domingo, 18 de diciembre de 2016

Sindicatos: bienvenidos al mundo real

¡Albricias, parece que los sindicatos comienzan a caerse del burro! Tras varias décadas enarbolando pancartas con esa leyenda viejuna de "más y mejor empleo" a la par que la automatización lo destruía en las empresas, ahora UGT habla, por primera vez, de implantar un impuesto tecnológico como una vía de financiación de las pensiones.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sugerido en el Congreso que el presupuesto de la Seguridad Social para todas las pensiones contributivas se complemente con impuestos. Para lograr recursos, entre otras vías (gravamen a las grandes fortunas, eliminación de las bases máximas de cotización suprimir las subvenciones a la contratación) Álvarez propone estudiar un impuesto a las nuevas tecnologías que han destruido empleo. Estos sindicalistas han tardado años en caerse del burro. Porque llevan décadas enarbolando pancartas con esa leyenda viejuna que reclama "más y mejor empleo" en un entorno en el que los procesos de automatización destruyen empleos a toda velocidad.

Al menos de manera oficial, hasta hoy
UGT no se había dado cuenta de que "muchas gasolineras no tienen trabajadores, la banca ha perdido miles de puestos de trabajo por su acceso a Internet y estos elementos siempre habían tenido una compensación por la vía de la reducción de jornada", pero al no producirse se debería compensar por la vía de la financiación de la Seguridad Social, como explica ahora el líder del sindicato. Desde luego, la banca debería ser la primera en cotizar, tanto por sus cajeros automáticos y operaciones electrónicas realizadas directamente por los clientes, como por las cuantiosas ayudas recibidas del contribuyente destinadas a evitar la ruina a la que conducían los manejos delicuenciales de sus gestores. 

Después de un largo periodo de ausencia de la movilización social, UGT y CCOO han iniciado un proceso de concentraciones en todo el país culminado en la manifestación celebrada hoy en Madrid bajo el lema "Las personas y sus derechos, lo primero". Protestando por los límites impuestos por el Gobierno al diálogo social y para exigir "más y mejor empleo", salarios dignos, pensiones suficientes y sostenibles, y una renta mínima contra la pobreza y la desigualdad.
 

Esa viejuna consigna de "más y mejor empleo" mal se compadece con esa renta mínima que ahora piden los sindicatos contra la pobreza. Pues, si tanta fe depositan en el empleo, para qué pedir una renta mínima. La paradoja se agudiza cuando se pone de relieve la evidencia de que no hay empleo suficiente para todo el mundo. ¿Cómo aspiran, entonces, los sindicatos a paliar la pobreza de una persona con una paga situada por debajo del umbral de la pobreza? La prestación que reivindican es un derecho subjetivo que dotaría de una renta de 426 euros mensuales a personas de 16 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.800 € por persona al año, y que se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación. En definitiva, insuficiente y condicional.

Algunos dirán que más vale pájaro en mano, puestos a elegir entre no recibir nada y cobrar 426 euros, aun a costa de someterse a humillantes controles por parte de los agentes encargados de verificar su situación oficial de pobreza a través de la prueba de recursos. Pero a estas alturas, esa no es la solución que pide a gritos la justicia social en un momento histórico caracterizado por los efectos de la Cuarta Revolución Industrial que se estima dejará sin empleo al 80% de la población.

Sindicatos, bienvenidos al mundo real, aunque lo hacéis con tanto retraso que tendréis que dar grandes zancadas si queréis llegar a tiempo de participar en la resolución del conflicto social que plantea el avance tecnológico. Hace falta tener mayor altura de miras y luchar por el establecimiento de un auténtico ingreso incondicional de ciudadanía que garantice la suficiencia de recursos para existir con dignidad en una época en la que el empleo ha dejado de ser el elemento integrador de la mayoría social. Claro que eso implica romper la inercia y salir de la zona de confort ideológico en la que todavía se hallan instalados los cuadros sindicales. Se van cayendo del burro, pero para aceptar la renta básica universal tendrían que subir de categoría en las caídas. Necesitan un caballo, y no precisamente de vapor.


La automatización es algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. En 1948, Norbert Wiener (1894-1964) matemático estadounidense considerado el ‘padre’ de la Cibernética, publicó Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, obra en la que expone los fundamentos de las nuevas ciencias del control. Consciente de las consecuencias sociales que plantearía el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas derivadas de la automatización, Wiener intentó advertir a gobernantes y sindicalistas sobre el conflicto entre tecnología y empleo que se avecinaba, sugiriendo la idea de compensar a los ciudadanos con algún tipo de ingreso garantizado. Citamos literalmente:
 
Este nuevo desarrollo tiene posibilidades ilimita das para bien y para mal. [...] Da a la raza humana una nueva y más eficaz colección de esclavos mecánicos para realizar su trabajo. Tal labor mecánica tiene la mayor parte de las propiedades del trabajo de esclavos, aunque, a diferencia de él, no lleva consigo los directos efectos desmoralizadores de la crueldad humana. Sin embargo, cualquier trabajo que acepta las condiciones de competencia con el trabajo de esclavos, acepta las condiciones del trabajo de esclavos y es esencialmente un trabajo de esclavos. La palabra clave de esta manifestación es competencia. Puede ser algo muy bueno para la humanidad el tener máquinas que le eviten las tareas serviles y desagradables, o quizá no lo sea. Yo no lo sé. No puede ser bueno para esas nuevas potencialidades ser contabilizadas en términos de mercado, o en cuanto al dinero que ahorran, y son precisamente los términos de mercado abierto, la “quinta libertad”, los que han llegado a ser la contraseña del sector de la opinión americana representado por la National Association of Manufactures y el Saturday Evening Post. Digo opinión americana porque, como americano, la conozco mejor, pero los mercachifles no reconocen fronteras”.

Quizá pueda clarificar la base histórica de la situación presente si digo que la primera revolución industrial, la revolución de las “negras hilanderías satánicas”, supuso la desvalorización del brazo humano en competencia con la máquina. No hay salario suficientemente bajo de un simple obrero de pico y pala de los Estados Unidos que pueda competir con el trabajo de una pala mecánica como una excavadora. La moderna revolución industrial se limita similarmente a desvalorizar el cerebro humano, al menos en sus decisiones más simples y rutinarias. Por supuesto, del mismo modo que un carpintero experto, un mecánico experto, un sastre experto, en cierto grado han sobrevivido a la primera revolución industrial, así el científico y el administrador experto pueden sobrevivir a la segunda. Sin embargo, considerando la segunda revolución como realizada, el ser humano medio de mediocres conocimientos no tiene nada que vender que merezca la pena comprarse. La respuesta, por supuesto, es tener una sociedad basada en valores humanos que no sean el comprar o vender. 


Transcurrido más de medio siglo desde las intuitivas advertencias de Wiener, nos hallamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial. Tras la automatización de la industria en el siglo XVIII (Industria 1.0), la división del trabajo y la producción en cadena de principios del siglo XX (Industria 2.0) y la revolución tecnológica de finales del siglo XX (Industria 3.0), ahora se trata de la digitalización de los sistemas de producción –en las áreas de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología e impresión 3D– que impactará en las empresas, afectando a las personas, la sociedad y los países.

Es seguro que se crearán nuevos empleos altamente cualificados, no obstante, la diferencia entre estos nuevos empleos y la desaparición de oficios obsoletos arrojará un saldo de destrucción neta de empleo. Estamos, pues, cada vez más cerca del modelo que hace tiempo se ha descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo de alredededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar. Esa minoría de trabajadores cualificados será suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural.

Todo esto no son hipótesis ni profecías futuristas, son hechos tangibles cuyas consecuencias sociales no han sido debidamente valoradas por las formaciones políticas y sindicales con teórica capacidad para formular soluciones a la creciente desigualdad social. Prometer empleo cuando el empleo se ha convertido en un artefacto obsoleto parece cosa de locos. Otrora, el empleo fue un factor liberador al facilitar que las personas, al obtener un razonable nivel de ingresos, pudieran encuadrarse dentro del marco socioeconómico de su país. Pero ese potencial liberador del empleo no sólo se ha desvanecido, sino que se ha transmutado en su contrario, convirtiéndose en un elemento de dominación.

De entrada, el empleo plantea siempre un desequilibrio de fuerzas en el acto contractual por el que una persona vende a otra su tiempo, fuerza y capacidad de trabajo, a cambio de un salario. Tal vez en una sociedad idílica ese contrato pudiera celebrarse en condiciones de igualdad. Pero en la sociedad real en que vivimos, el contrato laboral se realiza bajo un ordenamiento legal en el que una de las partes, la empleadora, obtiene grandes ventajas (disposición del tiempo, organización, disciplinaria) sobre la otra parte, la empleada. Es decir, que el empleo no sólo no garantiza la igualdad, sino que contribuye a perpetuar la dominación de una clase social sobre otra. Y si ese dominio fue alguna vez atenuado por legislaciones progresistas, en la actualidad el triunfo de la doctrina neoliberal está llevando la situación de dominio a condiciones que recuerdan las que imperaban en el siglo XIX.

O los sindicatos de reinventan y ofrecen soluciones adecuadas al siglo XXI, o los perdedores de la sociedad, ante la falta de alternativas, emulando a los ludditas ingleses del siglo XIX, tendrán que recurrir, ultima ratio, a la destrucción de las máquinas.


martes, 6 de diciembre de 2016

Rentas minimalistas: ¿Se ocuparán Gobierno y Parlamento de subir la pensión mínima y el subsidio por desempleo?



Constitución Española Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Artículo 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.



Portada de El Economista.es

A raíz de una iniciativa de Unidos Podemos, el Congreso de los Diputados admitió a trámite la Propuesta de Ley para fijar un calendario de subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 800 euros en enero de 2018, y a 950 a comienzos de 2020 (en 14 mensualidades). Horizonte elegido con buen criterio estratégico, ya que si la propuesta hubiera sido para 2017, Rajoy la habría descartado olímpicamente en base a la facultad que permite al Ejecutivo vetar proposiciones de ley o medidas del Congreso que impliquen incremento de gasto en relación con el previsto en los Presupuestos. De esta forma, al menos, se verá obligado a estudiarla.

El caso es que, con la propuesta de la formación morada, en 2017 el SMI se habría mantenido igual que hasta ahora. En eso llegó el PSOE, que necesitado de rentabilizar algún logro frente a la situación de debilidad por la que atraviesa el partido, alcanzó un acuerdo con el Gobierno para subir un 8% el SMI, desde 655,20 € a 706 € mensuales.

Los socialistas venden ese acuerdo como una gran victoria: la mayor subida en treinta años. Lo cual, siendo cierto, no oculta el hecho de que a lo largo de esas tres décadas también gobernaron. Y, salvo durante el primer mandato de Rodríguez Zapatero en el que hubo una subida apreciable tanto del SMI como de las pensiones mínimas, el resto de sus gobiernos tampoco se preocuparon mucho de conseguir que el SMI estuviera en línea con la media de los países homólogos de la Unión Europea. Nos encontramos a la altura de países como Grecia, Eslovenia o Malta. Muy por debajo de los salarios mínimos establecidos en países como Francia, Reino Unido o Alemania, que duplican el SMI español.

Lo que no se entiende muy bien es el cabreo de sindicatos y podemitas ante esta subida. Los primeros, porque llevan años desaparecidos del ámbito de esta reivindicación. Los segundos, porque este aumento no contradice para nada su propuesta. Si acaso, la adelanta en parte, pues, al fin y al cabo, los trabajadores afectados ya pueden contar en 2017 con algo más de dinero en el bolsillo mientras aguardan la llegada de 2018 en la que tendría que aplicarse la subida a 800 euros propuesta por UP. Formación que debería preocuparse, desde este mismo momento, de ir tejiendo la estrategia de acuerdos necesaria para hacer realidad esa cifra mínima. Porque no basta con enarbolar la bandera, hay que conquistar la posición. Como señala con acertado criterio, Alberto Montero, portavoz parlamentario de Economía de UP: "Donde realmente se cambian las cosas es en las instituciones"


Por lo que respecta al SMI, no se puede olvidar que se trata de una referencia salarial mínima que, en la práctica, ni siquiera llega a percibir la mayoría de los trabajadores precarios. En concreto, más de seis millones de trabajadores, casi uno de cada tres,  (el 31%) tiene unos ingresos inferiores al SMI anual. Lo singular es que se trata de trabajadores con empleo —incluidos los autónomos— y que han estado ocupados alguna vez a lo largo del año. No se trata, por lo tanto, de desempleados o de personas socialmente excluidas.
 

En efecto, por más que la ministra del ramo diga que en España nadie puede cobrar un sueldo por debajo del SMI, los empleadores tienen a su disposición mil y una estratagemas para burlar este salario mínimo. Algunas de ellas asquerosamente legales, como la contratación parcial, por horas, días, etc. Otras, directamente gansteriles, del tipo: "firmas un contrato de media jornada y trabajas ocho horas o te vas a la puta calle". Y no hay un cuerpo de Inspectores de Trabajo lo suficientemente numeroso y eficaz para controlar esta extorsión laboral generalizada.

Un efecto positivo de la subida del SMI es su reflejo automático en la Renta de Garantía de Ingresos vigente en Euskadi que supondrá una subida de unos 50 euros a los 65.000 beneficiarios de estas prestaciones, que van indexadas al SMI y se revalorizarán de manera automática. La Ley de Garantía de Ingresos aprobada en 2008 y en vigor desde 2009 fijó el cobro de un salario social como derecho para quienes no tienen recursos y también para los que ingresan nóminas o pensiones precarias. Las modalidades básicas se calculan con un porcentaje del SMI, aunque computado a 12 pagas y no a 14, como hace habitualmente el Gobierno central. Una persona con necesidades que viva sola cobra un 88% del SMI, una pareja el 113% y una familia de tres o más miembros el 125%.

Pero hay otras rentas ‘minimalistas' pagadas por el Estado, de las que no se ocupa el Parlamento, que suponen, de facto, mantener a sus perceptores en situación de pobreza. ¿Se acuerdan de los famosos 426 euros que perciben los desempleados de larga duración en concepto de subsidio por desempleo?

Esa cifra es el 80% del IPREM, un desafortunado indicador aprobado en su día con la anuencia sindical que ha devaluado la cuantía del subsidio. Pues, de haber continuado el criterio inicial adoptado en su día por el Estatuto de los Trabajadores, que fijaba el subsidio en el 75% del SMI, ahora, tras la subida de este, la paga de los desempleados sería de 530 euros. Por contra, el Ministerio de Empleo no prevé incrementar este indicador de cara al próximo ejercicio, por lo que será el sexto año consecutivo en el que se congele la cuantía del IPREM, que en la actualidad está en los 532,51 euros mensuales.

Pero la cifra de 426 euros parece haberse convertido en totémica, pues incluso la iniciativa conjunta puesta en marcha por los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores para solicitar la implantación de una renta mínima (condicional, por supuesto) cifraba su cuantía en los dichosos 426 euros que a nadie saca de pobre.(*)

En fin, el otro gran capítulo de la pobreza establecida por Real Decreto, es el que se refiere a las pensiones. Según publica El Economista.es, nada menos que 4,7 millones de pensiones, prácticamente la mitad de los 9,3 millones que se abonan mensualmente, cobran cuantías inferiores a la que fija el salario mínimo anterior a la subida, 655 euros hasta ahora. En concreto, y según las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, casi 700.000 pensionistas cobran al mes cantidades inferiores a los 300 euros. Los hay jubilados, sí, aunque en este tramo prevalecen aquellos que cobran pensiones de orfandad o en favor de familiares.

Pero es en el siguiente tramo donde se concentra mayor cantidad de personas. Nada menos que 3,5 millones de pensionistas reciben cuantías mensuales de entre 300 y 648 euros. Es más: son casi dos millones, el 23% del total, los que cobran entre 600 y 648 euros. Más allá de la pensión media, situada hoy en los 909 euros (la de jubilación en los 1.047), la pensión típica se sitúa aproximadamente en los 625 euros: ningún otro tramo de renta analizado cuenta, ni de lejos, con tantos perceptores. El siguiente tramo, de hecho, es el de aquellos que perciben entre 700 y 800, que son algo más de 800.000.

Y lo más grave es que el grueso de esa pensión típica no corresponde a pensiones asistenciales, sino a pensiones contributivas, es decir, prestaciones a personas que han cotizado al sistema, y que, en la mayoría de los casos, al verse afectados por el paro de larga duración, cotizaron (vía subsidio al desempleo) por el mínimo al final de su carrera profesional. Siendo sobre ese periodo sobre el que se les calculó la cuantía de la pensión.


Sería de estricta justicia que la pensión mínima contributiva (603 €) fuera equiparada al SMI. Pero, descuiden, que nada de esto se hablará hoy entre los asistentes a los fastos del Día de la Constitución. Y lo peor es que tampoco se hablará mañana.

Actualización al 1 de enero
Las pensiones sufrirán en 2017 la mayor pérdida de poder adquisitivo en cinco años

El Gobierno ha aprobado una subida de las pensiones del 0,25% para 2017. Se trata del mínimo contemplado en la última reforma de las pensiones que aprobó el Ejecutivo de Rajoy. En principio, ese dato es el resultado de una fórmula que tiene en cuenta varios datos, como la evolución de la afiliación a la Seguridad Social o de sus cuentas. Esa fórmula no se ha hecho pública.

Esa ridícula subida junto a una inflación media que ronde el 1,5% arrojará una pérdida de poder adquisitivo de al menos 1,2 puntos para las personas que cobran una pensión. Una brecha que no era tan grande desde 2011: ese año, el Gobierno congeló las pensiones y la inflación media fue del 3,2%. En 2012, la inflación media fue de un 2,4% y las pensiones subieron un 1%. 


Sin embargo, el gran problema que ha preocupado a la opinión pública nacional ha sido las restricciones a la circulación del vehículo privado en Madrid debido a la contaminación.





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(*) La prestación que demandan los sindicatos es un derecho subjetivo que dotaría de una renta de 426 euros mensuales a personas de 16 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.800 € por persona al año, y que se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación.