viernes, 11 de mayo de 2012

Los antisistema toman el Estado

Un sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. ¿Existe, en el sistema político español, algún conjunto de elementos que ordenadamente contribuyan a mantener la estabilidad del Estado? Se hace difícil creerlo: el Jefe máximo distraído con sus aventuras africanas; el presidente del Poder Judicial acusado de sufragar sus vacaciones con dinero del contribuyente; el Gobierno, improvisando cada viernes un recorte de derechos a los ciudadanos; y para colmo, la gran estafa bancaria. Todo induce a pensar que el Estado ha sido invadido por una peligrosa banda antisistema.


El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, viajó 20 veces en fines de semana largos al mismo hotel de lujo en Marbella desde noviembre de 2008 hasta marzo de este año. Los 18.654 euros de esos viajes fueron cargados al presupuesto del Consejo. Lo que, en opinión de otro juez, podría constituir un presunto delito de malversación de caudales públicos. A lo que Dívar, respondió afirmando que esos gastos son una miseria.

Las aventuras africanas del Jefe del Estado y las obras y milagros de su augusta familia son para poner los pelos como escarpias. Ahora, el escándalo nuestro de cada día se produce a raíz de la nacionalizacion ma non tanto de Bankia. Una oscura operación que no hay por dónde cogerla desde un punto de vista lógico.

Hace poco, docentes, miembros de la industria financiera y asociaciones de consumidores han pedido que se introduzca la Educación Financiera como asignatura en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Menuda tesitura a la que habría de enfrentarse un profesor para explicar a los alumnos el siguiente proceso:

   Cajamadrid era una entidad financiera de carácter público con mucha solera. Funcionaría mejor o peor, seguramente lo segundo, y requería una profunda reforma de sus estructuras. Lo que no significa necesariamente que, para arreglar algo, haya que pasarlo al sector privado.


II   No obstante, conforme a las tesis de la ideología dominante —público malo, privado bueno—, la entidad madrileña fue desmantelada, y sobre sus restos se constituyó Bankia, un gran banco privado. Apuntalado, eso sí, con cuantiosas ayudas de dinero del Estado, pues dice la teoría que el Estado es malo, malísimo, cuando administra servicios o empresas públicas, pero es bueno, buenísimo, cuando emplea el dinero del contribuyente para dárselo a la iniciativa privada. Si es que podemos llamar iniciativa privada a quedarse a precio de saldo con algo que ya está iniciado. (Atentos a lo que se avecina con la privatización del Canal de YII, el eficiente y rentable servicio de abastecimiento de aguas madrileño).


III   Se pone al frente de la nueva entidad a un personaje de relumbrón, pese a que ha demostrado su ineficacia en cargos anteriores. El hombre del relumbrón se dedica a doblar el tamaño de la entidad absorbiendo otras cajas con balances podridos. Al cabo de un par de años, Bankia resulta un fracaso y se encamina a la bancarrota.

IV Ante la grave situación, se reúne el alto sanedrín económico del país. Que se acoge al principio Too big to fall, diametralmente opuesto al clásico Torres más altas han caído. En la nueva economía política, Too big to fall significa que si eres un parado, un precario, un pensionista, eres algo insignificante. Por lo que se te puede quitar hasta el aliento vital del subsidio o la pensión. Pero si se trata del pesebre de oro donde se alimenta una élite con salarios astronómicos, el Estado debe acudir presto en su auxilio con todos los medios a su alcance.

V  Analizado el problema, el sanedrín decreta que Bankia es demasiado grande para dejarla caer. Y bajo el pretexto de evitar los riesgos de que la caída arrastre al resto del sistema, dictamina que el Estado se vuelva a hacer cargo del invento.

VI El procedimiento es pintoresco: los casi 4.500 millones de dinero público que el odiado Estado prestó a Bankia a través del FROB, serán convertidos en acciones. El Estado, con el dinero del contribuyente, compra acciones basura para constituirse en accionista mayoritario. Bankia, dicen, se nacionaliza. O sea, que lo público recupera lo que ya era público, sólo que muy devaluado.

VII  A esto lo llaman una operación de alta enjundia financiera, cuando tiene toda la pinta de ser una estafa en toda regla. ¿Cómo llamaríamos a la operación por la cual un ratero nos roba la radio del coche y, para reponerla, nos vemos obligados a comprarla en una de esas tiendas de segunda mano donde venden las radios robadas por los rateros? 


En el caso examinado, no ha sido un raterillo revientalunas, sino el todopoderoso y astronómicamente pagado Rodrigo de Rato Figaredo quien ha llevado el invento de Bankia al más absoluto desastre. Ahora, Rodrigo se retira con una buena indemnización. Y el sanedrín pone al frente de la entidad a un ejecutivo que se jubiló a los 55 años en otra entidad bancaria con una pensión cercana a los 60 millones, y al que se le permite hacer algo prohibido para el resto de jubilados: compatibilizar esa pensión con otra suculenta remuneración en la 'nueva' Bankia. 

Todo induce a pensar que una peligrosa banda de individuos antisistema han invadido el Estado.

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El Movimiento 15-M ha desglosado las cifras que se han movido tras la intervención del banco presidido por Rodrigo Rato. 7.000 millones de euros “es lo que el Gobierno calcula que tendrá que prestar a Bankia para empezar a hablar”; 12.992 millones de euros “es lo que se supone que valía el banco”, según su propia contabilidad y 4.600 millones de euros “es lo que valía según su capitalización bursátil”.
Los 2,3 millones de euros que cobró Rato en 2011 “por su excelente gestión” equivalen a “260 salarios mínimos interprofesionales”. Es decir, “un trabajador que cobre el SMI tardaría dos siglos y seis décadas en ganar lo que Rato se levantó en 2011”.
El Movimiento compara la indemnización máxima a la que tiene derecho exdirector gerente del FMI tras dimitir del banco con la de un trabajador que cobre el salario mínimo. “Para cobrar 1,2 millones de euros necesitaría 7.600 años de trabajo”. Poco dinero, según los indignados, si se contrasta con los “68,7 millones de euros que su sustituto como presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se llevó tras jubilarse con 55 años del BBVA”.

1 comentario:

  1. Vivimos en una atmósfera de vergüenza, que acarrea una dolorosa sensación de culpa, mientras que los causantes directos de esta situación pretenden que nadie les pida responsabilidades, penales en los casos en que sea procedente, o políticas y cívicas, en los que no. ¿Creen Miguel Blesa o José Luis Olivas que lo pasado, pasado está? No debería ser así. ¿Cree el gobernador del Banco de España que puede reclamar indulgencia? ¿Confía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en que puede escabullirse de la quiebra de la Caja de Ahorros, donde el PP colocó a decenas de amigos, familiares y militantes, y que todo pasará, sin consecuencias para ella? ¿Se olvidará quiénes fueron los consejeros que representaron al PSOE madrileño y a los sindicatos y que callaron por incompetencia, interés o amiguismo? Todos sus nombres deberían desaparecer para siempre de cualquier lista o cargo político.

    Es imposible soportar a un presidente del Supremo sospechoso de endilgar gastos personales al erario público
    En la línea de este post Lean a Soledad Gallego

    En este país han pasado demasiadas cosas como para continuar paralizados. Digamos en público la verdad: es imposible soportar a un presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sospechoso de endilgar gastos personales al erario público y que llama “miseria” a 6.000 euros, cuando la justicia que él administra puede castigar con una pena de prisión de hasta 18 meses a quien cometa un hurto de más de 400.

    http://politica.elpais.com/politica/2012/05/11/actualidad/1336760801_416286.html

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