La reforma de las pensiones es el resultado de la gran ofensiva política e ideológica lanzada contra este pilar básico del Estado del Bienestar por los sectores teóricamente beneficiados por la quiebra del sistema público de pensiones: los bancos y las aseguradoras. Teóricamente, porque no está claro que con la creciente precariedad laboral a todos los niveles haya mucha gente con capacidad de ahorrar para la vejez. Porque, si un sistema privado de pensiones fuese, como dice la propaganda ideológica neoliberal, más eficaz que un sistema público, la selección natural lo debería haber implantado hace siglos. Sin embargo, fue el movimiento obrero el que consiguió esa Seguridad Social que ahora se está derribando.
Ahorrar es una actitud tenida por virtuosa por los diversos códigos morales que informan el comportamiento humano. Asimismo, la naciente ética medioambiental aconseja evitar ese derroche generalizado de recursos con que las sociedades ricas del planeta están poniendo en grave riesgo al resto de los habitantes del mundo.
“Si las pensiones fueran libres, es decir, responsabilidad de cada ciudadano, la demografía no las dañaría, porque cada cual ahorraría para su pensión; y tampoco las dañarían las crisis, que quedarían disueltas en un largo período de crecimiento económico”, argumenta un predicador neoliberal.
El hecho de que una persona procure ahorrar algo de dinero con vistas a procurarse mejores condiciones de vida en su vejez no es una novedad. Ahorrar con esta finalidad lo hacían ya nuestros abuelos. Los más humildes guardaban las escasas monedas de plata que podían reunir en un calcetín, debajo de un ladrillo o en cualquier otro escondrijo seguro. Quienes tenían mayores posibilidades de reunir un pequeño capital depositaban sus ahorros en un banco.
Lo que a nadie en su sano juicio se le ocurría era denominar a eso un “plan de pensiones”, expresión que supone un abuso de lenguaje y concepto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice al respecto:
pensión. (Del lat. pensĭo, -ōnis).
Cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad.
En efecto, es el Estado, a través de la Seguridad Social, el pagador de pensiones por razón de las diversas modalidades de protección social derivada de criterios de solidaridad, justicia social o evitación de conflictos. Por el contrario, los bancos, en el mejor de los casos, se limitan a pagar intereses sobre los capitales depositados en sus cajas. Un ahorro privado nunca será una pensión, lo que no obsta para que, quienes todavía sean tan valientes —o tan ingenuos— como para confiar en los bancos, ahorren con vistas a la vejez.
¿Cuánto hay que tener ahorrado para afrontar la jubilación? Un estudio realizado por Deustsche Bank pone de manifiesto que, aunque un 45% de los trabajadores en activo no se han planteado la cuestión, la mayoría de la población estima necesario contar con un buen colchón de ahorro de cara a la jubilación, con el objetivo de poder compensar la pensión estatal que corresponda a cada uno.
En la citada encuesta, se estima que es preciso contar con unos 100 000 euros. Un patrimonio de esta cuantía nos permitiría complementar la pensión (calculando una rentabilidad anual del 4% y una esperanza de vida de 87 años en el caso de los hombres y 90 años en las mujeres) en las siguientes cantidades:
• Hombres: 457 euros mensuales
• Mujeres: 387 euros al mes
Si tenemos en cuenta la inflación —un 3% anual, por ejemplo— de aquí a 15 años se convierte en una renta equivalente de:
• Hombres: 274 euros al mes
• Mujeres: 245 euros al mes.
Rentas que no son precisamente como para tirar cohetes. Ahora bien, ¿cómo conseguimos ahorrar esos 100.000 euros?
Un buen método podría consistir en seguir las recomendaciones de las organizaciones de consumidores para que estos tiempos de crisis aprieten pero no ahoguen. Siguiendo estas normas, las familias pueden ahorrar hasta 6.000 euros al año en su economía doméstica. Esa cifra de 6.000 euros se desglosa entre los 1.500 euros que se pueden ahorrar eligiendo bien la cesta de la compra, los 560 euros del capítulo telecomunicaciones (móvil e internet), los 460 euros eliminando comisiones bancarias y tarjeta de crédito. Un capítulo importante es el de los seguros (autómovil, hogar, etc) donde el ahorro podría rondar los 2.500 euros. Así como el energético, donde racionalizando el consumo podrían ahorrarse otros 1.068 euros.
Con una lógica tal vez no impecable aunque sí implacable, el famoso torero Rafael El Gallo dejó sentado ese memorable y perogrullesco principio que reza así: Lo que no puede ser ser no puede ser, y además es imposible. Y que no habría tenido empacho en suscribir el mismísimo y Juan de Mairena. [Dicho sea esto con las debidas prevenciones a la hora de atribuir sentencias, como advierte Pierre Miró en su blog El pobrecito veedor].
Por muchas recomendaciones que reciban ¿cómo podrían ahorrar 6.000 euros al año aquellos que ni siquiera los ganan? Habría que preguntar por sus métodos de ahorro a los desempleados o empleados en precario, que malviven en España con ingresos anuales inferiores a 6.000 euros.
En 2010, sólo uno de cada cinco trabajadores españoles contaba con un plan privado de pensiones, según un informe elaborado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha). El estudio ha sido realizado a partir de los últimos datos disponibles de IRPF correspondientes a 2007 y de la Encuesta de Población Activa (EPA).
La mayor parte de los españoles que realizan más aportaciones a los planes de pensiones se corresponden con trabajadores de más de 45 años, con un empleo estable y con unos ingresos por encima de los 30.000 euros. De este modo, el 17,6% de los españoles acaparan el 65% de las ventajas fiscales de los planes de pensiones.
En concreto, el estudio revela que sólo 4,5 millones de españoles cuentan actualmente con estos productos de ahorro e inversión como complemento a la pensión pública. En total, las aportaciones a los planes de pensiones alcanzan unos 6.700 millones de euros anuales, con una media de apenas 1.500 euros por trabajador. Los técnicos de Hacienda atribuyen esta circunstancia a la escasa capacidad de ahorro de los españoles, ya que la mayoría de los que están en edad de trabajar no disfrutan de seguridad laboral ni generan los ingresos suficientes como para permitirse suscribir planes de pensiones.
Gestha argumenta que actualmente seis de cada diez asalariados, desempleados y autónomos —el análisis incluye a toda la población activa: ocupada y demandantes de empleo— perciben unos ingresos brutos inferiores a los 1.100 euros mensuales.
Pero es que, incluso quienes se pueden permitir invertir en un plan de pensiones de este tipo han tenido ocasión de comprobar su escasísima rentabilidad. Un informe elaborado por Pablo Fernández y Javier del Campo, de la escuela de negocios IESE, concluye que la rentabilidad promedio acumulada por “los planes de pensiones en los últimos 3, 5 y 10 años, fue sensiblemente inferior a la inflación y a la de los bonos del Estado a cualquier plazo”. Según este estudio, el decepcionante resultado global de los fondos se debe a las elevadas comisiones, a la composición de la cartera y a la gestión activa”. En 2009, gestoras y entidades financieras se embolsaron 1.013 millones en comisiones.
En las condiciones actuales, la inversión en un plan de pensiones privado es realmente ruinosa. Según los datos de Morningstar, la comisión media que cobran los planes de pensiones asciende al 1,43 por ciento sobre el patrimonio y, conforme a los datos de Inverco, la rentabilidad media neta de los últimos diez años de estos productos es del 1,78 por ciento, por lo que la rentabilidad bruta se quedaría en el 3,21 por ciento (la suma entre la comisión y la rentabilidad). Un ejemplo de este dudoso negocio lo encontramos en una página web especializada en inversiones:
Supongamos que una persona decide abrir un plan de pensiones con 60.000 euros y no realiza ninguna aportación durante los siguientes diez años. Pasado este tiempo también su capital habría obtenido rentabilidades del 3,21 por ciento anual, por lo que los 60.000 euros se habrían convertido en 80.834,60 (la ganancia bruta sería 20.834). Un capital considerable para disfrutar de un retiro dorado.
Ahora bien, las comisiones que aplican los planes de pensiones (también sucede lo mismo con los fondos de inversión) no se calculan sobre las ganancias, sino sobre el total de la inversión, por lo que el capital que se termina comiendo la comisión aumenta cada año, ya que se calcula sobre un patrimonio que cada vez es mayor gracias a la rentabilidad [...]. Así, el primer año, el partícipe habría obtenido por sus 60.000 euros, 1.926 euros, por lo que a finales de año su capital, aún sin tener en cuenta las comisiones, ascendería a 61.926 euros. No obstante, a esta cantidad, habría que restarle el 1,43 por ciento de comisión (885,54 euros).
Esta operación se repetiría cada año durante una década y el resultado total es de todo menos satisfactorio. Pasados diez años, el partícipe habría pagado 9.579 euros sólo en comisiones de su plan de pensiones. Es decir, de los 20.834,60 euros que habría ganando si no hubiera tenido que abonar comisiones, se convertían en 11.255 euros. De esta manera, si el inversor pudiera ahorrarse los exagerados gastos que le cobra el banco por su plan de pensiones podría no sólo haber disfrutado de sus 11.255 euros en ganancias, sino que, además, se podría haber comprado ¡un coche! con los más de 9.000 euros que se hubiera ahorrado en comisiones.
Pese a todo, para algunos ciudadanos el balance final de un plan de inversiones de este tipo pudiera resultar rentable. Dependiendo del perfil fiscal de cada partícipe, la factura de gastos de la gestora puede quedar compensada, al menos en parte, por las ventajas fiscales con que cuentan este tipo de planes, cuyos inversores pueden deducirse cada año hasta 10.000 euros y hasta 12.500 si son mayores de 50 años.
En ese caso, si el truco para obtener una ganancia es de índole fiscal, evitando pagar impuestos, la rentabilidad no viene de la mano invisible del mercado, sino de las denostadas zarpas del Estado. En la práctica, la mayor parte de las aportaciones a planes de pensiones corresponden a contribuyentes adinerados, subvencionados, a través de un mejor trato fiscal, por el resto de contribuyentes no adscritos a un plan privado.
El hecho de que una persona procure ahorrar algo de dinero con vistas a procurarse mejores condiciones de vida en su vejez no es una novedad. Ahorrar con esta finalidad lo hacían ya nuestros abuelos. Los más humildes guardaban las escasas monedas de plata que podían reunir en un calcetín, debajo de un ladrillo o en cualquier otro escondrijo seguro. Quienes tenían mayores posibilidades de reunir un pequeño capital depositaban sus ahorros en un banco.
Lo que a nadie en su sano juicio se le ocurría era denominar a eso un “plan de pensiones”, expresión que supone un abuso de lenguaje y concepto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua dice al respecto:
pensión. (Del lat. pensĭo, -ōnis).
Cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad.
En efecto, es el Estado, a través de la Seguridad Social, el pagador de pensiones por razón de las diversas modalidades de protección social derivada de criterios de solidaridad, justicia social o evitación de conflictos. Por el contrario, los bancos, en el mejor de los casos, se limitan a pagar intereses sobre los capitales depositados en sus cajas. Un ahorro privado nunca será una pensión, lo que no obsta para que, quienes todavía sean tan valientes —o tan ingenuos— como para confiar en los bancos, ahorren con vistas a la vejez.
¿Cuánto hay que tener ahorrado para afrontar la jubilación? Un estudio realizado por Deustsche Bank pone de manifiesto que, aunque un 45% de los trabajadores en activo no se han planteado la cuestión, la mayoría de la población estima necesario contar con un buen colchón de ahorro de cara a la jubilación, con el objetivo de poder compensar la pensión estatal que corresponda a cada uno.
En la citada encuesta, se estima que es preciso contar con unos 100 000 euros. Un patrimonio de esta cuantía nos permitiría complementar la pensión (calculando una rentabilidad anual del 4% y una esperanza de vida de 87 años en el caso de los hombres y 90 años en las mujeres) en las siguientes cantidades:
• Hombres: 457 euros mensuales
• Mujeres: 387 euros al mes
Si tenemos en cuenta la inflación —un 3% anual, por ejemplo— de aquí a 15 años se convierte en una renta equivalente de:
• Hombres: 274 euros al mes
• Mujeres: 245 euros al mes.
Rentas que no son precisamente como para tirar cohetes. Ahora bien, ¿cómo conseguimos ahorrar esos 100.000 euros?
Un buen método podría consistir en seguir las recomendaciones de las organizaciones de consumidores para que estos tiempos de crisis aprieten pero no ahoguen. Siguiendo estas normas, las familias pueden ahorrar hasta 6.000 euros al año en su economía doméstica. Esa cifra de 6.000 euros se desglosa entre los 1.500 euros que se pueden ahorrar eligiendo bien la cesta de la compra, los 560 euros del capítulo telecomunicaciones (móvil e internet), los 460 euros eliminando comisiones bancarias y tarjeta de crédito. Un capítulo importante es el de los seguros (autómovil, hogar, etc) donde el ahorro podría rondar los 2.500 euros. Así como el energético, donde racionalizando el consumo podrían ahorrarse otros 1.068 euros.
Con una lógica tal vez no impecable aunque sí implacable, el famoso torero Rafael El Gallo dejó sentado ese memorable y perogrullesco principio que reza así: Lo que no puede ser ser no puede ser, y además es imposible. Y que no habría tenido empacho en suscribir el mismísimo y Juan de Mairena. [Dicho sea esto con las debidas prevenciones a la hora de atribuir sentencias, como advierte Pierre Miró en su blog El pobrecito veedor].
Por muchas recomendaciones que reciban ¿cómo podrían ahorrar 6.000 euros al año aquellos que ni siquiera los ganan? Habría que preguntar por sus métodos de ahorro a los desempleados o empleados en precario, que malviven en España con ingresos anuales inferiores a 6.000 euros.
En 2010, sólo uno de cada cinco trabajadores españoles contaba con un plan privado de pensiones, según un informe elaborado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha). El estudio ha sido realizado a partir de los últimos datos disponibles de IRPF correspondientes a 2007 y de la Encuesta de Población Activa (EPA).
La mayor parte de los españoles que realizan más aportaciones a los planes de pensiones se corresponden con trabajadores de más de 45 años, con un empleo estable y con unos ingresos por encima de los 30.000 euros. De este modo, el 17,6% de los españoles acaparan el 65% de las ventajas fiscales de los planes de pensiones.
En concreto, el estudio revela que sólo 4,5 millones de españoles cuentan actualmente con estos productos de ahorro e inversión como complemento a la pensión pública. En total, las aportaciones a los planes de pensiones alcanzan unos 6.700 millones de euros anuales, con una media de apenas 1.500 euros por trabajador. Los técnicos de Hacienda atribuyen esta circunstancia a la escasa capacidad de ahorro de los españoles, ya que la mayoría de los que están en edad de trabajar no disfrutan de seguridad laboral ni generan los ingresos suficientes como para permitirse suscribir planes de pensiones.
Gestha argumenta que actualmente seis de cada diez asalariados, desempleados y autónomos —el análisis incluye a toda la población activa: ocupada y demandantes de empleo— perciben unos ingresos brutos inferiores a los 1.100 euros mensuales.
Pero es que, incluso quienes se pueden permitir invertir en un plan de pensiones de este tipo han tenido ocasión de comprobar su escasísima rentabilidad. Un informe elaborado por Pablo Fernández y Javier del Campo, de la escuela de negocios IESE, concluye que la rentabilidad promedio acumulada por “los planes de pensiones en los últimos 3, 5 y 10 años, fue sensiblemente inferior a la inflación y a la de los bonos del Estado a cualquier plazo”. Según este estudio, el decepcionante resultado global de los fondos se debe a las elevadas comisiones, a la composición de la cartera y a la gestión activa”. En 2009, gestoras y entidades financieras se embolsaron 1.013 millones en comisiones.
En las condiciones actuales, la inversión en un plan de pensiones privado es realmente ruinosa. Según los datos de Morningstar, la comisión media que cobran los planes de pensiones asciende al 1,43 por ciento sobre el patrimonio y, conforme a los datos de Inverco, la rentabilidad media neta de los últimos diez años de estos productos es del 1,78 por ciento, por lo que la rentabilidad bruta se quedaría en el 3,21 por ciento (la suma entre la comisión y la rentabilidad). Un ejemplo de este dudoso negocio lo encontramos en una página web especializada en inversiones:
Supongamos que una persona decide abrir un plan de pensiones con 60.000 euros y no realiza ninguna aportación durante los siguientes diez años. Pasado este tiempo también su capital habría obtenido rentabilidades del 3,21 por ciento anual, por lo que los 60.000 euros se habrían convertido en 80.834,60 (la ganancia bruta sería 20.834). Un capital considerable para disfrutar de un retiro dorado.
Ahora bien, las comisiones que aplican los planes de pensiones (también sucede lo mismo con los fondos de inversión) no se calculan sobre las ganancias, sino sobre el total de la inversión, por lo que el capital que se termina comiendo la comisión aumenta cada año, ya que se calcula sobre un patrimonio que cada vez es mayor gracias a la rentabilidad [...]. Así, el primer año, el partícipe habría obtenido por sus 60.000 euros, 1.926 euros, por lo que a finales de año su capital, aún sin tener en cuenta las comisiones, ascendería a 61.926 euros. No obstante, a esta cantidad, habría que restarle el 1,43 por ciento de comisión (885,54 euros).
Esta operación se repetiría cada año durante una década y el resultado total es de todo menos satisfactorio. Pasados diez años, el partícipe habría pagado 9.579 euros sólo en comisiones de su plan de pensiones. Es decir, de los 20.834,60 euros que habría ganando si no hubiera tenido que abonar comisiones, se convertían en 11.255 euros. De esta manera, si el inversor pudiera ahorrarse los exagerados gastos que le cobra el banco por su plan de pensiones podría no sólo haber disfrutado de sus 11.255 euros en ganancias, sino que, además, se podría haber comprado ¡un coche! con los más de 9.000 euros que se hubiera ahorrado en comisiones.
Pese a todo, para algunos ciudadanos el balance final de un plan de inversiones de este tipo pudiera resultar rentable. Dependiendo del perfil fiscal de cada partícipe, la factura de gastos de la gestora puede quedar compensada, al menos en parte, por las ventajas fiscales con que cuentan este tipo de planes, cuyos inversores pueden deducirse cada año hasta 10.000 euros y hasta 12.500 si son mayores de 50 años.
En ese caso, si el truco para obtener una ganancia es de índole fiscal, evitando pagar impuestos, la rentabilidad no viene de la mano invisible del mercado, sino de las denostadas zarpas del Estado. En la práctica, la mayor parte de las aportaciones a planes de pensiones corresponden a contribuyentes adinerados, subvencionados, a través de un mejor trato fiscal, por el resto de contribuyentes no adscritos a un plan privado.
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