuales, —1,50€ para una pensión mínima de 600€— es decir, casi lo mismo que ha gastado el ministerio de turno en la carta que envía a cada pensionista comunicándole tan fastuosa actualización. Habida cuenta de que la mitad de las pensiones se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Un 27% de las pensiones se sitúa por debajo de los 600 euros. Un 23% se encuentra entre los 600 y 700 euros. Y el 50% restante está por encima de los 700. La pension más habitual se sitúa en el umbral de pobreza: 645 euros mensuales.


Por si la misiva, redactada con tintes triunfales y paternalistas, no fuera ya motivo de gran indignación, llegaron luego las declaraciones de distintos miembros del gobierno y del PP pretendiendo convencer al colectivo de pensionistas de que era el único que no había sufrido pérdida de poder adquisitivo durante la crisis. Con lo que la yesca para que prendiera la chispa de la indignación estaba servida: cualquiera puede observar lo que sucede con productos básicos como la luz, el gas, los alquileres, el agua, etcétera. 

Así surgió la gran protesta del 22-F en las principales ciudades del país, y que en Madrid llegó hasta las puertas del Congreso, sorprendiendo a las mismísimas fuerzas de Seguridad que no habían previsto la magnitud de la protesta.

Ruego miren la imagen de portada del libro que tienen en el margen izquierdo de estas líneas. Nada que ver con esa idea que presenta a la tercera edad como un sector de la población inmovilista y conservador. Prueba de ello es que los medios de comunicación, a la hora de ilustrar gráficamente las noticias sobre pensiones, suelen utilizar fotografías de grupos de jubilados con gorrilla  sentados en un banco esperando resignados el fin de sus días.

Esa imagen se vuelve progresivamente obsoleta. Gracias a la mejora general de la salud de la población, las nuevas cohortes de jubilados que se incorporan al colectivo pensionista están revitalizando el vigor del mismo. Aunque quien más quien menos ha de pasar con cierta frecuencia por revisiones e intervenciones médicas, hoy no es raro ver personas mayores practicando todo tipo de deportes. Y si hay algunos que siguen subiendo cumbres pirenaicas de tres mil metros, cómo no van a aguantar pasear algunas horas por las calles enarbolando una pancarta. Además, muchos de los participantes de las actuales las convocatorias de protesta, ya corríamos delante de los grises en los años 70, antes y durante la Transición, afrontando situaciones de mayor riesgo. O sea que en esto, también la veteranía es un grado.

La fortaleza de los nuevos pensionistas no sólo se refiere a la forma física, sino también a la fortaleza política. Albert Camus señaló que la rebelión es propia de la persona informada que conoce sus derechos. Y los pensionistas de hoy no sólo conocemos nuestro derecho constitucional a tener una pensión digna y suficiente garantizada por los poderes públicos. También estamos perfectamente informados de las cuantiosas sumas de dinero público inyectados por el Gobierno para sanear bancos, autopistas en quiebra, constructoras..., etc. Con lo cual no podemos otorgar el menor crédito al presidente del Gobierno cuando, con su habitual cinismo, nos dice que no hay dinero para subir las pensiones.  


Bajo la presión de la calle, Mariano Rajoy no ha tenido más remedio que comparecer en el pleno sobre pensiones convocado en el Congreso. Pero lo ha hecho para negarse en redondo a actualizar las pensiones con el IPC y mantener el "factor de sostenibilidad" que entrará en vigor en enero de 2019. Lo cual supondrá, de aquí a 2050, una rebaja de las pensiones en un 20%.


Sólo, en lo que supone un auténtico chantaje al resto de partidos, Rajoy ofreció subir las pensiones más bajas con arreglo a la inflación a cambio de conseguir luz verde a los Presupuestos; así como elevar también las de viudedad, cuando resulta que está obligado a hacerlo por una ley de 2011 que este presunto servidor de la ley lleva siete años incumpliendo. Y cuando resulta que para las pensiones más bajas incluso con el incremento del IPC el aumento seguiría siendo irrisorio. Todo lo que no sea una equiparación con el Salario Mínimo Interprofesional será una estafa moral y política.
 
En definitiva, una deprimente intervención parlamentaria a raíz de la cual Rajoy se ha convertido en el principal animador de la inminente jornada general de protesta convocada para el próximo sábado 17 de marzo en toda España.




No hay que olvidar otro detalle: el colectivo pensionista dispone de bastante holgura de tiempo para materializar la protesta. No tiene que atenerse a horarios y disciplina laborales. Por evidentes razones biológicas, a medio plazo esa reserva de tiempo se agotará. Pero el tiempo presente que nos queda lo vamos a emplear en defender nuestra dignidad insultada por el Gobierno. Y en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice no sólo las prestaciones actuales, sino también las futuras. Porque la Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que, a la larga, despertaría violentas respuestas. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.

Protestando en las calles, sí. Pero ante un Gobierno sordo a las demandas sociales hay que llevar también la protesta a la hora de votar. El corrupto Partido Popular debe probar su propia medicina en las urnas. Y en justa correspondencia a los deplorables servicios prestados por su cínico presidente, M punto Rajoy, insultando a los pensionistas con el 0,25% de revisión, sólo debería votarle, como mucho, el 0,25% del censo electoral.






lunes, 12 de marzo de 2018

Firmas contra la Ley Mordaza

El próximo 27 de marzo se cumplirán tres años de la aprobación de la Ley Mordaza, que constituye un ataque en toda regla contra los derechos de la ciudadanía. Amnistía Internacional calcula que, sólo en 2016, se podrían haber impuesto alrededor de 34.000 sanciones por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información


El próximo 27 de marzo de 2018 se cumplirán tres años de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Amnistía Internacional (AI) calcula que se podrían haber impuesto alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión, expresión e información. También son alarmantes los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho a la libertad de información.

La Ley Mordaza constituye un ataque contra los derechos de la ciudadanía, así como un intento de formalizar prácticas abusivas contra personas migrantes y refugiadas como son las "devoluciones en caliente".

Según AI "Estamos viviendo un incremento de abusos policiales debido, en muchos casos, a la discrecionalidad de los agentes en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana". En los tres años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana se ha puesto de relieve un considerable aumento del poder para la policía en detrimento de las garantías que permiten que la ciudadanía defienda sus derechos. 


La Ley Mordaza implica igualmente un ataque a las libertades de expresión, reunión pacífica e información, así como más devoluciones 'en caliente' de los migrantes que intentan pasar la frontera. 

No podemos permitir que esto siga pasando. Es el momento de mostrar nuestro rechazo a esta ley y de presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos. Tenemos muchos motivos para exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades.


Firma e impulsa la movilización contra la Ley Mordaza a través de la página de Amnistía Internacional.
 

¡Defiende tus derechos ejerciéndolos!



jueves, 8 de marzo de 2018

Otra gran brecha de género: la condición de 'cónyuge a cargo' del pensionista

La Constitución española dispone, en su art. 50, que "los poderes públicos deberán garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Sin embargo, el nutrido colectivo de mujeres, casadas o parejas de hecho, que consumen gran parte de su vida ejerciendo un trabajo real de cuidados (hogar, crianza, ancianos, etc.) al llegar a la vejez no tienen derecho a recibir una pensión propia.

Pese a lo dispuesto por la Constitución española, la mayoría de las pensiones del sistema público de la Seguridad Social siguen siendo muy bajas. Incluso, muchas de ellas se sitúan por debajo del umbral de pobreza, un parámetro oficial que fija el Instituto Nacional de Estadística. Por ejemplo, las pensiones no contributivas.

Un caso especialmente lacerante es el de las mujeres, casadas o parejas de hecho que, tras dedicar gran parte de su vida a ocuparse de cuidar del hogar, crianza de los hijos, ancianos, enfermos, etc., no tienen derecho a recibir una pensión propia al llegar a la vejez. En los hogares más humildes, deberán contentarse con el irrisorio y denigrante complemento de 'cónyuge a cargo' al pensionista principal.

En el 99 por cien de los casos, el 'cónyuge a cargo' pertenece al género femenino. Los trabajos efectuados en el interior del hogar sólo tienen valoración social y monetaria si son realizados profesionalmente, mientras que si los realiza una mujer dedicada a lo que antiguamente se denominaba “sus labores” pasa absolutamente desapercibido.

Por ejemplo, el coste de cuidar un niño en una guardería se incorpora al PIB por el importe del sueldo del empleado profesional más el beneficio obtenido por el propietario de la guardería, los alquileres, etc. Sin embargo, si quien se encarga de cuidar al pequeño es su madre, un abuelo o una tía soltera desempleada, pese a que el tiempo de trabajo dedicado a ocuparse del menor sería en principo exactamente el mismo que en la guardería, ni la patronal ni los sindicatos ni los ministerios de Trabajo y Economía se darán por enterados de que ese tipo de trabajo ha sido efectuado. No está reflejado en el Producto Interior Bruto.

Arthur Pigou señaló con perspicacia cómo, para las estadísticas de la Renta Nacional, sería catastrófico el hecho de que un hombre soltero se casara con su ama de llaves. En efecto, bajo los roles clásicos, la feliz casada seguiría realizando exactamente el mismo trabajo que antes, sólo que sin percibir una retribución monetaria. En este sentido, el sociólogo estadounidense Alvin Toffler sugirió una forma irónica de incrementar el PIB: que cada ama de casa realice los trabajos domésticos de su vecina y se paguen mutuamente por ello.
George Grosz: mujer de la limpieza

Estamos ante un trabajo real pero totalmente invisible, no remunerado ni socialmente valorado.

En nuestro sistema público de Seguridad Social, aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable al cónyuge (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal contributiva. Esta situación, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene una pensión contributiva, y ésta en su cuantía mínima, significa
en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida. O, dicho de otro modo, pobreza por Real decreto.

Vayamos al detalle: en 2018, la pensión mínima de carácter contributivo para una persona mayor de 65 años, sin cónyuge, está fijada en 606,60 euros mensuales. Si tiene cónyuge a cargo, percibirá 788,90 euros mensuales.

Habida cuenta de que con ese dinero han de mantenerse dos personas, resulta una renta mensual per cápita de 394,45 euros. Cuantía situada por debajo del umbral oficial de pobreza. Por mucha "economía de escala" que se quiera aplicar a la pareja, la realidad es que el complemento con el que debe vivir el cónyuge es de 182,3 euros al mes, lo que arroja una ratio casi tercermundista de 6,07 euros diarios.

La situación mejoraría si en lugar de ese complemento, cada cónyuge tuviera el derecho personal a recibir una pensión, aunque en caso de no haber cotizado fuese la mínima de carácter no contributivo. El importe actual de la misma tampoco es que sea para tirar cohetes: 369,90 € cifra que está pidiendo a gritos un aumento sustancial. Sin embargo, incluso en las circunstancias actuales, un hogar donde el cónyuge principal tuviera derecho a percibir la pensión mínima de 606,60 € y el cónyuge 'no contributivo' tuviera derecho a percibir al menos esa pensión, allegarían entre ambas pagas la suma de 976,50 €. Este ingreso, no sólo mejoraría en 187 € la renta de ese hogar, además, robustecería un derecho: el de ciudadanía frente a la condición subsidiaria de 'conyuge a cargo'.

Por cierto, ¿han oído alguna vez hablar de esta situación a partidos, sindicatos o al ministerio de Igualdad? Confiemos en que a estas instancias, para eliminar esta discriminación, se le ocurra alguna idea mejor que introducir el palabro cónyuga como novedoso hallazgo semántico de la corrección política.


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Nota: este texto, que se reproduce ahora con alguna corrección y actualización de cuantías, fue ya publicado en este mismo cuaderno hace ya ocho años. De entonces acá, nada ha cambiado en esta lacerante  situación. Salvo que algunas de esas personas ya no estarán en este mundo.  




 

jueves, 22 de febrero de 2018

22F: Yo voy, por supuesto. ¿Y tú?


Por pura coherencia con lo que vengo escribiendo en este cuaderno sobre las pensiones, tenía que estar presente ayer en la multitudinaria concentración ante el Congreso de los Diputados. Ante todo, es una cuestión de dignidad. Por supuesto.





martes, 16 de enero de 2018

Acto en Arganzuela: Acércate, lo verás claro

Acto organizado por el 
Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac Madrid
en el Centro Dotacional de Arganzuela.
Martes, 16 de Enero, C/ Canarias, 17. Madrid.









domingo, 14 de enero de 2018

Pensiones: que los bancos paguen lo que deben


La idea de que la banca contribuya a sufragar las pensiones estatales no es descabellada. En cualquier caso, mucho menos que la pretensión de la banca de suplantar a la Seguridad Social con sus planes privados de pensiones. Lo que resulta pueril es que las dos formaciones políticas que deberían unir fuerzas para reforzar las pensiones públicas rivalicen por ver quién fue la primera en exponer la idea. Máxime, cuando la primicia del ‘invento' no les corresponde a ninguna de ellas, como se verá a continuación.

El PSOE, por boca de su líder, Pedro Sánchez, acaba de proponer la creación de dos nuevos impuestos: uno que grave las transacciones financieras [en línea con lo que viene defendiendo ATTAC desde hace un par de décadas] y otro extraordinario sobre la banca, para que ayuden a reducir el déficit de la Seguridad Social. Sánchez justifica el impuesto bancario con el impecable argumento de que los españoles contribuyeron "con el sudor de su frente" al rescate de la banca, por lo tanto lo "justo" es que ahora sea la banca quien ayude a sostener el sistema de pensiones.

De inmediato, el Gobierno, junto a La Voz de su Amo —conjunto de medios informativos al servicio del mundo de los negocios— han descalificado la propuesta. Así, El País, conspicuo miembro del club de los voceros, dedica al asunto un editorial en el que califica la propuesta como demagógica. Pese a reconocer que "es necesario asumir que cualquier desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social será soportado por los presupuestos públicos. Ello significa admitir que la recaudación de impuestos debe incrementarse para satisfacer esa prioridad inexcusable". Sin embargo, el editorialista se apresura a sacar del campo de juego a la banca: "Lo que no es razonable es definir un impuesto específico que recaiga sobre un sector concreto de la economía. Mucho menos justificarlo como una contrapartida a las ayudas públicas que han recibido los bancos en la gestión de la crisis financiera".

Entonces, ¿de dónde obtenemos los recursos para garantizar las pensiones? Según el editorial: "El necesario aumento de los ingresos fiscales para garantizar los compromisos de la Seguridad Social no tiene por qué concretarse en impuestos finalistas. Existe recorrido suficiente en la mayoría de las figuras tributarias existentes para garantizar la generación de ingresos".

Traducción para peatones: si hay que recaudar más, que la carga recaiga sobre las espaldas de los de siempre, o sea, los asalariados. Que son los que pagan impuestos por partida doble. ¡Mucho ojito con
tocar las rentas del capital!

La ciudadanía debería, de una vez por todas, dejar de comulgar con las ruedas de molino de ciertas convenciones espurias. La primera, que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo (IRPF) y del consumo de la mayoría de la población, que es trabajadora. Sin embargo, se acepta como si fuera una ley cósmica que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.

Tales convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos. 


Ha llegado la hora de derribar este binomio de ideas dominantes en el pensamiento político a través de una acción decidida de los representantes de la mayoría social de este país. Para ello, los partidos de izquierda deben dejarse de postureos, rivalidades, sorpassos y esperpentos periféricos, e ir a la raíz de las cosas. Históricamente, la izquierda sólo ha conseguido atenuar la injusticia cuando sus distintas formaciones han golpeado conjuntamente contra las desigualdades.

En este sentido, los dirigentes de Podemos parecen sentirse molestos con la propuesta del PSOE, y se han apresurado a señalar que es una 'copia' de una iniciativa de la formación morada. "Es buena noticia que otros partidos hagan suyas nuestras propuestas. Los impuestos a la banca son una necesidad democrática, social y económica", ha expresado Pablo Iglesias a través de Twitter. Por su parte, el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, firma un artículo titulado 'Pedro Sánchez: bienvenido a la propuesta de Podemos', recordando que el programa electoral de su partido proponía poner un "impuesto a la solidaridad" a las entidades financieras para que hicieran frente al rescate.

¿Y qué más da? Los celos podemitas por arrogarse la primicia de la idea tienen un tinte pueril. En materia de políticas de justicia social, no importa tanto quién lo diga primero, sino quién sea capaz de llevar a cabo las reformas.

Porque, puestos a ser tan estrictos, les contaré una pequeña anécdota. Y es que, en todo caso, sería al modesto ciudadano que mantiene este cuaderno a quien corresponde la primicia del 'invento'. Cuatro años antes de nacer Podemos (2014) ya defendí la idea de que la banca debía contribuir a sufragar el sistema público de pensiones. Idea puesta, negro sobre blanco, en un libro cuyo título no deja lugar a dudas: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe (El Viejo Topo, Barcelona, 2010).

Digo aquí que, a primera vista, aparecen cuatro fundadas razones para que los bancos dediquen una parte de sus ganancias a mantener el fondo de pensiones de la Seguridad Social:

i) Por atender al público a través de cajeros automáticos, la banca debería ser gravada con un impuesto robótico. Igual que deberían ser gravados otros negocios que obtienen beneficios a partir del trabajo que la mayor parte de las personas efectuamos al desempeñar el papel de prosumidores.

ii) Por cobrar a la clientela comisiones injustificadas por el uso del dinero de plástico, en especial las tarjetas de débito con las que el cliente dispone de su propio dinero en régimen de ‘autoservicio'. Estas comisiones equivalen a un impuesto en la sombra sobre el consumo.

iii) Por ser la banca la principal responsable de la actual crisis financiera y la principal destinataria de las ayudas del Estado. El crecimiento de la Deuda Pública se debe, en gran medida, a las ayudas de los gobiernos a las entidades bancarias.

iv) Por ser la banca el agujero negro a través del que desaparecen ingentes cantidades de riqueza, que es conducida a los paraísos fiscales.


Conviene huir de las tentaciones adanistas y tener bien presente la vieja advertencia nihil novum sub sole: nada hay nuevo bajo el sol. Dicen que después del Génesis todo lo que se ha escrito es un plagio continuo. Al menos en nuestra cultura occidental, porque la Biblia también es, en muchos de sus pasajes, un puro plagio de otros mitos tomados de textos más antiguos. Entre ellos, la epopeya babilónica de Gilgamesh donde ya se cuenta el mito del Diluvio Universal. 

Por lo que a un servidor respecta, me aplico el cuento.
Aunque cronológicamente yo dijera antes lo del impuesto a la banca, no aspiro a colgarme medallas. Seguramente, la idea vino inspirada al escuchar la amarga queja de miles de personas jubiladas cobrando una pensión miserable. Y dado que yo no me considero adanista, sino en todo caso pensionista [más bien mediopensionista a juzgar por la birria de paga demediada que recibo a fin de mes] de buen grado les regalo la idea a todos los políticos que estén dispuestos, en serio, a tener la honestidad y el arrojo de llevarla a cabo.
      
Y de paso, les regalo otra idea en nombre de los miles de personas que hemos firmado la petición solicitando a los parlamentarios de las distintas formaciones políticas del Congreso de los Diputados que alcancen un pacto de Estado en virtud del cual la cuantía de la pensión mínima contributiva y de viudedad sea equiparada al Salario Mínimo Interprofesional. 

 
Por favor, Señorías, hagan suya la idea, aprópiense de ella sin rubor, llévenla a cabo y posen ante las cámaras firmando el acuerdo. Con la subida de la pensión mínima podremos comprar el periódico en el que aparezca su foto.



https://www.amazon.com/PENSIONES-PELIGRO-BANCA-PAGUE-DEBE/dp/8492616849

A ti tambien te afecta la movida de las pensiones. Marta Flich