domingo, 21 de octubre de 2012

El PP se dispone a machacar a los pensionistas

Tras calificar como una minucia los 40.000.000.000 euros de incremento de la Deuda que tendrá que asumir el Estado en virtud del préstamo europeo para la penúltima operación de salvamento bancario, el Gobierno se dispone a machacar a los pensionistas. Para mayor ironía, el PP ha esperado a recibir el voto de los pensionistas gallegos en los recientes comicios autonómicos, para castigarlos al día siguiente con una subida de las pensiones inferior al IPC 


Sin duda, la mejor baza electoral que el Partido Popular podría haber jugado en las elecciones autonómicas que se celebran hoy habría sido el anuncio de un compromiso firme para revisar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), tal como está previsto legalmente. El hecho de que el Gobierno siga refugiado en la ambigüedad y no haya utilizado esa baza hace temer lo peor: que Rajoy, tras haber precarizado las condiciones de vida de muchos españoles, se dispone ahora a machacar a los jubilados.

Ya se vienen lanzando globos sonda en el sentido de que el Gobierno no descarta actualizar las pensiones con un IPC irreal mucho más bajo. En la habitual jerga de mixtificaciones se apunta a que se podría utilizar el 'IPC a impuestos constantes', que excluye de la variación de los precios la parte que se debe al IVA. Aplicando ese IPC sin la subida de impuestos, el Gobierno tendría que pagar a todos los pensionistas unos 400 millones de euros. Con el IPC de verdad el coste sería de 2.400 millones.

La paternidad de esta idea no pertenece al equipo ministerial de Rajoy, que es un simple, e implacable, ejecutor de las políticas miserabilistas del neoliberalismo. Hace tiempo que ciertos "expertos" en la teoría de la relatividad económica proponen que se establezca una escala específica de revisión del IPC para los jubilados, al entender que tienen gastos más reducidos. “Un jubilado, por el mero hecho de serlo, disminuye al máximo sus gastos de transporte [...] tampoco tiene necesidades de formación [...] por lo que puede prescindir de la realización de cursos y adquisición de libros”. De este tenor son los argumentos con los que Ramiro Grau Morancho, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, postulaba, ya en 1997, en las páginas del diario Abc el establecimiento de un IPC distinto para revisar las pensiones de jubilación (*).

A esa escuela pertenece también el Servicio de Estudios del BBVA, que en un informe sobre las perspectivas del sistema de pensiones en España aconsejaba al Ejecutivo acometer reformas “en el menor plazo posible”. Entre ellas, el retraso de la edad de jubilación y que el aumento anual de las pensiones sea el del IPC “menos” algunas décimas, medio punto por ejemplo. José Luis Escrivá, director del  mencionado servicio, abunda en la tesis de que los jubilados tienen un menor límite de gasto y consumen menos que el resto de los ciudadanos. 

Claro que la tesis de Escrivá se compadece mal con el hecho de que los consejeros de los tres grandes bancos españoles (Santander, BBVA y Popular) acumulaban, ya en 2006, compromisos en fondos y planes de pensiones para sufragar su jubilación por un importe conjunto de 273,4 millones de euros, una cantidad suficiente para pagar la pensión media de 30.000 jubilados españoles durante un año. Estos compromisos, que traducidos a pesetas superan los 45.000 millones, serían suficientes para hacer frente a las jubilaciones de todos los pensionistas de Zamora o Huesca durante un año, las de los de Soria durante dos ejercicios o las de los de Ceuta y Melilla durante cuatro años.




En concreto, la mayor parte de los compromisos por pensiones de los altos cargos del BBVA están centrados en el presidente, Francisco González; el secretario del Consejo, Antonio Maldonado y el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. Este último, en contra de las tesis de alargar la edad de jubilación, pasó a la dorada reserva a los 55 años, cobrando una astronómica pensión de unos tres millones de euros anuales, respaldada por los 52,49 millones de euros que tiene dotados el banco para garantizarle esa prestación. Por su parte, Francisco González, al cumplir los 65 años en 2010, recibió en concepto de pensión la suma de 79,7 millones de euros en forma de póliza de seguro de la que no podrá disponer hasta que cese en sus funciones ejecutivas.


Con esa astronómica pensión, Goirigolzarri podría haberse retirado a una isla del Caribe o a un castillo en el Rhin, por poner algún ejemplo exótico. Nada de eso, seguirá cobrando un elevado salario, ahora por cuenta del contribuyente, ya que se hizo cargo de Bankia tras la vergonzosa salida de Rodrigo Rato, responsable de haber llevado la entidad a la bancarrota.

Inicialmente, se estimó en 23.465.000.000 euros el monto del dinero público que el Gobierno inyectará a Bankia mientras recorta brutalmente las partidas presupuestarias de interés social. Pero no es sólo Bankia, sino otras entidades financieras a las que se va a inyectar dinero público a través del préstamo europeo que supondrá incrementar la Deuda del Estado. En su momento, escribimos en este blog que  “cada euro de las ayudas que el Partido Popular destina a subvencionar la delincuencia bancaria nos lo van a hacer sudar a la gente de a pie". Ya lo estamos viendo.

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Sobre alternativas en tiempos de precariedad: 






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(*) Grau Morancho, Ramiro: “La revalorización de las pensiones”, Abc, supl. Nuevo Trabajo, nº 132, 5/01/1997.




martes, 16 de octubre de 2012

Del Caballero de La Barre a Malala Yousufzai: Víctimas de la intolerancia religiosa

 Las religiones, cuando sobrepasan la esfera de las creencias individuales y se convierten en instituciones con poder fáctico, son una de las peores amenazas para la dignidad y la vida humanas. Por defender la educación femenina, Malala Yusufzai, una niña pakistaní de 14 años, fue gravemente herida de bala por los talibanes.

 

Malala Yusufzai, una niña pakistaní de 14 años, fue salvajemente herida por defender la educación femenina. La joven, atacada recientemente cerca de su casa en Swat, norte de Pakistán, adquirió notoriedad hace tres años, tras explicar en un blog las atrocidades cometidas por los talibanes paquistaníes, que prohíben la educación de las niñas en zonas bajo su control. Los talibanes dispararon contra ella para impedir que siguiera asistiendo a la escuela. Malala fue hospitalizada en Rawalpindi, al sur de Islamabad, adonde fue trasladada después de que le fuera extraída una bala alojada en el cuello, cerca de la médula espinal. Posteriormente, ha sido trasladada al Reino Unido para proseguir su recuperación sin amenazas. 

El de Malala es un caso ilustrativo de cómo opera la intolerancia religiosa. Hay quien piensa que la religión islámica es mucho más intolerante que la cristiana. Algo cierto en el momento actual, aunque el mérito no hay que apuntarlo en el haber de una Iglesia que aplicó tremendas torturas a los disidentes antes de entregarlos a la hoguera. Como hizo con el dominico italiano Giordano Bruno, que recorrió media Europa exponiendo sus ideas panteístas concordantes con la teoría copernicana. Acusado de herejía por la Inquisición, Giordano se negó a retractarse y respondió a los jueces que le condenaron: “Tal vez pronunciáis la sentencia con más temor del que yo experimento al recibirla”. Corría el año 1600 cuando Bruno, tras rechazar al confesor, fue quemado vivo en la plaza romana de Campo di Fiori. 

Idéntica y trágica suerte corrió Miguel Servet, teólogo y científico español, cuyos intereses abarcaron muchas materias: astronomía, meteorología, geografía, jurisprudencia, teología y el estudio de la Biblia, matemáticas, anatomía y medicina. Fue el primero en describir la doble circulación pulmonar de la sangre. Servet desarrolló una cristología contraria a la Trinidad, por la que fue arrestado en Ginebra, sometido a juicio y condenado a morir en la hoguera, el 27 de octubre de 1553, por orden del Consejo de la ciudad y las iglesias Reformadas de los cantones, cuando en ella predominaba la influencia de Juan Calvino. La sentencia dictada en su contra por el Consejo (Petit Counseil) de Ginebra dice:

Contra Miguel Servet del Reino de Aragón, en España: Porque su libro llama a la Trinidad demonio y monstruo de tres cabezas; porque contraría a las Escrituras decir que Jesús Cristo es un hijo de David; y por decir que el bautismo de los pequeños infantes es una obra de la brujería, y por muchos otros puntos y artículos y execrables blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica, para seducir y defraudar a los pobres ignorantes. Por estas y otras razones te condenamos, M. Servet, a que te aten y lleven al lugar de Champel, que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo, junto a tu libro manuscrito e impreso, hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas, y así termines tus días para que quedes como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo.

La intolerancia de la Iglesia no se detuvo motu proprio, sino gracias al poderoso freno de la Ilustración. Voltaire, uno de los más eximios representantes del pensamiento ilustrado, protesta así contra la vil ejecución de François-Jean Lefebvre, conocido como caballero de La Barre, torturado, decapitado y quemado en la hoguera por no haberse quitado el sombrero al paso de una procesión:

"¿Era también necesario que cortaran la mano y la lengua al caballero de La Barre, que le hicieran sufrir el potro ordinario y extraordinario y que lo quemaran vivo? ¿De qué crimen le acusaban? ¿Asesinó a su padre y a su madre? ¿Temían que incendiara la ciudad? Nada de eso: le acusaban de haber cometido algunas irreverencias, pero tan secretamente, que ni siquiera las enumeró la sentencia. Le acusaban de haber cantado una canción antigua que nadie conocía y de haber visto pasar de lejos una procesión de capuchinos sin haberla saludado".

En Francia, el caballero de La Barre simboliza a las víctimas de la intolerancia religiosa, junto con Jean Calas y Pierre-Paul Sirven. A raíz del caso de Malala Yusafzai, la secularista argelina Marieme Helie Lucas establece una comparación con el de François-Jean Lefebvre en Honor a los disidentes, un artículo en el que señala:

"A nadie en Europa se le ocurriría justificar tales atrocidades en nombre de la religión hoy en día. Pero parece que supuestos ‘musulmanes' no se merecen un acceso igualitario a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Los supuestos 'musulmanes' están ‘bajo arresto cultural', están constreñidos por las costumbres y la religión y así debe seguir siendo, mientras que el resto de la humanidad disfruta de los derechos universales [...]. Somos el Caballero de la Barre de hoy, exigiendo nuestro derecho a no creer en ninguna religión sin ser torturados y asesinados [...]. Somos el Caballero de la Barre de hoy, exigiendo nuestro derecho a no vestir velo, a recibir educación, a trabajar por un salario, a movernos libremente y a disfrutar de todos los derechos de la ciudadanía [...]. François-Jean de la Barre tenía 19 años; Malala tiene sólo 14. Aquella ejecución provocó cambios políticos en Francia hacia el secularismo. ¿Será el de Malala el precio a pagar por nuestra emancipación de la religión sancionada por el Estado y de sus implicaciones legales en nuestras vidas?"

http://freethoughtblogs.com/maryamnamazie/2012/10/10/honour-the-dissenters/




Monumento a Servet en la plaza del Ayuntamiento de Annemasse (Francia), villa situada a 4 km de Ginebra, al otro lado de la frontera franco-suiza: A Miguel Servet, apóstol de las libres creencias, nacido en Villanueva de Aragón el 20 de septiembre de 1511, quemado simbólicamente en Viena por la Inquisición Católica el 17 de junio de 1553 y quemado vivo en Ginebra el 27 de octubre de 1553 a instigación de Calvino.






jueves, 4 de octubre de 2012

25-S: La exigible dimisión del ministro de Interior


¿Es la crisis económica la causa que impide tener en España una policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? El auto de un juez de la Audiencia Nacional acaba de desmontar toda la argumentación gubernamental justificando la vergonzosa actuación policial el 25-S. Alguien debería dimitir. Claro que eso significaría que el Gobierno del PP cree en los valores democráticos. 

Cierta dosis de moderación en el ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión contiene el deseo de titular este artículo con el eslogan esto nos pasa con un gobierno facha. Consigna habitual en las manifestaciones y que, por desgracia, resulta cada vez más verosímil.

Es un hecho innegable que la actuación de la policía antidisturbios en la represión de la convocatoria del 25-S fue excesiva, vejatoria con los detenidos y absolutamente desproporcionada.  En otros tiempos hubiera tenido cabida la duda, pero la proliferación de dispositivos de grabación de gran consumo puestos en manos del público actúa como testigo de cargo. Todas las brutalidades policiales han quedado grabadas.



Sólo desde el más absoluto cinismo pudo el Gobierno de Partido Popular calificar como "perfecta" la indecente actuación policial. El ministro del Interior, Fernández Díaz, dijo que la policía actuó "espléndidamente" y con "extraordinaria profesionalidad".  

¿Perfecta? Según la Delegación del Gobierno en Madrid el número de participantes fue escaso, alrededor de 6.000, frente al nutrido dispositivo de seguridad, integrado por más de 1.500 agentes. Si con una relación de 1 policía por cada 4 manifestantes es necesario efectuar cargas policiales con un saldo de 35 detenidos y 64 heridos, la ratio de eficacia es manifiestamente mejorable. 

¿Espléndida? Una banda de policías descontrolados de la escuela de Romero el madero entró en la estación de Atocha disparando salvas y vejando a los viajeros? Más que policías, se comportaron como auténticos skinheads.

Reconozcamos que las Unidades Antidisturbios cumplen un papel integrador al ofrecer empleo a un sector de la población cuyo bajo cociente intelectual le impide acceder a un trabajo que requiera aplicar un mínimo de inteligencia. Aquí sólo se trata de repartir leña y punto, según un sindicato policial. Un trabajo para el cual hace falta escasa cualificación profesional. 

¿Es la crisis económica la causa que impide que haya en España una policía democrática? ¿No hay dinero para implantar la asignatura de educación en el trato a la ciudadanía en las escuelas policiales? ¿O tenemos un Gobierno cuya ideología se aproxima peligrosamente a lo que dice el eslogan?

¿Profesional? ¿Tampoco hay dinero para comprar uniformes a fin de que todos los agentes vayan uniformados como es debido en vez de cubrirse con capuchas como vulgares malhechores? Esta escena sería patética si no fuera porque es real y prueba cómo actúa la policía a las órdenes del Gobierno de Rajoy. Al menos, habrá que reconocerle a Alfredo Rubalcaba que, mientras estuvo al frente de Interior, no permitió a la policía embestir(*) contra las acampadas del 15-M.


La infiltración de agentes de policía camuflados que incitan a los manifestantes a cometer desmanes es una vieja estrategia, practicada por los gobiernos de escasa sensibilidad democrática, para romper las manifestaciones de protesta o desprestigiar el sentido de las mismas.


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que tiene más pose que enjundia —va de progre aunque es más de derechas que el palo de la bandera, y de sabelotodo en cuestiones de derecho— dijo que hubo una "perfecta respuesta del Estado de Derecho a una serie de manifestaciones que lo que hicieron fue ejercer una agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Sin embargo, la convocatoria de la manifestación del pasado 25 de septiembre bajo el lema Rodea el Congreso no supone la comisión de delito alguno. Así lo estima el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ha dado carpetazo al caso abierto contra ocho organizadores de la marcha por un presunto delito contra las Instituciones del Estado. El juez mantiene que los promotores imputados en ningún caso trataron de invadir el Congreso ni alteraron el normal funcionamiento de la Cámara y recuerda que los fines de la protesta -exigir la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes e iniciar un proceso constituyente- están protegidos por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Para llegar a esta conclusión, el juez Pedraz no ha tenido que echar mano de profundos conocimientos de ciencia jurídica. Se ha limitado a señalar hechos que han estado a la vista de todo el mundo con total nitidez:

El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la actividad del Congreso como lo demuestra las manifestaciones de uno de los diputados, que llegó a señalar que la cámara había podido "mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad".

El juez cuenta cómo recibió un informe de la Brigada Provincial de Información de la policía señalando a cinco de los detenidos el pasado 25 de septiembre como posibles autores de un delito contra las Instituciones. Pedraz asegura que no es a los agentes a los que corresponde apreciar el delito concreto que hayan cometido, sino que debe ser el propio juzgado de Instrucción Madrid que lleva el caso, el que, en caso de que aprecie delitos que competen a la Audiencia, los ponga en conocimiento de esta.

Por último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las Instituciones que apreciaba la policía. Mantiene, en primer lugar que "no existe indicio alguno" de que los promotores imputados tuvieran "intencionalidad de invadir" el Congreso. El auto recuerda que el perímetro de seguridad instalado en torno a la Cámara "está alejado de la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso". "No cabe deducir que intentar rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio", dice. "Puede pensarse también que solo quisiera llegar a las puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como expresaba la convocatoria".


La denuncia, pues, no tenía el menor fundamento. Ahora,  ¿quién indemnizará a las personas detenidas injusta e injustificadamente y fueron vejadas con aires chulescos en comisaría? ¿O a quienes sufrieron en sus carnes los efectos de la antidemocrática leña que atizan los maderos? ¿Serán todos ellos amparados por el Defensor del Pueblo?

Como primera medida de higiene, algún responsable gubernamental debería dimitir por haber consentido todos estos desmanes policiales. Por ejemplo, el ministro de Interior. Claro que eso significaría que el Gobierno del PP cree en los valores democráticos.


(*) embestir. El DRAE arroja dudas sobre la etimología del término al indicar: Quizá del it. investire, acometer. ¿Podría derivar de bestia?


lunes, 1 de octubre de 2012

D. Mariano Rajoy Brey debe aclarar si es titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola

En una muestra de cinismo, Mariano Rajoy alaba "a la mayoría silenciosa que no se manifiesta". A propósito de silencios cínicos, el presidente debería explicar si es cierto que continúa siendo el titular del Registro de la Propiedad de la localidad alicantina de Santa Pola. Una petición en tal sentido se puede firmar en esta página.



"Permítanme que haga aquí en Nueva York un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios. No se les ven, pero están ahí, son la mayoría de los 47 millones de personas que viven en España. Esa inmensa mayoría está trabajando, el que puede, dando lo mejor de sí para lograr ese objetivo nacional que nos compete a todos, que es salir de esta crisis". Lo dijo en Nueva York, en vísperas del consejo de ministros que ha adoptado duras medidas adicionales a los recortes en el bienestar de los españoles.

Puede que Rajoy haya cometido ese grave error que señala Antoni Gutiérrez-Rubí: "Confunde el silencio de sus colaboradores con fidelidad. Confunde el silencio de "la mayoría de los españoles" con complicidad. Confunde su mayoría parlamentaria con consenso social. Y, con este enfoque, desprecia e ignora la unanimidad que -dentro y fuera de nuestras fronteras- suscitan su errática estrategia de comunicación y su inacción política". 

Pero también cabe otra interpretación: tras la desaparición temporal de escena de la condesa de la mamandurria, el presidente del Gobierno se ha quedado con la exclusiva del cinismo político. A propósito de de cinismo y de silencio, o de silencios cínicos si se prefiere, Mariano Rajoy debería explicar si es cierto que continúa siendo el titular del Registro de la Propiedad de la localidad alicantina de Santa Pola. Así como aclarar cuáles han sido los motivos por los que no ha solicitado la excedencia pese a no ejercer como tal en los últimos 20 años.

El diputado Cayo Lara (IU) ha presentado en el Congreso una pregunta en este sentido. Lara ha señalado que, según la legislación aplicable, entre la opción de solicitar la excedencia de su Registro, de forma que la plaza de registrador de la Propiedad de Santa Pola saliera a concurso y fuera cubierta por otro registrador, y la de mantenerse como titular del Registro de Santa Pola, optó por la segunda: no pedir la excedencia, manteniéndose siempre como registrador de la Propiedad titular de Santa Pola, gestionándose desde ese momento por un registrador sustituto.


En nombre de la transparencia en la actuación de los cargos públicos, es perfectamente exigible a Rajoy esta aclaración. Por ese motivo, y con independencia de la pregunta planteada por el señor Lara en el ámbito parlamentario,el mantenedor de este blog ha creado una petición en Change.org. Quienes estén de acuerdo pueden:

firmar en este enlace

O bien en el wigdet :