lunes, 29 de junio de 2009

Activistas del Eje de Crisis ocupan el Casino de Madrid al grito de "Somos vuestra crisis"

"Hemos hecho posible durante años muchos lugares como éste y colaborado en el progreso de los que lo habitan. Formamos parte también de los clubs de golf, los apartamentos de lujo en primera línea de playa y de los ceros en las cuentas de los paraísos fiscales de sus socios. Pagamos los estudios en las universidades privadas de sus hijos, los abrigos de piel, los coches de lujo y las cuentas de sus banquetes. Tenemos derecho a entrada, pero prohibido el paso a estos salones. Nunca nos invitan y eso que estas facturas nos han salido caras."



Hoy viernes, a primera hora de la mañana, alrededor de 50 activistas de Rompamos el Silencio irrumpieron en el Casino de Madrid, al grito de "Somos vuestra crisis". Esta acción es la segunda de la V Semana de Lucha Social 2009, protagonizada por el Eje de Crisis de Rompamos el Silencio. Los activistas han sido detenidos y trasladados a Moratalaz.



El movimiento social justifica su acción a través del siguiente comunicado:


Por estas puertas no entra la crisis

Hoy, 29 de junio, asistimos a la presentación desde una "Nueva Perspectiva" del Casino de Madrid, ocupamos su espacio para denunciar la explotación constante a la que hemos sido sometidas. Aquí en el mismo centro de negocios de las personas más ricas de Madrid, espejo y reflejo del resto del mundo empresarial y de élite económica que han jugado y apostado en la ruleta de los mercados financieros internacionales con nuestros ahorros, con nuestra tierra y con nuestras vidas.

Nuestra perspectiva del Casino siempre ha sido la misma, desde fuera. Hoy queremos entrar para reivindicar un espacio que consideramos de todo el mundo, financiado con las "cuotas" de miles de personas que han trabajado duro (y por muy poco) para asegurar la rentabilidad en los negocios de sus socios. Esta "Institución" sigue, ya casi 170 años en el centro de Madrid, vivita y coleando.

Hemos hecho posible durante años muchos lugares como éste y colaborado en el progreso de los que lo habitan. Formamos parte también de los clubs de golf, los apartamentos de lujo en primera línea de playa y de los ceros en las cuentas de los paraísos fiscales de sus socios. Pagamos los estudios en las universidades privadas de sus hijos, los abrigos de piel, los coches de lujo y las cuentas de sus banquetes.

Tenemos derecho a entrada, pero prohibido el paso, en el Consejo Directivo de los señores del mundo, los que manejan la economía y brindan en estos salones, sólo a su salud.

Nunca nos invitan y eso que estas facturas nos han salido caras. Hemos pagado siempre, bien sea con inseguridad laboral o como nos suelen explicar por la "flexibilización del mercado de trabajo", con nuestras casas o "el alza del precio en el mercado de la vivienda", mediante la explotación o "la ampliación de la jornada laboral, la congelación salarial y la deslocalización empresarial", con no llegar a fin de mes o "el estancamiento transitorio de la economía", con hambre o "la variabilidad del índice bursátil en los mercados primarios", con la explotación de la Tierra o "el crecimiento y desarrollo agrícola", con el no saber o "los derechos de autor", con la educación para las élites o "el Plan Bolonia", con el desarraigo, la humillación y la soledad o "las políticas migratorias".

En definitiva, hemos pagado con la mercantilización de nuestras vidas, que nos esclaviza a las cuentas de resultados de los que aquí celebran sus fiestas. Venimos a denunciarlos. Hemos pagado con creces el derecho a disfrutar de una República Social de Ciudadanas/os Libres. Queremos nuestra libertad. En este lugar, donde la Crisis no se nota, porque no entra, reclamamos tranquilas nuestro derecho a pan y a rosas.

Rompemos el Silencio, para avergonzarles.

Más info en http://www.centrodemedios.org/



Los que nunca trabajan quieren que trabajemos más: ahora hablan de jubilación a los 70 años

Primero, intentaron que el Parlamento Europeo aprobase la elevación de la jornada hasta las 65 horas semanales. Como esa operación falló en el primer intento, ahora vuelven a la carga presentando el alargamiento de la edad de la jubilación como una condición insoslayable para mantener el sistema. ¿De qué sirve tanta tecnología economizadora de trabajo, tanto aumento de productividad, si a la postre lo que nos ofrece el paraíso capitalista es trabajar más?


El primer ministro francés, François Fillon, acaba de asegurar ante los dirigentes de su partido, la UMP, que "no hay otra solución para salvar" el régimen de pensiones que "trabajar durante más tiempo". Fillon ha insinuado aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años.

Para demostrar que ellos la tienen más grande —la sinvergonzonería quiero decir— que los tecnócratas galos, los paniaguados de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), que seguro que no saben lo duro que resulta ganarse la vida a la gente normal, recomiendan posponer la jubilación hasta los 70 años para garantizar las pensiones. Los técnicos de las cajas instan a cambiar las cotizaciones y calcular las prestaciones en base a los últimos 25 años.

Es evidente que nos están contando una milonga ¿De qué sirve tanta tecnología economizadora de trabajo, tanto aumento de productividad, si a la postre lo que nos ofrece el paraíso capitalista es trabajar más? Pero no vale con lamentarse, aquí de lo que se trata es de ofrecer una resistencia en toda línea antes de que la ancianidad nos reste vigor para defender los derechos conquistados por nuestros predecesores en el movimiento obrero.

Transcribo lo que me envía Gruñón, un interlocutor habitual:

"¿Qué técnicos son éstos que con su política de buen hacer y buenas previsiones llevan a la ruina y quiebra a las cajas de ahorro? Cajas a las que ahora vamos a salvar con nuestros impuestos. No les basta su rapiña de políticos corruptos, empresarios y funcionarios ladrones, sino que encima quieren que trabajemos más por menos para salvarles su mansión en Marbella y el dinero blanqueado en las Caimán que han perdido con Madoff. A este paso votaremos por los partidos ilegalizados que no sirven para nada pero les joden.

Hoy hablan de cambiar la Constitución para que las infantas sean reinas, cambiemos la Constitución por la Republica del pueblo y para el pueblo como quería Lincoln.

¡Queremos trajes para todos y a medida! Panda cabrones.

sábado, 27 de junio de 2009

No podemos confiar en los sistemas privados de pensiones


Los detractores de las pensiones públicas, que por lo general escriben al dictado de los intereses de la banca, nos amenazan a diario con la quiebra del sistema. Si bien sitúan la inminente catástrofe en un horizonte temporal que oscila entre las décadas de 2020 a 2060. Cuarenta años de imprecisión en los cálculos dicen poco a favor de quienes los realizan. Mientras tanto, los que ahora mismo está fallando son los sistemas privados de pensiones.


Hay que ser muy ingenuo para creer que un plan de pensiones privado puede ser más sólido que el sistema público. Éste cuenta con el respaldo del Estado, que tiene medios suficientes para impedir la quiebra en caso de que en algún momento se desequilibre la proporción entre cotizantes y receptores de pensiones.

Sin embargo, si un fondo privado de pensiones entra en pérdidas, sus gestores saldrán corriendo y dejarán a los suscriptores con el culo al aire. Mientras que entre el Estado y los ciudadanos existe un contrato social implícito para que nadie quede desasistido, la ética asistencial no entra en los cálculos de la empresa privada. La solidaridad está excluida del repertorio neoliberal, cuyos ideólogos defienden el dogma del egoísmo como motor de las relaciones humanas. “No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio”, dejó escrito su profeta Adam Smith. Por lo tanto, tenemos perfecto derecho a pedir a los financieros que saquen sus zarpas de nuestras pensiones.

En efecto, la crisis financiera está afectando a los sistemas de pensiones y muy particularmente a los privados, con una caída del 23% de su valor de media en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante el pasado año y un recrudecimiento de la pobreza entre las personas mayores.

Teniendo en cuenta el peso relativo de los planes de pensiones en los ingresos que reciben los jubilados, la caída de estos últimos se situó en torno al 12.5%, explicó en conferencia de prensa Edward Whitehouse, al presentar el informe bienal sobre las pensiones de la OCDE. Un informe en el que se pone el acento en que una de las grandes prioridades de los dispositivos públicos de jubilación debe ser garantizar una "protección efectiva contra la pobreza tanto ahora como en el futuro".

Esta recomendación deriva de la constatación de un agravamiento de la extensión de la pobreza entre las personas de mayor edad, que ya antes de la crisis afectaba al 13,5% de los mayores de 65 años en los países medios, frente al 10,6% de media en el conjunto de la población.

"Hacen falta sistemas públicos que ofrezcan un ingreso de base" a los pensionistas, pero también se tiene que mantener un reparto entre los dispositivos públicos y privados para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, indicó la jefa de la división de Políticas Sociales de la OCDE, Monika Queisser.

Los países en los que más se desplomaron los activos de los fondos de pensiones en 2008 fueron Irlanda (-37,5%), Australia (-26,7%), Estados Unidos (-26,2%), Islandia (-22,9%) y Bélgica (-21,6%), mientras que en México (-5.2%), República Checa (-7,2%), Alemania (-8,5%), Eslovaquia (-10,5%) y España (-11.7%) es donde la caída fue más moderada.

El impacto para los pensionistas fue variable en función del peso que los sistemas privados tienen en los ingresos de los jubilados, ya que la media del 19,5% para los 23 países analizados por el estudio encierra grandes diferencias.

Así mientras en Canadá las pensiones privadas suponen el 50,6%, en Holanda el 46,5%, en Australia el 44,7% o en el Reino Unido el 43,8%, en la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Austria y Hungría representan menos del 5%, en Italia el 5.3% y en España y Portugal el 6,8%.

La organización insiste en que ante el revés que a causa de la crisis financiera han sufrido los fondos de pensiones, "será importante restablecer la confianza de la gente en el sistema privado", lo que exige "mejor regulación, una gestión más eficiente, una información más clara sobre los riesgos" y una orientación de las inversiones hacia productos de menos riesgo conforme se acerca la edad de jubilación.

Además, los autores del estudio insisten en que aunque la crisis ha desplazado el centro de atención sobre los retos que plantea el envejecimiento de la población, esos desafíos ,lejos de desaparecer, "se han agravado con la situación económica actual que lleva aparejada más paro: pasará del 5.6% en el conjunto de la OCDE en 2007 al 9,9% en 2010.

A ese respecto, señalaron que mientras ahora hay alrededor de cuatro personas en edad de trabajar por cada una con más de 65 años, esa cifra bajará a dos en el horizonte de 2050.

jueves, 25 de junio de 2009

Saludo a El pobrecito veedor, con ecos de Buenaventura


"Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no se olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones". (Buenaventura Durruti).


A Pierre Miró debíale yo un saludo, cordial y agradecido, por la generosa mención que de esta bitácora hace en la suya, El pobrecito veedor, de reconocida veteranía en la esfera blogal.

Mención hacia la que no pude mostrar gratitud hasta ahora, aturdido como llevo algunos días por secos golpes de maza, cortafríos y alcotana contra paredes que se desploman formando una irregular cordillera de escombro, o sea, una escombrera, pues el material constructivo ni se crea ni se destruye, sólo se tranforma. Transmutación que paga su alícuota parte de la deuda entrópica con la porción que se dispersa en polvo. Sobrecogido, he contemplado el espectáculo de la sierra radial, que mordiendo el azulejo con horrísono chirriar, proyecta torbellinos de rojizo polvo que lo envuelve todo como el simoun sahariano. Pulvis eris et in pulvis reverteris, para levantar fábrica nueva el yeso se amasa en artesa con arte milenario cuya regla exige que vaya primero el agua para espolvorear sobre ella el producto del aljez. Polvo primordial, ubicuo, que se extiende sobre todas y cada una de las partes de ese todo que consideramos ajuar hogareño. De manera que la polvorienta pantalla del escribidor electrónico más parece terrosa tablilla babilónica que luminoso cristal líquido del siglo XXI.

Sirva esta croniquilla para dar cuenta de la pulverulenta circunstancia en que me hallo sumido. Pues de la misma forma en que a todo cerdo su san Martín, llégale a toda vivienda la hora de alguna reforma más o menos seria. De la que no se ha librado esta mi choza, cuyos moradores hemos decidido adecentar, justo aquí y ahora, en tiempos de crisis, como reivindicación de que esa crisis no la provocamos los de abajo, sino que se la han cocinado solitos los de arriba: los banqueros, delicuentes en su mayoría, y los gobernantes que primero apartaron la vista para no ver esos manejos delictivos, punibles de oficio, y ahora acuden prestos a remediar el desaguisado con fondos públicos.

La crisis. ¿Qué crisis? La que han provocado ellos, porque la mayoría de nosotros, siempre hemos estado en crisis. Y cuando el capitalismo por sus necesidades de venta inyecto dinero para fomentar el consumismo, seguíamos en crisis estructural hipotecados hasta las cejas. Viviendo en casas por las que hay que pagar a especuladores y bancos el cuádruplo de su valor, hipotecándonos de por vida, lo cual, es otra forma de la miseria en la que viviremos permanentemente salvo que algún día decidamos sacudirnos el polvo de la pereza moral.

"Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros, los obreros, los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades... ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones". Buenaventura Durruti


Con las palabras de Buenaventura de fondo, reitero mi fraternal saludo a Pierre Miró, agudo veedor que tiene la rara habilidad de comentar en métrica de romance, muchas de esas de las risiones con que impregnan la vida pública los tirios y troyanos miembros de la nutrida poltronería del Reino.


lunes, 22 de junio de 2009

Para combatir su impotencia, el ministerio de Trabajo castiga a los sexagenarios



Impedir que salga al extranjero una persona que entra en desempleo al llegar a la edad en la que nadie le va a ofrecer un trabajo, es una de las medidas más estúpidas
-y posiblemente anticonstitucionales-
que se le ha ocurrido al equipo ministerial
dirigido por Celestino Corbacho.



El barbudo filósofo revolucionario Karl Marx dejó dicho que, bajo un sistema capitalista, un ministerio de Trabajo no podía ser otra cosa que un ministerio de la impotencia. Y el actual titular del cargo, Celestino Corbacho, confiesa sentir esa impotencia. Política, por supuesto.

En una entrevista concedida al diario ABC, ante la pregunta de si el paro le ha quitado el sueño, Corbacho responde: "No, pero he sentido muchas veces la impotencia que provoca que por mucha dedicación y trabajo que quieras poner a la resolución de este problema es como un muro débil delante de la fuerza que tiene la ola. Pero lo que no se debe hacer nunca es arrugarse, por muy difícil que sean las cosas, jamás se debe tirar la toalla. Es una máxima en mi vida, en la que no todo ha sido fácil, porque he tenido que luchar contra elementos que siempre han significado dificultades. Y el paso del tiempo no me ha hecho inmune a determinadas situaciones, que me siguen afectando, aunque no hasta el extremo de quedarte agazapado. Hay que recobrar fuerzas cada día y yo lo hago. Impotencia he sentido muchas veces, pero debilidad y flaqueza nunca."

Contra el desempleo, un gobierno puede hacer bastante poco. Salvo en lo que concierne al cuerpo funcionarial vitalicio, el Gobierno no tiene la menor competencia en la oferta de empleo, una facultad que pertenece en exclusiva al mundo empresarial. Que en el mejor de los casos, oferta empleo si tiene expectativas de obtener una ganancia. Y en el peor, cuando la patronal actúa corporativamente, mantiene el desempleo como estrategia disciplinaria.

Y si don Celestino, con todo su equipo, no puede hacer nada para crear empleo, pero tampoco está dispuesto a dejarse invadir por la debilidad y la flaqueza ¿cómo dar salida a su firmeza? Ya que no tiene atribuciones sobre los empresarios, descarga sus energías sobre las huestes a su cargo: los desempleados que, ante la perentoria necesidad de cobrar un subsidio por desempleo inferior al umbral de pobreza oficial, han de estar siempre a lo que se les mande.

Incluidos quienes, por haber entrado, o estar a punto de entrar, en la sesentena, ese tramo de edad crítico a efectos laborales, tienen escasísimas probabilidades de encontrar un empleo. El caso es vigilar, disciplinar, castigar de una forma tan absurda como estúpida a quienes no tienen la menor responsabilidad en la gravísima crisis actual.

En el Ejército, al menos en la época franquista, se ha dado el caso de arrestar a un camión porque se averió durante unas maniobras. Ahora, el Gobierno, en vez de castigar a los banqueros, castiga a los desempleados. El PSOE, ya lo ven, haciendo méritos para remontar esa tendencia a la pérdida de votos registrada en las pasadas elecciones europeas.

Este asunto, ya tratado en este blog, vuelve a ponerse de relieve una vez más a raíz de la carta enviada al diario El País, por otra ciudadana afectada por esta tropelía.


Desempleo y tarjeta sanitaria europea
MARÍA JOSÉ RAMOS SABATIÉ - Majaelrayo, Guadalajara - 21/06/2009

Estoy en paro desde el año 2001 y vengo cobrando el "subsidio para mayores de 52 años", que me corresponde por haber cotizado a la Seguridad Social los años suficientes para tener derecho a una jubilación cuando me toque.

Desde hace ya unos cuantos años vengo sacando y renovando cada año la tarjeta sanitaria europea a la que tiene derecho cualquier ciudadano de la Comunidad Europea para viajar libremente por ella, ya que, no disponiendo de medios económicos boyantes, "intercambio" mi casa para poder viajar de vez en cuando por el mundo.

Pero este año, primera sorpresa, me la deniegan. Según nueva normativa, como soy "desempleada" y cobro un subsidio, necesito un permiso del Inem para obtener dicha tarjeta. Acudo presta a las oficinas más cercanas para pedir más información.

Segunda sorpresa: lo que llaman "permiso para viajar" no es tal, sino una "solicitud para que se me dé de baja temporal como desempleado". Este formulario incluye que sólo se podrá pedir por un mes al año "dentro del territorio nacional", la empleada de turno me especifica que también 15 días al año fuera de él.

Me entero también de que este "permiso" se tiene que pedir el mismo día de la fecha prevista para el viaje, ya que cuenta a partir del mismo día que se solicita. Me parece muy grave. Nadie me ha avisado de esta merma de mis derechos como ciudadana española y europea.

1. No me parece de recibo "solicitar que se me dé de baja como desempleada" sólo para, sospecho, hacer que bajen las estadísticas del paro a mi costa.

2. Si en ocho años, el Inem no me ha ofrecido ni un solo puesto de trabajo, no entiendo en qué ley se pueden amparar para obligarme a esperar confinada en mi casa los seis años que faltan para mi jubilación.

3. Ni en qué ley se ampara la Seguridad Social para denegarme la
cobertura. En su página, con respecto a la tarjeta sanitaria europea, no especifican nada de eso.

Me parece indignante y discriminatorio que a una persona, mayor de 52 años, con una pensión mínima, que ha cotizado durante más de 25 años, se le obligue a contratar un seguro sanitario privado si quiere viajar por Europa. Es más, sospecho que es anticonstitucional.



jueves, 18 de junio de 2009

Piden reconocimiento jurídico de la figura del prejubilado

Jubique, asociación independiente de prejubilados y jubilados del sector financiero, reivindica el reconocimiento jurídico de la figura del prejubilado. Una situación a la que se ven abocados cientos de miles de trabajadores, que se viene produciendo en nuestro país desde hace más de veinte años y que no tiene visos de cambiar a corto plazo.


Jubique se define como "un grupo de hombres y mujeres, prejubilados y jubilados procedentes de entidades bancarias que sentimos la necesidad de luchar para defender nuestros derechos pasados, presentes y futuros." Consideran que las prejubilaciones en el sector financiero, son involuntarias. Y que las decenas de miles de prejubilaciones que se han producido en el sector, en los últimos 15 años, han sido consecuencia de una reestructuración de plantillas, decidida y aplicada por unas empresas con alto nivel de beneficios. Sin embargo, han sido objeto de un tratamiento diferente al recibido por los trabajadores expulsados del mercado de trabajo de empresas como Telefónica o RTVE, mucho más ventajoso.

Entre otros puntos de su plataforma reivindicativa, Jubique solicita que las rentas de los prejubilados en el sector tengan el tratamiento fiscal de indemnización por la pérdida del puesto de trabajo. Esto, que además de ajustarse a la realidad, ha sido reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, es la norma que rige para una gran parte de los prejubilados de otros sectores.

Piden asimismo la eliminación de los abusivos coeficientes correctores a la jubilación anticipada que aplica la Seguridad Social, son claramente abusivos. Por tanto, reclaman la recuperación del porcentaje penalizado al cumplir los 65 años, si se han cotizado más de 35. En ese camino se podría comenzar aplicando la subida anual sobre la base reguladora, o la aplicación de la llamada penalización neutra.

Con carácter general, Jubique reivindica el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Así como equiparar las pensiones mínimas, tanto de viudedad como de jubilación, al salario mínimo interprofesional.

http://www.jubique.es

martes, 16 de junio de 2009

Acuerdos tabernarios: los tiempos están cambiando

Los magistrados de Berkshire, reunidos el 6 de mayo de 1795 en la posada del Pelícano en Speenhamland, cerca de Newbury, decidieron que era necesario asegurar a los pobres unos ingresos mínimos. Hace una semana, los portavoces económicos de los dos grandes partidos gestores del capitalismo en España también se reunieron en una taberna. En esta ocasión, el motivo era salvar con dinero público a las cajas de ahorro. Esas que conceden créditos desorbitados para fichar a un futbolista, mientras se lo restringen a las familias y pequeñas empresas.


No todo lo que dicen los gobernantes es verdad, aunque hay una cuestión en la que no tienen necesidad de disimular demasiado: la avería en el sistema turbocapitalista está vaciando las arcas del Estado a velocidad de vértigo. Los gastos crecen y la recaudación disminuye.

Sobre todo, cuando ciertas decisiones de gasto se toman con gran rapidez. Y no me refiero al denominado ‘gasto social’. Un gasto que no se pierde por un sumidero, ya que tanto los jubilados o los desempleados que reciben pensiones y subsidios acuden de inmediato al mercado con ese dinero a comprar como mínimo alimentos, energía y servicios de transporte. Las principales partidas que vacían las arcas del Erario público son las ayudas a los causantes de la crisis: las sucursales locales del gran conglomerado internacional donde se dan cita la irresponsabilidad y la delincuencia financiera.

Tras las ayudas concecidas al sector bancario en el otoño pasado, cifradas en un 15% del PIB (atentos los críticos con el déficit público) ahora toca apuntalar a las cajas de ahorro. Un sistema parabancario intervenido por las administraciones autonómicas, y que funciona tan mal como la banca privada. Socialistas y populares pueden andar a la greña cuando se trata de disputarse los votos, pero si algo les une en una empresa común es en la salvación de la banca. Tan evidente es el acuerdo, que para cerrarlo no necesitan de encendidos debates parlamentarios para cerrarlo. Les basta una charla en torno a unas copas.

Hace una semana los diputados Octavio Granados y Cristóbal Montoro, portavoces económicos del PSOE y el PP, se reunieron en una taberna de Madrid para tomar la decisión de acudir con fondos públicos al rescate del desastre producido por los gestores de las cajas. Una ayuda inicial de noventa mil millones de euros y lo que te rondaré morena.

Algunos comentaristas se han rasgado las vestiduras ante el hecho de que el acuerdo haya sido tomado en sede tabernaria. Pero el lugar sería lo de menos si la dicha fuera buena. A ningún pensionista o desempleado sometido a mínimos le importaría demasiado que los representantes de los dos grandes partidos gestores del capitalismo se tomaran juntos unas copas para brindar por la mejora de la protección social.

En un episodio crucial en la historia de la protección social, los magistrados de Berkshire, reunidos el 6 de mayo de 1795, época de gran escasez, en la Pelikan Inn, en Speenhamland, cerca de Newbury, decidieron que era necesario conceder subsidios complementarios de acuerdo con un baremo establecido a partir del precio del pan, si bien era también necesario asegurar a los pobres unos ingresos mínimos independientemente de sus ganancias.

A pesar de que comúnmente se la denomina «ley», el baremo de Speenhamland nunca fue sometido a votación parlamentaria. Se trataba de una medida de urgencia desde la perspectiva de la época y su instauración no tuvo carácter oficial. Sin embargo se convirtió con gran celeridad en una norma aplicada en la mayor parte de las comarcas y distritos manufactureros del país. “En realidad, la innovación social y económica que esta medida suponía era nada menos que el derecho a vivir”, afirma Karl Polanyi, que ha estudiado con especial detenimiento este período en La gran transformación, obra de obligada consulta para entender la génesis del capitalismo. Textualmente la famosa recomendación de los magistrados decía:


Cuando la hogaza de un galón de pan de una determinada calidad cueste un chelín, entonces cada pobre y persona industriosa tendrá para su sustento tres chelines por semana, concedidos bien en razón de su trabajo o del de su familia, bien como subsidio extraído del impuesto para los pobres, y para el sustento de su mujer y de cada miembro de su familia un chelín y seis peniques; cuando la hogaza de un galón cueste un chelín y seis peniques, entonces recibirá el indigente cuatro chelines por semana más un chelín y diez peniques; por cada penique en que se incremente el precio del pan por encima de un chelín, recibirá tres peniques para él y uno para el resto de su familia.

"Los tiempos están cambiando", cantaba Dylan. Para mal están cambiando hoy, cuando lo prioritario ya no es socorrer a los pobres, sino a los banqueros y parabanqueros que dicen no tener liquidez para dar crédito a las familias y pequeñas empresas, pero no dudan en favorecer los grandes tinglados. Caja Madrid acaba de conceder al Real Madrid un crédito de 94 millones de euros para fichar al jugador Cristiano Ronaldo.

Y a todo esto, el PP anuncia que ha llegado a un acuerdo con Comisiones Obreras para repartirse el control de Cajamadrid, cuyo futuro presidente será designado por Mariano Rajoy en persona. Liberalismo puro.




sábado, 13 de junio de 2009

La crisis global agravará el problema del trabajo infantil


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte de que la actual crisis económica global agravará el problema del trabajo infantil en el mundo, ya que muchas familias se quedarán sin empleo y deberán acudir a sus hijos como fuente de ingresos.


En 1840, el médico francés Louis-René Villermé, en su Tableaux de l'état physique et moral des salariés en France, denunció las terribles condiciones del trabajo de los niños en las hilaturas de algodón.

Permanecen dieciseis a diecisiete horas cada día, de las cuales trece al menos en una pieza cerrada, sin cambiar de lugar ni postura. No es un trabajo, una tarea, sino una tortura, y se la inflige a los niños de seis a ocho años, mal alimentados, mal vestidos, obligados a recorrer desde las cinco de la mañana la larga distancia que los separa de los talleres, a la que se añade de noche la vuelta de los talleres. ¿Cómo estos infortunados, que apenas pueden disfrutar de algunos instantes de sueño, podrían resistir tanta miseria y fatiga?

Poco después, la Asamblea Francesa comenzó a debatir una ley para reducir la jornada de trabajo de los menores de 8 años, el conocido físico Louis Joseph Gay-Lussac intervino en la polémica afirmando: "Debemos ver en el fabricante un útil y venerable ciudadano que provee las necesidades de la sociedad asegurando trabajo a la clase obrera, comportándose en esto como un verdadero padre de familia […] No existe nada más vejatorio para un honrado fabricante, ocupado en su penosa tarea, que el ver que a cada instante está bajo el yugo de una inspección […] esto es una violación de domicilio, una practica inquisitorial […]. Hacer al fabricante responsable de la salud del niño, e imponerle, con ese pretexto sacrificios de todo género, es ir demasiado lejos".

Venciendo la resistencia liberal a todo tipo de inspección o regulación del trabajo, se han ido estableciendo sucesivos convenios prohibiendo el trabajo infantil. Pese a lo cual, en la actualidad trabajan en el mundo 218 millones de niños, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) De ellos, 126 millones —uno de de cada doce— lo hacen expuestos a las peores formas de trabajo infantil.

El pasado 10 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Con ese motivo, la oficina de la OIT en España organizó una rueda de prensa en la que Juan Felipe Hunt, director de la oficina, afirmó que los efectos de la actual crisis global seguramente se sigan sufriendo aún durante seis a ocho años "incluso a partir de que las cifras económicas empiecen a recuperarse". Una situación así, agregó Hunt, "repercute en el trabajo formal, ya que multitud de personas se están quedando sin empleo", pero también en el trabajo informal, "porque no hay actividad económica".



miércoles, 10 de junio de 2009

Castigar a los banqueros, no a los trabajadores

En plena época de bonanza de los negocios, cuando nadie preveía la actual crisis, el economista canadiense John Kenneth Galbraith ya propuso que los gobiernos, en caso de dificultades, deberían castigar a los banqueros, no a los trabajadores. Un lema que la ciudadanía debería tener en cuenta a la hora de juzgar a sus dirigentes.


Los editores del The Times Higher Education Supplement tuvieron la idea de reunir en un volumen publicado el año 2000 a treinta “grandes figuras” de distintas ramas de la ciencia y el pensamiento para pronosticar el futuro. Pidieron a una serie de conspicuos sabios que, de cara al inicio del siglo XXI, expusieran brevemente “el anticipo o deseo que juzgaran, en cada caso, más relevante para el campo de su trabajo intelectual durante los 100 próximos años’. De todos ellos, el economista canadiense John Kenneth Galbraith, hoy fallecido, y el filósofo español Fernando Savater coincidieron en preferir las propuestas a las predicciones a la hora de hablar sobre el futuro inmediato. El economista aconseja a sus colegas “castigar a los banqueros y no a los trabajadores”, y el filósofo propone una renta básica para todos los ciudadanos, ya que “vivir da trabajo”.

Con el título Castigar a los banqueros, no a los trabajadores, el canadiense empieza diciendo que “la brecha en las rentas debe ser reducida, mejorando las condiciones de los más desfavorecidos” porque “no hay nada que niegue tanto el disfrute de la vida y, en realidad, de la libertad misma que una falta total de dinero”. Considera que los países ricos “pueden garantizar perfectamente una renta a quienes no la tienen. Si algunos no trabajan, que así sea. Se sabe que también los ricos ocasionalmente prefieren el ocio”. Respecto a los países pobres entiende que: “en el futuro deberá existir algún procedimiento por el cual unas fortalecidas Naciones Unidas suspendan la soberanía en países cuyos gobiernos estén destruyendo a sus súbditos”:

El capitalismo sigue tendiendo a la inestabilidad debido a sus errores sistemáticos, como ha sido evidente en los últimos tiempos en Asia, América latina, en Rusia y, potencialmente, cuando estalle la burbuja de Wall Street en Estados Unidos. Pero nuestros remedios presentes rescatan a los banqueros y empresarios que fueron los más propensos a la insania que causó todo, y prescriben restricciones a la ayuda de quienes más padecen el desastre. […] Tal es la oratoria del Fondo Monetario Internacional, que salva a los banqueros y ejecutivos responsables de la crisis y urge la restricción presupuestaria a expensas de los trabajadores y el público en general.

Por su parte, Fernando Savater, bajo la rúbrica Reforzar la ciudadanía, define al ciudadano como “el miembro consciente y activo de una sociedad democrática: aquel que conoce sus derechos individuales y sus deberes públicos, por lo que no renuncia a su intervención en la gestión política de la comunidad que le concierne ni delega automáticamente todas las obligaciones que ésta impone en manos de los especialistas en dirigir”. Ahora bien, esa ciudadanía no es posible ejercerla sin medios económicos para ello.

En la sociedad tecnológicamente hiperdesarrollada en que hoy vivimos, donde los instrumentos automáticos han sustituido ventajosamente a tantos puestos de trabajo, vivimos presos de un círculo infernal entre el liberalismo que aboga por una desregulación cada vez mayor de la legislación laboral (aumentando el nivel de pobreza y excluyendo a una creciente cantidad de individuos de la protección social) y la socialdemocracia, que sólo acierta a promover leyes que frenan la iniciativa propia o la elección de trabajos a tiempo parcial. Ya es momento de pensar en una renta básica para todos los ciudadanos, entendida no como un subsidio a los necesitados sino como un derecho democrático general. Tal ingreso debería garantizar la subsistencia mínima de las personas, con lo que el trabajo se convertiría en una opción libre, o temporal, y se potenciaría la práctica de actividades humanitarias o creativas que el mercado actualmente no recompensa, para no mencionar cómo facilitaría la negociación equitativa de las condiciones laborales entre patrones y empleados.

Savater ya había declarado su postura favorable al ingreso garantizado. En 1996 escribía: “El Estado de bienestar es algo a superar, sin duda, pero, para ir aún más allá: garantizando una asignación económica básica a todos los ciudadanos, independientemente de sus ejercicios productivos. ¿Primas a la vagancia o a la imprevisión, como creen la señora Thatcher y compañía? Pues muy bien: en un mundo en el que la automatización industrial y los límites ecológicos del desarrollo exigen plantearse la obligación laboral plenaria y universal, subvencionar el derecho a la pereza puede ser una forma de cordura política”.


________
PS: Al pelo viene la información que me envía un lector sobre las declaraciones de un banquero que admitía que la banca “toma el pelo al Estado”: “Estamos lanzando emisiones con aval del Tesoro, pero en vez de colocarlas a inversores extranjeros, que es de lo que se trataba, nos las estamos comprando unos a otros y vendiendo deuda pública. Nos renta más tener bonos de la rural Cajamar al 3% con aval del Tesoro que un bono del Estado a tres años, que te da el 2%. Pero lo mejor es que luego vamos con estas emisiones al Banco Central Europeo que, claro, te las acepta como garantía al ver detrás al Estado y te prestan al 1,5% y menos con buen margen de rentabilidad”.

lunes, 8 de junio de 2009

El PSOE lo tiene fácil


Si el PSOE quiere remontar en las urnas el varapalo que acaba de sufrir en ellas, lo tiene fácil: es hora de atender ya, no con discursos, sino con hechos tangibles a sus votantes naturales. ¿Es que la izquierda, que suele declararse laica, tiene la obligación de votar sólo con la mano puesta en el lado del corazón, por fidelidad ideológica? ¿Acaso los asalariados, los desempleados, los pensionistas más humildes, no tienen derecho a votar también con la mano puesta en el lado de la cartera?



Interpretaciones edulcoradas aparte, la realidad es que el PSOE ha perdido los comicios al Parlamento europeo celebrados en nuestro país. Quien analice los resultados electorales con cierto rigor podría objetar que ganar o perder con el 40% de los votos del 30% del censo electoral es cosa de poca sustancia. Igual que esos productos alimenticios que anuncian con grandes letras "elaborado con aceite de oliva" y cuando se mira la letra pequeña resulta que, si bien no mienten, pues aceite de oliva hay en el producto, su proporción es sólo del 1% del contenido total en lípidos. La definición de democracia no se ajusta a una fórmula química, sino a una serie de conveniencias y tramoyas teatrales. De la misma manera que en el juego de naipes una simple sota de bastos decide quién gana en el recuento final, en las elecciones un punto de diferencia señala quien gana y quien pierde la confrontación.

En esta ocasión, el PSOE ha perdido, y todos los comentaristas y editoriales de prensa coinciden en que se trata de un serio aviso al gobierno de Rodríguez Zapatero. Por su parte, los socialistas, incluido Zapatero, achacan su derrota electoral a la crisis económica.

A la forma de gestionar la crisis económica, querrán decir. Es posible que una parte del electorado que vota socialista se haya visto defraudado por las maniobras de distracción frente a la crisis practicadas por Zapatero y hayan querido abstenerse como forma de censura. Pero hay, sin duda, otra parte significativa del voto socialista que tiene perfecto derecho a sentirse defraudado por la gestión de la crisis en materia social.

Zapatero se ha mantenido firme frente al discurso de la derecha fáctica: abaratamiento del despido, recorte de subsidios a los desempleados y congelación de las pensiones. Pero esa firmeza discursiva no ha ido pareja con el desarrollo de la protección social. Que, según los datos oficiales, sigue estando por debajo de los niveles europeos.

¡Qué gran oportunidad ha perdido el PSOE en unas elecciones europeas para haber anunciado medidas de convergencia europea en materia social! Tales como incrementos sustanciales de las pensiones mínimas, subsidios por desempleo y Salario Mínimo Interprofesional. Tres rúbricas en las que España se encuentra por debajo de la media UE-15.

Hay que reconocer al gobierno de Zapatero que ha cumplido su promesa de elevar las pensiones mínimas un 26% durante su primer mandato. No obstante, al tratarse de un incremento fijo sobre la base del 2004, la ganancia real de poder adquisitivo se queda en la mitad una vez descontada la inflación acumulada del período.

Rodríguez Zapatero ha puesto gran énfasis en cuidar el concepto de "igualdad", hasta el punto de haber creado un Ministerio ad hoc. Pero hasta ahora, esa preocupación sólo atañe a las cuestiones llamadas ‘de género'. Sin abordar para nada, o muy poco, la igualdad real de todas las personas, sin distinción de género, clase o nacimiento. Una igualdad que hay que equilibrar tomando medidas para superar esa pobreza estructural que afecta en España a 8.500.000 personas de uno y otro sexo.

Gobernar no es fácil, por supuesto. Y mucho menos cuando lo que se gobierna es la nave del Estado capitalista. En aras del realismo, un gobierno se verá obligado a efectuar múltiples transacciones con la banca, la patronal y los grandes propietarios. En ese sentido, el PSOE ha cumplido con creces su ‘obligación' de facilitar estabilidad, con sumas millonarias del dinero de todos, al mundo de los negocios para evitar que se convierta en elementos desestabilizadores del gobierno. A cambio de no desestabilizar, los grandes propietarios exigen su tributo (en forma de reducción de tributos al Fisco). No votan al PSOE, e incluso su número (dicen que unas 1.500 familias) es comparativamente muy pequeño para tener peso en las urnas.

Si el PSOE quiere remontar en las urnas el varapalo que acaba de sufrir en ellas, lo tiene fácil: es hora de atender ya, no con discursos, sino con hechos tangibles, a sus votantes "naturales". (En las elecciones de 2000, el PP consiguió una mayoría absoluta con casi los mismos votos con los que perdió en 2008. Más de dos millones de votantes de izquierda se quedaron en casa).

¿Es que la izquierda, que suele declararse laica, tiene la obligación de votar sólo por fidelidad ideológica con la mano puesta en el lado del corazón? ¿Acaso los asalariados, los desempleados, los precarios, los pensionistas, no tienen derecho a votar también con la mano puesta en el lado de la cartera?

El PSOE debería tomar medidas para incrementar las pensiones mínimas hasta igualarlas al SMI, y un incremento de éste, hasta igualarlo a lo previsto por la Carta Social Europea: el 60% del ingreso medio del país. Hablando en números redondos: ningún español con un ingreso inferior a 1.000 euros mensuales. Y de ahí para arriba, según méritos de cada cual.

Medidas, por supuesto, a tomar aquí y ahora por el Gobierno. Unilateralmente como corresponde a su libertad de acción. Pues, para reducir las prestaciones, ya están los pactos toledanos.

viernes, 5 de junio de 2009

Los jubilados españoles rozan el riesgo de pobreza

El indicador de pobreza, tal y como lo mide la Unión Europea, alcanza en España al 20% de la población, pero entre los jubilados llega al 31%, lo que sitúa al país en el peor nivel. Sólo Chipre registra en la UE una situación más desigual


"Si este riesgo de pobreza entre los mayores se utilizase como indicador de la eficacia del sistema de pensiones, habría que decir que el español es de los más ineficaces", se lee en la última Encuesta sobre personas mayores, 2008, que ayer presentó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez. Pero el Gobierno destacó el incremento que han experimentado las pensiones mínimas en los últimos años. Se calcula que a finales de 2009 se llegará a más de 8,5 millones de pensiones contributivas, un millón más desde hace una década.

Los mayores españoles tienen poca asistencia. Y es que España gasta menos en protección social (un 20,8% del PIB, frente al 27,2% de la media europea), protección a la vejez (7,9% del PIB frente al 10,9% de la media de la UE) y en pensiones (8,9% frente al 12,2% de la media europea) que la media de la Unión Europea.

Pobres por Real Decreto, decíamos ayer...

miércoles, 3 de junio de 2009

Pobres por Real Decreto

La pobreza no es el resultado de un designio de la Naturaleza, sino una opción social. Eso es algo que se puede comprobar a través de los Presupuestos Generales del Estado. Cuando el Gobierno asigna partidas presupuestarias para sufragar los gastos de una determinada institución de carácter público está eligiendo una opción entre otras alternativas posibles. Mantener el ejército y las fuerzas armadas de Orden Público, asegurar el salario vitalicio a los funcionarios en activo y a los jubilados de todas las ramas laborales, mantener los servicios públicos de salud, educación, etc. son opciones políticas.

Como también es una opción política permitir que las grandes fortunas no tributen al Fisco con la debida proporcionalidad. Por ello, una cosa debe quedar meridianamente clara: si en este país hay 8,5 millones de pobres la culpa no es de un cataclismo natural ni tampoco se puede atribuir a la escasez de recursos económicos. La responsabilidad de esa catástrofe humanitaria recae tanto en el Gobierno como en el electorado que lo respalda.

Lo cierto es que gran parte de los pobres españoles lo son por depender de ingresos cuya cuantía ha sido deliberadamente establecida por debajo del umbral de pobreza por los políticos rectores del sistema de protección social. Legalmente, la acción de gobierno se sustancia a través de decretos. De manera que es por decreto como se decide la pobreza de millones de jubilados que reciben pensiones mínimas, de los perceptores de pensiones asistenciales y de quienes reciben prestaciones del subsidio por desempleo. Todos ellos son pobres en virtud de Reales Decretos-Leyes sancionados por Su Majestad el Rey de todos los españoles. Por cierto, sufragar a través de los Presupuestos nacionales la lujosa vida que se pegan tanto el Rey como su augusta y extensa parentela es también es una opción política. En una república, mantener al presidente también resulta costoso, pero por lo menos los contribuyentes se ahorran mantener al heredero de la Corona.

En la última década del siglo XX, España entró en un ciclo largo de bonanza económica. Durante sus ocho años de mandato (1996-2004) el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar se limitó a actualizar las pensiones mínimas conforme al incremento del Índice del Coste de la Vida (ICV) al que la ley obliga. Es decir que, como se partía de cuantías muy bajas, la pobreza de millones de ancianos se mantuvo constante en términos de inflación.

Tras permanecer ocho años en la oposición, los socialistas liderados por José Luis Rodríguez Zapatero volvieron al gobierno en 2004, revalidando la victoria en las urnas en 2008. La socialdemocracia lo tiene hoy difícil para sustanciar una política social que la diferencie de la derecha más dura sin cuestionar los dogmas del modelo económico neoliberal. Pero las necesidades del guión obligan a efectuar algunos guiños de tipo social. Comenzando por las pensiones mínimas, que es justo reconocer que han sido revisadas, pero en cuantías todavía insuficientes.

Así, el importe de la pensión mínima de carácter contributivo para una persona jubilada con 65 años —que era de 411,76 euros en 2004— se ha incrementado hasta los 546,55 euros mensuales en 2009. Una cuantía inferior al umbral de pobreza señalado por la ECV, que resulta insuficiente para desenvolverse en un entorno de precios muy elevados en los productos y servicios básicos. Pero por debajo de esa línea, hay pensiones todavía más bajas, es decir, misérrimas. Por ejempo, las derivadas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), creado en 1947 para sustituir al antiguo Retiro Obrero: 368,33 euros mensuales en 2009.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas tienen transferida la competencia de las ayudas sociales, que en estos momentos de crisis resultan cruciales para evitar el naufragio social de aquellas personas que han perdido su empleo y agotado las prestaciones del seguro por desempleo. Estas ayudas no son homogéneas ni en las cuantías ni en los criterios con que se conceden. Son auténticas rentas de indigencia, concedidas sólo tras rigurosos y a veces humillantes expedientes de inspección de las circunstancias personales del solicitante.

La tabla siguiente no es de las prestaciones sociales, sino de los salarios de los máximos responsables políticos responsables de mantener en estado de indigencia a miles de ciudadanos que habitan en los territorios del Reino de España.

Presidencias de Comunidades Autónomas (salario anual)

1. José Montilla - Cataluña, 164.043,54 euros
2. Juan J. Ibarretxe – País Vasco, 99.574 euros
3. Esperanza Aguirre – Madrid, 98.700 euros
4. Marcelino Iglesias – Aragón, 87.000 euros
5. Emilio Pérez Touriño – Galicia, 83.374 euros
6. Paulino Rivero Baute – Canarias, 79.963 euros
7. Manuel Mª Chaves – Andalucía, 78.791,00 euros
8. Juan Vicente Herrera- Castilla y León, 78.791 euros
9. J Mª Barreda - Castilla - La Mancha, 78.791 euros
10. José Luis Valcárcel – Murcia, 78.791,00 euros
11. Miguel Sanz Sesma – Navarra, 78.227,94 euros
12. Francisco Camps - C. Valenciana, 77.988,24 euros
13. Francesc Antich – Baleares, 70.657,86 euros
14. Miguel Ángel Revilla – Cantabria, 68.666 euros
15. Vicente Álvarez-Areces – Asturias, 68.002 euros
16. Pedro María Sanz – La Rioja, 63.376,32 euros
17. Guillermo Fdez Vara - Extremadura, 54.244 euros

Ver nómina política in extenso en el blog: Duendes a tirico de las noches

lunes, 1 de junio de 2009

Una auténtica renta básica de ciudadanía no sólo es posible: en tiempos de crisis, es imprescindible

Uno de cada cinco españoles vive con ingresos situados por debajo del umbral de pobreza relativa. Ocho millones y medio de pobres en una nación tan próspera como la nuestra es una realidad política y moralmente inadmisible. En gran medida, estos ciudadanos son pobres por decreto, ya que es por Real Decreto Ley la vía por la que se establecen pensiones de miseria. Una renta mínima de ciudadanía, garantizada por el Estado, acabaría con esta situación, y su coste sería sensiblemente inferior al que ha significado salir al rescate de los banqueros causantes de la crisis.


La pobreza estructural en la que vive un 20% de la población española no es producto de la crisis actual desencadenada por la delincuencia financiera internacional. Sino que viene de lejos. El informe sobre Condiciones de vida de la población pobre en España, publicado en 1998 por la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas Española, puso de relieve esa sangrante realidad sobre la que los políticos y los agentes sociales pasan de puntillas procurando mirar hacia otro lado. En octubre de 2008, apareció el VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la citada fundación. La principal conclusión del documento es que el incremento de la actividad económica, reflejado en el espectacular crecimiento del Producto Interior Bruto durante los últimos diez años, no ha tenido apenas efecto sobre la redistribución de la riqueza ni en la mitigación de la pobreza.

Las cifras son coincidentes con las que anualmente publica la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE. Lo que demuestra que en nuestro país la pobreza convive también con esas épocas doradas de plétora económica y derroche consumista. Al fin y al cabo, alguien tenía que pagar esos Porsches Cayennes a bordo de los cuales se pasean los especuladores. Como apuntó Adam Smith, el profeta del liberalismo: “Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres” (Una Investigación sobre la Riqueza de las Naciones).

Thomas Paine, un temprano defensor de los derechos humanos, también rechazó con contundencia que la pobreza sea una cualidad inherente a la condición natural del ser humano. Escritor y activista revolucionario que jugó un destacado papel en el proceso de independencia de los Estados Unidos de América del Norte, en 1776, Paine afirmó que: “Si ese estado que se llama orgullosamente, quizá de modo erróneo, civilización ha promovido más la felicidad general del hombre o la ha dañado más es una cuestión que puede ser fuertemente contestada. […]. Lo más opulento y lo más miserable de la especie humana se encontrarán en los países que se llaman civilizados”.

Pobres por decreto

Como demuestra el panorama de la civilizada España actual, la pobreza no depende tanto del tamaño de la riqueza de una nación como del carácter de las opciones políticas que adopten sus gobiernos. Con el mismo presupuesto se puede elegir entre comprar cañones o mantequilla. Gran parte de los ocho millones y medio de pobres españoles lo son por decreto. Y esta afirmación no es mera retórica: se trata de personas que dependen de ingresos cuya cuantía ha sido deliberadamente establecida por debajo del umbral de pobreza por los políticos rectores del sistema de protección social. La acción de gobierno se sustancia a través de decretos. De manera que es por decreto como se establece la pobreza de millones de jubilados que reciben pensiones mínimas, de los perceptores de pensiones asistenciales y de quienes reciben prestaciones del subsidio por desempleo. Todos ellos son pobres en virtud de Reales Decretos-Leyes sancionados por el Jefe del Estado.

Algo parecido sucede con esas rentas de indigencia que los servicios sociales de las administraciones autonómicas facilitan a las personas que acreditan hallarse en situación de evidente pobreza. Prestaciones de cuantía asimismo por debajo del umbral de pobreza. Para tener derecho a ellas, los interesados, al igual que los antiguos pobres de solemnidad, deben acreditar su pobreza sometiéndose a las severas y a menudo humillantes inspecciones que efectúan dichos servicios. Si superan lo que en el argot administrativo asistencial se conoce como prueba de recursos (means test) obtendrán entonces alguna de esas ayudas. Concedidas, eso sí, bajo ese principio de la hipocresía política que persigue la “inserción social” de los afectados.

Hacia un Ingreso de Ciudadanía

Un genuino ciudadano no necesita ser insertado en ningún lugar, pues, por propio derecho, forma parte del cuerpo social en el que reside la soberanía. Por ello, en el pensamiento político avanzado cobra cada vez mayor fuerza la propuesta de establecer un ingreso de ciudadanía. O lo que es lo mismo: una renta pagada por el Gobierno, con carácter universal, que ofrezca a todas las personas la garantía de que no les ha de faltar un suelo material mínimo sobre el que construir una vida en libertad.

La primera formulación de este derecho se la debemos al mentado Thomas Paine, quien propuso crear un fondo nacional, del cual se pagaría a cada persona, al alcanzar la edad de veintiún años, “la suma de quince libras esterlinas, como compensación parcial por la pérdida de su herencia natural causada por la introducción del sistema de propiedad territorial. Y además, la suma de diez libras al año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta años de edad, y a todos los demás cuando alcancen esa edad.” Nótese que el ingreso propuesto por el republicano Paine tiene un carácter de derecho civil, nada que ver con un socorro de pobres: “Al defender el caso de las personas así desposeídas —dice Paine— estoy haciendo un alegato por un derecho, y no por una caridad”.

Esta idea ha sido defendida posteriormente por eximias personalidades del mundo de la ciencia, como Norbert Wiener o J. Robert Oppenheimer. A partir de 1985, la idea fue relanzada con fuerza desde la Universidad de Lovaina por el colectivo Charles Fourier, liderado por Philippe Van Parijs y Robert Van der Veen. Este grupo fue el precursor del actual movimiento internacional Basic Income Earth Network (BIEN) que aboga por el establecimiento del ingreso garantizado definido como: Un ingreso pagado por el Estado a cada miembro pleno de la sociedad de forma absolutamente incondicional. Lo que que implica que lo recibirá cada persona: a) incluso si no quiere trabajar; b) sin tener en cuenta si es rico o pobre; c) sin importar con quien vive; d) con independencia de la parte del país en la que viva.

Una renta que no tenga la contrapartida del trabajo suscita abundantes críticas nucleadas en torno al tópico fácil de la holgazanería. Sin embargo, el Nobel de Economía Herbert A. Simon sostiene que, probablemente, no menos de un 90% de los ingresos generados en las sociedades ricas depende no de la productividad individual, sino del capital social. De manera que no carecería de fundamento moral abogar por un impuesto sobre la renta con tipos elevados, que devolviera la riqueza a sus auténticos propietarios: el cuerpo social en su conjunto.

Las amplias discusiones celebradas a nivel académico demostraron que las objeciones a la propuesta de una Renta Básica Universal carecían de solidez en el plano ético. Entonces, los detractores de la misma echaron mano del argumento económico: “Es de todo punto inviable, dado que su aplicación supondría un 12% del PIB”, según algunos calcularon con no demasiado rigor. Pero esa cifra se convirtió en un estereotipo que sería repetido hasta la saciedad por políticos desinformados, editorialistas temerarios, economistas frívolos y otros especialistas en confundir a la opinión pública.

Todos ellos debieran aprender ahora a echar las cuentas con mayor rigor. Pues los planes aprobados por el Gobierno de España para inyectar liquidez y subsidiar con avales al sistema bancario suponen un desembolso por parte del Erario público de 150.000 millones de euros, es decir, un 15% del PIB. Lo que ha venido a derrumbar el argumento de la inviabilidad presupuestaria de la Renta Básica.Si socorrer a los banqueros, principales responsables de la crisis económica, no plantea un gran problema a las arcas del Estado, entonces, también una Renta Básica es posible, al menos desde el punto de vista macroeconómico.

Dicen que las épocas de crisis son también épocas de oportunidades. Estamos ante una excelente oportunidad para aliviar las consecuencias de la crisis a quienes más lo necesitan: aquellos que siempre viven en crisis.