Post scriptum a "El ministerio de Trabajo vulnera la Constitución al impedir a los desempleados viajar al extranjero"

El citado artículo ha dado lugar a cierto debate en Menéame. Algunos de los participantes en ese debate han defendido el principio correcto: un ciudadano no debe sufrir discriminación en sus derechos. Sin embargo, no han faltado quienes se han dejado llevar por viejos prejuicios. O por ese tópico “el trabajo del desempleado es buscar empleo”, que más que un principio moral es un vulgar retruécano. O una reducción al absurdo, pues trabajo era precisamente lo que tenía anteriormente el desempelado, que no estaría en esta situación si no hubiera sido despedido contra su voluntad.

El titular del artículo es metafórico. En efecto, el Ministerio de Trabajo “no impide viajar al extranjero”. No puede hacerlo en una democracia liberal, donde los derechos formales están garantizados, no así otros derechos que como el caso del derecho al trabajo, es sólo programático. Un ciudadano no puede acudir a tribunales denunciando que el Estado o las empresas no le proporcionan un empleo.

Sin embargo, lo que sí hace en este caso el Ministerio de Trabajo es “estorbar”, “interferir” o incluso “coaccionar” ese derecho al libre movimiento al negar la tarjeta sanitaria europea a quienes estén cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, por un período superior a 15 días.

En cualquier caso, a partir de la publicación de este artículo también en Soitu, ha rebotado en la red originando cierto debate en Menéame. Algunos de los participantes en ese debate han defendido el principio correcto: un ciudadano no debe sufrir discriminación en sus derechos. Sin embargo, han sido muchos los que se han dejado llevar por viejos prejuicios o incluso el desconocimiento de la realidad. Por ejemplo, dice uno: “Si no existiera ese control habría muchos que estarían cobrando sus 900 euros del gobierno español mientras trabajan en Ecuador”. Esa opinión está viciada ya que parte de una premisa errónea: que el subsidio es de 900 euros, cosa que no es cierta, siendo 428 euros la cantidad correcta.

“Vamos, que está cobrando el paro y en vez de buscar trabajo, se dedica a irse de vacaciones”, dicen otros. Esta opinión abunda en el tópico “el trabajo del desempleado es buscar empleo”. Lo cual no deja de ser un retruécano. Pues trabajo era precisamente lo que tenía anteriormente el desempleado, que no lo sería de no haber sido despedido del mismo contra su voluntad.

Aun aceptando ese principio, si “el trabajo del desempleado es buscar empleo" de su propio enunciado se desprende que tendrá derecho, por realizar ese trabajo de búsqueda, a vacaciones, como cualquier otro trabajador. Con demasiada ligereza se olvida aquí que el brutal aumento del paro en 2009 no obedece a que un ‘virus de la holgazanería’ haya atacado a millones de personas, sino que éstas han sido llevadas a tal situación a causa de la crisis económica provocada por la delincuencia financiera internacional. ¿Por qué hay moralistas dispuestos a aplicar sobre los parados un castigo adicional?

El caso citado es el de un parado de larga duración y mayor de 61 años. ¿Acaso alguien en su sano juicio piensa que en pleno mes de agosto le van a llamar para un trabajo que no le ofrecieron durante los últimos cinco años?

Para empezar, no todos los parados que figuran en el registro de los servicios públicos de empleo tienen las mismas posibilidades de incorporarse al trabajo. Los propios altos cargos del Ministerio de Trabajo reconocen que los mayores de cincuenta y dos años no van a encontrar empleo. Por lo que el Ministerio de Trabajo ha elaborado el llamado índice de ocupabilidad (la probabilidad de convertirse en ocupado) con el fin de depurar las cifras. El resultado es que la mitad de quienes figuran en el registro tienen una baja o muy baja probabilidad de encontrar un empleo (El País, 4-11-06: “Desempleados reales o aparentes”).

Y por lo que respecta al próximo verano de 2009, la empresa de gestión de recursos humanos Adecco y el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) han publicado su ya tradicional Indicador Laboral de Comunidades Autónomas, en el que recoge sus previsiones del mercado de trabajo para este verano y son demoledoras. Estas son sus principales conclusiones:

- Destrucción de 1,5 millones de puestos de trabajo en el tercer trimestre del año.

- La contratación temporal caerá un 50% respecto al mismo periodo del año pasado, que ya fue un 17% inferior a la de 2007.

- Las empresas han adecuado plantillas durante el ejercicio y no les va a hacer falta contratar personal durante el verano. Por ejemplo, apenas habrá sustituciones por vacaciones ni en la industria ni en la hostelería y la restauración.

- Los jóvenes y estudiantes tendrán que competir con los más de cuatro millones de parados para buscar empleos de temporada.

- La profundidad de la crisis provocará que las amas de casa y los parados mayores de 40 años busquen también los puestos de trabajo eventuales propios de la temporada veraniega. Son colectivos que en ocasiones anteriores no demandan este tipo de empleos.

- Las empresas demandarán en esta época menos puestos y más cualificados.


¡Seguimos rutinas insólitas! No se sabe si es cómico o siniestro que, ante la falta constante, indesarraigable y creciente de puestos de trabajo, se obligue a los millones de desempleados, cada día laborable de la semana, el mes o el año, a salir a la búsqueda “efectiva y permanente” de ese trabajo que ya no existe. Cada día, semana, mes, año, se los condena a postularse en vano, frustrados de antemano por las estadísticas. Porque hacerse rechazar cada día laborable de cada semana, mes e incluso año, ¿no sería un empleo, un oficio, un aprendizaje? ¿Es un destino verosímil? ¿Una ocupación racional? ¿Una forma recomendable de emplear el tiempo?

(El horror económico, Viviane Forrester)

Servicios públicos por el coste de una canguro

Según el periódico Expansión, cada persona empleada paga 4.500 euros para mantener los distintos cuerpos de funcionarios del Estado. Lo que para este periódico del mundo de los negocios supone una losa. Sin embargo, contemplado desde otra perspectiva no parece un coste muy elevado dada la plantilla de servidores públicos ofrecidos a la población por un precio equivalente al que paga una familia de clase asalariada media baja por los servicios de una asistenta a tiempo parcial o una canguro para los niños.

Los datos que maneja el periódico son los siguientes: Los 2.494.970 funcionarios del Estado, las comunidades y los ayuntamientos –sin contar los 100.000 de la Universidad– absorben 103.285 millones de euros al año, según datos del ministerio de Política Territorial y del ministerio de Hacienda. Estas cifras equivalen a más del 10% del PIB nacional, o a la suma de la recaudación total del Impuesto de la Renta (72.000 millones) y el de Sociedades (35.000).

Digo los datos que ‘maneja' el periódico porque cada uno habla de la feria según le va en ella. Y según el manejo de los datos que hace Expansión, "el número total de trabajadores en España es de tan sólo 23 millones. Por tanto, cada uno de ellos paga 2.270 euros al año para mantener la administración regional, 770 euros por la local y 1.430 euros para el Estado. La losa pública total asciende a 4.471 euros al año. O lo que es lo mismo, tres meses completos de sueldo, teniendo en cuenta que el salario medio ronda los 1.500 euros".

Dos precisiones: primera, el Estado no es sólo la Administración del Gobierno de España. Las Administraciones autonómicas y municipales también son Estado; segunda precisión, la media estadística es un valor que debe tomarse con mucho cuidado, pues conlleva un alto grado de incertidumbre en la información que aporta sobre el estado de un sistema o conjunto de elementos.

Por tanto, los valores medios utilizados en las estadísticas sociales ofrecen un interés limitado, ya que aportan poca información sobre las condiciones reales en que viven los distintos individuos del conjunto. Una clásica humorada sirve para ilustrar la relatividad de la media: si tu vecino cena un pollo, mientras que tú has conformarte con un par de vasos de agua, en el microuniverso formado por tu vecino y tú el valor medio de la cena será de medio pollo y un vaso de agua per cápita.

De manera que no todos los empleados pagan lo mismo a Hacienda, ni todos los salarios del funcionariado se pagan con el impuesto sobre los salarios de los empleados por cuenta ajena.

Claro que también lo podemos ver de otra forma: 4.500 euros divididos entre 12 meses arroja un cociente de 375 euros. Una cifra parecida a lo que paga una familia de clase asalariada media baja por los servicios de una asistenta a tiempo parcial o una canguro para los niños. Una cifra que también se parece a la que pagan, en concepto de gastos de servicios comunes, los propietarios de viviendas de un edificio de cierto nivel.

Un gasto de 375 euros mensuales no resulta exagerado si consideramos que, por un coste equivalente al de una niñera, tenemos un ejército que defienda nuestras posiciones en la isla de Perejil, una policía que proteja nuestra seguridad personal y nuestra cuota parte en la propiedad privada capitalista (vivienda, automóvil), agentes de tráfico que pongan orden en las carreteras, servicios de rescate marítimo y en altura, bomberos, prácticos portuarios y aeroportuarios, médicos y enfermeros que nos curen cuando caemos enfermos, profesores que eduquen a nuestros hijos, amén de barrenderos de calles, jardineros de parques, alguaciles...

De estos servicios no sólo se benefician los empleados, sino que, al ser de aplicación universal, también benefician a los familiares de éstos, a los desempleados y a los jubilados con pensiones mínimas.

¿Es eficaz el sistema? Seguramente alberga un determinado porcentaje de funcionarios que no dan un palo al agua. Pero tampoco el funcionamiento de la mayoría de las empresas privadas es un modelo de eficacia. Quien haya tenido que tratar con cualquier proveedor de servicios de telefonía o internet, compañías eléctricas, etc. sabe a qué nivel de ineficacias estamos expuestos. Por no hablar de la Gran Ineficacia Mercantil, que ha situado la economía mundial al borde del precipicio.

Todo es manifiestamente mejorable, por supuesto. Y podría abaratarse considerablemente el coste de los servicios generales, o mejorar algunos de sus aspectos, como la Sanidad, eliminando los gastos suntuarios de las hiperdimensionadas jerarquías políticas con coche oficial que anidan en los distintos aleros del Estado. Incluyendo, como se ha dicho, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Asimismo, una Jefatura del Estado con una dimensión menos ‘familiar' nos saldría algo más baratita.

El ministerio de Trabajo vulnera la Constitución al impedir que los desempleados viajen al extranjero

Suena extraño en un país democrático. Pero las cosas son así: un desempleado que se encuentre percibiendo una prestación por desempleo no está autorizado por la Administración a permanecer fuera de las fronteras del Estado español por más de 15 días. Lo cual supone una clara vulneración del Artículo 14 de la Constitución: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razon de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Un día cualquiera, el ciudadano Pérez se presentó en una Oficina de Atención e Información de la Seguridad Social cuyo funcionamiento es bastante eficaz. Tras un tiempo de espera tan discreto que apenas dio para leer un par de páginas de La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, en la pantalla electrónica brilló su número de turno junto a la indicación de la mesa donde sería atendido por una correctísima funcionaria.

- Buenos días, vengo a solicitar las tarjetas de asistencia sanitaria europea para mi mujer y para mí. Al efecto de ser atendidos, en caso de necesidad, en viaje de vacaciones por territorios de la Unión Europea.

- Muy bien, permítame sus tarjetas de la Seguridad Social

Tras teclear un rato en su terminal informática, la funcionaria le hace entrega de una sóla tarjeta.

- Aquí tiene, esta es la tarjeta de su esposa. La de usted no podemos expedirla dado que, al ser perceptor del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, no puede desplazarse al extranjero sin autorización previa del INEM. O sea, que deberá acudir a la oficina del INEM a la que usted esté adscrito y pedir alli dicho permiso.

Las oficinas del INEM son de apariencia mucho más cutre que las del resto de la Administración, incluido el guardia de seguridad privada cuyo pantalón rojo le confiere cierto aspecto circense. Procurando hacer abstracción de la deplorable estética, el ciudadano Pérez se persona en la Oficina donde le entregan un impreso de solicitud de autorización de salida al extranjero en el que se especifica que el tiempo maximo es de 15 días. Según la letra pequeña del impreso:

"El SPPE le informa que puede salir ocasionalmente al extranjero por un período máximo de 15 días naturales acumulados dentro de un año natural, sin que ello suponga la suspensión del derecho [a percibir la prestación]. En caso de acumular salidas al extranjero por un período superior a los 15 días autorizados, se procederá a suspender la prestación por desempleo de la que es usted beneficiario, tendiendo la citada salida consideración de traslado de residencia al extranjero a los efectos de la posible reanudación. Asimismo se le informa que deberá presentarse en esta Oficina el primer día hábil siguiente a aquel en que se cumpla el período máximo de 15 días desde la fecha en que se autorizó su salida al extranjero"

El ciudadano Pérez, desempleado de larguísima y estructural duración, que ahora frisa los 61 años, hace memoria. La última vez que precisó de una autorización del Estado para viajar al extranjero, fue allá por el año 1969, estando a la sazón en puertas de incorporarse a las filas del servicio militar obligatorio. Eran tiempos de dictadura franquista. Ahora, el ciudadano Pérez, en una supuesta democracia, es forzado a formar, en su lugar, descanso, en las filas del Ejército Industrial de Reserva.

Pues resulta que una "circunstancia personal o social", como es la circunstancia del desempleo, le impide gozar de la igualdad ante la ley. Viendo vulnerado su derecho constitucional a "entrar y salir libremente de España" (Art. 19) ve amenazada incluso la estabilidad conyugal, pues no podría acompañar en vacaciones a su esposa, que por suerte todavía dispone de un empleo.

¿Qué tropelía es esta? ¿Que sentido tiene esta absurda norma administrativa que repugna al ordenamiento constitucional? Sencillamente, satisfacer ese desmedido afán de la Administración por controlar a toda persona que se halle en situación de inferioridad de condiciones. Para mayor información, léase la obra Vigilar y castigar, del sociólogo francés Michel Foucault.

Despido libre: una cuestión disciplinaria

Capitalismo y pleno empleo son conceptos antagónicos. La lógica del sistema exige regular sus necesidades de mano de obra y precio de la misma manteniendo un fondo permanente de trabajadores parados: el Ejército Industrial de Reserva, integrado por batallones de castigo. Pues el desempleo y el despido libre cumplen también una función disciplinaria.

La doctrina del liberalismo se declara como defensora a ultranza de la libertad en el seno de la sociedad. Mas, siendo la libertad “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, según célebre alegato del ingenioso hidalgo manchego, cada cual interpreta el sentido de su libertad procurando llevar el agua a su molino. De ahí que pida libertad de opinión el político, libertad de prensa el articulista y libertad de comercio el gremio general de tenderos locales y multinacionales. Y que la patronal de la industria clame a diario por la libertad de despido de los trabajadores empleados en sus factorías.

El empleo como artefacto social es también un artefacto de dominación. El empleo asalariado establece una desigual relación contractual. No sólo la dirección de los objetivos del trabajo y la disciplina en la ejecución del mismo pertenecen en exclusiva al empleador, sino que también le pertenece la facultad de otorgar o no el contrato laboral. Si el Estado puede establecer la pobreza por decreto, el empresario ni siquiera necesita recurrir a una vía tan solemne. Le bastará pronunciar una fórmula tan simple como “Pérez, está usted despedido”, acompañada del cumplimiento de un mínimo paripé legal, para haber ejercido el más absoluto dominio sobre la vida del empleado.

Mito sociopolítico o leyenda urbana, el Pleno Empleo es una contradicción en sus términos: desde las primitivas hachas de sílex a la utilización del silicio en los chips electrónicos, cada avance tecnológico significa un ahorro de esfuerzo humano. Pero como señaló el economista polaco Michał Kalecki (1899-1970), “los fundamentos de la ética capitalista exigen que usted gane su pan con el sudor de su frente... a menos que usted posea medios privados”.

Así, las nuevas tecnologías no han sido utilizadas para distribuir mejor el tiempo de trabajo, sino para favorecer una gigantesca concentración de capital privado. El neoliberalismo ha creado el imaginario de una sociedad supeditada funcionalmente a las necesidades del mercado. Esa irracionalidad exige que todo el mundo acepte que el progreso económico exige mercados de trabajo “desregulados”, aceptando asimismo que existirán grupos sociales “vencedores” y grupos sociales “perdedores”. Por definición, el capitalismo no puede coexistir con el pleno empleo. La lógica del sistema exige regular sus necesidades de mano de obra y precio de la misma manteniendo un fondo permanente de trabajadores parados: el Ejército Industrial de Reserva, en términos marxistas. Un ejército integrado por batallones de castigo, pues, según Kalecki:

“Bajo un régimen de pleno empleo, el ‘despido’ dejaría de desempeñar su papel disciplinario. Se minaría la posición social del jefe o patrón y crecería la confianza en sí misma y la conciencia clasista de la clase trabajadora. [...] Es cierto que bajo un régimen de ocupación plena las ganancias serían mayores que el promedio de las mismas bajo el laissez-faire. Pero los líderes del mundo de los negocios aprecian más la ‘disciplina de las fábricas’ y la ‘estabilidad política’ que las ganancias mismas. Su instinto de clase les advierte de que el desempleo es parte integrante del sistema capitalista normal.”

El mundo de los negocios y sus voceros –Aznar, prensa salmón, servicios de estudio de la Banca, economistas sin vergüenza– no cesan de reclamar esa forma espuria de libertad que es la libertad de despido. Se ha utilizado el despido como medio disciplinario, mas no se debería olvidar que, en buena lógica, los grupos perdedores en el campo laboral podrían revolverse y utilizar la fuerza para recuperar posiciones por otras vías. Al fin y al cabo, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Carl Philipp von Clausewitz dixit.

Los desempleados dejan de ser oficialmente vagos

Una novedad conceptual que nos ha traído la actual crisis económica es que los políticos han abandonado el hábito de calificar como vagos a los desempleados.

El Partido Socialista Obrero Español ha aprendido que mantener un discurso político abiertamente neoliberal no le reporta buenos resultados electorales. Y el Partido Popular, aunque ese discurso forma parte de su ideario, no se atreve a confesarlo abiertamente. Así, los cuatro millones de parados generados por la economía española son utilizados como ariete argumental contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero cuidándose muy bien, unos y otros, de adjudicarles el calificativo de holgazanes.

Sin embargo, la acusación a los parados de ser alegres vividores a cuenta del subsidio estatatal ha sido, en nuestra historia reciente, uno de los argumentos predilectos de los gobernantes para recortar las prestaciones por desempleo. Durante la campaña electoral de la primavera de 1993, el candidato socialista Felipe González realizó unas declaraciones en las que minimizaba el alcance del paro en España, afirmando textualmente que “hay españoles que pueden trabajar y no quieren” (El País, 10.05.93). En 2002, José María Aznar sostenía que: «Lo que no puede ser es que haya gente que no quiera trabajar y los demás les tengamos que pagar». (El País, 27.05.02).

En una época en que está demostrado que el desempleo estructural es parte indisoluble del sistema de producción capitalista, tanto Aznar como González asumieron ese discurso moralmente abyecto del neoliberalismo que culpa del paro a los propios parados. En su condición de presidentes del Gobierno de España, ambos dictaron sendos decretazos para reducir las prestaciones por desempleo del sistema de protección social. A saber:

Real Decreto-Ley 1/1992, dictado por el gobierno de Felipe González. Modificó, sobre todo, los períodos de cotización necesarios para tener derecho a cobrar la prestación por desempleo y redujo la duración de la misma. Esto se tradujo en una considerable reducción del número de personas que quedaron en una situación desprotegida.

Real Decreto-Ley 5/2002, dictado por el gobierno de José María Aznar en un acto autoritario de respuesta a la huelga general convocada por los sindicatos contra la intención gubernamental de introducir drásticos recortes en la protección al desempleo. El decreto abarató el despido, eliminando el pago del salario de tramitación, supuso la desaparición del PER o subsidio agrario y autorizó al INEM a denegar la prestación a la persona en paro que no aceptase un “empleo adecuado” en los precarios términos fijados en el decreto.

Nanoeuristas

Nanoeurista: n. Dícese de la persona cuya fuente de ingresos es menos de la mitad del mileurista.
Los miembros de la Real Academia de la Lengua tendrán que reflexionar sobre la ideoneidad de este neologismo inventado por el asturiano Víctor Sariego.

En la novela La Colmena, del Nobel español Camilo José Cela, aparece un personaje que declara tener como oficio el de “inventor de palabras”. Y como “La hambre agudiza el ingenio”, según se dice en La Celestina¹ se ha avivado el magín de los inventores de palabras descriptivas de la tremenda precariedad laboral del mercado de trabajo español.

Mileurista es un neologismo inventado por Carolina Alguacil, de 27 años, que en carta dirigida en otoño de 2005 a un diario de gran tirada, daba la siguiente definición: “El mileurista es aquel joven licenciado, con idiomas, posgrados, másters y cursillos [...] que no gana más de 1.000 euros. Gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta la ciudad. No ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día... A veces es divertido, pero ya cansa”.

Ests treintañeros con formación universitaria y conocimiento de idiomas, que comienzan a madurar, son miembros de la generación más preparada de nuestra historia. Sin embargo, las políticas neoliberales de precarización del empleo que vienen haciendo mella en la sociedad desde hace precisamente alrededor de treinta años ha pulverizado sus expectativas. Los mileuristas han de conformarse con sueldos relativamente bajos para los niveles de consumo a los que aspiran. En muchos casos, mantener ese nivel de consumo les impide abandonar el hogar paterno. La escritora Espido Freire ha reflejado esta situación en su libro Mileuristas. Retrato de la generación de los mil euros.

La patronal pide abaratar el despido, como si con la elevadísima tasa de temporalidad que hay el mercado laboral español, no fuera suficiente para que el coste del despido sea igual a cero. En pocos países europeos hay tantos licenciados con sueldos mileuristas. En España, tener título universitario no es un gran negocio. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 22,7% de los trabajadores indefinidos y el 40,27% de los eventuales de entre 16 y 30 años desarrolla un trabajo que requiere menos preparación de la que tiene. Según Comisiones Obreras, 1,3 millones de licenciados tiene un trabajo que no es acorde a su formación.

Ese panorama no es halagüeño para un país en que el desempleo es una constante estructural, sólo atenuada durante los años de la burbuja inmobiliara por la mano de obra de baja cualificación que ha trabajado en el ladrillo con elevados índices de accidentalidad laboral.

Y en ningún otro país -al menos de la OCDE- el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado tanto en plena década de bonanza. Porque, y sin que ello sirva de consuelo de tontos, hay muchos trabajadores que se darían con un canto en los dientes si pudieran ver a final de mes un sueldo de mil euros. Porque son frecuentes los contratos cuya precariedad es tal que ni siquiera dan para ganar los 624 euros mensuales del Salario Mínimo Profesional fijado para 2009. No es que se incumpla la ley, simplemente son contratos a tiempo parcialísimo, que pueden ser de días, incluso de horas.

Ahora, un asturiano, Víctor Sariego, ha inventado un término adecuado a esta subcategoría salarial: nanoeurista. Que es la persona cuya fuente de ingresos es menos de la mitad del mileurista.

Según Sariego, que a falta de registro de patentes de palabras ha documentado su invento en un artículo publicado en el periódico La nueva España, los nanoeuristas son personas mayores de 52 años que por razones de falta de trabajo se encuentran en el paro y el estado del “bienestar” de nuestro país les ayuda con 255 euros mensuales íntegros. Existen pequeñas excepciones, algunos se acercan a los 450. Sobran las explicaciones para demostrar lo “maravillosamente bien” que pueden vivir los nanoeuristas con dicha gratificación estatal.

Dentro del grupo de nanoeuristas, señala Sariego, “existen diversidad de profesionales incluso con muchos años de vida laboral. Un ejemplo real de nanoeurista es un técnico de grado medio, con 37 años de vida laboral, con demostrada experiencia y buena reputación personal y profesional. Por razones ajenas a su voluntad, debido a que el mundo laboral no está en sus mejores momentos, a tenor de su edad (por mucho que se diga que la veteranía es un grado?), y muchas otras fabulosas circunstancias, continúa en el paro. [...] Los nanoeuristas no estamos ni en crisis. No existe definición alguna para esta circunstancia. Somos «nanos» por y para siempre por definición administrativa gubernamental. Además, ya estamos muy usados. [...] Si el poder adquisitivo de los mileuristas de los que tanto se ha empezado a hablar esta bajo cero, el de los nanoeuristas, ni existe. Sus señorías no tienen problemas de poder adquisitivo, tienen varios sueldos o ingresos reconocidos y permitidos”.

1 “La necessidad e pobreza, la hambre. Que no ay mejor maestra en el mundo, no ay mejor despertadora e aviuadora de ingenios”. Este pasaje de La Celestina reproduce un tópico frecuente en la literatura clásica española: la mención del viejo adagio necessitas magistra est.