Tras declararse la pandemia del Covid-19, en solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid murieron a causa de la infección. De ellas, 7.291 personas fallecieron sin tener opción a ser trasladadas y atendidas en un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso lo impidió a través de los llamados “protocolos de la vergüenza”.
La pandemia del Covid-19 cogió desprevenidos a los gobiernos de los países desarrollados. Situando, tanto a los dirigentes como a la propia sociedad, ante una emergencia sanitaria de una dimensión inimaginable. Desde el primer momento de la propagación del virus, nuestras sociedades tecnológicamente avanzadas se vieron sorprendidas por la carencia de equipos de protección tan sencillos como batas para los profesionales sanitarios o mascarillas faciales tanto para ellos como para el conjunto de la población. En España, un sistema de salud descentralizado tuvo que improvisar una serie de respuestas, a menudo contradictorias, dictadas por las respectivas autoridades autonómicas. Respuestas cuya eficacia se vio seriamente perjudicada por la actitud del Partido Popular que, en vez de aunar esfuerzos con el Gobierno nacional, quiso ver en esta emergencia una oportunidad de oro para defenestrar al socialista Pedro Sánchez. Un presidente al que, desde su llegada a la Moncloa por vías democráticas, intentan presentar como la encarnación del Maligno.
El contagio viral resultó especialmente dramático para las personas ancianas alojadas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. En solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en esas residencias murieron. Uno de cada cinco del total de residentes. La inmensa mayoría de ellos, 7.291 personas, fallecieron sin ser trasladados a un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso lo impidió con los llamados protocolos de la vergüenza. Una serie de órdenes por las que se negaba el traslado de los ancianos contagiados en las residencias a los hospitales donde hubieran podido recibir asistencia adecuada.
Desde que el Partido Popular se hizo con las riendas de la Comunidad de Madrid, sus dirigentes han contemplado el servicio público de Salud como un gran negocio para el entorno empresarial afín al partido. Desde los tiempos de Esperanza Aguirre, la obsesión por privatizar la gestión del sistema de Salud ha sido una constante. Con Isabel Díaz Ayuso, el trato dado a los ancianos en las residencias durante la pandemia roza los límites de lo criminal. Tan sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio.
A petición de familiares de personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 en las residencias de la Comunidad de Madrid, agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, el 13 de abril de 2023 se constituye la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. Con la finalidad de investigar las muertes de esas 7.291 personas que fallecieron en dichos centros sin recibir atención sanitaria adecuada.
Para ello, la Comisión ha recopilado información de diversos tipos. Un proceso que culminó los días 15 y 16 de septiembre, con la celebración de dos “Jornadas de Comparecencias”, durante las que la Comisión obtuvo el testimonio de residentes, familiares, trabajadoras, periodistas, miembros de organizaciones sociales y representantes públicos que vivieron en primera persona lo sucedido o dedicaron mucho tiempo a investigarlo. A partir de toda la información recogida se ha elaborado un Informe que se puede consultar aquí.
Las cifras de fallecidos –las de contagiados son imposibles de saber puesto que no había test al alcance de la población– revela, como denuncia el informe de 148 páginas, que las residencias de Madrid tuvieron una mortalidad de un 129% más de lo esperado, según las plazas con las que contaba respecto al resto de España. ¿Por qué pasó esto? Según analiza el texto, a las carencias que venían arrastrando las residencias madrileñas en cuanto a inversión se sumó la falta de test y preparación, la convivencia de miles de mayores en espacios cerrados sin mascarillas ni EPIS, el personal (lejos de aumentarse con un plan de choque como el anunciado) se contrajo radicalmente, ya que enfermaron también.
Tampoco había médicos disponibles ni respiradores y tanto las direcciones de las residencias como los geriatras de enlace de los hospitales (a quienes llamaban las residencias para ver si se podía derivar a hospitales a los ancianos) siguieron los protocolos de Sanidad, que vetaron las derivaciones para mayores dependientes o con enfermedades previas importantes durante lo peor de la pandemia.
El informe detalla el abandono de las residencias, a las que se prometió una medicalización que nunca llegó; el desborde y desesperación de los trabajadores (que hoy siguen en la misma precariedad); la angustia de los familiares, sin información y a veces ni contacto con sus mayores; y lo peor: el atroz sufrimiento de los fallecidos, que en muchos casos agonizaron con dolor, asfixiados, deshidratados, “agarrados a las barandillas de las camas intentando respirar”, sin oxígeno, sin medicación, encerrados en sus habitaciones, solos, sin despedirse de sus familias, que se enteraban por una llamada, recibían informes sin causas de muerte, veían perdidos o confundidos sus objetos personales, y siguen esperando una explicación, que alguien asuma responsabilidades y que se haga justicia.
Lo que demuestra la Comisión es que la mayoría podía haberse salvado, pues el 65% de los derivados a hospitales sobrevivieron. No “se morían igual”, como dijo Ayuso en la Asamblea. Como tampoco se morían igual los que tenían seguro privado y sí eran trasladados en ambulancia a hospitales privados, aunque no cumpliesen los requisitos de los protocolos.
Pese a las evidencias que constan en las actas levantadas por la policía que intervino en algunos de estos casos, e incluso en las de las escasas inspecciones realizadas por la propia Comunidad de Madrid, al día de hoy las instancias judiciales se han inhibido a la hora de examinar las responsabilidades de tanta crueldad.
La Comisión se compone de los siguientes miembros:
José Antonio Martín Pallín. Presidente de la Comisión. Magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Fernando Flores Giménez. Redactor del informe. Profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad.
María Victoria Zunzunegui Pastor. Doctora en epidemiología por la Universidad de California. Profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal.
Fernando Lamata Cotanda. Médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad. Ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias.
Anna Freixas Farré. Escritora. Profesora jubilada de la Universidad de Córdoba.
Cristina Monge Lasierra. Socióloga, Politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza.
Eduardo Ranz Alonso. Abogado y profesor de la Universidad Carlos III. Especialista en memoria histórica.
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