martes, 25 de septiembre de 2012

La policía 'rodea' el Congreso


El movimiento 25S, convocante de una acción para rodear el Congreso de los Diputados, ha conseguido un objetivo indirecto: El rodeo ha sido efectuado por casi 1.500 agentes antidisturbios que están apostados en sus inmediaciones formando hasta tres "anillos" o filtros de seguridad en un perímetro de 500 metros. Por fortuna, los émulos del general Pavía no intervienen en esta operación.




Los promotores de la convocatoria del 25-S en Madrid no tuvieron precisamente una idea feliz al escoger el lema Ocupa el Congreso para denominar una acción consistente en rodear, pacíficamente y sin armas, el edificio de las Cortes. Una propuesta insólita, que cuenta con la legitimidad de la acción pacífica, pero bastante naif. En efecto, pensar que una gran manifestación es la vía para conseguir, según pretenden los convocantes, un nuevo proceso constituyente, supone una gran ingenuidad.

Casi tanta como el lema escogido. Es obvio que ocupar el Congreso no puede realizarse de forma pacífica, ni por sorpresa, como la okupación de locales abandonados. Sin embargo, el verbo de marras ha dado pie para que el Gobierno y su entorno se hayan lanzado a realizar de declaraciones truculentas. Como la de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, comparando el 25-S al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. 

Cospedal, cuya portentosa estupidez política aumenta en la misma medida en que su acción gobernante destruye los servicios públicos de salud de Castilla la Mancha, ha rizado el rizo de la utilización torticera del término 'ocupación'. Que  tiene en España unas indeseables connotaciones. Pues las dos únicas ocasiones en que el Parlamento ha sido invadido por elementos ajenos ha estado a cargo de las Fuerzas de Seguridad. Fuerzas que teóricamente tienen la misión primordial de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, bajo la dependencia del Gobierno. 

La guardia civil entra en el Congreso por orden del general Pavía. Xilografía de M. Vierge procedente de L´Illustration: journal universel. Paris: J. Dubachet.

El 8 de enero de 1874 el Capitán General de Castilla, Manuel Pavía, apoyado por la derecha monárquica, dio un golpe de Estado penetrando en el hemiciclo de las Cortes seguido de fuerzas de la Guardia Civil. Emilio Castelar, presidente de la I República había dimitido al perder la votación de confianza por lo que Nicolás Salmerón, presidente de las Cortes, ordenó realizar una votación para elegir al nuevo jefe del poder ejecutivo. El general Pavía, para evitar que los federalistas tomen el poder, moviliza dos compañías de infantería, una batería de montaña y otras dos compañías de la guardia civil. Con esta tropa llega al Congreso conminando a Salmerón a la disolución de la sesión de Cortes y al desalojo del edificio en cinco minutos. Estos hechos supusieron el final oficioso de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más.

El 23 de febrero de 1981 nuevamente la Benemérita institución tuvo un triste protagonismo en la historia de la Transición. Unos 200 guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron, armas en mano, en el Congreso de los Diputados. Interrumpiendo la votación de investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Un intento de golpe de Estado que se vio frustrado porque la mayoría de las Fuerzas Armadas, aunque con ciertas vacilaciones, se mantuvo fiel al orden constitucional.
   
La distancia que guardan estos hechos, llevados a cabo mosquetón en mano, con las manifestaciones pacíficas convocadas por el movimiento 'Ocupa el Congreso' son palmarias. Lo que tampoco está demasiado claro es el alcance de la supuesta 'desobediencia civil' que se persigue en esta acción. Hay una clásica definición de desobediencia civil, expresada por Hugo Adam Bedau, y que John Rawls, figura de referencia en la esfera jurídica anglosajona, adopta en su clásico libro Teoría de la Justicia:

Alguien comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno.
                                     
Hasta ahora, en España no ha habido otras expresiones concretas de desobediencia civil que la de los jóvenes insumisos al servicio militar que, coherentes con sus ideas, acabaron dando con sus huesos en la cárcel en el período comprendido entre 1984 y 2001. Año en que el Servicio Militar Obligatorio fue suspendido, que no abolido, a través del Real Decreto 247/2001. 


Vivimos en un momento en que la gente, azotada por los efectos de una triple crisis —económica, política e institucional— desconfía del actual sistema de representación política. La jornada del 25-S será otra de las muchas expresiones del descontento popular que vienen produciéndose a partir de las simbólicas acampadas del 15-M. Sin embargo, no apunta todavía una alternativa política. Han sido demasiados años en los que la mayoría de la 'gente' participó en la burbuja económica o miró para otro lado y dejó hacer a los políticos profesionales. Lo cual se refleja en la inexperiencia de los movimientos que tratan de recuperar esa acción civil por medio de la cual la 'gente', ese agregado ambiguo, se transforma en 'ciudadanía'. O sea, personas conscientes de sus derechos y también de sus deberes políticos.










martes, 18 de septiembre de 2012

A este paso, no tardaremos en ver cómo el robo de una gallina se castiga con la horca

La Justicia española demuestra gran diligencia para juzgar los pequeños hurtos en supermercados por parte de personas desesperadas. Mientras tanto, los grandes delincuentes siguen en libertad y con grandes probabilidades de que las causas que se les imputan sean archivadas. 

El pasado 6 de junio, seis desempleados de El Ferrol entraron en un supermercado de la cadena DIA, llenaron una cesta con alimentos básicos (arroz, galletas, pasta y legumbres) y al llegar a la caja entregaron una cartilla de desempleo como pago. Fue una acción simbólica y reivindicativa organizada por la Asamblea de Desempregad@s de Ferrolterra, tutelada por el sindicato nacionalista CIG, que agrupa a una treintena de personas sin trabajo. Los alimentos tomados de esta forma estaban destinados a las ollas de la Cocina Económica de la ciudad naval.

Desde el punto de vista legal, la acción de estos ferrolanos se considera un hurto, cuya cuantía no llega a 26 euros. Ayer quedó visto para sentencia el juicio por una falta que la fiscalía pide castigar con 635 euros. 60 euros para cada uno de los seis imputados (tres euros al día durante un mes) y otros 275 euros a repartir entre todos para indemnizar a la cadena de supermercados DIA que los denunció.

Fue un juicio rápido, que demostró que la Justicia española funciona con eficacia. Cuando quiere, porque hay otros casos cuya vista se demora durante años y luego sucede que que nuestro sistema garantista deja de actuar contra los imputados al haber prescrito el delito del que se los acusa.

Por ejemplo, Emilio Botín, su hermano Jaime y todos sus hijos se salvaron de la cárcel y de unas fuertes sanciones gracias a la benevolencia de la Agencia Tributaria  que, en junio de 2010, en vez de mandarles a la inspección les concedió un tiempo precioso para regularizar su situación. Los Botín pagaron 200 millones de euros sin ser sancionados. Luego, el juez de la Audiencia Nacional archivó la causa confirmando en el auto que esta regularización basta para conceder la llamada "excusa absolutoria". 

En la misma línea se mueve Iñaki Urdangarin. El avispado yerno del Rey acaba de pedir a la Audiencia Provincial de Palma que, si del informe que la Agencia Tributaria de Catalunya prevé presentar al juez se desprende que incurrió en posibles delitos fiscales en relación a 2003, 2004 y 2005, se declaren prescritos y "no sean valorados a efectos procesal o penal alguno", en relación al caso de corrupción Noos. 

¿Alguien se acuerda a estas alturas de la trama Gürtel, que afectó de lleno a los Gobiernos regionales del Partido Popular en Madrid y Valencia? En estas comunidades autónomas se ha llevado a cabo un auténtico expolio de los servicios públicos, especialmente de sanidad y educación. Las privatizaciones de bienes públicos comienzan a recordar el proceso de cercamientos (enclosures) de los campos abiertos y pastos con formas de aprovechamiento colectivas que hubo en la Inglaterra del período 1450-1640, a raíz de la elevada cotización que alcanzó el precio de la lana.
 
Esta circunstancia incentivó el cierre de los campos para destinarlos exclusivamente a la cría de ovejas. Hasta entonces, la gente más pobre podía subsistir aprovechando los recursos mínimos que brinda la naturaleza en los campos abiertos o comunales (open fields): leña, frutos silvestres, restos de cosechas, etc. Privados de esa posibilidad por los cercamientos, millares de campesinos quedaron imposibilitados para sobrevivir en los terrenos comunales de en los que habían vivido. Una legión de desheredados se vió forzada a vagabundear en busca de algún sustento que, a veces, sólo podían obtener mediante pequeños hurtos, contra los que se legislaron severas penas. El robo de una gallina era motivo suficiente para ir a la horca. Así lo denunció Tomás Moro:

¿Qué otra cosa les queda sino robar y que les cuelguen [...] o vagar y mendigar, aunque en este caso también se les arroja a la cárcel, pues deambulan ociosos al no aceptar nadie sus servicios a pesar de que ellos los ofrecen con el mayor ahínco? [...] Un único ovejero o boyerizo es suficiente para todo el terreno donde pasta el ganado. 



domingo, 9 de septiembre de 2012

Tras los montes quemados ¿Obligarán a los desempleados a limpiar el Valle de los Caídos?|


La limpieza, sea en el juego político, en la economía o en los montes, es, por definición, algo bueno. El Gobierno del PP, que perdió la oportunidad de limpiar los montes antes de que estos ardieran, acaba de perder otra ocasión de oro: demostrar que su vocación social, laboral y medioambiental está por encima de los prejuicios de clase. Pocas habrían sido las objeciones si hubiera ofrecido a los desempleados contratos laborales para trabajar en el monte. Pero ha preferido decretar una leva obligatoria a la voz de "que se jodan".


El Partido Popular obligará a los desempleados a trabajar en la recuperación de los montes quemados a golpe de corneta y decreto: quienes se nieguen a hacerlo, serán sancionados con la pérdida de su prestación. Esta amenaza es superflua, y sólo se entiende por la desmedida afición a vigilar y castigar a los sectores más desfavorecidos por la crisis.

Sin ser brillantes, las condiciones económicas ofrecidas podrían bastar para que los puestos requeridos se cubrieran  voluntariamente. En efecto, los parados que sean requeridos para esta tarea verán incrementada la prestación hasta alcanzar el 100% de la base reguladora siempre que trabajen la jornada completa. Además, se les garantizará el Salario Mínimo Interprofesional, según los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982 que regula los trabajos de colaboración social. Los que más ganarían son aquellos parados que han agotado el derecho a la prestación contributiva y están cobrando el subsidio de 426 euros. 

Esclavos de Franco trabajando en la construcción del Valle de los Caídos.
 
En el caso de que un trabajador lleve ocho meses percibiendo el paro, recibirá el doble de la prestación que reciba en ese momento. Actualmente, los parados cobran un 70% de la base reguladora durante los seis primeros meses, a partir del séptimo mes perciben un 50% de esta. Si son llamados para estas tareas y trabajan toda la jornada cobrarían el 100% de la base.

En estas circunstancias, no parece probable que la oferta de aumentar el ingreso mensual activase la denominada trampa del desempleo, cuyos detalles se explican más abajo. Al ser la propia Administración la que organiza el tinglado, no hay miedo a perder la prestación cuando cese el trabajo ocasional. En cualquier caso, es la propia Administración la que se contradice pues, por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. ¡Ay como pillemos algún subsidiado intentando complementar su magro ingreso con algún trabajillo en negro! De inmediato caerá sobre él todo el anatema de la opinión pública más casposa.

Por tanto, para guardar coherencia con el sistema, un Gobierno como Dios manda, realmente preocupado por el fomento del empleo, ofrecería contratos laborales en toda regla a los implicados en las labores de limpieza de montes. ¿Por qué el Ministerio de Empleo renuncia a crear esos puestos de trabajo? La propia reglamentación de los subsidios ejerce suficiente coerción para llevar a la gente al tajo, ya que la no aceptación de un empleo conlleva la pérdida del subsidio. 

Pero este es un Gobierno decidido a castigar a los parados, no a los banqueros como pedía J. K. Galbraith. Arbeit macht frei. El espíritu del Valle de los Caídos sigue incólume: "que se jodan".


 Entrada de Auschwitz I con la inscripción Arbeit macht frei : 'El trabajo os hará libres'.


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La trampa de desempleo. 

La leyenda negra tejida en torno a quienes malviven con subsidios por desempleo fomenta la sospecha de que los perceptores del mismo prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua. Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se "enganchan" a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).
           
Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No se refiere esto, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino a alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera y rechazarán empleos de corta duración o los realizarán de manera sumergida.