Pensionazo: el 15-M llegó tarde para detenerlo

El Gobierno ha logrado aprobar en el Congreso la reforma de las pensiones con el único apoyo de CiU ante la práctica indiferencia de la opinión pública. Ahora, el texto del dictamen ha pasado al Senado, donde lo previsible es que sea aprobado durante los meses veraniegos. Las directrices neoliberales de Bruselas han alcanzado sus objetivos, sin que las protestas del 15-M hayan servido para detener el proceso de precarización de las pensiones públicas.

Tras el acuerdo alcanzado, el pasado mes de enero con Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, el Gobierno presentó en el Congreso su proyecto de reforma de las pensiones públicas. El 27 de junio, la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados ha aprobado con competencia legislativa plena el dictamen del proyecto de ley de la reforma con los votos a favor de PSOE, CiU y la abstención del PNV, mientras que ERC-IU-ICV y BNG han votado en contra por su rechazo a la principal medida del proyecto: el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. También ha votado en contra el PP, siguiendo ese contradictorio juego de criticar al PSOE por tomar las medidas que los populares habrían aprobado en caso de llegar al Gobierno.

Las protestas y acampadas del movimiento 15-M tampoco han logrado detener el proyecto de precarización de las pensiones. Los protestatarios del 15-M han captado la simpatía de la opinión pública, al hacer visible el malestar que invade a la población tras las continuas agresiones a su bienestar. Pero, aparte de marchas y acampadas, el de los "indignados" es un movimiento todavía en proceso de autodefinición, que no dispone de líneas eficaces de acción con capacidad de influir en la realpolitik.

En el caso de las pensiones públicas, esa realidad política se traduce en el eufemístico título de la Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, que es el nombre técnico de la reforma que ahora pasa al Senado. Aquí, el PP tiene mayoría, pero ya se las arreglará para no votar a favor y, sin embargo, permitir que la reforma llegue a colmo. Eso sí, haciendo gala del cinismo con que se conduce la derecha nacional, en vez de aplaudir a quienes le dejan hecho el trabajo sucio, sus representantes aprovecharán para criticar al Gobierno. En especial, poniendo como chupa de dómine a su presidente, Rodríguez Zapatero.

En esencia, el pensionazo consiste en no tocar la situación de los trabajadores que se jubilarán de aquí a 2012, para evitar votantes cabreados en las próximas elecciones. A partir de 2013, los sucesivos recortes mermarán sensiblemente las condiciones de vida del grueso de los integrantes de las generaciones que actualmente tienen menos de 50 años cuando alcancen la tercera edad.

De entrada, a partir de 2013 se elevará progresivamente la edad de jubilación hasta alcanzar los 67 años, dos más que en la actualidad, así como los períodos de cotización exigibles para tener derecho a cobrar una pensión. Perfilar un horizonte de treinta y muchos años de cotización en un país con casi cinco millones de desempleados, muchos de ellos de larga duración, y con millares de jóvenes que no tienen acreditado ni un sólo día de cotización en su precaria carrera laboral, supone crear las condiciones para consolidar la precariedad de los futuros pensionistas.



Nuestros legisladores, que hace tiempo se aseguraron pensiones máximas para sí mismos, ni siquiera han tenido el detalle de introducir en la ley un plan de subidas de la cuantía de las pensiones mínimas. Que en muchos casos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Como mucho, han introducido una enmienda que elevará la base reguladora de la pensión de viudedad del 52% al 60%. De los 8,6 millones de pensionistas que hay en España, 2,3 millones reciben pensiones de viudedad cuya medias a nivel nacional está en 585 euros.

Otra enmienda, introducida a última hora por el PSOE tras llegar a un acuerdo con CC OO y UGT integrará a los empleados de hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Lo que supone una equiparación de derechos y deberes con el resto de trabajadores.

Para que los empleados de hogar puedan ser dados de alta deben tener un contrato en el que como mínimo se estipule: número de horas de trabajo semanales; salario mensual o por hora; salario en especie; si existe o no pacto de horas de presencia y su retribución; si existe o no pacto de pernoctación y su retribución, y el número de cuenta bancaria del titular del hogar familiar donde domiciliar la cotización. En caso de baja de la actividad laboral, a partir del noveno día la incapacidad temporal corre a cargo de la Seguridad Social, mientras los empleadores pagarán desde el cuarto día hasta el noveno. Hasta ahora, la Seguridad Social pagaba la incapacidad Temporal de las empleadas de hogar a partir del día 25.

Este aspecto de la Ley es positivo, y lo que hay que preguntarse es ¿por qué ha habido que esperar a esta Ley para integrar en el régimen general a un colectivo de trabajadores del orden de 700.000 personas? ¿Por qué muchas de ellas prestan su trabajo sin ser dadas de alta en la seguridad social? Pues 700.000 personas es un colectivo lo suficientemente grande como para deducir que sus empleadores no siempre son los grandes banqueros y empresarios. Tengo advertido que no podremos llevar a cabo una verdadera revolución contra el capital mientras no destruyamos al capitalista que llevamos dentro.