viernes, 7 de julio de 2017

Con la RBU desaparece la coerción patronal o administrativa resumida en el diktat: "o te humillas o no comes"


La Renta Básica Universal sería un elemento más de un nuevo Contrato Social. Hasta hace un par de décadas, funcionó un acuerdo tácito entre patronos y trabajadores: el ‘pacto fordista', que podría resumirse en la propuesta patronal: Vosotros trabajaréis y nosotros os pagaremos aceptablemente, a cambio no cuestionaréis el sistema capitalista como tal olvidando la revolución. El garante del pacto sería el Estado del Bienestar. Pero hace tiempo que ese pacto se ha quebrado, porque ni hay empleo suficiente y digno para todos ni el que hay lo pagan bien. 

La garantía de un ingreso mínimo, pagado por el Estado de forma incondicional a todas las personas, es uno de los ejes del nuevo Contrato Social que, más pronto que tarde, habrá que establecer para equilibrar la devastación causada por las políticas de la globalización neoliberal.

 


 Leer aquí la conversación a fondo sobre el ingreso garantizado mantenida con Himar Reyes para la revista 7iM

jueves, 6 de julio de 2017

Garantizar la dignidad en las Comisiones de investigación

 En las Comisiones de investigación del Congreso, los investigados se sientan ante una mesa situada en posición más elevada que los asientos reservados a los investigadores. Es como si en un tribunal fuera el examinando quien se colocara por encima de los examinadores. 

Desde la constitución de la Comisión de investigación sobre el caso Tamayazo —presidida, por cierto, por el hoy imputado en la trama Púnica Francisco Granados— han sido muchas las comisiones de este carácter constituidas tanto en el Parlamento como en las diversas cámaras territoriales. Sin embargo, han sido pocas, por decir algo, las que han obtenido algún resultado que haya podido ser percibido como positivo por la ciudadanía. Es más, ni siquiera la "exposición pública" de la materia investigada ha logrado el éxito apetecido por los grupos políticos convocantes.

Pero lo más sangrante del asunto es que, a través de los medios informativos, muchos de nosotros hemos asistido, entre atónitos e indignados, a las broncas y regañinas propinadas por
los investigados hacia los investigadores. A modo de ejemplo recordaremos la actuación de personajes como Daniel de Alfonso, Marcelo Fernández Díaz, Francisco Camps, miembros de la otrora 'molt honorable' familia Pujol, etc. Todos ellos se permitían contestar a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión con tal suficiencia y altanería que un marciano que hubiera presenciado las sesiones habría sacado la conclusión de que eran ellos los investigadores en lugar de los investigados.

En los testimonios gráficos de todas estas Comisiones observamos un aspecto cuando menos curioso: resulta que los investigados se sientan ante una mesa situada en posición más elevada que los asientos reservados a los investigadores. Es como si en un tribunal fuera el examinando quien se colocara por encima de los examinadores.

Debe ser esta posición espacial la que propicia conductas que entrañan altas dosis de arrogancia, exhibicionismo y, sobre todo, desprecio por parte de algunos comparecientes hacia los representantes de la soberanía popular. El caso más reciente se ha vivido en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, cuando su
extesorero, Luis Bárcenas, ha llegado a abroncar a los miembros del Congreso por cometer la 'torpeza' de poner en marcha este órgano mientras siguen abiertos casos judiciales sobre el mismo asunto. 

Bárcenas (Luis, sé fuerte), que optó por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de los comisionados para no interferir en su defensa judicial, tomó no obstante la palabra cuando le pareció para puntualizar las intervenciones de los diputados. Y en el colmo de la desfachatez afirmó: "Tengo múltiples frentes judiciales y eso prima por encima de cualquier cosa, sobre la soberanía popular y sobre cualquier cosa, porque es mi derecho a mi defensa".

Al cabo de los años, la experiencia ha puesto de relieve la escasa utilidad de estas comisiones, dado que la propia Constitución española deja bien claro que las resoluciones no son vinculantes para el ejercicio de la ley. 


El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. (Art. 76. CE)

Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.


Siendo esto así, lo mínimo que podría exigirse a los parlamentarios es que, como representantes de la voluntad popular, mantengan la dignidad de tal condición, evitando dar pie a que los comparecientes conviertan la sesión en un espectáculo denigrante. En la sede de la soberanía popular, no es de recibo decir, como Luis el fuerte, que se está por encima de ella.

En definitiva, los abajo firmantes proponemos lo siguiente: que los comparecientes se sitúen por debajo del estrado y sean preguntados desde arriba. Y a ser posible, que sean conducidos hasta su asiento por un ujier y no por un grupo de parlamentarios afines palmeándoles la espalda. Tal vez parezca una tontería a ojos de sus señorías, pero los ciudadanos nos sentiríamos mucho más confortados viendo guardar ciertas formas relacionadas con el principio de que no sólo hay que ser honrado sino parecerlo.



Junto al autor del blog, firman este artículo
Luis Chamorro, Fernando Izquierdo, Delfín Martínez y Rafael del Real.