Sobre el tiranicidio

 

                                                                             Imagen: John Hain (pixabay)

 

tirano, na (Del lat. tyrannus, y éste del gr. tyrannos). Dícese del que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. tiranía (Del gr. tyrannía). Gobierno ejercido por un tirano. Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. tiranicidio (Del lat. tyrannicidium). Muerte dada a un tirano.

En el discurso pronunciado, el pasado 19 de marzo, por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, con ocasión de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, el mandatario hizo referencia expresa a ese conjunto de "fenómenos que apuntan todos en la misma dirección desalentadora". Entre ellos, "el incumplimiento sistemático" y la "violación de la Carta de la ONU", "la deslegitimación de los tribunales internacionales", la creación de "un vacío, una tierra de nadie arbitraria, objeto de incursiones injustificadas (…) en un proceso que recae con todo su peso sobre los países y los pueblos más pobres y menos afortunados".

En su alocución, el profesor Mattarella, denuncia también una "vis dstruens que no surge de la necesidad de allanar el terreno para una construcción mejor, sino —al parecer— de la voluntad de eliminar aquellos límites al ejercicio de la supuesta soberanía estatal que se habían establecido para impedir el predominio de las aspiraciones hegemónicas de los grupos dirigentes al mando de los paises más fuertes".

Dani Rodrik, el influyente economista turco, profesor en la Universidad de Harvard y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2020, no duda en señalar al principal responsable de esta vis destruens (*): "Trump no es solo un riesgo económico de primera magnitud: es sobre todo la mayor amenaza de nuestro tiempo".

"Me preocupa más que con tantos fuegos artificiales no aprendamos la lección que nos ofrece la disolución del modelo de hiperglobalización de las últimas décadas, del que Trump es apenas un síntoma, no la causa" —asegura Rodrik— "Trump puede causar inmensos daños porque es el comandante en jefe del mayor ejército del mundo; es tan impredecible que en cualquier momento puede provocar el caos. Lo estamos viendo en Irán. Su capacidad para sembrar el caos en el terreno geopolítico es brutal. En cambio, su capacidad para sembrar el caos económico es más limitada; y sus efectos serán pasajeros: no creo que deje cicatrices permanentes en la economía. Sí puede causarlas en la geopolítica global, con el riesgo de un conflicto bélico a gran escala, y en la política estadounidense". 

Por su parte, Timothy Snyder, historiador estadounidense especialista en Europa Central y Oriental, desarrolla su concepto de tiranía principalmente en su libro Sobre la tiranía: Veinte lecciones del siglo XX (2017). Para Snyder, la tiranía no es simplemente un régimen autoritario impuesto desde arriba, sino un proceso gradual en el que los ciudadanos permiten —o facilitan activamente— la destrucción de las instituciones democráticas. Es tanto una estructura de poder como una dinámica social y psicológica. 

Entiende Snyder que los regímenes tiránicos no surgen de la nada: se aprovechan de instituciones debilitadas, ciudadanos pasivos y élites que colaboran esperando conservar privilegios. Snyder advierte que la democracia puede colapsar sorprendentemente rápido cuando nadie la defiende activamente. De ahí se desprende su conceptos de la obediencia anticipada (anticipatory compliance): la tendencia de funcionarios y ciudadanos a adivinar lo que el poder quiere y actuar en consecuencia, sin que se les ordene explícitamente. Esto normaliza el autoritarismo.

En línea con Hannah Arendt y George Orwell, Snyder ve en la manipulación del lenguaje y la proliferación de la mentira (post-truth) herramientas esenciales de la tiranía. Sin una realidad compartida, la resistencia colectiva se vuelve imposible.

Aunque este libro está escrito en respuesta al ascenso de Donald Trump y los movimientos populistas en Europa, Snyder insiste en que sus lecciones son universales y atemporales, extraídas de los grandes colapsos democráticos del siglo XX. Su mensaje central es que la tiranía no es inevitable, pero tampoco es imposible, sino que depende de las decisiones cotidianas de cada ciudadano.

Las instituciones no se defienden solas: requieren que las personas las sostengan activamente. Cuando los jueces, periodistas, legisladores o ciudadanos abandonan sus roles, las instituciones colapsan y el poder arbitrario llena el vacío. Snyder estructura su análisis en veinte prescripciones prácticas, entre las más destacadas:

a) No obedecer de antemano: resistir la tentación de anticipar deseos del poder. b) Defender las instituciones: apoyar activamente los contrapesos del poder. c) Cuidar el lenguaje: hablar con precisión, resistir el eufemismo y la propaganda. d) Creer en la verdad: distinguir hechos de ficción, apoyar el periodismo independiente. e) Mantener vida privada: proteger espacios fuera del control estatal. f) Hacer política en persona: no dejar que las redes sociales sustituyan la acción real. 

Sin embargo, cuando esta labor cívica de carácter preventivo falla por las razones que sean puede darse el caso de que un gobernante legítimo se convierte en tirano al abusar de su poder, oprimir al pueblo o violar las leyes. Es el caso de Donald Trump, un narcisista tal vez demenciado, grotesco en sus formas, caótico en sus decisiones, pero dotado del enorme poder que le confiere la presidencia de los EE. UU a través de cual ha introducido un tremendo desorden mundial.

Las democracias modernas cuentan con diversos mecanismos constitucionales para remover a un gobernante antes de que finalice su periodo si este incurre en faltas graves, abusos de poder o pérdida de confianza ciudadana, tales como la moción de censura o el juicio político (impeachment). En este segundo caso, se trata de un procedimiento lento que puede durar meses mientras el tirano sigue cometiendo desmanes no sólo económicos, sino que se cobran vidas humanas al declarar guerras o enviar a policías a matar ciudadanos del propio país (Minnessota). Llegados a este punto, y como último recurso, la teoría política describe un procedimiento abreviado: el tiranicidio.

El tiranicidio —concepto que ofrece justificación moral a ciertos actos que, desde el punto de vista jurídico, se denominan magnicidio— constituye uno de los tópicos recurrentes en el ideario de la Independencia de los Estados Unidos de América del Norte, tradición que incluye célebres apologías sobre la necesidad de eliminar a los tiranos. Entre los ejemplos más conocidos figura la frase atribuida a Thomas Jefferson: "El árbol de la libertad debe regarse con la sangre de los patriotas y de los tiranos". En esa misma línea se inscribe el lema del estado de Virginia, "Sic semper tyrannis" —"Así siempre a los tiranos"—, propuesto por George Mason. 

La sugerencia de Benjamin Franklin para el Gran Sello de los Estados Unidos incluía la frase "Rebellion to Tyrants is Obedience to God" ("La Rebelión contra los Tiranos es  Obediencia a Dios"). 

Un antecedente en la reflexión sobre el tiranicidio se debe a la Escuela de Salamanca, un movimiento intelectual y teológico-filosófico que floreció durante los siglos XVI y XVII en la Universidad de Salamanca (España), donde Sergio Mattarella pronunció su discurso. Esta Escuela supone una renovación profunda de la escolástica medieval, aplicando el pensamiento tomista a los grandes problemas del mundo moderno: el comercio global, la conquista de América, el derecho internacional y la naturaleza del poder político. Sus representantes más destacados son Francisco de Vitoria (1483–1546) —dominico formado en París que transformó la cátedra de teología de Salamanca en un centro de pensamiento vivo y comprometido con la realidad política de su tiempo— y Francisco Suárez (1548-1617) —teólogo y jesuita, considerado el mayor filósofo escolástico después de Tomás de Aquino—.  

Esta Escuela adelantó ideas referidas al derecho internacional sosteniendo que las naciones forman una comunidad universal regida por normas que ningún soberano puede ignorar. Desarrolla una teoría del poder basada en el consentimiento y el bien común. El poder político no viene directamente de Dios al monarca, sino que pasa por la comunidad. Establece asimismo criterios rigurosos para determinar cuándo una guerra es moralmente legítima: causa justa, intención recta, declaración por autoridad legítima, proporcionalidad y último recurso. Estos principios siguen siendo referencia en el derecho internacional humanitario. 

La Escuela de Salamanca justificó el derecho al tiranicidio basándose en la idea de que el poder político emana del pueblo y está limitado por la ley natural y el bien común. Esta doctrina no era una apología del asesinato arbitrario, sino un mecanismo de defensa extrema frente a la opresión. Distinguía entre dos tipos de tirano:

• Tyrannus absque título: El usurpador que accede al poder sin derecho legítimo. En este caso, cualquier ciudadano tiene derecho a resistirse o eliminarlo para restaurar el orden.
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• Tyrannus in exercitio: El gobernante legítimo que se convierte en tirano al abusar de su poder, oprimir al pueblo o violar las leyes divinas y naturales.

El autor más radical en la defensa del tiranicidio fue el jesuita Juan de Mariana (1536-1624). Su libro De rege et regis institucione (1599) se hizo famoso por la exposición que en él hace del derecho de los ciudadanos particulares a eliminar al rey en caso de que éste viole la norma fundamental del contrato con el pueblo del que emana su soberanía: si un rey degrada la religión, impone impuestos injustos o gobierna contra el interés público, puede ser depuesto e incluso ejecutado por un individuo particular si la nación no puede reunirse para hacerlo.

Tanto los filósofos como los teólogos están de acuerdo en que si un príncipe se apoderó de la República a fuerza de armas, sin razón, sin derecho alguno, sin el consentimiento del pueblo, puede ser despojado por cualquiera de la corona, del gobierno, de la vida; que siendo un enemigo público y provocando todo género de maldades a la patria y haciéndose verdaderamente acreedor por su carácter al nombre de tirano, no sólo puede ser destronado, sino que puede serlo con la misma violencia con que él arrebató un poder que no pertenece sino a la sociedad que oprime y esclaviza. [...] Es ya, pues, innegable que puede apelarse a la fuerza de las armas para matar al tirano, bien se le acometa en su palacio, bien se entable una lucha formal y se esté a los trances de la guerra.

 

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(*) Fuerza destructora. Tendencia o voluntad de desmantelar estructuras, normas o límites establecidos (como tratados internacionales o soberanías) sin necesariamente tener un plan para reemplazarlos por algo mejor

(**) El libro de Mariana fue quemado en público en el Parlamento de París debido a que la apología del regicidio contenida en la obra se consideró causa inductora del asesinato de Enrique III de Francia. En España, el Instituto Juan de Mariana es un reducto de la ideología ultraconservadora libertariana, con estrechas relaciones con el Cato Institute, y organiza un premio anual que en 2024 fue otorgado al presidente argentino Javier Milei.

(***) Los procedimientos principales para remover a un gobernante varían según el sistema de gobierno:

1. Juicio Político (Impeachment). Es el mecanismo típico de los sistemas presidencialistas (como en EE. UU. o la mayoría de los países de América Latina). Motivo: Se activa ante delitos graves, traición, soborno o violación de la confianza pública. Procedimiento: Generalmente, la Cámara de Representantes acusa y el Senado actúa como juez. Se suele requerir una mayoría cualificada (como dos tercios) para condenar y destituir al funcionario. El proceso formal de impeachment contra Richard Nixon duró aproximadamente 9 meses y 3 semanas, desde que se iniciaron las primeras resoluciones oficiales en octubre de 1973 hasta su renuncia en agosto de 1974.

2. Moción de Censura Es el procedimiento estándar en sistemas parlamentarios (como en España, Reino Unido o Alemania). Motivo: Pérdida de la confianza política del Parlamento en el jefe de Gobierno. Procedimiento: Si la mayoría absoluta de los legisladores vota a favor de la moción, el gobernante se ve obligado a dimitir. En algunos casos, como la Moción de censura en España, debe ser "constructiva", lo que significa que el Parlamento debe proponer simultáneamente a un candidato sucesor.

El “torero” que el 23-F asaltó el Parlamento español pistola en mano muere el mismo día en que se publica la documentación secreta sobre el golpe

Manuel P. Barriopedro (EFE)

                                                              Antonio Tejero Molina, el teniente coronel de la Guardia Civil cuya imagen se convirtió en el icono del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto a los 93 años. El óbito coincidió de manera simbólica con la fecha en que el Gobierno de España hizo pública la desclasificación de los documentos secretos del golpe. El 23-F, la entrada de Tejero pistola en mano en el hemiciclo del Congreso de los Diputados al grito de “¡quieto todo el mundo!” suscitó el equívoco del reportero de la agencia sueca Tidningarnas Telegrambyrå:  "Un torero asalta el Parlamento español"

El pasado 24 de febrero de 2026, el Consejo de ministros aprobó la desclasificación de documentación relativa al intento de golpe de Estado que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981. Se trata de "153 unidades documentales" que durante décadas han permanecido clasificadas como secretas y que a partir de ahora podrán "ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales". Los documentos se hicieron públicos tras aparecer la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 25 de febrero y se accede a ellos en la página web oficial de La Moncloa.

En esa misma fecha falleció el ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina a los 93 años de edad. Su muerte ocurrió en un hospital de Alzira (Valencia). Murió apenas dos días después del 45.º aniversario del intento de golpe de Estado de 1981 que él mismo encabezó. Desde la perspectiva de un reportero de la agencia sueca Tidningarnas Telegrambyrå, la escena sugería la ligura de un torero asaltando el Parlamento español.

Así lo cuenta el historiador, Gabriel Cardona, en su libro A golpes de sable (2008). "En la noche del 23 de febrero de 1981, un despistado periodista sueco recibió una fotografía de agencia donde se veía a Tejero, conminatorio y pistola en mano, en el salón de sesiones del Congreso. El sueco, sin otras informaciones aclaratorias, miró el aparente tricornio y compuso un titular apresurado

Para un observador extranjero no muy familiarizado con los uniformes españoles de la época, la forma del tricornio (visto de frente o de lado en imágenes de baja calidad) guardaba un parecido visual con la montera que usan los toreros. En aquel momento, la imagen internacional de España seguía muy ligada a los tópicos de la tauromaquia, lo que facilitó que el periodista interpretara la "representación" como una "corrida" política. 

Aunque el error original fue sueco, medios estadounidenses como The New York Times o la revista Time dieron una cobertura masiva al evento. En sus crónicas, a menudo describían el atuendo de Tejero como algo exótico o "pintoresco", refiriéndose al tricornio como un "patent leather tricorn hat" (sombrero de tricornio de charol), explicando a sus lectores que era el símbolo de una fuerza policial paramilitar. 

Curiosamente, tras el asalto al Capitolio de EE. UU. en 2021, muchos medios españoles compararon al "Chamán de QAnon" (con su gorro de piel y cuernos) con la figura de Tejero y su tricornio, cerrando el círculo de comparaciones entre asaltos al congreso y sombreros llamativos.

En una suerte de justicia poética, a la coincidencia de fechas entre la muerte de Tejero la salida a la luz de los documentos que habían permanecido secretos hasta ahora, entre ellos la transcripción de algunas conversaciones telefónicas que fueron intervenidas aquella noche, hace honor a la célebre frase de Karl Marx: "la historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa".

Porque aquella fatídica noche, con tanta confusión, nervios y proliferación de armas, hubo momentos susceptibles de un desenlace trágico. Por ejemplo, cuando un guardia civil señala su metralleta y advierte a los diputados que no se muevan: «Tranquilos, señores; al próximo movimiento de manos se mueve esto, ¿eh? Los de las manitas esas, tranquilos. Eso cuando estén solos».

O cuando el general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, acude al Congreso y se dirige al cabecilla de los golpistas: «¡Tejero, deponga su actitud y entréguese acabando de una vez esta locura!». Pero Tejero le ha respondido: «Mi general, estoy dispuesto a todo y, antes de entregarme, primero le mato y después me pego un tiro». Aramburu ha hecho ademán de sacar su pistola, pero uno de sus ayudantes se lo ha impedido, porque los hombres de Tejero le han apuntado con sus fusiles.

Cuarenta y cinco años después de aquel "instante", empleando la terminología de Javier Cercas, algunas de esas conversaciones, como las mantenidas por la esposa de Tejero, Carmen Díez, escuchadas hoy, reviven el "instante" como farsa.

La esposa de Tejero se refirió al militar como “tonto” o “desgraciao” decenas de veces el 23-F: “Lo han dejado tirao como una colilla”. En otra llamada, Carmen Díez habla con otra mujer, Herminia, a quien dice: “¿Has visto qué asco? Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao”. En una llamada a su hijo, Carmen le dice a este que ha oído en televisión que Antonio Tejero asume toda la responsabilidad y exclama “¡Qué jilipuertas es!”, concluye de nuevo la mujer:

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"Un millón de moscas no puede equivocarse, comamos mierda".

 

 Aunque suene brutal, este satírico eslogan encierra una verdad incómoda sobre el funcionamiento de los mercados cuando se desconectan de la calidad y se guían únicamente por la popularidad o la inercia del consumo masivo.  El criterio basado en el argumentum ad populum  —creer que algo es correcto porque la mayoría lo hace—  infecta tanto a consumidores como a mercados.

Una gran cantidad de bienes, servicios, y por desgracia muchos de los alimentos que llegan a nuestra mesa, son puestos a disposición del consumidor bajo una lógica perversa. Imaginemos que un fabricante de salchichas descubre algo inquietante: sus ventas no dependen de la calidad de sus ingredientes. Ya sea por lealtad de marca, falta de alternativas, marketing efectivo o simple desconocimiento del consumidor, sus productos se venden igual si usa carne de primera que si rellena las tripas con despojos, harinas, grasas de baja calidad y aditivos baratos.

¿Qué hará este fabricante si actúa según la racionalidad económica pura? La respuesta es tan obvia como desalentadora: reducirá la calidad al mínimo permitido (o incluso menos, si puede evitar controles). No hará esto por una maldad innata, sino porque el mercado le está enviando una señal clara: "La calidad no importa, solo el precio de coste".

Si puede vender cada salchicha al mismo precio, pero fabricarla por la mitad de coste, duplica su margen de beneficio. Desde la lógica del balance financiero, sería irracional hacer lo contrario. El mercado, en este caso, no castiga la mediocridad; la premia.

El criterio basado en el argumentum ad populum —creer que algo es correcto porque la mayoría lo hace— infecta tanto a consumidores como a mercados. Si millones de personas compran un producto, debe ser bueno, ¿verdad? No necesariamente.

La popularidad puede deberse a múltiples factores que nada tienen que ver con la calidad: potentes campañas publicitarias, conveniencia, precio bajo, hábito, falta de información o ausencia de alternativas accesibles. En muchos casos, el consumidor ni siquiera sabe qué es lo que está comprando realmente. ¿Cuántos leen la letra pequeña de los ingredientes? ¿Cuántos entienden lo que leen?

Esta asimetría de información crea un terreno fértil para que prolifere lo mediocre. Si nadie castiga con su bolsillo la baja calidad porque nadie la detecta o nadie tiene mejor opción, el mercado no autocorregirá nada.

Las fallas del mercado autoregulado

Los defensores del libre mercado argumentan que la competencia elimina naturalmente a los malos productos. En teoría, los consumidores informados premiarán la calidad y castigarán la mediocridad hasta expulsarla del mercado. Es una bonita idea que choca contra varias realidades:

Primero, los consumidores rara vez están perfectamente informados. La información tiene costes (tiempo, conocimiento técnico, acceso) que no todos pueden asumir. ¿Hasta qué punto debería investigar alguien antes de comprar unas salchichas para la cena?

Segundo, existen externalidades no visibles de inmediato. Las consecuencias de consumir productos de baja calidad (problemas de salud, deterioro ambiental) pueden tardar años en manifestarse, cuando ya es demasiado tarde para que el mercado reaccione.

Tercero, en muchos sectores existen oligopolios o monopolios de facto. Si todas las marcas disponibles usan ingredientes similares de baja calidad, ¿dónde está la opción de castigar con el consumo?

Cuarto, el marketing puede fabricar percepciones de calidad completamente desconectadas de la realidad. Una imagen de campos verdes y vacas felices no garantiza que el contenido del envase corresponda con esa pastoral fantasía.

Por qué existen las regulaciones

Aquí es donde entran las regulaciones sanitarias, los estándares de calidad obligatorios, el etiquetado transparente y los organismos de control. No son caprichos burocráticos ni ataques a la libertad empresarial, sino reconocimientos de que el mercado, por sí solo, puede fallar estrepitosamente en proteger el interés público.

Las regulaciones establecen un suelo mínimo: "No importa cuánto quieras ahorrar, no puedes poner esto en un alimento". Sin ese suelo, la carrera hacia el fondo no tendría límite. La lógica del beneficio máximo, sin contrapesos, nos llevaría exactamente al escenario de nuestro fabricante de salchichas: ingredientes cada vez peores mientras las ventas se mantengan.

Porque, al final, la confianza ciega en que "un millón de moscas no puede equivocarse" ignora un detalle fundamental: las moscas no eligen basándose en lo que es bueno para ellas a largo plazo, sino en estímulos inmediatos. Y nosotros, con frecuencia, tampoco.

El consumidor como último guardián

Esto no exime de responsabilidad al consumidor. La información existe, aunque requiera esfuerzo accederla y procesarla. Existen etiquetas, estudios, organizaciones de consumidores, análisis independientes. La diferencia entre una compra consciente y una automática puede estar en cinco minutos de lectura.

Pero exigir que cada consumidor se convierta en un experto en nutrición, química alimentaria y cadenas de suministro para cada producto que compra es, sencillamente, irreal. De ahí que necesitemos sistemas de verificación colectiva: regulaciones que establezcan mínimos, certificaciones fiables, y sí, también un mercado que premie la calidad cuando está adecuadamente informado.

Conclusión: más allá de las moscas

El eslogan de las moscas nos recuerda que la verdad no se establece por votación, ni la calidad se garantiza por popularidad. Un mercado puede funcionar maravillosamente bien para distribuir recursos y generar innovación, pero solo cuando los incentivos están alineados correctamente.

Cuando un fabricante puede ganar más vendiendo peor, cuando el consumidor no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, cuando la popularidad se construye con publicidad en lugar de mérito, el mercado no nos lleva hacia la excelencia. Nos lleva, literal y metafóricamente, hacia la mierda.

La solución no es renunciar al mercado, sino enmarcarlo con regulaciones sensatas, alimentarlo con información transparente y cultivar consumidores críticos. Tal vez un millón de moscas no se equivoque alimentándose de basura, puesto que ese es el nicho dentro del cual prospera su especie. La cuestión es si nosotros, humanos, vamos a seguir comiendo la mierda que nos venden otros miembros de nuestra propia especie.

La sanidad pública madrileña y sus enemigos

 

                                                                                                    Manel Fontdevila    

Nadie en su sano juicio pondría a una zorra a cuidar del gallinero. Un elemental sentido de supervivencia debería llevar al electorado madrileño a reflexionar sobre si lo más conveniente para su propio interés es continuar otorgando con su voto una autorización expresa a las privatizaciones sanitarias que priorizan la rentabilidad empresarial a la salud de las personas

Hoy vengo a hablar de mi libro, mejor dicho, del libro que contiene mi historial clínico. Hace año y medio, dejé constancia en este cuaderno de mi reconocimiento a los profesionales sanitarios de los servicios de Urgencias y de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Público de la Princesa, que me atendieron a raíz de un grave episodio que, en otro país que no contara con una sanidad pública universal, me hubiera obligado a elegir entre la ruina o la vida.

Una vida a lo largo de la cual he defendido siempre la sanidad pública. La defiendo desde que tengo uso de razón política; la defendí con mayor fervor, si cabe, cuando mis ancianos padres se vieron en la necesidad de recibir atención médica en la última etapa de su vida. Y lo hago ahora, cuando yo mismo estoy a punto de cruzar el umbral de la ancianidad y me veo también en la tesitura de precisar atención clínica por diversos quebrantos de salud.

La defensa de una sanidad pública gratuita, de calidad y cobertura universal no obedece a un mero posicionamiento ideológico, sino más bien utilitario. La mayoría de nosotros suscribe un seguro de accidentes del coche o de la vivienda en previsión de poder sufrir algún tipo de eventualidad. Es decir, actuamos con desconocimiento de lo que pueda suceder por causas imprevistas con el bien asegurado.

Ahora bien, en caso de que se produzca la contingencia, la ayuda o indemnización a recibir dependerá de la cuantía de la tarifa del seguro. Esto es lógico, porque las compañías aseguradoras no persiguen fines filantrópicos, sino que son una forma de negocio de la que esperan obtener un beneficio. Todo lo contrario de los servicios de sanidad pública, cuya finalidad es la de prestar una asistencia sin contrapartida económica.

Así, pues, la sanidad pública, en tanto que uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar, debería quedar al margen de la controversia política. Es una pura cuestión de lógica que deriva de la incertidumbre sobre las adversidades que nos pueden sobrevenir, y en función de las cuales tomamos la precaución de asegurar un bien. A ello se refiere la figura del "velo de ignorancia", un experimento mental propuesto por el jurista John Rawls en su clásica Teoría de la Justicia (1971) para determinar principios de justicia imparciales. Consiste en imaginar una "posición original" donde individuos racionales deben acordar las reglas básicas que organizarán su sociedad, pero sin conocer información crucial sobre sí mismos.

Tras este velo, los participantes desconocen su posición social, clase económica, talentos naturales, capacidades, raza, género o riqueza. Solo poseen conocimientos generales sobre cómo funcionan las sociedades. El propósito es eliminar los sesgos personales: al no saber si seremos ricos o pobres, sanos o enfermos, debemos elegir principios justos desde cualquier posición posible.

Rawls argumenta que en esta situación elegiríamos dos principios fundamentales. Primero, garantizar a cada persona las libertades básicas más amplias compatibles con iguales libertades para todos. Segundo, permitir desigualdades económicas solo si benefician a los menos aventajados y están vinculadas a posiciones accesibles a todos.

La lógica que subyace bajo el velo sugiere que adoptaríamos una estrategia prudente que protege al más desfavorecido, pues podríamos ser nosotros mismos una vez que conozcamos nuestra verdadera situación. Así, el velo de ignorancia garantiza que los principios de justicia sean genuinamente imparciales, resultado de un contrato social que cualquier persona racional aceptaría sin saber qué lugar ocupará en la sociedad.

Esa lógica, que en principio debería guiar la actitud racional de la mayoría ciudadana se ha quebrado. En nuestros días, la gran paradoja de la historia consiste en que un multimillonario como Trump se convierte en el agente de transformación del sistema político apoyado por la clase obrera. Siendo este sector el gran perjudicado de las políticas orientadas a destruir los servicios públicos.

La ola trumpista tiene su reflejo en la esfera nacional, en concreto en el deterioro intencionado de los servicios de la sanidad pública la Comunidad de Madrid por parte de los desaprensivos miembros del Partido Popular que gobiernan desde hace treinta años y cuyo balance en el área de sanidad no puede ser más desolador:

Por desgracia, hay algunos partidos políticos entre cuyos objetivos figura el debilitamiento de ese pilar del bienestar a través de la privatización de sus hospitales y centros de asistencia primaria. Y la finalidad de dicha operación no es otra que convertir un bien público en un negocio. Un atropello de los derechos sociales que cada miembro de la ciudadanía, en tanto que sujeto directamente afectado por esta quiebra de su seguridad en caso de enfermedad, tiene la obligación de impedir.

El dato objetivo que pone de relieve con meridiana claridad lo que estamos diciendo es la infrafinanciación de la sanidad pública, una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En el caso de la madrileña, una de las más ricas de España, el gasto sanitario público es uno de los tres más bajos del país. En concreto, para el año 2026 el presupuesto por habitante desciende a 1.537 euros, muy por debajo del gasto medio nacional, 2014 euros, e incluso por debajo del gasto consolidado que tuvo en 2023, que rondaba los 1.700 euros. 

La consecuencia inmediata de estas políticas de desmantelamiento, recortes y privatizaciones se refleja en las largas listas de espera y problemas de accesibilidad en Atención Primaria que sufre la población. Las listas de espera médicas de la Comunidad de Madrid han registrado un dato histórico: en febrero de este año se han contabilizado 116.063 pacientes más que en el mismo período del año anterior. En Madrid hay casi un millón de pacientes esperando una cita: 972.643 personas, según los últimos datos publicados por la consejería de Sanidad. 

Mientras que los hospitales públicos se encuentran infrafinanciados, con crisis de personal y carencia de recursos materiales, la política depredadora del Partido Popular desvía cuantiosos recursos a la empresa privada. 

En 2026 los conciertos con las empresas sanitarias privadas alcanzan su máximo histórico: 1.486 millones, un 6% más que el año anterior, según denuncian desde el sindicato Comisiones Obreras. 

El Gobierno de Ayuso ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón (2.208) y Ribera Salud (146) desde 2019, cuando la presidenta asumió el cargo, hasta 2024. La factura total a lo largo de estos años ha sido de 6.663 millones, entre los cinco hospitales públicos de gestión privada que hay en la región, que vienen siendo más de 1.300 millones de euros extra por cada año en promedio.

Con Esperanza Aguirre comenzó la nefasta política sanitaria del Partido Popular, cuyos altos cargos actúan como auténticos vampiros que desangran el patrimonio público hospitalario  en beneficio de grupos privados. Al cabo de un par de décadas instalados en el poder, la trama extractiva del PP ya ni siquiera se molesta en aparentar que son gestores que ponen en práctica la doctrina del neoliberalismo. Lo que entonces se vendió como libertad de elección de los pacientes, y que en la práctica implica poner a competir a las empresas privadas que gestionan los hospitales públicos que además del canon que cobran de la administración reciben precios económicos por captar pacientes de otras áreas geográficas. 

El entramado empresarial quedó al descubierto el pasado 25 de septiembre cuando el CEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del  Hospital de Torrejón de Ardoz, ordenó abiertamente subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. "En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino". La estrategia apunta a que si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios con el objetivo de "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones". 

En efecto, en los hospitales públicos de gestión privada, como el de Torrejón de Ardoz, cada euro que no se gasta en los pacientes es un euro más para la empresa. Tras la aparición en escena como presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso (IDA), persona sin la menor experiencia previa en gestión, absolutamente falta de escrúpulos políticos y morales aunque bien asesorada por un experto de comunicación, el saqueo del dinero público se realiza a ojos vistas.

De esa carencia de escrúpulos morales de IDA habla la fatídica cifra de los 7.291 ancianos que contrajeron el Covid en las residencias de la tercera edad y fallecieron en ellas en condiciones terribles al negárseles la asistencia hospitalaria conforme a los denominados protocolos de la vergüenza dictados por el Gobierno presidido por Díaz Ayuso, que zanjó públicamente el asunto con esa frase digna de la Enciclopedia General de la Infamia: "Total, se iban a morir igual".

Y de su descaro habla el hecho de que la máxima responsable de los desvíos del dinero del contribuyente a las empresas sanitarias privadas conviva en pareja con el comisionista y presunto delincuente fiscal confeso Alberto González Amador, (a) Alberto Quirón o Alberto Burnet, en un lujoso dúplex comprado, al parecer, con el producto de los turbios negocios llevados a cabo en el entorno del grupo Quirón.

Más allá de la figura del velo de ignorancia propuesto por Rawls, la nesciencia presenta esa otra cara de la que nos advirtió el líder afroamericano de los derechos civiles Martin Luther King: "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda". También la enorme complicidad del silencio. En todos los conflictos, dice Luther King, "llega la hora en que el silencio es traición […]; al final, no nos dolerán tanto las fechorías de los malvados, como el estremecedor silencio de los bondadosos".

Nadie en su sano juicio pondría a una zorra a cuidar del gallinero. Un elemental sentido de supervivencia debería llevar al electorado madrileño a reflexionar sobre si lo más conveniente para su propio interés es continuar respaldando con su voto una autorización expresa a las privatizaciones sanitarias que priorizan la rentabilidad empresarial a la salud de las personas.

Post scriptum: Tras mi grave episodio respiratorio debo pasar revisiones periódicas. La próxima, según la indicación del servicio de Neumología, debería efectuarse en marzo de 2026. Pero los recortes del Gobierno de la Comunidad de Madrid me ofrecen atenderme en 2027, un año después. Si consigo sobrevivir a la acción premeditada de estos enemigos de la sanidad pública, y por tanto mis enemigos, seguiré hablando de mi libro. 

    Les deseo, sobre todo a los cerca del millón de pacientes en lista de espera, buena suerte en 2026

20-N

 

En el 50 aniversario de la muerte del sangriento dictador Francisco Franco, el escribidor de este blog, cuya niñez, adolescencia y juventud transcurrió bajo la opresión de su régimen fascista, tiene a bien conmemorar el evento ciscándose sin contemplaciones sobre el maldito nombre de este asesino.

Sísifo, el héroe absurdo

 

                                                                                                            Fotomontaje de Grete Stern, 1949

Por su desobediencia, los dioses condenaron a Sísifo a empujar sin tregua una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. “Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Sísifo es el héroe absurdo” señala Albert Camus a propósito de este mito. “Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser dedica a no acabar nada [...]. El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo”.

Como absurda es la tarea en las oficinas. El cuarenta por ciento de la fuerza laboral son trabajadores de cuello blanco. En su mayoría, desempeñan algunos de los empleos más tediosos jamás concebidos: mover papeles inútiles de un lado a otro.

Los modernos dioses del capitalismo han perfeccionado el absurdo al crear la necesidad de que cada persona se dedique a empujar rocas sin sentido. El nuevo mito de nuestros días se llama Pleno Empleo, una contradicción en sus términos: desde las primitivas hachas de sílex a la utilización del silicio en los chips electrónicos, los avances tecnológicos significan ahorro de esfuerzo humano. Pero, como denunció el economista polaco Michał Kalecki (1899-1970) "los fundamentos de la ética capitalista exigen que usted gane su pan con el sudor de su frente... a menos que usted posea medios privados".

"Bajo un régimen de pleno empleo, el ‘despido’ dejaría de desempeñar su papel disciplinario. Se minaría la posición social del jefe o patrón y crecería la confianza en sí misma y la conciencia clasista de la clase trabajadora. [...] Es cierto que bajo un régimen de ocupación plena las ganancias serían mayores que el promedio de las mismas bajo el laissez faire. Pero los líderes del mundo de los negocios aprecian más la ‘disciplina de las fábricas’ y la ‘estabilidad política’ que las ganancias mismas. Su instinto de clase les advierte de que el desempleo es parte integrante del sistema capitalista normal", concluye Kalecki.

Así, las nuevas tecnologías no han sido utilizadas para distribuir mejor el tiempo de trabajo, sino para favorecer una gigantesca concentración de capital privado. El neoliberalismo ha creado el imaginario de una sociedad supeditada funcionalmente a las necesidades del mercado. Esa irracionalidad exige que todo el mundo acepte que el progreso económico exige mercados de trabajo "desregulados", aceptando asimismo que existirán grupos sociales vencedores y grupos sociales perdedores. Se utiliza el despido como medio disciplinario, mas no se debería olvidar que, en buena lógica, los perdedores en el campo laboral podrían revolverse y utilizar la fuerza para recuperar posiciones por otras vías. Al fin y al cabo, "la guerra es la continuación de la política por otros medios" (von Clausewitz).

Pensiones: el que al cielo escupe, en la cara le cae

 

El sistema público de pensiones español goza de buena salud, mal que pese a los conglomerados financieros que llevan décadas vaticinando su quiebra con el objetivo de privatizarlo y convertirlo en un sector más de negocio. Al no ver cumplidas sus lúgubres profecías, ahora recurren a una nueva estratagema: enfrentar a la generación de trabajadores jóvenes con los pensionistas, aludiendo al desequilibrio entre los ingresos de unos y otros. Pero la culpa de los bajos salarios no hay que buscarla en las pensiones, sino en la cicatería del sector privado empresarial. Tirando piedras contra su propio tejado los jóvenes no solucionarán la precariedad salarial, pues la universalidad del sistema es una garantía de protección a futuro también para ellos. Atiendan al proverbio: el que al cielo escupe, en la cara le cae. 

De entrada, es preciso reconocer las enormes dificultades a las que hoy se enfrentan la mayoría de los jóvenes de este país para salir de la doble trampa creada por los bajos salarios y la carestía de la vivienda. La combinación de ambos factores plantea una nefasta paradoja: el sector de población que se encuentra en la plenitud de sus energías vitales se ve socioeconómicamente impedido para desarrollar un proyecto de vida que amplíe su horizonte de libertad. Hablamos de libertad real, no de esa libertad de vía estrecha, charanga y pandereta que ofrece el programa del Partido Populista que consiste en sentarse en una terraza a ahogar sus penas en cañitas de cerveza.

Con tales perspectivas, es comprensible el estado anímico de desesperanza, cuando no de abierta desesperación, provocado por la hegemonía de la ideología neoliberal que impregna la atmósfera política actual. Una ideología que se transmite a través de mantras que intentan confundir a la opinión pública para que rechace toda política orientada a la igualdad de oportunidades y a la convivencia dentro del marco de las garantías proporcionadas por los servicios públicos e instituciones del Estado del Bienestar.

La historia de la protección social es la historia de los diversos intentos que, a partir del pensamiento de los mejores pensadores humanistas e ilustrados, tratan de corregir los efectos más devastadores que las oligarquías causan en el conjunto de la sociedad. La apropiación del suelo y de las fuentes de recursos naturales ha privado a la mayoría de los seres humanos de su derecho natural a obtener el sustento vital tomando directamente los recursos que brinda la Naturaleza. O teniendo el control sobre la transformación de los mismos mediante el trabajo.

Antiguamente, los campesinos y los obreros cuando caían enfermos, accidentados o llegaban a una edad que les impedía trabajar, pasaban a depender de lo que hubieran sido capaces de ahorrar en toda su vida, o quedaban a merced del apoyo que pudieran prestarles sus hijos. Con la destrucción de las estructuras familiares clásicas por la civilización industrial, la protección de los ancianos en los países democráticos ha sido asumida por el pacto social del que deriva el Estado del Bienestar.

Uno de los grandes pilares de ese Estado del Bienestar es el sistema público de la Seguridad Social, a través del cual la población puede contar con unos ingresos vitalicios que permitan la subsistencia durante la vejez. Garantizar, mediante pensiones públicas de jubilación, una vida digna al llegar a la edad en que decae el vigor biológico de las personas, es uno de los grandes logros que dan sentido a la moderna existencia humana.

A través de sus respectivos altavoces mediáticos, los grandes conglomerados financieros llevan décadas anunciando la quiebra del sistema público de pensiones. Y la razón no es otra que conseguir su privatización para convertirlo en un sector más de negocio. Por desgracia para ellos, ni sus lúgubres profecías se han cumplido ni tampoco su propuesta ha calado en una opinión pública que constituye el mejor testigo de la realidad: hay un importante contingente de personas jubiladas y el sistema goza de buena salud. Por ello, para conseguir sus oscuros propósitos, están recurriendo a una nueva estratagema: enfrentar a los trabajadores jóvenes con los pensionistas, aludiendo a una supuesta injusticia entre sus respectivos ingresos.

Foto: Warren en Unsplash

Hay que hacer frente a esa intoxicación poniendo las cosas en su sitio. Pues sorprende que una gran parte de miembros de la generación mejor preparada, a la que se supone la facultad para distinguir el agua del aceite contenidos en un vaso, no sea capaz de discernir entre las dos fuentes principales de las que provienen los ingresos de la mayoría de la población. Así que, para disipar los miedos del creciente sector de jóvenes que han empezado a creerse estas mentiras, la mejor recomendación que podemos hacerles es que intenten apartar durante unos minutos la vista de las pantallas de los teléfonos móviles y, como aconseja el  lema de la Ilustración: sapere aude. Atrévete a saber. 

Atreverse, en primer lugar, a saber cuáles son las dos fuentes de las que provienen, respectivamente, los salarios y las pensiones de jubilación. La fuente de los salarios son los empleadores, es decir, los empresarios. Mientras que la fuente de las pensiones es el Estado a través del sistema de Seguridad Social. Esto es de Perogrullo, pero para tenerlo claro hay que leer los datos con los ojos propios, rechazando las venenosas milongas transmitidas a través de las redes sociales por una plaga de influencers indocumentados.

Atreverse, también, a saber que no todos los pensionistas perciben esas supuestas pagas opulentas. Uno de cada dos pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes y el 57% no alcanza el salario mínimo. Más de 4,6 millones de personas reciben pensiones por debajo de 1.000 euros mensuales, según los últimos datos oficiales de la Seguridad Social.

Los principales estados europeos han asumido constitucionalmente la responsabilidad de pagar las pensiones de jubilación. Que se inscriben en el repertorio de derechos civiles que configura el Estado del Bienestar. Derechos que, a su vez, son resultado del pacto político que, en lo tocante a pensiones, se inspira en ese otro pacto tácito intergeneracional que forma parte de la esencia de nuestras sociedades: 

"Yo pago tu desarrollo y tu educación y tú pagas mi sostenimiento en la vejez", dicen los padres a los hijos. A través del modelo de reparto, la generación que trabaja sostiene con sus cotizaciones las pensiones devengadas por la generación que se jubila, que a su vez pagó las de los anteriores pensionistas.

Los actuales jubilados somos precisamente los que, en tanto que generación –ya que no todos los individuos se implicaron de forma activa–, luchamos sindical y políticamente en dos frentes: uno, orientado a obtener salarios más o menos decentes; otro, procurando fortalecer el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Y por supuesto, luchando para traer a este país una democracia que hiciera posible garantizar, entre otros, los mencionados derechos.

De manera que la actual generación de jóvenes trabajadores no debe caer en el ardid tendido por las grandes oligarquías interesadas en el derribo del sistema público de pensiones. Bastante tarea tiene la juventud con romper las cadenas de la doble trampa compuesta por la carestía de vivienda + salarios de mierda. No será enfrentándose con sus mayores como conseguirán salir de ese cepo en el que están atrapados, sino, por el contrario, plantando cara a esa cicatera fuente de la que mana el débil hilo que alimenta sus salarios. Hace décadas que en España los trabajadores no declaran una huelga general en defensa de sus derechos.

Y no olviden algo fundamental: gracias a las luchas de los trabajadores del ayer existe un sistema público de pensiones con carácter universal. Esa universalidad proyecta su accion protectora sobre el futuro de los jóvenes trabajadores. Si ellos, desde la perspectiva de "pensionistas embrionarios", se esfuerzan hoy en mantener el sistema, el día de mañana también podrán cobrar sus correspondientes pagas de jubilación. Sin embargo, si caen en la trampa de cuestionar a los pensionistas, no sólo estarán colaborando con las oligarquías enemigas de los sistemas de protección social. Estarán, además, tirando piedras contra su propio tejado.

Pues, como dice el proverbio: El que al cielo escupe, en la cara le cae.

Tanto los salarios como las pensiones hay que pelearlos.