Equiparar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional

Un plan de rescate ciudadano debe incluir también al gran sector de jubilados seiscientoseuristas provenientes, en su gran mayoría, de las filas del paro de larga duración.

En España, un país en el que las rentas de trabajo son las que más ingresos aportan al Estado, un tercio de los asalariados (34%), 5,7 millones, son seiscientoseuristas. Se trata de la nueva generación salarial que ha dejado atrás al mileurismo de antes de la crisis. Cobran el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 9.172 euros al año, es decir,  655,20 euros al mes (x 14 pagas) tras la insultante 'subida' aplicada por el Gobierno del Partido Popular.

A nivel europeo nos encontramos a la altura de países como Grecia, Eslovenia o Malta. Muy por debajo de los salarios mínimos establecidos en países como Francia, Reino Unido o Alemania, que duplican el salario mínimo español. 

El documento presentado por el PSOE al resto de los partidos con los que aspira a llegar a un pacto de gobierno contempla un incremento progresivo del SMI de forma que éste alcance el 60% del salario medio neto en un plazo de dos legislaturas. Esa es la cuantía que hace años señala la Carta Social Europea, a la que aquí se ha hecho caso omiso, como retribución mínima suficiente y supone una paga de unos 1.000 euros mensuales.

Pero fijar, como hace el documento del PSOE, un plazo de ocho años para alcanzar esa cifra parece demasiado aventurado en una época en la que los acontecimientos fluyen a una velocidad endiablada. Además, nada garantiza que el hipotético gobierno de izquierdas pudiera repetir un segundo mandato. En este sentido, parece más realista la propuesta de Izquierda Unida, que pide subir 20% ya en 2016, lo que situaría el salario en 774 euros.

A primera vista, lo que no se plantean Pedro Sánchez y su equipo es subir las pensiones mínimas de nivel contributivo, como sí hizo su predecesor, Rodríguez Zapatero, al menos en su primer mandato. La propuesta socialista en este capítulo es mucho más gaseosa: "Recuperar el papel del diálogo social en la política de reformas del sistema de pensiones... Impulsar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo sobre la articulación del modelo de financiación del sistema con nuevos ingresos procedentes del sistema tributario... Establecer nuevos cambios en los ingresos por cotizaciones..." 

Como declaración de principios, todo eso está muy bien, pero cuando tanto se habla de acometer un plan de rescate ciudadano hay que poner cifras concretas sobre la mesa. Porque entre los pensionistas también abunda el seiscientoseurismo.

En enero, la pensión media del sistema público fue de 896,30 euros. No obstante, según datos de la Seguridad Social, un gran sector de pensionistas (40%) recibe una pensión media-baja, entre 500 y 800 euros. De los cuales, el 28% cobra por debajo de los 600 euros. Y no estamos hablando de pensiones asistenciales, sino de pensiones contributivas, es decir, de prestaciones a personas que han cotizado al sistema, y que, en la mayoría de los casos, al verse afectados por el paro de larga duración, cotizaron (vía subsidio al desempleo) por el mínimo al final de su carrera profesional. Justo el periodo sobre el que se les calculó la cuantía de la pensión. Circunstancia en la que es difícil que se encuentren, por poner un par de ejemplos, las exministras socialistas Elena Salgado, lista para incorporarse al consejo de administración de Nueva Pescanova, y Trinidad Jiménez, a punto de ocupar un puesto ejecutivo en Telefónica.

No es justo, ni desde el punto de vista del sistema de pensiones, ni desde el sentido general de la justicia social someter por decreto a esas personas al estado de pobreza. Y, por favor, si es verdad que estamos en época de cambio, no nos hablen de los compromisos de austeridad con el Directorio europeo de Bruselas. No invoquen la santa austeridad en el país de la Púnica, la Gürtel, la Nóos... y mucho menos cuando la compañía del oligopolio energético Gas Natural Fenosa acaba de subir un 64% el sueldo al presidente de la CEOE, hasta 208.000 euros al año. Juan Rosell, actual jefe de la patronal tras el encarcelamiento de su predecesor y chorizo convicto, Gerardo Díaz Ferrán, es consejero de la eléctrica desde el 26 de junio de 2009, a propuesta de su accionista La Caixa; desde entonces, la empresa le ha pagado 910.500 euros. La compañía retribuyó a sus consejeros con 7,34 millones, un 2,35% más; al expresidente Felipe González, consejero hasta mayo de 2015, le correspondieron 46.000 euros.

Habría que tomar ejemplo de la Plataforma de pensionistas de Euskal Herria, que ha presentado en el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular (ILP) para elevar la pensión mínima a 1.080 euros mensuales, "ingreso que consideramos imprescindible para una vida digna". Es el 90% del salario mínimo que fija la carta social europea como renta básica de integración social y el 166% del SMI español en 2015. 

Actualizamos esta reflexión en el post: Rentas minimalistas: ¿Se ocuparán Gobierno y Parlamento de subir la pensión mínima y el subsidio por desempleo?

Asimismo, hemos incluido una petición en este sentido en la plataforma Change.org. Se puede firmar aquí


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PROGRAMA DE GOBIERNO DEL PSOE

SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
Acuerdo de Consejo de Ministros de subida para 2016 del SMI con el fin de recuperar  su pérdida de poder adquisitivo y para que alcance, en el término de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto, cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente.


RESTABLECER EL PAPEL DEL PACTO DE TOLEDO EN LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Para abordar el problema de la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones es fundamental restablecer el consenso mantenido desde hace casi 20 años alrededor del Pacto de Toledo. Las prioridades del nuevo gobierno en materia de pensiones deben ser las siguientes

 • Recuperar el papel del diálogo social en la política de reformas del sistema de pensiones.

• Impulsar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo sobre la articulación del modelo de financiación del sistema con nuevos ingresos procedentes del sistema tributario.

• Establecer nuevos cambios en los ingresos por cotizaciones que vinculen la aportación al sistema con los ingresos realmente percibidos al tiempo que se adoptan medidas para impedir la erosión de los ingresos como consecuencia de la proliferación del trabajo precario y a tiempo parcial.  Fuente: El Mundo

Ilustración:  George Grosz