viernes, 26 de marzo de 2010

¿Pensiones generosas? Miau.


Algunos dicen que el sistema de pensiones español es muy generoso. Pero las personas situadas en la cincuentena que tengan la desgracia de entrar en el desempleo de larga duración corren serio riesgo de sufrir una serie de “daños colaterales” derivados de una perversa cláusula de la normativa legal sobre jubilaciones. El primero de estos riesgos es perder toda su carrera de cotización anterior viendo reducida su pensión al mínimo; el segundo, y más grave, perder totalmente el derecho a pensión.


Para tener derecho a cobrar la pensión contributiva de jubilación, la vigente normativa legal exige tener cotizados a la Seguridad Social un mínimo de 15 años, de los cuales al menos dos años deberán estar comprendidos dentro del período de los 15 anteriores a la edad legal de jubilación.

Este requisito puede plantear situaciones muy comprometidas. Una persona que se encuentre en situación de desempleo y dentro de la franja de edad comprendida entre los 50 y 65 años corre un serio riesgo de sufrir una privación de facto de la pensión contributiva, ya que, por una regla de Perogrullo inspirada en el principio paulino: quien no trabaja no cotiza. Y dado que las probabilidades de la gente situada en la cincuentena para reingresar en el mundo laboral es prácticamente nula, esa persona llegará a la senectud sin poder cobrar pensión aunque haya cotizado en etapas anteriores. Para acabar de ensombrecer el panorama, si está casado tampoco podrá acogerse a la pensión no contributiva, ya que esta prestación no se otorga si el otro cónyuge es perceptor de una pensión contributiva.

Vamos, que el panorama puede resultar tan kafkiano como el que tenía ante sí Ramón Villaamil, el funcionario cesante que protagoniza Miau, novela de Benito Pérez Galdós.

Para mayor desconsuelo, se le representaba entonces toda su vida administrativa, carrera lenta y honrosa en la Península y Ultramar, desde que entró a servir allá por el año 41 y cuando tenía veinticuatro de edad […]. Después de la Revolución pasó a Cuba, de donde le echó la disentería. En fin, que había cumplido sesenta años, y los de servicio, bien sumados, eran treinta y cuatro y diez meses. Le faltaban dos para jubilarse con los cuatro quintos del sueldo regulador […].

Magistral retratista de su tiempo, Galdós da cuenta del drama padecido por los cesantes en la época de la Restauración. Durante este período, los conservadores de Cánovas del Castillo y los liberales de Mateo Sagasta llegaron a un acuerdo para alternarse en el Gobierno. Esta alternancia, que evitó ese ambiente de crispación política que hoy, en la España del siglo XXI, genera la derecha cuando pierde el poder, dió lugar a una figura característica: el cesante. Es decir, el funcionario que quedaba separado del servicio cuando entraba en el gobierno el partido contrario al que le había nombrado para el puesto. La cesantía estaba regulada por ciertas disposiciones legales que, como toda norma, contenían lagunas de las que se derivaban situaciones críticas para los afectados.

Esa angustiosa situación, que conduce al probo funcionario cesante a un final trágico, no se produciría hoy en la Administración, cuyos empleados tienen carácter vitalicio. Sin embargo, acecha a cualquiera de los obligados a vender su trabajo en el tan ensalzado mercado libre. Si, como sucede en una época de crisis aguda, no encuentra un empleo, sus últimos años de vida teóricamente activa le conducirán directamente a la más absoluta de las miserias.

Sólo se salvará de la quema si cumple ciertas restrictivas condiciones –no siempre al alcance de todos– que le permitan obtener el salvoconducto que abre la puerta a la percepción de una modalidad del subsidio de desempleo específicamente adaptada “para mayores de 52 años”. Percibirá entonces una cicatera paga de 420 euros mensuales hasta el momento en que cumpla la edad legal de jubilación, y el Inem se hará cargo de cubrir su cotización por contingencia de jubilación, eso sí, por la base mínima. De manera que, al llegar a la edad de 65 años, aunque habrá cumplido el requisito impuesto por esa perversa cláusula de los dos años, dado que lo habrá hecho por la base mínima, percibirá la pensión mínima que cada año fije el Gobierno y sancione con su firma el Rey. Y hay gobiernos a los que esa cuestión les importa menos que el maullido de un gato callejero.


viernes, 12 de marzo de 2010

Aguirre: la rebelión de la condesita Pepis

La grotesca actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid llamando a la rebelión contra la subida del IVA es una de esas solemnes tonterías que contribuyen a que la clase política esté subiendo puestos en la escala de las preocupaciones ciudadanas. No se puede estar al mismo tiempo repicando y en el coro ni ser, a la vez, gobernante e insurgente, ya que ello es una absoluta contradicción en sus términos. Pues la rebelión es uno de los raros privilegios reservados en exclusiva al pueblo. Y si no, consulten la historia de las Declaraciones de los Derechos Civiles.


Historia que comienza el 12 de junio de 1776, cuando los representantes del buen pueblo de Virginia, reunidos en convención plena y libre, hicieron pública Declaración de los derechos que pertenecen a ellos y a su posteridad como base y fundamento de su Gobierno
.

-- Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad.

-- Que todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de él; que los magistrados son sus administradores v sirvientes, en todo momento responsables ante el pueblo.

Afirmando más adelante,

--Que cuando un gobierno resulta inadecuado o es contrario a estos principios una mayoría de la comunidad tiene el derecho indiscutible, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que se juzgue más conveniente al bien público.

Copiada más o menos literalmente en Pensilvania, Delaware, Massachusets y Maryland, esta declaración inspiró la que, finalmente y redactada por Jefferson, se aprobaría en Filadelfia, el 4 de julio de 1776 como Declaración de Independencia de los trece Estados Unidos de América. Sirviendo asimismo de referente a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada en Francia el 26 de agosto de 1789.

En todas estas Cartas de derechos civiles, la acción de resistencia al Gobierno pertenece al pueblo, al que se considera legitimado para reaccionar contra una situación que se considera opresora o injusta. En la teoría política liberal, el concepto de «rebelión» (re bellum, de regressio ad bellum: «volver a la guerra») se asocia al pensamiento de John Locke (1632-1704) que afirma que los gobernantes, cuando actúan contrariamente al fin para el que fueron instituidos, están de hecho introduciendo un estado de guerra, deshacen los lazos sociales y destruyen la autoridad que les concedió la sociedad civil. En ese caso, al pueblo le está permitido combatir a los rebellantes.

La clase política española se desprestigia a marchas forzadas, hasta el punto de que en las encuestas de opinión pública realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas, los políticos son considerados como el tercero de los grandes problemas del país. Lo que no es de extrañar viendo ese espectáculo de estériles disputas en las que andan enzarzados los presuntos representantes del pueblo, supuestamente elegidos para resolver problemas, no para crearlos.

En ese teatro de las vanidades hueras, destaca la actuación tan activa como histriónica de Esperanza Aguirre, condesa de Murillo y presidenta de la Comunidad de Madrid. Que acaba de descolgarse con un llamamiento a la rebelión para que los madrileños se levanten contra la «letal» subida del IVA fijada por el Gobierno de Zapatero para la segunda mitad de este año.

No entraré aquí en las bondades o maldades de subir el IVA. Esa es una cuestión que puede y debe canalizarse a través de los correspondientes foros de debate. Lo asombroso y esperpéntico de este último episodio digno de la berlanguiana escopeta nacional es ver a una gobernante llamando a la rebelión ciudadana. Es el colmo del absurdo: de la misma forma en que no se puede estar al mismo tiempo repicando y en el coro, tampoco es posible ser, a la vez, gobernante e insurgente, ya que ello es una absoluta contradicción en sus términos. Pues la rebelión es uno de los raros privilegios reservados en exclusiva al pueblo.

Y así lo reconoce, en línea con la mentada doctrina lockeana, la Declaración de los Derechos Humanos promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. En esta Carta, se establecen los derechos y las libertades fundamentales para todos, resaltando el derecho a la vida, la libertad y la nacionalidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a trabajar, a recibir educación y a participar en el gobierno. Y en su Preámbulo, la Declaración considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho «a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».

Lo que, en buena lógica, significa que la rebeldía es legítima si el Gobierno de un Estado que la haya suscrito no cumple las garantías especificadas en la Carta. Esto adquiere plena vigencia en el momento actual en que los gobiernos neoliberales recortan brutalmente los derechos relativos a la protección y al bienestar social. Deberían ser los ciudadanos de Madrid los que, legítimamente, se rebelasen contra el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales de la región, como la Sanidad. Pues en eso consiste la acción de gobierno impulsada por Esperanza Aguirre. Una condesa terrateniente metida a gobernante, que enarbola la bandera del neoliberalismo con tanta desfachatez como ausencia de principios. Sobre todo políticos, pues ella, en tanto que presidenta de una Comunidad Autónoma, forma parte de la estructura del Estado. Y por tanto, debería ser mucho más cuidadosa y menos lenguaraz para no protagonizar esos episodios en los que el lenguaje “se va de vacaciones y empieza a operar locamente, como una turbina que girase en el aire fuera de sus engranajes” (
Wittgenstein, Philosophical Investigations). Observación que debo a Gregorio Peces-Barba, maestro en la teoría de los derechos civiles.

Las declaraciones de Aguirre han sido interpretadas también en clave de insumisión fiscal. Debe quedar claro que rebelión e insumisión no son la misma cosa: la rebelión generalmente utiliza el recurso de la fuerza, mientras que la desobediencia civil es una forma de protesta pacífica contra leyes o decisiones de la autoridad que el desobediente considera injustas o contrarias a su conciencia. O sea, que para desobedecer, una autoridad debería dejar de serlo, tal como hizo don Nicolás Salmerón, presidente de la I República española que dimitió para no verse obligado a que firmar una condena de muerte. La demagogia de Aguirre constituye un escarnio hacia la acción de quienes, desde H. D. Thoreau a Gandhi, desde Bertrand Russell a los insumisos al servicio militar obligatorio de nuestro país, padecieron prisión por ejercer, en toda su plenitud, la desobediencia civil.

Al final, parece que todo esto de la "rebelión" de Esperanza Aguirre
, condesa de Murillo, baronesa política del Partido Popular y señorita Pepis de la teoría política, consistirá en organizar una serie de charlas informativas por los distritos, recogida de firmas en la calle, así como la celebración de numerosos actos de partido para pedir al Ejecutivo socialista que no suba el IVA. O sea, tanto ruido para anunciar una simple parida.


Hay autores que en voces misteriosas
Estilo fanfarrón y campanudo
Nos anuncian ideas portentosas;
Pero suele a menudo
Ser el gran parto de su pensamiento,

Después de tanto ruido sólo viento.


Félix María Samaniego, El parto de los montes

jueves, 4 de marzo de 2010

CEOE: Una proposición nada ejemplar

El mundo de los negocios está crecido. La premura con que los gobiernos acudieron a remediar con dinero público los desastres causados por el sector financiero, no ha movido a la patronal española a tener un poco más de sensibilidad social. Antes bien, en el colmo de la sinvergonzonería ha llegado a proponer un contrato para jóvenes sin seguridad social. Una proposición indecente, se mire como se mire.


Imagine que al propietario del taller de reparación de automóviles de la esquina se le ocurriera emplear a un mecánico sin darle de alta en la Seguridad Social y alguien, el propio trabajador o un ciudadano consciente, denunciara esa circunstancia ante la Inspección de Trabajo. De inmediato, al empresario se le caería el pelo, pues habría incurrido en una gravísima infracción laboral conforme a las legislación laboral vigente, que desarrolla los derechos recogidos en la Constitución española.

Pues bien, esa descabellada idea es, ni más ni menos, la que se le ha ocurrido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal española presidida por Gerardo Díaz Ferrán. Un tipo, por cierto, poco recomendable como empresario, pues no sólo ha fracasado en la gestión de sus empresas, sino que, además de de tener deudas con Hacienda, la Seguridad Social y Cajamadrid, no paga los sueldos a los trabajadores de sus empresas en crisis.

La proposición indecente de la patronal fue expuesta por el director del departamento de relaciones de la CEOE, José de la Cavada, que aseguró ayer que su organización había propuesto en la Mesa del Diálogo Social la creación de un nuevo "contrato de inserción" para jóvenes menores de 30 años, con una duración de entre seis meses prorrogable a un año, sin indemnización por despido y exento de cotización a la Seguridad Soial. Y por supuesto, con una remuneración por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

El economista austríaco Joseph Alois Schumpeter popularizó el concepto de destrucción creativa como forma de describir el proceso de transformación que acompaña a las innovaciones. Formuló en su teoría la figura del “espíritu emprendedor” (entrepreneurship), que caracteriza a los empresarios que desarrollan innovaciones técnicas y financieras en un medio competitivo en el que deben asumir continuos riesgos y beneficios que no siempre se mantienen.

¿Dónde están los emprendedores agrupados en la CEOE? ¿Dónde esos individuos que llevan a cabo las innovaciones técnicas y productivas? Esta patronal no sabe innovar, no sabe cómo aplicar creatividad para destruir su inoperancia y sus prejuicios. Sólo sabe destruir el capital humano. Precarizar las condiciones laborales es su discurso recurrente.

¡Vaya creatividad la de CEOE! En un momento en que se dice que disminuye el número de cotizantes a la Seguridad Social, proponer que los jóvenes no coticen es una excelente vía para arruinar el sistema público de pensiones. Y de paso, para fomentar la precariedad futura de quienes no tengan cotizado un período suficiente para generar derecho a recibir pensión.

Ante la oleada de protestas que la propuesta ha levantado en la opinión pública, la CEOE se ha retractado, afirmando que “sólo era un ejemplo”. Un mal ejemplo, por supuesto, como la poco ejemplar trayectoria del empresario Díaz Ferrán.

Y ante tanta osadía cabe preguntar ¿dónde están los millones de jóvenes (hasta treinta años) concernidos por esta precariedad rampante? ¿Cuándo darán una respuesta propia esas cohortes de población que integran lo que Pierre Miró denomina con acierto la edad del paro?
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El director de Relaciones Laborales de CEOE dijo hablar de un contrato para jóvenes sin derechos inspirado en un modelo francés. Pero un portavoz del Ministerio de Trabajo asegura que lo más parecido a lo que aludía la organización presidida por Gerardo Díaz Ferrán es el Contrato Único de Inserción. Un compromiso laboral cuya duración mínima es de seis meses y que tiene como sueldo mínimo el salario mínimo interprofesional (1.300 euros en Francia) pero que tiene indemnizaciones y derecho a percibir el desempleo.