Felipe VI : "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social” ¿Entonces, a qué esperamos?

En su tradicional discurso de Navidad, el Rey Felipe VI, señaló que "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social". Afirmación que, en boca del jefe del Estado, significa la constatación oficial de los datos que se desprenden del XIV Informe El Estado de la Pobreza en España presentado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

No acostumbro a escuchar el tradicional discurso de Navidad del Rey. Y no lo digo para alardear de republicanismo, sino por el tedio que me produce esta función. "¿Cuándo dejaremos de analizar los discursos de Navidad del rey como si fueran textos bíblicos?", se pregunta el escritor Juan José Millás, en medio de aluvión de críticas y aplausos que, como todos los años, provoca la intervención del monarca. "Son inevitablemente, y como el decorado desde el que habla, de cartón piedra", concluye Millás: "Puras patochadas. ¿Quién recuerda lo que dijo el año pasado?".

No obstante, y dado que Felipe VI, aparte de Rey es también el jefe del Estado, aunque nos ahorremos el tostón en directo, no está de más hojear en la prensa el resumen de la real pieza oratoria. No vaya a ser que se nos escape algún aspecto que de alguna forma nos concierna.

"España es un gran país". Pese a haber pronunciado esta frase en multitud de ocasiones, el Rey ha querido este 24 de diciembre volver a remarcar que España es una nación "modélica" en el desarrollo democrático. Y, aunque con precaución porque "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social", Felipe VI ha dedicado un momento a señalar el futuro "prometedor" del país al observar el comportamiento de la economía en términos de "crecimiento, empleo y exportaciones".

Resalto la frase: "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social", ya que, si lo afirma el jefe del Estado, significa la constatación oficial de lo señalado en el XIV Informe El Estado de la Pobreza en España presentado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). A grandes rasgos, estas son sus principales conclusiones.

El 26,5 % de la población española, unos 12,7 millones de personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Según la investigación, el riesgo de pobreza o exclusión social -tasa AROPE- ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material y social severa.

Los otros dos indicadores de la tasa -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables. Aun así, preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo.

La situación es, un año más, peor para las mujeres. Los datos evidencian que la feminización de la pobreza es un problema estructural: hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.

Algunos indicadores alertan también sobre la realidad que atraviesan millones de familias, como es el caso del 37,1% de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Casi la mitad de la población (48,7%), además, presenta dificultades para llegar a fin de mes.

Las familias monoparentales, en la cuerda floja

Según el informe, la peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes ha afectado muy duramente el incremento del coste de la vida, lo que se ha traducido en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8% hasta el 28,9%.

Concretamente, unos 2,3 millones de niños y adolescentes están en riesgo de pobreza. En este sentido, EAPN-ES ha señalado que no hay menores pobres sin hogares pobres y ha insistido en que nacer en una familia vulnerable aumenta las posibilidades de ser pobre en edad adulta.

Para la red, preocupa especialmente la situación de los hogares monoparentales: más de la mitad (52,7%) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2% de 2022. Además, la gran mayoría de ellos (el 80,7%), están encabezados por una mujer.

El encarecimiento de la vida derivado de las últimas crisis ha afectado especialmente a esas familias, pues el 26,5% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4%) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. La pobreza energética, de hecho, ha alcanzado máximos históricos: un 43,1% de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno.

Estas cifras de la pobreza contrastan con la bondad de los datos macroeconómicos, que muestran una inusitada fortaleza de la economía española. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional ha duplicado en el último año el del conjunto de Estados miembros, con un 3,4% frente al 1,7% de la media. Y si descendemos más al detalle, observaremos que las ventas de coches nuevos en 2024 han superado el millón de unidades por primera vez desde 2019.

El corolario de estas cifras es muy claro: un país con un aceptable grado de riqueza nacional donde, al mismo tiempo, un nutrido sector de la población se halla en situación de pobreza, es un país donde existe la desigualdad. Una desigualdad social en la distribución de la riqueza que es impropia de un Estado moderno, como España, miembro destacado del grupo de países que integran la Unión Europea.

Los partidarios de la Renta Básica Universal, creemos que la aplicación de la misma eliminaría, por definición, la situación de pobreza. No obstante, y puesto que en el momento actual no hay ningún partido político que contemple esa medida en sus programas, al menos debemos aspirar a que el Gobierno lleve a cabo una firme acción con las herramientas de política social a su alcance.

En aras de bien común, lo deseable sería un gran acuerdo de Estado, un pacto de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, para tomar medidas destinadas a equilibrar esa desigualdad social. Algo que parece imposible a la vista de la actitud de acoso y derribo del Gobierno por parte de la derecha. En concreto, con un Partido Popular que, desde que pasó a la oposición, se ha opuesto sistemáticamente a toda mejora en las prestaciones sociales. Desde la subida de las pensiones hasta la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

En concreto, el debate sobre el SMI es un perfecto ejemplo de las falacias con las que el entramado (político, empresarial y mediático) de la derecha española se opone a reducir la desigualdad social. En todas y cada una de las ocasiones en que el actual Gobierno ha incrementado su cuantía se han escuchado auténticas truculencias que auguraban un gran desastre para el empleo y pronosticaban el hundimiento de la economía nacional. 

En 2018, gobernando el PP, el importe del SMI se situaba en 735 euros mensuales. A partir de entonces, los sucesivos Gobiernos de coalición progresista encabezados por Pedro Sánchez, en negociación con los agentes sociales, han incrementado, año a año, el SMI hasta alcanzar los 1.134 euros (15.876 euros brutos anuales) en los que se situó en 2024, con la oposición de la patronal CEOE.

¿Cuál es la explicación de que, con una revalorización acumulada del 54 % no se hayan cumplido las catastróficas profecías de la derecha, incluida la del gobernador del Banco de España? La explicación es tan sencilla que nadie ganará el Nobel de Economía por ello. En la segunda década del siglo XX, el empresario Henry Ford I, que no era precisamente un visionario de izquierdas, adoptó unilateralmente la decisión de pagar a los obreros de sus fábricas de automóviles una retribución mínima de cinco dólares diarios. Pues, como él mismo se preguntó con lógica inapelable: "¿De otra forma ¿quién compraría mis coches?"

Poner dinero en manos de los sectores de población más desfavorecidos no sólo es una medida de interés social. También lo es desde el punto de vista económico, pues esos sectores verán aumentado su poder adquisitivo y, como sostiene un empírico adagio de la economía: "un euro en el bolsillo del pobre compra más que en el bolsillo del rico".  

Por lo tanto, es obligación de este Gobierno seguir incrementando las prestaciones sobre las que puede actuar de forma directa. Y no sólo el SMI, sino también las pensiones mínimas contributivas que perciben unos tres millones de jubilados, cuya cuantía se encuentra a gran distancia del SMI, al que, por un evidente sentido de justicia, deberían equipararse. En 2025, la pensión mínima contributiva queda fijada en 830 € mensuales.