Una coronación freak en el Reino de Celtiberia (Show)

Al anunciar Filipo que iba a atacar Corinto, y al estar todos dedicados a los trabajos y corriendo de un lado para otro, alguien observó que Diógenes empujaba la tinaja en que vivía. Preguntado por su actitud, explicó éste: "Porque estando todos tan apurados, sería absurdo que yo no hiciera nada. Así que echo a rodar mi tinaja no teniendo otra cosa en la que ocuparme".

 
Declaro hallarme afectado por el genuino síndrome de Diógenes. No, no se trata de ese trastorno que padecen algunos mayores que acaparan montones de basura en sus viviendas y al que impropiamente se le ha dado el nombre del filósofo griego Diógenes de Sínope. El que vivía en una tinaja en el centro de Atenas y desde allí desafiaba con sus ironías al Orden Establecido. 

El asombro ante la magnitud del ruido mediático que ha envuelto la sucesión en la Corona de España me lleva a seguir el mentado ejemplo de Diógenes y menear un poco este blog para que no se diga que no me hago eco, sin prisas, slowly, de un hecho excepcional: el relevo en la Jefatura del Estado. Evento que en un país moderno ocurre con cierta frecuencia y se acomoda al sentir ciudadano expresado en las urnas. Spain is different, y con el fin de proveer ese cargo público, aquí mantenemos, a cuerpo de Rey, a los miembros de una familia privada que ejerce el monopolio de la jefatura con legitimidad más que dudosa. 

Oé, oé, oé: lo llaman democracia y no lo es, dice el eslógan protestatario. De forma más estricta, la democracia también se define como respeto de los procedimientos. Pues bien, nuestro monarca patrio, Juan Carlos I de Borbón, en vez de ejercer hasta la muerte ese cargo vitalicio para el que no hay prevista jubilación, de la noche a la mañana y con el marrón de la imputación de su hija, la Infanta Cristina, por delitos fiscales a punto de estallar, decide abdicar. Entonces, todo el sistema institucional tiene que echar a correr con el fin de improvisar las reglas de tal abdicación: a) el monarca anuncia su decisión; b) las Cortes aprueban un decreto de cuatro líneas facultando al monarca para ejercer la facultad abdicatoria; c) el monarca sanciona el decreto que le faculta para abdicar; d) entonces, en estricto cumplimiento de la ley, va y abdica. O sea, un procedimiento propio de la factoría de los hermanos Marx.

Tras la abdicación del padre llega el turno del hijo. El jueves 19 de junio, festividad católica del Corpus Christi, en un Madrid tomado por 7.000 policías, con el centro de la ciudad cortado al tráfico, estaciones de metro cerradas, calles semivacías y prohibición de cualquier manifestación de disenso, Felipe VI de Borbón asumió la Jefatura del Estado. 

Tanto los voceros del Establecimiento como el propio interesado, por la cuenta que le trae, han remarcado que este es el primer Rey constitucional. En efecto, Juan Carlos I, El Abdicado, heredó directamente la Jefatura del Estado del dictador Francisco Franco, apodado Caudillo: 

Designado por Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y nueve Sucesor, a título de Rey, en la Jefatura del Estado el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón; precisadas sus funciones en relación con el artículo once de la Ley Orgánica del Estado por Ley de quince de julio de mil novecientos setenta y uno; habida cuenta de la situación que las previsiones sucesorias pueden originar, en razón de la triple titularidad vitalicia del Caudillo [...] (*).



Después de esto, a quienes vivimos el proceso de la Transición española a la democracia no nos extraña lo que afirma el filósofo escocés David Hume (1711-1776): "Casi todos los gobiernos que hoy existen, o de los que queda recuerdo en la historia, fueron originalmente fundados sobre la usurpación o la conquista, cuando no sobre ambas, sin ninguna pretensión de libre consentimiento o sujección por parte del pueblo [...]. Por tales artes se han establecido muchos gobiernos, y este es todo el contrato original de que pueden jactarse. 

La línea sucesoria en la Jefatura del Estado español

Tras la nula legitimidad del padre, ahora el hijo asciende a la categoría de Rey en virtud de lo dispuesto en la Constitución española de 1978. Lo que ha dado pie al  aparato propagandístico del Establecimiento Nacional a difundir la especie de que Felipe VI es el primer rey constitucional.

Argumento un tanto espurio. Pues al ser Felipe hijo de un Rey preconstitucional y democráticamente ilegítimo, en cierto modo, es nieto político del Caudillo. Para poder invocar legitimidad constitucional, el pueblo debería votar una nueva Constitución, o al menos una reforma de la vigente. En la que se incluyó la monarquía como forma de articulación del Estado, opción aristotélicamente aceptable, pero con el truco de considerar monarca a la persona designada por el dictador. Es entonces cuando Juan Carlos debería haber abdicado para entrar en la historia con cierto grado de honorabilidad.  

En cualquier caso, aceptando los hechos consumados de carácter práctico que, en 1978, llevaron a la voluntad popular a asumir como un mal menor esa "transacción" entre los poderes fácticos y los emergentes denominada Transición, "aun cuando hubiera existido tal contrato, las cláusulas del mismo no estarían vinculando a los descendientes de quienes establecieron el pacto", sigo aquí a Hume al pie de la letra. Más allá del referéndum sobre monarquía o república que algunos reclaman, para asegurar la convivencia actual de las gentes que hoy poblamos España, lo más efectivo sería pactar una nueva constitución.

Sine estética, nulla ética est. Para colmo, la estética de la coronación fue absolutamente deplorable. No digo que faltaran vestidos y uniformes bien cortados con cargo al presupuesto, pero eso es simple guardarropía. No hubo multitudes en las calles aclamando al nuevo Rey en el paseíllo que realizó en coche descubierto, ni tampoco en la plaza frente al palacio de Oriente desde donde la familia real saludó a su amado pueblo saliendo al consabido balcón. Un pueblo, por cierto, que ni ama a la monarquía ni está educado para entender el concepto de república. Para colmo ¿a qué vienen esos besos y melindres familiares en público y en el balcón palaciego? Sinceramente, yo pago mis impuestos para sostener, pese a mis preferencias políticas, a esa modalidad de Jefatura del Estado y lo menos que cabe esperar de los miembros de la real familia es que vistan no sólo el uniforme, también el propio cargo, con el mayor decoro. Guardando un poco de compostura y firmeza en el balcón, lejos de esa cursilería gestual más propio de la clase media en vías de extinción por las políticas neoliberales que de los máximos altos cargos del Estado. Que ya tendrán tiempo de besarse en casa.

Y hablando de besos, ¿qué me dicen de la actitud de la flamante nueva Reina ante el cardenal integrista Rouco Varela  en el curso de la recepción real o "besamanos" celebrado en el interior del palacio? ¿Es aceptable que la  Cabeza Máxima del Estado se incline ante la jerarquía de la iglesia católica? ¿Esto es estética o acto de sumisión?

Besamanos real: ¿Quién besa la mano a quién?

Ante tal cúmulo de despropósitos de toda índole en el fondo y en las formas de esta Coronación celebrada en tierras de la Celtiberia Show, no queda sino suscribir estas palabras de Borbones contra Lannisters: FIGHT! una entrada del blog Vicisitud & Sordidez, que les invito a visitar: "Seamos coherentes: no es compatible el estar reivindicando la república mientras, a la vez, nos dedicamos a ocupar la mitad del día haciendo spoilers de ‘Juego de tronos' a todos los amigos en Facebook. No tiene sentido hablar de lo caduca y antidemocrática que es la sucesión hereditaria mientras debatimos si Stannis merece o no el trono [...]. Pero una cosa es cierta: SÍ que podríamos entrar en un furor antimonárquico bajo una condición: que los Borbones, pese a tener todos los atributos de la realeza, no sean capaces de darnos el espectáculo de la casa que realmente mola en este culebrón disfrazado de serie de HBO, pero culebronazo de toda la vida al fin y al cabo. Friki".

Pues eso, una coronación absolutamente freak, cuya guinda la ha puesto el Partido Popular, otra formación política integrada por freaks y atravesada por la corrupción, defendiendo en solitario el aforamiento de urgencia del viejo Rey "por una impagable deuda de gratitud". 




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(*) Ley 28/1972, de 14 de julio, por la que se dictan normas de aplicación a las previsiones sucesorias.  «BOE» núm. 171, de 18 de julio de 1972, páginas 12906 a 12907 (2 págs.)

TEXTO
Designado por Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y nueve Sucesor, a título de Rey, en la Jefatura del Estado el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón; precisadas sus funciones en relación con el artículo once de la Ley Orgánica del Estado por Ley de quince de julio de mil novecientos setenta y uno; habida cuenta de la situación que las previsiones sucesorias pueden originar, en razón de la triple titularidad vitalicia del Caudillo, de conformidad con lo que se establece en nuestras Leyes Fundamentales, es conveniente evitar toda laguna en la aplicación de las mismas, precisando el alcance de sus normas en los posibles supuestos.

A tal fin, y en virtud de las atribuciones que me concede la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado,

DISPONGO:
Artículo primero.

La Jefatura del Estado, la Jefatura Nacional del Movimiento y la Presidencia del Gobierno corresponden, con titularidad vitalicia, al Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley de Sucesión y disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado, en relación con los artículos dieciséis y diecisiete de la Ley de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho, y siete de la Ley de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve. Todo ello, sin perjuicio de las potestades que otorgan al Jefe del Estado los artículos catorce y quince de la Ley Orgánica del Estado, en función de las disposiciones anteriormente citadas.

Artículo segundo.

Producido el supuesto de las previsiones sucesorias, el Príncipe de España, Don Juan Carlos de Borbón, prestará juramento y será proclamado Rey por las Cortes Españolas, conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y nueve, en relación con el artículo siete de la Ley de Sucesión y dentro del plazo de ocho días, desde aquel en que se produzca la vacante. El Consejo de Regencia, que asumirá los poderes en nombre del Príncipe de España a tales efectos, ejercerá las funciones que señala la Ley de Sucesión, salvo las que supongan acuerdo entre la Jefatura del Estado y Consejo del Reino, las cuales son privativas del Sucesor y diferidas al momento en que preste el juramento establecido.

Artículo tercero.

Al producirse las previsiones sucesorias sin que el Caudillo hubiera designado Presidente del Gobierno, el Vicepresidente del Gobierno quedará investido, en virtud de esta Ley, del cargo de Presidente del Gobierno hasta que el Rey haga uso de la potestad que le otorga el artículo quince de la Ley Orgánica del Estado o se produzca alguna de las circunstancias que dicho artículo contempla.

Artículo cuarto.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a catorce de julio de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

Del deber de la desobediencia civil

Del deber de la desobediencia civil es el título de una conferencia escrita por H. D. Thoreau y publicada en 1848. En ella explica los principios éticos que guían la desobediencia civil que él mismo puso en práctica: en el verano de 1846 se negó a pagar sus impuestos, lo que motivó su detención y encierro en prisión.

Con perplejidad, hartazgo e indignación la ciudadanía española asiste al fracaso del Sistema político e institucional vigente desde la Transición a la democracia. Se convocan cientos de manifestaciones de protesta cuyos participantes corean al unísono: Oé, oé, oé, lo llaman democracia y no lo es. Un eslogan lapidario acompañado de una coda que resuena con la contundencia de un redoble de tambor: Que no nos representan, que no, que no, en alusión a la cada vez más desprestigiada clase política profesional. Hemos llegado a un punto en el que, posiblemente, a las ciudadanas y ciudadanos conscientes de la gravedad de la agresión a nuestros derechos ya no nos queda otro recurso que el de la desobediencia civil.

El 6 de diciembre de 1978, el texto de la Constitución consensuada entre las fuerzas políticas del momento fue refrendado por la mayoría del censo electoral. Era el punto de partida para que la democracia se convirtiera en la forma política que debía asegurar la convivencia social tras la ominosa dictadura de la derecha franquista. Treinta y cinco años después, las estructuras democráticas creadas en la Transición ofrecen claras señales de agotamiento y una miríada de corruptos se ha infiltrado y corrompe los pilares del Estado.

Esto se produce cuando el huracán de la crisis económica desatada golpea a España con especial intensidad, pues por sus viejas tierras prolifera y campa a sus anchas una peligrosísima plaga de malhechores que arramblan con cuantos bienes de titularidad pública encuentran a su paso. Entre ellos los de la Sanidad y Educación públicas, bienes esenciales para asegurar la solidaridad y la igualdad de oportunidades. Destrozan asimismo las leyes que garantizan derechos sociales básicos en materia de salarios, condiciones laborales y pensiones dignas.

Cuando una plaga de facinerosos asola una ciudad, cometiendo toda suerte de tropelías, lo normal es que sus habitantes, alarmados, eleven la mirada hacia los gobernantes del Estado para que organicen los oportunos servicios de vigilancia y extinción del bandidaje. En el caso que nos atañe, una ciudadanía estupefacta e indignada comprueba que las autoridades hacen la vista gorda ante la delincuencia. Ya que, en muchos casos, el saqueo de arcas e instituciones públicas se está produciendo desde el interior de las propias estructuras del Sistema teóricamente llamado a representar la voluntad soberana del pueblo.  

Hablamos de gente investida con una dignidad o cargo importante, conferido por la voluntad de las urnas, que aprovecha ese cargo retribuido con dinero del contribuyente para desmantelar servicios públicos esenciales y entregarlos a negociantes privados. Vampiros antisistema que desangran las arcas de la Hacienda Pública en beneficio de los banqueros cuyos manejos delicuenciales causaron la actual crisis económica. Pero los gobernantes y parlamentarios, presuntos representantes del pueblo, están más atentos a conceder indultos a banqueros convictos y amnistías fiscales al defraudador y al corrupto, que a poner coto a la cadena de desahucios contra la gente que, agobiada por la crisis, no puede pagar la hipoteca de su vivienda.

Pues ni el Parlamento ni el Gobierno —no digamos la Jefatura del Estado, máximo cargo público que, paradójicamente, lo ostenta en régimen de monopolio una sola familia— han hecho nada para impedir la insostenible situación social que atraviesa España. Un país donde se cuentan por millones las personas condenadas a malvivir en la pobreza por causa del paro y de los recortes, brutales y a golpe de Decreto-Ley, de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo.

¿Significa eso que estemos condenados por un fatal destino a languidecer en el abandono y en la resignada aceptación de la servidumbre voluntaria? Nada de eso, pues tenemos una vía alternativa. Antes de llegar al ejercicio de esa última ratio encarnada en el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, recogido en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la historia política ha desarrollado y puesto a nuestro alcance una penúltima ratio: la desobediencia civil.

El primer argumento para obedecer una ley se refiere a la legitimidad del gobierno que exige su cumplimiento. Habitualmente, se entiende que un gobierno es legítimo cuando es democrático, esto es, cuando su poder emana de la soberanía popular. Al menos eso es lo que mantiene la “teoría del consentimiento”, debida esencialmente a John Locke: un gobierno adquiere su legitimidad cuando su origen responde al consentimiento de los gobernados. Estos, en consecuencia, tienen el deber de obedecerlo porque “han consentido” su mandato. La obligación de obedecer la ley será entonces similar a la obligación de cumplir una promesa.

Visto así, la obediencia a la ley sería la contrapartida de un pacto. El último gran pacto social fue el representado por el Estado del Bienestar. De inmediato surge una cuestión clave: ¿qué debemos hacer cuando el Gobierno rompe ese pacto?

El segundo argumento para prestar obediencia a las leyes concierne a la utilidad de las mismas. Lo que afecta de lleno a otra cuestión crucial: ¿Qué utilidad pública —para el pueblo— se desprende de leyes que privatizan los servicios públicos de Salud; de leyes que reducen las condiciones laborales a los tiempos de la servidumbre; de leyes que permiten expulsar a gente de sus viviendas en beneficio de los bancos? ¿Acaso son útiles para la Nación las leyes que conceden amnistía fiscal a los defraudadores que se llevan sus ganancias fuera de nuestras fronteras?

El derrumbe de los pilares del Estado del Bienestar no se produce por un fracaso técnico del mismo. Es el fruto espurio de la inmoralidad y deslealtad de los dirigentes y administradores del Sistema, más dados a hablar de libertad que a garantizarle a las personas su derecho a la existencia libre de trabas. Es cierto que hay una profunda crisis económica causada por el mundo financiero, pero no es menos cierto que esta crisis se ha visto agravada por la incomparecencia de la política. 

En las calles hay semáforos y señales para regular el tráfico rodado, y nadie piensa que ello suponga alguna merma de su libertad. ¿Por qué habría de suponer un quebranto para las libertades ciudadanas el hecho de que se pusieran semáforos a la circulación del dinero destinado a inversiones no productivas? Es decir, a la especulación pura y dura. Pero los gobernantes elegidos por el pueblo no sólo no han regulado las actividades económicas. Han ido mucho más allá, concediendo a la banca astronómicos préstamos avalados por la Deuda Pública. Una deuda que el Estado habrá de pagar con el dinero obtenido de los impuestos. Y que el Gobierno sólo sabe cargar sobre las espaldas de los ciudadanos cuyo voto, por activa o por pasiva, le permite gobernar.

Entonces, ¿debemos seguir pagando impuestos cuando los ingresos fiscales se destinan a fines detestables? ¿Debemos obedecer leyes promulgadas en flagrante violación del pacto social? ¿Debemos prestar obediencia a unas autoridades que se conducen de manera inmoral?

En tales circunstancias, el primer y sacrosanto deber moral, ético y político de la persona consciente de sus derechos es negarse civilmente a obedecer esas leyes que fueron paridas en el lecho de la más absoluta ilegitimidad.

En el verano de 1846, el ciudadano estadounidense Henry David Thoreau fue detenido y encerrado en la cárcel local de Concord (Massachussets) por negarse a pagar el poll tax, o contribución urbana. Adujo, entre otras razones, su negativa a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustas. Refiriéndose en concreto a la que en aquel momento había declarado Estados Unidos a Méjico. A raíz de este episodio escribió Resistance to Civil Government, cuyo texto adaptaría más adelante a una conferencia Sobre el deber de la desobediencia civil. Tras sucesivas correcciones, en 1866 se publicó como un ensayo con el título definitivo de Desobediencia Civil.

En dicha obra, Thoreau plantea el derecho a la desobediencia desde la perspectiva de un radicalismo democrático “a la americana”, en la línea de Alexis de Tocqueville. En esa época los americanos del norte se sienten “progresistas” y orgullosos de su revolución, pionera en el establecimiento de los derechos civiles proclamados en su Constitución. Precisamente, uno de los reproches que Thoreau dirige a sus compatriotas será el haber dejado adormecer el espíritu en brazos del conformismo material, olvidando ejercer el saludable derecho a rebelarse contra el Orden Establecido

Dharana es un sello editorial que acaba de hacer un gran esfuerzo para poner al alcance del gran público, a un precio asequible, esta obra del pensamiento filosófico y político cuya lectura resulta imprescindible para toda persona deseosa de poner coto a la gran iniquidad que asola España. El libro, con prólogo del autor de este blog, se puede adquirir en Madrid en las librerías Dharana y La Malatesta y también por Internet, al precio de ocho euros, con gastos de envío incluidos a través de este enlace.

¿Se promulgará una amnistía para los grandes delincuentes del Reino de España?

Los fastos de la inminente entronización del príncipe de Asturias como sucesor de Juan Carlos I conllevan el riesgo añadido de que se promulgue una amnistía que saque de la cárcel a los grandes delincuentes financieros y declare sobreseídas las causas pendientes contra el resto de facinerosos de altos vuelos.

George Grosz (1893-1959)

Existe un general consenso en que el respeto de las normas del tráfico rodado en las carreteras del Reino de España redunda en el bienestar público. Por supuesto que hay personas de escaso espíritu cívico que se saltan a la torera estas normas, siendo sancionados por ello si la infracción es detectada por los agentes encargados de velar por su cumplimiento. Con relativa cercanía en el tiempo, dos de estos infractores han sido personas de gran relevancia en las altas esferas del Establecimiento, es decir, el meollo del Orden Establecido.

La primera fue, como es público y notorio, Esperanza Aguirre, condesa consorte de Murillo, destacada figura del Partido Popular, expresidenta de la Comunidad de Madrid y activa propagadora de la fe neoliberal. Aparcó su coche en mitad del carril bus en plena Gran Vía madrileña y cuando los agentes de movilidad acudieron a denunciarla, se dio vergonzosamente a la fuga con su vehículo. Su caso está en manos del correspondiente juzgado.

El siguiente infractor de relumbre ha sido nada menos que un magistrado del Tribunal Constitucional. El juez Enrique López, muy próximo al PP, se saltó un semáforo en rojo en la confluencia de la calle de Vitruvio con el paseo de la Castellana, descubriéndose que iba literalmente borracho como una cuba. Requerida la  presencia de un equipo de atestados de la Policía Municipal se le realizaron siete pruebas de alcoholemia al magistrado debido a que este "cortaba el soplido sin motivo aparente". Por lo que los agentes le advirtieron de que su actitud podría ser considerada como una negativa a someterse al test. Que arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro.

El artículo 372 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión —sustituible por multa o trabajos comunitarios— y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a aquel que "que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro". En el caso de Aguirre, si el incidente se tramita como delito de resistencia o desobediencia grave a la autoridad, como pide la acusación particular, podría ser condenada a una pena de seis meses a un año de prisión. 

Tenemos, por otro lado, a un convicto amigo de la condesa y también del Rey en la cárcel: Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la gran patronal CEOE, condenado a varios años de cárcel por estafa. Al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que también está entre rejas al igual que el cabecilla de la red Gürtel por orden del juez que investiga una gigantesca trama de corrupción. Cerca de un centenar de banqueros imputados en malversación de los dineros depositados por los clientes de sus respectivas entidades. Y por si fuera poco, Cristina hija del abdicado monarca, a la que Hacienda le ha descubierto grandes cantidades de dinero no declarado y que se encuentra al filo de ser imputada, como lo está ya su esposo, Iñaki Urdangarín, en un caso de apropiación indebida de fondos públicos.  
 

Gerardo Díaz Ferrán, Jaume Matas, el rey Juan Carlos y Arturo Fernández. Foto: La Celosía

Pese a las nutridas protestas en la calle contra la continuidad de la monarquía y a favor de la república, un sistema de gobierno más higiénico, el Régimen ha organizado un rápido proceso de sucesión de Juan Carlos I por su hijo Felipe de Borbón. Un proceso relámpago, casi una blitzkrieg contra el pueblo, para sentar al heredero en el trono antes de que, con la llegada de los calores caniculares, el Establecimiento cierre por vacaciones confiando en aplacar así el malestar de la opinión pública. Pero nos queda una duda añadida, y es la de si, coincidiendo con los fastos de la entronización, se promulgará una ley de amnistía que saque de la cárcel a los mencionados delincuentes y declare sobreseídas las causas contra el resto de facinerosos de altos vuelos.

Juan de Mariana y la Vindiciae contra tyrannos

"Tanto los filósofos como los teólogos están de acuerdo en que si un príncipe se apoderó de la República a fuerza de armas, sin razón, sin derecho alguno, sin el consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera de la corona, del gobierno, de la vida; que siendo un enemigo público y provocando todo género de maldades a la patria y haciéndose verdaderamente acreedor por su carácter al nombre de tirano, no sólo puede ser destronado, sino que puede serlo con la misma violencia con que él arrebató un poder que no pertenece sino a la sociedad que oprime y esclaviza". (Juan de Mariana).

Monumento a Juan de Mariana, situado en la plaza del mismo nombre, en Talavera de la Reina, obra del escultor Eugenio Duque

Pese a la dura realidad que nos rodea, este escribidor tiende a ser optimista y ver el lado bueno de las cosas. Y la polémica desatada a raíz de los comentarios crueles vertidos sobre los políticos en las redes sociales también tiene su lado positivo: la derecha de este país, heredera de un régimen que asesinó a millares de personas por sus ideas políticas, acaba de reconocer que propugnar que se mate a los políticos es un delito. Lo dice a deshora, y sólo cuando ha visto amenazados a los suyos ha enviado a la policía a detener twiteros amenazantes, pero algo es algo. No me cuento entre los seguidores del Dr. Pangloss, que piensan que vivimos en el mejor de los mundos, sino más bien en el pragmatismo utilitarista. En este sentido, que la derecha hispánica emprenda el camino de no justificar el asesinato bajo pretextos políticos o religiosos ya supone un avance histórico.  

Por lo demás, los comentarios vertidos en las redes sociales, reprobables tanto por su contenido como por su escasa elegancia estética, no dejan de ser un trasunto de lo que a diario puede escucharse en los bares y otros mentideros de la Celtiberia. Expresiones de un descontento que, en lugar de canalizarse políticamente, va corrompiendo el carácter social.

Hace años que, con mucha más finura argumental y discursiva que la empleada hoy en las redes, un conspicuo teólogo e historiador español llegó a propugnar el regicidio. Me refiero a Juan de Mariana (1536-1624), al que Talavera, su ciudad natal, le recuerda en una plaza presidida por su efigie.

Tras la muerte del cruel e intransigente Juan Calvino, en 1564, se desataron crueles guerras de religión en Escocia, los Países Bajos y, especialmente, en Francia, donde tuvo lugar el trágico episodio de la matanza de hugonotes en la Noche de San Bartolomé, en 1570. A raíz de ese sangriento suceso aparecieron numerosas obras, cuyos autores eran protestantes franceses, defendiendo el derecho de resistencia a un tirano. El conflicto político y religioso entre la creciente burguesía y las monarquías alcanzó tales dimensiones que, aparte de sus manifestaciones armadas, originó una controversia teórica que recuperó conceptos medievales y de la cual surge la formulación del ius resistendi o derecho de resistencia. La Vindiciae contra tyrannos, obra atribuída a Philippe du Plessis-Mornay, publicada por primera vez en 1576, constituye uno de los más célebres alegatos contra el absolutismo.

Lo sugestivo del título  —venganza contra los tiranos—  ha hecho que esta obra haya tenido cierto reflejo en la literatura revolucionaria. Sin embargo, la Vindiciae no era una teoría del gobierno secular. “Su defensa del derecho a resistir no constituía en lo más mínimo una argumentación en pro del gobierno popular y los derechos del hombre. No tenían cabida en ella los derechos individuales humanos y su tendencia práctica era aristocrática y aun en cierto sentido feudal. Por consiguiente, en espíritu estaba en absoluta oposición con las doctrinas de libertad e igualdad que se vertieron posteriormente en el molde de la teoría del contrato”, señala George Sabine.

Las teorías antimonárquicas en la línea de la Vindiciae fueron desarrolladas por otros escritores protestantes, tanto en Inglaterra como en los Países Bajos, soliviantados éstos últimos por las brutales vejaciones de la población efectuadas por los Tercios españoles al mando del duque de Alba. Mientras tanto, y aunque partiendo de presupuestos ideológicos distintos, otra de las principales formulaciones del derecho de resistencia se debe a los jesuítas. Fundada en 1534, la Compañía de Jesús contó en su seno con algunas de las cabezas más capaces de su época. Su finalidad específica se hallaba orientada a reestablecer la autoridad del Papa, cuestionada por la Reforma, bajo un nuevo principio separador de la autoridad espiritual de éste respecto a la del poder temporal.

La contribución española a la formulación del derecho de resistencia fue notable, sustanciándose, sobre todo, en las reflexiones de los tratadistas teológico-jurídicos de la Escuela de Salamanca. Una variante de la escolástica que introdujo en la economía un nuevo punto de vista moral. Según esta escuela, iniciada por el dominico Francisco de Vitoria (1486-1546), el orden natural se basa en la libertad de circulación de personas, bienes e ideas. De esta manera los hombres pueden conocerse entre sí e incrementar sus sentimientos de hermandad. Esto implica que los comerciantes no son moralmente reprobables, como consideraba la ortodoxia católica, sino que llevan a cabo un servicio de interés para el bienestar general.

Los primeros escritores jesuitas fueron españoles y, según Sabine, su corpus teórico vióse más influido por su nacionalidad que por la específica finalidad jesuita respecto al papado. También Claudio Sánchez-Albornoz, en la famosa polémica que mantuvo con Américo Castro sobre la esencia de lo hispánico, destaca este matiz diferenciador de los jesuitas españoles, concretado en la formulación de un derecho de resistencia legitimado en la sociedad civil. En concreto, Sánchez-Albornoz considera a Francisco de Vitoria como el precursor de la objeción de conciencia, ya que este afirma que “si el súbdito está convencido de la injusticia de la guerra no debe servir en ella aunque lo mande el príncipe”. Francisco de Vitoria define con claridad la cláusula de objeción indicando que “los súbditos cuya conciencia es contraria a la guerra no pueden participar en ella, tengan o no razón en pensarlo así”.

La desobediencia a la ley positiva por razones morales sería defendida asimismo por Francisco Suárez (1548-1617), jesuíta cuya vasta erudición le valdría el título de Doctor Eximius. En su gran obra jurídica Tractatus de legibus ac Deo legislatore se encuentra ya la idea del pacto social, y realiza en ella un análisis del concepto de soberanía más avanzado que el sus precursores: el poder es dado por Dios a toda la comunidad política y no solamente a determinadas personas, con lo que esboza el principio de la democracia contra cesaristas, legistas, maquiavelistas y luteranistas.

Los seres humanos, sostuvo Suárez, tienen un carácter social natural otorgado por Dios, y esto incluye la posibilidad de hacer las leyes. Pero cuando una sociedad política se forma, la autoridad del Estado no es de origen divino sino humano. Debido a que le otorga este poder, tienen el derecho de tomarlo de nuevo; a la rebelión contra un gobernante, pero sólo si el gobernante se comporta mal con ellos, y están obligados a actuar con moderación y justicia. “En segundo término, deducimos de cuanto se ha dicho que la ley que carece de esta justicia o rectitud no es ley ni obliga ni puede siquiera cumplirse, esto es claro, porque una justicia opuesta a esa rectitud de la ley es también contraria al mismo Dios, pues lleva consigo culpa y ofensa a Dios. Luego no cabe lícitamente su observancia”. 


Sin lugar a dudas, el más conspicuo defensor español del derecho de resistencia fue el inquieto jesuita Juan de Mariana, cuyo libro De rege et regis institutione (Sobre el rey y la institución real), publicado en Toledo en 1599, cobró gran notoriedad por la exposición que en él hace del derecho de los ciudadanos particulares a eliminar al rey en caso de que éste viole la norma fundamental del contrato con el pueblo del que emana su soberanía.

Inspirado en el pensamiento de la Escuela de Salamanca, también Juan de Mariana niega con rotundidad el presunto derecho divino de los monarcas a reinar. Explica el origen de la sociedad civil como surgida de un estado de naturaleza anterior al gobierno en el que los hombres vivían en un estado natural similar al del “buen salvaje” rousseauniano. A partir de ese estado, las necesidades de convivencia llevan a los hombres a establecer un contrato social. Admirador de las instituciones medievales, como las Cortes de Aragón, considera a éstas las auténticas depositarias de las leyes del país, a las que el monarca estaba plenamente sujeto, pudiendo ser eliminado si quebrantaba las mismas.

El padre Mariana sostiene que cuando el rey gobierna injustamente y se convierte en tirano es lícito apearle del Trono utilizando para ello los medios apropiados. “Tanto los filósofos como los teólogos están de acuerdo en que si un príncipe se apoderó de la República a fuerza de armas, sin razón, sin derecho alguno, sin el consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera de la corona, del gobierno, de la vida; que siendo un enemigo público y provocando todo género de maldades a la patria y haciéndose verdaderamente acreedor por su carácter al nombre de tirano, no sólo puede ser destronado, sino que puede serlo con la misma violencia con que él arrebató un poder que no pertenece sino a la sociedad que oprime y esclaviza”.

Llegado el caso, Mariana acepta el tiranicidio como fórmula in extremis para acabar con la opresión política:"Es ya, pues, innegable que puede apelarse a la fuerza de las armas para matar al tirano, bien se le acometa en su palacio, bien se entable una lucha formal y se esté a los trances de la guerra".

La defensa de este derecho de los particulares a matar a un usurpador, aunque su título fuera legítimo, armó gran revuelo y despertó la alarma entre los monarcas y sus partidarios. El libro del padre Mariana fue quemado en público en el Parlamento de París, pues la apología del regicidio expresada en sus páginas se consideró que había sido la causa inductora del asesinato de Enrique III de Navarra y IV de Francia. Un hombre tenido por compasivo, pero odiado por aquellos que se oponían a su política de tolerancia religiosa. El 14 de mayo de 1610, Enrique IV venía de visitar a su ministro de Finanzas que estaba enfermo. Al atravesar una calle estrecha, su carruaje se vio obligado a detenerse ante dos carretas que le cerraron el paso. De una de las carretas salió François Ravaillac, el fanático católico que le asestó dos mortales puñaladas que acabaron con su vida.

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Notas tomadas del original de un libro sobre derecho de resistencia y desobediencia civil que duerme el sueño de los justos en un cajón del escritorio del mantenedor de este blog, ya que ningún editor ha dado muestras de interesarse por él.
 

Trampas del desempleo: Fedea inventa la pólvora

Por más mentiras que los miembros del Gobierno, con su presidente a la cabeza, se inventen respecto a las cifras del desempleo, el problema del paro de larga duración es realmente pavoroso. Y no lo va a solucionar la propuesta de Fedea para eliminar los subsidios por desempleo.

Dentro del enorme colectivo de parados que hay en España,  3,6 millones lo son de larga duración, que llevan más de un año desempleados. Y de este colectivo, cuatro de cada diez son de muy larga duración, esto es, llevan más de dos años en el paro. Según un estudio de la Fundación Alternativas elaborado por Fedea, los obstáculos para que estas personas encuentren un empleo son fundamentalmente dos: la falta de formación adecuada a las necesidades del mercado y el cobro de subsidios que operan como elementos "desincentivadores" a la búsqueda y aceptación de empleos de baja calidad.

De acuerdo a este 'estudio', los parados de larga duración que cobran ayudas acceden en mucha menor medida al mercado laboral que los que no lo cobran. Los datos incluidos en este informe indican que el pasado año, de este colectivo de desempleados que logró encontrar un empleo, el 95% no cobraban subsidios y solo el 5%, sí. Es más, según Fedea, "entre dos individuos similares en cuanto a sexo, edad, educación, nacionalidad y duración en el desempleo, aquel que cobra algún tipo de subsidio tiene una probabilidad de acceder a un empleo que es un 85% inferior que la de un individuo similar sin ningún tipo de subsidio".

Puede que con tan poco original conclusión los investigadores de Fedea hayan creído que acaban de inventar la pólvora. En realidad, no hacen sino abonar esa leyenda negra, tejida en torno a quienes se ven obligados a malvivir con subsidios por desempleo, que alimenta la sospecha de que los perceptores del mismo prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua.

Más allá de esa colección de tópicos gratuitos a la que se apunta Fedea, las investigaciones de campo realizadas con mayor objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se "enganchan" a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).
         
Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que, si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo, se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No se refiere esto, por supuesto, a un empleo bien remunerado, sino a alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.(*)

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera y rechazarán empleos de corta duración o los realizarán de manera sumergida.

De manera que, para entender el problema en su justa dimensión, hay que invertir los términos de probabilidad de los que habla Fedea al afirmar que el parado que cobra algún tipo de subsidio tiene una probabilidad de acceder a un empleo que es un 85% inferior que la de un individuo similar sin ningún tipo de subsidio. La situación es exactamente la inversa: es el patrón que pretenda contratar en condiciones precarias a un parado con subsidio el que tiene una baja probabilidad de conseguir ese objetivo. Que pruebe a ofrecer un empleo de larga duración, estable, con un salario digno (que mejore sustancialmente los 426 € del subsidio) y una jornada de trabajo razonable, y verá cómo cunde la respuesta entre los subsidiados. 

Pero no, de lo que habla la voz de su amo, es decir Fedea, es de que se supriman todas las ayudas, para que ningún soldado del Ejército de Reserva, pueda, desde las trincheras del subsidio, resistir la ofensiva las Fuerzas Patronales y haya de rendirse a la precariedad. 

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(*) Técnicamente, aceptar un trabajo temporal no significa perder el subsidio, que puede reanudarse tras el cese, siempre que no sea voluntario. También se puede compatibilizar el subsidio con el trabajo a tiempo parcial, cobrándolo en proporción a la jornada trabajada. Las prestaciones no son incompatibles con cualquier trabajo remunerado, sino con el trabajo a tiempo completo o por cuenta propia. En efecto, la percepción del subsidio por desempleo se puede reanudar tras el cese en un empleo. Pero si éste es de muy corta duración, los trámites y colas que hay que realizar en las oficinas del Inem para volver a pedir la prestación suelen ser disuasorios. Unido a la incertidumbre sobre los recortes. Esto seguramente se podría solucionar con algo parecido a una tarjeta de crédito, que permitiera realizar los trámites de forma rápida y eficaz, pero no es el caso. Si a una persona le ofrecen un trabajo de un mes, lo más probable es que prefiera evitarse engorros: trabajará de forma sumergida o no trabajará.

Grândola, Vila Morena: 40 años después

A las 0.20 del día 25 de abril de 1974 en el programa Limite de Radio Renascença se emitió la canción Grândola, Vila Morena, que era la segunda y última señal para dar comienzo al movimiento revolucionario que derrotaría a la dictadura de Salazar y daría libertad a Portugal y a su gran imperio colonial.

Las fuerzas del ejército portugués organizadas por el MFA serían las encargadas de conseguir la libertad con el apoyo del pueblo, que colocó claveles rojos en las bocas de los cañones de los tanques y los fusiles de los soldados. La primera señal fue emitida a las 22.55 del día 24 de abril y fue la música E depois do adeus (Y después del adiós), cantada por Paulo de Carvalho.

Cuarenta años después, la sociedad portuguesa vive bajo las garras de otra dictadura, la impuesta por el neoliberalismo en toda la península Ibérica, que destruye el tejido social recortando brutalmente derechos básicos: sanidad, educación empleo y pensiones.

     Grândola, vila morena
    Terra da fraternidade
    O povo é quem mais ordena
    Dentro de ti, ó cidade

    Dentro de ti, ó cidade
    O povo é quem mais ordena
    Terra da fraternidade
    Grândola, vila morena

    Em cada esquina um amigo
    Em cada rosto igualdade
    Grândola, vila morena
    Terra da fraternidade

    Terra da fraternidade
    Grândola, vila morena
    Em cada rosto igualdade
    O povo é quem mais ordena

    À sombra duma azinheira
    Que já não sabia a idade
    Jurei ter por companheira
    Grândola a tua vontade

    Grândola a tua vontade
    Jurei ter por companheira
    À sombra duma azinheira
    Que já não sabia a idade

  

Gabriel García Márquez: Por un país al alcance de los niños

 Una imagen de perfil del escritor de enero de 2010. Foto: Daniel Mordzinski / EL PAÍS

Figuras de la talla de Gabriel García Márquez nos reconcilian con una civilización que sufre una crisis, sobre todo de valores, donde sólo lo económico parece tener importancia. Una civilización que no sólo ha producido banqueros, sino maestros en la literatura, las artes y las ciencias. Ahora, cuando el gran escritor ha emprendido su último viaje, el mejor homenaje que podemos rendirle es leer sus escritos. El que se reproduce a continuación es un ejemplo de reflexión histórica, política y moral con validez universal. Son estos los valores con los que podemos rearmarnos para combatir a los delincuentes financieros y a los gobernantes que los amparan.

                           Por un país al alcance de los niños    

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Los primeros españoles que vinieron al Nuevo Mundo vivían aturdidos por el canto de los pájaros, se mareaban con la pureza de los olores y agotaron en pocos años una especie exquisita de perros mudos que los indígenas criaban para comer. Muchos de ellos, y otros que llegarían después, eran criminales rasos en libertad condicional, que no tenían más razones para quedarse. Menos razones tendrían muy pronto los nativos para querer que se quedaran.

Cristóbal Colón, respaldado por una carta de los reyes de España para el emperador de China, había descubierto aquel paraíso por un error geográfico que cambió el rumbo de la historia. La víspera de su llegada, antes de oír el vuelo de las primeras aves en la oscuridad del océano, había percibido en el viento una fragancia de flores de la tierra que le pareció la cosa más dulce del mundo. En su diario de a bordo escribió que los nativos los recibieron en la playa como sus madres los parieron, que eran hermosos y de buena índole, y tan cándidos de natura, que cambiaban cuanto tenían por collares de colores y sonajas de latón. Pero su corazón perdió los estribos cuando descubrió que sus narigueras eran de oro, al igual que las pulseras, los collares, los aretes y las tobilleras; que tenían campanas de oro para jugar, y que algunos ocultaban sus vergüenzas con una cápsula de oro. Fue aquel esplendor ornamental, y no sus valores humanos, lo que condenó a los nativos a ser protagonistas del nuevo génesis que empezaba aquel día.

Muchos de ellos murieron sin saber de dónde habían venido los invasores. Muchos de éstos murieron sin saber dónde estaban. Cinco siglos después, los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos.

Era un mundo más descubierto de lo que se creyó entonces. Los incas, con 10 millones de habitantes, tenían un estado legendario bien constituido con ciudades monumentales en las cumbres andinas para tocar al dios solar. Tenían sistemas magistrales de cuenta y razón, y archivos y memorias de uso popular, que sorprendieron a los matemáticos de Europa, y un culto laborioso de las artes públicas, cuya obra magna fue el jardín del palacio imperial, con árboles y animales de oro y plata en tamaño natural. Los aztecas y los mayas habían plasmado su conciencia histórica en pirámides sagradas entre volcanes acezantes, y tenían emperadores clarividentes y artesanos sabios que desconocían el uso industrial de la rueda, pero la utilizaban en los juguetes de los niños.

En la esquina de los dos grandes océanos se extendían 40.000 leguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje, y que hoy lleva su nombre: Colombia. Lo habitaban desde hacía unos 12.000 años varias comunidades dispersas de lenguas diferentes y culturas distintas, y con sus identidades propias bien definidas. No tenían una noción de Estado, ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. Tenían sistemas antiguos de ciencia y educación, y una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebres geniales y alfareros inspirados. Su madurez creativa se había propuesto incorporar el arte a la vida cotidiana -que tal vez sea el destino superior de las artes- y lo consiguieron con aciertos memorables, tanto en los utensilios domésticos como en el modo de ser. El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio sino un poder cosmológico y artístico, pero los españoles los vieron con los ojos de Occidente: oro y piedras preciosas de sobra para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos del cielo con doblones de a cuatro. Esa fue la razón y la fuerza de la Conquista y la Colonia, y el origen real de lo que somos.

Tuvo que transcurrir un siglo para que los españoles conformaran el estado colonial, con un solo nombre, una sola lengua y un solo dios. Sus límites y su división política de 12 provincias eran semejantes a los de hoy. Esto dio por primera vez la noción de un país centralista y burocratizado, y creó la ilusión de una unidad nacional en el sopor de la Colonia. Ilusión pura, en una sociedad que era un modelo oscurantista de discriminación racial y violencia larvada, bajo el manto del Santo Oficio. Los tres o cuatro millones de indios que encontraron los españoles estaban reducidos a un millón por la crueldad de los conquistadores y las enfermedades desconocidas que trajeron consigo. Pero el mestizaje era ya una fuerza demográfica incontenible. Los miles de esclavos africanos, traídos por la fuerza para los trabajos bárbaros de minas y haciendas, habían aportado una tercera dignidad al caldo criollo, con nuevos rituales de imaginación y nostalgia, y otros dioses remotos. Pero las leyes de Indias habían impuesto patrones milimétricos de segregación según el grado de sangre blanca dentro de cada raza: mestizos de distinciones varias, negros esclavos, negros libertos, mulatos de distintas escalas. Llegaron a distinguirse hasta 18 grados de mestizos, y los mismos blancos españoles segregaron a sus propios hijos como blancos criollos.

Los mestizos estaban descalificados para ciertos cargos de mando y gobierno y otros oficios públicos, o para ingresar en colegios y seminarios. Los negros carecían de todo, inclusive de un alma; no tenían derecho a entrar en el cielo ni en el infierno, y su sangre se consideraba impura hasta que fuera decantada por cuatro generaciones de blancos. Semejantes leyes no pudieron aplicarse con demasiado rigor por la dificultad de distinguir las intrincadas fronteras de las razas, y por la misma dinámica social del mestizaje, pero de todos modos aumentaron las tensiones y la violencia raciales. Hasta hace pocos años no se aceptaban todavía en los colegios de Colombia a los hijos de uniones libres. Los negros, iguales en la ley, padecen todavía de muchas discriminaciones, además de las propias de la pobreza.

La generación de la Independencia perdió la primera oportunidad de liquidar esa herencia abominable. Aquella pléyade de jóvenes románticos, inspirados en las luces de la Revolución Francesa, instauró una república moderna de buenas intenciones, pero no logró eliminar los residuos de la Colonia. Ellos mismos no estuvieron a salvo de su hados maléficos. Simón Bolívar, a los 35 años, había dado la orden de ejecutar 800 prisioneros españoles, inclusive a los enfermos de un hospital. Francisco de Paula Santander, a los 28, hizo fusilar a los prisioneros de la batalla de Boyacá, inclusive a su comandante. Algunos de los buenos propósitos de la república propiciaron de soslayo nuevas tensiones sociales de pobres y ricos, obreros y artesanos y otros grupos marginales. La ferocidad de las guerras civiles del siglo XIX no fue ajena a esas desigualdades, como no lo fueron las numerosas conmociones políticas y civiles que han dejado un rastro de sangre a lo largo de nuestra historia. Dos dones naturales nos han ayudado a sortear ese destino funesto, a suplir los vacíos de nuestra condición cultural y social, y a buscar a tientas nuestra identidad. Uno es el don de la creatividad, expresión superior de la inteligencia humana. El otro es una arrasadora determinación de ascenso personal. Ambos ayudados por una astucia casi sobrenatural, y tan útil para el bien como para el mal, fueron un recurso providencial de los indígenas contra los españoles desde el día mismo del desembarco. Para quitárselos de encima, mandaron a Colón de isla en isla, siempre a la isla siguiente, en busca de un rey vestido de oro que no había existido nunca. A los conquistadores convencidos por las novelas de caballería los engatusaron con descripciones de ciudades fantásticas construidas en oro puro. A todos los descaminaron con la fábula de El Dorado mítico que una vez al año se sumergía en su laguna sagrada con el cuerpo empolvado de oro. Tres obras maestras de una epopeya nacional, utilizadas por los indígenas como un instrumento para sobrevivir. Tal vez de esos talentos precolombinos nos viene también una plasticidad extraordinaria para asimilarnos con rapidez a cualquier medio y aprender sin dolor los oficios más disímiles: fakires en la India, camelleros en el Sáhara o maestros de inglés en Nueva York.

Del lado hispánico, en cambio, tal vez nos venga el ser emigrantes congénitos con un espíritu de aventura que no elude los riesgos. Todo lo contrario: los buscamos. De unos cinco millones de colombianos que viven en el exterior, la inmensa mayoría se fue a buscar fortuna sin más recursos que la temeridad, y hoy están en todas partes, por las buenas o por las malas razones, haciendo lo mejor o lo peor, pero nunca inadvertidos. La cualidad con que se les distingue en el folclor del mundo entero es que ningún colombiano se deja morir de hambre. Sin embargo, la virtud que más se les nota es que nunca fueron tan colombianos como al sentirse lejos de Colombia.

Así es. Han asimilado las costumbres y las lenguas de otros como las propias, pero nunca han podido sacudirse del corazón las cenizas de la nostalgia, y no pierden ocasión de expresarlo con toda clase de actos patrióticos para exaltar lo que añoran de la tierra distante, inclusive sus defectos. En ciudades menos pensadas de cualquier país puede encontrarse a la vuelta de una esquina la reproducción en vivo de una calle cualquiera de Colombia: las casas de colores intensos, la fonda con el nombre de la ciudad amada, el salón de cine en español, la escuela 20 de Julio junto a la cantina 7 de Agosto con sus chorros de músicas enloquecidas, la plaza de árboles polvorientos todavía con las guirnaldas de papel del último viernes fragoroso.

La paradoja es que estos conquistadores nostálgicos, como sus antepasados, nacieron en un país de puertas cerradas. Los libertadores trataron de abrirlas a los nuevos vientos de Inglaterra y Francia, a las doctrinas jurídicas y éticas de Bentham, a la educación de Lancaster, al aprendizaje de las lenguas, a la popularización de las ciencias y las artes, para borrar los vicios de una España más papista que el Papa y todavía escaldada por el acoso financiero de los judíos y por 800 años de ocupación islámica. Los radicales del siglo XIX, y más tarde la Generación del Centenario, volvieron a proponérselo con políticas de inmigraciones masivas para enriquecer la cultura del mestizaje, pero unas y otras se frustraron por un temor casi teológico de los demonios exteriores. Aún hoy estamos lejos de imaginar cuánto dependemos del vasto mundo que ignoramos.

Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita.

Por lo mismo, nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas, y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento: que la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos, y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta, y sólo en eso.

Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la desmesura. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Al autor de los crímenes más terribles lo pierde una debilidad sentimental. De otro modo: al colombiano sin corazón lo pierde el corazón.

Pues somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad. Aunque somos precursores de las ciencias en América, seguimos viendo a los científicos en su estado medieval de brujos herméticos, cuando ya quedan muy pocas cosas en la vida diaria que no sean un milagro de la ciencia. En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos de rosas el mundo, morimos de amor por la patria, pero ignoramos la desaparición de seis especies animales cada hora del día y de la noche por la devastación criminal de los bosques tropicales, y nosotros mismos hemos destruido sin remedio uno de los grandes ríos del planeta. Nos indigna la mala imagen del país en el exterior, pero no nos atrevemos a admitir que la realidad es peor. Somos capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y asesinatos dementes, de funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque unos seamos buenos y otros malos, sino porque todos participamos de ambos extremos. Llegado el caso -y Dios nos libre- todos somos capaces de todo.

Tal vez una reflexión más profunda nos permitiría establecer hasta qué punto este modo de ser nos viene de que seguimos siendo en esencia la misma sociedad excluyente, formalista y ensimismada de la Colonia. Tal vez una más serena nos permitiría descubrir que nuestra violencia histórica es la dinámica sobrante de nuestra guerra eterna contra la adversidad. Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el 40 por ciento de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad: queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aun contra la ley. Conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad, hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un individualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que sólo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos, y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio.

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido una respuesta, pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética -y tal vez una estética- para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños.

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Palabras pronunciadas por el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en la ceremonia de entrega del informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, en el palacio de Nariño.