Ante el desvarío de las altas instancias judiciales la ciudadanía debe hacer oír su voz en las calles de nuestras ciudades

Las Erinias. Ilustración de Gustavo Doré para la Divina Comedia de Dante.

 

Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερϊήσεται μέτρα· εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν.

El sol no rebasará sus medidas; si no, las Erinias, ministras de la justicia, sabrán encontrarle.

Heráclito de Éfeso (frg, 94)

El bloque conservador del Tribunal Constitucional, en una decisión insólita en cualquier democracia de nuestro entorno, acaba de prohibir a las Cortes seguir tramitando la reforma que pretende, precisamente, renovar dicho tribunal. La decisión salió adelante con los votos de dos magistrados que tienen el mandato caducado.

Fact are sacred, opinions are free. Estos son los hechos en crudo. A partir de aquí, cada cual es libre de opinar lo que mejor tenga por conveniente. Se ha llegado a hablar de golpe de estado judicial, lo cual no deja de ser una hipérbole para calificar lo que no deja de ser otra cosa que una flagrante estafa a la democracia desde el momento que esa decisión del alto tribunal se haya adoptado con los votos de dos magistrados que tienen el mandato caducado.

Porque, más allá de cualquier filigrana jurídica que eventualmente permitiera entender o justificar una decisión tan arriesgada como es la de impedir el debate de una ley a los representantes de la soberanía popular, la auténtica gravedad de los hechos radica en que quienes han tomado tal decisión están situados, ellos mismos, fuera de la ley que determina la duración de su mandato. Y como decía Heráclito, quien rebase los límites de sus competencias tendrá que vérselas con las Erinias, encargadas de la venganza, y servidoras de Diké, la justicia.

Si a una persona que tiene el pasaporte caducado se le impide entrar en un país ajeno; si un viajero no puede hacer uso de un medio de transporte mientras no disponga de un abono con plena validez; si al público en general se le niega la entrada a un espectáculo cualquiera si no dispone de una entrada con la fecha al corriente, ¿cómo es posible que en España se permita que magistrados con sus credenciales caducadas sigan sentando sus jurídicos culos en los sillones del alto tribunal? ¿Podemos asistir sin experimentar náuseas al desarrollo de un espectáculo tan bochornoso como el que acaban de protagonizar los magistrados Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, este último, a más inri, presidente del tribunal? ¿Acaso el sustancioso salario que les pagamos los contribuyentes no les alcanza para mejorar el torpe aliño de su indumentaria ética y procedimental? (*)

Al tiempo que mi estómago se revuelve a la vista de tal cinismo procedimental, escucho a mi alrededor voces de desesperación y desesperanza al comprobar circunstancias de esta índole fomentan que un creciente sector de la población o bien o bien sucumbe a las consignas de los demagogos o bien se desentiende de los asuntos públicos, como los idiotas de la antigua Grecia. Conviene no desalentarse, porque la idiotez política coexiste con la democracia desde que esta inició sus primeros pasos como forma de articulación política. Sócrates fue condenado a beber la cicuta por una masa cazurra que se dejó influenciar por las acusaciones de los sofistas. Y qué decir de un país como el nuestro donde la restauración del absolutismo en el XIX fue celebrada por la cazurrería andante con el grito de "vivan las caenas".

La grandeza y a la vez el riesgo de la moderna democracia es que incluye a todo tipo de personas, otorgándoles a todas ellas el mismo derecho de elegir y ser elegidos. Con la derivada que supone tolerar la presencia en los parlamentos de individuos que, gracias a los electores, llegan con la declarada intención de corroer y degradar a las propias instituciones. El veterano politólogo Giovanni Sartori nos advertía de que la democracia siempre está en peligro, porque es "una gran generosidad" que depende de unos ciudadanos a menudo desinteresados y mal informados.

Que no cunda el desaliento porque, como a su vez nos recordó Albert Camus, "la rebelión es el acto del hombre (persona, diremos hoy) informado que conoce sus derechos". Y si las libertades avanzan en la sociedad no ha sido precisamente gracias a los cazurros que se conforman con votar opciones cerveceras, sino debido a la acción de esa no menos considerable porción de la ciudadanía que, siendo plenamente consciente de sus derechos, no está dispuesta a permitir este juego de trileros que retuercen las leyes para zancadillear a los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones como legítimos representantes de la voluntad popular.

A la gente de las sucesivas generaciones que han nacido después de 1978, año de la promulgación de la vigente y ya algo trasnochada Constitución española, vivir en democracia les parece algo tan normal como que el agua salga del grifo cada vez que se abre. Felices ellos y felices también, nosotros, los que en los años 70 tuvimos que salir masivamente a las calles para forzar a las élites a instaurar la democracia en España.

En ese periodo de la Transición, que tuvo mucho de transacción, hubo mucha generosidad por parte del pueblo español que renunció a pedir cuentas a la miríada de responsables de los peores actos cometidos durante la sangrienta dictadura franquista. No hubo ajuste de cuentas, pues se confiaba en que, con el paso del tiempo, esa derecha española de cerrado y sacristía evolucionaría hacia un modelo europeo. Conservadora, pero respetuosa con las formas democráticas.

Lamentablemente, no ha sido así. Y hoy la vemos encarnada en esa trama de intereses económicos disfrazados de política que representa el Partido Popular. Una formación que cuando pierde en las urnas la mayoría parlamentaria, y con ella la posibilidad de gobernar, no duda en boicotear desde todos los frentes posibles la acción del Gobierno legítimo de la nación. Aún en los peores momentos de la pandemia vírica.

Por ello, cuando las instituciones fallan, como es el caso, y la ciudadanía ve estafada su voluntad soberana al ver cómo se cercena judicialmente la función de sus representantes en el Parlamento, no le queda otra alternativa que hacer oír su voz en las calles de la ciudad. Es decir, de la polis de la que toma su nombre la politeia o política. Que, en esencia, es la acción del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su actividad, su voto o por cualquier otro método, como puede ser ejerciendo el también constitucional derecho de manifestación pública firme, pacífica y ordenada.

Desde este pequeño rincón de opinión, este ciudadano solicita a los partidos que todavía conservan un mínimo de dignidad política que tomen las medidas pertinentes para convocar manifestaciones en todas las ciudades del país. De manera que se escuche la voz y la protesta ciudadana frente a la estafa política llevada a cabo por unos magistrados desleales con la democracia. Porque las generaciones que han nacido al amparo del manto democrático tienen el derecho a seguir disfrutando de sus libertades, al tiempo que también tienen la obligación política de salir abiertamente a las calles en su defensa. Puesto que las democracias, igual que nacen, en ocasiones a través de un doloroso parto, son también susceptibles de morir si no se las cuida.

(*) Los miembros del Tribunal Constitucional tienen asignado una retribución en 14 mensualidades que se divide en dos conceptos, sueldo y otras remuneraciones. Estos son los sueldos que van a percibir en 2023 según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE):

Presidente del Tribunal Constitucional: 167.169,10 euros brutos anuales.
Vicepresidente del Tribunal Constitucional: 157.133,06 euros anuales.
Presidentes de sección: 149.444,96 euros anuales.
Magistrado del Tribunal Constitucional: 141.757,28 euros anuales.
Secretario General del Tribunal Constitucional: 134.150,24 euros anuales.

 https://www.newtral.es/sueldo-tribunal-constitucional-2023/20221216/

Díaz Ayuso: la política criminal del PP en Madrid

Hace décadas que la facción madrileña del Partido Popular dejó de ser una formación política convencional —que busca alcanzar el poder para llevar a cabo las iniciativas de gobierno que responden a su ideario— para convertirse en una trama organizada con el objetivo de expoliar el patrimonio y las arcas públicas de la región.

Existe una evidente y escandalosa contradicción en el discurso de los representantes de la derecha populista madrileña: pese a que no pierden ocasión de pregonar a los cuatro vientos las virtudes del liberalismo económico, doctrina de la que se declaran fieles adeptos, en vez de dedicarse a la iniciativa privada, —como el carnicero, el panadero y el cervecero citados en la biblia económica de Adam Smith—(*) hacen lo posible por ocupar los más altos cargos de la, por ellos, muy denostada Administración Pública.

Y la razón, ya la sabemos, es que, aparte de no estar nada mal pagados en sus cargos, su objetivo consiste en actuar como eficaces agentes de demolición de los servicios públicos para ponerlos en manos de la parte empresarial integrada en dicha trama. Un empresariado que no participa en el juego limpio de la libre competencia indicada en el Credo capitalista, ya que les caen, como llovidas del cielo, jugosas adjudicaciones de obras o prestaciones de servicios, por ejemplo en Sanidad, que no pueden ser atendidos por los organismos públicos sujetos a un deterioro sistemático por orden de los mentados altos cargos. Quienes en su momento recibirán su correspondiente parte del saqueo a través del entorno cercano. Sin olvidar empleos con sueldos sustanciosos a los que acceden gracias al sistema de 'puertas giratorias'.

La trama madrileña comenzó a funcionar durante el mandato de Esperanza Aguirre en la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). En 2003, Aguirre y sus secuaces llegaron al poder gracias a la oscura operación conocida como Tamayazo (**). Y desde entonces se han mantenido en él merced al potencial económico que les permite llegar 'dopados' a las sucesivas elecciones. Es decir, contando con ingentes recursos propagandísticos pagados por la trama de los beneficiarios de las adjudicaciones. Un perfecto sistema de retroalimentación destinado a mantener la simbiosis de ambos polos de esta 'trama extractiva'.

Aunque Aguirre tuvo la habilidad de no dejar demasiadas huellas tangibles que permitieran a la Fiscalía encausarla por estos tejemanejes, varios de sus más conspicuos colaboradores acabaron dando con sus huesos en la cárcel tras las sentencias de los tribunales de Justicia que los declararon culpables de varios delitos. Entre los más notorios, Francisco Granados o Ignacio González. Por lo que al ámbito empresarial cercano a la trama aparece Gerardo Díaz Ferrán, tras cuya respetable apariencia de presidente de la CEOE se escondían maneras de auténtico chorizo. La Audiencia Nacional le condenó a cinco años y medio de prisión por dejar sin patrimonio al Grupo Marsans. 

La codicia de esta trama organizada de expoliadores de los recursos públicos no se detuvo ante nada, ni siquiera ante el sistema encargado de mantener la salud de la población madrileña. En 2012, en este blog ya dimos cuenta de esa vampirización del patrimonio público hospitalario, que el PP comenzaba a desmantelar en beneficio de grandes grupos de interés privado.

"Hay que aprovechar la crisis para introducir medidas de racionalización", decía entonces Ignacio González, a la sazón presidente de la CAM. Bajo la perspectiva de González, racionalizar no significaba mejorar la asistencia sanitaria de los madrileños, como hubiera sido la prioridad de un gestor de la cosa pública. Para el futuro presidiario, racionalizar consistía en ofrecer una gran oportunidad de negocio a las corporaciones sanitarias ávidas de lucro a costa del doliente. Sobre todo, a través de una gran operación que pretendía privatizar la gestión de nada menos que seis hospitales y 27 centros de salud de la región entre 2012 y 2014. El tsunami de la marea blanca —las protestas del personal sanitario contra los recortes presupuestarios— terminó llevándose por delante al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que se vio forzado a dimitir. (***)

Por supuesto, la iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender sus ideas siempre que sean coherentes con ellas, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular lleva haciendo en Madrid con la Sanidad Pública es entregar el patrimonio público de los madrileños al sector privado.

Si las privatizaciones son condenables en sí mismas, cuando de las mismas se derivan efectos letales para salud de las personas, podemos decir, sin pelos en la lengua, que estamos ante una acción política del Partido Popular que raya en lo criminal. Y el ejemplo más palpable lo vimos durante la pandemia del Covid, cuando el Gobierno de la CAM presidido por Isabel Díaz Ayuso (IDA) dictó una orden por la que se negó asistencia médica a las 7.291 personas ancianas que acabaron muriendo abandonadas a su suerte en las residencias de mayores. Sólo uno de sus consejeros, Alberto Reyero, se atrevió a denunciar esta situación, viéndose obligado a dimitir por la presión interna de sus colegas de gobierno para que callara lo que vio.

Al cabo de un par de décadas instalados en el poder, la trama extractiva del PP ya ni siquiera se molesta en aparentar que son gestores que ponen en práctica la doctrina del neoliberalismo. Tras la aparición en escena de IDA, persona sin la menor experiencia previa en gestión, pero absolutamente falta de escrúpulos políticos y morales y bien asesorada por un experto de comunicación, el saqueo se realiza a ojos vistas.

El descaro llega al punto de sea un hermano de la propia presidenta quien se lleve comisiones por un suministro de material sanitario en plena pandemia. Cuando Pablo Casado, antepenúltimo líder del PP, quizá más por rivalidad que por ética, se atrevió a denunciar este choriceo en una emisora de radio, firmó su sentencia de muerte política.  

La declaración de Casado en COPE que desencadenó la operación interna en el partido para defenestrarle: "No es ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno"  

Con Ayuso, resume Daniel Bernabé, "El plan sanitario de la Comunidad de Madrid no es un error, ni siquiera una negligencia, sino que lleva el apellido de la premeditación. Atacar al sistema sanitario público en el epígrafe de las urgencias y de la atención primaria solo puede tener la intención de precarizar la puerta de entrada a las especialidades, complicar la respuesta inmediata a la contingencia y romper la capilaridad por el territorio. Es decir, crear un desasosiego que mande al ciudadano, que pueda permitírselo, a la privada, de la misma forma que en los parques temáticos se venden entradas premium que permiten saltarse la cola de las atracciones".

Tras la potente manifestación de protesta contra este deterioro de los servicios públicos de salud que tuvo lugar en las calles de Madrid el pasado 13 de noviembre, IDA ha recurrido de nuevo a la estrategia del despiste de la opinión pública poniendo en marcha su ya clásico torrente discursivo inspirado en la escuela del disparate. Afirmando, por ejemplo, que el cambio climático es cosa de comunistas sin base científica.

Ante estupideces de esta magnitud, no faltan personas que se llevan las manos a la cabeza, pensando que IDA está tan loca como la sigla por la que se la conoce coloquialmente. Pero esa es una explicación demasiado sencilla. Puede que esté tan ebria de satisfacción por su éxito electoral como suele estarlo de alcohol el consejero áulico que le escribe los guiones. Pero no es una demente, sabe muy bien cómo mantenerse en el poder al que la elevó la mayoría del electorado. En todo caso, habría que preguntarse si están en sus cabales aquellos votantes que otorgan su confianza precisamente a quien deteriora algo tan esencial como es el derecho a la  la salud.

Los antiguos romanos procuraban tener contenta a la plebe con aquella vieja resumida en el lema panem et circenses. Es decir, pan y circo. Respecto al primer elemento, había en Roma leyes (frumentaria) que aseguraban a la población, para tenerla contenta, el reparto de trigo a precios muy bajos. En Madrid ni siquiera se reparten alimentos a los más desfavorecidos, pero no falta el circo continuo protagonizado por IDA a la que jalea esa plebe cuyo minúsculo concepto de la libertad les lleva a pensar que ésta consiste en tomar cañas en las terrazas de los bares. Si al menos fueran gratis…

De tales votantes hablaré otro día, y me temo que de forma poco caritativa. Hoy, lo urgente es que la gente de esta comunidad que todavía conserva un mínimo de cordura se centre en lo que verdaderamente importa: la salud mental y corporal. Debemos exigir que, al menos en esta materia, el PP en Madrid ponga fin a su criminal política sanitaria.

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(*)“El hombre está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes, y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás, y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece a otro un trato. Todo trato es: dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú; y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés”. Adam Smith: La riqueza de las naciones

(**) Tamayazo. Expresión coloquial para denominar el transfuguismo de dos diputados del PSOE de Madrid, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidió que Rafael Simancas pudiera ser presidente de la Comunidad de Madrid. El PP había ganado las elecciones con 55 escaños, pero el PSOE (47) e Izquierda Unida (9) sumaban más (56) y podían arrebatarle el Gobierno.

El 10 de junio de 2003, día de la elección de la Presidencia de la Asamblea, los diputados socialistas Tamayo y Sáez, en lugar de acudir a la votación, se ausentaron. Lo que impidió a los socialistas obtener la Presidencia de la Cámara, siendo los populares quienes se hicieron con ella. Trece días después, estos dos diputados tomaron posesión de sus actas fuera del PSOE y pasaron a formar parte del Grupo Mixto.

Los plazos legales se agotaron y, ante la falta de acuerdo para formar Gobierno, se volvieron a convocar elecciones, que ganó el PP de Esperanza Aguirre con mayoría absoluta el 26 de octubre de 2003.

(***) Fernández Lasquetty ha sido recuperado por IDA como consejero de Hacienda.

Nota: El sentido de la palabra “política” en el título de este artículo, se corresponde con la undécima acepción de esta voz en el Diccionario de la RAE.

político, ca

Del lat. politĭcus, y este del gr. πολιτικός politikós; la forma f., del gr. πολιτική politikḗ.

11. f. Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado.

Pensiones: las derechas han perdido el norte

Manifestación de pensionistas en Madrid el 15 de octubre de 2022

Llevan décadas anunciando el inminente colapso del sistema público de pensiones. Aunque hasta ahora los únicos sistemas de pensiones en bancarrota son los que fueron privatizados, como el de Chile. También los fondos de pensiones británicos, basados en productos financieros, se han visto al borde del precipicio tras la disparatada apuesta neoliberal de la primera ministra Liz Truss. Dado que en España el sistema mantiene su fortaleza, el último intento de la derecha populista pretende crear la sensación de que existe una brecha generacional entre mayores y jóvenes. Pinchan en hueso, porque los pensionistas cuentan con sobrada experiencia profesional y vital para movilizarse contra cualquier intento de sabotear el sistema. Las derechas deberían aprender y corregir el rumbo de su acción política.

Las derechas, esa trinidad integrada por la gran patronal CEOE, los partidos políticos (PP, Vox, Ciudadanos) y sus voceros mediáticos, compitieron entre sí en su reacción negativa al anuncio del Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, de actualizar las pensiones de jubilación conforme al índice de precios al consumo. Lo que supondrá un incremento estimado en torno al 8,5%.

En ese afán enfermizo de criticar a Sánchez con el menor pretexto, esta diestra trinidad obvia un dato significativo: con tal subida, el Gobierno no hace otra cosa que cumplir la ley. En concreto, lo dispuesto en la 'Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones'.(*)

Dicha Ley fija un marco estable de revalorización de las pensiones, disponiendo que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior.

Las leyes están para cumplirse (aunque algunos jueces parecen pensar lo contrario cuando ellos mismos se ven concernidos por la fuerza de la ley). La derecha cañera y cañí debería ilustrarse un poco leyendo al jurisconsulto Cicerón: "Somos libres porque somos esclavos de la Ley" (Legum servi sumus ut liberi esse possimus) con un criterio mucho más elevado que el de estas derechas de Hispania siempre proclives a saltarse la ley.

No obstante, para adentrarse en el terreno de las pensiones hace falta una prudencia que las derechas actuales han olvidado en aras de esa oposición basada en el populismo de baja estofa que llevan practicando desde que Pedro Sánchez consiguió, con toda legitimidad, formar un Gobierno de coalición que ha debido enfrentarse a situaciones tan dramáticas como la pandemia del Covid19.

Mucha prudencia, decimos, para hablar de pensiones porque los cerca de diez millones de perceptores de pensiones públicas de jubilación constituyen un formidable agregado de población con un interés común y muy definido. Es un colectivo que a estos efectos podría denominarse 'interclasista', integrado por personas que votan tanto a la izquierda como a la derecha, pero unidos por una misma preocupación: para la inmensa mayoría, su supervivencia en el día a día depende de la paga mensual de su pensión de jubilación.(**) 

Este colectivo posee tres fortalezas de acción política: a) conciencia de la justicia implícita en sus reivindicaciones; b) disponibilidad de tiempo para manifestarse en la calle si fuera preciso; masiva comparecencia ante las urnas cuando se convocan elecciones. 

Con independencia de la ideología particular de cada pensionista, o incluso de los que se declaran ajenos a la política, si algo tiene claro el común de las personas jubiladas es que la pensión se la han ganado a pulso. 

Mucho cuidado con quienes, desde la esfera política, siguen refiriéndose a este colectivo en términos tan paternalistas como 'abuelos' o 'nuestros mayores'. El grueso de la población jubilada actual sólo se pertenece a sí misma. Por la época en la que le ha tocado vivir ha participado de forma activa en los grandes cambios socioeconómicos experimentados por la sociedad española. Participación, por regla general, efectuada en primera instancia a través de su actividad en el trabajo. En menor escala, como afiliados a sindicatos o partidos políticos. Y esta población, con gran experiencia vital, no está dispuesta a 'comprar la moto' que les pretende vender la trinidad de las derechas a través de falacias como la inviabilidad del sistema o la brecha generacional que marca un enfrentamiento entre mayores y jóvenes. 

De entrada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que las pensiones no deberían subir más de un 3%, aludiendo a un presunto acuerdo con la Unión Europea que tan solo existía en su imaginación.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamó al Gobierno que no revalorizase las pensiones conforme al IPC, ya que ello llevará a la «ruina» a la Seguridad Social. Ahora, a la vista de que Pedro Sánchez está dispuesto a cumplir la ley, Garamendi, dirigentes del PP y columnistas de la prensa conservadora plantean un "pacto de rentas" en el que las pensiones más altas suban menos que el IPC.

Este es un argumento bastante demagógico. De entrada, habría que cuestionar el hecho de que una sociedad compuesta mayoritariamente por gente asalariada haya aceptado extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —por ejemplo en carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de la mayoría de la población.

Sin embargo, por otra convención no menos extraña, se ha establecido que las pensiones públicas son sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores. Un perverso convencionalismo en virtud del cual son los asalariados quienes sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no tienen el detalle de contribuir mínimamente a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de que disfrutan los ricos.

Apoyadas en esas perversas convenciones, las derechas pretenden que los jubilados que cobran pensiones de mayor cuantía vean reducida su actualización para sufragar la revalorización de las pensiones más bajas.

Aclaremos las cosas. Durante su vida laboral, la persona asalariada detrae de su salario mensual una cantidad que ingresa en la caja de la Seguridad Social. Dado que el sistema es de reparto, lo que aporta cada cotizante no se le ingresa en una cuenta personal de ahorro. Sin embargo, las aportaciones se consideran una especie de 'mérito' que se recompensa con una pensión cuya cuantía es tanto más elevada cuanto mayor fue la cuantía y periodo de cotización.

De manera que no existe ningún argumento consistente para negar el derecho de la persona jubilada a recibir la cuantía que le corresponde conforme a las reglas del sistema con las que ha cumplido como cotizante. Sin olvidar un detalle significativo: las pensiones del tramo superior, en tanto que ingresos del perceptor, están sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Lo que sí es una realidad palpable es que, en contraste con el reducido grupo de pensionistas con derecho a pagas elevadas, otros 4,7 millones de jubilados perciben cuantías situadas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es decir, inferiores a 1.000 euros mensuales. 

El principal motivo por el que existe este gran contingente de pensiones tan modestas hay que buscarlo en las políticas de austeridad adoptadas por los gobiernos de la derecha a raíz de la Gran Recesión  económica desatada en 2008 derivada de la irresponsabilidad de los gestores que fomentaron la especulación bancaria e inmobiliaria. Ante la evidente bancarrota de estas empresas, los gobiernos dedicaron ingentes inyecciones de fondos públicos para salvarlas. 

La cara oscura de tales políticas fue que enviaron al paro a millares de trabajadores de mediana edad que ya no pudieron encontrar empleo y, por tanto, tampoco les resultó factible completar sus carreras de cotización. Con la consiguiente merma de la cuantía de su paga final de jubilación. 

Este agravio sufrido por esa parte de la población debería ser corregido a través de una medida que viene siendo reclamada desde hace tiempo por las asociaciones de pensionistas: la equiparación de la pensión contributiva mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado actualmente en la cifra redonda de 1.000 euros mensuales. En efecto, si se considera que ese es el umbral mínimo de ingresos para atender las necesidades vitales más perentorias de una persona trabajadora, no hay razón para negárselo cuando llega a la hora de afrontar la vejez con una jubilación digna. Por obvias razones dejusticia, la cuantía de la pensión contributiva mínima debe ser equiparada al SMI.

Por supuesto, esta equiparación no debe realizarse a  costa de erosionar las pensiones del tramo más elevado, como proponen las derechas, sino mediante aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, que deberá buscar los ingresos necesarios en los grandes conglomerados empresariales que hoy se van de rositas a la hora de pagar impuestos. Hablamos de los oligopolios energéticos -carburantes, gas, electricidad- que están logrando beneficios escandalosos, y de la banca, que fue rescatada de la bancarrota con dinero del contribuyente

La falacia de la brecha intergeneracional

En un año electoral, el principal partido de las derechas populistas, el Partido Popular, evita oponerse abiertamente a la actualización de las pensiones. Sin embargo, sotto voce, su entorno sigue intentando sembrar inquietud sobre la viabilidad del sistema público. De inmediato se invoca la demografía y la desproporción entre cotizantes y jubilados en una sociedad cuya pirámide de edad envejece.  

Lo que la derecha calla ladinamente es que la razón más poderosa que influye en la caída de la tasa de natalidad es la tremenda Inseguridad Social derivada de la precariedad laboral. Gran número de parejas jóvenes, en edad biológica de procrear, no disponen de la capacidad económica para afrontar la llegada de un hijo. Forman parte de las desmoralizadas huestes del precariado, esa cada vez más numerosa clase social a la que pertenecen los asalariados cuyo trabajo se desarrolla con contratos temporales, falsos autónomos, pagados en dinero negro para esquivar la cotización, sin vacaciones ni días de descanso pagados. Si a ello añadimos las dificultades de acceso a una vivienda, es fácil de entender que al precariado joven le resulta imposible formar una familia.

La segunda derivada de esta precariedad laboral incide directamente sobre la caja de las pensiones. Y si bien es cierto que en la actualidad las cotizaciones no alcanzan a cubrir la totalidad de la nómina de jubilaciones, el problema no radica tanto en la cuantía de la paga de los pensionistas, en general bastante modesta. El problema radica precisamente en la baja calidad del empleo y los salarios de los jóvenes, que tiene su inmediato reflejo en la baja cuantía de sus cotizaciones al sistema.

Para acabar de confundir a la población, las derechas intentan sembrar el miedo en la opinión pública con la falacia de una brecha intergeneracional que, supuestamente, enfrentaría a mayores y jóvenes. Presentan a los pensionistas actuales como un Saturno que devora a sus hijos consumiendo los recursos futuros de la caja de las pensiones. Pero hasta ahora las pensiones no son la causa principal del incremento de la deuda pública del Estado en los últimos años.  

Si nos atenemos a los datos, como explica Daniel Fuentes Castro, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá: "15 de cada 100 euros de la deuda pública acumulada desde 2008 tienen su origen en el déficit de la Seguridad Social y los otros 85 responden, principalmente, a los distintos shocks y vicisitudes económicas sufridas en los últimos tres lustros (estabilizadores automáticos) y, en menor medida, a decisiones discrecionales más o menos cuestionables".

La Seguridad Social no es un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero humanizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. La mejor herencia que los pensionistas actuales pueden dejar a sus hijos consiste en defender la fortaleza del sistema público de pensiones, porque ello significa defender la garantía de que los jóvenes tendrán asegurada a su vez la percepción de una pensión digna cuando les toque llegar a la edad de jubilación. Por supuesto, a los jóvenes les toca luchar, como en su día hicieron sus mayores, por un salario y condiciones laborales dignas, reforzando así su propia seguridad en el futuro.   

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(*) Es una norma que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su contenido fue pactado con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el acuerdo social tripartito firmado el 1 de julio de 2021.

(**)Según el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la franja deedad de la que el PP recibiría más votos en unas hipotéticas elecciones generales es la de más de 75 años (25,4%), porcentaje que asciende hasta el26,2% en el caso del PSOE. El nicho de voto de los socialistas se encuentra en los ciudadanos de entre 65 y 74 años (29,8%).

 

  

A favor del establecimiento de un Bono Básico de Carburante para toda la ciudadanía

En el caso de los carburantes, es preciso encontrar una fórmula que garantice el acceso a la movilidad de los sectores más desfavorecidos al tiempo que se desincentiva el consumo excesivo. Esta fórmula podría consistir en el establecimiento de un cupo básico de carburante, igual para toda la ciudadanía, suministrado a un precio exento de impuestos. Por encima de este cupo básico, el consumo se pagaría con toda su carga impositiva sin ningún tipo de subvención estatal..

A comienzos de 2022, la cuestión del cambio climático parecía generar cierto consenso entre los principales gobiernos de los países europeos relativo a la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases responsables del calentamiento global.

La brutal agresión militar a Ucrania por parte de la Federación Rusa vino a trastocar ese consenso. La combinación de las sanciones impuestas por la Unión Europea al petróleo ruso, unidas a las dificultades de suministro por parte de otros países productores, y por supuesto la acción de los especuladores, ha disparado los precios del conjunto de fuentes de energía que se sitúan en un nivel inasumible para gran parte de la población.

El Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, ha advertido recientemente de que actualmente hay "demasiadas crisis", aunque "transitorias", pero si en una o dos décadas "no abordamos" cuestiones "gigantes", como la desigualdad y el cambio climático, "nos vamos a enfrentar a un mundo irreconocible".

Los gobiernos se enfrentan así a una situación endiablada: por un lado, luchar contra el cada vez más evidente calentamiento global exige adoptar drásticas reducciones del consumo de combustibles fósiles: carbón, gas y petróleo. Por otro lado, el riesgo político de no acudir en auxilio de los automovilistas, en una sociedad cuyo modelo está basado en la movilidad individual, coloca a los gobernantes ante el peligro de insurrecciones populares. Sobre todo, en un país como España, donde la derecha política y mediática no ha dudado en aprovechar cualquier crisis, incluida la pandemia vírica, para emprender maniobras de acoso y derribo al actual Gobierno.

A raíz del paro patronal de transportistas que colapsó los suministros el pasado mes de marzo, y como respuesta a la fuerte subida del precio de los carburantes, el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez decidió bonificar con un mínimo de 20 céntimos la compra de cada litro de combustible tanto a particulares como a profesionales, de los cuales 15 céntimos los aporta el Estado y el resto, las petroleras. Una medida que estará en vigor hasta el 30 de junio y que ahora vuelve a prorrogarse hasta el 31 de diciembre.

Esta medida de carácter universal dirigida a todos los conductores, independientemente de su poder adquisitivo, plantea grandes dudas sobre si es la más adecuada para resolver la situación de carestía de los carburantes y resulta sostenible en el tiempo. De entrada, a finales de junio, los precios de la gasolina y el diésel, con récords históricos que superan los 2 €/l, ya se han 'comido' literalmente el beneficio de la subvención.

Además, y este quizás sea el aspecto más grave del asunto, subvencionar los carburantes de forma generalizada es una medida que va en sentido contrario a la urgente necesidad de frenar el cambio climático. Del cual tenemos evidencia en la reciente ola de calor inusual en el mes de junio, cuyas elevadas temperaturas han agravado los incendios habidos en las masas forestales de diversos puntos del territorio. En una semana han ardido 30.000 hectáreas de bosque, de las que la peor parte se la ha llevado la zamorana Sierra de la Culebra.

Subvencionar los carburantes sea cual sea el consumo, no deja de ser una forma indirecta de "echar gasolina al fuego" al animar al conjunto de la población, y especialmente a quienes disponen de mayor poder adquisitivo, a seguir utilizando el automóvil de motor térmico de forma masiva, añadiendo más calor a la atmósfera. No obstante, el empeño en reducir las emisiones choca con una contundente realidad: la producción de coches de motor eléctrico todavía se encuentra en una fase balbuceante y, en cualquier caso, sus elevados precios los hacen inasequibles para la inmensa mayoría de automovilistas.

Algunas voces expertas han cuestionado este descuento generalizado a los carburantes y proponen ayudar a los más desfavorecidos. Para Raymond Torres, director de coyuntura del centro de análisis Funcas, es "la medida más cuestionable por su aplicación a todos los consumidores: tanto turistas con un poder adquisitivo elevado como autónomos con bajo nivel de ingresos que necesitan su vehículo para trabajar. Sería deseable transitar hacia medidas focalizadas". Criterio con el que coincide Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: "Se subsidia a rentas altas, es regresivo, aumenta los precios finales, se está financiando la contaminación […] Quizás sería más útil destinar las subvenciones a los carburantes o las bajadas de impuestos a la electricidad a los colectivos más perjudicados o vulnerables. Por ejemplo, destinando las ayudas de los carburantes a pequeños transportistas".

La loable idea de ayudar a los más desfavorecidos implica, de entrada, establecer los criterios que deben cumplir los beneficiarios de la misma. En otras palabras, hay que definir las circunstancias que permiten declarar pobre de solemnidad a la persona que solicita una ayuda. Para colmo, habida cuenta de que los pobres no son invitados a sentarse en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente, las personas más desfavorecidas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna es definida por instancias y personas ajenas a las vivencias directas que proporciona la pobreza.

Una vez establecidos los requisitos que definen la figura del pobre merecedor de la ayuda, vienen las dificultades administrativas para materializar la misma. Sirva de ejemplo la desastrosa experiencia que proporciona la aplicación del Ingreso Mínimo Vital, que apenas llega a una de cada siete familias en situación de pobreza.

En el caso de los carburantes, es preciso encontrar una fórmula que garantice el acceso a la movilidad de los sectores más desfavorecidos al tiempo que se desincentiva el consumo excesivo. Esta fórmula podría consistir en el establecimiento de un cupo básico de carburante, igual para toda la ciudadanía, suministrado a un precio mínimo. Es decir, totalmente exento de impuestos.

Por encima de ese mínimo garantizado, el consumo adicional de carburante pagaría los correspondientes impuestos conforme al criterio de que quien contamina paga, y su inmediata derivada: quien contamina más, paga más.

Estamos hablando, en definitiva, de establecer un Bono Básico de Carburante (BBC) inspirado en los criterios que definen la propuesta de la Renta Básica Universal, de la que nos hemos ocupado ampliamente en otro lugar. Por lo que respecta al BBC, el Estado facilitaría a toda persona conductora de un vehículo propio un bono que permita la adquisición de un determinado volumen de combustible a un precio libre de impuestos.(*) 

Este criterio de universalidad supone que se ayuda a las personas más necesitadas sin necesidad de estigmatizarlas con una "ayuda para pobres", puesto que garantiza el derecho igual para toda la ciudadanía a disponer de un consumo básico de carburante a un precio mínimo.

A partir de ahí, el que quiera, y su bolsillo se lo permita, quemar más gasoil o gasolina en el motor de su vehículo pagará el precio de mercado más los impuestos correspondientes que fije el Estado para afrontar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad.

La universalidad ofrece, además, una innegable ventaja operativa a la hora de implementar la medida. No hace falta destinar una legión de funcionarios con la misión de examinar millones de expedientes donde se pruebe la escasez de recursos de cada persona. Al Estado le bastan los datos que posee, tanto del Censo de población como los del Impuesto de Circulación de Vehículos (**) para organizar sin demasiados problemas un sistema informático a través del cual se expida una tarjeta tipo prepago en la que figure el saldo inicial de combustible y el que va quedando tras repostar a un precio libre de impuestos en cualquier gasolinera.

PS: El autor de esta propuesta declara que jamás ha considerado que la opinión de un solo individuo contenga la solución definitiva para resolver problemas complejos. Sin embargo, las opiniones formuladas con modestia y sin pretensiones adánicas contribuyen a incentivar fructíferos debates de los que puedan surgir las fórmulas más adecuadas para afrontar la difícil encrucijada a la que se enfrenta la sociedad actual.

 

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(*) Ese volumen básico debería determinarse por el Gobierno ponderando diversos factores de equidad y oportunidad social. A simple título de ejemplo podemos imaginar que ese mínimo se establece para permitir el desplazamiento de un vehículo que consume 5 l /km durante 10.000 km al año. En ese caso, el consumo básico estaría bonificado para 500 l. A partir de ahí, el consumo se pagaría a precio con impuestos.

(**) Cruzando ambos datos para que el beneficiario del bono sea la persona, y no el vehículo, evitando así subvencionar varios vehículos de una misma persona.

 

Castigar a los banqueros, no a los pensionistas

George Grosz (1893– 1959) - Drinnen und Draußen“. [Dentro y fuera]

En estos tiempos de crisis económica permanente, solo las grandes empresas, entre ellas las del monopolio eléctrico, las petroleras o la banca, obtienen grandes beneficios en detrimento de los salarios. Sin embargo, ante la inflación galopante, la patronal y sus voceros mediáticos aprovechan para arremeter, una vez más, contra el sistema público de pensiones. 

La inflación galopante, debida sobre todo a la agudización de los costes de la energía tras la agresión militar a Ucrania por parte de Rusia, tendrá una notable incidencia sobre la revalorización de las pensiones de jubilación. Debido a que la última reforma del Sistema Público de Pensiones fijó de forma explícita su actualización de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). Según apuntan organismos oficiales como el Banco de España, la revisión de pensiones de 2023 en la senda de una inflación que se prevé en el entorno del 7% será la más cara de la historia, y podría superar los 10.000 millones de euro.

Ante esas previsiones, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado al Gobierno que no aplique la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ya que ello llevará a la «ruina» a la Seguridad Social.

Garamendi se ha apresurado a utilizar ese característico lenguaje catastrofista que las grandes agrupaciones patronales, y sus altavoces mediáticos, utilizan para lanzarse contra cualquier medida destinada a fortalecer el Estado del Bienestar. En concreto, contra su pilar central: el sistema público de pensiones.

Un discurso que huele a naftalina: "Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República". Este alegato, debido a la pluma de Arthur M. Schlesinger, Jr., es un compendio de los argumentos esgrimidos, por la patronal estadounidense en vísperas de la implantación del Plan Federal de Pensiones. Según el profesor de economía canadiense John K. Galbraith (1908-2006) ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones.

Pese a todo, la ley fue aprobada, y como el tiempo ha demostrado, la grandeza de los Estados Unidos de América del Norte no sufrió merma alguna por la entrada en vigor de esa medida. Al cabo de casi noventa años de funcionamiento del Plan Federal de Pensiones no se han cumplido los negros augurios pronunciados en aquella ocasión por los profetas a sueldo de la gran patronal. La República estadounidense no sólo no se ha derrumbado, sino que ha llegado al siglo XXI convertida en una gran potencia económica y militar.

Y, por cierto, las únicas bancarrotas financieras que han tenido lugar no han venido del lado de las pensiones, sino de la especulación bancaria e inmobiliaria que desató la Gran Recesión de 2008.

Otro mantra clásico que suelen esgrimir los enemigos del sistema público de pensiones es el argumento demográfico. Es el caso de José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA, que insiste en que hay que tener en cuenta el cambio en la demografía española y asegura que "España se va a convertir en pocas décadas en el país más envejecido de Europa" y que "donde ahora hay tres personas pagando una pensión, en unas décadas habrá una".

Este catedrático o bien realiza sus predicciones utilizando datos del Paleolítico o, lo que sería mucho peor, tiene la información suficiente y pretende engañar al público en general. A base de repetir argumentos falaces como este se corre el riesgo de que la opinión pública acepte ciertas extrañas convenciones que entrañan un marcado sesgo ideológico. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población.

La segunda convención es la que ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores. Sin participación de los presupuestos generales del Estado. Esto no se corresponde con ningún principio irreversible de las leyes de la Física que rigen el funcionamiento del planeta, sino con el interés de los grandes grupos empresariales del país. Empezando por el oligopolio de las eléctricas, que obtienen grandes beneficios usando recursos naturales. Continuando por las gasolineras, citemos como ejemplo el caso de Repsol, que ha duplicado su beneficio en el primer trimestre del año, al alcanzar 1.392 millones de euros, gracias a los altos precios del petróleo y el gas. Es decir, un crecimiento neto del beneficio del 114,8 % respecto al mismo periodo de 2021. 

Y por supuesto, no podía faltar el sector bancario. Porque tanta preocupación por las pensiones por parte de los dirigentes de la patronal o del Banco de España y, sin embargo, ninguno de ellos ha encendido las luces rojas de alarma ante el gran agujero de la Sareb, el banco malo que forma parte del esquema planteado por el Estado español y las autoridades europeas para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008.

La Sareb no es exactamente un banco, sino la compañía que absorbió los activos tóxicos de las entidades financieras con problemas para que pudieran sanear sus balances y lograr liquidez al mismo tiempo. En 2012 y 2013 Sareb compró un paquete de casi 200.000 activos problemáticos que incluía préstamos al promotor e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España: 50.781 millones de euros. Todo esto fue sufragado mediante bonos avalados por el Tesoro Público que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Y que, en último término, incrementan la deuda del Estado que, en definitiva, pagamos todos los contribuyentes, empleados o pensionistas.

¿Acaso no sería justo que todas estas empresas, que obtienen sustanciosos beneficios en los momentos de crisis, contribuyeran a mantener ese pilar básico del Estado del Bienestar que son las pensiones de jubilación?

A estas alturas del siglo XXI, todos sabemos que los causantes de los desastres económicos que afligen al mundo no han sido los salarios disparatados, ni la baja productividad o la indolencia laboral, ni las huelgas o la holganza de los empleados. Si los trabajadores no han intervenido para nada en los excesos del tinglado financiero, ¿por qué se los quiere castigar endureciendo el sistema de pensiones que asegura su subsistencia al término de la vida laboral? ¿No sería más lógico castigar a los causantes de la crisis?

Durante la última época de bonanza económica, cuando ningún gobernante o pronosticador de futuros preveía que fuera a desencadenarse la penúltima y actual crisis del capitalismo, el ya citado John Kenneth Galbraith fue de los pocos que advirtió sobre los peligros de las burbujas financieras. Y propuso que los gobiernos, en caso de dificultades, deberían castigar a los banqueros, no a los trabajadores.

No debería olvidarse que el sistema público de pensiones no sólo no es un gasto, sino un poderoso factor de recirculación del dinero así como de la redistribución de la riqueza a través de la solidaridad intrafamiliar. Solidaridad de los mayores, que suplen la precariedad de los jóvenes ayudando allí donde no lo hace ni el empresariado ni el Estado

En lugar de repetir viejos discursos gastados, las patronales y sus voceros a sueldo podrían ensayar fórmulas novedosas destinadas a sanear las cuentas públicas y reforzar la autonomía de los jóvenes. Y si no encuentran otra mejor, prueben la que apuntó el presidente estadounidense Biden: pay more. Pagad mejores sueldos a vuestros empleados.

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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo, Sareb,1​2​ es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia), y por las entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012 (Banco Mare Nostrum (BMN), Banco CEISS, Caja3 y Liberbank).3​4​ La Sareb está participada en un 55% por capital privado, y en un 45% por capital público a través del FROB.5​ Para su creación se asumió el control sobre algo más de 50.000 millones en activos, los cuales se financiaron con deuda avalada por el Estado.​

Se considera a la Sareb como el banco malo de España, aunque no dispone de licencia bancaria ya que no es un banco sino una sociedad de gestión de activos. Dispone de un plazo de 15 años para proceder a la desinversión de todos sus activos, buscando la máxima rentabilidad.7​ Para facilitar esta meta, se dispuso de ventajas legales para fondos de inversión y socimis que no aplican a otras sociedades anónimas, como preferencia en el cobro de deuda subordinada frente a otros acreedores en las mismas condiciones.​

El 18 de enero de 2022 el Consejo de ministros aprobó un Real Decreto-ley para modificar el régimen jurídico de la Sareb y que el FROB pueda adquirir y mantener una participación mayoritaria en el capital social y tomar el control de los órganos sociales sin la necesidad de que Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal. Esto se hizo a cambio del pago de un euro simbólico y el FROB podrá elevar su participación del 45,9% en la Sareb más allá del 50%, en un porcentaje aún por decidir. Según el Gobierno, la reclasificación de Sareb tras la decisión de Eurostat de 2021 de obligar a contabilizar la deuda de la Sareb como deuda pública -lo que sumó 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit-, así como su situación patrimonial, hacían “imprescindible” modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual. La deuda asciende a 35.600 millones de euros según Eurostat o a 37.673 millones de euros de acuerdo con las últimas cuentas presentadas por Sareb en 2020. Dicha deuda se tendrá que hacer efectiva antes de 2027, fecha marcada para la liquidación y cierre de la Sareb.

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Escrivá arremete contra las “falsedades” sobre la revalorización de las pensiones frente al sector privado de la jubilación

El ministro ha cargado contra quienes critican la subida de pensiones con el IPC, como los académicos ligados a la reforma del PP de 2013, el Banco de España y bancos como ING

 eldiario.es / Nando Ochando / Laura Olías /23 de junio de 2022 

Con visible enfado, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha cargado contra quienes critican o ponen en duda la revalorización de las pensiones con el IPC debido a la elevada inflación. “No hay debate más espurio”, ha repetido. El responsable de las pensiones públicas ha arremetido de forma directa contra “los opinadores” sobre pensiones en los medios, que ha señalado que son en su mayoría los académicos responsables de la reforma de pensiones del PP de 2013 que el Gobierno ha derogado. Pero Escrivá también ha repartido al Banco de España, de manera algo más velada, y a “los listillos” que utilizan el debate “para aprovecharse” y vender sus productos privados de ahorro, entre los que ha mencionado al banco ING Direct. Todo esto, en un acto organizado por Expansión y Banco Santander con la presencia de las principales figuras del sector privado de la jubilación.

El ministro de la Seguridad Social ha acudido al evento del diario económico para clausurar el acto sobre pensiones, en el que se ha puesto el foco en la reciente ley para impulsar los planes de pensiones de empleo y que crea fondos públicos de pensiones. José Luis Escrivá ha centrado en cambio sus palabras en un debate “actual”, ha advertido, que le parece “el más espurio” posible: la crítica de la subida de las pensiones con los precios debido a la inflación.

Escrivá ha señalado que este debate es “verdaderamente sorprendente” en España, ya que en otros países también se están revalorizando las pensiones según los precios o los salarios sin que se ponga en duda los sistemas de revalorización por la coyuntura inflacionista. “Se utiliza información absolutamente falsa de que este es un problema que viene de Europa. Reto a alguien a que me diga en qué informe europeo dice que [las pensiones] no tienen que revalorizarse con la inflación”, ha sostenido.

“¿Pero qué debate es este?”, ha dicho el ministro, que ha recordado que la Seguridad Social va camino del equilibrio presupuestario, con una importante reducción del déficit del organismo en el último año gracias a la salida de los llamados “gastos impropios” a los Presupuestos Generales y al aumento de los ingresos en cotizaciones sociales.

“¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué esto es tan raro? ¿Por qué tenemos este debate artificial y nos bombardean con esto?”, ha lanzado el ministro a la audiencia. “Es otra vez una irresponsabilidad de crear incertidumbre a diez millones de pensionistas”, se ha respondido segundos después.

Contra los académicos de la reforma del PP

El ministro ha señalado que “confluyen dos elementos” que alimentan este debate. Por un lado, ha cargado contra los académicos que participaron en la reforma de pensiones del 2013 del Partido Popular. “En la reforma desquiciada de 2013, esa del factor de sostenibilidad y del IRP, un conjunto de académicos tuvo la oportunidad –porque el Gobierno les dejó– de diseñar un sistema muy innovador”, ha relatado Escrivá.

Esta reforma corregía el déficit de la Seguridad Social “a través de un recorte masivo de pensiones durante 20 o 30 años.” “Ni al que asó la manteca se le ocurre hacer eso. Duró dos años”, ha recordado el ministro, ya que el PP dejó de aplicarla ante la contestación social y la falta de apoyos políticos.

“Da la casualidad de que todo ese conjunto de académicos son los grandes opinadores de los últimos 25 años en pensiones. Están en los think tank correspondientes y no les ha gustado que le deroguemos aquella reforma tan innovadora”, ha subrayado Escrivá.

El responsable de las pensiones ha atacado también al PP, por apoyar en el Pacto de Toledo la subida de las pensiones según el IPC, para poco después ponerla en duda. “Es una irresponsabilidad”.

También reparte al Banco de España y “los listillos”

Después, José Luis Escrivá ha criticado de nuevo al Banco de España por sus recomendaciones sobre pensiones. En esta ocasión, sin mencionar al regulador expresamente. “No encontrarán un solo banco central en Europa, quizá con una excepción, que esté hablando que las pensiones no deban revalorizarse en sus países. Ninguno”, ha apuntado como reproche a la institución que dirige el gobernador Pablo Hernández de Cos.

“Porque no tiene mucho que ver con el proceso inflacionista actual, que es por donde los bancos centrales podrían entrar. Si estamos hablando de cuestiones de equidad, los bancos centrales no tienen legitimidad democrática para hablar de equidad. No la tienen, se decide en el Parlamento”, ha añadido.

Por último, el ministro ha atacado a “los listillos, que se aprovechan” de este debate. “¿Ustedes han visto por ejemplo la publicidad telefónica de ING Direct? Se aprovecha de todo esto para intentar desplazar ahorro a productos de ING. ¿Creen que es responsable cuando todo lo que hay detrás de esto es falso?”, ha señalado expresamente el responsable de la Seguridad Social. “Por supuesto, las pensiones van a mantener poder adquisitivo”, ha reafirmado.

El ministro ha concluido que “no hay debate más espurio en España que se me ocurra que este. Lleno de falsedades, lleno de espuriedades, que no ponen nunca sobre la mesa los datos fríos de verdad. Se inventan narrativas europeas que no existe”, ha subrayado. “Me entristece, es una gran irresponsabilidad”.

https://www.eldiario.es/economia/escriva-arremete-falsedades-revalorizacion-pensiones-frente-sector-privado-jubilacion_1_9110762.html

No romper de inmediato el contrato con Iberdrola: eso sí que sería del género tonto

No contento con estar en la cúspide de una de las empresas del oligopolio eléctrico que fija tarifas abusivas sobre los precios de la energía que llega hasta nuestros hogares, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se permitió llamar tontos a los clientes que optan por la tarifa regulada por el Gobierno. Lo cual merece una contundente respuesta a través de la ruptura inmediata de los contratos suscritos con esta compañía.

Según la más novedosa teoría política acuñada por los ideólogos de la derecha patria, el summun de la libertad consiste en tomar cañas en las terrazas de los bares. Estos alegres goces propios de la España cañí ocultan el nulo margen de libertad que tiene la mayor parte de la ciudadanía para disfrutar de las ventajas de la energía eléctrica a unos precios ajustados al verdadero coste de producción. Cada contador de suministro instalado en nuestros hogares equivale a un yugo que nos encadena al arbitrario capricho de los gestores del oligopolio de empresas eléctricas que suministran un bien público de importancia vital. Gestores que fijan altísimos salarios para sí mismos al mismo tiempo que establecen tarifas abusivas sobre los precios de la corriente que llega hasta las bombillas y electrodomésticos de nuestros hogares.

La indignación que embarga a la mayoría de usuarios al comprobar el importe de la factura mensual de la luz es cosa generalizada. Paradójicamente, cuando llega la hora de votar a los representantes de la soberanía del pueblo, esa gran mayoría indignada parece ignorar los pesados eslabones de las cadenas que nos atan al oligopolio eléctrico. Pues las opciones políticas que favorecen la existencia de ese oligopolio suelen obtener un considerable número de votos en las urnas. Por ejemplo, el Partido Popular que, día sí y al otro también, predica que hay que bajar los impuestos. Aunque en la práctica los suba cuando gobierna, llegando incluso a la desfachatez de establecer nada menos que un impuesto al Sol. Es decir, a los hogares que instalaran por su cuenta placas fotovoltaicas para obtener electricidad aprovechando la energía luminosa que, gratis et amore, envía la estrella alrededor de la cual gira nuestro sistema planetario.

Mientras ese pueblo, soberano en teoría y despistado en la práctica, no sea consciente de la necesidad de votar opciones de gobierno capaces de hacer frente al oligopolio eléctrico, seguiremos viendo restringida nuestra libertad de acceso a un recurso imprescindible para nuestra vida cotidiana como es la electricidad.

La impunidad de la que gozan los gestores de las compañías eléctricas para perpetrar sus abusos contra los consumidores es de tal magnitud, que uno de ellos se permitió recientemente despreciar de manera pública a los sufridos usuarios. En concreto, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que dijo textualmente: "Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio" [alto, de la electricidad]. Afirmación realizada en medio de sonoras carcajadas tanto de Sánchez Galán como de los corifeos que le acompañaban en un coloquio en medios empresariales.

Sánchez Galán llamó directamente tontos a los 10 millones de clientes de la tarifa regulada. Con el agravante de que la gente de menores ingresos, los beneficiarios del bono social eléctrico (1,2 millones de familias) están obligados a contratar esa tarifa regulada.

El trasfondo de este episodio lo explica muy bien Xavier Vidal Folch: El, digamos, lapsus de Galán, era parte de la campaña de las grandes eléctricas por propiciar su tarifa libre. Que sigue a su cruzada de lobby en Bruselas contra la “excepción ibérica” auspiciada por el Gobierno en favor de… los consumidores. Olvidarían que ostentan enorme responsabilidad social como gestoras —privadas— de un servicio público. La intensidad de su presión ha desbordado todo precedente ponderado. Ya antes debelaron la mengua de sus “beneficios caídos delcielo”, y la CNMC inadmitió el 12 de abril su recurso por “carente de fundamento”. El día 4, Galán afeó a España como “el país con más riesgo regulatorio de Europa”. El 19, con grandes bancos, tacharon la excepción de“ventaja competitiva desleal”. Y el 21 denunciaron ante la Comisión que no era, yuju, “compatible con el marco legal europeo”. Sin éxito.

Como ya se ha dicho, mientras no tengamos un Gobierno con la suficiente voluntad política y fortaleza parlamentaria para meter en cintura a estos extorsionadores del suministro eléctrico, seguiremos padeciendo el abuso en la factura. Pero, al menos, sí hay una cosa que podemos hacer mañana mismo ejerciendo la facultad que asiste a todo cliente de una compañía eléctrica: rescindir el contrato de suministro con Iberdrola.

Por supuesto, no somos tan cándidos como para creer que el resto de compañías sean menos extorsionadoras que Iberdrola, puesto que todas ellas forman parte del oligopolio eléctrico que se pone de acuerdo para fijar los precios. Pero, al menos, los otros gestores todavía no han tenido la desfachatez con que Sánchez Galán y sus secuaces se han reído abiertamente en nuestra cara. Así que lo menos que exige la dignidad del conjunto de personas que tienen contratado el suministro eléctrico con Iberdrola, en la modalidad de tarifa regulada, es proceder a romperlo de inmediato. Y para animarles, aquí les dejo esta arenga cívica escrita por W. Shakespeare en Coriolano: 

Los patricios son tenidos por buenos ciudadanos; nosotros somos los pobres ciudadanos. Con lo que sobra a los poderosos bastaría para socorrernos. Si tan sólo nos dieran lo que les es superfluo mientras estuviese en buen estado, podríamos creer que nos auxilian por humanidad; pero piensan que somos demasiado caros de sostener. La delgadez que nos devora, el espectáculo de nuestra miseria, son como el inventario encargado de mantener detallada la cuenta de su abundancia. Nuestro sufrimiento constituye provecho para los tales. Venguémonos con nuestras picas antes de vernos reducidos a esqueletos; porque saben los dioses que cuando hablo así es porque tengo hambre de pan y no sed de venganza

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