Petición de un pacto de Estado que equipare pensiones mínimas contributivas y de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional

La pensión contributiva ha de entenderse como un salario diferido, con capacidad para hacer frente a los gastos elementales que permitan llevar una vejez digna. Por obvias razones de justicia, su cuantía mínima debe ser equiparada al Salario Mínimo Interprofesional. Una petición creada en Change.org solicita un pacto de Estado en este sentido que sea aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

La Constitución Española dispone que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (Art. 50). Sin embargo, esta garantía constitucional no se está cumpliendo en absoluto. La política del Gobierno del Partido Popular, aplicando subidas anuales del 0,25%, no compensa los incrementos del coste de los productos básicos, que han subido 12 veces más que la pensión. 

Desde su entrada en el gobierno, el Partido Popular ha venido efectuando una demolición en toda regla al sistema público de pensiones español. No sólo se ha cargado el fondo de reserva, -la denominada 'hucha' que quedará literalmente vacía en 2017- además, ha introducido una reforma que supone, de hecho, una congelación perpetua de las pensiones.

En efecto, el factor de revalorización aprobado en 2013 es una compleja fórmula matemática que analiza la marcha del sistema (ingresos, gastos y número de pensionistas, de los últimos cinco años y las previsiones del Gobierno para los cinco siguientes). Fórmula ideada para que en el actual escenario de gastos crecientes de la Seguridad Social las pensiones suban el mínimo posible, es decir, el 0,25%. Una subida irrelevante que raya en el insulto a los más de 2,5 millones de personas que perciben pensiones mínimas, "revalorizadas" en 2017 con incrementos inferiores a dos euros mensuales.

«Subíronme a pensión 1,60 euros e hai días que non acendo a calefacción», se queja María Ramos, jubilada lucense entrevistada por La Voz de Galicia. Pese a lo cual, otro gallego, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey, dice que no ve razones para subir las pensiones más del 0,25%.

Esta falta de sensibilidad social de Rajoy sólo es comparable al rostro de cemento armado con el que encara los flagrantes casos de corrupción producidos en el seno de su partido. Porque el ataque al sistema público de pensiones ha sido tan crudo que hasta una entidad poco sospechosa de izquierdismo como Fedea, el laboratorio de ideas que cuenta entre sus patronos con los grandes bancos y empresas españolas, considera que, con la reforma de 2013, el gobierno del Partido Popular se ha pasado de frenada. 

En un estudio de 90 páginas, que Fedea publica en su web, se afirma que desvincular las pensiones del incremento de los precios generará "problemas de suficiencia importantes" a ciertos colectivos, por lo que propone que las pagas mínimas vuelvan a ligarse al IPC.
          
Es más, según Fedea, la reforma de 2013 supone que las pensiones subirán ese exiguo 0,25% al menos "hasta bien entrada la década" de 2060 al mantenerse los niveles de ingresos del sistema por debajo del flujo de gastos. Lo que confirma la tesis antes apuntada de la congelación permanente. En el informe, propone, entre otras medidas, volver a subir las pensiones mínimas, de entre 590 y 638 euros, conforme a la inflación para aliviar la situación de los que menos cobran.

Consciente de la gravedad de la situación, el gobierno autonómico de Navarra ha anunciado que las personas que reciben pensiones contributivas con rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se beneficiarán de un complemento que, en tres años, equiparará su cuantía al SMI del año 2017.
 
Aunque esto es ir muy despacio para alcanzar el objetivo, es significativa la relación que se establece entre pensiones y salario mínimo. En efecto, la pensión contributiva y su derivada de viudedad deben entenderse como un salario diferido (de verdad, no el de Bárcenas) con capacidad para hacer frente a los gastos elementales que permiten llevar una vejez digna. Sin embargo, la cuantía de esas pensiones mínimas para una persona mayor de 65 años, individual o viuda, es de 637 euros mensuales. Ni siquiera alcanza el ya de por sí bajo nivel del SMI.

Tan bajo, que al comienzo de la actual Legislatura, el Partido Popular en el Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo para incrementar en un 8% el SMI, situándolo en 707 euros mensuales en 2017. A mucha distancia todavía de los niveles europeos. Hasta el punto de que el Consejo de Europa ha criticado a España por incumplir seis artículos sobre derechos laborales contenidos en la Carta Social Europea, un tratado vinculante para los Estados adheridos. España, incumple el artículo 4 de la Carta en la que los Estados firmantes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores "a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y sus familias un nivel de vida decoroso". La propuesta del Consejo de Europa es que la cuantía del salario mínimo constituya el 60% del salario neto medio del país. En España, este valor se sitúa casi a la mitad: en un 34,1%.

Uno de los principales motivos por el que muchas personas cobran hoy cuantías mínimas es que, al estallar la crisis en 2008, se vieron afectadas por el desempleo en los años previos a la jubilación, lo cual perjudicó su carrera de cotización a la Seguridad Social. Circunstancia que constituye una doble injusticia cuando se compara con las ingentes sumas de recursos públicos dedicados a salvar a instituciones financieras o empresariales de la ruina producida por sus propios errores.

No es la primera vez que desde este blog se ha planteado a necesidad de equiparar las pensiones mínimas al SMI. Entre otras razones, porque su reivindicación uniría la fuerza de dos grandes colectivos afectados: el de los pensionistas y el de los trabajadores precarios. Al que habría que agregar a toda la gente solidaria con este sensible aspecto de la cuestión social. Ahora, contando con la colaboración de la plataforma Change.org, hemos establecido la siguiente petición:

Las ciudadanas y ciudadanos firmantes de esta petición solicitamos a los parlamentarios de las distintas formaciones políticas del Congreso de los Diputados que alcancen un pacto de Estado en virtud del cual la cuantía de la pensión mínima contributiva y de viudedad sea equiparada al SMI en 2018 (*). Quedando, a partir de ese momento, indexada al SMI a efectos de aplicación automática de futuros incrementos del mismo. 

 La petición, apoyada ya por más de 86.000 personas, puede firmarse pinchando en este enlace 
  

Una consideración final: este pacto debería ser suscrito por la totalidad de los 350 escaños del hemiciclo de las Cortes, ya que el compromiso moral y político de cumplir con un mandato constitucional que evite la pobreza de millones de personas se supone que debería estar por encima de rivalidades e intereses partidistas. 

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(*) En 2018, para evitar la posibilidad de impugnación por parte del Gobierno si afectara al Presupuesto de 2017.