En tiempos de crisis, soluciones para la gente

La crisis financiera es tan sólo una parte visible de una verdadera crisis sistémica que requiere soluciones valientes, imaginativas e integradoras. No se puede abordar simplemente insuflando recursos económicos en algunas áreas del sistema, o impulsando la producción en sectores clásicos de la economía, sino con un cambio de paradigma que ponga la atención en la sostenibilidad humana y ambiental. Y los primeros pasos consisten en garantizar que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer real su derecho a llevar una existencia digna.

Las graves crisis que estamos viviendo muestran la inviabilidad del modelo neoliberal basado en el crecimiento indefinido (sin respeto a los límites de la Naturaleza), la desregulación de los mercados y el mantenimiento de vergonzosos paraísos fiscales.

El deterioro ambiental y la pobreza en el mundo son desafíos que alcanzan al conjunto de la humanidad. Ésta se enfrenta al reto de lograr la sostenibilidad en un planeta cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable, aire limpio y hasta el propio equilibrio climático se encuentran hoy en un punto crítico. Incluso los alimentos están escaseando alarmantemente en las zonas más pobres. Los problemas sociales afectan a la seguridad en todas sus vertientes.

La crisis financiera es tan sólo una parte visible de una verdadera crisis sistémica que requiere soluciones valientes, imaginativas e integradoras. No se puede abordar simplemente insuflando recursos económicos en algunas áreas del sistema, o impulsando la producción en sectores clásicos de la economía, sino con un cambio de paradigma que ponga la atención en la sostenibilidad humana y ambiental. Y los primeros pasos consisten en garantizar que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer real su derecho a llevar una existencia digna.

Sobre los problemas que conlleva el cambio climático hemos sido alertados largamente desde los sectores científicos. No es legítimo posponer esta grave cuestión ambiental, que requiere consensos internacionales no menos importantes y urgentes que los que ha suscitado el tema financiero, pues en la mitigación del cambio climático, en la corrección de sus causas, nos va el futuro sostenible de la humanidad.

Reclamamos, por tanto, que la acción de los gobiernos en este tema sea decidida y firme, en consonancia con su gravedad, dedicando recursos de todo tipo al desarrollo de energías renovables y a la búsqueda de medidas correctoras de las emisiones de gases con efecto invernadero, entre otras…, en el marco de una acción nacional e internacional coordinada y eficiente.

En el plano económico, es de destacar el efecto de la crisis en la población de nuestro país, donde el empleo está siendo castigado especialmente como consecuencia de una tan irresponsable como predecible "burbuja" inmobiliaria. Los ajustes y deslocalizaciones productivas -propias de la codicia del mercadodificultan hallar trabajo a miles y miles de familias que ven como peligra su subsistencia. Hoy es evidente que un trabajo remunerado digno ya no está al alcance de todos los hombres y mujeres que lo desean.

La oportunidad de participar en la tarea común —el derecho al trabajo— no está garantizada para todas las personas, ya que el empleo depende de los complejos e injustos mecanismos del mercado y no de la justicia distributiva y principios éticos universales.

Si, en otro momento histórico, la conquista de nuestras sociedades fue instaurar la democracia política (derecho al voto), entendemos que, en las condiciones actuales, ésta debería extenderse a una democracia económica (derecho a un ingreso básico por el hecho de ser ciudadano) que, en consonancia con la Carta de los Derechos Humanos Emergentes (artículo 1) garantice a todas las personas unas percepciones económicas mínimas que les permitan vivir dignamente. Así lo reclamaba ya, el 27 de Mayo del 2009, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social.

Este ingreso es lo que genéricamente se conoce como Renta Básica de Ciudadanía (RBC). En diversos países existen programas de Rentas Mínimas Garantizadas, sin condición de inserción laboral. En nuestro país hay iniciativas que van en esa dirección. En concreto, la Renta de Garantía de Ingresos, establecida en el País Vasco, debería servir de modelo al resto de Comunidades Autónomas cuyos Estatutos contemplan una medida similar (Cataluña, Valencia y Andalucía), aunque no la hayan desarrollado todavía. En cuanto a los fondos necesarios para sufragar la RBC, esta cuestión ha sido estudiada con detenimiento por expertos que han demostrado que podrían obtenerse con ciertos reajustes fiscales y presupuestarios. Bastaría con una adecuada persecución del fraude fiscal, que algunos autores estiman de hasta un 20% del PIB, recuperándose así una sustanciosa parte de los recursos que los defraudadores ocultan de manera insolidaria.

Es importante comprender que la RBC no se plantea como una nueva carga para el Estado, porque es una medida de gran repercusión social que puede conllevar importantes beneficios que compensen sobradamente, el coste económico que supone (sociedades más equilibradas, más equitativas socialmente y con menos gastos en seguridad, salud, etc.) Su adopción, además, incentivaría la participación ciudadana en la vida pública y la reorientación de nuestro contexto comunitario hacia valores de solidaridad y cooperación entre grupos humanos.

En tiempos de crisis, como el actual, la adopción de la RBC nos parece una medida claramente necesaria, que aliviaría de inmediato la difícil situación por la que están pasando miles de familias españolas. Se trata de una solución parcial, desde luego, pero no por ello deja de ser efectiva. En un primer momento, y con carácter urgente, podría aprobarse su implantación para todas aquellas personas, mayores de 18 años, que por haber perdido su empleo, por su condición de pensionistas o por otras razones, no perciben prestación alguna o perciben prestaciones sociales inferiores al salario mínimo interprofesional –que sería el umbral de referencia-, lo que aportaría estabilidad económica y emocional a quienes están sufriendo injustamente las consecuencias de los desmanes del mercado. Ello sin perder de vista su carácter universal, hacia el que habría que tender en el futuro.

Debe considerarse rápidamente, asimismo, la inmediata aplicación de fórmulas de financiación alternativas, como la que se refiere a tasas sobre transacciones de divisas, propuesta recientemente de nuevo a las Naciones Unidas y contenida en la Declaración sobre fuentes innovadoras para el financiamiento de la “Iniciativa contra el hambre y la pobreza”, suscrita el 24 de septiembre de 2008 en Nueva York por los Presidentes Michelle Bachelet, Luiz Inácio Lula da Silva, Rodríguez Zapatero y el Ministro de Asuntos Exteriores francés, B. Kouchner. Recientemente, se ha celebrado en París una reunión para adoptar medidas concretas y urgentes al respecto.

Los abajo firmantes, miembros y colaboradores de la Fundación Cultura de Paz, instamos al Gobierno y a nuestros representantes parlamentarios a que contemplen con carácter urgente estas propuestas, en la confianza de que los intereses del medio ambiente y de la gente merecen ser atendidos con medidas directas que afecten de inmediato a su calidad de vida y también a sus economías, salvaguardándoles de graves riesgos ambientales y de la precariedad y amenaza de exclusión.

Federico Mayor Zaragoza
Presidente de la Fundación Cultura de Paz

José Antonio Pérez
Observatorio Renta Básica de ATTAC-Madrid

María Novo
Titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. UNED

Enrique del Río
Presidente de PROEMPLEO (Centro de Información, Gestión y Promoción del Empleo Juvenil)

Juan Ramón Galán
Vicepresidente de la Fundación Valores

Dolores Limón Domínguez
Directora del grupo de investigación “Educación de Personas Adultas y Desarrollo”. Universidad de Sevilla

Ana Barrero Tiscar
Documentalista de la Fundación Cultura de Paz

Francisco J. González Portal
Ingeniero de Caminos y miembro del Observatorio Renta Básica de ATTAC

José Antonio Noguera
Profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona

José Saramago: "Hay que perder la paciencia"

“A quién se le ocurrió pasar de la promesa del pleno empleo al empleo precario? ¿A un gobierno que dijo, por ejemplo, en campaña electoral 'esto hay que cambiarlo, hay que imponer el empleo basura frente a la antigualla del empleo estable' y dicho esto por un gobierno y votado animosamente por los ciudadanos, los otros gobiernos del mundo lo imitaron?
¿Así ha sido? ¿No parece más lógico pensar que el
Poder Económico ha hecho saber a los gobiernos que la situación tenía que cambiar, que necesitaban
las manos libres para hacer y deshacer
de acuerdo a sus intereses?”
JOSÉ SARAMAGO

“Hay que perder la paciencia”, pedía en su intervención ante la I Cita internacional de la literatura iberoaméricana, en 2007, el ahora fallecido Nobel de las Letras José Saramago. Frente al neocinismo liberal que dirige de facto el mundo, pasando por encima de los gobiernos formales, “hay unas cuantas cosas que tenemos que hacer. La primera es perder la paciencia. Y manifestarlo en cualquier circunstancia”.

La prosperidad sin tasa que nos prometieron los propagandistas de la fe en los mercados financieros en la feria económica global, se ha transformado, por obra y gracia de las políticas del no intervencionismo, en un espectacular fiasco. Algo que la crisis financiera ha puesto de relieve, por si algún ingenuo todavía creía que los pájaros maman, es que lo que hay detrás de un mercado libre no es la mano invisible de la fábula smithiana, sino la más pura y dura sinvergonzonería sin fronteras.

El Poder Económico está tan crecido que se ha dejado de fábulas y ahora actúa con plena desfachatez. Aunque la causa principal de la crisis fueron los excesos cometidos por el mercado de capitales, y aunque los trabajadores no habían intervenido para nada en los desaguisados cometidos por el tinglado financiero, el mundo empresarial y sus intelectuales orgánicos exigen “reformas estructurales” en el mercado de trabajo. Un eufemismo que significa la desregulación intensa del mercado laboral y la reducción de cotizaciones empresariales. “Ha llegado la hora de que el Gobierno se conciencie de que ésta es la peor crisis por la que ha pasado el mundo occidental y, por lo tanto, ante problemas excepcionales, tome medidas excepcionales, entre ellas un abaratamiento del despido”, ha dicho el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, un empresario con un pésimo curriculum como gestor, que ha hundido varias de sus compañías. Otro incansable predicador de la reforma laboral es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, cargo por el que es remunerado con 200.000 euros anuales.

Estos depredadores son incansables. Pues, como demuestra el vertiginoso crecimiento del número de trabajadores que engrosan a diario las filas del desempleo, despedir en España era ya una operación bastante barata. Ahora, el Gobierno ha cedido a la presión del Poder Económico y ha presentado una “reforma del mercado de trabajo” cuya única novedad es facilitar, todavía más si cabe, el despido de trabajadores.

El asunto es tan evidente que Ignacio Camacho, un brillante comentarista de ABC, periódico de la derecha tradicional, lo sintetiza con meridiana claridad: “A fecha de hoy no consta que los empresarios se hayan lanzado a contratar masivamente al amparo de la reforma laboral —se verá en los datos mensuales del INEM—, pero sí que 335 trabajadores son ya candidatos a estrenar la nueva fórmula abaratada de despido. Sus respectivas empresas —Saunier Duval, PTM, SMA y Troquenor— han presentado esta semana expedientes de regulación acogiéndose al ambiguo mantra de los «resultados negativos», en algún caso retirando previamente la solicitud efectuada bajo la reglamentación antigua; los gerentes de recursos humanos han deducido con impecable lógica que no tienen por qué pagar 45 días si el flamante decreto ley les permite abonar sólo 20. Esos 335 asalariados van a ser las primeras víctimas, el primer parte de bajas, de un marco legal que acaso acabe a medio plazo facilitando la creación de empleo, pero sin género de dudas va a contribuir en primera instancia a destruirlo.”

Nos predican las virtudes del trabajo, nos invitan a entrar en sus empresas, para luego despedirnos a capricho. En las condiciones de precariedad que nos anuncian, habría que replantearse seriamente si merece la pena seguir recurriendo al trabajo asalariado como medio de ganarse la vida.

Hay que perder la paciencia.

Pensionista con cónyuge a cargo: un déficit de ciudadanía

Una reforma en serio del sistema público de pensiones debería contemplar, de entrada, la fijación de unos mínimos que aseguren una existencia digna a las personas mayores. Si aceptamos la Constitución española en toda su extensión, además de garantizar la vida de lujo que lleva el Monarca Jefe del Estado y su augusta familia, los poderes públicos deberán también garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (C.E. art. 50)

Al cabo de 32 años de vigencia de la Constitución española, las pensiones del sistema público de la Seguridad Social siguen siendo muy bajas. En lo que respecta a las pensiones mínimas que fija el Gobierno, la mayoría de ellas están por debajo del umbral de pobreza, un parámetro oficial que fija el Instituto Nacional de Estadística.

Un caso especialmente lacerante es el de las mujeres casadas que, tras dedicar su vida a ocuparse de cuidar del hogar, la crianza de los hijos, etc., no tienen derecho a recibir una pensión al llegar a la vejez.

Los trabajos efectuados dentro del hogar sólo tienen valoración social y monetaria si son realizados profesionalmente, mientras que si los realiza una mujer dedicada a lo que antiguamente se denominaba “sus labores” pasa absolutamente desapercibido.

Por ejemplo, el coste de cuidar un niño en una guardería se incorpora al PIB por el importe del sueldo del empleado profesional más el beneficio obtenido por el propietario de la guardería, los alquileres, etc. Sin embargo, si quien se encarga de cuidar al pequeño es su madre, un abuelo o una tía soltera desempleada, pese a que el tiempo de trabajo dedicado a ocuparse del menor sería en principo exactamente el mismo que en la guardería, ni la patronal ni los sindicatos ni los ministerios de Trabajo y Economía se darán por enterados de que ese tipo de trabajo ha sido efectuado.

Ya lord Beveridge apuntó la paradoja que plantea, desde la perspectiva de la economía monetarizada, el hecho de que un hombre soltero se case con su asistenta supone una catástrofe, pues significa la desaparición de esa mujer del mercado de trabajo.

Es decir, que estamos ante un trabajo invisible, no remunerado ni socialmente valorado.

En nuestro sistema público de pensiones, aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable a los cónyuges (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal.(*) Esto, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene la pensión, y ésta en su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida.

En 2010, la pensión mínima de carácter contributivo para una persona mayor de 65 años está fijada en 557,50 euros mensuales. Si tiene cónyuge a cargo, percibirá 725,20 euros mensuales.

Habida cuenta de que con ese dinero han de mantenerse dos personas, la renta per cápita de cada una de ellas es de 362,60 euros. Renta situada por debajo del umbral de pobreza. Por mucha “economía de escala” que se quiera aplicar a la pareja, la realidad es que el complemento con el que debe vivir el cónyuge es de 167,7 euros mes, lo que arroja una ratio casi tercermundista de 5,59 euros día.

La situación mejoraría si en vez de ese complemento, cada cónyuge tuviera, en su calidad de ciudadano, el derecho personal a recibir una pensión, aunque en uno de los casos fuera la mínima de carácter no contributivo. El importe de la misma tampoco es que sea para tirar cohetes: 339,70 €. Sin embargo, un hogar donde el cónyuge principal tuviera derecho a percibir la pensión mínima de 557,50 € y el cónyuge ‘no contributivo’ tuviera derecho a percibir al menos esa pensión, allegarían entre ambas pagas la suma de 897,20 €. Este ingreso, no sólo mejoraría en 172 € la renta de ese hogar, sino que además robustecería un derecho: el de ciudadanía, y no el de ‘conyuge de’.

Por cierto, ¿han oído alguna vez hablar de esto a los sindicatos o al Ministerio de Igualdad? Confiemos en que a éste último, para eliminar esta discriminación, se le ocurra alguna idea mejor que introducir el palabro cónyuga como novedoso hallazgo semántico de la corrección política.

(*) La Pensión no Contributiva de Jubilación asegura a todos los ciudadanos en situación de jubilación y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva. Pero su concesión está sujeta a drásticos requisitos de condicionalidad.

Liberales, leed a Hayek, y garantizad un ingreso mínimo para todo el mundo!

El neoliberalismo, doctrina creada por los bien pagados marmitones que trabajan en las cocinas de los think tanks subvencionados por el mundo de los negocios ensalza la fábula del mercado como supremo organizador de la vida de las personas. Friedrich von Hayek, detractor de toda forma de socialismo y planificación de la economía, Ludwig von Mises y el inspirador de la escuela monetarista de Chicago, Milton Friedman, proporcionaron el fondo teórico. Aprovechando que Hayek vuelve a ser un éxito de ventas, debería ser leído sin prejuicios, comprobando que es partidario de proporcionar a todo el mundo un ingreso básico: lo que hoy llamamos Renta Básica de Ciudadanía.

Aderezando las ideas de estos economistas con apropiadas dosis de darwinismo social, los bien pagados cocineros se sacaron del mandil el neoliberalismo. Un plato de nouvelle cuisine para ricos que tenía la ventaja de aprovechar el viejo y proverbial caldo de la tacañería y servirlo con tres ingredientes novedosos: liberalización, privatización y desregulación.

Liberalización no debe confundise con liberación: acción y efecto de liberar, es decir, poner en libertad, hacer que alguien o algo quede libre. Liberalizar significa, lisa y llanamente, adaptar las cosas a lo que propugna la doctrina económica del neoliberalismo, que preconiza levantar las restricciones estatales que regulan una determinada actividad.

Privatización equivale a traspasar la titularidad de los bienes de carácter público al capital privado con el argumento de que la iniciativa privada gestiona los asuntos económicos con mayor eficacia que el Estado. Se oculta celosamente que, cuando un servicio adquiere carácter de negocio, sólo se presta a aquellos que pueden pagarlo, de manera que la privatización de servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones de jubilación rompe la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. La política de privatizaciones roza el latrocinio organizado.

Desregulación significa suprimir las intervenciones administrativas o legales que regulan un ámbito determinado de la actividad social o económica. Una construcción ideológica viciada, que acaba mordiéndose la cola como una pescadilla. En general, cuando el discurso político habla de desregular alguna cosa, el objetivo suele ser la remuneración o condiciones de los trabajadores (salarios directos, subsidios por desempleo o pensiones) o los servicios públicos.

Según las listas de éxitos que publican Amazon y Barnes&Noble, las dos mayores librerías del mundo en Internet, el libro más comprado en la última semana es la última edición de Camino de servidumbre, (The Road to Serfdom) de Friedrich A. Hayek, que se publicó por primera vez en 1944.

En esta obra, de obligada referencia para los entusiastas del neoliberalismo, Friedrich A. Hayek (1899-1992), Nobel de Economía en 1974, realiza una durísima crítica contra todo tipo de planificación económica, que en su opinión significa el fin de la libertad individual. Sin embargo, Hayek, que no sucumbe a la ingenuidad de identificar libertad económica con libertad efectiva, piensa que una sociedad que ha alcanzado un elevado nivel de riqueza, puede perfectamente ofrecer la garantía de un sustento mínimo para todos. Sin que ello ponga en peligro la libertad general.

Lean a Hayek, por favor:

Igual que la espuria "libertad económica", y con más justicia, la seguridad económica se presenta a menudo como una indispensable condición de la libertad efectiva. Eso es, en un sentido, tan cierto como importante. [...] Será bueno contraponer desde un principio las dos clases de seguridad: la limitada, que pueden alcanzar todos y que, por consiguiente, no es un privilegio sino un legítimo objeto de deseo, y la seguridad absoluta, que en una sociedad libre no pueden lograr todos, y que no debe concederse como un privilegio —excepto en unos cuantos casos especiales, como el de la judicatura, donde una independencia completa es de extraordinaria importancia—. Estas dos clases de seguridad son: la primera, la seguridad contra una privación material grave, la certidumbre de un determinado sustento mínimo para todos, y la segunda, la seguridad de un determinado nivel de vida o de la posición que una persona o grupo disfruta en comparación con otros. O, dicho brevemente, la seguridad de un ingreso mínimo y la seguridad de aquel ingreso concreto que se supone merecido por una persona. [...] No hay motivo para que una sociedad que ha alcanzado un nivel general de riqueza como el de la nuestra, no pueda garantizar a todos esa primera clase de seguridad sin poner en peligro la libertad general.

Pues bien, esa es precisamente la propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía, de la que ya he hablado en este blog, y que tendré el placer de exponer hoy viernes, a las 20h en el Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba.

Congelación de las pensiones: un acto sacrificial

La reducción del déficit de las cuentas públicas del Estado español, tal como se ha exigido desde los organismos internacionales al servicio de los intereses financieros, parecía irremediable. De lo contrario, las consecuencias habrían resultado catastróficas para nuestro país. Pero el ahorro de 1.530 millones que producirá la congelación de las pensiones contributivas no compensa adoptar una medida que puede convertirse en el suicidio político de Rodríguez Zapatero. Ese dinero se podría haber obtenido por otras fuentes, pero “los mercados” han exigido este acto sacrificial del Estado del Bienestar.

Endeudarse no es sano. Igual que un particular que se hipoteca en demasía queda en manos del banco casi de por vida, un Estado que pide demasiado dinero prestado queda prisionero de “los mercados”. El que paga los violines, escoge la música.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha incurrido en el grave error de endedudarse en demasía, sobre todo y tristemente, para acudir en socorro de unos bancos de los que no se podía esperar ninguna solidaridad. En estas condiciones, ante la presión de los organismos internacionales que controlan a los Estados sin haber sido elegidos por nadie, caso del Fondo Monetario Internacional, reducir el déficit de las cuentas públicas es algo irremediable. De lo contrario, habrían tomado graves medidas cuyas consecuencias habrían resultado catastróficas para nuestro país y, posiblemente, para la eurozona. Pero ¿por qué hacerlo congelando las pensiones de jubilación? Con esta medida, Rodríguez Zapatero ha colocado el nudo corredizo a la cuerda que podría servir para su propio suicidio político.

Produce vergüenza ajena ver a los líderes y lideresas del PP subiendo a las tribunas a derrochar demagogia defendiendo lo que nunca defendieron y seguramente jamás defenderán: un sistema público de protección social que procuran privatizar allí donde gobiernan. Pero, alineándose con los escasos escaños de la izquierda, que, esos sí, se han opuesto coherentemente al recortazo, el PP ha aprovechado la oportunidad para infligir una derrota política a ZP.

Pero lo más sorprendente del asunto es que Rodríguez Zapatero se ha sometido a esa carga de impopularidad para él y para su partido, sin obtener a cambio un gran ahorro presupuestario. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha explicado que la congelación de las pensiones contributivas en 2011 supondrá un ahorro de 1.530 millones: 1.400 millones de euros en el Régimen General de la Seguridad Social y 130 millones en el de clases pasivas.

Esa cantidad no es tan significativa como para no haberse podido obtener por otras vías. Gravar las SICAV (Sociedades de Inversión de Grandes Fortunas) al 20% frente al1% actual proporcionaría 2.000 millones de € /año. O reducir el boato de las Administraciones Autonómicas, que contribuyen a que haya en España 700 jefes de protocolo. En 2006, las rebajas fiscales del Gobierno hicieron que Hacienda disminuyera sus ingresos en 5.000 millones.

Por lo que todo hace pensar que, más que persecución del objetivo de reducción del déficit, actuar sobre las pensiones es una escenificación de un acto sacrificial del Estado del Bienestar ante “los mercados”. Unos mercados que, no contentos con haber provocado la gran crisis financiera global, quiere quedarse con la suculenta tarta del negocio de las pensiones: los jubilados, o nuestros o de nadie.

Martin Vidberg: L'Actu en patates (Le Monde)

Recortes sociales: ¿Qué dicen los defensores del pueblo?

Ante los recortes sociales anunciados por el Gobierno de la Nación española, se supone que algo tendría que decir el Defensor del Pueblo, ese Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. Y en su defecto, alguno de los Defensores del Pueblo regionales que existen en cada una de las Comunidades Autónomas del Estado español. Uno de los más flagrantes ejemplos de la hipertrofia que dispara el gasto de las administraciones autonómicas

La Constitución española de 1978 creó, en su art. 54, la institución del Defensor del Pueblo, Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título Primero, supervisando, a tal efecto, la actividad de la Administración pública. Esa figura fue desarrollada, tres años más tarde, a través de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo norma que, además de regular la institución del Defensor del Pueblo, contempló la posibilidad de que existieran órganos similares al del Defensor del Pueblo en todas las Comunidades Autónomas.

Ninguna de ellas se ha privado de crear su propia y rimbombante Defensoría. ¿Tiene sentido un defensor del pueblo exclusivo para los 321.702 habitantes de La Rioja?


El Justicia de Aragón es una figura que nació a finales del siglo XII e inicios del XIII como mediador y moderador en las pugnas y diferencias entre el Rey y la Nobleza de la época. Después del Rey, era el Justiciazgo la institución más importante y prestigiosas de la organización política del Reino de Aragón. Con el paso del tiempo, el Justicia se convertiría en juez encargado de dirimir los conflictos entre la monarquía y los ciudadanos.

Durante siglos presidió las Cortes de Aragón en ausencia del Rey, tomó juramento a todos los Reyes de Aragón en la Catedral de La Seo de Zaragoza, desempeñó las funciones de un Magistrado y asumió la interpretación del Derecho Aragonés.

Pero su función más importante y prestigiosa era recordar a quien gobernaba que las leyes las debían de cumplir todos, empezando por el que las promulgaba. Y así, ya en el juramento de los Reyes de Aragón decía: 'Te hacemos Rey si cumples nuestros Fueros y los haces cumplir, si no, no'

Esta Institución sufrió diversos avatares por defender las leyes y soportó represalias transcendentales en diversos momentos de la Historia. Los más tristes fueron los hechos conocidos como las Alteraciones de 1591. Estas revueltas ciudadanas acabaron con la decapitación de Don Juan de Lanuza, el Mozo, por enfrentarse a la voluntad del rey de España, Felipe II, que había penetrado en Aragón con sus ejércitos, contrariando fueros que el mismo rey había firmado y se había obligado a respetar. Otro rey de España, Felipe V de Borbón, suprimió la figura del Justicia en el año 1711.

La figura del Justicia de Aragón reapareció en 1982 recogida en el Estatuto de Autonomía de Aragón y amparada por la Constitución de 1978. El Justicia es la tercera autoridad de la Comunidad Autónoma, junto al Presidente de la Diputación General de Aragón y al presidente de las Cortes.

A diferencia de su configuración medieval, en la actualidad no juzga ni dicta sentencias sobre los conflictos en los que interviene, sino que supervisa la actividad de la Administración, a través de sugerencias, recomendaciones e informes especiales sobre materias de su competencia.

El Ararteko es el alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos de las personas en relación con las actuaciones y políticas públicas de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos u organismos públicos dependientes de alguna de esas administraciones). El Ararteko es una institución u oficina dirigida por una persona, igualmente denominada ararteko, elegida para un período de cinco años por el Parlamento Vasco por una mayoría de tres quintas partes.

Nafarroako Arartekoa. El Parlamento de Navarra creó en julio de 2000 la institución del Defensor del Pueblo de Navarra a la que atribuyó la función de velar por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicas de las personas.

El artículo 1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, que crea la institución, dispone que el Defensor del Pueblo de Navarra es el alto comisionado del Parlamento de Navarra, designado por éste para la defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y cuenta como función primordial la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de la Administración.

El Síndic de Greuges de Catalunya (Síndico de Agravios) tiene la función de atender las quejas de todas las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o falta de actuación, de las administraciones. Vela por el buen funcionamiento de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña, como los ayuntamientos, diputaciones o consejos comarcales. Por tanto, actúa como supervisor y colaborador de la Administración catalana, con el objetivo de ayudar a mejorar su funcionamiento. Elegido por el voto mayoritario del Parlamento de Cataluña, el Síndic es políticamente independiente. No depende de ningún gobierno y actúa con objetividad, libertad de criterio e independencia.

El Síndic se ocupa de velar para que se respeten los derechos de las personas. Derechos que afectan a diferentes colectivos y ámbitos de actuación, y que definen nuestra sociedad actual. Los derechos sociales son los que afectan principalmente a los colectivos más vulnerables. Tercera edad, inmigración, protección de la infancia, exclusión social o sistema penitenciario son algunos de los ámbitos de actuación prioritarios para el Síndic, especialmente cuando abre actuaciones de oficio y elabora informes o estudios de trabajo para defender los derechos de los más necesitados. Otros derechos sociales y económicos, como los relacionados con la sanidad, la educación, la vivienda, el medio ambiente o el acceso laboral también ocupan una buena parte del trabajo del Síndic.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Su nacimiento y funcionamiento se articuló a través de la Ley de la Generalitat Valenciana, 11/1988, de 26 de diciembre del Síndic de Greuges y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sindic de Greuges de 21 de septiembre de 1993.

El Síndic de Greuges debe de ser elegido por, al menos, las dos terceras partes de los diputados que componen el Pleno de las Cortes Valencianas, por un período de cinco años, sin perjuicio de poder ser reelegido, y su misión fundamental es velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a la persona, según el Título Primero de la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, frente a la Administración de la Comunidad Autónoma Valenciana. Se trata de garantizar que los actos y resoluciones que emanan de los Órganos de la Administración de la Generalitat se ajusten a los principios que reconocen la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El Valedor do Pobo es el alto Comisionado del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el estatuto de Autonomía de Galicia. Fue creado a través de la Ley 5/1984, del 5 de junio,

El Valedor do Pobo es elegido por el Parlamento de Galicia a través de una mayoría cualificada (3/5 de los miembros del Parlamento) por un periodo de 5 años, y ejercerá sus funciones con autonomía y según su criterio, sin encontrarse sujeto a mandato imperativo y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

El Valedor do Pobo es una institución que no ejerce funciones de tipo coercitivo, sino únicamente de persuasión, de tal forma que a través de sus diferentes actuaciones pone en juego su autoridad, para orientar y corregir las actuaciones o abstenciones de la Administración que conoce a través de los procedimientos correspondientes.

El Procurador General del Principado de Asturias es el alto comisionado de la Junta General del Principado de Asturias, designado por ésta para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título Primero de la Constitución y para velar por el cumplimiento de los principios generales establecidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

La duración del mandato del Procurador General será de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola vez, por el mismo período. El Procurador General no estará sujeto a mandato imperativo ni a instrucción alguna, desempeñando sus funciones con autonomía, objetividad y plena independencia.

El Procurador General gozará, durante el ejercicio de su cargo, de las mismas prerrogativas y garantías que los Diputados de la Junta General del Principado de Asturias. El Procurador General y su Adjunto tendrán derecho a los honores y preeminencias que a tal efecto se señalen en su Reglamento de Organización y Funcionamiento, y a las remuneraciones que los Presupuestos Generales del Principado de Asturias fijen, respectivamente, para los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno regional.

El Procurador del Común de Castilla y León es una Institución propia de la Comunidad, que tiene encomendada por las Cortes de Castilla y León la misión de defender y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, para lo cual puede supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma, de los Ayuntamientos y Diputaciones castellanos y leoneses, y de los diferentes organismos que dependan de ellas.

El Procurador del Común es el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, elegido por una mayoría cualificada de éstas para un periodo de cinco años. Es políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía. Las funciones y competencias de este Alto Comisionado están reguladas en la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, de las Cortes de Castilla y León.

El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha es la Institución comisionada de las Cortes Regionales, cuyo titular es designado por éstas para la protección y defensa de los derechos y libertades, individuales y colectivas, comprendidos en el título primero de la Constitución y el artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a cuyo efecto velará por la tutela del ordenamiento jurídico propio de Castilla-La Mancha y de su Estatuto de Autonomía.

Es elegido por las Cortes por un período de cinco años. Cada año presenta ante las Cortes un informe sobre el número de quejas recibidas, tramitación seguida y resultado de sus actuaciones. El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha es políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía.

El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título Primero de la Constitución, y en el Título primero del Estatuto de Autonomía. Las funciones y competencias de este Comisionado están reguladas en la Ley 9/1983 de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, aprobada por el Parlamento de Andalucía en concordancia con lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto de Autonomía.

Es una Institución que puede supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. El Defensor del Pueblo Andaluz es independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía. Es elegido por el Parlamento de Andalucía para un periodo de cinco años.

La Defensora del Pueblo de La Rioja es el Alto Comisionado del Parlamento de La Rioja designado por éste para la protección y defensa, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos reconocidas en la Constitución, la tutela del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la defensa del Estatuto de Autonomía de La Rioja. La función primordial es la de salvaguardar a los ciudadanos frente a los abusos de autoridad y las negligencias de la Administración pública de La Rioja. Es, la defensora de las personas.

Escucha, asesora, investiga y resuelve. Supervisa la actuación de la Administración Autonómica, sus Entes, Empresas públicas y autoridades y personal que de ella dependen o están afectos a un servicio público. Supervisa también la actuación de las Entidades Locales de La Rioja en materia en las que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia a la Comunidad Autónoma.

Cuando considere que una Ley o una disposición con fuerza de ley contradice el Estatuto o que una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad Autónoma o del Estado no respeta el orden constitucional establecido, se dirigirá por medio de informe al Parlamento o al Gobierno de La Rioja, instando la interposición del pertinente recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia orienta su trabajo a investigar aquellas denuncias de los ciudadanos en referencia a las administraciones, tras lo cual dirigirá, en su caso, recomendaciones a los organismos competentes para lograr una mejora de los servicios de la Administración.

Para poder responder y dar cumplida cuenta de cualquier denuncia, la institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia tendrá libre acceso a los archivos y registros administrativos, así como a los expedientes y documentación administrativa. Además, podrá proponer a los organismos y autoridades competentes afectadas, en el marco de la legislación vigente, fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolución rápida de la queja.

Diputado del Común. Es el defensor del pueblo de Canarias.

Lo designa el Parlamento de Canarias para que defienda los derechos y libertades constitucionales de todas las personas. Para ello supervisa las actividades de las administraciones públicas canarias (Administración autonómica, cabildos y ayuntamientos).

La denominación "Diputado del Común" tiene su origen en el auto-acordado del Consejo de Castilla de 5 de mayo de 1766, que establecía el carácter representativo de los Diputados del Común y el Síndico Personero, designados en votación por 24 electores nombrados por parroquias teniendo votos los vecinos seculares y contribuyentes según la Instrucción de 26 de julio siguiente. Posteriormente, la Real Cédula de 25 de junio de 1768 acordaba:

"que todas las Parroquias sean de la Capital de la Ysla o de la tierra y Jurisdicción, una vez que el Ayuntamiento es común, deven tener sufragio y voto, el cual se ha de reducir a dos electores por parroquia, elegido por cada unos en su Consejo avierto, sin que puedan exceder de dos votos ninguna de dichas Parroquias."

Estas disposiciones intentaban regularizar la elección de estas figuras en las islas de Realengo, donde durante los siglos XVI y XVII se habí­an sucedido los conflictos entre los Regidores y los vecinos sobre la periodicidad y el sistema de designación de aquellos.

Fue en el Fuero Real de Gran Canaria otorgado por los reyes Isabel y Fernando el 20 de diciembre de 1494 donde se describieron por primera vez las funciones del personero: "... de procurar las cosas de provecho del Consejo, e contradecir las que fueren en su daño, é requerir, que se guarden las buenas ordenanzas, é procurar todo lo que cumple a los Propios del Consejo de manera que por su negligencia no se pierda el Derecho de Consejo...".

Sólo cuatro comunidades -Baleares, Cantabria, Extremadura y Madrid- carecen de Defensor del Pueblo, aunque las administraciones cántabra y extremeña se proponen incorporar esta figura en un plazo breve.

Defensor del Pueblo Cántabro: El Gobierno de Cantabria tiene previsto proponer la creación de esta figura mediante la presentación en 2010 de un proyecto en el Parlamento, en el que se pretende que prime el máximo consenso.

El Personero del Común será la denominación que recibirá el defensor del pueblo extremeño y tendrá su sede en la ciudad cacereña de Plasencia, según establece el artículo 48 del Estatuto reformado.

En el texto estatutario figura en concreto que "por ley de la Asamblea que regulará su régimen jurídico, se creará el Personero del Común como comisionado de la misma y con funciones respecto de las instituciones regionales similares a las del Defensor del Pueblo previsto en la Constitución".

El Sindic de Greuges de Baleares, aunque previsto en el Estatuto autonómico, está pendiente de creación. De momento, sólo cuentan con una Oficina de la Defensa de los Derechos del Menor, que se ocupa de la defensa y promoción de los derechos de los menores; quejas sobre situaciones de amenaza y de vulneración de derechos.

Madrid no cuenta con defensor de adultos, pero sí con un Defensor del Menor, definido como Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid para salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad de la Comunidad de Madrid. Su creación se concretó jurídicamente en la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid.

¿Qué recorte se aplicará al sueldo del principal funcionario vitalicio del Estado?

El ajuste aplicado por Rodríguez Zapatero a su política económica, por muy duro que pueda parecerles a algunos, no será tan drástico como el que tuvieron que soportar los países más pobres del mundo. Aquí no se toca sustancialmente el gasto social, a diferencia de las fuertes restricciones en ese capítulo impuestas en su día por el Consenso de Washington para “meter en cintura” a las economías del Tercer Mundo. Entre las medidas más crudas figura el recorte de los sueldos de los funcionarios, un 5% de media y un 15% a ministros y altos cargos. Pero lo que todavía no se ha especificado es el alcance del recorte del sueldo del principal Funcionario Vitalicio del Estado: el Rey.

No será un gran estratega, pero hay que reconocerle a Rodríguez Zapatero su gran capacidad de maniobra táctica: cada día dice lo contrario que el día anterior, y así, de derrota en derrota hasta el harakiri final. Presionado por “los mercados”, por los dirigentes de mayor peso de la UE y hasta por el “amigo americano”, Zapatero se ha visto obligado a dar un golpe de timón a su política económica y afrontar una política de ajuste del déficit público.

Es obvio que las medidas adoptadas por el Gobierno no pueden ser consideradas "progresistas" (eufemismo que disimula el desvanecimiento de la izquierda), como hubiera sido gravar los grandes capitales, por ejemplo esas sicavs donde invierten los ricos, que tributan al 1%. Una realidad ante la cual no hay protestas generalizadas

No obstante, exageran los que hablan de “ajuste duro” para calificar las medidas del Gobierno. Y si no, que les pregunten a los países pobres que tuvieron que afrontar los planes de ajuste estructural impuestos en su día por el Fondo Monetario Internacional siguiendo las recetas del Consenso de Washington. Un consenso alcanzado a comienzos de los años 90 del pasado siglo por los países más poderosos del planeta con el propósito de “meter en cintura” a las economías del Tercer Mundo. Medidas económicas que implicaban fuertes restricciones del gasto social como condición impuesta por el Fondo para concederles su ayuda.

Aparentemente, Zapatero ha jugado bien sus cartas. Adopta dos medidas crudas: reducir el salario a los funcionarios y congelar la revisión de las pensiones. Congelar no equivale a reducir "a la griega". Y ni siquiera está claro que pueda hacerlo, ya que para ello necesitaría modificar la ley de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997, que estableció que las pensiones serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del correspondiente índice de precios al consumo.

Pese a estas medidas, el presidente del Gobierno se reserva la carta de afirmar que mantiene su compromiso social: ya que el ajuste no toca las prestaciones por desempleo, ni la sanidad ni la educación. Dejando, además, abierta la revisión de las pensiones mínimas, que afectan a unos 3.000.000 de jubilados. Aunque es de esperar que se trate de una revisión simbólica. En cualquier caso, no da pie a una rebelión generalizada de la ciudadanía.

Con esta táctica, al tiempo que se granjea los parabienes de las instituciones de la UE y del mundo de los negocios, le quita argumentos a Mariano Rajoy, que continúa encasillado en su habitual postura del No a Todo, y también a los sindicatos. Si éstos organizan protestas, serán sólo para defender a los funcionarios. Y con cuatro millones de parados en el país, defender que unos funcionarios con empleo vitalicio y salario pagado por el contribuyente no aporten un 5% para salir de la crisis no despierta excesiva simpatía en la opinión pública. Opinión que viene siendo convenientemente masajeada por los medios ultraliberales, que diariamente lanzan pestes contra el funcionariado.

¿Se pondrán Mariano y la ultraliberal condesita Aguirre a la cabeza de las previsibles manifestaciones de protesta de los funcionarios? ¿Propondrán un programa alternativo de subida de las pensiones mínimas?

El Gobierno ha dicho que el recorte de los sueldos de los funcionarios será de un 5% de media, pero que afectará en mayor medida a los altos cargos. De entrada, un 15% en el sueldo de ministros y altos cargos. Que no por ello se van a quedar sin poder ir al cine.

Hablando de funcionarios, todavía no se ha especificado la cuantía del recorte del sueldo del principal Funcionario Vitalicio del Estado: el Rey. Tal vez no se haya querido comunicar todavía por no darle un disgusto justo cuando convalece de una operación quirúrgica. Realizada, por cierto, por una clínica privada que ha utilizado los medios del Sistema Público de Salud.