sábado, 23 de noviembre de 2013

No he de callar por más que con el dedo...

No he de callar, por más que con el dedo, | ya tocando la boca, o ya la frente, | silencio avises, o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente? | ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? | ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
                           Francisco de Quevedo y Villegas.

Aunque el DRAE, en su tercera acepción de la voz fascista, admite el uso para calificar al que es excesivamente autoritario, no acostumbro a utilizar esa palabra a la ligera. Hay mucho hideputa por ahí que no es necesariamente fascista. A cada cual, lo suyo.

Fascista es algo más que autoritario. El fascismo es la ideología a la que se adhieren los mediocres y los cobardes. Mediocres cuyo cerebro no es capaz de procesar, y entender en su justa dimensión, la grandeza de la acción política como expresión del ser humano que vive en comunidad y genera discurso en clave ciudadana. Mediocres que buscan disimular su mediocridad vistiendo parafernalias uniformadas, o ingresan en cuerpos uniformados para satisfacer sus bajos instintos. Mediocres y cobardes que sólo cuando se agrupan en manada y ganan en número se atreven a salir a la calle a machacar a quienes no opinan como ellos.

No hay 10.830.693 fascistas en España, aunque ese fuera el número de votos que recibió el Partido Popular en las elecciones que lo llevaron al poder hace dos años. Pero no iría del todo descaminada la hipótesis de que los fascistas que hay en España, sea cual fuere su ínfimo número, sí están dentro del Partido Popular. Que alberga en sus filas a fascistas, fascistoides y fachillas de vía estrecha. 

De otra forma, no se explica esa intención del Gobierno de introducir en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana una serie de medidas encaminadas a limitar, mitigar y reducir el derecho civil de protesta. Lo que el Gobierno pretende es convertir los escraches, la grabación y difusión de imágenes de policías en acto de servicio, las protestas sin permiso ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los tribunales en faltas administrativas "muy graves".

Dado que sería muy difícil que un tribunal considerase la toma de fotografías en el curso de una manifestación como un delito, la intención del Gobierno es la de tratar este asunto por la vía administrativa. Contemplando como infracción "muy grave" -sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros- el uso y la distribución de imágenes de los policías "en plena faena".
 

Hay que ser tonto de remate o fascista redomado para pensar que amenazando con una ley de esta índole van a silenciar las protestas. El desempleo, las reformas laborales, los recortes en sanidad, educación y pensiones empujan cada día a miles de ciudadanos hacia el lado oscuro de la sociedad. Y a una persona que no tiene ya nada que perder no le van a asustar las multas, por desorbitada que sea su cuantía. ¿Sancionarán con 600.000 euros al desahuciado que no tiene bienes embargables, al precario que gana un sueldo miserable, al jubilado con una pensión por debajo del umbral de pobreza?

El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa -la organización que agrupa a España y a otros 46 países europeos-, Nils Muiznieks, ha manifestado su "seria preocupación" por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles. La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy es "desproporcionada" y va en contra del derecho de reunión y manifestación, ha afirmado.
Lo que una ley de este tipo sí podría conseguir es que las protestas dejasen de ser pacíficas. Me explico: recurrir una multa de estas dimensiones por la vía del contencioso administrativo puede suponer 2.000 euros solo en tasas, mientras que por lo penal es gratis.

Entonces, habida cuenta de que se nos enseña a pensar en términos económicos y no políticos, podría ser que alguien razonara de la siguiente manera: si por hacer una foto de un policía zurrando al personal me cae una multa de 600.000 euros y recurrirla cuesta 2.000 euros, mejor le atizo una pedrá que lo crujo, lo que deja de ser falta administrativa y constituye un delito. Por el que me detienen y me juzgan sin que me cueste un céntimo. En el peor de los casos, me encierran algunos años en la cárcel, estancia que reduzco realizando estudios, y al salir de la trena me pagan el subsidio de 426 € estipulado para los egresados de prisión.

Los policías deberían comenzar a preocuparse. Con la nueva ley podría darse la circunstancia de que, en vez de hacerles fotos, se encuentren con alguien que les diga: "No es nada personal, sólo negocios".




Por cierto, ¿qué cuantía tendrá la multa que sancione el uso de una excavadora para achuchar a la policía, como hacen los manifestantes en Ucrania? 




jueves, 14 de noviembre de 2013

Un euro en el bolsillo de un pobre compra más que un euro en el bolsillo de un rico


La secretaria de Estado Montserrat Gomendio afirmó, sin despeinarse, que una beca de100 euros al mes no es mucho dinero. Lo cual es cierto, por lo que debería buscar la forma de incrementarla, en vez de suprimirla, como ha hecho, con manifiesto desprecio hacia los perceptores.

La penúltima tropelía cometida por el ministro Wert,  obligado a rectificar aunque sólo en parte su propósito de suprimir la dotación a las becas Erasmus a miles de estudiantes, ha venido acompañada de una flagrante muestra de insensibilidad por parte de Montserrat Gomendio Kindelan, secretaria de Estado de Educación y actual pareja sentimental de Wert.

Al aire de la gran protesta en el ámbito estudiantil, Gomendio afirmó sin despeinarse que 100 euros al mes no es mucho dinero. Según para quién, debe matizarse. Pues la utilidad marginal crece más rápidamente en el caso del individuo pobre, para el que una unidad monetaria adicional significa mucho más de lo que supone para un rico. Para una persona rica, un euro añadido apenas tiene poder adquisitivo, mientras que, para una persona en situación de necesidad, ese mismo euro significa poder comprar una barra de pan.

Corolario: un euro en el bolsillo de un rico compra menos que un euro en el bolsillo de un pobre. O viceversa.


José Ignacio Wert, ministro de Educación, y su actual pareja, Montserrat Gomendio Kindelán, secretaria de Estado de Educación

Puede que gente como Monserrat Gomendio no se moleste en agacharse si ve un euro en el suelo. En su declaración jurada de alto cargo dijo tener propiedades por valor de 14,5 millones de euros (2.407 millones de pesetas). En el proceso de divorcio de Gomendio del que ha sido su marido durante los últimos veinticuatro años está en juego un ingente patrimonio: una casa en Pozuelo de Alarcón y un piso en la calle Joaquín Costa de Madrid. Ambas propiedades estarían valoradas en más de 1,5 millones de euros. También una vivienda en Londres y otra en Cambridge, donde la Secretaria de Estado cursó parte de sus estudios universitarios, con un precio de mercado de unos 3 millones de euros. Por último, varias fincas en Almería, una de las cuales podría superar por sí sola los 20 millones de euros.

A diferencia de muchos compañeros de profesión, esta bióloga es una persona bastante rica. Cuya fortuna no discutiremos aquí, salvo que haya sido obtenida por medios ilícitos o explotadores de terceros. Sí criticaremos el hecho de que altos cargos, como Gomendio, se permitan despreciar cómo vive la gente humilde. Cuyo número aumenta a marchas forzadas por la gestión socialmente depredadora del Gobierno para el que trabaja.

Es triste que, puesto que en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente no se ha invitado a sentarse a las personas más desfavorecidas, éstas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna son definidas por otros. Y queda demostrado el riesgo social que supone dejar que sean los ricos —o sus  administradores— los que se encarguen de evaluar las necesidades ajenas. Pues es propio de la condición humana utilizar distinta vara de medir las necesidades según se trate de las propias o de las del prójimo.

Hay bastante gente que, sin pertenecer a la clase de los grandes potentados, dispone de sobrada holgura en el bolsillo. Y suele coincidir que aquél que manifiesta con toda naturalidad que “Necesito unas nuevas botas de esquí para la temporada”, sea de los que cuestionan con acritud que los servicios de asistencia social paguen rentas condicionales a otro tipo de necesitados. Rentas, por cierto, cuya cuantía es inferior al precio de un par de magníficas botas para el deporte blanco.


Me permito insistir en las reflexiones de Nicolas de Condorcet expuestas en los dos artículos precedentes.