El Gobierno fomenta el fraude fiscal

A primera vista, aprobar unos Presupuestos socialmente restrictivos que agravarán la recesión y el desempleo, concediendo al mismo tiempo una amnistía fiscal a los defraudadores parece cosa de locos. Sin embargo, el banquero Botín se ha apresurado a felicitar al Gobierno por sus reformas. O sea que tal vez los políticos del PP no estén tan locos, simplemente se les ha visto el plumero. Y ya sabemos de qué lado están.

Permitir que los delincuentes que eluden sus obligaciones con Hacienda puedan blanquear su dinero a cambio de pagar un tipo mucho más bajo que el resto de contribuyentes, y que encima el Gobierno les garantice confidencialidad a la hora de hacer este enjuage rompe con el más elemental sentido del decoro.

Quienes ocultan sus ingresos a Hacienda por encima de cierto límite cometen un delito fiscal. Son, por tanto, delincuentes. Concederles una amnistía supone fomentar el fraude fiscal. A partir de ahora, una persona sin escrúpulos puede verse animada a obtener dinero por vías ilícitas y no declarar a Hacienda las ganancias. Eso la convertirá en un delincuente fiscal, que es cosa muy fea. Por suerte, tarde o temprano arribará al poder un gobierno que decrete una regularización fiscal que le permita aflorar el dinero negro y blanquearlo. Entonces, libre ya del delito, volverá a ser un ciudadano no sólo respetable, sino con la autoestima crecida. Pensando que es bastante más listo que la mayoría, al haber pagado muchísimos menos impuestos que el resto de sus conciudadanos.

Un plan de regularización fiscal que suponga de hecho una amnistía para los defraudadores es impresentable, injusto y antisocial. Y en estos términos lo calificó, en junio de 2010, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, al subrayar la "paradoja de que a los que pagan impuestos se les suban y a los que no, se les perdonen". Con estas palabras criticó la número dos del PP el presunto plan de regularización fiscal para aflorar dinero negro que, según ella, preparaba el Gobierno socialista. "No es de recibo que a los que pagan se les suban los impuestos y a los que defraudan se les perdone [...]. Es impresentable que la salida de la deuda sea amnistiar a los que defraudan", dijo Cospedal.

Por su parte, Mariano Rajoy señaló en aquella ocasión que "Lo que España necesita no es una amnistía, sino confianza en la política económica de un país y en el Gobierno que la deba implementar", aseguró. "No la vamos a apoyar porque los que pagan van a pagar más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Sobre todo, después de lo que se le ha hecho a los pensionistas con la congelación de las pensiones y a los millones de españoles que no pueden trabajar", añadió.



La entonces ministra de Economía y Hacienda del PSOE, Elena Salgado, negó que existiera ningún plan parecido a eso. Y en cualquier caso, la presunta amnistía criticada por el PP nunca se llevó a cabo. La primera noticia al respecto desde que comenzó la crisis es la que nos llegó el pasado 30 de marzo de 2012. Confirmando que el Consejo de Ministros del Gobierno presidido por Mariano Rajoy acaba de aprobar una amnistía fiscal encubierta para intentar la regularización de las rentas no declaradas, tanto las repatriadas desde fuera de España como las ocultas dentro del país.

En sentido estricto, la amnistía fiscal está prohibida por Ley, de ahí que las rentas regularizadas tributarán un 10% mientras que los dividendos obtenidos en el extranjero lo harán un 8%. Es decir, pagarán menos que si hubieran tributado de forma normal, porque las rentas de más de 52.361 euros brutos anuales tienen un tipo marginal del 43% mientras que el impuesto sobre las plusvalías de capital está entre el 19% y el 21%.

Según afirma textualmente el comunicado gubernamental "se implanta otro gravamen especial de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes que permitirá una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario del 10% del importe de los bienes y derechos aflorados. Los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria".

Por cierto, el banquero Botín, que de regularizaciones fiscales sabe bastante, ha aplaudido las medidas que está tomando su Gobierno. El presidente del Banco Santander ha defendido ante la junta de accionistas los pasos que está dando el Gobierno español con la adopción de medidas "duras en el corto plazo, pero imprescindibles de cara al futuro", en alusión a la reforma laboral, la financiera y las iniciativas para corregir el déficit público. Asimismo, el banquero expresó su convencimiento de que el Presupuesto presentado por el Gobierno "contribuirá decisivamente a la reducción del déficit y a la mejora de las finanzas públicas".

El banquero Botín tiene poder suficiente para hacerse oir, pero su voz tiene escaso respaldo moral. En esa misma junta de accionistas, Botín expresó su esperanza en que la Audiencia Nacional "archive pronto" el proceso abierto con él y varios miembros de su familia por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en el caso de las cuentas suizas del HSBC. Y recordó que tanto él como el resto de miembros de su familia ya presentaron sus respectivas regularizaciones fiscales.

Mientras tanto, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, continúa las diligencias de investigación abiertas contra el presidente del Santander, cinco de sus seis hijos, su hermano Jaime Botín, y sus cinco hijos, derivadas del caso de las cuentas ocultas de HSBC iniciado en mayo de 2010.

Ese mes, la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en el HSBC Private Bank Suisse con fondos por los que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009. Esta información surgió después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico.

Cuando Hacienda fue informada por Francia de la existencia de cientos de cuentas opacas de españoles en el banco HSBC en Suiza, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero instó a sus titulares —Botín incluido— a que regularizaran su situación. En ese caso, también hubo un trato de favor, que consistió en avisar a esos defraudadores para que hicieran una declaración a posteriori y eludir así otras sanciones y el castigo penal pagando un recargo.

No creo que los lectores habituales de este blog hayan dudado ni un momento acerca de quienes serían los sectores que resultarían favorecidos por las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular. La duda que persiste es saber si, transcurridos los primeros cien días del mandato de Mariano Rajoy, se habrán caído ya del burro los integrantes de ese amplísimo sector de asalariados que le dieron su voto.



Nota: Lamento no disponer de mejores imágenes de esta clásica representación de la pirámide del sistema capitalista. Pinchando sobre ellas se ven con mayor nitidez. La colaboración en este sentido será bienvenida.