Los años que lleva el Partido Popular alejado de la Moncloa tienen soliviantado a su núcleo duro, corroído por la frustración de no ser ellos mismos los actores del saqueo de la cosa pública que tradicionalmente caracteriza la acción política de los herederos de la dictadura franquista. Ignorando la viga en el propio, la derecha profunda ha visto en el episodio de corrupción en el seno del PSOE la paja en el ojo ajeno como la oportunidad perfecta para derribar a esa especie de encarnación del Maligno llamada Pedro Sánchez. Pero Sánchez resiste no tanto por sus innegables méritos personales, sino porque sus socios, directos o indirectos, de investidura han visto el desastre social que podría acarrear la llegada al poder del tándem Abascal/Feijóo. Ambos acaban de retratarse en los tremendos sucesos de Torre Pacheco.
El afloramiento por parte de la UCO de grabaciones que sugieren la presunta corrupción de dos importantes cargos de la dirección del PSOE directamente vinculados a Pedro Sánchez, secretario general de la formación y presidente del Gobierno de coalición progresista ha supuesto una convulsión del ya de por sí agitado escenario político. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, junto con el manijero de ambos, Koldo García, son los nombres implicados en el escándalo.
Por cierto, un personaje curioso este Koldo, un fortachón que entre otros oficios ha sido portero de discoteca, confidente de la Guardia Civil, condecorado por este cuerpo, que una vez en política ha realizado grabaciones a todo trapo incluido él mismo cometiendo un delito. Grabaciones que guarda en su vivienda a la vista de todo el mundo, de manera que cuando entran los guardias a registrar su casa pueden servirse la misma como en un bufé libre de desayuno. Todo muy normal.
Tras la revelación del escándalo, Sánchez pidió disculpas en el Congreso donde, con muchas reservas, pero conscientes de que la alternativa que ofrece la derecha es mucho peor, el resto de partidos que apoyan al Gobierno las aceptaron sin exigirle someterse a una moción de confianza. Aunque se la otorgaron de manera tácita para cumplir su propósito de agotar la legislatura, a condición de acelerar la adopción de medidas de corte claramente progresista.
Desde luego, la alternativa que ofrece la derecha montaraz liderada por el PP de Alberto Núñez Feijóo es, franca y franquistamente, aterradora. Máxime cuando tanto la aritmética como la evidencia de sus pactos en los gobiernos autonómicos apunta que, en caso de llegar a la Moncloa, Feijóo gobernaría en estrecha coalición con Vox, el partido que representa a la franja del electorado que comulga con la más deleznable ideología política del momento. Esto es, la ideología del odio al diferente, al feminismo, al inmigrante, al vulnerable, en el más genuino estilo del fascismo puro y duro, que nos acaba de enseñar su hoja de ruta en la indignante operación de caza del inmigrante en Torre Pacheco.
Los años que llevan los populares alejados de la Moncloa han soliviantado a su núcleo duro hasta lo más hondo de su alma, corroída por la frustración de no ser ellos mismos los actores del mangoneo de la cosa pública que tradicionalmente caracteriza la acción política de los herederos de la dictadura franquista.
“Montoro y su equipo encarnan a la perfección eso que Joseph Stiglitz ha bautizado como el “capitalismo granuja”: todo vale para hacer negocio, especialmente hacer la ley y las trampas. Pero también revelan una manera de entender el poder, rastreable en el caso Gürtel, el caso Kitchen o la “policía patriótica”. Esto es suyo, lo público y el Estado les pertenecen y España entera debería darles las gracias por dejarnos disfrutarlo. Pueden disponer de lo común cuando quieran y para lo que quieran. Pueden venderlo, revenderlo, alquilarlo, cederlo, subcontratarlo o usarlo contra quien no le parezca bien o se resista. Es su derecho”
Y esa frustración se traduce en la rabia y ánimo revanchista expresado sin el menor disimulo por José María Aznar —sí, ese mismo que nos mintió a la cara a todos los españoles asegurando haber visto la existencia de armas químicas en Irak; sí, ese mismo que utilizó el patrimonio público del Escorial como escenario del bodorrio por todo lo alto de su hija. Espectáculo al que asistieron decenas de figurones que, después, serían investigados y enviados a prisión, desde Rodrigo Rato, Jaume Matas a los compinches de la Gürtel— sí, ese Aznar que aparece de nuevo en escena lanzando la consigna de "el que pueda hacer, que haga".
Consigna recogida desde las sedes de la iglesia católica, cuyos desvergonzados obispos no han dudado en meterse donde no deben pidiendo adelanto de elecciones, hasta el rancio y elitista poder judicial al que hay que echar de comer aparte a la vista de los excesos que se permiten sus señorías, como realizar una huelga extravagante –sin descuento de haberes— o protestar ante las sedes de los juzgados ataviados con los negros y puñeteros ropones del oficio.
Donde se aprecia con nitidez la acción política encubierta del núcleo duro del estamento judicial es a través del contraste entre esos autos que archivan las causas que afectan al PP mientras admiten y prolongan la instrucción de los casos que afectan a las formaciones de izquierda. Aunque estén basados en indicios inconsistentes, como demuestra la delirante instrucción sobre la esposa del presidente que, desde hace 16 meses, lleva a cabo ese juez que comparte apellido con el afamado brandi manchego con la complacencia de las instancias superiores, que le dejan hacer para que cada uno de sus torpes pasos sea noticiable, aunque finalmente tengan que corregirlos.
Por supuesto que todo el gran aparato de ruido y furia desatado por los sectores más retrógrados del país y en concreto la enfermiza obsesión de derribar a Pedro Sánchez no justificaría su continuidad al frente del Gobierno si, una vez “perdonado” por sus socios de investidura no toma las riendas para desplegar una ambiciosa batería de medidas de corte social y progresista. Porque una de las grandes razones para mantener este Gobierno es la del utilitarismo aplicado a la política.
El utilitarismo es una filosofía moral construida a fines del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. Siguiendo la estela de Bentham, John Stuart Mill, en su libro El utilitarismo; Un sistema de la lógica sostiene que la acción más ética es aquella que produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas.
Dado que el concepto de felicidad tiene muchos abordajes, a efectos de gobierno dejémoslo en crear las condiciones de igualdad y bienestar social eliminando las trabas que impiden a cada persona su particular búsqueda de la felicidad. En este sentido, la principal traba a eliminar es la desigualdad material que impide a todas y cada una de las personas perseguir sus objetivos vitales.
Desde esa perspectiva utilitarista no sólo no se puede negar, sino que la realidad de los hechos obliga a reconocer que, desde que Pedro Sánchez llegó al poder, las condiciones materiales de una mayoría de la población han experimentado una considerable mejoría.
Comenzando por los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) que protegieron a casi 3.4 millones de trabajadores, durante la pandemia de COVID-19. Esta medida fue crucial para evitar despidos masivos y mantener la estabilidad laboral en un contexto de crisis económica.
Siguiendo por la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde los 700 euros mensuales en que lo había dejado M "punto" Rajoy hasta los 1.184 euros en 14 pagas. Alrededor de 2.4 millones de trabajadores se benefician directamente de la subida del SMI. De los cuales, el 65.8% son mujeres, y el 26.8% son jóvenes entre 16 y 24 años.
Y por supuesto, el gran capítulo a destacar entre las medidas sociales adoptadas por el Gobierno de Sánchez es el de las pensiones de jubilación que afectan a 9,34 millones de pensionistas. Pensiones que han sido revalorizadas conforme al incremento del coste de la vida. No obstante, en este capítulo hay un margen de mejora de las pensiones mínimas sobre el que el Gobierno debería actuar de inmediato. En efecto, un porcentaje significativo de pensionistas recibe una pensión inferior al SMI. Datos oficiales de la Seguridad Social muestran que más de 4.6 millones de personas en España reciben pensiones mensuales inferiores a 1000 euros, y el 57% no alcanza umbral del SMI.
Por cierto, ¿recuerdan ustedes qué partidos políticos votaron en contra de la subida del SMI y de las pensiones? Cuando se trata de medidas sociales, el oráculo de la derecha invierte la consigna: "los que puedan hacer (el bien), que no hagan"
De cara a la segunda mitad de la legislatura, el Gobierno de Sánchez debería abordar de manera decidida esa otra gran asignatura pendiente de la política española, que los sucesivos gobiernos, con independencia de su color, se han ido traspasando unos a otros: el problema de la vivienda.
Un problema que en España se manifiesta como una crisis compleja con múltiples factores, incluyendo la escasez de oferta, precios elevados, falta de vivienda asequible y especulación inmobiliaria. Estos factores, exacerbados por el aumento de la población y la dificultad para acceder a financiamiento, generan exclusión residencial y dificultades para una parte significativa de la población. Especialmente el sector más joven de la misma. En este sentido, se impone adoptar mecanismos de alquiler indefinido de viviendas, como los que existen en otros países europeos como Austria.
Hay medidas de corte político no estrictamente presupuestario con las que Sánchez debería poner un broche de oro a su gestión: de entrada, derogar de una vez las sanciones policiales de la denominada ley mordaza; y de salida, denunciar el concordato con la Santa Sede. Los fieles de la religión católica tienen perfecto derecho a ver respetada su creencia, un derecho inseparable de la obligación de pagar de su bolsillo su respetable preferencia espiritual.
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