Hay margen para subir el salario mínimo. Vaya si lo hay.

 

España ocupa el 4º lugar como potencia económica de la Unión Europea y el 14º a nivel mundial. Pese al notable esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez para subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales, esta cifra todavía está lejos del lugar que le corresponde dentro de la zona euro. Sin embargo, ante cualquier incremento del SMI, los selectos círculos de la sociedad biempensante encienden estridentes sirenas de alarma que avisan de inminentes catástrofes derivadas de tal medida. 

Hace unas semanas, Macarena Olona Choclán, tras abandonar la actividad política y retomar su antiguo empleo en la Administración, hizo público el sueldo que percibe en su calidad de abogada del Estado: 7850,94 euros mensuales. Recordemos que fue portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados y diputada en la XIII y XIV legislaturas por Granada.

Creo que para toda persona española de bien será motivo de gran satisfacción comprobar la espléndida disposición del Estado a la hora de retribuir el desempeño del puesto que ocupa la funcionaria Olona de acuerdo a sus méritos, capacidades personales y eficacia que se presume.

Sin embargo, hay algo que chirría en la nómina de la señora Olona, y no es tanto su cuantía sino la relación que guarda respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2023 ha quedado establecido en 1.080 euros mensuales. Diversos estudios indican que, dentro de una organización, la estructura salarial equilibrada debe guardar una relación entre el salario mayor y el menor de 1/5. En este caso observamos que la ratio es de 1/7. Es decir, siete veces mayor que el SMI.

Aquí, lo que está desequilibrado no es el salario de la funcionaria Olona, sino el SMI. Gracias al esfuerzo del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, el SMI ha pasado de los 736 euros en 2018 a los 1.080 euros al mes en 2023. Aunque sigue sin alcanzar esa ratio óptima respecto al salario más alto pagado en la Administración del Estado.

Hace cinco años, quienes percibían el salario mínimo cobraban 735,9 euros al mes. La cuantía del SMI anunciada por el presidente Pedro Sánchez para 2023, 1.080 euros brutos mensuales, supone un incremento del 46,7% en cinco años. Se trata de uno de los mayores aumentos del SMI de la democracia en un mandato tan corto, con el que se alcanza la meta de situar el SMI en el 60% del salario medio, siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea. La medida beneficiará a alrededor de 2,5 millones de personas, según los cálculos de los sindicatos.

Sin embargo, ante cada subida del SMI las gentes biempensantes del país arrugaron la nariz. Empezando por la propia Olona, que en 2020, siendo parlamentaria de Vox, declaró que se trata de una "medida propagandística" y de "escasa eficacia" porque "no llega a los españoles".

No sabemos a qué sector de la población española se refiere Olona, ya que el incremento del SMI beneficia a alrededor de 2,5 millones de personas, según los cálculos de los sindicatos. Lo que viene siendo una constante es que, ante cada incremento de la cuantía del SMI, suenan con estridencia las sirenas de alarma en los selectos círculos de la sociedad biempensante de la España eterna, estremecidos por el temor a catástrofes de toda índole derivadas de esa medida.

Se rasgan las vestiduras desde el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hasta Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Tan pronto se conocieron las intenciones del Gobierno de efectuar el último incremento del SMI, Garamendi se apresuró a expresar su rotundo rechazo a subir el salario mínimo ahora: "¿A quién no le gustaría que los salarios suban? Yo soy el primero que digo que lo tendríamos que hacer. Pero pensamos que no es el momento porque venimos de un año y medio horrible”.

Eso sí, fiel al principio de que la caridad empieza por uno mismo y en coherencia con su afirmación de que "a quién no le gustaría que los salarios suban", Garamendi se subió el suyo: 400.000 euros anuales para el 2023. Monto que, ya que estamos hablando de ratios, supone 26,4 veces la cuantía anual del SMI: 15.120 euros.

Ciertamente, ha sido un annus horribilis para la mayoría de la población que ha visto dispararse las facturas de los suministros energéticos. Sin embargo, el año ha sido una bendición para los altos directivos de las empresas eléctricas, que gozan de retribuciones millonarias, según recoge la página newtral.es

El sueldo más alto de los responsables de las grandes eléctricas es el de Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. En 2022, percibió una retribución de 13 millones de euros, como recoge el informe de remuneraciones remitido por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 48,6% se corresponde a la retribución en metálico de 6,34 millones de euros— y otro 48,4% —que supone 6,32 millones de euros— corresponde con el beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados. 

Los sueldos de los máximos responsables de Naturgy y Endesa han aumentado un 18% y un 16% respectivamente. Así, el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, cobró en 2022 una retribución de más de 5,8 millones de euros, de los cuales 2,8 millones están recogidos como retribución en metálico, 2,9 millones a través de sistemas de ahorro y 71.000 euros como otros conceptos que no aparecen detallados en el informe de retribuciones de la eléctrica.

Y el máximo responsable de Endesa, José Bogas, ganó más de 2,4 millones de euros. Según indica el informe de la CNMV, más de 2,3 millones de euros corresponden a la retribución en metálico, 6.000 euros por el sistema de ahorros y 139.000 como otros conceptos.

 

Estas son algunas de las empresas de las que se erige en portavoz el responsable de CEOE. Hipocresías aparte, los datos demuestran que nuestro país dispone de margen suficiente para una subida de los salarios en general, y del SMI en particular. Pues, siendo España la 4ª potencia económica de la zona euro, se sitúa en 7º lugar por lo que se refiere al salario mínimo. 

Sanidad Pública: una manifestación política, por supuesto

 

Una manifestación, es decir, una reunión pública, en espacios abiertos al aire libre, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo, es una acción política. Comete, pues, una grave torpeza quien pretenda desacreditar esta acción civil garantizada por el artículo 21 de la Constitución española dando una connotación despectiva a su genuina naturaleza política.  

El pasado domingo volví a participar en otra multitudinaria manifestación celebrada en Madrid en señal de protesta contra el grave deterioro de la Sanidad pública regional. En ambas ocasiones el motor que ha guiado mis pasos hasta Cibeles se alimenta del notable cabreo que experimento ante la desfachatez con que el Gobierno de la Comunidad de Madrid encara la crítica situación de los servicios sanitarios de su competencia. Deterioro que me afecta, tanto desde la perspectiva del ciudadano consciente de sus derechos, como desde el ámbito personal. A estas alturas de la vida, uno se resiente de varios quebrantos de salud de los que vamos saliendo adelante gracias al excelente desempeño profesional del personal sanitario. Eso sí, una vez que consigo ser atendido tras desesperantes periodos de espera hasta obtener una cita de consulta o intervención clínica.

Este cabreo de primera instancia se agudiza cuando uno tiene que interrumpir el descanso propio del ocio dominical para tomarse la molestia de participar en una protesta. Un trabajo cívico que sería innecesario si los responsables políticos cumplieran con su obligación de mantener los servicios de la Sanidad pública funcionando debidamente.

Pero el cabreo alcanza su máximo nivel al enterarme de que los integrantes del gobierno regional, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pretenden desacreditar esta potente defensa ciudadana de la Sanidad pública afirmando que se trata de una "manifestación política". Torpe adjetivación que sugiere que, para Díaz Ayuso, la política es o bien una acción impropia, o bien una actividad reservada en exclusiva a la gente bien pagá como ella misma.

Ordenaremos el tablero pese a que hay evidencias que causa sonrojo tener que explicarlas: el agua moja, el fuego quema, la leche es blanca, los pájaros no maman y las manifestaciones son políticas. Faltaría más.

Según el DRAE, manifestación (Del latín manifestatio, -onis) es la acción y efecto de manifestar o manifestarse. ‖ Reunión pública, generalmente en espacios abiertos al aire libre, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo.

❒ La libertad de expresión, manifestación o reunión son derechos fundamentales de las personas y están protegidos la Constitución española, cuyo Artículo 21 dice:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

De entre las distintas acepciones que recoge el DRAE para la voz política (Del lat. politĭcus, y este del griego πολιτικός politikós; la forma femenina, del gr. πολιτική politikḗ.)., nos quedaremos con las siguientes:

1. adj. Perteneciente o relativo a la política (‖ doctrina).

2. adj. Perteneciente o relativo a la política (‖ actividad).

7. f. Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados.

8. f. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos.

9. f. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

En lo que respecta al ámbito anglosajón, la ciencia política diferencia entre los tres conceptos Polity, Policy y Politics. Polity puede resumirse en las reglas del juego, un aura abstracta que envuelve todo el sistema político de un país u organización concreta. Policy es una acción de gobierno específica, cuyos efectos se pueden sentir, apreciar y evaluar. Y por último Politics es el concepto que se refiere a hablar, dedicarse o hacer política, y se puede resumir en el trabajo que tienen los analistas, comentaristas y, sobre todo, nuestros gobernantes. 

Y luego están... las ocurrencias. Entre otros reconocimientos a sus aportaciones al mundo de la ciencia política, la señora Díaz Ayuso acaba de estrenar el título honorario de 'alumna ilustre' de la Facultad de Ciencias de la Información. Sin embargo, durante su paso por la misma como alumna de a pie parece que no se enteró de estas nociones elementales de teoría política, lo cual deja en mal lugar su nivel de ilustración. Aunque todavía sería mucho peor si, aun conociendo estos conceptos, no se le ocurre mejor idea que utilizar el término "política" dándole una connotación despectiva para adjetivar el derecho de la ciudadanía a manifestarse a favor o en contra de lo que mejor tenga por conveniente.

Aparte de que una manifestación de protesta es conceptualmente una acción de índole política, no es menos cierto que en las protestas contra la degradación de la Sanidad pública late la indignación ante el hecho de que ese deterioro es producto de las políticas que, durante un par de décadas, viene llevando a cabo la facción madrileña del Partido Popular. Que, como explicamos aquí, es lo más parecido a una trama organizada con el objetivo de expoliar el patrimonio y las arcas públicas de la región. Una trama que no dudó en defenestrar a Pablo Casado, antepenúltimo presidente del partido, que se atrevió a denunciar la desvergüenza con la que actuaba el propio hermano de Díaz Ayuso.

Si las privatizaciones son condenables en sí mismas, cuando de las mismas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política fronteriza  con lo criminal. Contra la cual, y en legítima acción política, protesta el sector más consciente de la ciudadanía madrileña.

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Y por cierto, ya que de protesta estamos hablando, por si el nivel de cabreo ciudadano necesitara ser encauzado por alguna vía eficaz, no me resisto a dejar aquí algunas notas referidas al: 

● derecho de resistencia Derecho legítimo de toda persona a resistir a la opresión con los medios a su alcance. Es el ius resistendi (lat.), diritto de resistenza (ital.), Widerstandrecht (al.). En definición de J. Fetscher, «derecho del pueblo o sus representantes, a la resistencia contra un poder estatal ilegítimo».

❒ El concepto surge del discurso contra la tiranía iniciado en el siglo XVI y será recogido en los textos constitucionales producto de las revoluciones de finales del XVIII contra el poder absoluto. La Vindiciae contra tyrannos (1576) de Philippe du Plessis-Mornay es uno de los más famosos alegatos contra el absolutismo. Las teorías antimonárquicas en la línea de la Vindiciae se desarrollaron por escritores protestantes de Inglaterra y Países Bajos. Asimismo, es importante la contribución de la Escuela de Salamanca, representada por Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. 

En el siglo XVIII, el derecho de resistencia se reformula bajo las ideas de la Ilustración y se sustancia en las Constituciones de EE. UU. (1776) y Francia (1789). Queda reflejado en la temprana Constitución de Virginia: Cuando un gobierno resulta inadecuado o es contrario a estos principios [vida, libertad, seguridad y búsqueda personal de la felicidad] una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público.

(Ver: Manual del manifestante. Portada al margen izquierdo de esta página)

El Gobierno sube las pensiones un 8,5% sin que se registren disturbios en las calles de nuestras ciudades

Joos van Cleve (ca. 1485-ca. 1540): «Retrato de anciano»        Museo del Prado

Los pensionistas de España reciben a partir de enero su paga mensual incrementada en un 8,5%, conforme a la revalorización acordada por el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Revalorización efectuada con el voto en contra de los partidos de la derecha. Pese a la magnitud del segmento de población afectado por esta subida, no se han registrado disturbios en las grandes ciudades del país ya que el colectivo pensionista ha asumido el incremento con absoluta calma. Dando ejemplo de civismo a esa derecha que viene anunciando el apocalipsis ante cualquier medida de carácter social. 

A raíz del anuncio del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez de subir las pensiones del Sistema público de la Seguridad Social conforme al objetivo previsto de inflación, del 8,5%, la medida fue objeto de duras críticas por parte de las derechas. Es decir, por esa trinidad integrada por la gran patronal CEOE, los partidos políticos (PP, Vox, Ciudadanos) y sus voceros mediáticos, que no escatimaron críticas cuando el Gobierno de Sánchez anunció su propósito de actualizar las pensiones de jubilación conforme al índice de precios al consumo. Lo que supone un incremento estimado en torno al 8,5%.

De entrada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, afirmó que las pensiones no deberían subir más de un 3%, aludiendo a un presunto acuerdo con la Unión Europea que tan solo existía en su imaginación. A la vez que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamaba al Gobierno que no revalorizase las pensiones conforme al IPC, ya que ello llevará a la «ruina» a la Seguridad Social.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que incluyen esta revalorización de las pensiones, fueron apoyados en el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría parlamentaria, logrando 187 votos a favor, 156 en contra y una abstención. Las cuentas se aprobaron con el respaldo del PSOE (120 votos), Unidas Podemos (34) --al que se suma el de Meri Pita, ahora en el Grupo Mixto--, Esquerra Republicana (13), el PNV (6), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís, Coalición Canaria (2) y el PRC (1). Por el contrario, rechazaron el proyecto, y por tanto la subida de las pensiones, PP (88), Ciudadanos (9), Vox (52), Junts (4), la CUP (2), Foro Asturias, los dos diputados de Navarra Suma que fueron expulsados de UPN, y el de Teruel Existe,

El incremento de las pensiones del sistema público de la Seguridad Social constituye un éxito del actual modelo socioeconómico español. Por un lado, aporta al colectivo de personas mayores la seguridad de poder afrontar la subsistencia en la última etapa de su vida con un ingreso mínimo. Por otro, contribuye a dinamizar la economía del país al inyectar un considerable volumen monetario en el mercado local de bienes y servicios a través del consumo realizado por las personas jubiladas. Incentivando así el flujo circular de la renta.

En este cuaderno no nos cansaremos de insistir en que, al hablar de pensiones, hay que dejar de referirse a ellas como un gasto. Pues, en todo caso, según explicamos aquí, habría que considerarlo como un gasto virtuoso. En efecto, los pensionistas no hacen desaparecer su dinero del conjunto de la economía del país arrojándolo por un sumidero entrópico. Eso, en todo caso, es lo que hacen los evasores de impuestos, ya sean particulares o grandes corporaciones. Por el contrario, en el caso de las personas jubiladas, el dinero de sus pagas es devuelto al sistema económico circular en forma de consumo inmediato: comenzando por la alimentación y mantenimiento del hogar y terminando, en los casos que pueden permitírselo, en actividades de ocio.

Otro aspecto que no hay que olvidar es que la mayoría de los pensionistas recibe una paga bastante modesta. En efecto, las estadísticas de la Seguridad Social  contabilizan un total de 9.975.234 pensiones contributivas (generadas por el trabajador con sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral), de las cuales, 5.982.191 tienen un importe inferior a 1.000 euros, lo que significa que el 59,9% de las pensiones, es decir, casi el 60%, o lo que es lo mismo, seis de cada diez, son de cuantía inferior al salario mínimo interprofesional de acuerdo a las estadísticas con fecha 1 de noviembre de 2022.

                                    😸

Miles de personas siguen en peligro. Sácalas del trastero de la memoria.

 

Abre el trastero de la memoria

En el trastero de la memoria está todo aquello en lo que alguna vez pensamos, y ya no. Pero olvidarlo no lo hace menos real.

Miles de personas siguen en peligro, aunque nadie hable de ellas. Pero tú puedes ayudarlas. No las dejes olvidadas en el trastero de la memoria.

“Cada día de los casi tres años que pasé en prisión sentí que estaba perdiendo una parte de mi alma, así como la esperanza de volver a la vida [...]. Lo único que aportó luz a esos días y me dio esperanza fueron las noticias que me llegaban de que había gente que todavía se acordaba de mí y que exigía mi liberación.”

Ibrahim Ezz el-Din, defensor egipcio de los derechos humanos, pasó 3 años en prisión injustamente. Con el apoyo de miles de personas a través de Amnistía Internacional logramos que la presión internacional fuera tan fuerte que el gobierno egipcio le liberó en abril de 2022

Ante el desvarío de las altas instancias judiciales la ciudadanía debe hacer oír su voz en las calles de nuestras ciudades

Las Erinias. Ilustración de Gustavo Doré para la Divina Comedia de Dante.

 

Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερϊήσεται μέτρα· εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν.

El sol no rebasará sus medidas; si no, las Erinias, ministras de la justicia, sabrán encontrarle.

Heráclito de Éfeso (frg, 94)

El bloque conservador del Tribunal Constitucional, en una decisión insólita en cualquier democracia de nuestro entorno, acaba de prohibir a las Cortes seguir tramitando la reforma que pretende, precisamente, renovar dicho tribunal. La decisión salió adelante con los votos de dos magistrados que tienen el mandato caducado.

Fact are sacred, opinions are free. Estos son los hechos en crudo. A partir de aquí, cada cual es libre de opinar lo que mejor tenga por conveniente. Se ha llegado a hablar de golpe de estado judicial, lo cual no deja de ser una hipérbole para calificar lo que no deja de ser otra cosa que una flagrante estafa a la democracia desde el momento que esa decisión del alto tribunal se haya adoptado con los votos de dos magistrados que tienen el mandato caducado.

Porque, más allá de cualquier filigrana jurídica que eventualmente permitiera entender o justificar una decisión tan arriesgada como es la de impedir el debate de una ley a los representantes de la soberanía popular, la auténtica gravedad de los hechos radica en que quienes han tomado tal decisión están situados, ellos mismos, fuera de la ley que determina la duración de su mandato. Y como decía Heráclito, quien rebase los límites de sus competencias tendrá que vérselas con las Erinias, encargadas de la venganza, y servidoras de Diké, la justicia.

Si a una persona que tiene el pasaporte caducado se le impide entrar en un país ajeno; si un viajero no puede hacer uso de un medio de transporte mientras no disponga de un abono con plena validez; si al público en general se le niega la entrada a un espectáculo cualquiera si no dispone de una entrada con la fecha al corriente, ¿cómo es posible que en España se permita que magistrados con sus credenciales caducadas sigan sentando sus jurídicos culos en los sillones del alto tribunal? ¿Podemos asistir sin experimentar náuseas al desarrollo de un espectáculo tan bochornoso como el que acaban de protagonizar los magistrados Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, este último, a más inri, presidente del tribunal? ¿Acaso el sustancioso salario que les pagamos los contribuyentes no les alcanza para mejorar el torpe aliño de su indumentaria ética y procedimental? (*)

Al tiempo que mi estómago se revuelve a la vista de tal cinismo procedimental, escucho a mi alrededor voces de desesperación y desesperanza al comprobar circunstancias de esta índole fomentan que un creciente sector de la población o bien o bien sucumbe a las consignas de los demagogos o bien se desentiende de los asuntos públicos, como los idiotas de la antigua Grecia. Conviene no desalentarse, porque la idiotez política coexiste con la democracia desde que esta inició sus primeros pasos como forma de articulación política. Sócrates fue condenado a beber la cicuta por una masa cazurra que se dejó influenciar por las acusaciones de los sofistas. Y qué decir de un país como el nuestro donde la restauración del absolutismo en el XIX fue celebrada por la cazurrería andante con el grito de "vivan las caenas".

La grandeza y a la vez el riesgo de la moderna democracia es que incluye a todo tipo de personas, otorgándoles a todas ellas el mismo derecho de elegir y ser elegidos. Con la derivada que supone tolerar la presencia en los parlamentos de individuos que, gracias a los electores, llegan con la declarada intención de corroer y degradar a las propias instituciones. El veterano politólogo Giovanni Sartori nos advertía de que la democracia siempre está en peligro, porque es "una gran generosidad" que depende de unos ciudadanos a menudo desinteresados y mal informados.

Que no cunda el desaliento porque, como a su vez nos recordó Albert Camus, "la rebelión es el acto del hombre (persona, diremos hoy) informado que conoce sus derechos". Y si las libertades avanzan en la sociedad no ha sido precisamente gracias a los cazurros que se conforman con votar opciones cerveceras, sino debido a la acción de esa no menos considerable porción de la ciudadanía que, siendo plenamente consciente de sus derechos, no está dispuesta a permitir este juego de trileros que retuercen las leyes para zancadillear a los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones como legítimos representantes de la voluntad popular.

A la gente de las sucesivas generaciones que han nacido después de 1978, año de la promulgación de la vigente y ya algo trasnochada Constitución española, vivir en democracia les parece algo tan normal como que el agua salga del grifo cada vez que se abre. Felices ellos y felices también, nosotros, los que en los años 70 tuvimos que salir masivamente a las calles para forzar a las élites a instaurar la democracia en España.

En ese periodo de la Transición, que tuvo mucho de transacción, hubo mucha generosidad por parte del pueblo español que renunció a pedir cuentas a la miríada de responsables de los peores actos cometidos durante la sangrienta dictadura franquista. No hubo ajuste de cuentas, pues se confiaba en que, con el paso del tiempo, esa derecha española de cerrado y sacristía evolucionaría hacia un modelo europeo. Conservadora, pero respetuosa con las formas democráticas.

Lamentablemente, no ha sido así. Y hoy la vemos encarnada en esa trama de intereses económicos disfrazados de política que representa el Partido Popular. Una formación que cuando pierde en las urnas la mayoría parlamentaria, y con ella la posibilidad de gobernar, no duda en boicotear desde todos los frentes posibles la acción del Gobierno legítimo de la nación. Aún en los peores momentos de la pandemia vírica.

Por ello, cuando las instituciones fallan, como es el caso, y la ciudadanía ve estafada su voluntad soberana al ver cómo se cercena judicialmente la función de sus representantes en el Parlamento, no le queda otra alternativa que hacer oír su voz en las calles de la ciudad. Es decir, de la polis de la que toma su nombre la politeia o política. Que, en esencia, es la acción del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su actividad, su voto o por cualquier otro método, como puede ser ejerciendo el también constitucional derecho de manifestación pública firme, pacífica y ordenada.

Desde este pequeño rincón de opinión, este ciudadano solicita a los partidos que todavía conservan un mínimo de dignidad política que tomen las medidas pertinentes para convocar manifestaciones en todas las ciudades del país. De manera que se escuche la voz y la protesta ciudadana frente a la estafa política llevada a cabo por unos magistrados desleales con la democracia. Porque las generaciones que han nacido al amparo del manto democrático tienen el derecho a seguir disfrutando de sus libertades, al tiempo que también tienen la obligación política de salir abiertamente a las calles en su defensa. Puesto que las democracias, igual que nacen, en ocasiones a través de un doloroso parto, son también susceptibles de morir si no se las cuida.

(*) Los miembros del Tribunal Constitucional tienen asignado una retribución en 14 mensualidades que se divide en dos conceptos, sueldo y otras remuneraciones. Estos son los sueldos que van a percibir en 2023 según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE):

Presidente del Tribunal Constitucional: 167.169,10 euros brutos anuales.
Vicepresidente del Tribunal Constitucional: 157.133,06 euros anuales.
Presidentes de sección: 149.444,96 euros anuales.
Magistrado del Tribunal Constitucional: 141.757,28 euros anuales.
Secretario General del Tribunal Constitucional: 134.150,24 euros anuales.

 https://www.newtral.es/sueldo-tribunal-constitucional-2023/20221216/

Díaz Ayuso: la política criminal del PP en Madrid

Hace décadas que la facción madrileña del Partido Popular dejó de ser una formación política convencional —que busca alcanzar el poder para llevar a cabo las iniciativas de gobierno que responden a su ideario— para convertirse en una trama organizada con el objetivo de expoliar el patrimonio y las arcas públicas de la región.

Existe una evidente y escandalosa contradicción en el discurso de los representantes de la derecha populista madrileña: pese a que no pierden ocasión de pregonar a los cuatro vientos las virtudes del liberalismo económico, doctrina de la que se declaran fieles adeptos, en vez de dedicarse a la iniciativa privada, —como el carnicero, el panadero y el cervecero citados en la biblia económica de Adam Smith—(*) hacen lo posible por ocupar los más altos cargos de la, por ellos, muy denostada Administración Pública.

Y la razón, ya la sabemos, es que, aparte de no estar nada mal pagados en sus cargos, su objetivo consiste en actuar como eficaces agentes de demolición de los servicios públicos para ponerlos en manos de la parte empresarial integrada en dicha trama. Un empresariado que no participa en el juego limpio de la libre competencia indicada en el Credo capitalista, ya que les caen, como llovidas del cielo, jugosas adjudicaciones de obras o prestaciones de servicios, por ejemplo en Sanidad, que no pueden ser atendidos por los organismos públicos sujetos a un deterioro sistemático por orden de los mentados altos cargos. Quienes en su momento recibirán su correspondiente parte del saqueo a través del entorno cercano. Sin olvidar empleos con sueldos sustanciosos a los que acceden gracias al sistema de 'puertas giratorias'.

La trama madrileña comenzó a funcionar durante el mandato de Esperanza Aguirre en la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). En 2003, Aguirre y sus secuaces llegaron al poder gracias a la oscura operación conocida como Tamayazo (**). Y desde entonces se han mantenido en él merced al potencial económico que les permite llegar 'dopados' a las sucesivas elecciones. Es decir, contando con ingentes recursos propagandísticos pagados por la trama de los beneficiarios de las adjudicaciones. Un perfecto sistema de retroalimentación destinado a mantener la simbiosis de ambos polos de esta 'trama extractiva'.

Aunque Aguirre tuvo la habilidad de no dejar demasiadas huellas tangibles que permitieran a la Fiscalía encausarla por estos tejemanejes, varios de sus más conspicuos colaboradores acabaron dando con sus huesos en la cárcel tras las sentencias de los tribunales de Justicia que los declararon culpables de varios delitos. Entre los más notorios, Francisco Granados o Ignacio González. Por lo que al ámbito empresarial cercano a la trama aparece Gerardo Díaz Ferrán, tras cuya respetable apariencia de presidente de la CEOE se escondían maneras de auténtico chorizo. La Audiencia Nacional le condenó a cinco años y medio de prisión por dejar sin patrimonio al Grupo Marsans. 

La codicia de esta trama organizada de expoliadores de los recursos públicos no se detuvo ante nada, ni siquiera ante el sistema encargado de mantener la salud de la población madrileña. En 2012, en este blog ya dimos cuenta de esa vampirización del patrimonio público hospitalario, que el PP comenzaba a desmantelar en beneficio de grandes grupos de interés privado.

"Hay que aprovechar la crisis para introducir medidas de racionalización", decía entonces Ignacio González, a la sazón presidente de la CAM. Bajo la perspectiva de González, racionalizar no significaba mejorar la asistencia sanitaria de los madrileños, como hubiera sido la prioridad de un gestor de la cosa pública. Para el futuro presidiario, racionalizar consistía en ofrecer una gran oportunidad de negocio a las corporaciones sanitarias ávidas de lucro a costa del doliente. Sobre todo, a través de una gran operación que pretendía privatizar la gestión de nada menos que seis hospitales y 27 centros de salud de la región entre 2012 y 2014. El tsunami de la marea blanca —las protestas del personal sanitario contra los recortes presupuestarios— terminó llevándose por delante al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que se vio forzado a dimitir. (***)

Por supuesto, la iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender sus ideas siempre que sean coherentes con ellas, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular lleva haciendo en Madrid con la Sanidad Pública es entregar el patrimonio público de los madrileños al sector privado.

Si las privatizaciones de bienes de titularidad pública son condenables en sí mismas, cuando de las mismas se derivan efectos letales para salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal. Y el ejemplo más palpable lo vimos durante la pandemia del Covid, cuando el Gobierno de la CAM presidido por Isabel Díaz Ayuso (IDA) dictó una orden por la que se negó asistencia médica a las 7.291 personas ancianas que acabaron muriendo abandonadas a su suerte en las residencias de mayores. Sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio.

Al cabo de un par de décadas instalados en el poder, la trama extractiva del PP ya ni siquiera se molesta en aparentar que son gestores que ponen en práctica la doctrina del neoliberalismo. Tras la aparición en escena de IDA, persona sin la menor experiencia previa en gestión, pero absolutamente falta de escrúpulos políticos y morales y bien asesorada por un experto de comunicación, el saqueo se realiza a ojos vistas.

El descaro llega al punto de sea un hermano de la propia presidenta quien se lleve comisiones por un suministro de material sanitario en plena pandemia. Cuando Pablo Casado, antepenúltimo líder del PP, quizá más por rivalidad que por ética, se atrevió a denunciar este choriceo en una emisora de radio, firmó su sentencia de muerte política.  

La declaración de Casado en COPE que desencadenó la operación interna en el partido para defenestrarle: "No es ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno"  

Con Ayuso, resume Daniel Bernabé, "El plan sanitario de la Comunidad de Madrid no es un error, ni siquiera una negligencia, sino que lleva el apellido de la premeditación. Atacar al sistema sanitario público en el epígrafe de las urgencias y de la atención primaria solo puede tener la intención de precarizar la puerta de entrada a las especialidades, complicar la respuesta inmediata a la contingencia y romper la capilaridad por el territorio. Es decir, crear un desasosiego que mande al ciudadano, que pueda permitírselo, a la privada, de la misma forma que en los parques temáticos se venden entradas premium que permiten saltarse la cola de las atracciones".

Tras la potente manifestación de protesta contra este deterioro de los servicios públicos de salud que tuvo lugar en las calles de Madrid el pasado 13 de noviembre, IDA ha recurrido de nuevo a la estrategia del despiste de la opinión pública poniendo en marcha su ya clásico torrente discursivo inspirado en la escuela del disparate. Afirmando, por ejemplo, que el cambio climático es cosa de comunistas sin base científica.

Ante estupideces de esta magnitud, no faltan personas que se llevan las manos a la cabeza, pensando que IDA está tan loca como la sigla por la que se la conoce coloquialmente. Pero esa es una explicación demasiado sencilla. Puede que esté tan ebria de satisfacción por su éxito electoral como suele estarlo de alcohol el consejero áulico que le escribe los guiones. Pero no es una demente, sabe muy bien cómo mantenerse en el poder al que la elevó la mayoría del electorado. En todo caso, habría que preguntarse si están en sus cabales aquellos votantes que otorgan su confianza precisamente a quien deteriora algo tan esencial como es el derecho a la  la salud.

Los antiguos romanos procuraban tener contenta a la plebe con aquella vieja resumida en el lema panem et circenses. Es decir, pan y circo. Respecto al primer elemento, había en Roma leyes (frumentaria) que aseguraban a la población, para tenerla contenta, el reparto de trigo a precios muy bajos. En Madrid ni siquiera se reparten alimentos a los más desfavorecidos, pero no falta el circo continuo protagonizado por IDA a la que jalea esa plebe cuyo minúsculo concepto de la libertad les lleva a pensar que ésta consiste en tomar cañas en las terrazas de los bares. Si al menos fueran gratis…

De tales votantes hablaré otro día, y me temo que de forma poco caritativa. Hoy, lo urgente es que la gente de esta comunidad que todavía conserva un mínimo de cordura se centre en lo que verdaderamente importa: la salud mental y corporal. Debemos exigir que, al menos en esta materia, el PP en Madrid ponga fin a su criminal política sanitaria.

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(*)“El hombre está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes, y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás, y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece a otro un trato. Todo trato es: dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú; y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés”. Adam Smith: La riqueza de las naciones

(**) Tamayazo. Expresión coloquial para denominar el transfuguismo de dos diputados del PSOE de Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidió que Rafael Simancas pudiera ser presidente de la Comunidad de Madrid. El PP había ganado las elecciones con 55 escaños, pero el PSOE (47) e Izquierda Unida (9) sumaban más (56) y podían arrebatarle el Gobierno.

El 10 de junio de 2003, día de la elección de la Presidencia de la Asamblea, los diputados socialistas Tamayo y Sáez, en lugar de acudir a la votación, se ausentaron. Lo que impidió a los socialistas obtener la Presidencia de la Cámara, siendo los populares quienes se hicieron con ella. Trece días después, estos dos diputados tomaron posesión de sus actas fuera del PSOE y pasaron a formar parte del Grupo Mixto.

Los plazos legales se agotaron y, ante la falta de acuerdo para formar Gobierno, se volvieron a convocar elecciones, que ganó el PP de Esperanza Aguirre con mayoría absoluta el 26 de octubre de 2003.

(***) Fernández Lasquetty ha sido recuperado por IDA como consejero de Hacienda.

Nota: El sentido de la palabra “política” en el título de este artículo, se corresponde con la undécima acepción de esta voz en el Diccionario de la RAE.

político, ca

Del lat. politĭcus, y este del gr. πολιτικός politikós; la forma f., del gr. πολιτική politikḗ.

11. f. Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado.

Pensiones: las derechas han perdido el norte

Manifestación de pensionistas en Madrid el 15 de octubre de 2022

Llevan décadas anunciando el inminente colapso del sistema público de pensiones. Aunque hasta ahora los únicos sistemas de pensiones en bancarrota son los que fueron privatizados, como el de Chile. También los fondos de pensiones británicos, basados en productos financieros, se han visto al borde del precipicio tras la disparatada apuesta neoliberal de la primera ministra Liz Truss. Dado que en España el sistema mantiene su fortaleza, el último intento de la derecha populista pretende crear la sensación de que existe una brecha generacional entre mayores y jóvenes. Pinchan en hueso, porque los pensionistas cuentan con sobrada experiencia profesional y vital para movilizarse contra cualquier intento de sabotear el sistema. Las derechas deberían aprender y corregir el rumbo de su acción política.

Las derechas, esa trinidad integrada por la gran patronal CEOE, los partidos políticos (PP, Vox, Ciudadanos) y sus voceros mediáticos, compitieron entre sí en su reacción negativa al anuncio del Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, de actualizar las pensiones de jubilación conforme al índice de precios al consumo. Lo que supondrá un incremento estimado en torno al 8,5%.

En ese afán enfermizo de criticar a Sánchez con el menor pretexto, esta diestra trinidad obvia un dato significativo: con tal subida, el Gobierno no hace otra cosa que cumplir la ley. En concreto, lo dispuesto en la 'Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones'.(*)

Dicha Ley fija un marco estable de revalorización de las pensiones, disponiendo que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.

Las leyes están para cumplirse (aunque algunos jueces parecen pensar lo contrario cuando ellos mismos se ven concernidos por la fuerza de la ley). La derecha cañera y cañí debería ilustrarse un poco leyendo al jurisconsulto Cicerón: "Somos libres porque somos esclavos de la Ley" (Legum servi sumus ut liberi esse possimus) con un criterio mucho más elevado que el de estas derechas de Hispania siempre proclives a saltarse la ley.

No obstante, para adentrarse en el terreno de las pensiones hace falta una prudencia que las derechas actuales han olvidado en aras de esa oposición basada en el populismo de baja estofa que llevan practicando desde que Pedro Sánchez consiguió, con toda legitimidad, formar un Gobierno de coalición que ha debido enfrentarse a situaciones tan dramáticas como la pandemia del Covid19.

Mucha prudencia, decimos, para hablar de pensiones porque los cerca de diez millones de perceptores de pensiones públicas de jubilación constituyen un formidable agregado de población con un interés común y muy definido. Es un colectivo que a estos efectos podría denominarse 'interclasista', integrado por personas que votan tanto a la izquierda como a la derecha, pero unidos por una misma preocupación: para la inmensa mayoría, su supervivencia en el día a día depende de la paga mensual de su pensión de jubilación.(**) 

Este colectivo posee tres fortalezas de acción política: a) conciencia de la justicia implícita en sus reivindicaciones; b) disponibilidad de tiempo para manifestarse en la calle si fuera preciso; masiva comparecencia ante las urnas cuando se convocan elecciones. 

Con independencia de la ideología particular de cada pensionista, o incluso de los que se declaran ajenos a la política, si algo tiene claro el común de las personas jubiladas es que la pensión se la han ganado a pulso. 

Mucho cuidado con quienes, desde la esfera política, siguen refiriéndose a este colectivo en términos tan paternalistas como 'abuelos' o 'nuestros mayores'. El grueso de la población jubilada actual sólo se pertenece a sí misma. Por la época en la que le ha tocado vivir ha participado de forma activa en los grandes cambios socioeconómicos experimentados por la sociedad española. Participación, por regla general, efectuada en primera instancia a través de su actividad en el trabajo. En menor escala, como afiliados a sindicatos o partidos políticos. Y esta población, con gran experiencia vital, no está dispuesta a 'comprar la moto' que les pretende vender la trinidad de las derechas a través de falacias como la inviabilidad del sistema o la brecha generacional que marca un enfrentamiento entre mayores y jóvenes. 

De entrada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que las pensiones no deberían subir más de un 3%, aludiendo a un presunto acuerdo con la Unión Europea que tan solo existía en su imaginación.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamó al Gobierno que no revalorizase las pensiones conforme al IPC, ya que ello llevará a la «ruina» a la Seguridad Social. Ahora, a la vista de que Pedro Sánchez está dispuesto a cumplir la ley, Garamendi, dirigentes del PP y columnistas de la prensa conservadora plantean un "pacto de rentas" en el que las pensiones más altas suban menos que el IPC.

Este es un argumento bastante demagógico. De entrada, habría que cuestionar el hecho de que una sociedad compuesta mayoritariamente por gente asalariada haya aceptado extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —por ejemplo en carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de la mayoría de la población.

Sin embargo, por otra convención no menos extraña, se ha establecido que las pensiones públicas son sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores. Un perverso convencionalismo en virtud del cual son los asalariados quienes sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no tienen el detalle de contribuir mínimamente a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de que disfrutan los ricos.

Apoyadas en esas perversas convenciones, las derechas pretenden que los jubilados que cobran pensiones de mayor cuantía vean reducida su actualización para sufragar la revalorización de las pensiones más bajas.

Aclaremos las cosas. Durante su vida laboral, la persona asalariada detrae de su salario mensual una cantidad que ingresa en la caja de la Seguridad Social. Dado que el sistema es de reparto, lo que aporta cada cotizante no se le ingresa en una cuenta personal de ahorro. Sin embargo, las aportaciones se consideran una especie de 'mérito' que se recompensa con una pensión cuya cuantía es tanto más elevada cuanto mayor fue la cuantía y periodo de cotización.

De manera que no existe ningún argumento consistente para negar el derecho de la persona jubilada a recibir la cuantía que le corresponde conforme a las reglas del sistema con las que ha cumplido como cotizante. Sin olvidar un detalle significativo: las pensiones del tramo superior, en tanto que ingresos del perceptor, están sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Lo que sí es una realidad palpable es que, en contraste con el reducido grupo de pensionistas con derecho a pagas elevadas, otros 4,7 millones de jubilados perciben cuantías situadas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es decir, inferiores a 1.000 euros mensuales. 

El principal motivo por el que existe este gran contingente de pensiones tan modestas hay que buscarlo en las políticas de austeridad adoptadas por los gobiernos de la derecha a raíz de la Gran Recesión  económica desatada en 2008 derivada de la irresponsabilidad de los gestores que fomentaron la especulación bancaria e inmobiliaria. Ante la evidente bancarrota de estas empresas, los gobiernos dedicaron ingentes inyecciones de fondos públicos para salvarlas. 

La cara oscura de tales políticas fue que enviaron al paro a millares de trabajadores de mediana edad que ya no pudieron encontrar empleo y, por tanto, tampoco les resultó factible completar sus carreras de cotización. Con la consiguiente merma de la cuantía de su paga final de jubilación. 

Este agravio sufrido por esa parte de la población debería ser corregido a través de una medida que viene siendo reclamada desde hace tiempo por las asociaciones de pensionistas: la equiparación de la pensión contributiva mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en la cifra redonda de 1.000 euros mensuales. En efecto, si se considera que ese es el umbral mínimo de ingresos para atender las necesidades vitales más perentorias de una persona trabajadora, no hay razón para negárselo cuando llega a la hora de afrontar la vejez con una jubilación digna. Por obvias razones dejusticia, la cuantía de la pensión contributiva mínima debe ser equiparada al SMI.

Por supuesto, esta equiparación no debe realizarse a  costa de erosionar las pensiones del tramo más elevado, como proponen las derechas, sino mediante aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, que deberá buscar los ingresos necesarios en los grandes conglomerados empresariales que hoy se van de rositas a la hora de pagar impuestos. Hablamos de los oligopolios energéticos -carburantes, gas, electricidad- que están logrando beneficios escandalosos, y de la banca, que fue rescatada de la bancarrota con dinero del contribuyente

La falacia de la brecha intergeneracional

En un año electoral, el principal partido de las derechas populistas, el Partido Popular, evita oponerse abiertamente a la actualización de las pensiones. Sin embargo, sotto voce, su entorno sigue intentando sembrar inquietud sobre la viabilidad del sistema público. De inmediato se invoca la demografía y la desproporción entre cotizantes y jubilados en una sociedad cuya pirámide de edad envejece.  

Lo que la derecha calla ladinamente es que la razón más poderosa que influye en la caída de la tasa de natalidad es la tremenda Inseguridad Social derivada de la precariedad laboral. Gran número de parejas jóvenes, en edad biológica de procrear, no disponen de la capacidad económica para afrontar la llegada de un hijo. Forman parte de las desmoralizadas huestes del precariado, esa cada vez más numerosa clase social a la que pertenecen los asalariados cuyo trabajo se desarrolla con contratos temporales, falsos autónomos, pagados en dinero negro para esquivar la cotización, sin vacaciones ni días de descanso pagados. Si a ello añadimos las dificultades de acceso a una vivienda, es fácil de entender que al precariado joven le resulta imposible formar una familia.

La segunda derivada de esta precariedad laboral incide directamente sobre la caja de las pensiones. Y si bien es cierto que en la actualidad las cotizaciones no alcanzan a cubrir la totalidad de la nómina de jubilaciones, el problema no radica tanto en la cuantía de la paga de los pensionistas, en general bastante modesta. El problema radica precisamente en la baja calidad del empleo y los salarios de los jóvenes, que tiene su inmediato reflejo en la baja cuantía de sus cotizaciones al sistema.

Para acabar de confundir a la población, las derechas intentan sembrar el miedo en la opinión pública con la falacia de una brecha intergeneracional que, supuestamente, enfrentaría a mayores y jóvenes. Presentan a los pensionistas actuales como un Saturno que devora a sus hijos consumiendo los recursos futuros de la caja de las pensiones. Pero hasta ahora las pensiones no son la causa principal del incremento de la deuda pública del Estado en los últimos años.  

Si nos atenemos a los datos, como explica Daniel Fuentes Castro, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá: "15 de cada 100 euros de la deuda pública acumulada desde 2008 tienen su origen en el déficit de la Seguridad Social y los otros 85 responden, principalmente, a los distintos shocks y vicisitudes económicas sufridas en los últimos tres lustros (estabilizadores automáticos) y, en menor medida, a decisiones discrecionales más o menos cuestionables".

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. La mejor herencia que los pensionistas actuales pueden dejar a sus hijos consiste en defender la fortaleza del sistema público de pensiones, porque ello significa defender la garantía de que los jóvenes tendrán asegurada a su vez la percepción de una pensión digna cuando les toque llegar a la edad de jubilación. Por supuesto, a los jóvenes les toca luchar, como en su día hicieron sus mayores, por un salario y condiciones laborales dignas, reforzando así su propia seguridad en el futuro.   

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(*) Es una norma que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su contenido fue pactado con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el acuerdo social tripartito firmado el 1 de julio de 2021.

(**)Según el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la franja deedad de la que el PP recibiría más votos en unas hipotéticas elecciones generales es la de más de 75 años (25,4%), porcentaje que asciende hasta el26,2% en el caso del PSOE. El nicho de voto de los socialistas se encuentra en los ciudadanos de entre 65 y 74 años (29,8%).