Sobre "paguitas" y otros bulos

                                                                                         Migraciones: dimitrisvetsikas1969

Con demasiada frecuencia, "paguitas" es el término utilizado de forma despectiva para sugerir que las personas inmigrantes, por el mero hecho de serlo, reciben ayudas económicas estatales de forma automática. Sin embargo, los datos oficiales de 2026 y la normativa vigente desmienten este bulo alimentado, sobre todo, por Vox.

Esta es la realidad contrastada de las prestaciones sociales para inmigrantes en España:

1. El acceso a las ayudas depende de la situación legal

En España, no existen ayudas económicas generales solo por ser inmigrante. La mayoría de las prestaciones de carácter estatal exigen residencia legal.

https://www.tucanpay.com/post/ayudas-para-inmigrantes-espana

Ingreso Mínimo Vital (IMV): Para solicitarlo, es obligatorio tener residencia legal y efectiva en España durante al menos un año. En 2026, el 82,4% de los beneficiarios del IMV son españoles; solo el 17,6% son extranjeros, lo que encaja con su representación en los grupos de mayor vulnerabilidad.

El IMV lo pueden solicitar todas aquellas personas:

Que están en riesgo de vulnerabilidad económica. Es decir, que sus ingresos son inferiores a la renta garantizada por el Ingreso Mínimo Vital y su patrimonio menor al máximo establecido. Y cumplen, además,  los siguientes requisitos:

-- Personas de 23 a 65 años con residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante el último año. Salvo excepciones como víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual y víctimas de violencia de género.

-- Haber formado la unidad de convivencia al menos 6 meses antes de la solicitud.

-- Si viven solas, haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud si son menores de 30 años, o durante un año si son mayores de esa edad.

--Mayores de 18 años o menores emancipados con hijos/as a cargo.

-- Jóvenes de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores.

-- Huérfanos absolutos que vivan solos.

-- Personas que sean usuarias de forma temporal de una prestación de servicio residencial, de carácter social sanitario o socio-sanitario.

-- Menores de 65 años o mayores de dicha edad cuando no sean beneficiarios de pensión de jubilación, que viven solas o que, compartiendo domicilio con una unidad de convivencia, no se integran en la misma.

 2. Inmigrantes en situación irregular

Las personas "sin papeles" tienen acceso a derechos básicos (salud de urgencia, educación para menores, tutela judicial), pero no tienen derecho a prestaciones económicas periódicas como el IMV. Solo pueden acceder a: 

Atención Humanitaria: Ayuda puntual y básica en situaciones de extrema precariedad gestionada por ONG.

Ayudas de emergencia social: Gestionadas por ayuntamientos para cubrir necesidades básicas de alimentación o vivienda en casos críticos, independientemente del origen. Son puntuales y, en general, muy escasas

En contraste con la falsa idea de que "viven de las ayudas", la realidad es que las personas inmigrantes no vienen buscando una limosna, sino la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida obteniendo ingresos a través del trabajo. Que en muchos casos, dedican parte de los mismos a enviar ayuda a los familiares que dejaron en su país de origen. Los datos de la Seguridad Social de abril de 2026 muestran que hay más de 3.210.000 afiliados extranjeros cotizando al sistema.

Diversos estudios indican que los inmigrantes aportan al erario público significativamente más de lo que reciben en prestaciones. La aportación de los trabajadores extranjeros a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón.

Cuando pensamos en migración irregular, la mente vuela a pateras y fronteras. Pero la mayoría llega en avión, por el aeropuerto, con maleta y pasaporte. Son personas que ya viven aquí, trabajan, consumen, pagan impuestos y contribuyen a este país. En estos momentos, con el voto en contra del Partido Popular y Vox, el Gobierno está llevando a cabo un proceso de regularización de 500.000 de estas personas en situación irregular. El relato del "invasor" es un miedo fabricado. La realidad es mucho más cercana: son el compañero de trabajo, el vecino del tercero, el que abre el bar cada mañana.

Los datos: En España conviven 840.000 migrantes en situación irregular. El 91% son americanos, el 6% africanos y menos del 2% asiáticos. Nueve de cada diez llegan en avión. 

La derecha se ha apresurado a difundir una serie de bulos. "Habrá efecto llamada": falso. Las siete regularizaciones previas con González, Aznar y Zapatero no provocaron más migración.

"Supone una carga para la economía": falso. Se regulariza a quienes ya viven aquí, así que también empiezan a cotizar y pagar impuestos.

"Nos quitarán empleos": falso. España necesitará 2,5 millones de trabajadores más en diez años.

"Es un coladero de delincuentes": falso. Para regularizarse, no pueden tener antecedentes penales.

"Serán votos para Sánchez": falso. Para pedir la nacionalidad hacen falta diez años de residencia legal, así que no hay voto inmediato.

Lo que sí es cierto es que la regularización supone el paso necesario para reconocer derechos elementales. Porque sin papeles no tienen derechos básicos. La regularización les permitirá trabajar legalmente, con contratos, cotizaciones a la Seguridad Social, salarios dignos, bajas y vacaciones. Aspectos que para cualquiera que trabaja son obvias, pero que sin papeles no existen. Como cobrar sus nóminas en un banco: muchas entidades no permiten abrir cuentas a quienes están en situación irregular.

Acceso a la sanidad: en España la sanidad es universal, pero muchas personas irregulares no tienen tarjeta y solo pueden acudir a urgencias. Algunos ni siquiera van por miedo a que crucen sus datos y sean deportados. 

Poder moverse, viajar a su país a ver a sus familias y regresar. Sin papeles no puedes ni ir a enterrar a tu padre o tu madre. No te puedes mover. Puede parecer obvio, pero es una libertad enorme para quien hasta ahora estaba fuera del sistema.

Timeo Danaos… Desconfía de Elon Musk & Cº cuando proponen la renta básica universal

Elon Musk en un gesto que evoca el saludo nazi en un evento por la investidura de Donald Trump en el Capital One Arena en Washington D.C. el 20/01/25.

“Por sus hechos los conoceréis”. Conociendo su trayectoria, cabe sospechar que la defensa de la RBU por Elon Musk no se inspira en la filantropía, sino en la estrategia: un caballo de Troya con el que la élite tecnológica busca legitimidad social mientras consolida su poder económico y político. Figuras como Elon Musk y Sam Altman presentan la RBU como una respuesta necesaria a las disrupciones económicas causadas por la IA y la automatización. La benevolente apariencia de su narrativa encubre un objetivo más profundo: lograr la aceptación pública de la omnipresencia de la IA en la sociedad bajo la promesa de un beneficio universal.

Considerado el "padre" de la cibernética por sus notables trabajos sobre las ciencias del control, el matemático estadounidense Norbert Wiener (1894-1964) fue uno de los primeros intelectuales en advertir que la segunda revolución industrial (la de la automatización) podía ser socialmente devastadora si no se gestionaba con justicia. Consciente de las consecuencias sociales que plantearía el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas derivadas de la automatización de los procesos industriales, intentó advertir a gobernantes y sindicalistas sobre el conflicto planteado entre tecnología y empleo.

Tres cuartos de siglo más tarde, el desarrollo de los procesos de Inteligencia Artificial (IA) y, sobre todo, el control de los mismos por parte de las empresas desarrolladoras de la misma, vuelve a poner de relieve ese conflicto entre tecnología y empleo recuperando la propuesta de la RBU. Si la IA y la automatización generan enormes ganancias de productividad desplazando trabajadores, una parte de esas ganancias debería redistribuirse a la sociedad. La gran novedad es que son ahora los magnates de las grandes empresas tecnológicas, en concreto Sam Altman y Elon Musk quienes propugnan la implantación de la RBU.

Samuel Harris Altman es un influyente empresario, inversor y programador estadounidense, conocido principalmente por ser el director ejecutivo (CEO) de OpenAI, la organización detrás de ChatGPT y DALL-E. Considerado una de las figuras más visibles en el desarrollo de la inteligencia artificial, financió el mayor experimento de RBU en EE. UU a través de la organización OpenResearch. Durante tres años, proporcionó 1.000 dólares mensuales a 1.000 personas de bajos ingresos, comparándolas con un grupo de control.

Entre los principales hallazgos del experimento destaca, en primer lugar, el de una ligera reducción laboral: Los beneficiarios trabajaron, en promedio, 1.3 horas menos a la semana en comparación con el grupo de control. Mayor selectividad: La seguridad financiera permitió a los participantes buscar empleos de mejor calidad o más satisfactorios, en lugar de aceptar lo primero disponible por desesperación. Hubo un aumento del 14% en la probabilidad de que los beneficiarios iniciaran estudios o capacitaciones laborales durante el último año del programa.

Por lo que se refiere a los hábitos de gasto, la mayor parte del dinero se destinó a comida, alquiler y transporte. Los participantes gastaron un 26% más en ayudar económicamente a familiares o amigos en comparación con quienes no recibieron la renta. Se registró un incremento del 12% en el gasto en cuidados médicos y dentales. Durante el primer año hubo una reducción significativa del estrés y la inseguridad alimentaria, efecto que disminuyó en los años siguientes.[i]

En un post reciente publicado el 17/04/26 en X, la red social de su propiedad, el multimillonario Elon Musk afirmó textualmente: "Un ingreso universal alto, vía cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de abordar el desempleo causado por la IA. La IA/robótica producirá bienes y servicios muy por encima del aumento en la masa monetaria, por lo que no habrá inflación".

Que sea precisamente alguien como Elon Musk quien proponga una medida de índole social suscita de inmediato una alarma comparable a la que expresó Laocoonte a la vista del caballo de madera construido por los griegos: "Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentis", es decir: "sea lo que sea, temo a los dánaos (griegos) incluso cuando traen regalos", leemos en La Eneida de Virgilio.[1] Desoyendo a Laocoonte, los troyanos arrastraron el caballo dentro de sus murallas, creyendo que era un trofeo de victoria o una ofrenda religiosa. Mientras tanto, el astuto Ulises estaba escondido dentro del caballo junto con otros guerreros esperando la noche para atacar.

Elon Musk fue uno de los principales donantes de la campaña electoral de Donald Trump en 2024, lo que consolidó una alianza que se describió como un "bromance" entre dos de los hombres más poderosos del mundo. Tras la victoria electoral, Trump lo designó al frente del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con la misión de adelgazar radicalmente el Estado federal, a través de una figura legal que limita el mandato a 130 días

Musk emprendió una campaña agresiva de recortes: redujo la plantilla federal en un 9%, recortó programas de ayuda exterior por casi 10.000 millones de dólares y eliminó gastos que consideraba superfluos. Mientras tanto, su papel en el gobierno tuvo un evidente impacto en sus negocios privados. Las investigaciones federales sobre sus empresas disminuyeron. Varios países que negociaban aranceles con EE.UU. firmaron contratos con Starlink buscando favorecer su relación con la Casa Blanca. SpaceX se benefició de mayores contratos gubernamentales.

El "bromance" con Trump acabó como el rosario de la aurora en mayo de 2025 cuando Musk criticó la gran ley fiscal de Trump —la Big Beautiful Bill—, argumentando que disparaba el déficit y contradecía el espíritu del DOGE. Eso precipitó su salida del gobierno y la relación se deterioró con rapidez con ataques mutuos en redes sociales.

Musk ha sido un defensor público de la idea de la renta básica universal desde al menos 2016. En 2019, respaldó públicamente al candidato presidencial demócrata Andrew Yang, quien impulsó una idea similar, denominado "dividendo de la libertad". Musk finalmente cambió de enfoque y lo llamó "ingresos altos universales", afirmando que, en el mejor de los casos, la IA podría traer consigo "un nivel de prosperidad… que aún no podemos imaginar".

"Por sus hechos los conoceréis". Así que cabe sospechar que la propuesta de RBU de Musk no obedece a la filantropía, sino que es cuestión de estrategia: un caballo de madera con el que la élite tecnológica busca legitimidad social mientras consolida su poder económico y político.

Jean-Christophe Bélisle-Pipon, de la Simon Fraser University, sostiene que figuras como Elon Musk y Sam Altman presentan la RBU como una respuesta necesaria a las disrupciones económicas causadas por la IA y la automatización. Sin embargo, esa narrativa aparentemente benevolente encubre un objetivo más profundo: obtener una licencia social, es decir, lograr la aceptación pública de la omnipresencia de la IA en la sociedad bajo la apariencia de beneficio universal.

Bélisle-Pipon toma del sociólogo francés Pierre Bourdieu el concepto de violencia simbólica  para describir cómo la RBU impulsada por la élite tecnológica sirve como solución simbólica que permite a esos actores desviar la atención de su propia complicidad en la creación de desigualdades estructurales, proyectando una imagen de benevolencia mientras evitan cambios sustantivos que desafiarían sus motivaciones de lucro.[ii]

Al prometer un futuro menos sombrío a quienes corren el riesgo de perder sus empleos debido a la IA, estos gigantes tecnológicos también se desentienden de las consecuencias de sus innovaciones. Porque, a la postre, es el Estado quien debería financiar esta renta básica universal. Pero si la IA destruye empleos masivamente, habrá menos ingresos sobre los que recaudar impuestos. En ese caso, la única forma de financiar un plan de RBU sería mediante un aumento de los impuestos a las empresas. Sin embargo, sabemos que estas grandes multinacionales son muy hábiles para reducir los impuestos que deben pagar.

La actitud de Elon Musk se sitúa a años luz de distancia moral de la expresada por Norbert Wiener. Este expuso el resultado de sus investigaciones sobre las ciencias del control en Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine (1948). En este libro aparece por primera vez el término "cibernética" que construye a partir del griego κυβερνήτης (kybernḗtēs) ("timonel" o "piloto") para referirse a la ciencia del control y la comunicación en sistemas complejos, tanto en animales como en máquinas.

En el debate actual sobre renta básica y automatización hay ecos de las reflexiones de Norbert Wiener, aunque sus propuestas quedaron más en el plano ético y filosófico que en el político-económico concreto. Aspectos que desarrolla en The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society (1950). Advirtió que la automatización y las máquinas cibernéticas desplazarían masivamente a los trabajadores, especialmente en trabajos repetitivos y rutinarios. Ante esto, consideró que la sociedad tendría la responsabilidad de redistribuir la riqueza generada por las máquinas.

Aunque no propuso un mecanismo concreto como una renta básica universal con cifras o estructuras específicas, Wiener defendió que los beneficios de la automatización no debían concentrarse en manos de los propietarios del capital. Que el trabajo humano liberado por las máquinas debía traducirse en mayor tiempo libre y bienestar, no en pobreza. Una especie de responsabilidad social colectiva frente al desempleo tecnológico. Afirmaba Wiener:

Este nuevo desarrollo tiene posibilidades ilimitadas para bien y para mal. [...] Da a la raza humana una nueva y más eficaz colección de esclavos mecánicos para realizar su trabajo. Tal labor mecánica tiene la mayor parte de las propiedades del trabajo de esclavos, aunque, a diferencia de él, no lleva consigo los directos efectos desmoralizadores de la crueldad humana. Sin embargo, cualquier trabajo que acepta las condiciones de competencia con el trabajo de esclavos, acepta las condiciones del trabajo de esclavos y es esencialmente un trabajo de esclavos. La palabra clave de esta manifestación es competencia. Puede ser algo muy bueno para la humanidad el tener máquinas que le eviten las tareas serviles y desagradables, o quizá no lo sea. Yo no lo sé. No puede ser bueno para esas nuevas potencialidades ser contabilizadas en términos de mercado, o en cuanto al dinero que ahorran, y son precisamente los términos de mercado abierto, la “quinta libertad”, los que han llegado a ser la contraseña del sector de la opinión americana representado por la National Association of Manufactures y el Saturday Evening Post. Digo opinión americana porque, como americano, la conozco mejor, pero los mercachifles no reconocen fronteras.

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[1] Virgilio: Eneida. Libro II-49

[i] https://www.openresearchlab.org/studies/unconditional-cash-study/study

[ii] Jean-Christophe Bélisle-Pipon: “AI, universal basic income, and power: symbolic violence in the tech elite's narrative.“ https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2025.1488457/full

Sobre el tiranicidio

 

                                                                             Imagen: John Hain (pixabay)

 

tirano, na (Del lat. tyrannus, y éste del gr. tyrannos). Dícese del que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. tiranía (Del gr. tyrannía). Gobierno ejercido por un tirano. Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. tiranicidio (Del lat. tyrannicidium). Muerte dada a un tirano.

En el discurso pronunciado, el pasado 19 de marzo, por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con ocasión de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, el mandatario hizo referencia expresa a ese conjunto de "fenómenos que apuntan todos en la misma dirección desalentadora". Entre ellos, "el incumplimiento sistemático" y la "violación de la Carta de la ONU", "la deslegitimación de los tribunales internacionales", la creación de "un vacío, una tierra de nadie arbitraria, objeto de incursiones injustificadas (…) en un proceso que recae con todo su peso sobre los países y los pueblos más pobres y menos afortunados".

En su alocución, el profesor Mattarella, denuncia también una "vis dstruens que no surge de la necesidad de allanar el terreno para una construcción mejor, sino —al parecer— de la voluntad de eliminar aquellos límites al ejercicio de la supuesta soberanía estatal que se habían establecido para impedir el predominio de las aspiraciones hegemónicas de los grupos dirigentes al mando de los paises más fuertes".

Dani Rodrik, el influyente economista turco, profesor en la Universidad de Harvard y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2020, no duda en señalar al principal responsable de esta vis destruens (*): "Trump no es solo un riesgo económico de primera magnitud: es sobre todo la mayor amenaza de nuestro tiempo".

"Me preocupa más que con tantos fuegos artificiales no aprendamos la lección que nos ofrece la disolución del modelo de hiperglobalización de las últimas décadas, del que Trump es apenas un síntoma, no la causa" —asegura Rodrik— "Trump puede causar inmensos daños porque es el comandante en jefe del mayor ejército del mundo; es tan impredecible que en cualquier momento puede provocar el caos. Lo estamos viendo en Irán. Su capacidad para sembrar el caos en el terreno geopolítico es brutal. En cambio, su capacidad para sembrar el caos económico es más limitada; y sus efectos serán pasajeros: no creo que deje cicatrices permanentes en la economía. Sí puede causarlas en la geopolítica global, con el riesgo de un conflicto bélico a gran escala, y en la política estadounidense". 

Por su parte, Timothy Snyder, historiador estadounidense especialista en Europa Central y Oriental, desarrolla su concepto de tiranía principalmente en su libro Sobre la tiranía: Veinte lecciones del siglo XX (2017). Para Snyder, la tiranía no es simplemente un régimen autoritario impuesto desde arriba, sino un proceso gradual en el que los ciudadanos permiten —o facilitan activamente— la destrucción de las instituciones democráticas. Es tanto una estructura de poder como una dinámica social y psicológica. 

Entiende Snyder que los regímenes tiránicos no surgen de la nada: se aprovechan de instituciones debilitadas, ciudadanos pasivos y élites que colaboran esperando conservar privilegios. Snyder advierte que la democracia puede colapsar sorprendentemente rápido cuando nadie la defiende activamente. De ahí se desprende su conceptos de la obediencia anticipada (anticipatory compliance): la tendencia de funcionarios y ciudadanos a adivinar lo que el poder quiere y actuar en consecuencia, sin que se les ordene explícitamente. Esto normaliza el autoritarismo.

En línea con Hannah Arendt y George Orwell, Snyder ve en la manipulación del lenguaje y la proliferación de la mentira (post-truth) herramientas esenciales de la tiranía. Sin una realidad compartida, la resistencia colectiva se vuelve imposible.

Aunque este libro está escrito en respuesta al ascenso de Donald Trump y los movimientos populistas en Europa, Snyder insiste en que sus lecciones son universales y atemporales, extraídas de los grandes colapsos democráticos del siglo XX. Su mensaje central es que la tiranía no es inevitable, pero tampoco es imposible, sino que depende de las decisiones cotidianas de cada ciudadano.

Las instituciones no se defienden solas: requieren que las personas las sostengan activamente. Cuando los jueces, periodistas, legisladores o ciudadanos abandonan sus roles, las instituciones colapsan y el poder arbitrario llena el vacío. Snyder estructura su análisis en veinte prescripciones prácticas, entre las más destacadas:

a) No obedecer de antemano: resistir la tentación de anticipar deseos del poder. b) Defender las instituciones: apoyar activamente los contrapesos del poder. c) Cuidar el lenguaje: hablar con precisión, resistir el eufemismo y la propaganda. d) Creer en la verdad: distinguir hechos de ficción, apoyar el periodismo independiente. e) Mantener vida privada: proteger espacios fuera del control estatal. f) Hacer política en persona: no dejar que las redes sociales sustituyan la acción real. 

Sin embargo, cuando esta labor cívica de carácter preventivo falla por las razones que sean puede darse el caso de que un gobernante legítimo se convierte en tirano al abusar de su poder, oprimir al pueblo o violar las leyes. Es el caso de Donald Trump, un narcisista tal vez demenciado, grotesco en sus formas, caótico en sus decisiones, pero dotado del enorme poder que le confiere la presidencia de los EE. UU a través de cual ha introducido un tremendo desorden mundial.

Las democracias modernas cuentan con diversos mecanismos constitucionales para remover a un gobernante antes de que finalice su periodo si este incurre en faltas graves, abusos de poder o pérdida de confianza ciudadana, tales como la moción de censura o el juicio político (impeachment). En este segundo caso, se trata de un procedimiento lento que puede durar meses mientras el tirano sigue cometiendo desmanes no sólo económicos, sino que se cobran vidas humanas al declarar guerras o enviar a policías a matar ciudadanos del propio país (Minnessota). Llegados a este punto, y como último recurso, la teoría política describe un procedimiento abreviado: el tiranicidio.

El tiranicidio —concepto que ofrece justificación moral a ciertos actos que, desde el punto de vista jurídico, se denominan magnicidio— constituye uno de los tópicos recurrentes en el ideario de la Independencia de los Estados Unidos de América del Norte, tradición que incluye célebres apologías sobre la necesidad de eliminar a los tiranos. Entre los ejemplos más conocidos figura la frase atribuida a Thomas Jefferson: "El árbol de la libertad debe regarse con la sangre de los patriotas y de los tiranos". En esa misma línea se inscribe el lema del estado de Virginia, "Sic semper tyrannis" —"Así siempre a los tiranos"—, propuesto por George Mason. 

La sugerencia de Benjamin Franklin para el Gran Sello de los Estados Unidos incluía la frase "Rebellion to Tyrants is Obedience to God" ("La Rebelión contra los Tiranos es  Obediencia a Dios"). 

Un antecedente en la reflexión sobre el tiranicidio se debe a la Escuela de Salamanca, un movimiento intelectual y teológico-filosófico que floreció durante los siglos XVI y XVII en la Universidad de Salamanca (España), donde Sergio Mattarella pronunció su discurso. Esta Escuela supone una renovación profunda de la escolástica medieval, aplicando el pensamiento tomista a los grandes problemas del mundo moderno: el comercio global, la conquista de América, el derecho internacional y la naturaleza del poder político. Sus representantes más destacados son Francisco de Vitoria (1483–1546) —dominico formado en París que transformó la cátedra de teología de Salamanca en un centro de pensamiento vivo y comprometido con la realidad política de su tiempo— y Francisco Suárez (1548-1617) —teólogo y jesuita, considerado el mayor filósofo escolástico después de Tomás de Aquino—.  

Esta Escuela adelantó ideas referidas al derecho internacional sosteniendo que las naciones forman una comunidad universal regida por normas que ningún soberano puede ignorar. Desarrolla una teoría del poder basada en el consentimiento y el bien común. El poder político no viene directamente de Dios al monarca, sino que pasa por la comunidad. Establece asimismo criterios rigurosos para determinar cuándo una guerra es moralmente legítima: causa justa, intención recta, declaración por autoridad legítima, proporcionalidad y último recurso. Estos principios siguen siendo referencia en el derecho internacional humanitario. 

La Escuela de Salamanca justificó el derecho al tiranicidio basándose en la idea de que el poder político emana del pueblo y está limitado por la ley natural y el bien común. Esta doctrina no era una apología del asesinato arbitrario, sino un mecanismo de defensa extrema frente a la opresión. Distinguía entre dos tipos de tirano:

• Tyrannus absque título: El usurpador que accede al poder sin derecho legítimo. En este caso, cualquier ciudadano tiene derecho a resistirse o eliminarlo para restaurar el orden.
• 
  
• Tyrannus in exercitio: El gobernante legítimo que se convierte en tirano al abusar de su poder, oprimir al pueblo o violar las leyes divinas y naturales.

El autor más radical en la defensa del tiranicidio fue el jesuita Juan de Mariana (1536-1624). Su libro De rege et regis institucione (1599) se hizo famoso por la exposición que en él hace del derecho de los ciudadanos particulares a eliminar al rey en caso de que éste viole la norma fundamental del contrato con el pueblo del que emana su soberanía: si un rey degrada la religión, impone impuestos injustos o gobierna contra el interés público, puede ser depuesto e incluso ejecutado por un individuo particular si la nación no puede reunirse para hacerlo.

Tanto los filósofos como los teólogos están de acuerdo en que si un príncipe se apoderó de la República a fuerza de armas, sin razón, sin derecho alguno, sin el consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera de la corona, del gobierno, de la vida; que siendo un enemigo público y provocando todo género de maldades a la patria y haciéndose verdaderamente acreedor por su carácter al nombre de tirano, no sólo puede ser destronado, sino que puede serlo con la misma violencia con que él arrebató un poder que no pertenece sino a la sociedad que oprime y esclaviza. [...] Es ya, pues, innegable que puede apelarse a la fuerza de las armas para matar al tirano, bien se le acometa en su palacio, bien se entable una lucha formal y se esté a los trances de la guerra.

 

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(*) Fuerza destructora. Tendencia o voluntad de desmantelar estructuras, normas o límites establecidos (como tratados internacionales o soberanías) sin necesariamente tener un plan para reemplazarlos por algo mejor

(**) El libro de Mariana fue quemado en público en el Parlamento de París debido a que la apología del regicidio contenida en la obra se consideró causa inductora del asesinato de Enrique III de Francia. En España, el Instituto Juan de Mariana es un reducto de la ideología ultraconservadora libertariana, con estrechas relaciones con el Cato Institute, y organiza un premio anual que en 2024 fue otorgado al presidente argentino Javier Milei.

(***) Los procedimientos principales para remover a un gobernante varían según el sistema de gobierno:

1. Juicio Político (Impeachment). Es el mecanismo típico de los sistemas presidencialistas (como en EE. UU. o la mayoría de los países de América Latina). Motivo: Se activa ante delitos graves, traición, soborno o violación de la confianza pública. Procedimiento: Generalmente, la Cámara de Representantes acusa y el Senado actúa como juez. Se suele requerir una mayoría cualificada (como dos tercios) para condenar y destituir al funcionario. El proceso formal de impeachment contra Richard Nixon duró aproximadamente 9 meses y 3 semanas, desde que se iniciaron las primeras resoluciones oficiales en octubre de 1973 hasta su renuncia en agosto de 1974.

2. Moción de Censura Es el procedimiento estándar en sistemas parlamentarios (como en España, Reino Unido o Alemania). Motivo: Pérdida de la confianza política del Parlamento en el jefe de Gobierno. Procedimiento: Si la mayoría absoluta de los legisladores vota a favor de la moción, el gobernante se ve obligado a dimitir. En algunos casos, como la Moción de censura en España, debe ser "constructiva", lo que significa que el Parlamento debe proponer simultáneamente a un candidato sucesor.

El “torero” que el 23-F asaltó el Parlamento español pistola en mano muere el mismo día en que se publica la documentación secreta sobre el golpe

Manuel P. Barriopedro (EFE)

                                                              Antonio Tejero Molina, el teniente coronel de la Guardia Civil cuya imagen se convirtió en el icono del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto a los 93 años. El óbito coincidió de manera simbólica con la fecha en que el Gobierno de España hizo pública la desclasificación de los documentos secretos del golpe. El 23-F, la entrada de Tejero pistola en mano en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al grito de “¡quieto todo el mundo!” suscitó el equívoco del reportero de la agencia sueca Tidningarnas Telegrambyrå:  "Un torero asalta el Parlamento español"

El pasado 24 de febrero de 2026, el Consejo de ministros aprobó la desclasificación de documentación relativa al intento de golpe de Estado que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981. Se trata de "153 unidades documentales" que durante décadas han permanecido clasificadas como secretas y que a partir de ahora podrán "ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales". Los documentos se hicieron públicos tras aparecer la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de febrero y se accede a ellos en la página web oficial de La Moncloa.

En esa misma fecha falleció el ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina a los 93 años de edad. Su muerte ocurrió en un hospital de Alzira (Valencia). Murió apenas dos días después del 45.º aniversario del intento de golpe de Estado de 1981 que él mismo encabezó. Desde la perspectiva de un reportero de la agencia sueca Tidningarnas Telegrambyrå, la escena sugería la ligura de un torero asaltando el Parlamento español.

Así lo cuenta el historiador, Gabriel Cardona, en su libro A golpes de sable (2008). "En la noche del 23 de febrero de 1981, un despistado periodista sueco recibió una fotografía de agencia donde se veía a Tejero, conminatorio y pistola en mano, en el salón de sesiones del Congreso. El sueco, sin otras informaciones aclaratorias, miró el aparente tricornio y compuso un titular apresurado

Para un observador extranjero no muy familiarizado con los uniformes españoles de la época, la forma del tricornio (visto de frente o de lado en imágenes de baja calidad) guardaba un parecido visual con la montera que usan los toreros. En aquel momento, la imagen internacional de España seguía muy ligada a los tópicos de la tauromaquia, lo que facilitó que el periodista interpretara la "representación" como una "corrida" política. 

Aunque el error original fue sueco, medios estadounidenses como The New York Times o la revista Time dieron una cobertura masiva al evento. En sus crónicas, a menudo describían el atuendo de Tejero como algo exótico o "pintoresco", refiriéndose al tricornio como un "patent leather tricorn hat" (sombrero de tricornio de charol), explicando a sus lectores que era el símbolo de una fuerza policial paramilitar. 

Curiosamente, tras el asalto al Capitolio de EE. UU. en 2021, muchos medios españoles compararon al "Chamán de QAnon" (con su gorro de piel y cuernos) con la figura de Tejero y su tricornio, cerrando el círculo de comparaciones entre asaltos al congreso y sombreros llamativos.

En una suerte de justicia poética, a la coincidencia de fechas entre la muerte de Tejero la salida a la luz de los documentos que habían permanecido secretos hasta ahora, entre ellos la transcripción de algunas conversaciones telefónicas que fueron intervenidas aquella noche, hace honor a la célebre frase de Karl Marx: "la historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa".

Porque aquella fatídica noche, con tanta confusión, nervios y proliferación de armas, hubo momentos susceptibles de un desenlace trágico. Por ejemplo, cuando un guardia civil señala su metralleta y advierte a los diputados que no se muevan: «Tranquilos, señores; al próximo movimiento de manos se mueve esto, ¿eh? Los de las manitas esas, tranquilos. Eso cuando estén solos».

O cuando el general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, acude al Congreso y se dirige al cabecilla de los golpistas: «¡Tejero, deponga su actitud y entréguese acabando de una vez esta locura!». Pero Tejero le ha respondido: «Mi general, estoy dispuesto a todo y, antes de entregarme, primero le mato y después me pego un tiro». Aramburu ha hecho ademán de sacar su pistola, pero uno de sus ayudantes se lo ha impedido, porque los hombres de Tejero le han apuntado con sus fusiles.

Cuarenta y cinco años después de aquel "instante", empleando la terminología de Javier Cercas, algunas de esas conversaciones, como las mantenidas por la esposa de Tejero, Carmen Díez, escuchadas hoy, reviven el "instante" como farsa.

La esposa de Tejero se refirió al militar como “tonto” o “desgraciao” decenas de veces el 23-F: “Lo han dejado tirao como una colilla”. En otra llamada, Carmen Díez habla con otra mujer, Herminia, a quien dice: “¿Has visto qué asco? Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao”. En una llamada a su hijo, Carmen le dice a este que ha oído en televisión que Antonio Tejero asume toda la responsabilidad y exclama “¡Qué jilipuertas es!”, concluye de nuevo la mujer:

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"Un millón de moscas no puede equivocarse, comamos mierda".

 

 Aunque suene brutal, este satírico eslogan encierra una verdad incómoda sobre el funcionamiento de los mercados cuando se desconectan de la calidad y se guían únicamente por la popularidad o la inercia del consumo masivo.  El criterio basado en el argumentum ad populum  —creer que algo es correcto porque la mayoría lo hace—  infecta tanto a consumidores como a mercados.

Una gran cantidad de bienes, servicios, y por desgracia muchos de los alimentos que llegan a nuestra mesa, son puestos a disposición del consumidor bajo una lógica perversa. Imaginemos que un fabricante de salchichas descubre algo inquietante: sus ventas no dependen de la calidad de sus ingredientes. Ya sea por lealtad de marca, falta de alternativas, marketing efectivo o simple desconocimiento del consumidor, sus productos se venden igual si usa carne de primera que si rellena las tripas con despojos, harinas, grasas de baja calidad y aditivos baratos.

¿Qué hará este fabricante si actúa según la racionalidad económica pura? La respuesta es tan obvia como desalentadora: reducirá la calidad al mínimo permitido (o incluso menos, si puede evitar controles). No hará esto por una maldad innata, sino porque el mercado le está enviando una señal clara: "La calidad no importa, solo el precio de coste".

Si puede vender cada salchicha al mismo precio, pero fabricarla por la mitad de coste, duplica su margen de beneficio. Desde la lógica del balance financiero, sería irracional hacer lo contrario. El mercado, en este caso, no castiga la mediocridad; la premia.

El criterio basado en el argumentum ad populum —creer que algo es correcto porque la mayoría lo hace— infecta tanto a consumidores como a mercados. Si millones de personas compran un producto, debe ser bueno, ¿verdad? No necesariamente.

La popularidad puede deberse a múltiples factores que nada tienen que ver con la calidad: potentes campañas publicitarias, conveniencia, precio bajo, hábito, falta de información o ausencia de alternativas accesibles. En muchos casos, el consumidor ni siquiera sabe qué es lo que está comprando realmente. ¿Cuántos leen la letra pequeña de los ingredientes? ¿Cuántos entienden lo que leen?

Esta asimetría de información crea un terreno fértil para que prolifere lo mediocre. Si nadie castiga con su bolsillo la baja calidad porque nadie la detecta o nadie tiene mejor opción, el mercado no autocorregirá nada.

Las fallas del mercado autoregulado

Los defensores del libre mercado argumentan que la competencia elimina naturalmente a los malos productos. En teoría, los consumidores informados premiarán la calidad y castigarán la mediocridad hasta expulsarla del mercado. Es una bonita idea que choca contra varias realidades:

Primero, los consumidores rara vez están perfectamente informados. La información tiene costes (tiempo, conocimiento técnico, acceso) que no todos pueden asumir. ¿Hasta qué punto debería investigar alguien antes de comprar unas salchichas para la cena?

Segundo, existen externalidades no visibles de inmediato. Las consecuencias de consumir productos de baja calidad (problemas de salud, deterioro ambiental) pueden tardar años en manifestarse, cuando ya es demasiado tarde para que el mercado reaccione.

Tercero, en muchos sectores existen oligopolios o monopolios de facto. Si todas las marcas disponibles usan ingredientes similares de baja calidad, ¿dónde está la opción de castigar con el consumo?

Cuarto, el marketing puede fabricar percepciones de calidad completamente desconectadas de la realidad. Una imagen de campos verdes y vacas felices no garantiza que el contenido del envase corresponda con esa pastoral fantasía.

Por qué existen las regulaciones

Aquí es donde entran las regulaciones sanitarias, los estándares de calidad obligatorios, el etiquetado transparente y los organismos de control. No son caprichos burocráticos ni ataques a la libertad empresarial, sino reconocimientos de que el mercado, por sí solo, puede fallar estrepitosamente en proteger el interés público.

Las regulaciones establecen un suelo mínimo: "No importa cuánto quieras ahorrar, no puedes poner esto en un alimento". Sin ese suelo, la carrera hacia el fondo no tendría límite. La lógica del beneficio máximo, sin contrapesos, nos llevaría exactamente al escenario de nuestro fabricante de salchichas: ingredientes cada vez peores mientras las ventas se mantengan.

Porque, al final, la confianza ciega en que "un millón de moscas no puede equivocarse" ignora un detalle fundamental: las moscas no eligen basándose en lo que es bueno para ellas a largo plazo, sino en estímulos inmediatos. Y nosotros, con frecuencia, tampoco.

El consumidor como último guardián

Esto no exime de responsabilidad al consumidor. La información existe, aunque requiera esfuerzo accederla y procesarla. Existen etiquetas, estudios, organizaciones de consumidores, análisis independientes. La diferencia entre una compra consciente y una automática puede estar en cinco minutos de lectura.

Pero exigir que cada consumidor se convierta en un experto en nutrición, química alimentaria y cadenas de suministro para cada producto que compra es, sencillamente, irreal. De ahí que necesitemos sistemas de verificación colectiva: regulaciones que establezcan mínimos, certificaciones fiables, y sí, también un mercado que premie la calidad cuando está adecuadamente informado.

Conclusión: más allá de las moscas

El eslogan de las moscas nos recuerda que la verdad no se establece por votación, ni la calidad se garantiza por popularidad. Un mercado puede funcionar maravillosamente bien para distribuir recursos y generar innovación, pero solo cuando los incentivos están alineados correctamente.

Cuando un fabricante puede ganar más vendiendo peor, cuando el consumidor no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, cuando la popularidad se construye con publicidad en lugar de mérito, el mercado no nos lleva hacia la excelencia. Nos lleva, literal y metafóricamente, hacia la mierda.

La solución no es renunciar al mercado, sino enmarcarlo con regulaciones sensatas, alimentarlo con información transparente y cultivar consumidores críticos. Tal vez un millón de moscas no se equivoque alimentándose de basura, puesto que ese es el nicho dentro del cual prospera su especie. La cuestión es si nosotros, humanos, vamos a seguir comiendo la mierda que nos venden otros miembros de nuestra propia especie.

La sanidad pública madrileña y sus enemigos

 

                                                                                                    Manel Fontdevila    

Nadie en su sano juicio pondría a una zorra a cuidar del gallinero. Un elemental sentido de supervivencia debería llevar al electorado madrileño a reflexionar sobre si lo más conveniente para su propio interés es continuar otorgando con su voto una autorización expresa a las privatizaciones sanitarias que priorizan la rentabilidad empresarial a la salud de las personas

Hoy vengo a hablar de mi libro, mejor dicho, del libro que contiene mi historial clínico. Hace año y medio, dejé constancia en este cuaderno de mi reconocimiento a los profesionales sanitarios de los servicios de Urgencias y de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Público de la Princesa, que me atendieron a raíz de un grave episodio que, en otro país que no contara con una sanidad pública universal, me hubiera obligado a elegir entre la ruina o la vida.

Una vida a lo largo de la cual he defendido siempre la sanidad pública. La defiendo desde que tengo uso de razón política; la defendí con mayor fervor, si cabe, cuando mis ancianos padres se vieron en la necesidad de recibir atención médica en la última etapa de su vida. Y lo hago ahora, cuando yo mismo estoy a punto de cruzar el umbral de la ancianidad y me veo también en la tesitura de precisar atención clínica por diversos quebrantos de salud.

La defensa de una sanidad pública gratuita, de calidad y cobertura universal no obedece a un mero posicionamiento ideológico, sino más bien utilitario. La mayoría de nosotros suscribe un seguro de accidentes del coche o de la vivienda en previsión de poder sufrir algún tipo de eventualidad. Es decir, actuamos con desconocimiento de lo que pueda suceder por causas imprevistas con el bien asegurado.

Ahora bien, en caso de que se produzca la contingencia, la ayuda o indemnización a recibir dependerá de la cuantía de la tarifa del seguro. Esto es lógico, porque las compañías aseguradoras no persiguen fines filantrópicos, sino que son una forma de negocio de la que esperan obtener un beneficio. Todo lo contrario de los servicios de sanidad pública, cuya finalidad es la de prestar una asistencia sin contrapartida económica.

Así, pues, la sanidad pública, en tanto que uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, debería quedar al margen de la controversia política. Es una pura cuestión de lógica que deriva de la incertidumbre sobre las adversidades que nos pueden sobrevenir, y en función de las cuales tomamos la precaución de asegurar un bien. A ello se refiere la figura del "velo de ignorancia", un experimento mental propuesto por el jurista John Rawls en su clásica Teoría de la Justicia (1971) para determinar principios de justicia imparciales. Consiste en imaginar una "posición original" donde individuos racionales deben acordar las reglas básicas que organizarán su sociedad, pero sin conocer información crucial sobre sí mismos.

Tras este velo, los participantes desconocen su posición social, clase económica, talentos naturales, capacidades, raza, género o riqueza. Solo poseen conocimientos generales sobre cómo funcionan las sociedades. El propósito es eliminar los sesgos personales: al no saber si seremos ricos o pobres, sanos o enfermos, debemos elegir principios justos desde cualquier posición posible.

Rawls argumenta que en esta situación elegiríamos dos principios fundamentales. Primero, garantizar a cada persona las libertades básicas más amplias compatibles con iguales libertades para todos. Segundo, permitir desigualdades económicas solo si benefician a los menos aventajados y están vinculadas a posiciones accesibles a todos.

La lógica que subyace bajo el velo sugiere que adoptaríamos una estrategia prudente que protege al más desfavorecido, pues podríamos ser nosotros mismos una vez que conozcamos nuestra verdadera situación. Así, el velo de ignorancia garantiza que los principios de justicia sean genuinamente imparciales, resultado de un contrato social que cualquier persona racional aceptaría sin saber qué lugar ocupará en la sociedad.

Esa lógica, que en principio debería guiar la actitud racional de la mayoría ciudadana se ha quebrado. En nuestros días, la gran paradoja de la historia consiste en que un multimillonario como Trump se convierte en el agente de transformación del sistema político apoyado por la clase obrera. Siendo este sector el gran perjudicado de las políticas orientadas a destruir los servicios públicos.

La ola trumpista tiene su reflejo en la esfera nacional, en concreto en el deterioro intencionado de los servicios de la sanidad pública la Comunidad de Madrid por parte de los desaprensivos miembros del Partido Popular que gobiernan desde hace treinta años y cuyo balance en el área de sanidad no puede ser más desolador:

Por desgracia, hay algunos partidos políticos entre cuyos objetivos figura el debilitamiento de ese pilar del bienestar a través de la privatización de sus hospitales y centros de asistencia primaria. Y la finalidad de dicha operación no es otra que convertir un bien público en un negocio. Un atropello de los derechos sociales que cada miembro de la ciudadanía, en tanto que sujeto directamente afectado por esta quiebra de su seguridad en caso de enfermedad, tiene la obligación de impedir.

El dato objetivo que pone de relieve con meridiana claridad lo que estamos diciendo es la infrafinanciación de la sanidad pública, una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En el caso de la madrileña, una de las más ricas de España, el gasto sanitario público es uno de los tres más bajos del país. En concreto, para el año 2026 el presupuesto por habitante desciende a 1.537 euros, muy por debajo del gasto medio nacional, 2014 euros, e incluso por debajo del gasto consolidado que tuvo en 2023, que rondaba los 1.700 euros. 

La consecuencia inmediata de estas políticas de desmantelamiento, recortes y privatizaciones se refleja en las largas listas de espera y problemas de accesibilidad en Atención Primaria que sufre la población. Las listas de espera médicas de la Comunidad de Madrid han registrado un dato histórico: en febrero de este año se han contabilizado 116.063 pacientes más que en el mismo período del año anterior. En Madrid hay casi un millón de pacientes esperando una cita: 972.643 personas, según los últimos datos publicados por la consejería de Sanidad. 

Mientras que los hospitales públicos se encuentran infrafinanciados, con crisis de personal y carencia de recursos materiales, la política depredadora del Partido Popular desvía cuantiosos recursos a la empresa privada. 

En 2026 los conciertos con las empresas sanitarias privadas alcanzan su máximo histórico: 1.486 millones, un 6% más que el año anterior, según denuncian desde el sindicato Comisiones Obreras. 

El Gobierno de Ayuso ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón (2.208) y Ribera Salud (146) desde 2019, cuando la presidenta asumió el cargo, hasta 2024. La factura total a lo largo de estos años ha sido de 6.663 millones, entre los cinco hospitales públicos de gestión privada que hay en la región, que vienen siendo más de 1.300 millones de euros extra por cada año en promedio.

Con Esperanza Aguirre comenzó la nefasta política sanitaria del Partido Popular, cuyos altos cargos actúan como auténticos vampiros que desangran el patrimonio público hospitalario  en beneficio de grupos privados. Al cabo de un par de décadas instalados en el poder, la trama extractiva del PP ya ni siquiera se molesta en aparentar que son gestores que ponen en práctica la doctrina del neoliberalismo. Lo que entonces se vendió como libertad de elección de los pacientes, y que en la práctica implica poner a competir a las empresas privadas que gestionan los hospitales públicos que además del canon que cobran de la administración reciben precios económicos por captar pacientes de otras áreas geográficas. 

El entramado empresarial quedó al descubierto el pasado 25 de septiembre cuando el CEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del  Hospital de Torrejón de Ardoz, ordenó abiertamente subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. "En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino". La estrategia apunta a que si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios con el objetivo de "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones". 

En efecto, en los hospitales públicos de gestión privada, como el de Torrejón de Ardoz, cada euro que no se gasta en los pacientes es un euro más para la empresa. Tras la aparición en escena como presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso (IDA), persona sin la menor experiencia previa en gestión, absolutamente falta de escrúpulos políticos y morales aunque bien asesorada por un experto de comunicación, el saqueo del dinero público se realiza a ojos vistas.

De esa carencia de escrúpulos morales de IDA habla la fatídica cifra de los 7.291 ancianos que contrajeron el Covid en las residencias de la tercera edad y fallecieron en ellas en condiciones terribles al negárseles la asistencia hospitalaria conforme a los denominados protocolos de la vergüenza dictados por el Gobierno presidido por Díaz Ayuso, que zanjó públicamente el asunto con esa frase digna de la Enciclopedia General de la Infamia: "Total, se iban a morir igual".

Y de su descaro habla el hecho de que la máxima responsable de los desvíos del dinero del contribuyente a las empresas sanitarias privadas conviva en pareja con el comisionista y presunto delincuente fiscal confeso Alberto González Amador, (a) Alberto Quirón o Alberto Burnet, en un lujoso dúplex comprado, al parecer, con el producto de los turbios negocios llevados a cabo en el entorno del grupo Quirón.

Más allá de la figura del velo de ignorancia propuesto por Rawls, la nesciencia presenta esa otra cara de la que nos advirtió el líder afroamericano de los derechos civiles Martin Luther King: "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda". También la enorme complicidad del silencio. En todos los conflictos, dice Luther King, "llega la hora en que el silencio es traición […]; al final, no nos dolerán tanto las fechorías de los malvados, como el estremecedor silencio de los bondadosos".

Nadie en su sano juicio pondría a una zorra a cuidar del gallinero. Un elemental sentido de supervivencia debería llevar al electorado madrileño a reflexionar sobre si lo más conveniente para su propio interés es continuar respaldando con su voto una autorización expresa a las privatizaciones sanitarias que priorizan la rentabilidad empresarial a la salud de las personas.

Post scriptum: Tras mi grave episodio respiratorio debo pasar revisiones periódicas. La próxima, según la indicación del servicio de Neumología, debería efectuarse en marzo de 2026. Pero los recortes del Gobierno de la Comunidad de Madrid me ofrecen atenderme en 2027, un año después. Si consigo sobrevivir a la acción premeditada de estos enemigos de la sanidad pública, y por tanto mis enemigos, seguiré hablando de mi libro. 

    Les deseo, sobre todo a los cerca del millón de pacientes en lista de espera, buena suerte en 2026