jueves, 13 de diciembre de 2012

¿Quién se acuerda de las pensiones mínimas?

Hemos llegado a un punto en que lo mejor que podemos hacer quienes estamos cercanos a ingresar en el colectivo de pensionistas pobres es practicar gimnasia y mantener la forma física. No sólo para evitar deterioros propios de la edad (para ser atendidos habría que pagar a Capio y otras cajas B del Partido Popular). Es preciso conservar el vigor físico por si se presenta la ocasión de vernos, cara a cara y en terreno abierto, con alguno de los dirigentes populares. 

Lo peor de este Gobierno, y del entorno político y mediático que lo sustenta, es la desvergüenza con la que trata de negar la realidad de sus nefastas políticas sociales. Lo niega por todos los medios, esto es, a través de sus altavoces mediáticos productores de confusión a través de la mentira. La última de las cuales pretende hacernos creer que ha subido las pensiones mínimas.

Hay cuestiones en las que preferiría haberme equivocado. En concreto, en mi pronóstico de que el Partido Popular, una vez celebradas las elecciones gallegas y catalanas, machacaría a los pensionistas. No me entretengo en glosar los detalles de esta nueva tropelía porque ya lo dije en este artículo y mi predicción ha sido certera. Cosa que tampoco reviste gran mérito, pues cuando uno contempla una piedra lanzada a un lago, predecir que acabará cayendo al agua es ciencia de Perogrullo. Y a estas alturas, la trayectoria del PP ha demostrado su carácter antisocial.


Revalorizar es devolver a  algo el valor que había perdido. Y las pensiones, como otras rentas del trabajo, han perdido poder adquisitivo por la subida de los precios y por las políticas de recortes del Gobierno. La revisión del 1%  con carácter general y del 2% en las pensiones inferiores a 1.000 euros significa, en la práctica, una pérdida de 436 euros anuales en el valor de la pensión media. Lean en el blog La otra economía, de Alberto Montero, Con los  mayores tampoco se juega, un excelente análisis de la pretendida "revalorización".

Pero hay algo más grave todavía, y de lo que apenas han hablado, o no han dicho siquiera una triste palabra, ni la oposición parlamentaria, ni los sindicatos ni la prensa y radio del movimiento nacional que nos aflige. Se trata de las pensiones mínimas, cuyas cuantías en 2012 pueden verse en este cuadro. ¿Alguien puede creer que un incremento del 2% va a sacar de pobres a los técnicamente pobres perceptores de pensiones mínimas? 
(Pulsar sobre la imagen para ver los datos a mayor tamaño)

Según datos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, el 43,6% de los jubilados cobra una pensión inferior a 641 euros. Siendo la pensión más frecuente, que cobran más de 885 mil jubilados, la que se sitúa entre los 550 y los 600 euros. Con estos datos, no es extraño que el último informe de Eurostat indique que casi el 21% de las personas mayores de 65 años se encontraban, después de haber recibido su pensión, por debajo del umbral de pobreza.

Durante su primer mandato, el Gobierno presidido por J. L. Rodríguez Zapatero, inició una auténtica subida de las pensiones mínimas con las que pretendía aproximarlas al Salario Mínimo Interprofesional. Por desgracia, durante su segundo mandato, esta política de corte socialdemócrata fue arrinconada inexplicablemente. Las pensiones mínimas se estancaron y ahora, la derecha antisocial encarnada por el Partido Popular se ha encargado, literalmente, de machacar a estas personas. 

Subida de las pensiones mínimas entre un 5 un 6.5% más la desviación de la inflación. Esa política, por desgracia, ha sido relegada al olvidado.

Dar las gracias a los votantes que permitieron al PP alzarse con el poder es una ironía que no arregla las cosas. Hemos llegado a un punto en que lo mejor que podemos hacer quienes estamos cercanos a ingresar en este colectivo de pensionistas pobres es practicar gimnasia y mantener la forma física. No sólo para evitar deterioros propios de la edad por los que, para ser atendidos, tendríamos que pagar a la Caja B del Partido Popular (Capio y otras hierbas de la sanidad privada*). Es necesario conservar el vigor físico por si se presenta la ocasión de encontrarnos con alguno de los dirigentes populares, en terreno abierto y sin sus guardaespaldas. 

Entonces, hablaremos del Gobierno. Cara a cara y sin complejos.



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* El Instituto Cardiológico de Madrid ha sido el primero de los 33 hospitales de la Comunidad que el Gobierno regional planea cerrar en aras del Plan de Sostenibilidad de la sanidad pública. Hace dos semanas el centro hospitalario fue desmantelado en tres días, sin previo aviso y sin orden de cierre. Pese a que la fecha oficial del cierre de este Hospital esté prevista para el 31 de diciembre, a partir del día 14 ya no se dará actividad sanitaria en el centro. Tanto los trabajadores como los pacientes siguen esperando información concreta al respecto. Más info en Periodismo humano.

jueves, 29 de noviembre de 2012

Los televisores de plasma no son para pobres

Lo ha dicho una diputada del Partido Popular valenciano: las familias necesitadas que reciban una ayuda social no tienen derecho a destinarla a la compra de un televisor de plasma. Por el momento, el gremio de fabricantes y distribuidores de electrónica audiovisual no se ha pronunciado.


Nadie cuestiona en qué se gasta su sueldo el trabajador asalariado; ni su pensión el jubilado; ni su paga el guardia de la porra que zurra al manifestante; ni el presupuesto de su Casa el Rey; ni las dietas y otras canonjías el diputado en Cortes. Así como tampoco nadie pide explicaciones por lo que hace con sus emolumentos el presidente de Gobierno, central o autonómico, que recorta derechos sociales y regala hospitales públicos a sus amigos. Y por supuesto, a nadie se le ocurriría pedirle explicaciones de lo que hace con sus réditos al que vive de una renta financiera o inmobliaria.



Sin embargo, hay gente, más bien gentuza, a la que le parece censurable que una persona en situación de necesidad cobre los atrasos de un subsidio y se compre un televisor de plasma. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Rebuscando en los contenedores de basura podían haberse hecho con uno de esos televisores antiguos, de tubo de rayo catódico que la gente tira cuando cambia a un televisor LCD o de plasma. Les habría salido gratis, y total, para lo que hay que ver. Pero mira que comprarse un televisor de plasma... 

Según informa el diario Las Provincias, la parlamentaria del PP en la comisión de Política Social Pilar Sol Cortés aseguró en el Parlamento regional valenciano que algunas familias perceptoras de la renta básica de ciudadanía (alrededor de 400 euros) utilizaban el dinero para comprarse una televisión de plasma. 

Aclaremos las cosas: para empezar, en este caso no se trata de una auténtica renta básica de ciudadanía, una propuesta de política social que cuenta con un creciente apoyo, pero que no ha sido implantada en ninguna región de España. A lo que se refiere la diputada es a una de esas rentas de indigencia que conceden, no siempre, los servicios sociales. Una persona puede llegar a recibir un misérrimo subsidio una vez que ha demostrado ser pobre de solemnidad. Para ello, se habrá visto sometida a un estricto expediente administrativo de prueba de recursos (means test). 

El poder adquisitivo de esas pequeña pagas no permite grandes lujos. Pero aquí se trata del supuesto de una familia que cobra el subsidio con retraso, por lo que recibe el importe acumulado de varias mensualidades. En efecto, la frase textual de Sol Cortés fue: «el gabinete técnico que hacía el seguimiento (de las ayudas) detectaba que el dinero que se entregaba de golpe por haberse resuelto el expediente con anterioridad no se administraba en las condiciones de uso adecuadas y que hay casos de familias que estaban en situaciones de necesidad y a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma o utilizaban el dinero para unas cosas no adecuadas».

Aparte de cuestionar la ineficacia administrativa que impidió que el subsidio llegase con puntualidad a los destinatarios, aquí lo primero que hay que definir es qué son cosas adecuadas para una persona en situación de necesidad Y, sobre todo, definir al definidor. 


Habida cuenta de que en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente no se ha invitado a sentarse a las personas más desfavorecidas, éstas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna son definidas por otros.

Desde la perspectiva de los pobres —que debiera también ser la de quienes afirman defenderlos— es demasiado arriesgado dejar que sean los ricos —o sus  administradores— los que se encarguen de evaluar las necesidades ajenas. Pues es propio de la condición humana utilizar distinta vara de medir las necesidades según se trate de las propias o de las del prójimo.


Hay bastante gente que, sin pertenecer a la clase de los grandes potentados, dispone, pese a la crisis, de sobrada holgura en el bolsillo. Y suele coincidir que aquél que manifiesta con toda naturalidad que «Necesito unas nuevas botas de esquí para la temporada», sea de los que cuestionan con acritud que los servicios de asistencia social paguen rentas condicionales a otro tipo de necesitados. Rentas, por cierto, cuya cuantía es inferior al precio de un par de magníficas botas para el deporte blanco. Sin ir más lejos, unas Lange RS 130, que cuestan 499 € de vellón.

¿A qué dedica su tiempo libre Sol Cortés? ¿En qué emplea su sueldo esta diputada cuyas maneras recuerdan las de otra maritornes del PP? Me refiero, claro está, a Andrea Fabra, la diputada por Castellón que celebró con un sonoro "Que se jodan", el anuncio por Mariano Rajoy de los recortes en el seguro por desempleo.

Una de las grandes ventajas que tendría la implantación de una verdera Renta Básica de Ciudadanía consistiría en eliminar de plano esa tentación de verter sospechas sobre lo que hace con ella el perceptor. La universalidad en su aplicación nos haría a todos más iguales. Políticamente me refiero, porque en cuestión de entendederas siempre habría algunas y algunos que seguirían siendo más animales que otros.

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Por cierto, noticia gozosa: aunque con cierto retraso, me acaban de comunicar que ya tenemos oficina consular en las Islas Marshall, con jurisdicción en los 29 atolones y cinco islas del país. De manera que nuestros pobres pueden trasladarse a vivir a ellas sin temor a verse consularmente desatendidos.







lunes, 12 de noviembre de 2012

Huelga general: política, por supuesto

 
Una huelga general es tan política como lo son las causas del mal que pretende frenar. Política es la decisión de cargar la cuenta de la crisis financiera sobre las espaldas de los ciudadanos. Políticas son las subidas de los impuestos a los de abajo; los recortes en las prestaciones sociales, en la sanidad, en la educación. Política es permitir los desahucios de miles de familia y la reforma laboral que cada día arroja al paro a cientos de trabajadoras y trabajadores. Y política es la obscena privatización que el PP pretende hacer de los hospitales madrileños.
  
Tras haber depredado los servicios públicos madrileños, la condesa de la mamandurria sostiene que las huelgas generales se deberían prohibir. Muy mal deben andar los fundamentos del liberalismo patrio, versión casposa, para que su principal portaestandarte en vez de predicar libertades postule prohibiciones. ¿Qué liberal auténtico se atrevería a negar mi libertad de hacer huelga, ya sea esta laboral, política o mediopensionista?

Una huelga general es política cuando las causas del mal que pretende frenar son también políticas. Porque política es la decisión de cargar los platos rotos por la crisis financiera sobre las espaldas de los ciudadanos con subidas de impuestos, recortes de las prestaciones. Y política es la reforma laboral que cada día arroja al paro a cientos de trabajadoras y trabajadores. Esencialmente, la política del Partido Popular, al que pertenece la castiza vampiresa política, consiste en castigar a los ciudadanos en vez de castigar a los banqueros. Como sería lo lógico.
                                       
Y también política, cómo no, es la obscena maniobra a través de la cual el Gobierno regional madrileño pretende poner en manos privadas algo tan esencial como la salud de la población. Una depredación en toda regla del patrimonio público de los madrileños, a la que sólo cabe poner freno con una decidida acción política ciudadana. Y la huelga general, forma parte esa acción política.



Ahora, PP y PSOE, los dos elementos del binomio bipartidista que se alterna en el gobierno gracias a una ley electoral viciada, dicen que van a atenuar los procedimientos de desahucio. Eso es una decisión tan política como políticamente indecente ha sido su actitud de mirar para otro lado mientras miles de familias han sido puestas en la calle por culpa de las estratagemas bancarias.

Adam Smith, al que los liberales y otras hierbas adyacentes consideran su profeta, advirtió de una situación realmente perniciosa. Aunque en su liberalismo embrionario no consideraba adecuado prohibirla. Dice el escocés que:

Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero aunque la ley no puede impedir que las personas del mismo negocio se agrupen, tampoco debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones; y mucho menos para volverlas necesarias.

Contra los que conspiran contra el bienestar público, el 14-N las personas decentes haremos uso de nuestra libertad para ejercitar el derecho a la huelga. Quienes todavía tienen empleo, dando ejemplo de compromiso al asumir el descuento de ese día en un salario cada vez más mermado. Los que están fuera del ámbito laboral, apoyando la huelga con una abstención del consumo en esa fecha, procurando asimismo no utilizar, salvo urgencia justificada, los servicios públicos de sanidad, educación o transporte. 


Ante la convocatoria de huelga general el próximo 14-N, la ciudadanía española —que en su mayoría vive o necesita de un empleo asalariado para vivir— se enfrenta a un gran dilema: O sucumbir al miedo y buscar mil y una disculpas para no secundar la huelga o recuperar la conciencia de clase y defender las conquistas sociales logradas a través de las luchas históricas del movimiento obrero. En aras de la concisión, valga lo que ya escribí con ocasión de la anterior convocatoria del 29-M.




Ven a respirar y respira.













martes, 6 de noviembre de 2012

Los vampiros de la Sanidad pública madrileña.


La Sanidad pública madrileña se desangra. La política sanitaria del Partido Popular consiste en una vampirización del patrimonio público hospitalario, que está siendo desmantelado en beneficio de grupos de interés privado.
  

Coincidiendo con la celebración de Halloween, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció varias medidas letales para el sistema público de Salud madrileño. Aparte del discutible euro por receta, las reformas aprobadas significan que no quedará ningún hospital de gestión puramente pública; uno de cada tres centros estará totalmente en manos de empresas y se privatizan 40 de los 400 centros de salud de la región. A lo que hay que añadir el desmantelamiento del Hospital Universitario de la Princesa, el más prestigioso centro sanitario de la región donde se forman muchos médicos.

"Hay que aprovechar la crisis para introducir medidas de racionalización", afirma González en una entrevista en el diario El País. Pero el verbo "racionalizar" es escasamente objetivo. Para quienes creen en la existencia de vampiros, colgar ristras de ajos en su casa es una conducta perfectamente racional y acorde con sus creencias. Pero será irracional si se demuestra que los vampiros no existen.
   
Esa racionalización de la que habla González no supone mejorar la asistencia sanitaria de los madrileños, que debería ser la prioridad de los gestores públicos. Ahora bien, es una gran oportunidad de negocio para las corporaciones sanitarias ávidas de lucro a costa del doliente. Laboralmente, el cambio afectará a unos 5.500 profesionales, a los que se ofrecerá pasar a ser contratados por las empresas concesionarias que se queden la gestión de los centros. O sea, que no estamos ante una razón de interés público, sino ante una razón de mercado.
 
La iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender sus ideas siempre que  sean coherentes con ellas, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular está haciendo con la Sanidad Pública es entregar su patrimonio al sector privado, pagándole además por ello. Un ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, centro privado concertado, recibe anualmente más de 300 millones de euros para atender a los pacientes madrileños que tiene asignados en sus 550 camas.

Lo que resulta cuando menos chocante es que las dos últimas personas que han ostentado la presidencia de la Comunidad de Madrid sean quienes han protagonizado continuos ataques contra el sector público y sus funcionarios. Pues tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González son ambos funcionarios de carrera. Lo cual debe serles reconocido como un mérito personal. Ahora bien, ¿por qué estos funcionarios, cuyo deber sería defender las instituciones públicas, son precisamente los que, llegados al poder, centran su labor en destruir lo público?

González sostiene que la gestión privada de los hospitales supone un menor coste, pero cuando se le recuerda que a las concesionarias que gestionan los hospitales se les tuvo que reequilibrar en 2010 el canon previsto inicialmente, aumentándolo en dos millones de euros, responde con desparpajo que "Esto sucede en cualquier obra. Cuando se produce la liquidación de las obras, hay unas diferencias sobre los costes previstos. Y lo que se hace es ajustar el canon. Es habitual".

Esta "habitualidad" contradice por completo esa pretendida optimización del servicio de Sanidad pública madrileña al pasarlo a manos privadas. Pero González deja claro que su propósito es privatizar el patrimonio de todos los madrileños cuando reconoce que otro servicio público, como es el suministro de agua a través del Canal de Isabel II ofrece beneficios. Pese a lo cual, también lleva tiempo intentando privatizarlo, un proceso que "no lo hemos puesto en marcha, no lo hemos llevado adelante porque el mercado está como está y, según todos los informes de los analistas, no es posible. Así que lo que vamos a hacer es repartir los beneficios, que son de 120 o 130 millones al año, entre los accionistas, que somos nosotros y los ayuntamientos".

Así que, algo que es rentable, que proporciona ingresos a las arcas públicas se quiere también privatizar ¿Esto es racionalidad de gestor que defiende el interés público o racionalidad de vampiros?   
                   
La política sanitaria del Partido Popular consiste en una vampirización de todo aquello que funciona bien en el sector público. Lo ha hecho en Castilla La Mancha, y lo está haciendo ahora en Madrid. Los manijeros de este latrocinio son funcionarios en excedencia, con una plaza esperándoles en la Administración el día que decidan, o se les acabe, la oportunidad de seguir ejerciendo cargos de elección pública por los que perciben elevados salarios pagados por el contribuyente. Creo que ahora empiezo a comprender a quienes se refiere Cesar Molinas cuando habla de las clases extractivas.


 

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Uno de los centros hospitalarios más importantes de Madrid está en peligro: el presidente de la Comunidad de Madrid quiere convertir el hospital de La Princesa en un geriátrico, dejando en la calle a muchos de los más de 3.000 trabajadores del centro y sin atención a miles de madrileños.

Se calcula que este hospital ofrece cobertura sobre una población de 400.000 potenciales usuarios. Si lo cierran, todos los enfermos de esa zona tendrán que ser atendidos en otros hospitales, saturando aún más si cabe las consultas, tratamientos, quirófanos y listas de espera.Además, se cierran las líneas de investigación abiertas por los profesionales que llevan décadas trabajando ahí para mejorar la atención sanitaria, y cuyo trabajo se tira a la basura.

Hay que parar este desastre con una gran movilización. En un día, esta petición en Change.Org ha alcanzado las 90.000 firmas. Colabora y difunde para llegar a las 900.000.




domingo, 21 de octubre de 2012

El PP se dispone a machacar a los pensionistas

Tras calificar como una minucia los 40.000.000.000 euros de incremento de la Deuda que tendrá que asumir el Estado en virtud del préstamo europeo para la penúltima operación de salvamento bancario, el Gobierno se dispone a machacar a los pensionistas. Para mayor ironía, el PP ha esperado a recibir el voto de los pensionistas gallegos en los recientes comicios autonómicos, para castigarlos al día siguiente con una subida de las pensiones inferior al IPC 


Sin duda, la mejor baza electoral que el Partido Popular podría haber jugado en las elecciones autonómicas que se celebran hoy habría sido el anuncio de un compromiso firme para revisar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), tal como está previsto legalmente. El hecho de que el Gobierno siga refugiado en la ambigüedad y no haya utilizado esa baza hace temer lo peor: que Rajoy, tras haber precarizado las condiciones de vida de muchos españoles, se dispone ahora a machacar a los jubilados.

Ya se vienen lanzando globos sonda en el sentido de que el Gobierno no descarta actualizar las pensiones con un IPC irreal mucho más bajo. En la habitual jerga de mixtificaciones se apunta a que se podría utilizar el 'IPC a impuestos constantes', que excluye de la variación de los precios la parte que se debe al IVA. Aplicando ese IPC sin la subida de impuestos, el Gobierno tendría que pagar a todos los pensionistas unos 400 millones de euros. Con el IPC de verdad el coste sería de 2.400 millones.

La paternidad de esta idea no pertenece al equipo ministerial de Rajoy, que es un simple, e implacable, ejecutor de las políticas miserabilistas del neoliberalismo. Hace tiempo que ciertos "expertos" en la teoría de la relatividad económica proponen que se establezca una escala específica de revisión del IPC para los jubilados, al entender que tienen gastos más reducidos. “Un jubilado, por el mero hecho de serlo, disminuye al máximo sus gastos de transporte [...] tampoco tiene necesidades de formación [...] por lo que puede prescindir de la realización de cursos y adquisición de libros”. De este tenor son los argumentos con los que Ramiro Grau Morancho, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, postulaba, ya en 1997, en las páginas del diario Abc el establecimiento de un IPC distinto para revisar las pensiones de jubilación (*).

A esa escuela pertenece también el Servicio de Estudios del BBVA, que en un informe sobre las perspectivas del sistema de pensiones en España aconsejaba al Ejecutivo acometer reformas “en el menor plazo posible”. Entre ellas, el retraso de la edad de jubilación y que el aumento anual de las pensiones sea el del IPC “menos” algunas décimas, medio punto por ejemplo. José Luis Escrivá, director del  mencionado servicio, abunda en la tesis de que los jubilados tienen un menor límite de gasto y consumen menos que el resto de los ciudadanos. 

Claro que la tesis de Escrivá se compadece mal con el hecho de que los consejeros de los tres grandes bancos españoles (Santander, BBVA y Popular) acumulaban, ya en 2006, compromisos en fondos y planes de pensiones para sufragar su jubilación por un importe conjunto de 273,4 millones de euros, una cantidad suficiente para pagar la pensión media de 30.000 jubilados españoles durante un año. Estos compromisos, que traducidos a pesetas superan los 45.000 millones, serían suficientes para hacer frente a las jubilaciones de todos los pensionistas de Zamora o Huesca durante un año, las de los de Soria durante dos ejercicios o las de los de Ceuta y Melilla durante cuatro años.




En concreto, la mayor parte de los compromisos por pensiones de los altos cargos del BBVA están centrados en el presidente, Francisco González; el secretario del Consejo, Antonio Maldonado y el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. Este último, en contra de las tesis de alargar la edad de jubilación, pasó a la dorada reserva a los 55 años, cobrando una astronómica pensión de unos tres millones de euros anuales, respaldada por los 52,49 millones de euros que tiene dotados el banco para garantizarle esa prestación. Por su parte, Francisco González, al cumplir los 65 años en 2010, recibió en concepto de pensión la suma de 79,7 millones de euros en forma de póliza de seguro de la que no podrá disponer hasta que cese en sus funciones ejecutivas.


Con esa astronómica pensión, Goirigolzarri podría haberse retirado a una isla del Caribe o a un castillo en el Rhin, por poner algún ejemplo exótico. Nada de eso, seguirá cobrando un elevado salario, ahora por cuenta del contribuyente, ya que se hizo cargo de Bankia tras la vergonzosa salida de Rodrigo Rato, responsable de haber llevado la entidad a la bancarrota.

Inicialmente, se estimó en 23.465.000.000 euros el monto del dinero público que el Gobierno inyectará a Bankia mientras recorta brutalmente las partidas presupuestarias de interés social. Pero no es sólo Bankia, sino otras entidades financieras a las que se va a inyectar dinero público a través del préstamo europeo que supondrá incrementar la Deuda del Estado. En su momento, escribimos en este blog que  “cada euro de las ayudas que el Partido Popular destina a subvencionar la delincuencia bancaria nos lo van a hacer sudar a la gente de a pie". Ya lo estamos viendo.

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Sobre alternativas en tiempos de precariedad: 






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(*) Grau Morancho, Ramiro: “La revalorización de las pensiones”, Abc, supl. Nuevo Trabajo, nº 132, 5/01/1997.




martes, 16 de octubre de 2012

Del Caballero de La Barre a Malala Yousufzai: Víctimas de la intolerancia religiosa

 Las religiones, cuando sobrepasan la esfera de las creencias individuales y se convierten en instituciones con poder fáctico, son una de las peores amenazas para la dignidad y la vida humanas. Por defender la educación femenina, Malala Yusufzai, una niña pakistaní de 14 años, fue gravemente herida de bala por los talibanes.

 

Malala Yusufzai, una niña pakistaní de 14 años, fue salvajemente herida por defender la educación femenina. La joven, atacada recientemente cerca de su casa en Swat, norte de Pakistán, adquirió notoriedad hace tres años, tras explicar en un blog las atrocidades cometidas por los talibanes paquistaníes, que prohíben la educación de las niñas en zonas bajo su control. Los talibanes dispararon contra ella para impedir que siguiera asistiendo a la escuela. Malala fue hospitalizada en Rawalpindi, al sur de Islamabad, adonde fue trasladada después de que le fuera extraída una bala alojada en el cuello, cerca de la médula espinal. Posteriormente, ha sido trasladada al Reino Unido para proseguir su recuperación sin amenazas. 

El de Malala es un caso ilustrativo de cómo opera la intolerancia religiosa. Hay quien piensa que la religión islámica es mucho más intolerante que la cristiana. Algo cierto en el momento actual, aunque el mérito no hay que apuntarlo en el haber de una Iglesia que aplicó tremendas torturas a los disidentes antes de entregarlos a la hoguera. Como hizo con el dominico italiano Giordano Bruno, que recorrió media Europa exponiendo sus ideas panteístas concordantes con la teoría copernicana. Acusado de herejía por la Inquisición, Giordano se negó a retractarse y respondió a los jueces que le condenaron: “Tal vez pronunciáis la sentencia con más temor del que yo experimento al recibirla”. Corría el año 1600 cuando Bruno, tras rechazar al confesor, fue quemado vivo en la plaza romana de Campo di Fiori. 

Idéntica y trágica suerte corrió Miguel Servet, teólogo y científico español, cuyos intereses abarcaron muchas materias: astronomía, meteorología, geografía, jurisprudencia, teología y el estudio de la Biblia, matemáticas, anatomía y medicina. Fue el primero en describir la doble circulación pulmonar de la sangre. Servet desarrolló una cristología contraria a la Trinidad, por la que fue arrestado en Ginebra, sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera, el 27 de octubre de 1553, por orden del Consejo de la ciudad y las iglesias Reformadas de los cantones, cuando en ella predominaba la influencia de Juan Calvino. La sentencia dictada en su contra por el Consejo (Petit Counseil) de Ginebra dice:

Contra Miguel Servet del Reino de Aragón, en España: Porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de tres cabezas; porque contraría a las Escrituras decir que Jesús Cristo es un hijo de David; y por decir que el bautismo de los pequeños infantes es una obra de la brujería, y por muchos otros puntos y artículos y execrables blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica, para seducir y defraudar a los pobres ignorantes. Por estas y otras razones te condenamos, M. Servet, a que te aten y lleven al lugar de Champel, que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e impreso, hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas, y así termines tus días para que quedes como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo.

La intolerancia de la Iglesia no se detuvo motu proprio, sino gracias al poderoso freno de la Ilustración. Voltaire, uno de los más eximios representantes del pensamiento ilustrado, protesta así contra la vil ejecución de François-Jean Lefebvre, conocido como caballero de La Barre, torturado, decapitado y quemado en la hoguera por no haberse quitado el sombrero al paso de una procesión:

"¿Era también necesario que cortaran la mano y la lengua al caballero de La Barre, que le hicieran sufrir el potro ordinario y extraordinario y que lo quemaran vivo? ¿De qué crimen le acusaban? ¿Asesinó a su padre y a su madre? ¿Temían que incendiara la ciudad? Nada de eso: le acusaban de haber cometido algunas irreverencias, pero tan secretamente, que ni siquiera las enumeró la sentencia. Le acusaban de haber cantado una canción antigua que nadie conocía y de haber visto pasar de lejos una procesión de capuchinos sin haberla saludado".

En Francia, el caballero de La Barre simboliza a las víctimas de la intolerancia religiosa, junto con Jean Calas y Pierre-Paul Sirven. A raíz del caso de Malala Yusafzai, la secularista argelina Marieme Helie Lucas establece una comparación con el de François-Jean Lefebvre en Honor a los disidentes, un artículo en el que señala:

"A nadie en Europa se le ocurriría justificar tales atrocidades en nombre de la religión hoy en día. Pero parece que supuestos ‘musulmanes' no se merecen un acceso igualitario a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Los supuestos 'musulmanes' están ‘bajo arresto cultural', están constreñidos por las costumbres y la religión y así debe seguir siendo, mientras que el resto de la humanidad disfruta de los derechos universales [...]. Somos el Caballero de la Barre de hoy, exigiendo nuestro derecho a no creer en ninguna religión sin ser torturados y asesinados [...]. Somos el Caballero de la Barre de hoy, exigiendo nuestro derecho a no vestir velo, a recibir educación, a trabajar por un salario, a movernos libremente y a disfrutar de todos los derechos de la ciudadanía [...]. François-Jean de la Barre tenía 19 años; Malala tiene sólo 14. Aquella ejecución provocó cambios políticos en Francia hacia el secularismo. ¿Será el de Malala el precio a pagar por nuestra emancipación de la religión sancionada por el Estado y de sus implicaciones legales en nuestras vidas?"

http://freethoughtblogs.com/maryamnamazie/2012/10/10/honour-the-dissenters/




Monumento a Servet en la plaza del Ayuntamiento de Annemasse (Francia), villa situada a 4 km de Ginebra, al otro lado de la frontera franco-suiza: A Miguel Servet, apóstol de las libres creencias, nacido en Villanueva de Aragón el 20 de septiembre de 1511, quemado simbólicamente en Viena por la Inquisición Católica el 17 de junio de 1553 y quemado vivo en Ginebra el 27 de octubre de 1553 a instigación de Calvino.






jueves, 4 de octubre de 2012

25-S: La exigible dimisión del ministro de Interior


¿Es la crisis económica la causa que impide tener en España una policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? El auto de un juez de la Audiencia Nacional acaba de desmontar toda la argumentación gubernamental justificando la vergonzosa actuación policial el 25-S. Alguien debería dimitir. Claro que eso significaría que el Gobierno del PP cree en los valores democráticos. 

Cierta dosis de moderación en el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión contiene el deseo de titular este artículo con el eslogan esto nos pasa con un gobierno facha. Consigna habitual en las manifestaciones y que, por desgracia, resulta cada vez más verosímil.

Es un hecho innegable que la actuación de la policía antidisturbios en la represión de la convocatoria del 25-S fue excesiva, vejatoria con los detenidos y absolutamente desproporcionada.  En otros tiempos hubiera tenido cabida la duda, pero la proliferación de dispositivos de grabación de gran consumo puestos en manos del público actúa como testigo de cargo. Todas las brutalidades policiales han quedado grabadas.



Sólo desde el más absoluto cinismo pudo el Gobierno de Partido Popular calificar como "perfecta" la indecente actuación policial. El ministro del Interior, Fernández Díaz, dijo que la policía actuó "espléndidamente" y con "extraordinaria profesionalidad".  

¿Perfecta? Según la Delegación del Gobierno en Madrid el número de participantes fue escaso, alrededor de 6.000, frente al nutrido dispositivo de seguridad, integrado por más de 1.500 agentes. Si con una relación de 1 policía por cada 4 manifestantes es necesario efectuar cargas policiales con un saldo de 35 detenidos y 64 heridos, la ratio de eficacia es manifiestamente mejorable. 

¿Espléndida? Una banda de policías descontrolados de la escuela de Romero el madero entró en la estación de Atocha disparando salvas y vejando a los viajeros? Más que policías, se comportaron como auténticos skinheads.

Reconozcamos que las Unidades Antidisturbios cumplen un papel integrador al ofrecer empleo a un sector de la población cuyo bajo cociente intelectual le impide acceder a un trabajo que requiera aplicar un mínimo de inteligencia. Aquí sólo se trata de repartir leña y punto, según un sindicato policial. Un trabajo para el cual hace falta escasa cualificación profesional. 

¿Es la crisis económica la causa que impide que haya en España una policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? ¿O tenemos un Gobierno cuya ideología se aproxima peligrosamente a lo que dice el eslogan?

¿Profesional? ¿Tampoco hay dinero para comprar uniformes a fin de que todos los agentes vayan uniformados como es debido en vez de cubrirse con capuchas como vulgares malhechores? Esta escena sería patética si no fuera porque es real y prueba cómo actúa la policía a las órdenes del Gobierno de Rajoy. Al menos, habrá que reconocerle a Alfredo Rubalcaba que, mientras estuvo al frente de Interior, no permitió a la policía embestir(*) contra las acampadas del 15-M.


La infiltración de agentes de policía camuflados que incitan a los manifestantes a cometer desmanes es una vieja estrategia, practicada por los gobiernos de escasa sensibilidad democrática, para romper las manifestaciones de protesta o desprestigiar el sentido de las mismas.


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que tiene más pose que enjundia —va de progre aunque es más de derechas que el palo de la bandera, y de sabelotodo en cuestiones de derecho— dijo que hubo una "perfecta respuesta del Estado de Derecho a una serie de manifestaciones que lo que hicieron fue ejercer una agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Sin embargo, la convocatoria de la manifestación del pasado 25 de septiembre bajo el lema Rodea el Congreso no supone la comisión de delito alguno. Así lo estima el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ha dado carpetazo al caso abierto contra ocho organizadores de la marcha por un presunto delito contra las Instituciones del Estado. El juez mantiene que los promotores imputados en ningún caso trataron de invadir el Congreso ni alteraron el normal funcionamiento de la Cámara y recuerda que los fines de la protesta -exigir la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes e iniciar un proceso constituyente- están protegidos por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Para llegar a esta conclusión, el juez Pedraz no ha tenido que echar mano de profundos conocimientos de ciencia jurídica. Se ha limitado a señalar hechos que han estado a la vista de todo el mundo con total nitidez:

El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la actividad del Congreso como lo demuestra las manifestaciones de uno de los diputados, que llegó a señalar que la cámara había podido "mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad".

El juez cuenta cómo recibió un informe de la Brigada Provincial de Información de la policía señalando a cinco de los detenidos el pasado 25 de septiembre como posibles autores de un delito contra las Instituciones. Pedraz asegura que no es a los agentes a los que corresponde apreciar el delito concreto que hayan cometido, sino que debe ser el propio juzgado de Instrucción Madrid que lleva el caso, el que, en caso de que aprecie delitos que competen a la Audiencia, los ponga en conocimiento de esta.

Por último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las Instituciones que apreciaba la policía. Mantiene, en primer lugar que "no existe indicio alguno" de que los promotores imputados tuvieran "intencionalidad de invadir" el Congreso. El auto recuerda que el perímetro de seguridad instalado en torno a la Cámara "está alejado de la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso". "No cabe deducir que intentar rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio", dice. "Puede pensarse también que solo quisiera llegar a las puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como expresaba la convocatoria".


La denuncia, pues, no tenía el menor fundamento. Ahora,  ¿quién indemnizará a las personas detenidas injusta e injustificadamente y fueron vejadas con aires chulescos en comisaría? ¿O a quienes sufrieron en sus carnes los efectos de la antidemocrática leña que atizan los maderos? ¿Serán todos ellos amparados por el Defensor del Pueblo?

Como primera medida de higiene, algún responsable gubernamental debería dimitir por haber consentido todos estos desmanes policiales. Por ejemplo, el ministro de Interior. Claro que eso significaría que el Gobierno del PP cree en los valores democráticos.


(*) embestir. El DRAE arroja dudas sobre la etimología del término al indicar: Quizá del it. investire, acometer. ¿Podría derivar de bestia?


lunes, 1 de octubre de 2012

D. Mariano Rajoy Brey debe aclarar si es titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola

En una muestra de cinismo, Mariano Rajoy alaba "a la mayoría silenciosa que no se manifiesta". A propósito de silencios cínicos, el presidente debería explicar si es cierto que continúa siendo el titular del Registro de la Propiedad de la localidad alicantina de Santa Pola. Una petición en tal sentido se puede firmar en esta página.



"Permítanme que haga aquí en Nueva York un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios. No se les ven, pero están ahí, son la mayoría de los 47 millones de personas que viven en España. Esa inmensa mayoría está trabajando, el que puede, dando lo mejor de sí para lograr ese objetivo nacional que nos compete a todos, que es salir de esta crisis". Lo dijo en Nueva York, en vísperas del consejo de ministros que ha adoptado duras medidas adicionales a los recortes en el bienestar de los españoles.

Puede que Rajoy haya cometido ese grave error que señala Antoni Gutiérrez-Rubí: "Confunde el silencio de sus colaboradores con fidelidad. Confunde el silencio de "la mayoría de los españoles" con complicidad. Confunde su mayoría parlamentaria con consenso social. Y, con este enfoque, desprecia e ignora la unanimidad que -dentro y fuera de nuestras fronteras- suscitan su errática estrategia de comunicación y su inacción política". 

Pero también cabe otra interpretación: tras la desaparición temporal de escena de la condesa de la mamandurria, el presidente del Gobierno se ha quedado con la exclusiva del cinismo político. A propósito de de cinismo y de silencio, o de silencios cínicos si se prefiere, Mariano Rajoy debería explicar si es cierto que continúa siendo el titular del Registro de la Propiedad de la localidad alicantina de Santa Pola. Así como aclarar cuáles han sido los motivos por los que no ha solicitado la excedencia pese a no ejercer como tal en los últimos 20 años.

El diputado Cayo Lara (IU) ha presentado en el Congreso una pregunta en este sentido. Lara ha señalado que, según la legislación aplicable, entre la opción de solicitar la excedencia de su Registro, de forma que la plaza de registrador de la Propiedad de Santa Pola saliera a concurso y fuera cubierta por otro registrador, y la de mantenerse como titular del Registro de Santa Pola, optó por la segunda: no pedir la excedencia, manteniéndose siempre como registrador de la Propiedad titular de Santa Pola, gestionándose desde ese momento por un registrador sustituto.


En nombre de la transparencia en la actuación de los cargos públicos, es perfectamente exigible a Rajoy esta aclaración. Por ese motivo, y con independencia de la pregunta planteada por el señor Lara en el ámbito parlamentario,el mantenedor de este blog ha creado una petición en Change.org. Quienes estén de acuerdo pueden:

firmar en este enlace

O bien en el wigdet :
 

martes, 25 de septiembre de 2012

La policía 'rodea' el Congreso


El movimiento 25S, convocante de una acción para rodear el Congreso de los Diputados, ha conseguido un objetivo indirecto: El rodeo ha sido efectuado por casi 1.500 agentes antidisturbios que están apostados en sus inmediaciones formando hasta tres "anillos" o filtros de seguridad en un perímetro de 500 metros. Por fortuna, los émulos del general Pavía no intervienen en esta operación.




Los promotores de la convocatoria del 25-S en Madrid no tuvieron precisamente una idea feliz al escoger el lema Ocupa el Congreso para denominar una acción consistente en rodear, pacíficamente y sin armas, el edificio de las Cortes. Una propuesta insólita, que cuenta con la legitimidad de la acción pacífica, pero bastante naif. En efecto, pensar que una gran manifestación es la vía para conseguir, según pretenden los convocantes, un nuevo proceso constituyente, supone una gran ingenuidad.

Casi tanta como el lema escogido. Es obvio que ocupar el Congreso no puede realizarse de forma pacífica, ni por sorpresa, como la okupación de locales abandonados. Sin embargo, el verbo de marras ha dado pie para que el Gobierno y su entorno se hayan lanzado a realizar de declaraciones truculentas. Como la de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, comparando el 25-S al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. 

Cospedal, cuya portentosa estupidez política aumenta en la misma medida en que su acción gobernante destruye los servicios públicos de salud de Castilla la Mancha, ha rizado el rizo de la utilización torticera del término 'ocupación'. Que  tiene en España unas indeseables connotaciones. Pues las dos únicas ocasiones en que el Parlamento ha sido invadido por elementos ajenos ha estado a cargo de las Fuerzas de Seguridad. Fuerzas que teóricamente tienen la misión primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, bajo la dependencia del Gobierno. 

La guardia civil entra en el Congreso por orden del general Pavía. Xilografía de M. Vierge procedente de L´Illustration: journal universel. Paris: J. Dubachet.

El 8 de enero de 1874 el Capitán General de Castilla, Manuel Pavía, apoyado por la derecha monárquica, dio un golpe de Estado penetrando en el hemiciclo de las Cortes seguido de fuerzas de la Guardia Civil. Emilio Castelar, presidente de la I República había dimitido al perder la votación de confianza por lo que Nicolás Salmerón, presidente de las Cortes, ordenó realizar una votación para elegir al nuevo jefe del poder ejecutivo. El general Pavía, para evitar que los federalistas tomen el poder, moviliza dos compañías de infantería, una batería de montaña y otras dos compañías de la guardia civil. Con esta tropa llega al Congreso conminando a Salmerón a la disolución de la sesión de Cortes y al desalojo del edificio en cinco minutos. Estos hechos supusieron el final oficioso de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más.

El 23 de febrero de 1981 nuevamente la Benemérita institución tuvo un triste protagonismo en la historia de la Transición. Unos 200 guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron, armas en mano, en el Congreso de los Diputados. Interrumpiendo la votación de investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Un intento de golpe de Estado que se vio frustrado porque la mayoría de las Fuerzas Armadas, aunque con ciertas vacilaciones, se mantuvo fiel al orden constitucional.
   
La distancia que guardan estos hechos, llevados a cabo mosquetón en mano, con las manifestaciones pacíficas convocadas por el movimiento 'Ocupa el Congreso' son palmarias. Lo que tampoco está demasiado claro es el alcance de la supuesta 'desobediencia civil' que se persigue en esta acción. Hay una clásica definición de desobediencia civil, expresada por Hugo Adam Bedau, y que John Rawls, figura de referencia en la esfera jurídica anglosajona, adopta en su clásico libro Teoría de la Justicia:

Alguien comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno.
                                     
Hasta ahora, en España no ha habido otras expresiones concretas de desobediencia civil que la de los jóvenes insumisos al servicio militar que, coherentes con sus ideas, acabaron dando con sus huesos en la cárcel en el período comprendido entre 1984 y 2001. Año en que el Servicio Militar Obligatorio fue suspendido, que no abolido, a través del Real Decreto 247/2001. 


Vivimos en un momento en que la gente, azotada por los efectos de una triple crisis —económica, política e institucional— desconfía del actual sistema de representación política. La jornada del 25-S será otra de las muchas expresiones del descontento popular que vienen produciéndose a partir de las simbólicas acampadas del 15-M. Sin embargo, no apunta todavía una alternativa política. Han sido demasiados años en los que la mayoría de la 'gente' participó en la burbuja económica o miró para otro lado y dejó hacer a los políticos profesionales. Lo cual se refleja en la inexperiencia de los movimientos que tratan de recuperar esa acción civil por medio de la cual la 'gente', ese agregado ambiguo, se transforma en 'ciudadanía'. O sea, personas conscientes de sus derechos y también de sus deberes políticos.










martes, 18 de septiembre de 2012

A este paso, no tardaremos en ver cómo el robo de una gallina se castiga con la horca

La Justicia española demuestra gran diligencia para juzgar los pequeños hurtos en supermercados por parte de personas desesperadas. Mientras tanto, los grandes delincuentes siguen en libertad y con grandes probabilidades de que las causas que se les imputan sean archivadas. 

El pasado 6 de junio, seis desempleados de El Ferrol entraron en un supermercado de la cadena DIA, llenaron una cesta con alimentos básicos (arroz, galletas, pasta y legumbres) y al llegar a la caja entregaron una cartilla de desempleo como pago. Fue una acción simbólica y reivindicativa organizada por la Asamblea de Desempregad@s de Ferrolterra, tutelada por el sindicato nacionalista CIG, que agrupa a una treintena de personas sin trabajo. Los alimentos tomados de esta forma estaban destinados a las ollas de la Cocina Económica de la ciudad naval.

Desde el punto de vista legal, la acción de estos ferrolanos se considera un hurto, cuya cuantía no llega a 26 euros. Ayer quedó visto para sentencia el juicio por una falta que la fiscalía pide castigar con 635 euros. 60 euros para cada uno de los seis imputados (tres euros al día durante un mes) y otros 275 euros a repartir entre todos para indemnizar a la cadena de supermercados DIA que los denunció.

Fue un juicio rápido, que demostró que la Justicia española funciona con eficacia. Cuando quiere, porque hay otros casos cuya vista se demora durante años y luego sucede que que nuestro sistema garantista deja de actuar contra los imputados al haber prescrito el delito del que se los acusa.

Por ejemplo, Emilio Botín, su hermano Jaime y todos sus hijos se salvaron de la cárcel y de unas fuertes sanciones gracias a la benevolencia de la Agencia Tributaria  que, en junio de 2010, en vez de mandarles a la inspección les concedió un tiempo precioso para regularizar su situación. Los Botín pagaron 200 millones de euros sin ser sancionados. Luego, el juez de la Audiencia Nacional archivó la causa confirmando en el auto que esta regularización basta para conceder la llamada "excusa absolutoria". 

En la misma línea se mueve Iñaki Urdangarin. El avispado yerno del Rey acaba de pedir a la Audiencia Provincial de Palma que, si del informe que la Agencia Tributaria de Catalunya prevé presentar al juez se desprende que incurrió en posibles delitos fiscales en relación a 2003, 2004 y 2005, se declaren prescritos y "no sean valorados a efectos procesal o penal alguno", en relación al caso de corrupción Noos. 

¿Alguien se acuerda a estas alturas de la trama Gürtel, que afectó de lleno a los Gobiernos regionales del Partido Popular en Madrid y Valencia? En estas comunidades autónomas se ha llevado a cabo un auténtico expolio de los servicios públicos, especialmente de sanidad y educación. Las privatizaciones de bienes públicos comienzan a recordar el proceso de cercamientos (enclosures) de los campos abiertos y pastos con formas de aprovechamiento colectivas que hubo en la Inglaterra del período 1450-1640, a raíz de la elevada cotización que alcanzó el precio de la lana.
 
Esta circunstancia incentivó el cierre de los campos para destinarlos exclusivamente a la cría de ovejas. Hasta entonces, la gente más pobre podía subsistir aprovechando los recursos mínimos que brinda la naturaleza en los campos abiertos o comunales (open fields): leña, frutos silvestres, restos de cosechas, etc. Privados de esa posibilidad por los cercamientos, millares de campesinos quedaron imposibilitados para sobrevivir en los terrenos comunales de en los que habían vivido. Una legión de desheredados se vió forzada a vagabundear en busca de algún sustento que, a veces, sólo podían obtener mediante pequeños hurtos, contra los que se legislaron severas penas. El robo de una gallina era motivo suficiente para ir a la horca. Así lo denunció Tomás Moro:

¿Qué otra cosa les queda sino robar y que les cuelguen [...] o vagar y mendigar, aunque en este caso también se les arroja a la cárcel, pues deambulan ociosos al no aceptar nadie sus servicios a pesar de que ellos los ofrecen con el mayor ahínco? [...] Un único ovejero o boyerizo es suficiente para todo el terreno donde pasta el ganado.