Emilio Hellín Moro: un criminal en la policía

El ‘ultra' Emilio Hellín Moro, condenado en 1982 a 43 años de cárcel por asesinar a Yolanda González, lleva tiempo en libertad. Actualmente trabaja como asesor de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Una ética elemental exige que los mandos de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado pongan fin de inmediato a esta relación, legal pero indecente. De lo contrario, que nadie se extrañe si en las manifestaciones alguien tiene la tentación de gritar 'policía asesina'

 

Policía: guante de seda con los delincuentes, mano de hierro con los trabajadores que protestan

Asegura la noticia publicada por el diario El País que: "Un excriminal de la ultraderecha condenado a 43 años por asesinato trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático". 

Precisando un poco más, habría que decir que Emilio Hellín no es un excriminal, sino un criminal en toda regla. El viernes 1 de febrero de 1980, los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Químicas, secuestraron a Yolanda González, joven militante de izquierda que acababa de cumplir 19 años y la metieron en un coche. Luego, en un descampado, Hellín obligó a la joven a descender del vehículo y le disparó dos tiros en la cabeza a menos de un metro de distancia.
 

Emilio Hellín cometió un asesinato y fue condenado a prisión por ello, aunque una legislación benévola le permitiera salir en libertad cuando todavía no llevaba cumplida ni siquiera la mitad de la condena. Luego es correcto hablar de Hellín en pasado para referirse a su condición de recluso o expresidiario. Sin embargo, el DRAE considera criminal al "Que ha cometido o procurado cometer un crimen", es decir que su condición de criminal le acompañará durante toda su vida y sólo se extinguirá cuando le sobrevenga la muerte.

Como expresidiario, Hellín tiene derecho a la reinserción social. Así lo dispone el art. 25 de la Constitución. Pero su contratación como asesor y formador de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado resulta de dudosa ética. No por parte de Hellín, de cuya condición criminal no cabe esperar ética alguna, sino de los responsables de los citados cuerpos estatales. 

Emilio Hellín Moro.  Foto: Carlos Rosillo / El País

Muchas cosas deben cambiar en la estructura política, institucional y administrativa de este país para poder considerarlo un país moderno y decente. Pero situaciones tan escandalosas como esta deben ser enderezadas de inmediato. De otra forma, la ciudadanía no podrá confiar tampoco en su policía.

A raíz de las manifestaciones de protesta celebradas el pasado 23-F, otro periódico ha introducido a un redactor dentro de un furgón policial para contarnos cómo transcurre una jornada de este tipo para el grupo de antidisturbios que constituye su dotación. Se quejan estos de que, en ocasiones, algunos manifestantes los vejan con gritos de "policía asesina". Calificativo a todas luces exagerado, pues aunque el comportamiento de estos agentes no es precisamente modélico, en la actualidad no llega a tales extremos.

Pero contratar criminales como asesores de la policía no ayuda demasiado a lavar la imagen de nuestras Fuerzas de Seguridad. 


Familiares, amigos y compañeros de Yolanda González Martín piden que nos unamos a la petición dirigida al ministro del Interior para que de inmediato se rompa toda colaboración con Emilio / Luis Enrique Hellín, asesino de Yolanda, para que se aclaren las circunstancias en que se ha producido y desde qué fecha ha tenido lugar. Igualmente se exigen responsabilidades políticas por lo ocurrido, tanto a éste como a anteriores gobiernos. Hay que unirse a esta petición, por Yolanda, por quienes la querían, pero también por todas nosotras y nosotros, que siempre viviremos bajo amenaza en un Estado en el que ocurran estas cosas... y aquellas otras que aún no conocemos. La petición se puede firmar en este enlace de Change.org
 

Contra bancos y eléctricas: sí se puede

La rectificación del Partido Popular, asumiendo debatir en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, demuestra que la movilización ciudadana obtiene resultados. Hay otras iniciativas, como la del ingeniero sevillano que ha creado una web para denunciar las estafas de las compañías eléctricas y el procedimiento para reclamar los cobros indebidos. 

Tras su primera y rotunda negativa a tomar en cuenta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), la presión ciudadana ha obligado al grupo del Partido Popular a dar marcha atrás y acceder a que la ILP sea sometida a debate en el Parlamento.

La propuesta contempla: moratoria universal para los desahucios; dación en pago (saldo de la deuda con la entrega del inmueble) con carácter retroactivo y creación de un parque de viviendas para alquiler social mucho más amplio que las 6.000 casas que ha ofrecido el Gobierno. Que el PP haya dado marcha atrás no significa que la ILP vaya a ser aceptada. La movilización sigue siendo más necesaria que nunca, como explica Ada Colau, portavoz de la plataforma:




 


LA ESTAFA DE LAS ELÉCTRICAS:

Lleva 18 años dedicado a demostrar que las compañías eléctricas abusan del consumidor en la factura de la luz. Antonio Moreno, un ingeniero sevillano jubilado, se ha convertido en un Robin Hood demasiado molesto para las grandes empresas, que ahora quieren cerrar su web y multarle con 50.000 euros. En los dos últimos años, varias reclamaciones de Moreno han hecho que las eléctricas dejen de cobrar cerca de 500 millones de euros.

En su web www.estafaluz.com, Antonio Moreno acaba de colocar una aplicación informática que permite a cualquier persona obtener los datos necesarios para reclamar personalmente por las irregularidades de facturación.

Un ejemplo de esta estafa solapada es el que concierne al Alquiler de Equipos. Según indica Moreno, actualmente hay instalados en España unos 26 millones de contadores de la luz. De ellos, 23 millones pertenecen a las compañías eléctricas, que los tienen alquilados a sus clientes por un precio mensual que es fijado periódicamente por el Gobierno.

El precio indicado en el concepto Alquiler de Equipos incluye el precio de alquiler mensual del contador y, si lo hubiera, del ICP (Interruptor de Control de Potencia). Según consta, entre otros documentos, en la Orden de 20.12.1984 del Ministerio de Industria, la única y exclusiva finalidad por la que los abonados pagan dicho precio es "cubrir la función económica de permitir a las empresas alquiladoras la adecuada renovación y actualización del parque de contadores con objeto de evitar los perjuicios que de la falta de dichas renovación y actualización se derivan para la calidad y fiabilidad de la medida".

A 31.12 2007, la cantidad que los clientes de las compañías eléctricas llevaban pagada por "la adecuada renovación y actualización del parque de contadores" superaba los 7.400 millones de euros. Desde el 01.01.2008, dicha cantidad se incrementa diariamente en más de 600.000 euros.

Sin embargo, a pesar de llevar cobrados más de 7.400 millones de euros por "la adecuada renovación y actualización del parque de contadores", las compañías eléctricas no han hecho frente en ningún momento a dicha adecuada renovación y actualización debido a que el Gobierno aún no ha regulado el control metrológico del Estado sobre los contadores de la luz y no existe, por tanto, ninguna normativa oficial que defina en qué consiste el citado servicio.

Como consecuencia de la falta de normativa oficial que defina en qué consiste "la adecuada renovación y actualización del parque de contadores", el estado actual del parque nacional en alquiler (22.9 millones de contadores, a 31.12.2007) es, en el mejor de los casos, el siguiente:

    - Contadores que llevan instalados más de 10 años sin haber sido sometidos a verificación periódica y no ofrecen, por tanto, ninguna garantía de exactitud en la medida:15.8 millones (69% del parque ).

      Según los cálculos de la OCU, la cantidad que las compañías eléctricas cobraron en exceso en 2001 gracias al error positivo del 80% de los contadores oscilaba entre 51 y 89 millones de euros (excluido el IVA). Dado que el parque actual es superior en al menos un 21% al existente en 2001, la cantidad que las compañías eléctricas cobrarán en exceso en 2008 estará comprendida entre 72 y 125 millones de euros (incluido el IVA).

       Así pues, cada día que pasa sin que el Gobierno apruebe la normativa oficial que defina en qué consiste la "la adecuada renovación y actualización del parque de contadores", las compañías eléctricas cobran ilegalmente las siguientes cantidades (incluido el IVA):

    - Más de 600.000 euros por un servicio ("la adecuada renovación y actualización del parque de contadores") que no prestan porque el Gobierno aún no ha definido en qué consiste dicho servicio.

    - Entre 196.000 y 342.000 euros por el error positivo que tiene el 80% de los contadores debido a que no han sido verificados periódicamente porque el Gobierno aún no ha publicado la correspondiente normativa.

Capio, el verbo que mejor conjugan los dirigentes del PP

Capio, capis, capit, capimus, capitis, capiunt: (yo) cojo; (tú) coges; (él) coge; (nosotros) cogemos; (vosotros) cogéis; (ellos) cogen. El verbo latino Capio, cepi, captum significa: coger, tomar, apoderarse, arrebatar, capturar, apoderarse, apropiarse. Este es el verbo que mejor conjugan los dirigentes del Partido Popular, a tenor de los comportamientos que van saliendo a la luz día a día.

El holding de empresas Capio vuelve a protagonizar otros episodios del proceso de apropiación de bienes sanitarios de carácter público. Proceso desatado, sobre todo, por los Gobiernos regionales de Castilla la Mancha y Madrid, presididos, respectivamente, por Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre. Más conocidas, por este orden, como La bien pagá y la condesa de la Mamandurria.

The Economist explica a sus lectores las dos acepciones de la palabra española "chorizo", enfatizando gráficamente una de ellas en la figura del presidente del Gobierno.

Cospedal acaba de fichar a una exdirectiva de Capio, la empresa que aspira a gestionar los hospitales de Castilla-La Mancha. Natividad Comes, hoy directora de Enfermería del servicio de salud de la región, ocupó ese mismo cargo en el conglomerado sanitario Capio hasta abril de 2011.

En Madrid, el desmán consiste en que el nuevo centro sanitario de Collado Villalba no abrirá hasta finales de 2013. La Comunidad alega que no lo inaugura para ahorrar y la empresa concesionaria asegura que su interés es "empezar a servir a la población lo antes posible". Por su parte, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública denuncia que, pese a estar cerrado, el Gobierno de Ignacio González continúa pagando 900.000 euros al mes a la empresa concesionaria de dicho centro: Capio Sanidad. Es decir, que durante este año que permanecerá cerrado el hospital, la Comunidad pagará igualmente casi 11 millones de euros a la compañía privada.
 
Por otro lado, tras la convulsión producida por las supuestas cuentas del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha visto obligado a publicar sus declaraciones a Hacienda. Rajoy ingresó casi dos millones de euros brutos por rentas de trabajo entre 2003 y 2012, según la información colgada en la web del Palacio de la Moncloa.

Desde luego, dada la absoluta falta de credibilidad personal que el presidente se ha ganado a pulso, siempre quedará la duda razonable de si recibió o no ingresos en negro procedentes de alguno de los tinglados de corrupción en los que está implicado el PP. Pues como sabe cualquier dentista o fontanero de este país, este tipo de ingresos no se declaran a Hacienda.

En cualquier caso, el escándalo está servido desde el momento en que conocemos que las retribuciones por trabajo (¿trabajo?) brutas del jefe del Ejecutivo durante el periodo declarado, que oscilan entre los 72.600 euros de 2012 y los 240.262 euros de 2009, sumen un total de 1.979.898 euros.
 
Porque no estamos hablando de los ingresos de un banquero o de un alto directivo del mundo empresarial. ¿Cómo puede un partido político, que aspira a representar a la mayoría del pueblo, pagar a sus líderes un salario tan alejado de las retribuciones medias de los asalariados de este país? Como dice la letra de un antiguo cuplé: ¿De dónde saca, pa tanto como destaca?

Resulta moralmente reprobable y políticamente vomitivo que un político que estando en la oposición, es decir, trabajando relativamente poco, ganó durante ese período trescientos veintiocho millones de pesetas (1.979.898 euros x 166 = 328.663.068), según accedió al Gobierno cometa, como primera de sus canalladas, la de congelar el salario mínimo interprofesional.

Dimisión es la palabra

La calle de Génova cortada por la policía para impedir manifestaciones ante la sede nacional del Partido Popular.

Cuando la palabra del presidente del Gobierno no tiene la menor credibilidad, dimisión es la única palabra que puede pronunciar Rajoy para ser creíble al menos por una vez.

“Nunca he recibido ni he repartido dinero negro; es falso”, aseguró el jefe del Ejecutivo ante la plana mayor de su partido tras el escándalo por las cuentas del extesorero del PP. Más o menos, lo mismo que diría el Bigotes y otros pájaros de cuenta B imputados en la trama Gürtel.

Hemos llegado a un punto en que no bastan las palabras, sino los hechos. La promesa de Rajoy de entregar sus declaraciones de la renta no es suficiente para eliminar las dudas. La acusación que se cierne sobre la cúpula del PP se refiere a "dinero negro", especie que por su misma definición no se declara a Hacienda. En los impresos de la declaración del IRPF sólo hay casillas en blanco para rellenar con datos. No hay casillas "en negro" puesto que ningún evasor de impuestos declara el importe evadido. Al menos, hasta que una oportuna y sonrojante amnistía fiscal brinda la oportunidad al delincuente de lavar a precio de saldo su delito y su dinero.

Pero, por encima de todo, el problema de Rajoy es de credibilidad. Aun no siendo santo de mi devoción, a mí me gustaría poder confiar en la palabra de la persona que tiene a cargo el timón del país. Pero el presidente del ejecutivo actual, al cabo de un año de mandato en el que ha incumplido absolutamente todas y cada una de sus promesas de gobierno, ha destrozado su propia credibilidad. Según demuestran los sondeos realizados por distintos medios, la palabra de Rajoy no es creíble para la opinión pública.  

¿Cómo fiarse del líder de un partido que ha permitido la permanencia en la sede de Génova —con despacho, coche y abogados— del tal Bárcenas, director de las finanzas del PP al que se le han localizado 22 millones de euros en cuentas opacas que luego ha regularizado gracias a la amnistía fiscal concedida por el Gobierno? Tal y como le está pidiendo el clamor que circula por las redes sociales, Rajoy debe presentar su dimisión. 

El millón de firmas en este sentido que está a punto de alcanzar la iniciativa recogida en Change.org no es suficiente para exigir la dimisión del líder de un partido que obtuvo más de diez millones de votos en las últimas elecciones. Pero es un indicio de lo que se avecina ahora que el grueso de sus electores también es víctima de los recortes del Gobierno. Votantes frustrados por el incumplimiento sistemático de sus promesas y asqueado ante la bochornosa exhibición de actividades corruptas por parte de miembros del PP. 

Pero Rajoy no dimitirá, al menos motu proprio. Aparte de no tener credibilidad, tampoco tiene honestidad política. La obscenidad que impregna sus declaraciones no es retranca gallega, sino cinismo propio de esa rancia derecha hispánica reflejada en Los Santos Inocentes a la que pertenece. Lo demuestra, una vez más, en esa nueva declararación efectuada ante la atenta mirada de frau Merkel, sacerdotisa máxima del neoliberalismo europeo:

Dice Rajoy: "Reitero lo que dije el sábado. Todo lo que se refiere a mí y a mis compañeros de partido no es cierto. Salvo alguna cosa que es lo que han publicado algunos medios de comunicación. [...]. Las afirmaciones son absolutamente falsas".
              
¿En qué quedamos: lo publicado es verdadero o es falso? Porque en buena lógica, si alguna cosa es cierta, "todo" no puede ser falso.

Rajoy no dimitirá. No es el estilo de la derecha del Partido Popular, la de Gürtel, los áticos comprados a toda prisa, la de la ministra que gasta 4.000 euros en confetis para la fiesta de los niños y que tampoco quiere dimitir. Lo que sí hará esa derecha hedionda será enviar a la policía para reprimir a las personas que protagonizan las protestas ciudadanas. 

Génova, tomada por la Policía, titula una información publicada por un medio de la caverna: Situación de excepción en Génova 13. El tráfico fue completamente cortado en todas las calles próximas a la sede nacional. Decenas de policías fueron enviados para proteger a los altos cargos del PP. Esto recuerda lo que en esos medios cavernícolas dijeron a propósito de la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que fue calificada como la guardia pretoriana de José Luis Rodríguez Zapatero. Aseguraban por entonces que éste se haría fuerte en La Moncloa y se negaría a abandonarla en caso de que las cosas se le torcieran.

De te, Marianus, fabula narratur 


 

Vómito al amanecer

 
Despertarse cada mañana en un país asolado, y desolado, por el malestar que siembran las políticas del Partido Popular ya venía siendo bastante difícil. Si a esto añadimos cada día un nuevo relato de corrupción en los más altos niveles institucionales, amanecer en España se ha convertido en una invitación al vómito. Del cual sólo puede curarnos la desobediencia civilmente expresada.

Es una marea negra que no cesa. Invariablemente, una mañana tras otra los habitantes de este país nos desayunamos con algo peor que un sapo. Invariablemente, la radio, los periódicos nos sirven una nueva ración de auténtica mierda destapando nuevos casos de corrupción a los más altos niveles institucionales. Quien todavía tenga posibles para procurarse un café y una tostada al rayar el día habrá de consumirlo entre bascas precursoras del vómito.
 


El asunto de los sobres que presuntamente han estado recibiendo los dirigentes populares está en el candelero. Rajoy no se ha atrevido a negar con rotundidad que él mismo haya sido uno de los destinatarios de esa correspondencia en dinero negro.
Pero lo que sí está admitido es que Bárcenas, o sea, Luis el Cabrón, como le apodan cariñosamente sus conmilitones —sí, esos que hasta hace una semana le ponían coche y despacho en Génova—, se lo lleva crudo. Y se lo trae cocido, pues acaba de blanquear una millonada trayendo dinero de sus cuentas en Suiza. Lo ha hecho legalmente, como ha demostrado él mismo al acogerse a la infumable amnistía fiscal otorgada por el Partido Popular. Todo muy legal, pero ilegítimo. 

Bárcenas blanqueó casi 11 millones de euros acogiéndose a los beneficios fiscales de la medida aprobada en marzo por el Gobierno de Rajoy. Lo hizo el 25 de septiembre de 2012, cuando pagó 1.052.994 euros, el 10% del dinero ocultado y una cantidad muy inferior a los impuestos que tendría que haber pagado de haberlo declarado en su día.

Ahora, por poner un ejemplo de la austeridad impuesta por el Partido Popular a la población, comparen esas cifras con las del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado por el Gobierno para el año 2013: un 0,6% respecto a 2012, en el que no hubo niguna subida. Los subsidios y prestaciones por desempleo no subirán en 2013, por tercer año consecutivo.

El cúmulo de actuaciones repugnantes que están saliendo a a la luz va en descrédito no ya de la clase de políticos profesionales, sino de la política. Pues en este país si algo abunda es el analfabetismo sobre la res pública.

"El peor analfabeto –escribía Bertolt Brecht hace setenta años- es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales…".

A estas alturas, no basta con indignarse, o cabrearse. La resignación no es creativa. Ha llegado la hora de la acción ciudadana. Y para ello no hay que esperar a ver qué hacen los demás. En consecuencia, declaro que participaré en cuantas iniciativas de Desobediencia Civil puedan organizarse. Y mientras tanto, desde las posibilidades que me brinde la acción directa individual, y siempre que la misma no entrañe daños a terceros, desobedeceré cuantas normas y disposiciones emanen de unos gobernantes que han convertido su acción de gobierno en un fraude al electorado. Leyes sancionadas por una Monarquía que ostenta el cetro en el Reino del Latrocinio.