Castigar a los parados, no a los banqueros

En el Tercer Año Triunfal del capitalismo en crisis, el Gobierno se dispone a disciplinar a las principales víctimas de los manejos especuladores: los parados. Un Gobierno que ha mimado a la Banca con cuantiosas inyecciones de dinero público pretende aplicar sobre los desempleados que reciben un misérrimo subsidio de 426 euros una severa política de vigilancia y castigo. De entrada, los perceptores del subsidio que no acepten participar en cursos de formación en un plazo de 30 días se verán privados de él. ¿Se aplicará la Administración a sí misma esa regla, penalizándose en caso de no ser capaz de ofrecer al parado una actividad formativa a los 30 días de su incripción en el registro del Inem?

En lugar de castigar a los banqueros por sus desmesuras, como propuso John K. Galbraith, el Gobierno prefiere castigar a los trabajadores, especialmente a los que han perdido su empleo a causa de la crisis generada por la delincuencia financiera internacional. (Y por sus correspondientes sucursales en España).

En este sentido, el PSOE ha conseguido sacar adelante en el Senado el proyecto de ley de reforma laboral. Si durante su discusión por el Congreso el debate se centró en el despido y sus causas, en el trámite del Senado las discusiones se han centrado en cómo aumentar el control sobre los parados: El periodo de gracia del que gozan ahora para aceptar cursos cuando empiezan a cobrar la prestación se reducirá de 100 a 30 días a petición del PSOE. Cumplido este periodo, al parado se le retirará la prestación de desempleo. Para lograr la unanimidad en torno a esta iniciativa, los socialistas aceptaron una propuesta del PP que exige que los cursos que se ofrezcan al desempleado se adapten a su perfil.

La sospecha de que las personas desempleadas compatibilizan el cobro de la prestación por desempleo con un trabajo sumergido obedece más a un prejuicio ideológico que a una realidad concreta. Por supuesto, como en tantos otros aspectos de la vida social (médicos odontólogos, fontaneros, etc.) hay gente que sucumbe a la tentación de fraude en la percepción del subsidio. Pero estos casos son una minoría, pues el mercado negro de trabajo no tiene capacidad para emplear a los cinco millones de parados que hay en España. Además, el hecho de que una persona que recibe una ayuda de 426 euros mensuales realice ocasionalmente alguna chapuza "en negro" no debiera ser piedra de escándalo, pues no es fácil subsistir únicamente con el importe del subsidio.

No debe olvidarse, por otro lado, que es precisamente la naturaleza condicional de los sistemas asistenciales de rentas mínimas de inserción y subsidios de desempleo la que produce el efecto de desanimar a la gente a buscar un trabajo. Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se “enganchan” a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).

Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permita complementar el magro ingreso del subsidio.

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Un efecto colateral de la trampa de desempleo es el fraude, cuya forma más habitual consiste en completar los ingresos del subsidio con algún trabajo sin registro —trabajo negro o sumergido—.Una concepción inteligente del sistema de protección social debería corregir esas trampas generadas por el propio sistema, permitiendo compaginar estas ayudas con un trabajo ocasional, en línea con la propuesta de la renta básica de ciudadanía.

No parece lógico que sólo se quiera vigilar y castigar a los desempleados, cuando en la economía sumergida siempre hay dos partes contratantes. Una persona no trabaja ‘en negro’ si no hay otra que le propone el trato. Según UGT, Castilla-La Mancha es una de las regiones con mayor peso de mercado negro, ya que la economía sumergida representa el 26,5 por ciento del PIB. En la región podría haber más de 200.000 trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social, de los que 60.000 serían extranjeros. El ministerio de Trabajo haría bien en pedir los datos a UGT y enviar inspectores a comprobar, primero, la negritud de los contratos; segundo, si esos trabajadores perciben el subsidio. Por otro lado, se estima que en España hay más de un millón y medio de parados que no reciben absolutamente ninguna prestación.


¿Formar o vigilar?

Enviar a los parados a cursos de formación parece obedecer más al propósito de ejercer sobre ellos una vigilancia para evitar que efectúen esos trabajos sumergidos, que a un loable propósito formativo. Pues está por ver que la Administración esté ahora mismo en condiciones de ofertar actividades formativas para cinco millones de desempleados

Nadie negará las bondades de la formación. Siempre, claro está, que se trate de una formación de calidad, y no de esos cursillos de señorita Pepis que improvisan los servicios de empleo para justificar que hacen algo. Y que muchas veces se reduce a que un joven recién licenciado y contratado en precario imparta unas clases sobre cómo redactar un curriculum a un grupo de maduros y experimentados ingenieros en paro.

En materia de productividad, España tiene un déficit tan grande como el de las cuentas públicas. Buena parte del mismo se debe al excesivo peso que han tenido en nuestro modelo económico dos sectores que generan poco valor añadido: la construcción y el turismo. El tercer factor que determina esta baja productividad es la escasa aplicación de nuevas tecnologías, debido a la falta de capacidad de la mano de obra para usarla. Esto no significa que los trabajadores españoles sean más torpes que los del resto del mundo, sino los elevados índices de precariedad en el empleo. La temporalidad en los contratos no ayuda a que el capital humano se aproveche bien. La empresa no invierte en la formación de sus empleados, y ellos no se esfuerzan en formarse.

Y ya que hablamos de fraude, conviene no olvidar tampoco que las actividades de formación a desempleados han sido, en sí mismas, un importante foco de corrupción, hasta el punto de que, en febrero de 2000, el entonces ministro de Trabajo del Gobierno del PP, Manuel Pimentel, se vio forzado a dimitir al descubrirse que un alto cargo de su confianza era copropietario de una empresa que recibía del ministerio elevadas subvenciones para formación de parados.

El caso Aycart

El ministro Pimentel dimitió al descubrirse que la empresa Centro Politécnico a Distancia y Editorial, especializada en impartir cursos de formación para desempleados, pertenecía al 50% a la esposa de Juan Aycart, director general de Migraciones. Entre 1995 y 1999, dicha empresa obtuvo 2.000 millones de pesetas en subvenciones, principalmente del Inem, gracias a que sus contactos internos le proporcionaron información privilegiada.

El caso Sánchez Fierro

CGP, otra empresa dedicada a la formación, recibió miles de millones de pesetas en subvenciones; sólo en 1998 obtuvo 2.500 millones de los fondos de formación profesional. CGP era propiedad de un cuñado de Julio Sánchez Fierro, secretario general técnico del Ministerio de Trabajo entre 1996 y 1998. En 1999, Sánchez Fierro formaba parte de la Ejecutiva Nacional del PP, parlamentario de la Asamblea de Madrid y miembro de su comisión de empleo. Antes de su etapa en el gabinete ministerial, fue responsable del departamento de formación y empleo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidente de la Comisión permanente del Consejo General de la Formación Profesional, asesor de la patronal aseguradora Unespa y presidente de la Asociación Nacional de Mutuas de Accidentes de Trabajo. La actividad de CGP se centró especialmente en los planes formativos acogidos al plan nacional de empleo elaborado por el Ministerio de Trabajo.

El caso Pallerols

En octubre de 2000, la Comisión Europea bloqueó la entrega al Gobierno catalán de 62 millones de euros en concepto de fondos para la fomación de parados hasta recibir explicaciones convincentes sobre el correcto uso de los mismos. A partir de 1988, en Bruselas se empezó a tener conocimiento de presuntas irregularidades en la gestión de los fondos por parte del grupo Méndez. Informaciones que al año siguiente se extendieron a los fondos gestionados por el empresario Fidel Pallerols, propietario de tres academias para formación de parados que recibieron fondos del Departamento de Trabajo del Gobierno catalán.