No han sido los salarios disparatados, la baja productividad, la indolencia, las huelgas o la holganza de los trabajadores los causantes del desastre económico que aflige al mundo. A estas alturas, nadie duda de que el origen de la crisis económica se encuentra en los mercados de capitales. Si los trabajadores no han intervenido para nada en los excesos del tinglado financiero ¿qué mueve a la patronal española a entonar la vieja monserga de la necesidad de reformas estructurales en el mercado laboral? Sería más lógico pedir responsabilidades a los bancos que bloquean el flujo crediticio. Pero el presidente de la CEOE prefiere descargar el coste de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores pidiendo abaratar el despido. Algo que la patronal española no predica con el ejemplo en su régimen interior. El pasado mes de octubre al ser relevado de su puesto, el anterior secretario, Juan Jiménez Aguilar, recibió una "indemnización por despido" de 1,9 millones de euros.
O sea, la ley del embudo.
O sea, la ley del embudo.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán ha reconocido públicamente que la falta de financiación a las empresas está destruyendo empleo. “Estamos viendo como empresas sólidas, que funcionan bien, han visto disminuidos en un 50% ó un 70% los créditos que siempre utilizaban para tesorería y circulante. Esta situación está provocando impagos a proveedores, impago de nóminas, concurso de acreedores y destrucción de empleo.” (ABC, 07-12-08).
Pese a esta evidencia, en lugar de aportar alguna idea para corregir los desaguisados en los mercados financieros, la principal medida que se le ocurre al responsable patronal es pedir que el Gobierno intervenga en el mercado de trabajo aplicando “medidas estructurales”. Eufemismo que, hablando en plata, significa la desregulación intensa de las condiciones laborales, el abaratamiento del despido y la reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Pues, como explica Díaz Ferrán: “Cuando hablamos de flexibilizar el mercado laboral no nos referimos sólo al abaratamiento del despido. Es una de las medidas, pero hay otras igual de importantes como contar con un contrato a tiempo parcial homologable al que tiene el resto de Europa y contar con normas para la contratación y extinción que mezclen flexibilidad y seguridad [...] No hablamos de modificar derechos adquiridos de los trabajadores que ya están fijos en las empresas, hablamos de crear un contrato para trabajadores que están en paro o con contratos temporales; un contrato fijo más flexible para que el pequeño y mediano empresario se anime a crear empleo.”
¿Hasta dónde debe llegar esa flexibilidad en la extinción del contrato (otro eufemismo para el despido libre) que reclama la patronal? Pues de hecho existe ya una amplia gama de modalidades de contrato temporal que ha generado dos segmentos de trabajadores claramente diferenciados. Por un lado, los empleados con contratos indefinidos, cuya resolución implica expedientes e indemnizaciones por despido. Por otro lado, los que tienen contratos temporales, que se resuelven a su término con una indemnización ridícula o incluso ninguna. Más barato, imposible.
Pero a Díaz Ferrán no le basta: “Ahora habría que abrir una tercera vía con un contrato más flexible, dirigido a las pymes. Hay que buscar fórmulas similares a las que existían hace años como, por ejemplo, el pago por parte del Fondo de Garantía Salarial de parte del despido para las pymes. Queremos fórmulas imaginativas que animen al pequeño y mediano empresario a contratar”.
Que un fondo constituido con dineros públicos sea quien pague las indemnizaciones por despido no parece precisamente un derroche de imaginación ni de coherencia. Porque cuando habla, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, Díaz Ferrán, asegura muy serio que: “Todo el mundo tiene que entender que un producto o un servicio si vale cinco y el Estado lo da a tres, como ocurre con la luz, alguien lo paga y quien lo paga son todos los españoles, no sólo quienes lo utilizan”. Y propone como solución primero liberalizar el sector eléctrico para que los servicios “cuesten lo que tienen que costar” y luego poner reglas claras. a partir de ahí, “que cada cual pague lo que consuma”.
Las teorías, para que puedan al menos ser admitidas a debate, deben aspirar a tener una proyección universal. Si cada cual debe pagar lo que consuma, no se entiende muy bien por qué debería ser el Estado quien pague las indemnizaciones por despido en lugar de hacerlo el empresario “que consume esa mano de obra”. Pero el colmo de la incoherencia, por decirlo de manera suave, es que la misma patronal que pide abaratar el despido no predica con el ejemplo, aplicando en su casa la misma regla que pide para el conjunto de los trabajadores. El último secretario de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, que dimitió de su cargo por problemas con el actual presidente, recibió el pasado mes de octubre la no despreciable suma 1,9 millones de euros como indemnización. Para ello las negociaciones internas dentro de la patronal recurrieron a cambiar el concepto de “cese” por “despido”.
Pese a esta evidencia, en lugar de aportar alguna idea para corregir los desaguisados en los mercados financieros, la principal medida que se le ocurre al responsable patronal es pedir que el Gobierno intervenga en el mercado de trabajo aplicando “medidas estructurales”. Eufemismo que, hablando en plata, significa la desregulación intensa de las condiciones laborales, el abaratamiento del despido y la reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Pues, como explica Díaz Ferrán: “Cuando hablamos de flexibilizar el mercado laboral no nos referimos sólo al abaratamiento del despido. Es una de las medidas, pero hay otras igual de importantes como contar con un contrato a tiempo parcial homologable al que tiene el resto de Europa y contar con normas para la contratación y extinción que mezclen flexibilidad y seguridad [...] No hablamos de modificar derechos adquiridos de los trabajadores que ya están fijos en las empresas, hablamos de crear un contrato para trabajadores que están en paro o con contratos temporales; un contrato fijo más flexible para que el pequeño y mediano empresario se anime a crear empleo.”
¿Hasta dónde debe llegar esa flexibilidad en la extinción del contrato (otro eufemismo para el despido libre) que reclama la patronal? Pues de hecho existe ya una amplia gama de modalidades de contrato temporal que ha generado dos segmentos de trabajadores claramente diferenciados. Por un lado, los empleados con contratos indefinidos, cuya resolución implica expedientes e indemnizaciones por despido. Por otro lado, los que tienen contratos temporales, que se resuelven a su término con una indemnización ridícula o incluso ninguna. Más barato, imposible.
Pero a Díaz Ferrán no le basta: “Ahora habría que abrir una tercera vía con un contrato más flexible, dirigido a las pymes. Hay que buscar fórmulas similares a las que existían hace años como, por ejemplo, el pago por parte del Fondo de Garantía Salarial de parte del despido para las pymes. Queremos fórmulas imaginativas que animen al pequeño y mediano empresario a contratar”.
Que un fondo constituido con dineros públicos sea quien pague las indemnizaciones por despido no parece precisamente un derroche de imaginación ni de coherencia. Porque cuando habla, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, Díaz Ferrán, asegura muy serio que: “Todo el mundo tiene que entender que un producto o un servicio si vale cinco y el Estado lo da a tres, como ocurre con la luz, alguien lo paga y quien lo paga son todos los españoles, no sólo quienes lo utilizan”. Y propone como solución primero liberalizar el sector eléctrico para que los servicios “cuesten lo que tienen que costar” y luego poner reglas claras. a partir de ahí, “que cada cual pague lo que consuma”.
Las teorías, para que puedan al menos ser admitidas a debate, deben aspirar a tener una proyección universal. Si cada cual debe pagar lo que consuma, no se entiende muy bien por qué debería ser el Estado quien pague las indemnizaciones por despido en lugar de hacerlo el empresario “que consume esa mano de obra”. Pero el colmo de la incoherencia, por decirlo de manera suave, es que la misma patronal que pide abaratar el despido no predica con el ejemplo, aplicando en su casa la misma regla que pide para el conjunto de los trabajadores. El último secretario de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, que dimitió de su cargo por problemas con el actual presidente, recibió el pasado mes de octubre la no despreciable suma 1,9 millones de euros como indemnización. Para ello las negociaciones internas dentro de la patronal recurrieron a cambiar el concepto de “cese” por “despido”.
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