martes, 29 de septiembre de 2009

Otra reforma laboral es posible (I)

Los altavoces mediáticos que amplifican el discurso neoconservador predican a diario la necesidad de efectuar una reforma laboral. Pero la lógica de tal propuesta es muy endeble. En efecto, dado que la actual crisis económica no se produjo por un fallo en el sector asalariado, sino en el financiero-especulativo, si lo que se pretende es arreglar la avería del sistema resulta absurdo reparar una parte que no está rota. Una reforma laboral no debe pasar por incrementar la precariedad, sino por cambiar de base el sistema de protección social, de forma que se garantice un ingreso mínimo eliminando la 'trampa del desempleo'.


Uno de los indicios que sugieren que la economía es actividad mucho más relacionada con la opinión que con la ciencia, es la gran cantidad de sentencias lapidarias, que no demostraciones lógicas, que se emiten desde los ambientes considerados económicamente correctos. O sea, económicamente interesados en obtener un beneficio a costa de otros. Entre estas sentencias lapidarias destaca la que sostiene que, para salir de la crisis, es imprescindible llevar a cabo una reforma del mercado laboral.

No hace falta ser un verdadero científico como Kurt Gödel o Bertrand Russell para advertir la debilidad del argumento lógico que defiende la necesidad de una reforma laboral. Un estudiante de bachillerato no contaminado ideológicamente fácilmente llegará a la siguiente conclusión: puesto que la actual crisis económica no se produjo por un fallo en el sector asalariado, sino en el financiero-especulativo, si lo que se pretende es arreglar la avería del sistema resulta absurdo reparar una parte que no está rota.

Lo que sí es constatable es que, una vez que los especuladores han metido la pata (o la mano) hasta el corvejón con sus manejos, la avería producida en la máquina productiva repercute en el artefacto del empleo, expulsando de los centros del trabajo a millones de trabajadores. Trabajadores, por cierto, de los que sus empleadores se sentían orgullosos cuando la maquina giraba al máximo de revoluciones.

En esta ocasión, la avería ha sido de tal magnitud, y la identidad de quienes la han causado tan evidentee, que, exceptuando a la ultracutrería mediática de guardia, ni siquiera el principal partido del conservadurismo ha tenido valor para oponerse a la medida por la que el Gobierno ha ampliado la cobertura de prestaciones sociales a los parados. Dicho sea de paso, clamaría al cielo en el que creen de oficio los conservadores, que esa gente acostumbrada a pagar facturas de cien euros (*)en el restaurante, se negara a dar cuatrocientos a quienes han perdido su fuente temporal de ingresos. Y escribo ‘temporal', porque en nuestra sociedad, el derecho al trabajo no es más que una mera jaculatoria jurídica. En la realidad, el empleo privado es siempre temporal, ya que si no fuera temporal nadie lo perdería. Teorema cuya paternidad no hay que buscarla en Gödel, sino en el modesto y perspicaz Perogrullo. Y que confirma con lenguaje tecnocrático un reciente informe del Banco de España señalando que "el ajuste del empleo continuó afectando principalmente a los asalariados con contrato temporal, los trabajadores con contrato indefinido han registrado por primera vez en esta fase recesiva tasas de variación interanual negativas".

Se quejan muchos comentaristas de que hay muchos desempleados que no aceptan empleos de baja calidad y prefieren cobrar el subsidio. No comprendo muy bien la extrañeza, algo farisea, de tales críticas. ¿Acaso la condición de desempleado ha de llevar inherente la estulticia? La primera de todas las tendencias humanas es la de no empeorar conscientemente su situación. Los darwinistas sociales deberían aplaudir necesariamente a quienes hacen gala de su habilidad para la supervivencia.


Las trampas de pobreza

Es precisamente la naturaleza condicional de los sistemas asistenciales de rentas mínimas de inserción y subsidios de desempleo la que produce el efecto de desanimar a la gente a buscar un trabajo. La leyenda negra tejida en torno a quienes malviven con estas rentas sugiere que los perceptores prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua.

Esto podría ser cierto en el caso minoritario de individuos que tuvieran una clarísima vocación de pobres, ya que la cuantía de este tipo de rentas se establece en niveles lo suficientemente bajos como para desanimar a la gente a vivir de ellas. Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se “enganchan” a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).

Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo (más abajo, un amable lector precisa lo de 'parcial') cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.

La gente que se halla en situación de precariedad no suele estar titulada por las escuelas de Economía, pero echa sus cuentas con mucho más realismo que muchos críticos de gabinete. Si a una persona que percibe un subsidio de 420 se le ofrece un salario de 600, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 580, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital. Ante el dilema, la opción más frecuente suele ajustarse al principio de “más vale pájaro en mano”. Optar por la ayuda oficial asegura al menos cierta continuidad en la obtención de un ingreso.

Un problema adicional surge desde el momento en que las ayudas nunca son individuales, sino que, por regla general, el test de recursos se aplica sobre el ingreso conjunto del grupo familiar. En este caso, la condicionalidad también desalienta la aceptación de empleos de tiempo parcial o temporales por parte de uno u ambos miembros del grupo, para evitar superar el tope por encima del cual se verían privados del subsidio.

Las prestaciones condicionales tampoco permiten a sus beneficiarios emprender algún tipo de iniciativa empresarial. La ayuda les sería retirada desde el mismo momento en que emprendieran una actividad con fines de lucro aunque no obtuvieran beneficios, como suele ser habitual durante la puesta en marcha de un negocio. Ese puritanismo que inspira la normativa de prestaciones entra en franca contradicción con el espíritu capitalista del enrichessez vous.

Este conjunto de factores determina que quienes quedan atrapados en estas trampas del desempleo o de pobreza se vean fuertemente desincentivados a trabajar: sólo pueden escapar a la pobreza si logran conseguir un empleo cuyo salario (previo a las deducciones impositivas) sea considerablemente superior al nivel del beneficio. Ningún empleo (de tiempo parcial) cuyo salario (pre impuestos) esté por debajo de cierto umbral supondrá una recompensa monetaria para quienes dependen de la asistencia social.

Un efecto colateral es el fraude, cuya forma más habitual consiste en completar los ingresos del subsidio con algún trabajo sin registro —trabajo negro o sumergido—. Espoleados por la necesidad, parece lógico que muchos individuos recurran a las artimañas a su alcance para atenuar los efectos negativos de la trampa. Una concepción inteligente del sistema de protección social debería corregir esas trampas generadas por el propio sistema, y a eso dedicaremos la segunda parte de este artículo.

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(*) Por vía de ejemplo, sirva este comentario de una lectora a la noticia de los presupuestos presentados por el Gobierno: Susana - 30-09-2009 - 10:23:54h: Me voy al paro.. a cobrar los 450 euros y que pague la familia gotika mis impuesto. A currar en negro que es lo que mola. En su comentario, Susana incluye la siguiente dirección: http://comielotrodia.wordpress.com una web que ofrece sabrosas crónicas de lugares de restauración. Entren para ver la carta y los precios.



viernes, 25 de septiembre de 2009

Subida de impuestos: ¿Por qué no se aplica a los bancos?

Para equilibrar las cuentas del Estado, que acusan el déficit producido por las medidas tomadas por el Gobierno, con mayor o menor acierto, para poner parches a los descalabros de la crisis financiera, Rodríguez Zapatero ha anunciado una subida de impuestos. No se sabe todavía quienes serán los paganos de esta recarga fiscal, que la derecha y sus voceros critican de oficio. Teniendo en cuenta que la parte del león de la ayuda gubernamental al desastre se la llevó la banca ¿sería mucho pedir que fuera ella la que cargara con parte del coste de los platos rotos? Al fin y al cabo, no fueron los ciudadanos que viven de un salario quienes rompieron la vajilla.


La cuestión de los impuestos suscita agrias discusiones cuyo griterío se oye tanto en las más bajas tabernas, barberías y otros mentideros políticos como en "sede parlamentaria", según denominan algunos horteras al Congreso de los Diputados. Salvando el decorado, el lenguaje y argumentario no presenta grandes diferencias entre unos y otros escenarios. Sin embargo, y esto es maravilla digna del retablo de Maese Pedro, mientras los encendidos ánimos descargan todo tipo de improperios contra los tributos estatales, nadie parece inmutarse ante ese otro "impuesto fáctico sobre el consumo" que cargan los bancos sobre las transacciones efectuadas con tarjetas electrónicas.

Los bancos, no contentos con contribuir al aumento del desempleo estructural al sustituir empleados humanos por cajeros automáticos, con una cara tan dura como el feldespato tienen la desfachatez de cobrar al cliente por entregarle esa tarjeta de plástico sin la cual no podría disponer ¡de su propio dinero!

Por desgracia, todos somos rehenes de los bancos. Para cobrar las nóminas de los trabajadores, las pensiones de los jubilados y hasta los subsidios por desempleo, los perceptores deberemos obligatoriamente abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria. Privada, por supuesto, ya que no existe banca pública abierta al público. Con perdón por el retruécano.

Para recuperar ese dinero que es nuestro, el banco nos cobrará no sólo la tarjeta, sino onerosas comisiones por mantenimiento de cuenta y cualquier otro concepto de latrocinio amparado por la ley. Luego, al utilizar la tarjeta como medio de pago en los comercios, seguiremos pagando un sobreprecio en los productos debido a la comisión que el banco cobra al comerciante detallista y que éste transfiere al consumidor cargándolo sobre el precio final. De hecho, si en una tienda ofreces pagar 'en metálico' es muy posible que obtengas un pequeño descuento.

Ese recargo sobre cada transacción electrónica efectuada con tarjeta de débito o de crédito opera exactamente de la misma manera que lo haría un impuesto adicional sobre el consumo: encareciendo el producto final que paga el consumidor.

Pues bien, esa opinión pública que, azuzada desde los partidos y voceros mediáticos de la derecha, tanto se solivianta a la hora de pagar impuestos, ni se inmuta cuando la clientela de los bancos —prácticamente toda la ciudadanía— abona a diario y con gran mansedumbre este impuesto extraoficial que va a parar a la cuenta de ganancias de la banca, y no a las arcas del Estado.

En abril de 2006, la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes, denunciaba que gran parte de los enormes beneficios de los bancos se obtienen con la gestión de las tarjetas de pago (crédito y débito) en el mercado europeo. En la situación actual, señaló Kroes, "los bancos fijan unas comisiones, del 2,5% de media, que actúan como un impuesto sobre las ventas que encarece los precios". Más del 25% de los beneficios de los bancos proceden de esas comisiones, mientras que un usuario particular puede perder varios cientos de euros anuales por los abusos de los bancos y los emisores de tarjetas.

Un reciente estudio de la Comisión Europea sobre comisiones bancarias pone de relieve que los bancos españoles son los más caros de la Unión Europea, tras los italianos, para tener una cuenta corriente. El estudio, señala que la transparencia y la simplicidad a la hora de conocer lo que cuesta cada servicio de la banca española "están por debajo de la media europea".

Rodríguez Zapatero ha afirmado que la recarga fiscal deberían pagarla "los poderosos". ¿Hay alguien más poderoso que las entidades bancarias? Entonces, tanto por poderío como por haberse llevado la mejor tajada de las ayudas estatales, debería ser la banca quien pagase esta subida de impuestos.

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Algunos datos pro memoria:
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Coste para las arcas públicas de las medidas sociales adoptadas por el Gobierno:

Los 400 euros, que devolvió el Estado en forma de deducción en el IRPF (sólo a los contribuyentes que tributan por este impuesto): coste anual: 6.000 millones de euros.

Cheque-bebé. Ayuda a las madres de 2.500 euros por nacimiento de hijo: coste anual: 1.700 millones de euros

Renta básica de emancipación. Los 210 euros que perciben los jóvenes con pisos en alquiler. Coste anual: 800 millones.

Coste total medidas sociales: 8.500 millones de euros

Inyección de dinero público al sistema bancario aplicada por el Gobierno de España por vía de urgencia al producirse la debácle financiera que estremeció la economía mundial en septiembre de 2008.

Coste total de la inyección a la banca: 160.000 millones de euros.

lunes, 14 de septiembre de 2009

"Los parados se mueven"



La Plataforma de Asociaciones de Desempleados convoca a los representantes de las asociaciones y agrupaciones de desempleados de España, a una concentración ante las puertas del Congreso de los Diputados, a las 9,00 horas
del próximo 29 de Septiembre,
bajo el lema: "Los parados se mueven"


En el curso de la concentración, la Plataforma tiene previsto entregar un escrito dirigido a los miembros de la Cámara, cuyo texto es el siguiente:

Los desempleados somos las principales victimas de la crisis, a los que la atención mediática y política nos considera como sujetos pasivos, susceptibles de ser utilizados por los diferentes poderes. Sin embargo, los parados hemos comenzado a tomar conciencia de nuestros intereses colectivos y a ser sujetos activos para buscar alternativas a nuestra situación.

La mejor ayuda que puede recibir un parado no es subsidio, sino encontrar un trabajo. Aunque muchos de los desempleados no percibimos ningún tipo de prestación desde hace uno o más años, todos cumplimos con nuestras obligaciones, y así pagamos impuestos cuando compramos en el supermercado, la gasolinera o pagamos el recibo de la luz.

Pero los parados también tenemos derechos siendo el principal el Derecho al Trabajo, y corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias para que podamos ejercerlo, o bien reparar en lo posible el daño material y psicológico que padecemos al no poder trabajar.

Solicitamos por tanto a sus Señorías y al Gobierno de España, que establezcan para todos los desempleados sin prestación, incluidos los que proceden del régimen de autónomos y el agrícola, una Renta Básica asociada a trabajos sociales, por una cuantía equivalente al Salario Mínimo.

Ofrecer una ayuda de 420 euros a los parados sin prestación desde Enero de 2009, olvidando a los que llevan más tiempo parados que son los más necesitados, o a los que proceden de los regímenes especiales, es una injusticia social. La ayuda podrá durar más o menos tiempo; la cuantía a percibir podrá ser mayor o menor; pero nunca podremos comprender ni aceptar que la reciban unos parados y se excluya a otros en situación similar o incluso peor.

También solicitamos que igual que se ha hecho con las Entidades Financieras se establezca un Plan de Rescate para las Hipotecas de los desempleados, mediante la recompra o el aval de las deudas contraídas, y el establecimiento de fórmulas adecuadas para saldar la deuda con la Administración.

La financiación de estas medidas se podría realizar sin necesidad de aumentar el déficit público a través de las siguientes medidas fiscales y financieras:

Eliminar las SICAV y poner en vigor el régimen de transparencia fiscal.
Modificar la legislación para combatir el fraude y la evasión fiscal.
Elevar el tipo marginal del IRPF al 50% para las rentas superiores a 60.000 euros
Establecer un impuesto sobre sucesiones y patrimonio progresivo.
Retornar las rentas del capital a la base general del IRPF.
Disminuir el gasto público corriente de las distintas administraciones.

Señorías, la crisis está destrozando nuestras vidas y las de nuestras familias. Padecemos una situación económica de carácter excepcional que posiblemente sólo la vamos a vivir una vez en nuestra vida. Desde estas líneas os pedimos que la afrontéis con decisión y que se aprueben medidas extraordinarias de justicia social que vayan mas allá de lo establecido por ciertos dogmas económicos trasnochados.


miércoles, 9 de septiembre de 2009

Protección social: entre la precariedad y la hipocresía

La paga de 420 euros improvisada por el Gobierno para socorrer a los parados sin otros ingresos ha puesto de relieve una de las grandes carencias del Estado del Bienestar celtíbero: la falta de asistencia por parte del Estado a las personas que pierdan el empleo.


Todos los grupos parlamentarios han acusado al Gobierno de improvisación a la hora de establecer esta paga con la que los desempleados podrán subsistir a duras penas, comprando los artículos de primera necesidad mentados en el comentario precedente. En efecto, el equipo gubernamental ha sufrido vacilaciones a la hora de establecer la amplitud del colectivo de personas a las que ofrecerá esa cobertura de ese paraguas que protege algo de las intemperies del desempleo. Finalmente, bajo la presión sindical y de los partidos de izquierda, el Ejecutivo aceptó extender la ayuda de 420 euros mensuales a los parados que agotaron la prestación de desempleo a partir del 1 de enero, y no del 1 de agosto, como quería el gobierno. Como si perder el empleo en enero no tuviera la misma gravedad que perderlo en agosto.

No se debería esperar a que sobrevenga una crisis económica para conceder este tipo de ayudas. La Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el sentido común, recogen la obligación de los Estados de atender a las personas en caso de desempleo.

Regular legalmente esta obligación política y moral debería hacerse en tiempos de bonanza, ya que en épocas de crisis siempre habrá quien esgrima el argumento de que no hay dinero para atender esta necesidad. Argumento que usa la derecha, cuyo partido más popular, considerando la impopularidad que le supondria oponerse frontalmente a la ayuda, pone en duda, en boca de su portavoz Dolores de Cospedal, la capacidad gubernamental para implementarla.

Es absolutamente necesario establecer un criterio claro y universal para el funcionamiento del sistema de protección de las personas en situación de desempleo. Un sistema que debería entrar en funcionamiento de manera automática cuando se produjera la contingencia. Sin ningún tipo de ambiguedades, para que todo el mundo entienda que es un derecho exactamente igual que las pensiones de jubilación.

Hace tiempo que se ha conseguido que el hecho de que una persona perciba una pensión vitalicia al término de su etapa laboral ya no sea criticado. Salvo por el mentado argumento de viabilidad económica. Por lo demás, el Artículo 41 de nuestra Constitución señala que "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo".

Por lo tanto, se debe regular esta obligación de forma que se sustancie ese derecho del ciudadano desempleado a recibir una ayuda sin menoscabo de su dignidad. Eliminando de la misma la vergonzante calificación de subsidio,
que convierte en sospechoso de holgazanería a todo receptor de ayudas al desempleo, dando pie a críticas generadas en los foros de la cutredad ideológica. Por ejemplo, esa estupidez que afirma "Me parece bien que quieran ayudar a la gente necesitada, pero lo mínimo que podían hacer es ganar ese dinero con trabajos sociales, o haciendo carreteras".

Comentarios de ese tipo, que se pueden leer en las ediciones digitales de los periódicos, provienen de gente a la que seguramente le horrorizaría que la enviasen a trabajar construyendo carreteras por 420 euros al mes, sin pagas extras, que es en lo que consiste ese precario subsidio.

La imagen de obreros o presidiarios condenados a trabajos forzados cavando con pico y pala bajo la intemperie forma parte del imaginario represivo. En la realidad, las carreteras se construyen empleando maquinaria cuyo manejo precisa de operarios expertos. Si enviásemos a estos "cuatrocientosveinteuristas" a trabajar como forzados de Dragut, seguramente protestaría ese relevante sector del capitalismo que son las constructoras. Dirían que el Estado les hace la competencia. Porque, para ellas, el libre mercado consiste en que los gobiernos consignen en sus presupuestos cuantiosas partidas de dinero del contribuyente destinadas a la ejecución de obras públicas. Que naturalmente llevan a cabo dichas grandes empresas gracias a un sistema de licitación que no deja fuera del tajo a ninguna de ellas.

Las críticas a la protección social son habituales en cualquier latitud. Hace no mucho, la oposición brasileña atacó con intensidad el programa Bolsa Familia al conocer que el gobierno presidido por Lula da Silva destinará un plus de 250 millones de dólares para aumentar esa modesta ayuda. La oposición puso el grito en el cielo acusándolo de que "sólo crea una situación viciosa en la que los beneficiarios supuestamente dejan de buscar empleo porque tiene ese ingreso asegurado".

"Para quienes tenemos la suerte de conocer en la intimidad al presidente de Brasil, no deja de ser llamativa la dureza de sus términos en un hombre que se caracteriza por su tolerancia frente a los embates de la oposición y sus modales mesurados en el debate político", señala el ex presidente argentino Eduardo Duhalde, en su artículo La renta básica y la indignación de Lula, en el que se refiere a este episodio.

"Hay gente tan imbécil e ignorante que todavía dice que la Bolsa Familia convierte en vagos a quienes la reciben porque ya no quieren trabajar", dijo Lula. Y explicó el porqué de sus terminantes calificaciones: "La ignorancia es de tal magnitud que esas personas piensan que una familia va a preferir vivir con 85 reales mensuales antes que ganar un salario digno de 616 reales. Quienes hablan así son los mismos que creen que la gente vive en las favelas porque quiere; que son pobres porque no les gusta trabajar ni estudiar (...); es una forma simplista de ver las cosas que no contempla que el país está dividido entre personas que tuvieron oportunidades y personas que no las tuvieron".



miércoles, 2 de septiembre de 2009

420 euros, una medida que favorece a panaderos, carniceros y cerveceros

Gracias a la ampliación del número de perceptores del subsidio por desempleo, es previsible un incremento del consumo de productos de primera necesidad, con la consiguiente ganancia para los comercios que los suministran.


El escocés Adam Smith, tenido por economista aunque más bien cabe consideralo un tratadista moral, fue adoptado como mentor por los liberales. Su libro sobre la Riqueza de las Naciones, es una especie de biblia que invocan con fervor incluso aquéllos neoconservadores que no la han leído. Lo que es una verdadera lástima, porque se pierden una lectura tan amena como instructiva. En uno de sus pasajes, afirma Smith: "no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés".

Es una perfecta definición del juego del mercado, que no conoce de filantropías, sino beneficio. Nadie monta una panadería, carnicería, cervecería u otro establecimiento similar para ejercer la benevolencia, sino para obtener un beneficio. En la mayor parte de los casos, legítimo. Y no digo que lo sea en todos, dada la gran tendencia de muchos comerciantes a fijar precios abusivos en cualquier género de mercancías: desde los tomates hasta los automóviles.

El mercado es un buen sistema para el intercambio de productos, pero no tiene capacidad para atender las necesidades del conjunto de la población de un país. El mercado del empleo, categoría conceptual que no debe confundirse con la verdadera naturaleza del trabajo, nunca ofrece tantos puestos laborales como habitantes en disposición de trabajar tiene un país. Y periódicamente, ese mercado falla estrepitosamente, como es el caso de la actual crisis económica.

Junto al drama humano que plantea a nivel de las personas que quedan privadas de medios de subsistencia, este calamitoso fallo del mercado laboral afecta asimismo a otros mercados. En concreto los que suministran bienes y servicios. Por lo tanto, esas ayudas que ahora, a trancas y barrancas, está concediendo el Gobierno a los desempleados, aparte de un ligero alivio para ellos, supone una oportunidad de beneficio para los comerciantes de artículos de primera necesidad. "Un euro compra más en el bolsillo de un pobre que en el bolsillo de un rico". En efecto, éste, con un euro no tiene ni para empezar.

Mientras que el pobre, con un euro, puede al menos comprar un pan, una botella de cerveza y una pizca de carne. Que el abuso de este alimento produce colesterol, dicen los médicos. Y no es bueno que el pobre enferme, porque causa gastos a la Sanidad Pública. Cuyos hospitales
están poniendo en manos de los tenderos de la salud algunos gobiernos regionales, como el que preside la neocondesa liberal Esperanza Aguirre.