jueves, 29 de noviembre de 2012

Los televisores de plasma no son para pobres

Lo ha dicho una diputada del Partido Popular valenciano: las familias necesitadas que reciban una ayuda social no tienen derecho a destinarla a la compra de un televisor de plasma. Por el momento, el gremio de fabricantes y distribuidores de electrónica audiovisual no se ha pronunciado.


Nadie cuestiona en qué se gasta su sueldo el trabajador asalariado; ni su pensión el jubilado; ni su paga el guardia de la porra que zurra al manifestante; ni el presupuesto de su Casa el Rey; ni las dietas y otras canonjías el diputado en Cortes. Así como tampoco nadie pide explicaciones por lo que hace con sus emolumentos el presidente de Gobierno, central o autonómico, que recorta derechos sociales y regala hospitales públicos a sus amigos. Y por supuesto, a nadie se le ocurriría pedirle explicaciones de lo que hace con sus réditos al que vive de una renta financiera o inmobliaria.



Sin embargo, hay gente, más bien gentuza, a la que le parece censurable que una persona en situación de necesidad cobre los atrasos de un subsidio y se compre un televisor de plasma. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Rebuscando en los contenedores de basura podían haberse hecho con uno de esos televisores antiguos, de tubo de rayo catódico que la gente tira cuando cambia a un televisor LCD o de plasma. Les habría salido gratis, y total, para lo que hay que ver. Pero mira que comprarse un televisor de plasma... 

Según informa el diario Las Provincias, la parlamentaria del PP en la comisión de Política Social Pilar Sol Cortés aseguró en el Parlamento regional valenciano que algunas familias perceptoras de la renta básica de ciudadanía (alrededor de 400 euros) utilizaban el dinero para comprarse una televisión de plasma. 

Aclaremos las cosas: para empezar, en este caso no se trata de una auténtica renta básica de ciudadanía, una propuesta de política social que cuenta con un creciente apoyo, pero que no ha sido implantada en ninguna región de España. A lo que se refiere la diputada es a una de esas rentas de indigencia que conceden, no siempre, los servicios sociales. Una persona puede llegar a recibir un misérrimo subsidio una vez que ha demostrado ser pobre de solemnidad. Para ello, se habrá visto sometida a un estricto expediente administrativo de prueba de recursos (means test). 

El poder adquisitivo de esas pequeña pagas no permite grandes lujos. Pero aquí se trata del supuesto de una familia que cobra el subsidio con retraso, por lo que recibe el importe acumulado de varias mensualidades. En efecto, la frase textual de Sol Cortés fue: «el gabinete técnico que hacía el seguimiento (de las ayudas) detectaba que el dinero que se entregaba de golpe por haberse resuelto el expediente con anterioridad no se administraba en las condiciones de uso adecuadas y que hay casos de familias que estaban en situaciones de necesidad y a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma o utilizaban el dinero para unas cosas no adecuadas».

Aparte de cuestionar la ineficacia administrativa que impidió que el subsidio llegase con puntualidad a los destinatarios, aquí lo primero que hay que definir es qué son cosas adecuadas para una persona en situación de necesidad Y, sobre todo, definir al definidor. 


Habida cuenta de que en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente no se ha invitado a sentarse a las personas más desfavorecidas, éstas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna son definidas por otros.

Desde la perspectiva de los pobres —que debiera también ser la de quienes afirman defenderlos— es demasiado arriesgado dejar que sean los ricos —o sus  administradores— los que se encarguen de evaluar las necesidades ajenas. Pues es propio de la condición humana utilizar distinta vara de medir las necesidades según se trate de las propias o de las del prójimo.


Hay bastante gente que, sin pertenecer a la clase de los grandes potentados, dispone, pese a la crisis, de sobrada holgura en el bolsillo. Y suele coincidir que aquél que manifiesta con toda naturalidad que «Necesito unas nuevas botas de esquí para la temporada», sea de los que cuestionan con acritud que los servicios de asistencia social paguen rentas condicionales a otro tipo de necesitados. Rentas, por cierto, cuya cuantía es inferior al precio de un par de magníficas botas para el deporte blanco. Sin ir más lejos, unas Lange RS 130, que cuestan 499 € de vellón.

¿A qué dedica su tiempo libre Sol Cortés? ¿En qué emplea su sueldo esta diputada cuyas maneras recuerdan las de otra maritornes del PP? Me refiero, claro está, a Andrea Fabra, la diputada por Castellón que celebró con un sonoro "Que se jodan", el anuncio por Mariano Rajoy de los recortes en el seguro por desempleo.

Una de las grandes ventajas que tendría la implantación de una verdera Renta Básica de Ciudadanía consistiría en eliminar de plano esa tentación de verter sospechas sobre lo que hace con ella el perceptor. La universalidad en su aplicación nos haría a todos más iguales. Políticamente me refiero, porque en cuestión de entendederas siempre habría algunas y algunos que seguirían siendo más animales que otros.

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Por cierto, noticia gozosa: aunque con cierto retraso, me acaban de comunicar que ya tenemos oficina consular en las Islas Marshall, con jurisdicción en los 29 atolones y cinco islas del país. De manera que nuestros pobres pueden trasladarse a vivir a ellas sin temor a verse consularmente desatendidos.







lunes, 12 de noviembre de 2012

Huelga general: política, por supuesto

 
Una huelga general es tan política como lo son las causas del mal que pretende frenar. Política es la decisión de cargar la cuenta de la crisis financiera sobre las espaldas de los ciudadanos. Políticas son las subidas de los impuestos a los de abajo; los recortes en las prestaciones sociales, en la sanidad, en la educación. Política es permitir los desahucios de miles de familia y la reforma laboral que cada día arroja al paro a cientos de trabajadoras y trabajadores. Y política es la obscena privatización que el PP pretende hacer de los hospitales madrileños.
  
Tras haber depredado los servicios públicos madrileños, la condesa de la mamandurria sostiene que las huelgas generales se deberían prohibir. Muy mal deben andar los fundamentos del liberalismo patrio, versión casposa, para que su principal portaestandarte en vez de predicar libertades postule prohibiciones. ¿Qué liberal auténtico se atrevería a negar mi libertad de hacer huelga, ya sea esta laboral, política o mediopensionista?

Una huelga general es política cuando las causas del mal que pretende frenar son también políticas. Porque política es la decisión de cargar los platos rotos por la crisis financiera sobre las espaldas de los ciudadanos con subidas de impuestos, recortes de las prestaciones. Y política es la reforma laboral que cada día arroja al paro a cientos de trabajadoras y trabajadores. Esencialmente, la política del Partido Popular, al que pertenece la castiza vampiresa política, consiste en castigar a los ciudadanos en vez de castigar a los banqueros. Como sería lo lógico.
                                       
Y también política, cómo no, es la obscena maniobra a través de la cual el Gobierno regional madrileño pretende poner en manos privadas algo tan esencial como la salud de la población. Una depredación en toda regla del patrimonio público de los madrileños, a la que sólo cabe poner freno con una decidida acción política ciudadana. Y la huelga general, forma parte esa acción política.



Ahora, PP y PSOE, los dos elementos del binomio bipartidista que se alterna en el gobierno gracias a una ley electoral viciada, dicen que van a atenuar los procedimientos de desahucio. Eso es una decisión tan política como políticamente indecente ha sido su actitud de mirar para otro lado mientras miles de familias han sido puestas en la calle por culpa de las estratagemas bancarias.

Adam Smith, al que los liberales y otras hierbas adyacentes consideran su profeta, advirtió de una situación realmente perniciosa. Aunque en su liberalismo embrionario no consideraba adecuado prohibirla. Dice el escocés que:

Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales reuniones por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero aunque la ley no puede impedir que las personas del mismo negocio se agrupen, tampoco debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones; y mucho menos para volverlas necesarias.

Contra los que conspiran contra el bienestar público, el 14-N las personas decentes haremos uso de nuestra libertad para ejercitar el derecho a la huelga. Quienes todavía tienen empleo, dando ejemplo de compromiso al asumir el descuento de ese día en un salario cada vez más mermado. Los que están fuera del ámbito laboral, apoyando la huelga con una abstención del consumo en esa fecha, procurando asimismo no utilizar, salvo urgencia justificada, los servicios públicos de sanidad, educación o transporte. 


Ante la convocatoria de huelga general el próximo 14-N, la ciudadanía española —que en su mayoría vive o necesita de un empleo asalariado para vivir— se enfrenta a un gran dilema: O sucumbir al miedo y buscar mil y una disculpas para no secundar la huelga o recuperar la conciencia de clase y defender las conquistas sociales logradas a través de las luchas históricas del movimiento obrero. En aras de la concisión, valga lo que ya escribí con ocasión de la anterior convocatoria del 29-M.




Ven a respirar y respira.













martes, 6 de noviembre de 2012

Los vampiros de la Sanidad pública madrileña.


La Sanidad pública madrileña se desangra. La política sanitaria del Partido Popular consiste en una vampirización del patrimonio público hospitalario, que está siendo desmantelado en beneficio de grupos de interés privado.
  

Coincidiendo con la celebración de Halloween, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció varias medidas letales para el sistema público de Salud madrileño. Aparte del discutible euro por receta, las reformas aprobadas significan que no quedará ningún hospital de gestión puramente pública; uno de cada tres centros estará totalmente en manos de empresas y se privatizan 40 de los 400 centros de salud de la región. A lo que hay que añadir el desmantelamiento del Hospital Universitario de la Princesa, el más prestigioso centro sanitario de la región donde se forman muchos médicos.

"Hay que aprovechar la crisis para introducir medidas de racionalización", afirma González en una entrevista en el diario El País. Pero el verbo "racionalizar" es escasamente objetivo. Para quienes creen en la existencia de vampiros, colgar ristras de ajos en su casa es una conducta perfectamente racional y acorde con sus creencias. Pero será irracional si se demuestra que los vampiros no existen.
   
Esa racionalización de la que habla González no supone mejorar la asistencia sanitaria de los madrileños, que debería ser la prioridad de los gestores públicos. Ahora bien, es una gran oportunidad de negocio para las corporaciones sanitarias ávidas de lucro a costa del doliente. Laboralmente, el cambio afectará a unos 5.500 profesionales, a los que se ofrecerá pasar a ser contratados por las empresas concesionarias que se queden la gestión de los centros. O sea, que no estamos ante una razón de interés público, sino ante una razón de mercado.
 
La iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender sus ideas siempre que  sean coherentes con ellas, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular está haciendo con la Sanidad Pública es entregar su patrimonio al sector privado, pagándole además por ello. Un ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, centro privado concertado, recibe anualmente más de 300 millones de euros para atender a los pacientes madrileños que tiene asignados en sus 550 camas.

Lo que resulta cuando menos chocante es que las dos últimas personas que han ostentado la presidencia de la Comunidad de Madrid sean quienes han protagonizado continuos ataques contra el sector público y sus funcionarios. Pues tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González son ambos funcionarios de carrera. Lo cual debe serles reconocido como un mérito personal. Ahora bien, ¿por qué estos funcionarios, cuyo deber sería defender las instituciones públicas, son precisamente los que, llegados al poder, centran su labor en destruir lo público?

González sostiene que la gestión privada de los hospitales supone un menor coste, pero cuando se le recuerda que a las concesionarias que gestionan los hospitales se les tuvo que reequilibrar en 2010 el canon previsto inicialmente, aumentándolo en dos millones de euros, responde con desparpajo que "Esto sucede en cualquier obra. Cuando se produce la liquidación de las obras, hay unas diferencias sobre los costes previstos. Y lo que se hace es ajustar el canon. Es habitual".

Esta "habitualidad" contradice por completo esa pretendida optimización del servicio de Sanidad pública madrileña al pasarlo a manos privadas. Pero González deja claro que su propósito es privatizar el patrimonio de todos los madrileños cuando reconoce que otro servicio público, como es el suministro de agua a través del Canal de Isabel II ofrece beneficios. Pese a lo cual, también lleva tiempo intentando privatizarlo, un proceso que "no lo hemos puesto en marcha, no lo hemos llevado adelante porque el mercado está como está y, según todos los informes de los analistas, no es posible. Así que lo que vamos a hacer es repartir los beneficios, que son de 120 o 130 millones al año, entre los accionistas, que somos nosotros y los ayuntamientos".

Así que, algo que es rentable, que proporciona ingresos a las arcas públicas se quiere también privatizar ¿Esto es racionalidad de gestor que defiende el interés público o racionalidad de vampiros?   
                   
La política sanitaria del Partido Popular consiste en una vampirización de todo aquello que funciona bien en el sector público. Lo ha hecho en Castilla La Mancha, y lo está haciendo ahora en Madrid. Los manijeros de este latrocinio son funcionarios en excedencia, con una plaza esperándoles en la Administración el día que decidan, o se les acabe, la oportunidad de seguir ejerciendo cargos de elección pública por los que perciben elevados salarios pagados por el contribuyente. Creo que ahora empiezo a comprender a quienes se refiere Cesar Molinas cuando habla de las clases extractivas.


 

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Uno de los centros hospitalarios más importantes de Madrid está en peligro: el presidente de la Comunidad de Madrid quiere convertir el hospital de La Princesa en un geriátrico, dejando en la calle a muchos de los más de 3.000 trabajadores del centro y sin atención a miles de madrileños.

Se calcula que este hospital ofrece cobertura sobre una población de 400.000 potenciales usuarios. Si lo cierran, todos los enfermos de esa zona tendrán que ser atendidos en otros hospitales, saturando aún más si cabe las consultas, tratamientos, quirófanos y listas de espera.Además, se cierran las líneas de investigación abiertas por los profesionales que llevan décadas trabajando ahí para mejorar la atención sanitaria, y cuyo trabajo se tira a la basura.

Hay que parar este desastre con una gran movilización. En un día, esta petición en Change.Org ha alcanzado las 90.000 firmas. Colabora y difunde para llegar a las 900.000.