viernes, 19 de noviembre de 2010

¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe

Algo falla en la lógica del argumento demográfico con el que banqueros, políticos, altos funcionarios, grandes patronos y otros agoreros atentos a la voz de su amo, pronostican la quiebra del sistema público de pensiones en 2040. ¿Por qué solo ven problema en las pensiones? Ante la hipótesis de un acusado envejecimiento de la población en 2040, el pago de pensiones sería un problema secundario frente al colapso generalizado que originaría la escasez de trabajadores jóvenes. No se podrían atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Ni cubrir la plantilla de los cuerpos militares y policiales encargados del orden público y la defensa nacional. ¿Quién trabajaría en la agricultura, la industria, el comercio y los medios de transporte?

Portada del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe. Ediciones Viejo Topo.


¿Será posible mantener la red estatal de carreteras en 2040? Nadie parece preocuparse hoy por esa cuestión, de crucial importancia en la actividad de un país. Sin embargo, agoreros de distinto signo, pelaje y condición insisten en anunciar para esa fecha el colapso del sistema público de pensiones.

Según los apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandosmacroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas. Haciendo caso omiso del resto de indicadores.

Porque si, tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2040, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados. Es más, al estrecharse la franja de población activa contribuyente, será difícil acudir con fondos públicos al salvamento de bancos en quiebra, como acaban de hacer los Estados. Por lo que, en 2040, las entidades financieras que incurran en manejos delicuenciales de la misma índole que los usados para desencadenar la actual crisis quedarán a merced del libre juego del mercado.

Y esto no es lo más grave. Si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.

Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.

Si los servicios de estudios económicos pagados por la banca no temen que se interrumpa el funcionamiento del sistema productivo en 2040 es porque, mientras nos intentan colar el cuento de la buena pipa, de puertas adentro hacen otras cuentas. Balances que integran el valor de los incrementos de productividad proporcionados por el continuo avance tecnológico. De hecho, el censo de población empleada disminuye no sólo por causas demográficas. Gran parte del desempleo estructural procede de sustituir mano de obra por dispositivos mecánicos electrónicos. Por ejemplo, los cajeros automáticos de las oficinas bancarias.

Lo malo es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Frente a esto, otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.

Estos curiosos convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.

A raíz de la penúltima crisis del capitalismo que estamos viviendo, los gobiernos han movilizado ingentes cantidades de dinero del contribuyente para acudir en socorro de los bancos en apuros. Y para colmo de males, con el fin de calmar el pánico inversor (temeroso caballero es Don Dinero) y evitar que cayeran las bolsas de valores, el Gobierno de España ha decretado severos recortes en la paga de los pensionistas.

Los bancos siguen ganando dinero a espuertas porque los ciudadanos soportamos a diario un impuesto en la sombra al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago con tarjeta de la cesta de la compra en el supermercado.

Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera. Para prevenir la crisis de las pensiones, que presuntamente ocurrirá en 2040, nada mejor que obligar a la banca, aquí y ahora, a pagar lo que debe.

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que despertaría violentas respuestas. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.


martes, 16 de noviembre de 2010

Marruecos, un Gobierno que te hiela el alma

Marruecos, un país que engrandece el alma. Así reza la leyenda de los carteles con los que nuestro vecino del sur promociona el turismo. Y ciertamente, el territorio magrebí alberga regiones de gran belleza que despiertan intensas emociones en el viajero que cursa su periplo sin prisas. Pero este hermoso país está regido por el totalitario régimen de El-Makhzen, encabezado por el actual monarca alauita Mohamed VI. Que acaba de ofrecer una muestra de su peor cara desmantelando a sangre y a fuego el campamento saharaui enclavado en las cercanías de El Aaiún.
Con su crueldad, el régimen marroquí acaba de helar el alma de la población del Sáhara Occidental con la que los españoles tenemos contraída una deuda moral.


Me precio de conocer Marruecos, país que he visitado en siete u ocho ocasiones, no recuerdo bien. La primera vez, a principios de los años 70 del siglo pasado, cuando tras una noche en tren, llegué a Marrakesch al amanecer y quedé sobrecogido por la vívida luz del sol africano que despertaba el rojo en los muros de tapial de la ciudad. Y subyugado por la visión del minarete de la Koutobia recortándose sobre el fondo nevado de la cordillera del Atlas, cuya máxima cumbre, el Djebel Toubkal, tuve la fortuna de ascender antes de que las agencias de trekking la convirtieran en un destino tan masificado como el de otras muchas cumbres del planeta. Años más tarde, y de nuevo en el más crudo invierno, volvería al Atlas por la poco frecuentada ruta que, subiendo por uno de los áridos valles de la vertiente sur, permite abordar desde Ameskar el Fougani la cumbre del Ighil M Goum.

También en invierno he cruzado los bosques de cedros por la ruta de Azrou para llegar hasta las puertas del desierto, allí donde las ruinas de la legendaria Sijilmassa abren la ruta hacia el erg Chebbi. El territorio magrebí alberga regiones de gran belleza que despiertan intensas emociones en el viajero que cursa su periplo sin prisas. Sin embargo, yo, que tantas veces he sucumbido a esas emociones, no podría ahora mismo volver a ese Marruecos cuyo Gobierno acaba de reprimir a sangre y a fuego a la población saharaui concentrada en el campamento de jaimas enclavado en los alrededores de El Aaiun.

Como ciudadano español formo parte de un país que tiene contraída una deuda moral con los habitantes del Sáhara Occidental. Un territorio en el que ejercimos un mediocre dominio en la época del colonialismo, llegándole a otorgar representación en las Cortes franquistas. Representación más bien folkórica, dado que tampoco los diputados elegidos en la metrópoli representaban gran cosa tras sus blancas chaquetas de guardarropía.

En 1974, la Organización de las Naciones Unidas instó a España a celebrar un referéndum de autodeterminación entre la población saharaui. Derecho que sería refrendado por el el Tribunal Internacional de La Haya, que declaró que no existían vinculaciones entre el territorio del Sáhara Occidental y Marruecos. En 1975, Hassan II, el padre del actual monarca alauita, lanzó sobre él territorio saharaui una operación maquiavélica: la Marcha Verde, una gigantesca caravana integrada por 300.000 civiles desarmados con la misión de cruzar la frontera y plantarse delante de las tropas españolas. Que se vieron en la difícil tesitura de elegir entre abrir fuego sobre los civiles o retirarse.

Esta jugada del alauita se produjo en un momento en que nuestro dictador doméstico, el general Francisco Franco, un criminal de guerra todavía no juzgado, agonizaba lentamente. Años antes, preocupado por dejar todo ‘atado y bien atado', el dictador había nombrado ‘sucesor a título de Rey' a Juan Carlos de Borbón, al que la nomenklatura del Régimen envió a la zona vestido con uniforme militar, para que desempeñara el triste papel de oficializar la retirada de España del Sáhara Occidental, abandonando a los saharauis a su suerte bajo la férula del déspota Hassan II. Todo un papelón.

Papelón que los gobernantes españoles vuelven a repetir ahora tras los escalofriantes sucesos ocurridos en el Aaiún. Así lo ha calificado Mariano Rajoy, líder del Partido Popular: "El papelón del Gobierno está rozando el esperpento. Ha abdicado de sus responsabilidades como presidente del Gobierno. Dice que se calla porque defiende intereses de España. No puede decir que se calla y no defender la democracia, la libertad y los derechos humanos, porque eso son también los intereses de España". Según Rajoy, "Los derechos humanos, la democracia, la libertad, las personas, las libertad de expresión e información son intereses de España, y merecemos un presidente del Gobierno que los defienda. Nosotros estaremos siempre con la legalidad y los derechos humanos."

Por una cuestión de principios y supervivencia, –nací en el seno de una clase social a la que el Partido Popular perjudicará de oficio si llega al poder– jamás votaré a Rajoy. Pero fiel a esa sentencia de Juan de Mairena de que la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero... hay que reconocer que, lo dicho por Rajoy, aunque sea producto del oportunismo, se ajusta a la realidad por lo que "un español de bien" –categoría social inventada por la derecha patria– no puede por menos que suscribir esas palabras.

Por el bien del mundo, no sólo por el bien de mi españolidad, confío en que Rajoy haya aprendido lo que son los derechos humanos. Hace años, siendo yo director de la revista de la Asociación pro Derechos Humanos de España, solicité entrevistar a José María Aznar, que ocupaba entonces el mismo cargo de líder de la oposición que desempeña ahora Rajoy. Al tratar el asunto con el jefe de prensa de Aznar, éste se quedó bastante sorprendido. "Pero eso de los derechos humanos es una cosa de izquierdas, ¿no?," –dijo textualmente. Hube de explicarle que el hecho de que, por entonces, sólo la izquierda defendiera en España la causa de los derechos humanos, no era óbice para que la derecha también pudiera incorporarse a esa defensa. Pues no en vano la Declaración de los Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, tiene carácter universal.

Nunca supe si mis argumentos convencieron a MAR (Miguel Ángel Rodríguez) o juzgó que el líder no tenía nada mejor que hacer en ese momento, pero el caso es que pude realizar la entrevista, acompañado por el entrañable Angel Moliní, excelente fotógrafo y mejor persona que ya no está en este mundo de los vivos.


Un mundo donde hay muchos lugares en los que se ejerce violencia contra la población que los habita. Podemos lamentarnos, solidarizarnos con el sufrimiento de esas gentes, aunque, por desgracia ,los medios adecuados para poner fin al sufrimiento no se encuentren a nuestro alcance. Sin embargo, en el caso del Sáhara Occidental, la vinculación de los españoles con los saharaui es tan grande que no podemos permanecer impasibles viendo cómo nuestro Gobierno intenta capear la situación haciendo alarde de torpeza.

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Amnistía Internacional: El Sáhara merece una investigación

El pasado 8 de noviembre las fuerzas de seguridad marroquíes llevaron a cabo una operación en el campamento de Gadaym Izik, cerca de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, un asentamiento informal de tiendas de campaña y viviendas improvisadas que alberga a miles de saharauis. Informes de activistas locales señalan que las fuerzas de seguridad irrumpieron en el campamento, golpeando a los residentes y usando gases lacrimógenos y cañones de agua caliente para obligarles a salir de las tiendas, que quemaron o derribaron. Lo que podría indicar un uso excesivo de la fuerza. Por su parte, fuentes gubernamentales indican que, en el desarrollo de esta operación y en los días posteriores, nueve personas, ocho de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad, perdieron la vida.

Desde el 10 de octubre de 2010, miles de saharauis han levantado un campamento en el desierto, a unos 10 o 13 kilómetros al este de la ciudad de El Aaiún, con el fin de exigir mejores oportunidades de trabajo y vivienda. Desde entonces, el ejército marroquí mantiene una fuerte presencia en torno a este campamento. Según las autoridades marroquíes, la operación era necesaria para liberar a los residentes del campamento que estaban retenidos allí contra su voluntad y que ellos sólo respondieron a la fuerte resistencia con la que fueron recibidos. En cambio, según los residentes del campo lo que hicieron las fuerzas de seguridad marroquíes fue sacar por la fuerza a miles de saharauis del campamento.

Estos hechos evidencian la necesidad de incluir un componente de vigilancia de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, el órgano de la ONU que supervisa el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991. Sin este componente la eficacia de la MINURSO se ve debilitada y no permite que se investiguen adecuadamente los abusos contra los derechos humanos.

Ante la magnitud de estos hechos y la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en Gadaym Izik, AMNISTÍA INTERNACIONAL considera necesario que las autoridades marroquíes abran de forma inmediata una investigación independiente para conocer a ciencia cierta lo que sucedió, si es precioso con la ayuda de las Naciones Unidas. De la misma manera, si se demuestra que se ha dado un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben responder de sus actos ante la justicia.

Para firmar la petición de Amnistía Internacional al gobierno de Marruecos para que investigue estos hechos entrar en:


http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sahara-investigacion-justicia/


sábado, 6 de noviembre de 2010

Impago de hipotecas: una extorsión legal


En España, la legislación permite a los bancos practicar una extorsión legal sobre sus clientes hipotecados en caso de impago. En Francia y EE UU, si una persona no puede pagar la hipoteca de su vivienda, entrega las llaves al banco y se queda en la calle. En España, la justicia desahucia al moroso a petición del banco, pero la cosa no acaba ahí. El desahuciado, sin casa, debe seguir pagando la deuda más los intereses.


En España, cuando una persona que tiene contraida una hipoteca con un banco no es capaz de seguir abonando sus letras, la entidad embarga la vivienda y la pone a subasta. Quedarse en la calle sería un mal menor comparado con la tenebrosa realidad. Pues el afectado por desahucio tiene la deuda viva si esta supera el valor del inmueble. De esta forma, el drama de una familia que ha perdido su piso adquiere tintes de verdadera tragedia personal. El desahuciado, sin casa, debe seguir pagando la deuda más los intereses. De lo contrario, el banco está legalmente facultado para retener el resto de bienes disponibles.

Los bancos son directamente responsables de esta extorsión, ya que en su momento no dudaron en inflar la burbuja inmobiliaria concediendo hipotecas sobre viviendas cuyo precio estaba sobrevalorado. Tras el pinchazo de la burbuja, el banco subasta la vivienda del moroso a un precio muy inferior al de la hipoteca, y el deshauciado debe seguir pagando la diferencia entre el precio de venta en subasta de la vivienda y el préstamo original.

Cayo Lara, Coordinador de Izquierda Unida (IU), exige al Gobierno que ataje una situación que califica de "insultante". En este sentido, una de las propuestas presentadas por esta formación política es la regulación de la dación en pago. Es decir, que si un ciudadano no puede pagar su hipoteca, entregue al banco su vivienda y con ello dé por cancelada por completo su deuda. Es una fórmula que ya existe en Francia y EEUU, y se conoce como efecto sonajero evocando la imagen de devolver las llaves de una casa.

IU avanza que haría falta retocar, por un lado, la Ley Hipotecaria, para que "sólo el bien hipotecado responda como garantía del pago del crédito concedido". Y por otro, se incluiría la dación en pago en el Código Civil como "procedimiento preferente" para liquidar los impagos de un crédito. Además, IU demanda una Ley de Endeudamiento Familiar, a fin de que las familias no puedan entramparse de forma ilimitada.

Las hipotecas están ahogando no sólo a las familias, sino también al conjunto de la economía. El fuerte nivel de endeudamiento familiar, debido en gran medida a la burbuja inmobiliaria, pesa más cuanto menores sean los ingresos de los hogares. Tras pagar la letra de la hipoteca, las familias apenas disponen de renta líquida para el consumo de otros bienes. Y así, la sombra de la recesión continúa planeando sobre una economía que, como la española, ha sido secuestrada por los banqueros.

Y mientras tanto la banca, a través de sus servicios de estudios y sus 100 economistas incluidos en la nómina de "investigadores" de Fedea, sigue reclamando una reforma a peor, del sistema público de pensiones. Por cierto, ¿saben ustedes quienes integran el Patronato de Fedea?

Josep Oliu i Creus (BANCO SABADELL) Salvador Alemany Mas (ABERTIS Infraestructuras, S.A.), Fernando Becquer Zuazua (IBERDROLA, S.A.) Felipe Benjumea Llorente (ABENGOA S.A.) Ángel Ron Güimil (BANCO POPULAR) Miguel Blesa de la Parra (CAJA MADRID), Ana Patricia Botín O'Shea (BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO), Emilio Botín Ríos (SANTANDER), Antonio Brufau Niubo (REPSOL - YPF), Santos Martínez-Conde Gutierrez-Barquin (CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.), Francisco González Rodríguez (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA), José Luis Malo de Molina Martín Montalvo (BANCO DE ESPAÑA), Javier Ramos Gascón (BOLSA DE MADRID), Luis Angel Rojo Duque (FUNDACIÓN RAMÓN ARECES), Isidro Fainé (LA CAIXA), Alejandro Beltrán de Miguel (McKinsey&Company).

Aviso: Se ruega a los viandantes presten atención a sus carteras.