Algo falla en la lógica del argumento demográfico con el que banqueros, políticos, altos funcionarios, grandes patronos y otros agoreros atentos a la voz de su amo, pronostican la quiebra del sistema público de pensiones en 2040. ¿Por qué solo ven problema en las pensiones? Ante la hipótesis de un acusado envejecimiento de la población en 2040, el pago de pensiones sería un problema secundario frente al colapso generalizado que originaría la escasez de trabajadores jóvenes. No se podrían atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Ni cubrir la plantilla de los cuerpos militares y policiales encargados del orden público y la defensa nacional. ¿Quién trabajaría en la agricultura, la industria, el comercio y los medios de transporte?
Portada del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe. Ediciones Viejo Topo.¿Será posible mantener la red estatal de carreteras en 2040? Nadie parece preocuparse hoy por esa cuestión, de crucial importancia en la actividad de un país. Sin embargo, agoreros de distinto signo, pelaje y condición insisten en anunciar para esa fecha el colapso del sistema público de pensiones.
Según los apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandosmacroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas. Haciendo caso omiso del resto de indicadores.
Porque si, tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2040, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados. Es más, al estrecharse la franja de población activa contribuyente, será difícil acudir con fondos públicos al salvamento de bancos en quiebra, como acaban de hacer los Estados. Por lo que, en 2040, las entidades financieras que incurran en manejos delicuenciales de la misma índole que los usados para desencadenar la actual crisis quedarán a merced del libre juego del mercado.
Y esto no es lo más grave. Si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.
Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.
Si los servicios de estudios económicos pagados por la banca no temen que se interrumpa el funcionamiento del sistema productivo en 2040 es porque, mientras nos intentan colar el cuento de la buena pipa, de puertas adentro hacen otras cuentas. Balances que integran el valor de los incrementos de productividad proporcionados por el continuo avance tecnológico. De hecho, el censo de población empleada disminuye no sólo por causas demográficas. Gran parte del desempleo estructural procede de sustituir mano de obra por dispositivos mecánicos electrónicos. Por ejemplo, los cajeros automáticos de las oficinas bancarias.
Lo malo es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Frente a esto, otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.
Estos curiosos convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.
A raíz de la penúltima crisis del capitalismo que estamos viviendo, los gobiernos han movilizado ingentes cantidades de dinero del contribuyente para acudir en socorro de los bancos en apuros. Y para colmo de males, con el fin de calmar el pánico inversor (temeroso caballero es Don Dinero) y evitar que cayeran las bolsas de valores, el Gobierno de España ha decretado severos recortes en la paga de los pensionistas.
Los bancos siguen ganando dinero a espuertas porque los ciudadanos soportamos a diario un impuesto en la sombra al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago con tarjeta de la cesta de la compra en el supermercado.
Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera. Para prevenir la crisis de las pensiones, que presuntamente ocurrirá en 2040, nada mejor que obligar a la banca, aquí y ahora, a pagar lo que debe.
La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que despertaría violentas respuestas. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.
Según los apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2040 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandosmacroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas. Haciendo caso omiso del resto de indicadores.
Porque si, tal como sugieren los lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2040, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados. Es más, al estrecharse la franja de población activa contribuyente, será difícil acudir con fondos públicos al salvamento de bancos en quiebra, como acaban de hacer los Estados. Por lo que, en 2040, las entidades financieras que incurran en manejos delicuenciales de la misma índole que los usados para desencadenar la actual crisis quedarán a merced del libre juego del mercado.
Y esto no es lo más grave. Si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestros, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.
Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.
Si los servicios de estudios económicos pagados por la banca no temen que se interrumpa el funcionamiento del sistema productivo en 2040 es porque, mientras nos intentan colar el cuento de la buena pipa, de puertas adentro hacen otras cuentas. Balances que integran el valor de los incrementos de productividad proporcionados por el continuo avance tecnológico. De hecho, el censo de población empleada disminuye no sólo por causas demográficas. Gran parte del desempleo estructural procede de sustituir mano de obra por dispositivos mecánicos electrónicos. Por ejemplo, los cajeros automáticos de las oficinas bancarias.
Lo malo es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Frente a esto, otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores.
Estos curiosos convencionalismos determinan una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.
A raíz de la penúltima crisis del capitalismo que estamos viviendo, los gobiernos han movilizado ingentes cantidades de dinero del contribuyente para acudir en socorro de los bancos en apuros. Y para colmo de males, con el fin de calmar el pánico inversor (temeroso caballero es Don Dinero) y evitar que cayeran las bolsas de valores, el Gobierno de España ha decretado severos recortes en la paga de los pensionistas.
Los bancos siguen ganando dinero a espuertas porque los ciudadanos soportamos a diario un impuesto en la sombra al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago con tarjeta de la cesta de la compra en el supermercado.
Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, esto es, representantes del pueblo que no hincaran la rodilla ante el poder económico, hace tiempo que habrían ajustado las cuentas a la delincuencia financiera. Para prevenir la crisis de las pensiones, que presuntamente ocurrirá en 2040, nada mejor que obligar a la banca, aquí y ahora, a pagar lo que debe.
La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que despertaría violentas respuestas. Nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa civil de las formas solidarias de convivencia.
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