Felipe VI : "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social” ¿A qué esperamos?

En su tradicional discurso de Navidad, el Rey Felipe VI, señaló que "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social". Afirmación que, en boca del jefe del Estado, significa la constatación oficial de los datos que se desprenden del XIV Informe El Estado de la Pobreza en España presentado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

No acostumbro a escuchar el tradicional discurso de Navidad del Rey. Y no lo digo para alardear de republicanismo, sino por el tedio que me produce esta función. "¿Cuándo dejaremos de analizar los discursos de Navidad del rey como si fueran textos bíblicos?", se pregunta el escritor Juan José Millás, en medio de aluvión de críticas y aplausos que, como todos los años, provoca la intervención del monarca. "Son inevitablemente, y como el decorado desde el que habla, de cartón piedra", concluye Millás: "Puras patochadas. ¿Quién recuerda lo que dijo el año pasado?".

No obstante, y dado que Felipe VI, aparte de Rey es también el jefe del Estado, aunque nos ahorremos el tostón en directo, no está de más hojear en la prensa el resumen de la real pieza oratoria. No vaya a ser que se nos escape algún aspecto que de alguna forma nos concierna.

"España es un gran país". Pese a haber pronunciado esta frase en multitud de ocasiones, el Rey ha querido este 24 de diciembre volver a remarcar que España es una nación "modélica" en el desarrollo democrático. Y, aunque con precaución porque "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social", Felipe VI ha dedicado un momento a señalar el futuro "prometedor" del país al observar el comportamiento de la economía en términos de "crecimiento, empleo y exportaciones".

Resalto la frase: "queda mucho por hacer en materia de pobreza y exclusión social", ya que, si lo afirma el jefe del Estado, significa la constatación oficial de lo señalado en el XIV Informe El Estado de la Pobreza en España presentado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). A grandes rasgos, estas son sus principales conclusiones.

El 26,5 % de la población española, unos 12,7 millones de personas, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Según la investigación, el riesgo de pobreza o exclusión social -tasa AROPE- ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material y social severa.

Los otros dos indicadores de la tasa -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido prácticamente estables. Aun así, preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo.

La situación es, un año más, peor para las mujeres. Los datos evidencian que la feminización de la pobreza es un problema estructural: hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.

Algunos indicadores alertan también sobre la realidad que atraviesan millones de familias, como es el caso del 37,1% de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Casi la mitad de la población (48,7%), además, presenta dificultades para llegar a fin de mes.

Las familias monoparentales, en la cuerda floja

Según el informe, la peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes ha afectado muy duramente el incremento del coste de la vida, lo que se ha traducido en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8% hasta el 28,9%.

Concretamente, unos 2,3 millones de niños y adolescentes están en riesgo de pobreza. En este sentido, EAPN-ES ha señalado que no hay menores pobres sin hogares pobres y ha insistido en que nacer en una familia vulnerable aumenta las posibilidades de ser pobre en edad adulta.

Para la red, preocupa especialmente la situación de los hogares monoparentales: más de la mitad (52,7%) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2% de 2022. Además, la gran mayoría de ellos (el 80,7%), están encabezados por una mujer.

El encarecimiento de la vida derivado de las últimas crisis ha afectado especialmente a esas familias, pues el 26,5% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4%) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. La pobreza energética, de hecho, ha alcanzado máximos históricos: un 43,1% de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda lo suficientemente fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno.

Estas cifras de la pobreza contrastan con la bondad de los datos macroeconómicos, que muestran una inusitada fortaleza de la economía española. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional ha duplicado en el último año el del conjunto de Estados miembros, con un 3,4% frente al 1,7% de la media. Y si descendemos más al detalle, observaremos que las ventas de coches nuevos en 2024 han superado el millón de unidades por primera vez desde 2019.

El corolario de estas cifras es muy claro: un país con un aceptable grado de riqueza nacional donde, al mismo tiempo, un nutrido sector de la población se halla en situación de pobreza, es un país donde existe la desigualdad. Una desigualdad social en la distribución de la riqueza que es impropia de un Estado moderno, como España, miembro destacado del grupo de países que integran la Unión Europea.

Los partidarios de la Renta Básica Universal, creemos que la aplicación de la misma eliminaría, por definición, la situación de pobreza. No obstante, y puesto que en el momento actual no hay ningún partido político que contemple esa medida en sus programas, al menos debemos aspirar a que el Gobierno lleve a cabo una firme acción con las herramientas de política social a su alcance.

En aras de bien común, lo deseable sería un gran acuerdo de Estado, un pacto de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, para tomar medidas destinadas a equilibrar esa desigualdad social. Algo que parece imposible a la vista de la actitud de acoso y derribo del Gobierno por parte de la derecha. En concreto, con un Partido Popular que, desde que pasó a la oposición, se ha opuesto sistemáticamente a toda mejora en las prestaciones sociales. Desde la subida de las pensiones hasta la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

En concreto, el debate sobre el SMI es un perfecto ejemplo de las falacias con las que el entramado (político, empresarial y mediático) de la derecha española se opone a reducir la desigualdad social. En todas y cada una de las ocasiones en que el actual Gobierno ha incrementado su cuantía se han escuchado auténticas truculencias que auguraban un gran desastre para el empleo y pronosticaban el hundimiento de la economía nacional. 

En 2018, gobernando el PP, el importe del SMI se situaba en 735 euros mensuales. A partir de entonces, los sucesivos Gobiernos de coalición progresista encabezados por Pedro Sánchez, en negociación con los agentes sociales, han incrementado, año a año, el SMI hasta alcanzar los 1.134 euros (15.876 euros brutos anuales) en los que se situó en 2024, con la oposición de la patronal CEOE.

¿Cuál es la explicación de que, con una revalorización acumulada del 54 % no se hayan cumplido las catastróficas profecías de la derecha, incluida la del gobernador del Banco de España? La explicación es tan sencilla que nadie ganará el Nobel de Economía por ello. En la segunda década del siglo XX, el empresario Henry Ford I, que no era precisamente un visionario de izquierdas, adoptó unilateralmente la decisión de pagar a los obreros de sus fábricas de automóviles una retribución mínima de cinco dólares diarios. Pues, como él mismo se preguntó con lógica inapelable: "¿De otra forma ¿quién compraría mis coches?"

Poner dinero en manos de los sectores de población más desfavorecidos no sólo es una medida de interés social. También lo es desde el punto de vista económico, pues esos sectores verán aumentado su poder adquisitivo y, como sostiene un empírico adagio de la economía: "un euro en el bolsillo del pobre compra más que en el bolsillo del rico".  

Por lo tanto, es obligación de este Gobierno seguir incrementando las prestaciones sobre las que puede actuar de forma directa. Y no sólo el SMI, sino también las pensiones mínimas contributivas que perciben unos tres millones de jubilados, cuya cuantía se encuentra a gran distancia del SMI, al que, por un evidente sentido de justicia, deberían equipararse. En 2025, la pensión mínima contributiva queda fijada en 830 € mensuales. 

Ventajas del terraplanismo para la integridad de España

Conforme al principio de Brandolini, la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es de un orden de magnitud mayor que la necesaria para generarlas. Sin embargo, en lo referente a las cuestiones patrias, el terraplanismo evita un considerable desperdicio de esa energía. En estos cruciales momentos en que, según los partidos y la prensa de derechas, España está (una vez más) a punto de romperse, la planicidad de la Tierra supone una gran ventaja. Pues, en caso de ruptura, los fragmentos se quedarán en el mismo lugar en el que estaban, mientras que, de ser cierta la esfericidad del planeta, tal como sostienen las ciencias convencionales, esos trozos de españolidad caerían fatalmente, dispersándose parte de la esencia hispana en el vacío interestelar.

La ley de la variedad requerida o también conocida como ley de Ashby (William Ross Ashby, 1956), establece que cuanto mayor sea la variedad de acciones de un sistema regulado, también es mayor la variedad de alteraciones posibles que deben ser controladas. Dentro del complejo mundo de las interacciones sociales humanas, las denominadas "teorías de la conspiración" ilustran muy bien esas alteraciones que perturban el normal funcionamiento del sistema.

Veamos algunas de las teorías conspirativas de mayor calado: la Covid (la epidemia fue creada por farmacéuticas para introducir una vacuna con microchips de control); el gran reinicio (el plan de recuperación económica elaborado por el Foro Económico Mundial en respuesta a la pandemia de la covid-19 es, en realidad, un plan de control global de la población); la tiranía verde (la crisis climática es un bulo creado por la industria verde para recortar derechos y libertades); el gran reemplazo (un plan oculto para que la población cristiana europea sea reemplazada por árabes, norteafricanos y subsaharianos)

Entre las teorías conspirativas más extravagantes cabe señalar la de los chemstrails (apoyándose en las estelas de condensación que dejan en la atmósfera las aeronaves a gran altura, afirma que el Gobierno utiliza los aviones comerciales para esparcir gases destinados a influir en las personas por "razones siniestras"; algo similar a la que afirma que el Gobierno emite algún tipo de mensajes enmascarados en las señales de televisión para controlar la mente de las personas.

Pero la conclusión más increíble del sondeo que el centro estadounidense de análisis Public Policy Polling realiza cada dos años al concluir cada ciclo electoral, es que el 4% de los consultados no duda en afirmar que Estados Unidos es gobernado por lagartos extraterrestres disfrazados de personas, como en la popular serie de televisión V. Y recientemente, la representante republicana Marjorie Taylor Greene ha sugerido que los huracanes están siendo creados de forma artificial y dirigidos contra los votantes de Trump… ¡usando láseres!

No se olvide que entre los votantes de Trump abundan los creyentes en la teoría QAnon (una cábala satánica y pedófila quiere controlar el mundo). La doctrina general de QAnon es que el "estado profundo", una supuesta red secreta de élites globales con su propia agenda política, maneja los asuntos mundiales. Esta red está integrada por una camarilla secreta de adoradores del diablo dedicados al secuestro en masa de niños

Sin duda, la teoría conspirativa más surrealista es la que afirma que la Tierra, nuestro planeta, es plana. Lilia Lemoine, diputada electa en Argentina por el partido La libertad avanza, liderado por Milei, es una ardiente defensora de esta visión: “¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda?”; por esa razón no hay vuelos comerciales sobre el océano Pacífico. Gracias a sus méritos científicos, Lemoine fue nombrada primera secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la Cámara de Diputados. Pero no solo afirma que la tierra es plana; tampoco cree que el hombre haya llegado nunca a la luna, otra conspiración en la que, como en tantas otras, están envueltas sectas secretas que pretenden dominar el mundo, y controlarnos.

España no se libra de sus propias teorías conspirativas, en general creadas por grupos de ultraderecha que la derecha con posibilidades de gobernar no tiene el menor reparo en asumir.

Por ejemplo, el lanzado a raíz de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Esta unidad, que depende del Ministerio de Defensa, se creó en octubre de 2005 con el objetivo de "intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos" en supuestos de "grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas". Entre estos casos se incluyen las emergencias declaradas de interés general, los riesgos naturales o tecnológicos, los incendios forestales, los atentados terroristas y cualquier otro que decida la Presidencia del Gobierno.

Pues bien, la UME nació bajo sospecha en cuanto a los motivos de su puesta marcha, debido a la campaña alimentada por la prensa de derechas que llegó a sembrar la sospecha de que se trataba de la guardia pretoriana del entonces presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. Según llegaron a vaticinar algunos, merced a esa fuerza armada, pretendía perpetuarse en el poder atrincherándose en el palacio de la Moncloa.

La otra gran teoría de la conspiración en versión carpetovetónica predice la ruptura de la sacrosanta nación española. "España se rompe" es la consigna que anuncian, un día sí y otro también, los partidos políticos de la oposición, la patronal y los altavoces mediáticos sostenidos por ellos. Según ellos España se ha roto en varias ocasiones: por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI); por la legalización del matrimonio homosexual; por la declaración de independencia de Cataluña durante cinco minutos y por el posterior indulto —ampliado ahora en forma de amnistía— a los responsables de aquel ridículo episodio.

En 2013, el matemático italiano Alberto Brandolini apuntó lo que ya es conocido como el principio Brandolini: la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es de un orden de magnitud mayor que la necesaria para generarlas. 

En este sentido, el terraplanismo viene a ahorrarnos un considerable desperdicio de energía. Ya que, en estos cruciales momentos en que España está (una vez más) a punto de romperse, la planicidad de la Tierra supone una gran ventaja. Pues, al romperse, los fragmentos se quedan en el mismo lugar en el que estaban, mientras que, de ser cierta la esfericidad del planeta, tal como sostienen las ciencias convencionales, esos trozos de españolidad caerían fatalmente, dispersándose parte de la esencia hispana en el vacío interestelar.

De vuelta del infierno gracias a la Sanidad Pública

 

Inferno, canto 32 Ilustración de Gustavo Doré, 1861

Breve crónica de una experiencia personal en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Princesa. Uno de los centros de la Sanidad Pública madrileña cuyos profesionales sanitarios realizan un magnífico desempeño pese a los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno regional del Partido Popular.   

—. . . 

—Servicio de emergencias, dígame.

Una voz femenina responde con tono sosegado y profesional al otro lado del número de teléfono al que, por fin, he tenido la osadía de llamar: el 112. Una iniciativa que me ha llevado algo de tiempo tomar ante la duda de si era estrictamente necesario hacerlo. Recurrir a estos servicios no debe hacerse a la ligera, como esos excursionistas domingueros que, a la primera de cambio y sin un incidente de gravedad real, tan sólo porque un miembro del grupo va muy fatigado o porque se han despistado en la ruta, en lugar de tratar de resolver el problema por sí mismos, lo primero que hacen es tirar de móvil, provocando la entrada en acción de costosos servicios públicos de rescate.  

Cuando me decidí a llamar al 112 yo no estaba en ningún sendero del monte. Me hallaba, en todo caso «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita.» [En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida], como rezan los versos con los que Dante Alighieri principia su Divina Commedia; (Inferno, I canto, vv.1-3).

En efecto, desde hacía una semana me parecía estar transitando por un camino que conducía hacia el infierno. Llevaba días arrostrando los síntomas de lo que creía era tan solo un potente catarro, con la esperanza de encontrar alivio y partir hacia La Valle Verde o valle de Pineta. Un singular espacio pirenaico que en esos días finales de la primavera se muestra en todo su esplendor cuando los neveros están en fusión y las aguas del Ibón de Marboré se descuelgan violentas en forma de grandes cascadas, dando lugar al nacimiento del Cinca. Incluso parte del equipo y provisiones de excursión estaban ya el maletero del coche.

La noche de San Juan no fue demasiado mágica para mí. A decir verdad, resultó más bien demoníaca. Un test de antígenos de farmacia arrojó un resultado positivo en Covid. El martes 25 recupero de algún cajón el olvidado pulsímetro de pinza que sólo utilizo en las cada vez más contadas excursiones de montaña: marca una frecuencia cardíaca de 135 en reposo y muy baja saturación. Intento la misión imposible de hablar telefónicamente con un médico del centro de salud, pero el notable deterioro de la Asistencia Primaria en la Comunidad madrileña se evidencia en el bucle sin salida del robot telefónico que atiende la llamada sin proporcionar solución alguna. Me planteo acudir por mi cuenta al servicio de urgencias de mi hospital de referencia. Pero la disnea aumenta y, por fin, un punto de lucidez ilumina mi mente, hago caso a la familia y detengo el camino hacia el infierno marcando en mi teléfono las tres cifras: 112.

—Servicio de emergencias, dígame. 

A partir de ahí, la comunicación se desarrolla de forma muy sencilla. Describo mi problema, mi identificación y domicilio, toman nota de los datos asegurándome que en breve acudirá un recurso asistencial. Antes de media hora llegan dos sanitarios que me acompañan hasta la ambulancia en la que, nada más subir, comienzan a aplicarme oxígeno mientras con el clásico despliegue de luces y sirenas me trasladan al hospital de la Princesa. Al parecer, según le comenta el médico a mi mujer, he llegado muy justo y llegan a considerar la posibilidad de intubarme. Diagnóstico: neumonía bilateral por Covid. Acto seguido me ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante seis días permanezco internado en un módulo de dicha unidad, envuelto en una maraña de conexiones al aparataje clínico: vías intravenosas, sondas, electrodos de monitorización, amén de la permanente mascarilla de ventilación mecánica no invasiva (por fortuna, descartaron la intubación) a través de la cual me llega el oxígeno que mis pulmones son incapaces de obtener por sí mismos. Al cabo de ese periodo me trasladan a una habitación aislada donde, de manera progresiva, voy recuperando la capacidad respiratoria autónoma.

El internamiento en la UCI es una situación personal no demasiado cómoda, pero tampoco es cosa de andarse con melindres habida cuenta de que también supone un privilegio de los que vivimos en el primer mundo. Pienso en las escasas oportunidades sanitarias de la mayor parte de la población del planeta. Si un incidente similar lo hubiera sufrido un habitante de alguno de los países africanos a los que yo me he permitido el lujo de viajar, ese habría sido el final de su trayectoria vital.

Estas personas ni siquiera tienen la posibilidad de viajar a mi país. Y no sólo por falta de recursos materiales, sino por las políticas contra el derecho humano a la libre circulación de las personas impuesta por los países más desarrollados. Entre ellos España, donde los patrióticos adalides del Partido Popular piden desplegar buques de la Armada para frenar la navegación, casi a la deriva, de los frágiles cayucos donde gente desesperada huye del hambre, de las sequías, de las guerras.    

La Sanidad Pública es, sin duda, la joya de los servicios públicos del Estado de Bienestar. Tarde o temprano, quien más quien menos, padecemos algún tipo de dolencia que precisa atención médica. En algunos casos, con delicadas intervenciones clínicas. Por ello resulta asombrosa la estúpida ceguera de esos millones de votantes que han contribuido a colocar en la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso, la más descarada representante de los enemigos de la sanidad pública. Que, entre otras frivolidades, le ha concedido una distinción madrileña —por supuesto, no en mi nombre— a ese desgreñado tipo argentino que va pregonando a los cuatro vientos la destrucción de los servicios públicos y la justicia social. 

Por suerte, mi estancia en la UCI nada tuvo que ver con esos dramáticos momentos que pacientes y sanitarios tuvieron que afrontar en el momento álgido de la pandemia del Covid19. Cuando faltaron medios de toda índole, desde respiradores a elementos de protección de personal sanitario, como las imprescindibles mascarillas cuyo suministro se convirtió en una perfecta oportunidad de negocio, no siempre limpio, para muchos desaprensivos. Algunos de ellos cercanos al entorno personal de la presidenta. 

Y no olvidemos que, tras declararse la pandemia del Covid-19, en solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid murieron a causa de la infección. De ellas, 7.291 personas fallecieron sin tener opción a ser trasladadas y atendidas en un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Díaz Ayuso lo impidió a través de los llamados protocolos de la vergüenza. 

Mi peripecia clínica tuvo su colofón al décimo día, en el que fui dado de alta. En el momento de recibirla expresé al equipo médico mi reconocimiento por el excelente trabajo realizado. Es su obligación, dirán algunos, pero lo realmente meritorio es que los profesionales sanitarios continúen realizándolo con la eficacia requerida, pese a las creciente inestabilidad laboral que padece el sector a causa de los sucesivos recortes presupuestarios. Recortes efectuados por un gobierno cuya presidenta jalea las consignas neoliberales resumidas en la figura de la motosierra que el argentino Miley esgrime contra los servicios públicos. 

Recortar en sanidad es un acto criminal

                                                                                                                                     Sergio Pérez EFE

Si las privatizaciones de bienes de titularidad pública son condenables en sí mismas, cuando de ellas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal.

 

Una multitudinaria manifestación recorrió hoy el centro de la capital en señal de protesta por el creciente deterioro de los servicios públicos de salud de la Comunidad de Madrid. Alrededor de 18.000 personas, según fuentes de la delegación de Gobierno, partieron en cuatro columnas correspondientes a los puntos cardinales para confluir en la emblemática plaza de la Cibeles.

 

El millón de pacientes en lista de espera, la falta de pediatras o los centros de salud sin médicos de urgencias son algunos de los aspectos más sangrantes de la pésima gestión sanitaria del gobierno presidido por Isabel Ayuso. Entre las consignas coreadas por los participantes cabe destacar la que encabeza este post: recortar en sanidad es un acto criminal. Máxime cuando esos recortes se realizan a costa de privatizar las prestaciones.

Por supuesto, la iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender su actividad siempre que sean coherentes, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular lleva haciendo en Madrid con la Sanidad Pública es entregar el patrimonio público de los madrileños al sector privado. Tal y como se cuenta con mayor detalle en esta otra entrada del blog. Tal y como se cuenta con mayor detalle en esta entrada del blog.

Si las privatizaciones de bienes de titularidad pública son condenables en sí mismas, cuando de ellas se derivan efectos letales para la salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal. Y el ejemplo más palpable lo vimos durante la pandemia del Covid, cuando el Gobierno de la CAM presidido por Isabel Díaz Ayuso dictó una orden por la que se negó asistencia médica a las 7.291 personas ancianas que acabaron muriendo abandonadas a su suerte en las residencias de mayores.

Sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio. Años después, al ser interpelada en la Asamblea por estas muertes, Ayuso las justificó con una mezcla de cinismo y crueldad: "Se iban a morir igual" 

La plataforma ciudadana a favor de la sanidad pública resume sus reivindicaciones en este decálogo:

1. Hay 1.003.721 pacientes en las listas de espera, más de 15% del total de la población de la Comunidad de Madrid.

2. La inversión del Gobierno en sanidad pública es de 1.468 euros anuales por cada madrileño, un 30% menos que la media de las Comunidades Autónomas.

3. El número de pediatras ha disminuido un 30% en los tres últimos años, según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

4. El número de camas hospitalarias ha descendido un 11% en las últimas dos décadas, hasta las 12.240, aun cuando la población ha crecido por encima del 30%.

5. El promedio de camas de urgencias en Madrid y en España es de 3 por cada 1.000 habitantes, un 33% menos que la media de la UE de 4,5 camas por cada 1.000 habitantes.

6. El 40% de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) no tienen médico.

7. El 35% de los Servicios de Atención Rural (SAR) también carece de médico, según un estudio de campo realizado por la plataforma vecinal convocante.

8. Falta personal de enfermería: de los 4.024 que había en 2007, bajó a 3.486 en 2022, un 13% menos, según cifras del Ministerio de Sanidad.

9. Madrid destina el 10% del presupuesto autonómico de Sanidad a la atención primaria, frente al 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

10. Cobro de 500 euros a los estudiantes de FP por hacer las prácticas en el campo sanitario. (*)

(*) CCOO de Madrid, a través de su Federación de Enseñanza, ha realizado reiteradas denuncias sobre el cobro de 500 euros por las prácticas al alumnado de Formación Profesional (FP) en su rama sanitaria. Sin embargo, el Gobierno regional «no ha puesto fin a esta exigencia de pago», denuncian. Por eso el sindicato ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para que intervenga.

El sistema bancario es insolvente por definición

 

 No hagan caso a los cantos de sirena de las entidades bancarias que animan a privatizar las pensiones de jubilación y dejarlas en sus manos. La insolvencia es consustancial a la naturaleza del negocio bancario. Ya que un banco no podría hacer frente a sus pagos si todos los titulares de cuentas y depósitos se presentaran juntos y exigieran retirar su dinero a la vez.

Se conoce como sistema piramidal a una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de prometedores o exagerados rendimientos. La clave de la estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias a nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener grandes beneficios. El sistema sólo funciona si crece la cantidad de nuevas víctimas

Este sistema se conoce también como esquema Ponzi, en recuerdo de Carlo Ponzi, un emigrante italiano que llegó a Estados Unidos en la segunda década del siglo XX y organizó una monumental estafa. Utilizando el señuelo de los suculentos intereses que prometió pagar a quienes invirtieran en una sociedad de compra de cupones de correos que se inventó, Ponzi consiguió que la gente hiciera colas ante su oficina, treta con la que consiguió recolectar abrumadoras sumas de dinero. Pero, en realidad, Carlo no estaba comprando los cupones, sino que estaba pagando rendimientos de hasta el 100% en tres meses con el capital de los sucesivos nuevos inversores.

Ponzi tuvo una temprana imitadora en España, nada menos que Baldomera Larra Wetoret, hija del escritor Mariano José de Larra. En la segunda mitad del siglo XIX, Baldomera montó su Caja de Imposiciones, prometiendo al que le dejaba una onza de oro que en un mes la devolvería duplicada. Se cree que llegó a recaudar 22 millones de reales a través de este fraude piramidal que afectó a unos en 5.000 impositores. Descubierto el pastel, huyó hasta ser finalmente detenida, juzgada y enviada a prisión en 1879.

Ponzi y doña Baldomera no dejan de ser más que unos simples aficionados si los comparamos con el mayor invento piramidal de todos los tiempos: la banca. El sistema bancario es insolvente por definición, ya que la insolvencia es consustancial a la naturaleza de su negocio. En lo esencial, tal negocio consiste en operar con un margen de intermediación que obtiene pidiendo dinero prestado a corto plazo —cuentas corrientes o depósitos— y prestándolo a largo plazo. La insolvencia financiera es permanente, ya que un banco no podría hacer frente a sus pagos si todos los clientes titulares de esas cuentas o depósitos exigieran su dinero a la vez.

Cada vez que un banco hace un préstamo crea un depósito. Por ejemplo, si el Sr. Pérez necesita un préstamo para hacer una compra, el banco incrementa el depósito del Sr. Pérez en la misma cantidad que figura en el cheque, o transferencia, que el banco le da para realizar la compra. Los depósitos son el pasivo del banco. Los poseedores de ellos tienen licencia para retirar estos depósitos, y están previamente relacionados al pago de un activo al banco, como resultado del cual los depósitos aparecen. Así, cuando un trabajador deposita su salario, el banco incrementa su activo con este dinero y aumenta igualmente su pasivo con un depósito (números) a la cuenta del cliente.

Bajo los principios de contabilidad, el balance se fundamenta en la igualdad del pasivo y del activo. El esquema básico de balance de un banco es el siguiente:

ACTIVO

* Efectivo

    - en caja

    - en el Banco de España

* Dinero pagadero a petición y corto plazo

* Efectos o letras

* Inversiones o fondos públicos (papel del Estado)

PASIVO

* Depósitos bancarios

    - Cuentas corrientes

    - Depósitos a plazo fijo

En el activo, el banco tiene dinero efectivo en reserva, una parte en forma de billetes y monedas en la caja y otra, obligatoriamente, en el Banco de España. Todos los bancos comerciales están obligados a tener depósitos de reserva en este Banco Central, que hace las veces de banquero de los bancos.

El dinero pagadero a petición y corto plazo consiste en cortos préstamos en el mercado interbancario que los bancos e instituciones financieras establecen entre sí. Igualmente lo son los efectos o letras, en su mayor parte provenientes del Gobierno para ser pagados a las pocas semanas. Estos son considerados como líquido, ya que son fácilmente convertibles en dinero efectivo (a través del Banco de España, y cuyo proceso permite convertir números en líquido). Las inversiones o fondos públicos son títulos de crédito de primerísima clase (normalmente suscritos con el Estado). Y finalmente en el activo están los avances, es decir, los préstamos y anticipos que son la parte más lucrativa del negocio bancario.

En el pasivo están todos los depósitos bancarios (simples números) que forman las cuentas corrientes y los depósitos a plazo fijo.

En la distribución del activo es donde se consigue maximizar el beneficio. Por un lado los banqueros quieren el mayor beneficio y lo buscan con el aumento de los fondos públicos y los préstamos o anticipos, ya que con ellos se obtiene el mayor provecho (cobro de interés de un dinero prestado que no tienen), puesto que consisten únicamente en abrir depósitos (creación de crédito); Por otra parte, el banco tiene la obligación de garantizar a sus clientes el efectivo y, por tanto, tiene que cuidarse de que sea capaz de cubrir las demandas de efectivo de los depositarios (no obstante, hoy en día la demanda se disminuye artificialmente con el masivo uso de tarjetas de crédito y cheques) y por ello, han de mantener un sensato margen de liquidez.

El sistema de depósitos permite a los bancos prestar un “dinero” que no está cubierto, salvo en una pequeñísima parte, por dinero efectivo o dinero en billetes que emite el Banco de España. Es decir, pueden prestar dinero que no tienen o que lo han creado de la nada, simplemente abriendo un depósito, mientras cobran interés por ese dinero. Se calcula que los bancos comerciales prestan en una relación media entre capital (dinero que el banco dispone en efectivo) y préstamos (dinero en depósitos a disposición del cliente) de 1/20, es decir, por cada 20 euros prestados sólo 1 es poseído en realidad y los otros 19 han sido creados de la nada. 

De lo que se deduce que, si todos los depositarios demandaran su dinero en el mismo día, el banco no tendría dinero para pagar a todos en efectivo. No obstante, los bancos disminuyen la demanda de efectivo gracias a la transferencia de dinero directamente de depósito a depósito. El equilibrio se mantiene gracias al sistema de clearing que interconecta a todos los bancos, compensando todas las transferencias de dinero entre ellos, de forma que el dinero efectivo no se ha de mover de su sitio, sólo los números entre los diferentes depósitos se mueven.

Por otra parte, muchas de las pequeñas operaciones se establecen con cheques (números) que se transfieren de una cuenta a otra, o con tarjetas de crédito, sin necesidad de dinero efectivo. Cuando se paga con un cheque del Banco A que es ingresado en el Banco B a cuenta de otra persona, lo único que sucede es que se transfieren una serie de números de una cuenta a otra. Al final de un día de transferencias entre los dos bancos A y B se compensan las cifras, con lo cual el efectivo no se mueve de su sitio. Todos estos procedimientos permiten que la diferencia entre la cantidad de dinero circulante total y la cantidad de billetes y monedas en circulación se haga cada vez mayor.

7291: el número de la vergüenza en Madrid

Tras declararse la pandemia del Covid-19, en solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid murieron a causa de la infección. De ellas, 7.291 personas fallecieron sin tener opción a ser trasladadas y atendidas en un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso lo impidió a través de los llamados “protocolos de la vergüenza”.

 

La pandemia del Covid-19 cogió desprevenidos a los gobiernos de los países desarrollados. Situando, tanto a los dirigentes como a la propia sociedad, ante una emergencia sanitaria de una dimensión inimaginable. Desde el primer momento de la propagación del virus, nuestras sociedades tecnológicamente avanzadas se vieron sorprendidas por la carencia de equipos de protección tan sencillos como batas para los profesionales sanitarios o mascarillas faciales tanto para ellos como para el conjunto de la población. En España, un sistema de salud descentralizado tuvo que improvisar una serie de respuestas, a menudo contradictorias, dictadas por las respectivas autoridades autonómicas. Respuestas cuya eficacia se vio seriamente perjudicada por la actitud del Partido Popular que, en vez de aunar esfuerzos con el Gobierno nacional, quiso ver en esta emergencia una oportunidad de oro para defenestrar al socialista Pedro Sánchez. Un presidente al que, desde su llegada a la Moncloa por vías democráticas, intentan presentar como la encarnación del Maligno. 

El contagio viral resultó especialmente dramático para las personas ancianas alojadas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. En solo dos meses, marzo y abril de 2020, más de 9.000 personas mayores que vivían en esas residencias murieron. Uno de cada cinco del total de residentes. La inmensa mayoría de ellos, 7.291 personas, fallecieron sin ser trasladados a un hospital porque el gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso lo impidió con los llamados protocolos de la vergüenza. Una serie de órdenes por las que se negaba el traslado de los ancianos contagiados en las residencias a los hospitales donde hubieran podido recibir asistencia adecuada.

Desde que el Partido Popular se hizo con las riendas de la Comunidad de Madrid, sus dirigentes han contemplado el servicio público de Salud como un gran negocio para el entorno empresarial afín al partido. Desde los tiempos de Esperanza Aguirre, la obsesión por privatizar la gestión del sistema de Salud ha sido una constante. Con Isabel Díaz Ayuso, el trato dado a los ancianos en las residencias durante la pandemia roza los límites de lo criminal. Tan sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio.

A petición de familiares de personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 en las residencias de la Comunidad de Madrid, agrupados en las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, el 13 de abril de 2023 se constituye la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. Con la finalidad de investigar las muertes de esas 7.291 personas que fallecieron en dichos centros sin recibir atención sanitaria adecuada.

Para ello, la Comisión ha recopilado información de diversos tipos. Un proceso que culminó los días 15 y 16 de septiembre, con la celebración de dos “Jornadas de Comparecencias”, durante las que la Comisión obtuvo el testimonio de residentes, familiares, trabajadoras, periodistas, miembros de organizaciones sociales y representantes públicos que vivieron en primera persona lo sucedido o dedicaron mucho tiempo a investigarlo. A partir de toda la información recogida se ha elaborado un Informe que se puede consultar aquí.

Las cifras de fallecidos –las de contagiados son imposibles de saber puesto que no había test al alcance de la población– revela, como denuncia el informe de 148 páginas, que las residencias de Madrid tuvieron una mortalidad de un 129% más de lo esperado, según las plazas con las que contaba respecto al resto de España. ¿Por qué pasó esto? Según analiza el texto, a las carencias que venían arrastrando las residencias madrileñas en cuanto a inversión se sumó la falta de test y preparación, la convivencia de miles de mayores en espacios cerrados sin mascarillas ni EPIS, el personal (lejos de aumentarse con un plan de choque como el anunciado) se contrajo radicalmente, ya que enfermaron también.

Tampoco había médicos disponibles ni respiradores y tanto las direcciones de las residencias como los geriatras de enlace de los hospitales (a quienes llamaban las residencias para ver si se podía derivar a hospitales a los ancianos) siguieron los protocolos de Sanidad, que vetaron las derivaciones para mayores dependientes o con enfermedades previas importantes durante lo peor de la pandemia.

El informe detalla el abandono de las residencias, a las que se prometió una medicalización que nunca llegó; el desborde y desesperación de los trabajadores (que hoy siguen en la misma precariedad); la angustia de los familiares, sin información y a veces ni contacto con sus mayores; y lo peor: el atroz sufrimiento de los fallecidos, que en muchos casos agonizaron con dolor, asfixiados, deshidratados, “agarrados a las barandillas de las camas intentando respirar”, sin oxígeno, sin medicación, encerrados en sus habitaciones, solos, sin despedirse de sus familias, que se enteraban por una llamada, recibían informes sin causas de muerte, veían perdidos o confundidos sus objetos personales, y siguen esperando una explicación, que alguien asuma responsabilidades y que se haga justicia.

Lo que demuestra la Comisión es que la mayoría podía haberse salvado, pues el 65% de los derivados a hospitales sobrevivieron. No “se morían igual”, como dijo Ayuso en la Asamblea. Como tampoco se morían igual los que tenían seguro privado y sí eran trasladados en ambulancia a hospitales privados, aunque no cumpliesen los requisitos de los protocolos.

Pese a las evidencias que constan en las actas levantadas por la policía que intervino en algunos de estos casos, e incluso en las de las escasas inspecciones realizadas por la propia Comunidad de Madrid, al día de hoy las instancias judiciales se han inhibido a la hora de examinar las responsabilidades de tanta crueldad.  

La Comisión se compone de los siguientes miembros:

 José Antonio Martín Pallín. Presidente de la Comisión. Magistrado emérito del Tribunal Supremo.

 Fernando Flores Giménez. Redactor del informe. Profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad.

 María Victoria Zunzunegui Pastor. Doctora en epidemiología por la Universidad de California. Profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal.

 Fernando Lamata Cotanda. Médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad. Ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias.

 Anna Freixas Farré. Escritora. Profesora jubilada de la Universidad de Córdoba. 

 Cristina Monge Lasierra. Socióloga, Politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza.

 Eduardo Ranz Alonso. Abogado y profesor de la Universidad Carlos III. Especialista en memoria histórica.

Del salario mínimo interprofesional (SMI) y otras soledades.

 

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha pactado con los sindicatos una subida del salario mínimo interprofesional del 5% para 2024 situándolo en 1.134 euros brutos en 14 pagas. Este acuerdo sigue una línea de acción progresista que, a partir de 2018, ha hecho crecer el salario mínimo más de un 54% desde los 735 euros al mes en que lo dejó el Gobierno del Partido Popular. Un sustancial incremento que, por desgracia, no se ha trasladado al subsidio por desempleo.

El Consejo de ministros de 6.2.24 aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 a 1.134 euros en 14 pagas, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Con la negativa de la patronal CEOE. Se trata de un incremento del SMI inédito en la historia reciente de la política social de España, que se inscribe en la senda de cumplimiento de la Carta Social Europea, que sitúa el SMI en el ámbito del 60% del salario medio. Incremento que beneficia a más de dos millones y medio de personas que cobran esta modesta cuantía.

Frente a los negros vaticinios de que la subida del SMI produciría destrucción de empleo, los análisis muestran por ahora un impacto muy poco significativo en un tiempo de fuerte crecimiento de la afiliación y de reducción del desempleo

Por otro lado, hay empleados que ni siquiera alcanzan la retribución del SMI, sencillamente porque tienen empleos de duración inferior a la jornada normal. Entre las profesiones que reúnen estas condiciones destacan los cuidadores de ancianos o niños, reponedores de grandes superficies, teleoperadores, cajeros, camareros y empleadas de hogar, pero también periodistas, informáticos, diseñadores, profesores o becarios. Se trata de empleados que trabajan por horas, a tiempo parcial, con jornadas reducidas y sin horario laboral definido. Los afectados tampoco disponen de convenio colectivo, tienen contratos basura, están subcontratados o al servicio de empresas de trabajo temporal.

El subsidio por desempleo constituye la última red de protección social estatal a la que pueden acceder algunos desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial en sentido estricto ya que, entre los requisitos para obtenerla, se exige haber cotizado al sistema. Hasta el año 2003, conforme al Estatuto de los Trabajadores, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. De manera que con la actual subida del SMI, la ayuda a los desempleados que agotan las prestaciones contributivas se hubiera actualizado de manera automática a la cifra de 850 euros mensuales

Sin embargo, el Real Decreto-Ley 3/2004 que ordenó la subida del SMI incluyó una cláusula desvinculando del SMI diversas prestaciones, entre ellas dicho subsidio. Con ese fin se creó una base distinta, lo que la jerigonza administrativa denominó Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), y cuya cuantía es más baja que el SMI. En concreto, el subsidio por desempleo quedó fijado en el 80% de esta base, de forma que, en la actualidad, su cuantía es de 480 euros al mes. 

Una distancia sideral que el Gobierno pretendía aminorar levemente con una tímida reforma en virtud de la cual subía el subsidio para la mayoría a 570 euros los primeros seis meses, a 550 euros los siguientes seis, y volvía a los 480 a partir del año de prestación. En el caso de los mayores de 52 años, la prestación se mantiene en 480 euros aunque se puede alargar mucho más: hasta la edad ordinaria de jubilación –el resto tiene una duración máxima de 30 meses–.

Lamentablemente, tras la injustificable negativa de los cinco diputados de Podemos a aprobar esta modestísima subida propuesta por el Gobierno, los desempleados mayores de 52 años seguirán cobrando esos 480 euros. Un sector de desempleados, cuya edad hace bastante improbable que puedan lograr un empleo digno en la etapa final de su carrera laboral, por lo que resulta inaceptable obligarlos a vivir con un ingreso situado por debajo del umbral de la pobreza. 

Pensiones por debajo del SMI 

La pensión contributiva ha de entenderse como un salario diferido, con capacidad para hacer frente a los gastos elementales que permitan llevar una vejez digna. Por obvias razones de justicia, su cuantía mínima debe ser equiparada al SMI.

En contraste con el reducido grupo de pensionistas con derecho a pagas elevadas, otros 4,7 millones de jubilados perciben cuantías situadas por debajo del SMI. En concreto, según los datos de la Seguridad Social, 4,18 millones de pensionistas no alcanzan los 846 euros en 14 pagas en los que está fijado el umbral de la pobreza para un hogar individual. De ellos, tres de cada cuatro, son mujeres.

Uno de los principales motivos por el que muchas personas cobran hoy cuantías mínimas es que, al estallar la crisis económica de 2008 cuyo detonante fueron los manejos cuasi delicuenciales de la banca, se vieron afectadas por el desempleo en los años previos a la jubilación, lo cual perjudicó su carrera de cotización a la Seguridad Social. Circunstancia que constituye una doble injusticia cuando se compara con las ingentes sumas de recursos públicos dedicados a salvar a instituciones financieras o empresariales de la ruina producida por sus propios errores.

 

____________________