Estoy hasta los mismísimos de servir al Rey

En unos momentos en que la sanidad pública está siendo desmantelada por las políticas llevadas a cabo por una banda de desaprensivos, el Rey Juan Carlos I ha demostrado que no se fía de los hospitales madrileños gestionados por el tándem Aguirre/González. Como Jefe del Estado, entre sus obligaciones se encuentra la de dar ejemplo ingresando en un hospital público para ser operado de sus dolencias. Tiene un problema de cadera, pero lo que es cierto es que ya sabemos de qué pie cojea al preferir la sanidad privada.

En las postrimerías del franquismo, y designado ya por el dictador un sucesor "a título de Rey", algunos soldados conscriptos del servicio militar obligatorio, hastiados de vegetar inutilmente en los patios de los cuarteles, solíamos entonar, llevados más por el hartazgo que por espíritu de sedición, ciertas cancioncillas burlescas. Jolgorio que duraba hasta que los alarmados sargentos acudían prestos a sofocar el conato sedicioso. Una de ellas, utilizaba los compases de la canción infantil Quisiera ser tan alta como la luna, con una lírica adaptada a las circunstancias: Estoy hasta los huevos de servir al Rey / Ay, ay / de servir al Rey/ de servir al Rey.

La Transición política a la democracia, —más transacción entre las élites que transición— fue aceptada por el pueblo español de aquella época como mal menor. Con ella, la forma monárquica se consolidó constitucionalmente. Y durante décadas, la propaganda oficial, las conveniencias de los partidos políticos y cierta babosería periodística mantuvieron la imagen de cartón piedra de esta familia real llamada, por sus funciones, a comportarse de manera ejemplar. 

Ejemplaridad que, sobre todo, a partir del episodio de Botswana, se ha puesto de relieve que es una virtud que escasea en la institución que sirve para mantener un Jefe del Estado no elegido por el pueblo. Tanto por parte del cabeza de familia como por sus vástagos.

Ahora, el anciano monarca, como le definen en intimidad, se nos ha vuelto a poner malo al sufrir una recaída de una de sus dolencias. Le compadezco y en lo personal le deseo una recuperación tan pronta como cercano me gustaría ver el fin de este desastre democrático que es la monarquía española. Y convertir nuestro sistema político en una república como forma de higiene democrática. 

Dentro de la obligada atención que el Estado debe prestar a todo ciudadano enfermo, la máxima autoridad debería haber sido atendida por los servicios públicos de salud. Los españoles, en general, confiamos en la calidad profesional de estos servicios. Y soportamos con estoicismo la masificación, las listas de espera para ser atendidos en las consultas de especialidades o ser intervenidos quirúrgicamente. 

Por tanto, habría sido esperable que en estos tiempos de crisis y ataques al Estado del Bienestar, el Jefe del Estado español hubiera dado ejemplo ingresando en un hospital público para operarse de su dolencia. Es lógico que el Rey posea información privilegiada sobre la desastrosa gestión de la sanidad pública madrileña efectuada por el tándem Aguirre/González y no se fíe de ella. Pero su obligación como Jefe del Estado es conducirse de una manera ejemplar.

Pero Juan Carlos I de Borbón rechazó ser operado de su infección de cadera en el hospital público La Paz, uno de los complejos sanitarios de referencia en toda España en el campo de la cirugía ortopédica. Al parecer, el monarca fue disuadido por su círculo de allegados de que la intervención quirúrgica no se llevara a cabo en EEUU, como él pretendía, pero se negó en rotundo a ser ingresado en La Paz, según informa El Confidencial.

Intrépido esquiador, avezado patrón de barco, dudoso cazador, educado en el espíritu del valor en las academias castrenses, Juan Carlos I de Borbón tuvo miedo de ser operado en La Paz. Al parecer, porque fue en ese hospital donde agonizó, en noviembre de 1975, Francisco Franco. ¿Temía que se le apareciera el espectro del dictador que le nombró sucesor a título de Rey?

Finalmente, como es conocido, la intervención se practicó en la clínica privada Quirón, donde ya fue ingresado en abril de 2012 su nieto, Felipe Juan Froilán, tras dispararse accidentalmente en un pie con una escopeta de caza cuando realizaba prácticas de tiro con su padre, Jaime de Marichalar, en Soria. Desde luego, no pasa un día sin que nos enteremos de alguna nueva falta de ejemplaridad por parte de los miembros de esta familia. Por ejemplo, de que La Caixa subió el sueldo a la infanta Cristina de Borbón casi un 200% durante la última década, en plena crisis económica y de recortes salariales. La entidad pagó en 2004 a la hija menor del Rey un salario de 83.000 euros brutos anuales, y este año su retribución como directora del Área Social de la Fundación La Caixa, tarea que ahora desempeña en Suiza, asciende a 238.000 euros.

El servicio militar obligatorio fue suspendido —ojo, que no abolido— en 2001 (RD 247/2001). No obstante, de lo que estoy hasta las mismísimas gónadas es de continuar sirviendo al Rey como contribuyente y como pretexto de su legitimidad. Porque este Borbón a mí no me sirve para nada. Tal vez sea el jefe de las élites políticas y empresariales que están privatizando la sanidad pública, pero de lo que estoy seguro es de que no se comporta como el Rey de todos los españoles.

 

La protección social y sus enemigos

Garantizar, mediante pensiones públicas, una vida digna al llegar a la edad en que decae el vigor biológico de las personas es uno de los grandes logros que dan sentido a la moderna existencia humana. Cuando un Gobierno, como ahora el formado por el Partido Popular, pretende destruir esa garantía, devaluando la cuantía de las pensiones, pierde toda legitimidad y debe ser combatido con todos los medios al alcance de la ciudadanía.

Junto a sus notables contribuciones a la epistemología, al filósofo vienés Karl Popper, (1902-1994) se le recuerda como uno de los más sólidos teóricos del pensamiento liberal en el siglo XX. Defensor de la sociedad abierta frente a los sistemas totalitarios, y gran crítico de toda visión política que conlleve el diseño de un mundo utópico, Popper fustigó con gran dureza las teorías de Platón y de Karl Marx. La sociedad abierta y sus enemigos, escrito durante la Segunda Guerra Mundial desde su exilio en Nueva Zelanda, es su libro más conocido. En él define el concepto de sociedad abierta como el sistema político en el cual los líderes políticos o el gobierno son reemplazados sin necesidad de violencia o derramamiento de sangre, a diferencia de las sociedades autoritarias, en las que el mecanismo de reemplazo de gobiernos es la revolución o el golpe de Estado.

     Para Popper, una sociedad abierta es aquella en la que los individuos sienten la necesidad de tomar decisiones personales; a diferencia de lo que sucede en las sociedades tribales o en las dominadas por el pensamiento mágico. Ello no es óbice para defender el humanitarismo como garante de la convivencia social. Popper aboga por huir de toda utopía y ceñir la acción política a una praxis realista. De ahí su sabio consejo: “Trabajad para la eliminación de males concretos, más que para la realización de bienes abstractos. No pretendáis establecer la felicidad por medios políticos. Tended más bien a la eliminación de las desgracias concretas. O, en términos más prácticos: luchad para la eliminación de la miseria por medios directos, por ejemplo, asegurando que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos. [...] No permitáis que vuestros sueños de un mundo maravilloso os aparten de las aspiraciones de los hombres que sufren aquí y ahora”.

    Parafraseamos en este capítulo el título del libro de Popper porque esa sensata propuesta de asegurar que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos también tiene enemigos declarados. La seguridad de poder contar con una renta durante la vejez está siendo atrozmente cuestionada en nuestros días. Y para mayor desfachatez, quienes exigen desmantelar los sistemas públicos de pensiones dicen hacerlo desde una postura “liberal”. Cuando, en realidad, hablan o escriben al dictado de los grandes poderes económicos que tratan de imponer sus criterios sin pasar por el veredicto de las urnas. O sea, violando las reglas de juego de la sociedad abierta para imponer ese diktat que entra en contradicción con la democracia y establece la dictadura de los mercados. 

El Partido Popular se presentó a las elecciones que le otorgaron la mayoría absoluta prometiendo, entre otras mentiras, que no tocaría las pensiones. Ha engañado a sus propios votantes que no deben permitir que lleve a cabo esta nueva tropelía.

      Desde hace décadas, los sistemas públicos de pensiones de jubilación vienen siendo objeto de una gran ofensiva por parte de la banca y otros sectores interesados en que su gestión pase a manos privadas. El dinero destinado a pagar a los cerca de nueve millones de pensionistas que hay en España supone una considerable masa monetaria que despierta la codicia bancaria. Este es el verdadero motivo por el que subvencionan los estudios de expertos poco escrupulosos, que no tienen el menor empacho a la hora de sembrar dudas sobre la insostenibilidad de las pensiones públicas. Aunque para ello tengan que recurrir a poner en circulación una serie de falacias. Una de ellas, la que utiliza la demografía en forma sesgada.

      Hay un dato objetivo e innegable, y es el envejecimiento actual de la población. En los países desarrollados, especialmente en Europa, la tendencia general es que nacen pocos niños, mientras que los mayores son cada vez más longevos. Esto se debe a que, gracias a las políticas del Bienestar, la población en general goza de muy buena salud, lo que se traduce en una fuerte tendencia al alza en la esperanza de vida.

     Frente a quienes presentan esa mayor longevidad como un tremendo problema, una actitud más sensata y objetiva exige celebrar esta realidad como un éxito social. En concreto, un éxito de las políticas sociales de convivencia y solidaridad europeas que han logrado que, en la primera década del siglo XXI, llegar al estado de vejez no signifique ingresar automáticamente en la miseria.
 

    Hace apenas cincuenta años, la mayoría de los trabajadores de este país no podían contar con esa seguridad económica, ya que las pensiones o eran muy escasas o, sencillamente, no existían. En la actualidad, el derecho a que todas las personas puedan contar con una pensión de jubilación, así como la universalidad de la asistencia sanitaria constituyen sendas premisas del consenso social y político de cualquier europeo contemporáneo.

    Sin embargo, como no siempre llueve a gusto de todos, un éxito social de este tipo no resulta del agrado de quienes, por oficio u vocación, se oponen a cualquier tipo de medidas destinadas a mejorar los sistemas públicos de protección social. Sacando los pies del tiesto de ese consenso social europeo, invocan valores de otra cultura que, como la estadounidense, sitúa el culto sagrado a la libertad del individuo por encima de la cohesión social.

“Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República”.

       ¡Ahí es nada! La bancarrota financiera y el derrumbe de la República. Según John K. Galbraith, ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones.

      Pese a todo, la ley fue aprobada, y como el tiempo se ha encargado de demostrar, la grandeza de los Estados Unidos de América del Norte no sufrió merma alguna por la entrada en vigor de esa medida. Al cabo de setenta años de funcionamiento del Plan Federal de Pensiones no se han cumplido los negros augurios pronunciados en aquella ocasión por los profetas a sueldo de la gran patronal. La República no sólo no se ha derrumbado, sino que ha llegado al siglo XXI convertida en una gran potencia económica y militar del planeta. Y las únicas bancarrotas financieras que han tenido lugar no han venido del lado de las pensiones, sino de la especulación bancaria e inmobiliaria.

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Texto extractado del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe, Ediciones Viejo Topo.

Y Cospedal parió 31 ratones

Mons parturibat, gemitus immanes ciens, / eratque in terris maxima expectatio. / At ille murem peperit. Hoc scriptum est tibi, / qui, magna cum minaris, extricas nihil. [Un monte estaba pariendo lanzando unos enormes gemidos, y en la tierra había una enorme expectación. Pero el monte parió un ratón. Esto ha sido escrito para ti que, aunque amenazas con grandes males, no haces nada].

En esta fábula del griego Esopo, recogida por Fedro (II, XXIV), se cuenta cómo los montes dan terribles signos de estar a punto de dar a luz, infundiendo pánico a quienes los escuchan. Sin embargo, al cabo de señales tan asombrosas, los montes paren un pequeño ratón. De ahí la expresión "el parto de los montes", que se refiere por lo tanto a aquellos acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente terminan siendo.

También  Horacio, en su Epístola a los Pisones, invoca la fábula esópica al referirse a los escritores que escriben con estilos rimbombantes o prometen más de lo que realmente son capaces de ofrecer:

Nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim: / 'Fortunam Priami cantabo et nobile bellum'. / Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? Parturient montes, nascetur ridiculus mus. [Y no empezarás de la misma manera que en otro tiempo el que quería escribir sobre el ciclo épico: 'Cantaré la suerte de Príamo y la noble guerra de Troya'. ¿Qué cosa tan digna va a decir este prometedor con un comienzo tan grandilocuente? Los montes se pondrán de parto, y nacerá un ridículo ratoncillo]. (Ars poetica, 139)

Viene esto a cuento de las campanas al vuelo lanzadas por el Gobierno y el Partido Popular a propósito del último recuento oficial de personas desempleadas. Doña Cospedal de la Jerigonza, de profesión sus diferidos, volvió a aparecer en escena con su natural gracejo para anunciar a bombo y platillo, un día antes de su publicación oficial, que el paro registrado de agosto sería el mejor de la serie histórica desde el año 2000.

 


Una vez conocido el dato oficial, nos enteramos de la realidad: en un país con cerca de seis millones de personas en paro (5.977.500 según EPA del mes de julio) las políticas del Gobierno se reflejan en la creación de ¡¡¡31 empleos netos!!!! 

Aparte de insignificante, los analistas consideran que no es más que una cifra estadística, una diferencia producida en el recuento que obedece al descenso de 9.220 personas en el colectivo de "parados sin empleo anterior". O sea, los que, desesperados por la situación, han optado por el exilio laboral. El otro dato estremecedor es que las bajas en la Seguridad Social alcanzan casi las 100.000. Cifras de destrucción de empleo, fuertemente estacionales, de las que poco hay que presumir.

Más allá de dejar constancia de esta sandez cospedaliana, no voy a perder el tiempo enredándome en el discurso del absurdo. Cultivo el principio: jamás discutas con un imbécil, pues la gente podría no advertir la diferencia. Resulta más entretenido "releer" a los clásicos, como Félix María Serafín Sánchez de Samaniego Zabala Samaniego, que también reinterpretó la fábula esópica:

Con varios ademanes horrorosos
Los montes de parir dieron señales;
Consintieron los hombres temerosos
Ver nacer los abortos más fatales.
Después que con bramidos espantosos
Infundieron pavor a los mortales,
Estos montes, que al mundo estremecieron,
Un ratoncillo fue lo que parieron.

Hay autores que en voces misteriosas
Estilo fanfarrón y campanudo
Nos anuncian ideas portentosas;
Pero suele a menudo
Ser el gran parto de su pensamiento,
Después de tanto ruido sólo viento.

Fin de la cita.

Denuncio que el Ministerio de Empleo niega protección al 38% de los desempleados

En materia de empleo, al Gobierno del PP no se le ha ocurrido mejor cosa que animar a la población a desempeñar el dudoso oficio de chivato. Una pedagogía política absolutamente negativa. Pues, cuando un ciudadano considera que tiene la obligación de denunciar algún tipo de infracción legal, debe hacerlo acudiendo ante un juzgado o una comisaría, con la cara descubierta y mostrando el DNI. Denunciar escondido bajo el anonimato es de cobardes o delincuentes.  

 

Vaya por delante que en este cuaderno no se defiende el fraude, ya sea éste moral, ético o político. Pero el actual Gobierno, con su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza, no tiene la menor legitimidad moral o política para pedir que los ciudadanos, amparados en el anonimato, denuncien los fraudes en materia laboral de los que tengan conocimiento. Y mucho menos si se refieren a fraudes en la percepción de las cada vez más exiguas prestaciones por contingencia de desempleo. 

Es lo que acaba de hacer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al invitar a la población a practicar el chivatazo ciudadano, entrando en la página web del Ministerio y rellenando un formulario de forma anónima. Cualquier persona que conozca incumplimientos de la normativa, ya sea laboral, de Seguridad Social o de prevención de riesgos, a informar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sin necesidad de aportar ningún dato personal, según defiende la ministra.

Este Gobierno no tiene legitimidad para pedir esa colaboración ciudadana porque ha incumplido todas sus promesas en materia social. No tiene legitimidad porque ha cometido un atentado contra la moral pública promulgando una indecente amnistía a los delincuentes fiscales. No tiene legitimidad porque sus miembros pertenecen a una formación política, el Partido Popular, que ha amparado a un tesorero apodado Luis el cabrón, de apellido Bárcenas, reconocido evasor fiscal, actualmente en prisión por orden judicial. A este demonio familiar, el Partido Popular le ha recompensado con un suculento salario pagado, según la balbuceante declaración de Cospedal, utilizando una modalidad absolutamente fraudulenta: la simulación de contrato en diferido.

Además, estoy harto de que continuamente me hagan ofertas para trabajar sin cobrar: desde el becariato indefinido hasta los autoservicios (gasolineras, grandes superficies y cajeros automáticos). Harto de que apelen a mi conciencia ecológica para que sea un ciudadano ejemplar y trabaje clasificando mis residuos urbanos no en beneficio del medio ambiente, sino de los fabricantes de envases. Y puesto que pago una tasa municipal de basuras, como ya tengo dicho, si pago no separo. ¿Acaso no estamos en una economía de mercado?

Por si fuera poco, pretende ahora este Gobierno que desempeñe el dudoso oficio de chivato, también sin cobrar por ello. Pues no, cuando un ciudadano considera que tiene la obligación de denunciar algún tipo de infracción legal acude ante un juzgado o una comisaría, con la cara descubierta y mostrando el DNI. Salvo en contadísimos casos que implican riesgo grave para el denunciante, caso de las mujeres maltratadas, denunciar escondido bajo el anonimato es de cobardes o delincuentes.

Además ¿quién podría sentirse moralmente legitimado para denunciar a una persona desempleada que intentara buscarse la vida para complementar los 426 € del subsidio con algún trabajillo irregular? ¿Quién puede sostener que con esa cantidad se puede vivir? Si algo debo denunciar, y lo hago públicamente, es la baja catadura moral, el cinismo y la sinvergonzonería de los dirigentes del Partido Popular que durante muchos años se lo están "llevando crudo". Complementando las retribuciones que recibían del Congreso o del Senado con sobresueldos que, para esquivar el régimen de incompatibilidades de las Cámaras, preciben en concepto de "gastos de representación". Y no estamos hablando de cuatro duros. Según la contabilidad de Bárcenas, Javier Arenas recibió en dos décadas 1,1 millones de euros del partido; Álvarez Cascos casi 600.000 y la inefable Cospedal 478.000. 

De todas formas, ya que el buzón está creado, podemos darle una utilización práctica. Saturándolo con denuncias del propio Gobierno que fomenta la pauperización de la sociedad. Un ejemplo para rellenar el formulario:

Ministerio de la Precarización del Empleo

       Agustín de Betancourt, 4.
        28071, Madrid

Bombeo de rentas del trabajo hacia el capital

Los cambios legales introducidos por el Gobierno del Partido Popular han degradado el sistema de protección al desempleo hasta el punto de que la proporción de parados que reciben algún tipo de ayuda y prestación ha caído hasta el 62%. Esto significa un fraude  político y moral en toda regla. Ya que el Artículo 41 de la Constitución Española dispone que:

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Y el sistema automático registrará la denuncia

Boicot CEOE: yes, we can

Las protestas ciudadanas se dirigen contra los brazos políticos del capital, pero los ‘protestatarios' siguen alimentando a los promotores del golpe, comprando sus productos o guardando el dinero en sus bancos. En el mercado, como ciudadanos no tenemos ningún poder, pero como consumidores tenemos un enorme poder si aprendemos a usarlo. Si nos lo proponemos en serio, a través del boicot a los productos y servicios de empresas pertenecientes a CEOE haremos doblar la cerviz a ese puñado de estafadores económicos y políticos que piensan que pueden poner de rodillas a todo un pueblo

En el anterior artículo escribí una reflexión que llevaba tiempo dándome vueltas en el magín. Sobre todo, cada vez que oigo echar mano del patrioterismo tópico para pedir que consumamos productos españoles. Entonces, no puedo evitar la imagen de los dirigentes de la gran patronal CEOE, desde el delincuente convicto Díaz Ferrán hasta su sucesor Juan Rosell, defendiendo los recortes de salarios, condiciones laborales, pensiones, etc. La reflexión me llevaba a plantear la pregunta:

¿Acaso no deberíamos, los consumidores/trabajadores, declarar el boicot a los productos de las empresas adscritas a esta organización patronal? Más que nada, para no tener que lamentarnos por ser cornudos y apaleados. 

El trasfondo de la crisis es un golpe de estado del gran capital sobre la democracia. Las protestas ciudadanas se dirigen contra los brazos políticos del capital, pero los ‘protestatarios' siguen alimentando a los promotores del golpe, comprando sus productos o guardando el dinero en sus bancos. Dado que nuestros presuntos representantes, los grandes partidos políticos han renunciado a controlar el mercado, como ciudadanos no tenemos ninguna influencia. Pero en el juego económico, como consumidores tenemos un poder que puede ser enorme cuando aprendamos a encauzarlo. Si nos lo proponemos en serio, la población civil puede doblar la cerviz de ese puñado de estafadores económicos y políticos que se han creído que pueden poner de rodillas a todo un pueblo.

Para mi sorpresa, el primer día de su publicación, el artículo fue visto 5.926 veces, y en días sucesivos alcanzó un total de 8.500 lecturas. Algo de todo punto inusual en esta modesta bitácora. Asimismo, hubo numerosos comentarios al artículo, tanto aquí como en menéame.net. Todo ello podría ser indicativo de una tendencia: la gente está harta de medias tintas, sesudas interpretaciones de la crisis y melifluas protestas. Y quiere pasar a la acción con ideas como las surgidas al calor del interesante debate. Que es justo compartir aquí:



Plantear un boicot contra CEOE no es utópico

Utopía, (Del griego oú, no, y tópos, lugar; ‘lugar que no existe') es el plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. El lenguaje vulgar identifica el concepto de utopía con el de proyecto irrealizable, lo que es inexacto. Los grandes avances de la ciencia han partido de la intuición utópica de una realidad diferente. 

Existen suficientes ejemplos históricos de boicots llevados contra Gobiernos o grandes corporaciones. Un boicot contra las empresas de la CEOE no es utópico. Descartarlo de entrada alimenta la profecía autocumplida. Es una actitud similar a la de aquel que no va a votar aduciendo que "no sirve para nada" y con su abstención permite, que se mantenga un sistema que no le gusta.

El trasfondo de la crisis es un golpe de estado sobre la democracia. Las protestas ciudadanas se dirigen contra los brazos políticos del capital, pero los ‘protestatarios' siguen alimentando a los promotores del golpe, comprando sus productos o guardando el dinero en sus bancos. En el mercado, como ciudadanos no tenemos ningún poder, pero como consumidores tenemos un enorme poder si aprendemos a usarlo. Si nos lo proponemos en serio, haremos doblar la cerviz a los que se han creído que un puñado de estafadores económicos y políticos pueden poner de rodillas a todo un pueblo.


No se perjudicaría al empleo

El empleo, el gran totem en base al cual se cierra la puerta a cualquier iniciativa. Pero ¿qué empleo? Es difícil hablar de empleos productivos cuando la mayor parte de productos fabricados proceden de China y otros talleres asiáticos. Muchas de las empresas de CEOE sólo actúan como distribuidores de las mercancías, obteniendo su beneficio aumentando su precio de venta.

La Agencia Tributaria acaba de revelar la verdadera realidad del mercado laboral español. Casi 7,5 millones de trabajadores, en concreto, 7.454.224 contribuyentes, declararon en 2011 unos ingresos inferiores a 1.000 euros al mes. Lo singular no es sólo el número -prácticamente el 40% de los 19,4 millones de declarantes del impuesto sobre la renta-, sino, sobre todo, su evolución. A medida que ha avanzado la crisis, el número de contribuyentes que ni siquiera ha logrado alcanzar la condición de ‘mileurista' ha ido en aumento. Hasta el extremo de que hoy hay algo más de 400.000 declarantes más que en 2008 en esas circunstancias, al comienzo del desplome de la economía española. Estos datos reflejan que la llamada ‘devaluación interna' (bajada de salarios) está funcionando si se comparan las cifras con las de ejercicios anteriores.


Plantea una dificultad seria


Que no sea un proyecto utópico no significa que la propuesta no revista gran dificultad. Un boicot generalizado a todas las empresas integradas en la CEOE no es sencillo, ya que son muchas las pequeñas empresas adscritas a organizaciones empresariales locales que, a su vez, se integran en la principal. Por ejemplo, CEPYME está integrada por 105 organizaciones empresariales territoriales y sectoriales, y a su vez es miembro de CEOE. Pero, a la hora de la verdad, CEOE sólo representa los intereses de un reducido grupo de grandes empresas que son las que realmente mueven mucho dinero. 

Tampoco es cosa de perjudicar al frutero del barrio. Se podría empezar boicoteando las empresas directamente ligadas a Juan Rosell: plásticos Congost y Tecnitoys (Scalextric). Aparte de otras donde tiene intereses directos: Enher, Endesa, Uniland, Siemens, Applus, Aguas de Barcelona,CaixaBank y Gas Natural. Como apunta un comentarista: "No nos vamos a quedar ciegos para dejarlo tuerto (gas, por ejemplo) pero podemos cambiar la comercializadora y el banco".

No sólo al presidente, podemos ampliar el boicot a las empresas de otros miembros destacados de CEOE: Arturo Fernández, Joan Gaspart, Rafael Ferrando, Pilar González de Frutos, Juan Lazcano, Jesús Serafín, Jesús Ferrer, Jesús Morte, Juan Pablo Lázaro, José Miguel Guerrero


Una alternativa viable 

Podría consistir en favorecer con nuestras compras a aquellas empresas que demuestren mayor solidaridad social empresarial. En línea con las campañas llevadas a cabo por las iniciativas de protección del comercio justo o  ropa limpia, podría crearse un etiquetado de productos que reflejen el grado de compromiso social de las actividades empresariales. Mientras tanto, todas aquellas pequeñas empresas que no comulgan con la politica antisocial propugnada por la cúpula de la gran patronal, podrían ir integrando un listado similar al propuesto en su día por Greenpeace para los productos libres de transgénicos. En este caso, los pequeños negocios podrían tomar ejemplo de esta iniciativa concreta, y publicar en sus anuncios o páginas web una declaración de limpieza social:

                     Esta empresa no  pertenece a CEOE:
 




Epílogo

Por lo pronto, este escribidor, conforme a su declarada tendencia a echarse al monte, se dispone a huir del tórrido verano peninsular partiendo hacia los Alpes. El capitalismo no se verá perjudicado en mi viaje, pues compraré provisiones y pagaré alojamiento y combustible. Sólo que lo haré a otros empresarios menos cutres que los celtíberos. El salario mínimo en Francia es de 1.430,22 €. Más del doble que el raquítico SMI español que la CEOE pretende suprimir. Y les aseguro, por propia experiencia, que los alimentos básicos cuestan exactamente igual en un hiper francés que español. Recuerden el proverbio africano:
 
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre

#boicotceoe y buen verano a las personas de buena voluntad y mejor juicio que honran este blog con su visita.

¿Deberíamos declarar el boicot a los productos de las empresas adscritas a CEOE?

A tenor de la continua labor de zapa realizada por la patronal CEOE, defensora del recorte de nuestros salarios y condiciones laborales, los consumidores/trabajadores tal vez deberíamos declarar el boicot a los productos de las empresas adscritas a esta organización patronal. Para no tener que lamentarnos por ser cornudos y apaleados, la postura lógica sería rechazar todo producto made in Spain que no llevase la etiqueta de garantía social: esta empresa no pertenece a CEOE

Un boicot es el castigo o coerción aplicado sobre un individuo, empresa, administración pública o país con ánimo de infligir un quebranto pecuniario o moral mediante sistemático rechazo de relaciones sociales o comerciales.

El primero en sufrir los efectos de este tipo de acción fue Charles Cunningham Boycott, un administrador de tierras inglés que extorsionaba a los campesinos de Irlanda con bajos jornales. En 1880, Charles Parnell, líder de los autonomistas irlandeses, instó a los trabajadores a expresar su protesta sin recurrir a la violencia. Boycott fue sometido a un completo aislamiento hasta que cedió en sus métodos. El periodista norteamericano Redpath, que seguía de cerca las protestas, tomó el nombre del administrador para denominar la que, a la sazón, era un novedosa forma de acción directa.

La eficacia del boicot se puso de manifiesto al ser adoptada por Gandhi, quien daba ejemplo hilando en su propia rueca, para mostrar al movimiento independentista de la India la forma en que podían ser boicoteadas sin violencia las fábricas textiles británicas. Más recientemente, diversos movimientos civiles han promovido iniciativas de boicot a la compra de productos de determinadas empresas. Entre ellas Shell, por su decisión de hundir una plataforma petrolífera en el mar del Norte; Nestlé, por la venta de sucedáneos de la leche materna en el tercer mundo; Burguer King, por la deforestación de América Central propiciada por la extensión de las granjas de cría del ganado cuya carne acaba convertida en hamburguesas; Solvay, por la fabricación de envases del peligroso PVC; Nike, Reebok, Adidas y Fila, por las degradantes condiciones laborales que rigen en las fábricas asiáticas que producen para estas marcas, en las que trabajan niños por un jornal de miseria.

¿Deberíamos también los consumidores/trabajadores de España declarar el boicot a los productos fabricados por los empresarios que han recortado nuestros salarios y condiciones laborales?

Aquí, los empresarios se quejan de la falta de consumo interno debido a la crisis económica. Esto es no entender la imposibilidad de estar a la vez repicando y en el coro. Reducir salarios y aumentar el consumo es la cuadratura del círculo. Pero la gran patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no deja escapar la oportunidad de echar al vuelo las campanas de sus proclamas neoliberales. 

Ya en 2009, anunciando su intención de aprovechar la crisis para someter a los trabajadores, CEOE proponía reducir las prestaciones por desempleo y su duración para "no trasladar a la gente el mensaje de tomárselo con calma", ya que ello puede "condenar a un paro perpetuo", según la patronal. Eran los tiempos en que presidía CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que propugnaba una maravillosa fórmula de progreso: "trabajar más y cobrar menos". Se refería, por supuesto, a los demás.

George Grosz:

Ferrán, que prosperaba en los negocios gracias a los favores políticos recibidos del Partido Popular madrileño liderado por Esperanza Aguirre, resultó ser un tipo poco recomendable como empresario, como demuestran sus estrepitosos fracasos en la gestión de empresas (Air Comet, Aerolíneas Argentinas, Viajes Marsans). Para colmo, además de tener deudas con Hacienda, con la Seguridad Social y Cajamadrid, no dudó en dejar de pagar los sueldos a los trabajadores de sus empresas en crisis. Hoy está en la cárcel.

Ahora, es el Gobierno del PP el encargado de efectuar la tarea destructiva de la cohesión social aplicando el programa de CEOE. Incansable, la patronal reclama más demoliciones del edificio: su responsable de relaciones laborales, José de la Cavada, ha criticado los cuatro días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga por defunción de un familiar de primer grado cuando es necesario pernoctar. De la Cavada ha asegurado que el Estatuto de los Trabajadores "se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción que, evidentemente con los vehículos que hay ahora, se trata de horas de desplazamiento, o a veces de una hora".

Este José de la Cavada es también el autor de la genial idea de crear un nuevo "contrato de inserción" para jóvenes menores de 30 años, con una duración de entre seis meses prorrogable a un año, sin indemnización por despido y exento de cotización a la Seguridad Social. Y por supuesto, con una remuneración por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Tan indecente proposición es una muestra más de que la gran polvareda levantada sobre las pensiones públicas oculta, en realidad, intereses privados inconfesables. Si los jóvenes trabajan sin cotizar será una perfecta vía para arruinar el sistema público de pensiones. Fomentando de paso la precariedad futura de quienes no tengan cotizado un período suficiente para generar derecho a recibir pensión.

El actual presidente de CEOE, Juan Rosell, acaba de afirmar que la reforma de pensiones firmada entre el Gobierno y los agentes sociales en el año 2011 es insuficiente para garantizar el futuro del sistema. Rosell señaló que cuando se firmó esa reforma "creímos que sería suficiente, pero nos equivocamos".
          
A ustedes no sé, pero a mí hace tiempo que se me quitaron las ganas de consumir productos españoles. En la medida en que ello me sea posible, volveré a hacerlo exclusivamente con aquellos que lleven la etiqueta: "esta empresa no pertenece a CEOE".

Subsidio por desempleo: si algo puede ir mal, con este Gobierno saldrá mal

   
La más o menos apócrifa ley de Murphy postula que "Si algo puede salir mal, saldrá mal". En materia social, esta ley puede reformularse así: "Si el Estado del Bienestar puede ir mal, con un Gobierno de derechas irá mal". 

Del fatalismo a la evidencia que comprueban los millones de electores que dieron su voto al Partido Popular y hoy asisten horrorizados al infierno ("allí será el llorar y el crujir de dientes") en que se ha convertido España. Cada paso que dan los ministros del Gobierno presidido por Rajoy aumentan la pauperización de la sociedad. Ahora, el ministerio de Empleo ha ordenado que se retire automáticamente el subsidio de paro a los mayores de 55 años al llegar a los 61 años.

El subsidio por desempleo para mayores de 52 años estaba concebido como una prestación de último recurso para las personas que se han quedado sin posibilidades de reengancharse al mercado laboral al final de su carrera. La última red de protección social para desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. 

El pasado verano, el Gobierno de Rajoy ya endureció el acceso a este subsidio, aumentando la edad mínima para percibirlo, de 52 a 55 años. Recientemente, endureció las condiciones para acceder a esta prestación. En concreto, excluyendo a las personas en paro cuyo núcleo familiar (cónyuge e hijos menores de 26 años) obtenga unos ingresos cuya suma, dividida por el número de miembros de ese núcleo, arroje un cociente superior a 483,98 euros. Esto significa que una persona que tenga la desgracia de quedarse en paro a los 55 años y tenga un cónyuge con un empleo mileurista se verá privada del acceso al subsidio. 

Ahora, la insoportable obscenidad política del Partido Popular ha dado un paso más. El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ha dado orden de que, a partir de ahora, el subsidio para parados mayores de 55 años se deje de cobrar cuando el perceptor llegue a los 61 años de edad. Es la forma que tiene de interpretar el decreto del Gobierno que obliga a los perceptores de esta ayuda a jubilarse en cuanto puedan. La edad más temprana de jubilación anticipada es precisamente de 61 años, pero no todo el mundo cumple los requisitos para retirarse a esa edad, así que la orden del ministerio puede dejar a perceptores de este subsidio sin ayuda y sin jubilación.

La instrucción del SPEE dice que la edad de jubilación temprana a la que se obligará a retirarse a los perceptores de este subsidio será "la que figure en el certificado emitido por el INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social], en los casos en que esta fecha conste". Pero a continuación pasa a admitir que "esta edad de acceso a la jubilación no puede ser determinada en la mayoría de los casos", para terminar dando con una solución que corta por lo sano: si no se puede determinar la fecha de jubilación temprana que al sujeto en cuestión le correspondería por la carrera que ha hecho "se pondrá como fecha final del derecho aquella en la que el trabajador cumpla la edad de 61 años".

Pero para poder retirarse a los 61 años de edad hay que tener 33 años cotizados, así que cabe la posibilidad de que haya gente a la que se retire automáticamente el subsidio y a la vez no pueda acceder a la jubilación. Estas personas quedarían en una suerte de tierra de nadie, y tendrían que hacer las pertinentes gestiones ante el INSS para demostrar que tienen derecho a seguir percibiendo el subsidio hasta que lleguen a la edad a la que puedan jubilarse. 

¿Han escuchado ustedes alguna mínima denuncia por parte de los partidos de la oposición contra esta nueva injusticia? Los sindicatos se han limitado a emitir algún comunicado de protesta. Y aquí acaba todo. Mientras tanto, alrededor de 500.000 personas mayores recorrerán el último tramo de su vida laboral recorriendo el camino que los conduce al infierno de la pobreza. Salvo que decidan, de una vez por todas, dejar de vivir en la resignación y rebelarse abiertamente contra el Orden Establecido.

Otrosí digo que, dado que ningún medio de comunicación va a hacer publicidad de esta obra, aprovecho la coyuntura para informarles de que ya está en ciertas librerías, al menos en Traficantes de Sueños, este pequeño breviario sobre Desobediencia Civil que puede contribuir a aclararles las ideas.