martes, 28 de julio de 2009

La patronal española partidaria de la Inseguridad Social

Quizá no haya en España otra libertad tan grande como la libertad de despido, sólo que, cuando el despido es improcedente conforme a la ley, ésta establece una indemnización. Que es precisamente la que quieren cargarse Ferrán y sus secuaces, que se han levantado de la mesa de negociación al encontrarse con que ni esos débiles sindicatos ni el cada vez más debilitado gobierno de Rodríguez Zapatero, podían ya traspasar ciertas "líneas rojas" que supondrían
conducir a la población laboral a una situación
de Inseguridad Social.



Dicen que se ha roto el diálogo social, pero la sociedad en su conjunto sigue dialogando, y lo hace también en términos económicos. Pues, aunque con menor intensidad, se siguen efectuando día a día operaciones de compraventa e incluso se establecen contratos laborales allí donde el margen de beneficio permite a los pequeños empresarios contratar un empleado.


Lo que en realidad se ha roto ha sido el diálogo entre unos sindicatos que no representan, por número de afiliados, más que a un reducido porcentaje de la población laboral, y una patronal que no representa más que los intereses de los grandes grupos económicos.


Porque Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), no representa a los pequeños emprendedores. Esos que con esfuerzo mantienen un bar, un restaurante, un hostal, un taller de reparación de automóviles, una tienda de comestibles, una droguería, etc. Ferrán es un auténtico filibustero de la economía, uno de esos "liberales" de guardarropía que en tiempos de bonanza claman para que el Estado no intervenga en sus asuntos, pero que al llegar la crisis, piden a gritos la acción salvífica del Estado. Ferrán, en concreto, pedía textualmente que si hiciera un "paréntesis en el mercado".

Ahora Ferrán, y la entidad que representa, quieren aprovechar la crisis para rebajar aún más los costes laborales, estableciendo el despido libre. El despido improcedente libre, debería precisarse, puesto que el despido es libre en España. Quizá no haya otra libertad tan grande como la libertad de despido, sólo que, cuando el despido es improcedente conforme a la ley, ésta establece una indemnización. Que es precisamente la que quieren cargarse Ferrán y sus secuaces, que se han levantado de la mesa de negociación al encontrarse con que ni esos débiles sindicatos ni el cada vez más debilitado gobierno de Rodríguez Zapatero, podían traspasar ciertas "líneas rojas" que supondrían conducir a la población laboral a una situación de auténtica Inseguridad Social.

Ante la ausencia de acuerdo en diálogo social, Rodríguez Zapatero anunció que el Gobierno aprobará el próximo 13 de agosto, por decreto ley, las nuevas ayudas de 420 euros mensuales para las personas que hayan agotado su cobertura por desempleo. Dichas ayudas serán inicialmente por seis meses. Esta medida debería haberla tomado unilateralmente hace tiempo, sin esperar a ningún tipo de negociación con los filibusteros de la CEOE, que en ningún caso hubieran aportado un céntimo a los fondos necesarios para atender esa ayuda.

Mientras tanto, envalentonado por los suyos, Ferrán vuelve a la carga, exigiendo "reformas estructurales urgentes que necesita el mercado laboral español", pronosticando que, de otra forma, las cifras de paro "serán mucho más preocupantes" en un futuro. ¿Es una nueva amenaza? En ese caso, la ciudadanía, integrada mayoritariamente por personas trabajadoras, debería comenzar a preocuparse.

Ya he comentado en este blog que el mundo de los negocios entiende el despido libre más como una cuestión disciplinaria que como una exigencia económica. Como señala Michal Kalecki "Bajo un régimen de pleno empleo, el ‘despido' dejaría de desempeñar su papel disciplinario. Se minaría la posición social del jefe o patrón y crecería la confianza en sí misma y la conciencia clasista de la clase trabajadora. [...] Es cierto que bajo un régimen de ocupación plena las ganancias serían mayores que el promedio de las mismas bajo el laissez-faire. Pero los líderes del mundo de los negocios aprecian más la ‘disciplina de las fábricas' y la ‘estabilidad política' que las ganancias mismas. Su instinto de clase les advierte de que el desempleo es parte integrante del sistema capitalista normal".

Ejercen así esa forma de violencia del poder privado a la que se refieren Gerardo Pisarello y Jaume Asens, del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.

domingo, 12 de julio de 2009

Tímidos intentos de organización de la población desempleada

En varias localidades españolas, comienzan a formarse pequeños núcleos de organización de las personas en situación de desempleo. Que celebran asambleas y concentraciones públicas, reivindicando una mayor protección en la situación de desamparo social en que se hallan. La respuesta a estas convocatorias es todavía muy discreta, para nada comparable con el lleno hasta la bandera que se produjo hace poco en el estadio Santiago Bernabéu para presentar a un futbolista. Estadísticamente, entre los 80.000 espectadores tuvo necesariamente que haber varios miles de personas en paro.



El domingo 31 de mayo, cerca de 400 personas participaron en la marcha realizada desde Molina de Segura hasta Murcia para reivindicar medidas contundentes contra la crisis y empleo estable y de calidad. Por su parte, la Assemblea de treballadores i treballadors en atur de Barcelona, que convoca todos los martes a las 11 horas una concentración en la plaza Sant Jaume, ha llegado a ocupar el edificio del Ayuntamiento en la plaza Sant Miquel. Ocupación que se efectuó entrando en tromba y de forma sorpresiva para los guardias urbanos que custodiaban el edificio.

También se han registrado acciones en ciudades andaluzas, como Sevilla o Sanlucar de Barrameda. En esta última localidad, la Asamblea de trabajador@s en paro, convocó el pasado jueves 9 de julio una manifestacion desde la plaza del Cabildo.

En otros puntos, como en la madrileña localidad de Fuenlabrada, los desempleados se han constituido como asociación, y periódicamente recorren las calles de su localidad para conseguir apoyo y concienciar a sus vecinos. Esta asociación, unida a las formadas en Marbella, Mijas, Badajoz, Gijón, Valencia, Colmenar Viejo, Pinto, Fuenlabrada, Cádiz y A Coruña han unido sus fuerzas para crear una Plataforma Nacional de Asociaciones de Parados.

Como es de esperar, la canícula veraniega se encargará de atenuar estos todavía tímidos intentos de movilización, aunque sus organizadores confían en relanzarlos con fuerza tras el período estival.

En cualquier caso, estas convocatorias, efectuadas a base de mucho esfuerzo por parte de quienes las organizan, no reciben una respuesta masiva por parte de la población desempleada. Esto contrasta con el éxito de otras convocatorias de masas, como la realizada, el pasado 6 de julio, en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, para presentar al futbolista Cristiano Ronaldo. Un fichaje estrella para el equipo de fútbol del Real Madrid, por el que se ha pagado una cantidad que resulta obscena en tiempos de crisis.

Cerca de 80.000 espectadores abarrotaron el estadio para presenciar, no una exhibición deportiva, sino simplemente la presentación de un jugador que salió al campo de fútbol a recibir los aplausos de la afición. Un acto realizado con gran despliegue de recursos escénicos. Entre los asistentes al estadio tenía que haber forzosamente gran número de desempleados. Varios millares, según la estadística, y sin barreras económicas, puesto que la entrada era gratis.

Según el escritor inglés, David Winner, no existe ningún fenómeno que ejerza más fascinación global que este deporte. "El fútbol está llenando el vacío cultural que ha dejado la religión", dice Winner. Las religiones clásicas pierden seguidores en el mundo industrializado. Los mayores niveles de información llevan a la gente a ser conscientes de que no existe seguridad científica acerca de si hay recompensa después de la muerte, mientras que en el fútbol, los resultados se ven en tiempo real, en el planeta Tierra.

lunes, 6 de julio de 2009

Los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades desvían a las personas necesitadas hacia Cáritas


Corresponde al Gobierno de la nación actuar, como representante último del Estado, para recuperar de manera automática las competencias transferidas a las Administraciones Autonómicas cuando éstas incumplan su cometido. Y es obvio que algo va mal, rematada y perversamente mal, en el Estado de Bienestar español, cuando los servicios públicos de asistencia social desvían a miles de ciudadanos en situación de necesidad hacia Cáritas.




Cáritas es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal. Creada en 1947, Cáritas tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como civil. Entre sus objetivos fundacionales destacan “la ayuda a la promoción humana y al desarrollo integral de la dignidad de todas las personas que se encuentran en situación de precariedad”.

Se podrá estar o no de acuerdo con las muy controvertidas actuaciones de la Iglesia católica, pero existe unanimidad a la hora de reconocer el buen hacer asistencial de Cáritas. Pero esta organización actúa movida por su fe cristiana, pero no forma parte de la estructura pública de protección social que el Estado está obligado constitucionalmente a prestar para que no existan situaciones de pobreza dentro de su jurisdicción.

"Cáritas tiene el compromiso de fe para atender a estas personas, pero quienes tienen la obligación son las administraciones públicas, que son quienes administran nuestros impuestos", afirma el secretario general de Cáritas, Silverio Agea. El 52% de las personas que atiende Cáritas han sido derivados desde los ayuntamientos.

Según informa
Juan G. Bedoya, en El País, buena parte de las personas atendidas por las organizaciones católicas de caridad acudieron antes a los servicios sociales públicos, sin resultado alguno. Pero lo más indignante es que, cada vez con mayor frecuencia, son estos servicios públicos quienes, desbordados o sin presupuesto, envían a esas personas a las ONG, para que les atiendan.

En España, la responsabilidad de atender a las personas en situación de pobreza ha sido transferida a las Administraciones Autonómicas. Son sus servicios sociales los que tramitan ayudas como la renta social básica. Pero ahora mismo los servicios públicos están saturados, y tardan meses -un mínimo de dos, a veces más de cinco meses- en tramitar esas ayudas.

En la Comunidad de Madrid, una de las más ricas de Espña, la tramitación de las ayudas de renta mínima de inserción se demora muchas veces entre cuatro y diez meses. Mientras tanto, una persona en situación “de emergencia social”, debe poder comer, pagar el alquiler de la vivienda, etc. Y no le queda entonces otro remedio que acudir a los servicios de Cáritas. Que como es lógico también se están viendo desbordados.

miércoles, 1 de julio de 2009

El PP reclama una ayuda de emergencia para los extremeños que han agotado la prestación por desempleo


El PP pide esa ayuda en Extremadura,
una comunidad donde no gobierna. Actitud con la que se alinea entre los defensores de la solidaridad social. Para demostrar su coherencia, el partido liderado por Mariano Rajoy debería aplicar esa medida en las comunidades donde gobierna de manera omnímoda. En Madrid, sin ir más lejos.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido una "ayuda de emergencia" de 420 euros mensuales, durante un máximo de seis meses, para los 17.000 extremeños a los que se les ha acabado la prestación por desempleo y no hay ningún ingreso en su familia.

A su juicio, el hecho de que este tipo de ayudas se esté estudiando a nivel nacional en la Mesa del Diálogo Social no debe ser "excusa" para buscar soluciones a nivel autonómico, ya que Extremadura tiene plenas competencias en materia de empleo y, además, está el precedente de las seis CCAA donde ya se ha puesto en marcha o se ha anunciado una medida similar.

Para demostrar su coherencia, el partido liderado por Mariano Rajoy debería aplicar esa medida, sin mayores dilaciones, en las comunidades donde gobierna de manera omnímoda. Como en la comunidad autónoma de Madrid.

ERC pide incrementar la cuantía del subsidio de desempleo

Esa cifra de 420 euros mensuales, que se está tomando como referencia en todas las ayudas que se barajan para los desempleados sin prestaciones, equivale al importe del subsidio por desempleo gestionado a través del Inem. Una cantidad situada por debajo del umbral de pobreza, que representa el 80% del IPREM.

En este sentido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado un paquete de dieciséis enmiendas al proyecto de ley de medidas urgentes para el fomento de desempleo en las que propone un incremento de la cuantía del subsidio de desempleo hasta el 100% del IPREM, porcentaje que llegaría al 150% cuando el trabajador tenga tres o más familiares a su cargo,

Y para aquellos que no tienen muy claro qué es eso del IPREM, encontrarán una explicación en La insoportable levedad del IPREM