Llegaron los liberales recortando libertades

En su discurso ante el Parlamento en el que anunció brutales recortes de la protección social, Mariano Rajoy llegó a decir que España no tiene libertad para hacer otra cosa. Su ministro Ruiz-Gallardón recorta la libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y resucita la memoria de un militar golpista y sanguinario. Así son los liberales del PP.

"Los españoles no podemos elegir si hacer o no sacrificios. No tenemos esa libertad", dijo textualmente Rajoy en el hemiciclo. Resulta asombroso que esto lo diga un político que llegó a la presidencia del Gobierno envuelto en la bandera del liberalismo. Doctrina política que, sin negar totalmente la autoridad del Estado, sostiene que ésta no es absoluta, y que las instituciones estatales se establecen precisamente para garantizar la autonomía del ciudadano.

Alguien debería explicar a los españoles, especialmente a los 10.830.693 votantes que se dejaron engatusar por el programa electoral del Partido Popular, cómo se garantiza la autonomía personal recortando los presupuestos destinados a la educación pública, la asistencia sanitaria y la atención a los mayores dependientes.

En su corta trayectoria gubernamental, el equipo de Rajoy ha tomado dos medidas liberalizantes: la libertad de apertura de comercios y la libertad de despido. 

De las virtudes de la primera, ardientemente defendida por la condesa de la mamandurria, otra liberal de guardarropía, que hablen los pequeños comerciantes que nutren uno de los viveros de votos del PP. Partido que les ha devuelto el favor colocándoles al pie de los caballos de las grandes superficies de distribución. Si no les gusta la medida, que reclamen al muñidor, pues a los consumidores corrientes ni nos va ni nos viene el asunto. Si necesitamos una barra de pan o un par de calcetines los compraremos con mayor comodidad, pero no compraremos más baguettes ni más calcetines que antes de la ley. Lo más previsible es que compraremos menos al reducirse nuestro poder adquisitivo por la subida del IVA, los medicamentos y otros recortes en nuestros ingresos. 



La segunda gran medida liberalizante adoptada por el Gabinete de Rajoy consiste en ampliar notablemente la libertad de despido. O el despido libre, materializado en la letra infame de cada uno de los párrafos de la Reforma Laboral dictada  por el Partido Popular. Dictada, sí, pues no ha sido negociada con sindicatos ni parlamentarios. Una reforma que otorga amplias libertades al empresario para someter al trabajador bajo un régimen de dominación neofeudal. 

De la aplicación de esa reforma ya se ha visto el resultado: un notable incremento del número de desempleados. Hace tiempo que tengo escrito en este cuaderno, el desempleo y el despido libre cumplen una doble función: económica y disciplinaria.

Ítem más, nos dicen estos liberales de boquilla y cichinabo que los recortes sociales vienen obligados por la grave situación de la economía y de las cuentas públicas. Pero hay aspectos que no tienen que ver con la economía y ahí vemos al liberal ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pergeñando una ley del aborto que hace retroceder los derechos de la mujer a la situación en que se encontraban décadas atrás.

 

También se ocupa el liberal Gallardón de la renovación del Marquesado de Queipo de Llano al nieto del general franquista del mismo nombre, uno de los militares golpistas más sanguinarios durante la Guerra Civil. Y se adorna en la faena publicando el asunto en el BOE con fecha 17 de julio, aniversario del alzamiento militar que originó la Guerra Civil en 1936.

El 24 de julio de 1936, Queipo de LLano anunció en un bando militar: "Serán pasadas por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos". También son suyas las siguientes declaraciones en Radio Sevilla: "¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré". "Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará". 

El ambiente en este país se vuelve cada vez más irrespirable. Así que espero me disculpen si en unas semanas no aparezco por aquí. Necesito orear el cuerpo y el espíritu y, de paso, tomar distancias con esta tropa. Tanto, que me están entrando ganas de largarme a Uganda.

La condesa de la mamandurria

La ultraliberal condesa Esperanza Aguirre acaba de declararse partidaria de "terminar con los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general". Ahora tiene una excelente ocasión de demostrar su coherencia acompañando los hechos a las palabras. Su hijo Álvaro está contratado a dedo como asesor en el Ministerio de Economía

Esperanza Aguirre, la ultraliberal condesa y ex insumisa del IVA, acaba de declarar que: "Se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general".

Dice el DRAE que mamandurria viene de mamar, y significa: Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente.

Aguirre, singular liberal que ha vivido siempre de un sueldo público, tiene una excelente ocasión de predicar con el ejemplo y poner fin a una de las mamandurrias que alberga en su propia casa. El nombramiento digital —o sea, a dedo— de su hijo Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre como asesor del gabinete del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

El menor de los hijos de Esperanza Aguirre, de 32 años de edad, fue contratado en enero de 2012 como cargo de confianza y libre designación para un puesto que habitualmente suele estar destinado a economistas.

 
Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, conde de Villariezo desde 2006 por cesión de su abuelo, Ignacio Ramírez de Haro y Pérez de Guzmán, es licenciado en derecho y hasta su contratación en Economía, ha trabajado en el bufete de abogados Pérez Llorca de Madrid. 

Sinvergüenzas: cambian algo, para que nada cambie

El Rey hace "como si" se recortara el sueldo. Andrea Fabra, la diputada maritornes, hace "como si" se disculpara por su celebración de los recortes de las prestaciones a los desempleados. Rajoy habla con una empresa privada en vez de hacerlo en el Parlamento el día en que se aprueban los recortes. Hay que impedir que se sigan riendo de nosotros.

 

Juan Carlos I ha decidido recortar en un 7,1% su sueldo bruto, así como el del Príncipe de Asturias. Además, el monarca ha decidido rebajar en el mismo porcentaje los gastos de representación asignados al resto de su familia.

El Rey se baja el sueldo en 21.000 euros brutos al año, mientras que el Príncipe recortará su salario en 10.000 euros. Esta reducción se aplicará al sueldo del monarca que alcanza los 292.752 euros brutos anules y al de Príncipe, 141.376 euros. De esta manera, el Funcionario Mayor del Reino pretende adecuar su salario al ajuste que el Gobierno ha aplicado a los sueldos del jefe del Ejecutivo y los ministros, que se reduce en un 7,1 por ciento. 

También bajará la partida destinada a gastos de representación de la Reina, la Princesa de Asturias y las infantas Elena y Cristina, mientras que al resto de empleados públicos de la Casa del Rey se le quitará la paga extra de Navidad, como al resto de funcionarios.

El truco consiste en que el Rey se baja el sueldo, pero no la asignación total a la Casa Real. En total estos ajustes supondrán un ahorro en el presupuesto de la institución de entre 90.000 y 100.000 euros al año, una minucia comparada con su importe total, que se elevó a 8,264 millones de euros en 2012. Debería ser sobre este total sobre lo que se aplicase un recorte del 7%, como sucederá en el capítulo del presupuesto dedicado a las retribuciones de los funcionarios, cuya masa salarial total sufrirá esa disminución del 7%.

El suegro de Urdangarín seguirá disponiendo de la misma asignación, gastando como le plazca el dinero de las distintas partidas. Encima, se permite otro lujo añadido, el de ponerse en plan castizo al señalar que, tras una intervención quirúrgica en la cadera como la que él tuvo que ser sometido el pasado mes de abril, "cualquier otra persona estaría aún de baja. Pero yo tengo que currar".

Juan Carlos I hizo este comentario en una conversación informal con periodistas en el avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó a Moscú junto con una delegación de empresarios. El monarca, que fue operado en dos ocasiones en abril de su cadera derecha a consecuencia del accidente que sufrió tras una caída en Botsuana, donde fue a cazar elefantes, ha aludido a su actividad diaria para insistir en que él tiene que estar trabajando cuando cualquier otra persona que hubiera sido sometida a las mismas intervenciones aún estaría de baja.

¿No se ha enterado de que, tras la reforma laboral del PP, a la gente de a pie la pueden despedir sólo por estar de baja 14 días al año, aunque sea justificada?

Maritornes hace como que rectifica

Después de casi una semana de defensa cerrada de Andrea Fabra, la maritornes parlamentaria del Partido Popular que gritó en el hemiciclo "¡que se jodan" mientras Mariano Rajoy anunciaba los nuevos recortes en las prestaciones a los desempleados, el partido ha optado por censurar oficialmente ese comportamiento. Aunque al final, todo ha quedado en una amonestación del presidente del Congreso, Jesús Posada, y una petición escrita de disculpas por parte de la diputada por Castellón.

"He pedido disculpas por carta al Grupo Socialista y al resto de la Cámara y no voy a decir nada más", ha dicho Fabra. Que al salir unos minutos del hemiciclo ha estado acompañada, en un claro gesto de arropamiento, por el diputado por Valencia y vicesecretario del PP Esteban González Pons, y el portavoz parlamentario Alfonso Alonso.

Esta diputada lanzó un exabrupto el pasado miércoles cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba los recortes para los desempleados que reciban el subsidio. "Que se jodan". Esta es la expresión de esta diputada por Castellón por la que el PSOE e Izquierda Plural piden la entrega de su acta, es decir, que deje de ser diputada.

La diputada es la primogénita de los cuatro hijos del  expresidente de la Diputación y dirigente del PP, Carlos Fabra, conocido por su suerte con la lotería y acusado de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

A todo esto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy no se ha dignado estar presente durante el debate previo a la aprobación del duro ajuste aprobado por su Ejecutivo. Rajoy, ha llegado al Congreso de los Diputados poco antes de las dos de la tarde, cinco horas después de que arrancara el debate, llegando a la Cámara baja con el tiempo justo para votar el decreto que convalida el tijeretazo de 65.000 millones de euros. Según fuentes oficiales, ha mantenido una reunión con el presidente de Siemens.
Estar hablando con una empresa privada en lugar de hacerlo en el Parlamento evidencia el absoluto desprecio del Gobierno hacia las instituciones democráticas. 

Para más inri, Rajoy, que compatibiliza su cargo de presidente del Gobierno con su condición de diputado por Madrid, sigue cobrando mensualmente los 870,56 euros que le paga el Congreso para "afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital", pese a que vive con su familia en el palacio de La Moncloa.

El líder del PP no cobra el sueldo de diputado porque la ley impide percibir dos salarios de la Administración pública, pero sí recibe la indemnización mensual para "cubrir gastos" que perciben todas sus señorías: 1.823,86 euros para los diputados de fuera de Madrid y 870,56 para los de la capital, como es el caso de Rajoy.

Del Rey a la maritornes: cinismo al más alto nivel

El Rey evita incluirse en "el esfuerzo nacional para salvar al país". Con modales de maritornes, una diputada del Partido Popular  celebra con un expresivo "que se jodan" el recorte en las prestaciones por desempleo. Asistimos a una demostración de cinismo al más alto nivel por parte de una clase dirigente que ha roto su contrato con el pueblo que la ha designado.
 

Juan Carlos I de Borbón, máximo funcionario (no por oposición) del Estado español ha presidido la reunión deliberante previa al Consejo de Ministros celebrado el viernes 13 de julio en el que se han concretado las medidas adelantadas por el presidente Rajoy ante el Parlamento. 

Al parecer, el monarca ha pedido a los ministros que "nadie quede "excluido de los efectos de la recuperación económica". ¿De qué habla el cazador de elefantes mayor del Reino? El consejo de hoy no ha tratado de recuperación económica, sino, precisamente, de la exclusión de grandes colectivos de la población de los flujos de riqueza que el Gobierno del PP bombea socialmente de abajo arriba. Con la descarada intención de sanear los enormes desequilibrios producidos por la desastrosa y delincuencial gestión de la economía financiera.

Para ello, no ha dudado en meter tijera a troche y moche en los presupuestos, encareciendo través de la subida del IVA el coste de la vida para la mayoría de la población. Adelgazando las prestaciones a los desempleados, mordiendo el sueldo de los funcionarios y deteriorando la sanidad y enseñanza pública. Eso sí, concediendo amnistía fiscal a los defraudadores y teniendo exquisito cuidado de no tocar las grandes fortunas ni los beneficios de las grandes empresas. 

Aquí, hasta ahora, los únicos que se han librado de los recortes son la Iglesia y la Casa Real. Y al suegro de Urdangarín no se le ocurre mejor discurso que hablar de beneficios futuros, en vez de aplicarse el cuento y prescindir, él también, de la paga de Navidad. Se calcula que los funcionarios perderán con ese recorte el 8% de su salario. Pues bien, con el 8% de los 8,26 millones de euros que percibe el Rey con cargo al Presupuesto público se evitarían los recortes aplicados a una de las capas más sensibles de la población: los mayores que deben ser atendidos por la Ley de Dependencia. 

"Pedimos esfuerzos y sacrificios para sacar adelante el país", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ha perdido una inmejorable ocasión de pedírselos también al monarca, ya que ha estado sentada a su vera durante la reunión deliberante.

Reunión deliberante previa al Consejo de Ministros. El hombre de calva brillante que aparece en primer término a la derecha mete su mano en el bolsillo, tal vez para asegurarse de que sus compañeros no le han guindado la cartera. Es Mariano de Guindos, el ejecutivo de la banca Lehman que precipitó la crisis económica. Rajoy le nombró ministro encargado de repartir a los bancos el dinero del rescate de la UE con cargo a la Deuda pública del Estado español. 

“Que se jodan”. La diputada del PP por Castellón Andrea Fabra ha reconocido que pronunció esa expresión cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba el pasado miércoles los recortes en el subsidio de desempleo, no solo por ahorrar, sino porque la percepción del mismo desincentiva el afán de buscar trabajo.  Andrea es hija del histórico presidente del PP en Castellón Carlos Fabra, actualmente acusado de corrupción, y esposa de Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Vamos, PP en estado puro. 

De momento, se puede firmar aquí pidiendo su dimisión.  Pero hay que ir más lejos. Los ciudadanos y ciudadanas de España no merecemos este trato. No debemos aguantar ni un minuto más este entramado político compuesto por truhanes, maritornes, mentirosos, estafadores y cínicos. Necesitamos efectuar una segunda transición que restablezca una organización política más higiénica.

Cuando el Gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada sector del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. 

 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789.

...

Rajoy recorta la prestación por desempleo para estimular la búsqueda de un empleo que él mismo reconoce que no se va a crear.

Los parlamentarios del Partido Popular han estallado en aplausos cada vez que Mariano Rajoy desvelaba los distintos puntos del brutal ataque a la ciudadanía perpetrado hoy por su Gobierno. Uno de ellos, el recorte en las prestaciones por desempleo, que Rajoy justifica con un mantra liberal: las prestaciones desincentivan la búsqueda de trabajo. ¿De qué trabajo hablan mientras reconocen que no se va a crear empleo? ¿Qué aplauden Sus Señorías? ¿Son tontos de baba o son idiotas morales?
 

Mientras la policía actuaba con brutalidad al término de la multitudinaria marcha minera que ha desfilado hoy por las calles madrileñas, el Gobierno del Partido Popular, por boca de su líder Mariano Rajoy, anunciaba en el Congreso el alcance del brutal ataque a las condiciones de vida de la ciudadanía. Entre otras nuevas canalladas, sube el IVA, recorta la prestación por desempleo y quita una paga extra a los funcionarios. Y en breve, recortará las pensiones.

Es la contrapartida del multimillonario préstamo de salvamento a la banca con fondos de la Unión Europea, que a la postre pagaremos los contribuyentes.

Dos caras de la política del Partido Popular: aplausos en el Congreso a los recortes brutales, brutalidad policial en la marcha de los mineros. 

El paquete de recortes sociales alcanza a las prestaciones por desempleo, rebajando la cuantía de la percepción desempleo en 10 puntos a partir del sexto mes como desempleado: Los nuevos receptores verán reducida del 60% al 50% de la base reguladora.

Hasta ahora, cuando alguien pierde su empleo y solicita cobrar el seguro de desempleo, la cuantía se calcula sobre la base reguladora de los últimos 180 días cotizados. El parado cobrará durante el primer medio año el 70% de esa cantidad y, hasta ahora, el 60% a partir de ese momento. La medida aunciada hoy supone una rebaja al 50% este último tramo.


Estamos hablando del seguro de desempleo, que es una prestación contributiva, es decir, que sólo reciben los trabajadores que quedan en paro habiendo cotizado por esta contingencia. En cuanto al subsidio por desempleo, prestación condicional que reciben quienes agotan el tiempo de cobertura del seguro, se endurecen los requisitos para tener acceso a ella. En su modalidad de renta activa de inserción sólo la percibirán quienes hayan trabajado antes. Se elimina asimismo el programa Prepara (420 euros durante seis meses para parados que han perdido la prestación) y el subsidio que también ha anunciado Rajoy) apenas se notarán en una rebaja de la tasa de cobertura del seguro por desempleo (65,5%). 

Rajoy ha justificado estas medidas diciendo que con ello se estimula la búsqueda de empleo. O sea, utilizando ese cansino mantra liberal que dice que cuantas menos ayudas recibe un parado (en tiempo y en cantidad) más se esfuerza por encontrar un nuevo trabajo. 

Pero el mantra se derrumba desde el momento en que el propio Gobierno que pretende disciplinar a los renuentes laborales maneja unas previsiones económicas que pronostican que en 2012 se destruirán 630.000 empleos.

Véanse las contradicciones textuales en el discurso pronunciado hoy por el presidente del Gobierno desde la tribuna de oradores del Congreso. 

[...] En la situación actual, hoy, en España, crecer y crear empleo no es posible. [...] Atravesamos la segunda recesión más grave de nuestra historia, con un decrecimiento de la actividad económica cercano al 2%. Nunca antes la economía española había tenido dos recesiones tan seguidas y de esta magnitud. Es algo que ninguno habíamos vivido. Y, es más, para el año que viene todas las previsiones apuntan a que la situación recesiva continuará, aunque más cerca del 0%.


[...] Hay una realidad que debe estar constantemente en nuestro pensamiento: cinco millones seiscientas mil personas salen cada día por la mañana de su casa a buscar un trabajo que no encuentran. Todas y cada una de nuestras actuaciones deben tener –siempre- ese referente. 

[...] Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generan efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la UE. 

¿Estamos gobernados por gente en su sano juicio o por una panda de idiotas? Pues, si saben que la realidad consiste en que cinco millones seiscientas mil personas salen cada día por la mañana de su casa a buscar un trabajo que no encuentran, no tiene ningún sentido verter sospechas sobre la falta de motivación para trabajar de esas personas. 

Hacer eso es agitar los fantasmas de la irrealidad. Nuestros idiotas de cabecera harían mejor en ocuparse de que, al regreso de tan infecunda jornada, esa multitudinaria legión de personas en paro tuvieran algo caliente para cenar. 

Pero mucho me temo que nuestros gobernantes, dentro de la idiocia, se encuadran en su peor categoría: la de los idiotas morales.

Contra los recortes en el derecho universal a la sanidad

  
Privar a las personas del derecho a la asistencia sanitaria pública es un atentado contra el principal de los Derechos Humanos: el derecho a la vida. Que se acorta o deteriora en la medida en que no recibe atención médica en caso de enfermedad. La reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 puede costar vidas. Y colectivos profesionales plantean desobedecer la norma.

Un Estado democrático tiene la potestad y el deber de garantizar el bienestar y la subsistencia de todos sus miembros. Así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. (Art. 25).

Y lo dispone la Constitución Española:

 Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Por encima de cualquier otra prioridad, el primer deber de un Gobierno democrático es el servicio a la ciudadanía que le otorga legitimidad. Este principio de sensatez política ha sido olvidado por quienes, en aras de la brutalidad ideológica, están derribando las instituciones del Estado del Bienestar. Legitimando, por otro lado, la desobediencia civil a las leyes dictadas por la injusticia.

Un caso flagrante de esa brutalidad política es la reforma sanitaria introducida por el Gobierno del Partido Popular a través del Real Decreto Ley 16/2012. Esa reforma puede costar vidas humanas. Esto supone un punto de inflexión en el que se cambia de raíz el modelo sanitario, que deja de constituir un derecho universal a la salud para segregar a la población entre "asegurados" y "no asegurados".

En el fondo, lo que la presunta austeridad gubernamental encubre es el programa oculto por el Partido Popular. Que se resume en la privatización de los servicios públicos. Como adelanto, ahí están los hospitales de Castilla la Mancha, que se reparten en el camarote de los hermanos Capio.

La limitación del acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular a la modalidad de urgencias y a la asistencia al embarazo, parto y posparto, así como el retroceso en la universalidad del acceso a la atención sanitaria para una considerable porción de personas españolas (como jóvenes desempleados mayores de 26 años) constituyen medidas regresivas y discriminatorias. Además de vulnerar obligaciones internacionales, tienen un gran impacto sobre el derecho a la vida de las personas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha recomendado a España que la "reforma sanitaria adoptada no limite el acceso de las personas que residen en el Estado a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal". Recomienda revisar las reformas implementadas para garantizar que todas las medidas de austeridad mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos.

Desde Amnistía Internacional, junto con Médicos del Mundo y Red Acoge, se está trabajando para denunciar esta situación. Se puede colaborar con ellos, a través de este enlace, exigiendo a las Comunidades Autónomas que mantengan la atención sanitaria para todas las personas como un derecho irrenunciable.

 
Por otra parte, diferentes personas y organizaciones sociales junto con el personal de los servicios sanitarios han decidido organizarse en defensa de la sanidad, pero en particular con el objetivo de sacar adelante una campaña de respuestas concretas y realizables. 

Respuestas dirigidas fundamentalmente a que todo el mundo siga teniendo acceso a la sanidad pública ya existente animando a los profesionales de la medicina a hacer uso de la objeción de conciencia para desobedecer el Decreto y seguir atendiendo a las personas, tengan o no tarjeta.

Para ello, han elaborado un manual de desobediencia -con las acciones concretas que pueden realizar personal sanitario y usarios-, tratando asimismo de organizar una red de profesionales objetores de conciencia que pretenden  que esté plenamente activa a partir del próximo mes de septiembre.

Que venga Dios y lo vea

El Arzobispado de Madrid llamó a la Delegación de Gobierno que dirige Cristina Cifuentes para que desalojara a un grupo de personas que se habían encerrado en la Catedral de la Almudena de forma simbólica para llamar la atención de la opinión pública sobre la gran estafa hipotecaria y el drama social de los desahucios.

No es el Chile de Pinochet ni la Argentina de Videla. Es la catedral de la Almudena hace unas horas ‪

Los Gobiernos acuden con dinero público en auxilio de los delincuentes financieros que han arruinado muchas entidades bancarias. Pero no hay ayudas para la gente que ha sido desahuciada de su vivienda a consecuencia de la gran estafa hipotecaria. Es más, cuando intentan protestar encerrándose en una iglesia, la jerarquía católica pide a la policía que los eche a la calle.

Si hay Dios, que venga a ver esta vergüenza. Y si no lo hay, es tontería seguir manteniendo a la Iglesia.