Estado de emergencia: mayores y niños primero!

El PSOE acaba de descolgarse con un trascendental descubrimiento económico: "La pobreza es una emergencia que se puede frenar con 1.000 millones". Es bueno que lo descubra ahora, aunque mejor hubiera hecho dejando provista esa cantidad antes de salir del Gobierno. Incrementando las pensiones mínimas, el subsidio por desempleo y una prestación a la infancia. Tres sectores sociales hacia los que se dirige la propuesta de aplicación gradual del Ingreso Garantizado realizada por el Observatorio de la Renta Básica de Ciudadanía

Un "fondo de urgencia" de 1.000 millones de euros destinado a Ayuntamientos, comunidades autónomas y ONG, las entidades a los que se dirigen los ciudadanos en riesgo de exclusión social, serviría para atajar el aumento de la pobreza en España. Es la propuesta que acaba de hacer el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha afirmado que estas instituciones son "el primer mostrador" de los ciudadanos con más dificultades "niños, mayores, desempleados" que están ya en una "situación dramática". "La pobreza es ya una emergencia nacional", ha asegurado el líder socialista.

Esta propuesta del PSOE es asistencialista, aplicable ex post una vez certificada la pobreza. Mientras que un Ingreso Garantizado de Ciudadanía, aplicado ex ante de manera preventiva, habría evitado esa dramática situación en la que se encuentran esos "niños, mayores y desempleados" en los que ahora reparan los socialistas.

Como es sabido, la propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía (RBC) suscita cierta controversia, pues sus detractores suelen especular con la hipótesis de que generaría vagos. Ya en 2006, el Observatorio de RBC advertía que esgrimir ese argumento "es un ejercicio de cinismo o cuando menos de inconsciencia moral, desde el momento en que lo que más abunda hoy entre nosotros no es precisamente una horda de felices holgazanes. La descripción real de nuestra sociedad pone de relieve la existencia de grandes capas de trabajadores cualificados y no cualificados con salarios y condiciones laborales precarias, de jóvenes excluidos de los empleos estables, de esposas dependientes, de padres que trabajan a doble turno y, sobre todo, de una legión de personas desempleadas durante períodos de larga, larguísima duración".
 
En consecuencia, hace tiempo que en el Observatorio RBC  llegamos a la conclusión de que, sin renunciar a la universalidad de la RBC, es posible iniciar ya la implantación gradual de la misma, comenzando por lo más urgente. Sería el primer paso en la aplicación de un Ingreso de Ciudadanía destinado no a alimentar demagógicos debates sobre surfistas y otras hierbas excéntricas, sino a garantizar el derecho a la existencia de toda la gente. De los ricos (¿se le pagaría también a Botín?) ya hablaremos, pero aquí y ahora, cabe acometer estas medidas conforme al clásico principio de emergencia que exige salvar a los mayores y niños, primero.       

Por ello, y para no enredarse en más controversias, el Observatorio hizo una propuesta de aplicación gradual de la RBC a tres importantes sectores de la sociedad. Tres sectores a los que se podría pagar mañana mismo este ingreso sin levantar sospechas de fomento de la holgazanería. Los términos de la propuesta figuran en el artículo Los mayores y niños, primero, firmado conjuntamente por Francisco González Portal y el autor de este blog, y cuyo texto puede leerse íntegramente más abajo. Esos tres sectores serían los siguientes:

a)   Mayores de 60 años sin derecho a pensión.

Aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable a los cónyuges (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal. Esto, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene la pensión, y ésta en su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida.

En 2006, la pensión mínima para un jubilado de 60 años con cónyuge a cargo está fijada en 528,72 euros mensuales. Habida cuenta de que con ese dinero debe mantenerse un hogar de dos personas, la renta per cápita de cada una de ellas es de 264,36 euros. Es decir, una renta situada por debajo del umbral de pobreza. Situación moralmente inaceptable, se mire por donde se mire, por lo que la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, como derecho individual de toda persona mayor de 60 años, puede ser asumida sin temor a suscitar la sospecha de estar favoreciendo la holgazanería y el surfing improductivo. [Cuantías de 2006, que no han experimentado grandes mejoras]

b)    Desempleados perceptores del subsidio para mayores de 52 años.

Un mínimo decoro moral hará que tampoco nadie caiga en la tentación de tachar de vividores a las personas que, al llegar a su madurez después de haber entregado toda una vida de trabajo a la sociedad, se quedan en situación de irremisible desempleo. Si existe alguna violación del principio de reciprocidad los perjudicados son estos ciudadanos que no sólo no ven recompensado su esfuerzo, sino que, a mayor inri, se les condena a vivir encadenados al subsidio para mayores de 52 años, prestación que, como es sabido, constituye un callejón sin salida. [En 2013, el Gobierno del PP ha precarizado todavía más, si cabe, las condiciones de acceso a esta prestación].

c)    Niños menores de 3 años.

     El gobierno del PP estableció para las madres empleadas por cuenta ajena una paga mensual de 100 euros, en forma de bonificación fiscal, por cada hijo situado en esa franja de edad. Se trataría aquí de universalizar como RBC la prestación para poner fin a la discriminación que sufren los hijos cuyas madres no son asalariadas, lo cual no significa que no trabajen, algo que parece una obviedad a estas alturas.
 
               

El 20% de los niños españoles vive en situación de pobreza
España ocupa el puesto 19º de una clasificación, elaborada por Unicef, que evalúa el bienestar de los menores en 29 países desarrollados

Todo esto tenía un coste perfectamente asumible que, con datos del momento, estimamos en unos 2.500 millones de euros. No era una propuesta descabellada, habida cuenta de que la Reforma Fiscal anunciada entonces por el Gobierno de Rodríguez Zapatero suponía para la Agencia Tributaria una pérdida de ingresos del orden de 5.000 millones, según lo inicialmente declarado por el vicepresidente Solbes. 

No pretendo polemizar con la propuesta con la que ahora se descuelga mi homónimo Pérez, simplemente poner algunos puntos sobre las íes. Y animarle a despojarse de complejos y subir su apuesta contra la pobreza. Solventar las situaciones más sangrantes en nuestro país no requiere sumas monetarias tan astronómicas como las destinadas a salvar a la banca, pero en términos macroeconómicos los 1.000 millones que propone ahora el PSOE equivalen a una limosna. Y para colmo, aspirar a repartir esa ayuda a través de Ayuntamientos, oenegés... etc. sería regresar a las prestaciones de Beneficencia. ¿Dónde quedó el sentido de Estado de los socialistas?

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    La implantación gradual de la Renta Básica de Ciudadanía es viable aquí y ahora:
los mayores y niños, primero

JOSE ANTONIO PÉREZ / FRANCISCO GONZÁLEZ PORTAL (25.03.2006)


La propuesta de la Renta Básica —en adelante RB— se define como un ingreso pagado por el Estado a cada miembro pleno de la sociedad, sin exigirle ninguna contrapartida a cambio, es decir: a) incluso si no quiere trabajar, b) sin tener en cuenta si es rico o pobre, c) sin importar con quien vive, y d) con independencia de la parte del país en la que viva. Es decir, un ingreso incondicional que entra en abierta contradicción con los cánones del sacrosanto código del trabajo que, durante la segunda mitad del siglo XX, ha informado las reglas del contrato social vigente en los países industrializados del Norte rico del planeta. De ahí que, a primera vista, la propuesta levante suspicacias en distintos sectores del espectro político.

Un rápido inventario de las críticas a la RB comienza por esa objeción, más truculenta que realista, que plantean los que suponen que con un ingreso garantizado nadie trabajaría. Así, la patronal, sus partidos y medios de comunicación, se oponen a la RB por temor a que la misma pudiera propiciar una huida en masa del trabajo asalariado. En el extremo opuesto, a quienes persiguen la justicia social desde una perspectiva genérica de izquierdas les resulta difícil digerir la idea de que la RB sea pagada también a los ricos, añadiendo un ingreso adicional a la riqueza que ya obtienen. Por su parte, los exigentes con los principios generales de justicia objetan que otorgar un derecho sin contrapartidas violaría el principio de reciprocidad, por lo que rechazan de plano la RB con una lapidaria sentencia: nada a cambio de nada. No faltan quienes muestran temor al hipotético “efecto llamada” que podría suscitar la implantación de la RB en un solo país, provocando un aluvión de inmigrantes desde todos los puntos del planeta. Por último, los partidarios de las cuentas bien hechas se preguntan por las vías de financiación de la medida.

    A estas alturas, las objeciones éticas y normativas a un ingreso de este tipo han sido satisfactoriamente resueltas en el curso de un amplísima controversia celebrada en los ámbitos de la filosofía política. No obstante, para desprestigiar la RB, los opositores más furibundos —que generalmente escriben a sueldo de los poderes económicos— utilizan la caricatura del surfista de Malibú. Es decir, ese hipotético individuo que con una renta mínima utilizaría su libertad para vivir sin hacer otra cosa que disfrutar de las olas con su tabla de surf.

Esgrimir el argumento del surfista es un ejercicio de cinismo o cuando menos de inconsciencia moral, desde el momento en que lo que más abunda hoy entre nosotros no es precisamente una horda de felices holgazanes. La descripción real de nuestra sociedad pone de relieve la existencia de grandes capas de trabajadores cualificados y no cualificados con salarios y condiciones laborales precarias, de jóvenes excluidos de los empleos estables, de esposas dependientes, de padres que trabajan a doble turno y, sobre todo, de una legión de personas desempleadas durante períodos de larga, larguísima duración.

Sin embargo, las críticas a la RB se desvanecen desde el momento en que nos tomemos la molestia de no discutir de surfistas, sino considerar la situación real de tres importantes sectores de la sociedad a los que se podría aplicar mañana mismo la RB sin suscitar ninguna de las objeciones antes apuntadas.


a)   Mayores de 60 años sin derecho a pensión.

Aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable a los cónyuges (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal. Esto, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene la pensión, y ésta en su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida.

En 2006, la pensión mínima para un jubilado de 60 años con cónyuge a cargo está fijada en 528,72 euros mensuales. Habida cuenta de que con ese dinero debe mantenerse un hogar de dos personas, la renta per cápita de cada una de ellas es de 264,36 euros. Es decir, una renta situada por debajo del umbral de pobreza. Situación moralmente inaceptable, se mire por donde se mire, por lo que la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, como derecho individual de toda persona mayor de 60 años, puede ser asumida sin temor a suscitar la sospecha de estar favoreciendo la holgazanería y el surfing improductivo.

b)    Desempleados perceptores del subsidio para mayores de 52 años.

Un mínimo decoro moral hará que tampoco nadie caiga en la tentación de tachar de vividores a las personas que, al llegar a su madurez después de haber entregado toda una vida de trabajo a la sociedad, se quedan en situación de irremisible desempleo. Si existe alguna violación del principio de reciprocidad los perjudicados son estos ciudadanos que no sólo no ven recompensado su esfuerzo, sino que, a mayor inri, se les condena a vivir encadenados al subsidio para mayores de 52 años, prestación que, como es sabido, constituye un callejón sin salida.

Las “trampas de inactividad” (trampa de la pobreza o trampa del desempleo) se refieren tanto a la posibilidad como al hecho cierto de que la persona que recibe una ayuda sujeta a test de recursos quede atrapada por la propia condicionalidad de la prestación. La trampa de la pobreza se genera a partir de las rentas mínimas que los Servicios Sociales conceden en ciertos casos de pobreza severa demostrada bajo el oportuno test de recursos, pues están sujetas a la condición de no tener acceso a otras fuentes de ingresos. Si a una persona en estas circunstancias se le ofrece la oportunidad de desarrollar una actividad laboral escasamente remunerada pero que le permitiría complementar el ingreso, se enfrenta a un grave dilema: por un lado, si acepta el trabajo perderá la ayuda sin conseguir salir del estado de pobreza. Mientras que, por otro lado, si no acepta el trabajo mantendrá la ayuda, con lo que tampoco conseguirá salir de pobre, dado que la cuantía de estas prestaciones es lo suficientemente baja como para mantener al individuo por debajo del umbral de pobreza.

    De manera similar opera la trampa del desempleo que acecha a los perceptores del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Dado que también este subsidio está sujeto a la condición de que la persona que lo percibe no pueda efectuar ninguna modalidad de trabajo remunerado, se desincentiva la búsqueda de un empleo cuya remuneración no sea bastante superior a la del subsidio. Como señala Philippe van Parijs, de la Universidad de Lovaina: “Estudios de campo han señalado que lo que hace que muchos excluidos no acepten un empleo o no lo busquen activamente, a menudo no es tanto la ausencia de una diferencia entre los ingresos obtenidos del trabajo y los que se obtienen sin trabajar, como el temor a perder la relativa seguridad de un flujo regular de beneficios, en aras de la incertidumbre de un empleo que puede pagar tarde o resultar demasiado exigente. Y esto porque el riesgo de un período sin ningún ingreso es algo que los hogares en el límite de la solvencia no pueden permitirse responsablemente”.

    Parece, pues, que sería razonablemente posible abrir esta trampa y liberar a las personas atrapadas en ella a través de un ingreso mínimo incondicional no sujeto a la condición de trabajar pero tampoco a la prohibición de hacerlo, que reemplazaría al formato actual del subsidio.

c)  Niños menores de 3 años.

    El gobierno del PP estableció para las madres empleadas por cuenta ajena una paga mensual de 100 euros, en forma de bonificación fiscal, por cada hijo situado en esa franja de edad. Se trataría aquí de universalizar como RB la prestación para poner fin a la discriminación que sufren los hijos cuyas madres no son asalariadas, lo cual no significa que no trabajen, algo que parece una obviedad a estas alturas.

Un coste perfectamente asumible

El número de mujeres subvencionadas por 100 euros mensuales como consecuencia de la medida que el PP aprobó para madres con algún hijo menor de 3 años —aunque sólo cuando además tengan una “ocupación en el mercado de trabajo”— ha venido oscilando, según las volátiles condiciones de precariedades generalizadas dominantes sobre el contrato laboral en la actualidad, hasta alcanzar totales máximos algo por encima de los 400.000 durante cada uno de los últimos años. Sin embargo, tal cifra no representa más que un tercio aproximado del total de niños comprendidos en ese primer tramo de edades, entre 0 y 2 años cumplidos. Por ello, la extensión de los cobros ya garantizados para todo hijo menor de una madre con sueldo a esta generalidad mayoritaria de los demás restantes en igual edad —incluyendo también aquéllos de los que cualesquier progenitores A y/o B, sin distinción alguna de género, puedan hallarse en peor situación económica como personas desempleadas, e incluso faltar por unos u otros motivos— cabe valorarla en un importe total levemente inferior a los 1000 millones.

A comienzo del presente año 2006, el número de perceptores de las pensiones mínimas fijadas para los “jubilados con un cónyuge a cargo” ascendía a muy poco más de 303.000, y cobraban cuantías algo diferentes dependiendo de si la edad de sus titulares era —o no— mayor de 65 años. Los montantes del “complemento” que —añadido a cuanto tendrían como prestación mínima en caso de que fueran solteros, separados, divorciados o viudos— reciben por su pareja quedan, para todos, debajo de los 100 euros. Y, como media, la diferencia respecto a alcanzar dicha base de las jubilaciones individuales viene situándose en unos 360 euros por paga. Así pues, la partida para homologar a todos esos miembros de cuantas parejas reciben las mínimas pensiones de jubilación, hoy establecidas debajo del umbral oficialmente reconocido de “pobreza”, sin más discriminaciones de dichos “cónyuges a cargo”—muy mayoritariamente mujeres—- frente a los definidos como únicos titulares de derechos en la actualidad... se cifraría mediante un presupuesto no superior a 1500 millones de euros.

Con independencia de a cuántos ciudadanos pudiera alcanzar el capítulo de nuestra propuesta respecto a los mayores de 52 años que, tras su expulsión como “parados de larga duración”, ya se reconocen excluidos hoy definitivamente por el mercado laboral, la correspondiente medida planteada para liberarles al menos de ese estigma añadido que supone la actual trampa del paro tiene un coste directo para la Hacienda pública que obviamente resultaría nulo. La aplicación de la RB a este sector de subsidiados no supondría ningún coste adicional, pues se emplearían las mismas partidas presupuestarias que las que actualmente se dedican a sufragar el subsidio. El cambio aquí no es monetario, sino de mentalidad, pues parece absurdo que a una persona que ha sido expulsada del mercado general de trabajo —y existe el suficiente convencimiento de que es harto improbable que pueda regresar al mismo en condiciones de empleo digno— se la castigue negándole la posibilidad de complementar ese ingreso mínimo con algún trabajo ocasional siempre que los ingresos no superen un determinado límite cuyo control puede técnicamente efectuarse a través de un formato similar al impuesto negativo.

En consecuencia, los recursos presupuestarios precisos para llevar a cabo esta alternativa totalizarían unos 2.500 millones de euros aprox. No es una propuesta descabellada: la próxima Reforma Fiscal anunciada por el Gobierno supondrá para la Agencia Tributaria una pérdida de ingresos del orden de 5.000 millones, según lo inicialmente declarado por el vicepresidente Solbes (sin tener en cuenta lo que puedan repercutir las rebajas adicionales anunciadas en el Impuesto de Sociedades). El Superávit de las Administraciones Públicas del Reino en 2005 fue de 10.000 millones(1,1% del PIB). Aunque, de haber optado por un déficit como el de la media de los países de nuestro entorno comunitario (próximo al 3% permitido por el Pacto para la Estabilidad Financiera de la UE) nuestro Gasto Social habría podido aumentar en unos 40.000 millones de euros más sin cambiar para nada los impuestos.

En el Observatorio de la Renta Básica de Attac Madrid hemos llegado a la conclusión de que, sin renunciar a la universalidad de la RB, es posible iniciar ya la implantación gradualista de la misma, comenzando por lo más urgente. A los tres sectores mencionados se le podría pagar ya perfectamente en la forma indicada, sin necesidad de nueva presión impositiva ni endeudamiento público. Sería el primer paso en la aplicación de una Renta Básica de Ciudadanía destinada no a alimentar demagógicos debates sobre surfistas y otras hierbas excéntricas, sino a garantizar el derecho a la existencia de toda la gente. Frente a la precariedad establecida por un neoliberalismo cuya obsesión es liberalizar las mercancías, la prioridad en la acción social debe orientarse a liberar a las personas atrapadas en las indeseables trampas de la pobreza y el desempleo. De los ricos ya hablaremos, pero aquí y ahora, cabe acometer estas medidas conforme al clásico principio de emergencia que exige salvar a los mayores y niños, primero.