José Saramago: "Hay que perder la paciencia"

“A quién se le ocurrió pasar de la promesa del pleno empleo al empleo precario? ¿A un gobierno que dijo, por ejemplo, en campaña electoral 'esto hay que cambiarlo, hay que imponer el empleo basura frente a la antigualla del empleo estable' y dicho esto por un gobierno y votado animosamente por los ciudadanos, los otros gobiernos del mundo lo imitaron?
¿Así ha sido? ¿No parece más lógico pensar que el
Poder Económico ha hecho saber a los gobiernos que la situación tenía que cambiar, que necesitaban
las manos libres para hacer y deshacer
de acuerdo a sus intereses?”
JOSÉ SARAMAGO

“Hay que perder la paciencia”, pedía en su intervención ante la I Cita internacional de la literatura iberoaméricana, en 2007, el ahora fallecido Nobel de las Letras José Saramago. Frente al neocinismo liberal que dirige de facto el mundo, pasando por encima de los gobiernos formales, “hay unas cuantas cosas que tenemos que hacer. La primera es perder la paciencia. Y manifestarlo en cualquier circunstancia”.

La prosperidad sin tasa que nos prometieron los propagandistas de la fe en los mercados financieros en la feria económica global, se ha transformado, por obra y gracia de las políticas del no intervencionismo, en un espectacular fiasco. Algo que la crisis financiera ha puesto de relieve, por si algún ingenuo todavía creía que los pájaros maman, es que lo que hay detrás de un mercado libre no es la mano invisible de la fábula smithiana, sino la más pura y dura sinvergonzonería sin fronteras.

El Poder Económico está tan crecido que se ha dejado de fábulas y ahora actúa con plena desfachatez. Aunque la causa principal de la crisis fueron los excesos cometidos por el mercado de capitales, y aunque los trabajadores no habían intervenido para nada en los desaguisados cometidos por el tinglado financiero, el mundo empresarial y sus intelectuales orgánicos exigen “reformas estructurales” en el mercado de trabajo. Un eufemismo que significa la desregulación intensa del mercado laboral y la reducción de cotizaciones empresariales. “Ha llegado la hora de que el Gobierno se conciencie de que ésta es la peor crisis por la que ha pasado el mundo occidental y, por lo tanto, ante problemas excepcionales, tome medidas excepcionales, entre ellas un abaratamiento del despido”, ha dicho el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, un empresario con un pésimo curriculum como gestor, que ha hundido varias de sus compañías. Otro incansable predicador de la reforma laboral es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, cargo por el que es remunerado con 200.000 euros anuales.

Estos depredadores son incansables. Pues, como demuestra el vertiginoso crecimiento del número de trabajadores que engrosan a diario las filas del desempleo, despedir en España era ya una operación bastante barata. Ahora, el Gobierno ha cedido a la presión del Poder Económico y ha presentado una “reforma del mercado de trabajo” cuya única novedad es facilitar, todavía más si cabe, el despido de trabajadores.

El asunto es tan evidente que Ignacio Camacho, un brillante comentarista de ABC, periódico de la derecha tradicional, lo sintetiza con meridiana claridad: “A fecha de hoy no consta que los empresarios se hayan lanzado a contratar masivamente al amparo de la reforma laboral —se verá en los datos mensuales del INEM—, pero sí que 335 trabajadores son ya candidatos a estrenar la nueva fórmula abaratada de despido. Sus respectivas empresas —Saunier Duval, PTM, SMA y Troquenor— han presentado esta semana expedientes de regulación acogiéndose al ambiguo mantra de los «resultados negativos», en algún caso retirando previamente la solicitud efectuada bajo la reglamentación antigua; los gerentes de recursos humanos han deducido con impecable lógica que no tienen por qué pagar 45 días si el flamante decreto ley les permite abonar sólo 20. Esos 335 asalariados van a ser las primeras víctimas, el primer parte de bajas, de un marco legal que acaso acabe a medio plazo facilitando la creación de empleo, pero sin género de dudas va a contribuir en primera instancia a destruirlo.”

Nos predican las virtudes del trabajo, nos invitan a entrar en sus empresas, para luego despedirnos a capricho. En las condiciones de precariedad que nos anuncian, habría que replantearse seriamente si merece la pena seguir recurriendo al trabajo asalariado como medio de ganarse la vida.

Hay que perder la paciencia.

Pensionista con cónyuge a cargo: un déficit de ciudadanía

Una reforma en serio del sistema público de pensiones debería contemplar, de entrada, la fijación de unos mínimos que aseguren una existencia digna a las personas mayores. Si aceptamos la Constitución española en toda su extensión, además de garantizar la vida de lujo que lleva el Monarca Jefe del Estado y su augusta familia, los poderes públicos deberán también garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (C.E. art. 50)

Al cabo de 32 años de vigencia de la Constitución española, las pensiones del sistema público de la Seguridad Social siguen siendo muy bajas. En lo que respecta a las pensiones mínimas que fija el Gobierno, la mayoría de ellas están por debajo del umbral de pobreza, un parámetro oficial que fija el Instituto Nacional de Estadística.

Un caso especialmente lacerante es el de las mujeres casadas que, tras dedicar su vida a ocuparse de cuidar del hogar, la crianza de los hijos, etc., no tienen derecho a recibir una pensión al llegar a la vejez.

Los trabajos efectuados dentro del hogar sólo tienen valoración social y monetaria si son realizados profesionalmente, mientras que si los realiza una mujer dedicada a lo que antiguamente se denominaba “sus labores” pasa absolutamente desapercibido.

Por ejemplo, el coste de cuidar un niño en una guardería se incorpora al PIB por el importe del sueldo del empleado profesional más el beneficio obtenido por el propietario de la guardería, los alquileres, etc. Sin embargo, si quien se encarga de cuidar al pequeño es su madre, un abuelo o una tía soltera desempleada, pese a que el tiempo de trabajo dedicado a ocuparse del menor sería en principo exactamente el mismo que en la guardería, ni la patronal ni los sindicatos ni los ministerios de Trabajo y Economía se darán por enterados de que ese tipo de trabajo ha sido efectuado.

Ya lord Beveridge apuntó la paradoja que plantea, desde la perspectiva de la economía monetarizada, el hecho de que un hombre soltero se case con su asistenta supone una catástrofe, pues significa la desaparición de esa mujer del mercado de trabajo.

Es decir, que estamos ante un trabajo invisible, no remunerado ni socialmente valorado.

En nuestro sistema público de pensiones, aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable a los cónyuges (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal.(*) Esto, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene la pensión, y ésta en su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida.

En 2010, la pensión mínima de carácter contributivo para una persona mayor de 65 años está fijada en 557,50 euros mensuales. Si tiene cónyuge a cargo, percibirá 725,20 euros mensuales.

Habida cuenta de que con ese dinero han de mantenerse dos personas, la renta per cápita de cada una de ellas es de 362,60 euros. Renta situada por debajo del umbral de pobreza. Por mucha “economía de escala” que se quiera aplicar a la pareja, la realidad es que el complemento con el que debe vivir el cónyuge es de 167,7 euros mes, lo que arroja una ratio casi tercermundista de 5,59 euros día.

La situación mejoraría si en vez de ese complemento, cada cónyuge tuviera, en su calidad de ciudadano, el derecho personal a recibir una pensión, aunque en uno de los casos fuera la mínima de carácter no contributivo. El importe de la misma tampoco es que sea para tirar cohetes: 339,70 €. Sin embargo, un hogar donde el cónyuge principal tuviera derecho a percibir la pensión mínima de 557,50 € y el cónyuge ‘no contributivo’ tuviera derecho a percibir al menos esa pensión, allegarían entre ambas pagas la suma de 897,20 €. Este ingreso, no sólo mejoraría en 172 € la renta de ese hogar, sino que además robustecería un derecho: el de ciudadanía, y no el de ‘conyuge de’.

Por cierto, ¿han oído alguna vez hablar de esto a los sindicatos o al Ministerio de Igualdad? Confiemos en que a éste último, para eliminar esta discriminación, se le ocurra alguna idea mejor que introducir el palabro cónyuga como novedoso hallazgo semántico de la corrección política.

(*) La Pensión no Contributiva de Jubilación asegura a todos los ciudadanos en situación de jubilación y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva. Pero su concesión está sujeta a drásticos requisitos de condicionalidad.

Liberales, leed a Hayek, y garantizad un ingreso mínimo para todo el mundo!

El neoliberalismo, doctrina creada por los bien pagados marmitones que trabajan en las cocinas de los think tanks subvencionados por el mundo de los negocios ensalza la fábula del mercado como supremo organizador de la vida de las personas. Friedrich von Hayek, detractor de toda forma de socialismo y planificación de la economía, Ludwig von Mises y el inspirador de la escuela monetarista de Chicago, Milton Friedman, proporcionaron el fondo teórico. Aprovechando que Hayek vuelve a ser un éxito de ventas, debería ser leído sin prejuicios, comprobando que es partidario de proporcionar a todo el mundo un ingreso básico: lo que hoy llamamos Renta Básica de Ciudadanía.

Aderezando las ideas de estos economistas con apropiadas dosis de darwinismo social, los bien pagados cocineros se sacaron del mandil el neoliberalismo. Un plato de nouvelle cuisine para ricos que tenía la ventaja de aprovechar el viejo y proverbial caldo de la tacañería y servirlo con tres ingredientes novedosos: liberalización, privatización y desregulación.

Liberalización no debe confundise con liberación: acción y efecto de liberar, es decir, poner en libertad, hacer que alguien o algo quede libre. Liberalizar significa, lisa y llanamente, adaptar las cosas a lo que propugna la doctrina económica del neoliberalismo, que preconiza levantar las restricciones estatales que regulan una determinada actividad.

Privatización equivale a traspasar la titularidad de los bienes de carácter público al capital privado con el argumento de que la iniciativa privada gestiona los asuntos económicos con mayor eficacia que el Estado. Se oculta celosamente que, cuando un servicio adquiere carácter de negocio, sólo se presta a aquellos que pueden pagarlo, de manera que la privatización de servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones de jubilación rompe la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. La política de privatizaciones roza el latrocinio organizado.

Desregulación significa suprimir las intervenciones administrativas o legales que regulan un ámbito determinado de la actividad social o económica. Una construcción ideológica viciada, que acaba mordiéndose la cola como una pescadilla. En general, cuando el discurso político habla de desregular alguna cosa, el objetivo suele ser la remuneración o condiciones de los trabajadores (salarios directos, subsidios por desempleo o pensiones) o los servicios públicos.

Según las listas de éxitos que publican Amazon y Barnes&Noble, las dos mayores librerías del mundo en Internet, el libro más comprado en la última semana es la última edición de Camino de servidumbre, (The Road to Serfdom) de Friedrich A. Hayek, que se publicó por primera vez en 1944.

En esta obra, de obligada referencia para los entusiastas del neoliberalismo, Friedrich A. Hayek (1899-1992), Nobel de Economía en 1974, realiza una durísima crítica contra todo tipo de planificación económica, que en su opinión significa el fin de la libertad individual. Sin embargo, Hayek, que no sucumbe a la ingenuidad de identificar libertad económica con libertad efectiva, piensa que una sociedad que ha alcanzado un elevado nivel de riqueza, puede perfectamente ofrecer la garantía de un sustento mínimo para todos. Sin que ello ponga en peligro la libertad general.

Lean a Hayek, por favor:

Igual que la espuria "libertad económica", y con más justicia, la seguridad económica se presenta a menudo como una indispensable condición de la libertad efectiva. Eso es, en un sentido, tan cierto como importante. [...] Será bueno contraponer desde un principio las dos clases de seguridad: la limitada, que pueden alcanzar todos y que, por consiguiente, no es un privilegio sino un legítimo objeto de deseo, y la seguridad absoluta, que en una sociedad libre no pueden lograr todos, y que no debe concederse como un privilegio —excepto en unos cuantos casos especiales, como el de la judicatura, donde una independencia completa es de extraordinaria importancia—. Estas dos clases de seguridad son: la primera, la seguridad contra una privación material grave, la certidumbre de un determinado sustento mínimo para todos, y la segunda, la seguridad de un determinado nivel de vida o de la posición que una persona o grupo disfruta en comparación con otros. O, dicho brevemente, la seguridad de un ingreso mínimo y la seguridad de aquel ingreso concreto que se supone merecido por una persona. [...] No hay motivo para que una sociedad que ha alcanzado un nivel general de riqueza como el de la nuestra, no pueda garantizar a todos esa primera clase de seguridad sin poner en peligro la libertad general.

Pues bien, esa es precisamente la propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía, de la que ya he hablado en este blog, y que tendré el placer de exponer hoy viernes, a las 20h en el Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba.