La ineficacia de los actuales sistemas de protección social

Un subsidio al desempleo que sólo llega a la mitad de los parados; rentas mínimas de inserción por debajo del umbral de la pobreza; periodos de tramitación de hasta seis meses. Estamos hablando de la ineficacia de un modelo de protección social fracasado. Sin embargo, es el modelo que los partidos políticos siguen ofreciendo en sus propuestas electorales.

Según las estadísticas de julio de 2015, las prestaciones del paro han bajado un 19% y la cobertura cae al 54%. Es decir, el 46% de las personas desempleadas no tienen derecho a la prestación. Y es que, siguiendo la ley de Murphy, si algo puede ir mal para los parados, con este Gobierno del PP, acabará yendo mal.

 En el PSOE han tenido que reconocer que la situación de pobreza es estructural, y que ya no vale recurrir al eterno cuento de la creación de empleo. Proponen ahora un Ingreso Mínimo Vital. En carta publicada en un periódico de gran tirada, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez Castejón, señala que: “el alarmante aumento de la pobreza y la exclusión social se debe en buena medida a las debilidades y carencias de nuestro Estado del Bienestar. El gasto público social en España es poco redistributivo comparado con otros países, enfocado en proveer de prestaciones monetarias —por desempleo, vejez o invalidez por ejemplo— a quien está o ha estado recientemente en el sistema, pero no protege de la misma forma a las familias que viven en la pobreza y sin esperanza de volver a incorporarse a la actividad económica”.

  Ante esta realidad, los socialistas proponen la creación de una ayuda para las 730.000 familias que viven sin ninguna clase de ingreso tras llevar años desempleados. Pedro Sánchez se preocupa de aclarar que: “El Ingreso Mínimo Vital en nada se parece a otras propuestas que plantean rentas mínimas para todos los ciudadanos sino que está enfocado en aquellas familias que peor lo están pasando”.

Sánchez no renuncia a plantar fresas en el desierto, una entelequia con más probabilidades de éxito que la de crear empleo: “Sabemos bien que la primera causa de pobreza es la falta de empleo, por eso el Ingreso Mínimo Vital irá claramente condicionado a programas de formación y reinserción laboral. Es más, se diseñará de forma que sus beneficiarios mantengan los incentivos para buscar trabajo y reintegrarse en el mercado laboral, que es el objetivo último que se persigue”. A partir de ahí, Sánchez se mete de lleno en un profundo charco cuando afirma: “Pero también somos conscientes de que hay muchísimas personas que llevan demasiado tiempo alejadas del mercado de trabajo y que, por edad y cualificación, les será muy complicado encontrar un empleo. Desde el Partido Socialista tenemos la convicción de que no podemos salir de la crisis dejando en la cuneta a dos millones de personas”.

Esto plantea dos interrogantes: Si no se quiere dejar en la cuneta a esos dos millones de personas a las que les va a resultar muy complicado encontrar un empleo ¿por qué se limita el alcance del Ingreso Mínimo Vital a tan sólo 750.000 personas? Y, por otro lado, siendo conscientes de esa complicación ¿por qué se insiste en el manido tópico de mantener incentivos para buscar trabajo? 

¿Podemos o no podemos superar las rentas de indigencia?

Entre las propuestas iniciales de Podemos, sus líderes, buscando ganar popularidad entre los círculos que mantenían viva la corriente de protesta heredera del 15-M, enarbolaron la pancarta del ingreso ciudadano. La misma que habían paseado por toda España las distintas columnas de las Marchas de la Dignidad que confluyeron en Madrid el 22 de marzo, siendo recibidas por una masiva manifestación civil que la represión policial descontrolada se encargó de reventar. Los podemitas proponían entonces una Renta Básica con carácter universal, financiada mediante una reforma del IRPF y la lucha contra el fraude fiscal. Con una cuantía de entre 7.000 y 9.000 euros al año y cuyo coste total estimaban en unos 145.000 millones.

Meses después, con vistas a las elecciones generales, Podemos encargó la redacción de su programa económico a los catedráticos de Economía Vicenç Navarro y Juan Torres. Con anterioridad, cada uno de ellos ya había manifestado públicamente su oposición a la Renta Básica. En el blog de Navarro, el artículo ¿Qué renta básica? deja bien clara su oposición a la RBC basada en el temor de que pueda ser un instrumento para atacar el Estado del Bienestar. Por su parte, Juan Torres estima que: “Implantar esta medida supone empezar la casa por el tejado”. Rechaza la renta básica porque “desvincula derechos de obligaciones y supone tratar iguala los desiguales, principios que no comparto, como creo que le ocurre a muchas personas”.

Siendo ambos economistas doctrinalmente enemigos de la Renta Básica, era previsible que la misma se cayera del programa podemita, donde fue sustituida por las viejas, injustas e ineficaces rentas de inserción. Se trataría, en este caso, de un sistema de renta mínima garantizada “como derecho subjetivo de todas las personas”. Torres y Navarro aclaran que esta última expresión no implica reconocer un salario ciudadano para todo el mundo sino que se trataría de una ayuda condicionada, es decir, habría que cumplir con ciertos requisitos para recibirla.

O sea, más de lo mismo. Una de las principales ineficacias de las ayudas condicionadas es el largo proceso de tramitación de las mismas. Por ejemplo, en Andalucía, según reconoció la consejera de Asuntos Sociales, el plazo medio de resolución del expediente dura alrededor de seis meses. Mientras tanto ¿cómo sobreviven la persona o las familias que han conseguido demostrar ante la Administración su absoluta falta de recursos? Otro ejemplo, el de Meca Marzok, en Extremadura, que reseñamos más abajo.

     Esta solución no convence a las bases de Podemos, en las que ha calado con fortaleza la idea de la renta básica como prioridad económica del programa electoral. En las votaciones de propuestas para configurar el programa electoral con el que Podemos concurrirá a las elecciones generales, la propuesta que más votos obtuvo, durante el verano de 2015, fue la de una Renta Básica Ciudadana Incondicional. Entendida como “un ingreso incondicional a todos los ciudadanos que residan en el Estado, sean estos nacionales, nacionalizados o residentes legales”. Según el Círculo de Renta Básica de la formación liderada por Pablo Iglesias: “La Renta Básica debe ser considerada por Podemos un derecho social y económico y un instrumento fundamental para distribuir la riqueza, erradicar la pobreza y la precariedad laboral y articular en libertad nuevas relaciones económicas y sociales”. La cuantía ha de ser de 645,33 euros mensuales, equivalente al umbral de la pobreza.

    Pese a ello, todo apunta a que la cúpula de Podemos se dispone a eliminar definitivamente la Renta Básica de su programa. Lo que podría restarle apoyos en las elecciones generales que están al caer.

  Por lo que respecta a Ciudadanos, el otro partido emergente, ya hemos hablado aquí de su propuesta de establecer un peculiar Complemento Salarial que, de hacerse efectivo, perpetuaría la situación de dominio de los empleadores sobre los trabajadores precarios.

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A Meca, sin ingresos y con cáncer, la Junta de Extremadura no le paga la renta básica de inserción

Este lunes 14 de septiembre, a las 11 de la mañana en la sede del Campamento Dignidad en Mérida, Meca Marzok y su familia explicarán la gravísima situación en la que se encuentra y el impago de la renta básica de inserción por parte de la Junta de Extremadura. Marzok es una vecina de Mérida, de 38 años de edad, que tiene ocho personas a su cargo, entre ellas seis menores. En la casa no entra ningún ingreso y se mantienen con la ayuda de los amigos. Para colmo, a Meca le detectaron hace un cáncer y actualmente está recibiendo radioterapia y quimioterapia. 

Se da la circunstancia de que  solicitó la renta básica de inserción el 13 de febrero, sin que todavía se le haya abonado dicha prestación. El día 4 de agosto se habló  con la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, Mercedes Carmona, con la Directora de Política Social, Carmen Núñez y con el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, para pedirles que pagasen la renta básica de inserción de forma inmediata a Meca.

" Han pasado 7 meses desde que Meca solicitó la renta básica y más de un mes desde que urgiéramos una solución a los responsables políticos. Pero en casa de Meca se pasa hambre. Al dolor y la incertidumbre de una de las peores enfermedades que pueden sufrirse hay que añadirle el hambre. Al señor Vergeles y a las señoras Carmona y Núñez, debería darles vergüenza de cobrar sus sueldos (no pequeños), mientras conscientemente mantienen en la indigencia a esta familia", se dice en una nota que ha enviado Campamento Dignidad.