Pirámides, fraudes privados y pensiones públicas como un derecho constitucional

Uno de los argumentos favoritos de los detractores de los sistemas públicos de Seguridad Social es que, según ellos, el mecanismo de pensiones sigue un esquema piramidal que, tarde o temprano, está destinado a colapsarse y entrar en bancarrota. El argumento es radicalmente falso, toda vez que las pensiones públicas no son un negocio, sino un derecho que el Estado está obligado a garantizar acorde con la Declaración de los Derechos Humanos y ateniéndose al mandato de la Constitución española a los poderes públicos.

Se conoce como sistema piramidal a una operación fraudulenta de inversión, que implica el pago de prometedores o exagerados rendimientos (o utilidades). La clave de la estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias a nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener grandes beneficios. El sistema sólo funciona si crece la cantidad de nuevas víctimas.

Este sistema se conoce también como esquema Ponzi, en recuerdo de Carlo Ponzi, un emigrante italiano que llegó a Estados Unidos en los años veinte del siglo XX y organizó una monumental estafa a través de la cual consiguió recolectar abrumadoras sumas de dinero. Utilizando el señuelo de los suculentos intereses que prometió pagar a quienes invirtieran en una sociedad de compra de cupones de correos que se inventó, consiguió que la gente hiciera colas ante su oficina para para meter su dinero. Pero, en realidad, Ponzi no estaba comprando los cupones, sino que estaba pagando rendimientos de hasta el 100% en 3 meses con el capital de los sucesivos nuevos inversores.

Ponzi tuvo una temprana imitadora en España, nada menos que Baldomera Larra Wetoret, hija del escritor Mariano José de Larra. En la segunda mitad del siglo XIX, Baldomera montó su Caja de Imposiciones, prometiendo al que le dejaba una onza de oro que en un mes la devolvería duplicada. Se cree que llegó a recaudar 22 millones de reales a través de este fraude piramidal que afectó a unos en 5.000 impositores. Descubierto el pastel, huyó hasta ser finalmente detenida, juzgada y enviada a prisión en 1879.

En tiempos más recientes se han registrado en España otros casos de fraude piramidal, como los de Sofico (1974), Fidecaya (1982), Banesto (1993), Gescartera (2001) y FinanzasForex.com (2009). Aunque la más sonada fue la “estafa filatélica”, protagonizada por Fórum Filatélico y Afinsa (2009).

Los detractores del sistema público de Seguridad Social arguyen que el mecanismo se corresponde con un esquema piramidal cuya base está formada por los trabajadores en activo que cotizan para sostener a las franja superior integrada por los pensionistas. Con la particularidad de que bajo el esquema Ponzi la cúspide de la pirámide no crece, mientras que en el sistema público el número de pensionistas no deja de crecer dada la cada vez mayor longevidad de la población. Por lo tanto, el sistema necesita una base de entradas creciente ya que las salidas van aumentando. Pero el mismo crecimiento de las entradas hace aumentar, a la larga, las salidas, lo cual refuerza la necesidad de que entre en el sistema el dinero a un ritmo creciente.

La analogía entre el fraude Ponzi y la Seguridad Social es absoluta y radicalmente falsa. En primer lugar, los creadores de sistemas de inversión piramidal tienen una manifiesta intencionalidad de engañar al mayor número de personas antes de levantar el vuelo con el producto de la estafa. Mientas que el Estado, por su cualidad de permanencia, no sólo no se esfuma, sino que, además, es responsable de pagar las pensiones en cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución española. Las pensiones públicas, no se olvide, forman parte del repertorio de derechos que configura el Estado del Bienestar. Son resultado de un pacto político, no económico.

En segundo lugar, en el sistema público de pensiones rige el modelo llamado “de reparto”. Los trabajadores no capitalizan individualmente sus aportaciones sino que pagan una cuota proporcional a su salario con la que se constituye un fondo que sirve para pagar las pensiones. Para incentivar y compensar posteriormente sus aportaciones, la cuantía de la jubilacion efectiva de cada persona se calcula teniendo en cuenta su ‘carrera de cotización’, es decir, el tiempo y cuantía de sus aportaciones al sistema. En cuanto al fondo general, o presupuesto de la Seguridad Social, se calcula en cómputo anual. Y si en un momento dado los ingresos por cotizaciones no fueran suficientes para pagar las pensiones, el Erario debe aportar la diferencia. De hecho, la atención sanitaria, que hasta la década de 1980 era sufragada por el presupuesto de la Seguridad Social, pasó a ser financiada por el Estado con cargo a los impuestos generales.

Si las pensiones fueran privadas, es decir gestionadas por entidades bancarias y de inversión, como defienden los autores que escriben al dictado del mundo de los negocios, ¿quién garantiza el pago en caso de que la inversión fracase?

Porque hoy en día, las inversiones ya no respaldan industrias productivas, sino que en su mayor parte van dirigidas a la especulación. Desde 1973, el capitalismo especulativo ha sobrevivido a sucesivas crisis como las de 1987, 1992 y la de las punto.com en el 2000. Lo que han hecho los mercados financieros ha sido buscar continuamente nuevos mercados donde especular para salvarse de la quema. El más reciente, ha sido el del ladrillo, que no sólo ha generado especulación, sino también una absoluta corrupción en el funcionamiento de las grandes firmas financieras norteamericanas. La creación de bonos basura ha extendido por todo el mundo un fabuloso negocio piramidal asentado sobre valores irreales. ¿Es ésa toda la seguridad que pueden ofrecer unos bancos que, cuando se ven al borde del naufragio, necesitan que venga de nuevo papá Estado para sacarlos a flote?

Para sobrevivir en las turbulentas aguas de la economía mundial de nuestros días, les invito a reflexionar en este enlace sobre la actitud que deberíamos adoptar los ciudadanos, gritando bien fuerte a los financieros: ¡sacad vuestras especuladoras zarpas de nuestras pensiones!