Los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades desvían a las personas necesitadas hacia Cáritas

Corresponde al Gobierno de la nación actuar, como representante último del Estado, para recuperar de manera automática las competencias transferidas a las Administraciones Autonómicas cuando éstas incumplan su cometido. Y es obvio que algo va mal, rematada y perversamente mal, en el Estado de Bienestar español, cuando los servicios públicos de asistencia social desvían a miles de ciudadanos en situación de necesidad hacia Cáritas.

Cáritas es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal. Creada en 1947, Cáritas tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como civil. Entre sus objetivos fundacionales destacan “la ayuda a la promoción humana y al desarrollo integral de la dignidad de todas las personas que se encuentran en situación de precariedad”.

Se podrá estar o no de acuerdo con las muy controvertidas actuaciones de la Iglesia católica, pero existe unanimidad a la hora de reconocer el buen hacer asistencial de Cáritas. Pero esta organización actúa movida por su fe cristiana, pero no forma parte de la estructura pública de protección social que el Estado está obligado constitucionalmente a prestar para que no existan situaciones de pobreza dentro de su jurisdicción.

"Cáritas tiene el compromiso de fe para atender a estas personas, pero quienes tienen la obligación son las administraciones públicas, que son quienes administran nuestros impuestos", afirma el secretario general de Cáritas, Silverio Agea. El 52% de las personas que atiende Cáritas han sido derivados desde los ayuntamientos.

Según informa Juan G. Bedoya, en El País, buena parte de las personas atendidas por las organizaciones católicas de caridad acudieron antes a los servicios sociales públicos, sin resultado alguno. Pero lo más indignante es que, cada vez con mayor frecuencia, son estos servicios públicos quienes, desbordados o sin presupuesto, envían a esas personas a las ONG, para que les atiendan.

En España, la responsabilidad de atender a las personas en situación de pobreza ha sido transferida a las Administraciones Autonómicas. Son sus servicios sociales los que tramitan ayudas como la renta social básica. Pero ahora mismo los servicios públicos están saturados, y tardan meses -un mínimo de dos, a veces más de cinco meses- en tramitar esas ayudas.

En la Comunidad de Madrid, una de las más ricas de Espña, la tramitación de las ayudas de renta mínima de inserción se demora muchas veces entre cuatro y diez meses. Mientras tanto, una persona en situación “de emergencia social”, debe poder comer, pagar el alquiler de la vivienda, etc. Y no le queda entonces otro remedio que acudir a los servicios de Cáritas. Que como es lógico también se están viendo desbordados.