martes, 29 de diciembre de 2009

Reforma laboral: no en mi nombre


Bajo el lema No en mi nombre, Daniel Jiménez, delegado sindical de UGT, cuestiona en un escrito la idoneidad de otra reforma laboral basada en los mismos criterios que las anteriores: más facilidad para despedir y menos derechos laborales. Por su indudable interés, se reproduce a continuación el texto, que pide al resto de la clase trabajadora de este país que presione fuertemente sobre CCOO y UGT a fin de conseguir de estos sindicatos un compromiso para que sólo vayan a estas negociaciones a defender una reforma a favor del trabajo, no a favor de los beneficios.


En España se han producido cinco reformas laborales en los últimos veinticinco años. Todas y cada una de ellas han caminado siempre en la misma dirección: más facilidad para despedir y menos derechos laborales. A pesar de que ninguna de estas reformas ha demostrado ser efectiva, lo que pone en evidencia al sacrosanto dogma neoliberal, nadie parece estar dispuesto a buscar otros caminos. No podía ser de otra manera, dado el rampante egoísmo de los interlocutores de la patronal, así como la escasa capacidad de los sindicatos mayoritarios para representar los intereses de la clase obrera.

A los que nos oponemos a la que sería la sexta reforma nos acusan de irresponsables por no querer actuar ante una crisis que no hemos provocado nosotros. También dicen que preferimos mirar para otro lado y así no ser conscientes de las supuestas rigideces del mercado laboral. Esto sucede en un país donde la concesión del crédito sigue estrangulada. Los bancos, esos que han sido salvados con nuestro dinero, no nos quieren ayudar. Y no habrá una reforma del sistema financiero para obligarles. También sucede en un país en el que la vivienda sigue sin bajar todo lo que debiera a pesar de que el mercado inmobiliario ha colapsado. Tampoco habrá una reforma en profundidad en este sector que permita poner fin a esta vergüenza.

Aquí los únicos que somos excesivamente rígidos somos los trabajadores, a pesar de que la inmensa mayoría de nosotros somos mileuristas y no podemos llegar a fin de mes con el fruto de nuestro trabajo. La norma en España es que el salario que obtienes por tu labor no te permita tu propia manutención, o lo haga a costa de un endeudamiento insostenible. Y no protestes, porque con tu contrato temporal, puedes ir a la calle mañana. En estas condiciones, la única reforma posible y lógica debe ser aquella que apueste por el empleo estable y bien remunerado. Cualquier otra medida no tiene justificación, salvo la del egoísmo de esa minoría que cada vez tiene más a costa de la gran mayoría que cada vez tiene menos.

Como trabajador y delegado de uno de los sindicatos que van a negociar la próxima reforma laboral con la patronal, quiero dirigirme al resto de la clase trabajadora de este país para pedirle que presione fuertemente sobre CCOO y UGT a fin de conseguir de estos sindicatos un compromiso para que sólo vayan a estas negociaciones para defender una reforma a favor del trabajo, no a favor de los beneficios. Una reforma que no debe ser negociada en ningún caso con interlocutores como Gerardo Díaz Ferrán, el actual presidente de la CEOE y dueño de la aerolínea Air Comet, cuya quiebra seguro que no le ha estropeado las Navidades, como sí se las ha estropeado a esos trabajadores que llevan más de medio año sin cobrar, así como a los que no van a poder ver a sus seres queridos en estas fiestas.

No tiene sentido acordar el futuro del marco laboral con empresarios para los que los trabajadores no son personas, sino otros elementos contables más del balance, que deben cuadrar con los beneficios, o simplemente desaparecer. Díaz Ferrán representa a ese mismo empresario que hoy hace un ERE y mañana reparte dividendos; o al que cierra una factoría que daba beneficios para llevársela a otro país con una protección laboral menor. Dar a esta gente voz en la negociación colectiva es como poner a los zorros a cuidar de las gallinas. O la CEOE cambia de dirigentes, o no hay nada que hablar.

Todos los derechos que perdamos ahora, no los volveremos a recuperar después. Así ha sido siempre, así sucedió con las otras cinco reformas. Tenemos que hacer todo lo posible por impedirlo. Esta es nuestra responsabilidad, que no podemos dejar en manos de unas pocas personas en una mesa de negociación en la que no vamos a participar. Es necesario que presionemos, que marquemos a los sindicatos un camino del que no se puedan salir. Si todos nos levantamos, tendrán que obedecernos, o desaparecer. Que quede muy claro el mensaje. NO EN MI NOMBRE, PÁSALO.

Daniel Jiménez, delegado sindical de UGT en Madrid

miércoles, 23 de diciembre de 2009

Tras el 'basurazo', ahora llega el 'billetazo'

El neocinismo liberal predica la no subida de impuestos, excepto cuando se trata de socorrer con fondos públicos a banqueros, empresarios chapuceros y otros delincuentes económicos en apuros. La derecha gobernante en la región madrileña sigue al dedillo esa doctrina. Apoya a Díaz Ferrán, presidente de la CEOE y pésimo ejemplo de gestión empresarial, pero atiza impuestos a mansalva a la ciudadanía de a pie. Tras la brutal subida del Impuesto de Bienes Inmuebles y la imposición por Alberto Ruiz Gallardón de una tasa de basuras abusiva, ahora llega la del transporte público. A partir de enero de 2010 el precio del Metrobús, título de viaje con el que se realizan más de 300 millones de viajes anuales, pasará a costar 9 euros. Lo que supone un incremento del 21,6% sobre su precio actual.



El Consorcio Regional de Transportes aplicará a partir de enero una subida que afectará exclusivamente al Metrobús (el bono de 10 viajes válido para Metro y EMT), con el que se realizan más de 300 millones de viajes anuales.

Con la nueva tarifa, el cupón de 10 viajes pasará a costar 9 euros, lo que supone un incremento del 21,6% sobre su precio actual (7,40 euros) y de más del 55% respecto a enero de 2005 (5,80 euros). Este título de transporte ha subido un 55% desde 2005, cuatro veces más de lo que lo ha hecho el IPC en el mismo periodo (13,85%). En un lustro, el transporte de la región ha subido más del doble de lo que lo han hecho los salarios.

Grupos de usuarios han comenzado a movilizarse a través de Internet contra esta subida, calificada como billetazo. Opinan que es una medida inadmisible, ya que 9 euros por cada diez viajes supondrán al usuario habitual un gasto adicional de 100 euros más al año. "El metro lo usamos todos, y sobre todo aquellos a los que más nos afecta la crisis y no nos suben el sueldo un 20% este año, precisamente".

Según señalan desde Ecomovilidad, una de las medidas básicas para promocionar el transporte público es hacer que sea más ventajoso para quienes lo utilizan a menudo, frente a quienes lo usan sólo en ocasiones muy contadas (como quien coge el metro un día porque tiene el coche en el taller). Cuidar al usuario frecuente es una manera básica de fidelizar, y por eso en todos los sistemas de transporte público tienen alguna ventaja: generalmente, que los abonos ilimitados o multiviaje suponen un ahorro. Así lo recomienda el propio Consorcio de Transportes en los manuales que edita en colaboración con la Universidad Politécnica.

Sin embargo, en los últimos años ser usuario habitual del transporte público en Madrid se está convirtiendo en algo menos rentable. El billete sencillo no ha subido su precio (por lo tanto, el porcentaje que se paga con dinero público de cada uno de estos viajes aumenta), mientras que los abonos y billetes de 10 viajes han aumentado sus precios muy por encima del coste de la vida.

De esta manera, hemos llegado a la situación de que con las nuevas tarifas de 2010 optar por un metrobús (el billete de 10 viajes) apenas supone un ahorro de apenas un 10% sobre la compra de 10 sencillos, cuando hace años este ahorro rozaba el 50%, como vemos en el gráfico
elaborado por Ecomovilidad.







El Consorcio Regional de Transportes es un organismo público gestionado fundamentalmente por la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la región. Se constituyó en el año 1986 para agrupar los esfuerzos de Instituciones Públicas y Privadas relacionadas con el Transporte Público, con el fin de coordinar servicios, redes y tarifas, con vistas, teóricamente, a ofrecer al usuario una mayor capacidad y mejor calidad de la oferta. Al finalizar el año 2008 estaban adheridos al Consorcio Regional de Transportes de Madrid un total de 176 Municipios, representando la práctica totalidad de los existentes.

De momento, el Consorcio no ha anunciado todavía subidas en el resto de títulos de transporte (billete sencillo, abono joven, normal, tercera edad, discapacitados y tarjeta azul).

sábado, 19 de diciembre de 2009

Despedir es fácil, si sabes cómo

El Estatuto de los Trabajadores prevé un tipo de despido que se conoce como despido por causas objetivas. Existen varias causas que justifican este tipo de despido, entre ellas, las causas económicas y las causas de producción. Este tipo de despido resulta mucho más económico para las empresas, ya que el trabajador afectado tiene derecho a una indemnización de tan sólo 20 días de salario por año trabajado, mientras que, en caso de despido improcedente, es decir, sin causa justificada, la indemnización sería de 45 días de salario por año trabajado.


En esta modalidad, el trabajador afectado tiene derecho a un preaviso de 30 días, es decir, una vez que se le comunica el despido, el trabajador ha de trabajar todavía un mes más en la empresa. Estos 30 días son por tanto remunerados y el empresario tiene que permitirles que se ausenten del trabajo hasta 6 horas semanales, con el fin de darles tiempo para que busquen otro trabajo.

En caso de que el empresario prefiera que, una vez entregada la carta de despido, el trabajador abandone inmediatamente el puesto de trabajo, podrá hacerlo también siempre y cuando en ese mismo acto se ponga a disposición del trabajador, además de la correspondiente indemnización, el salario equivalente a los 30 días de preaviso no disfrutado. El trabajador tiene derecho a los 20 días de salario por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades de salario.

El procedimiento para que el empresario pueda llevar a cabo un despido por causas objetivas, lo explica muy bien Almudena Álvarez, de Mariscal & Asociados Abogados, en la ultraliberal web de Libertad Digital.


1. Causas económicas: tiene que existir una situación económica negativa, real y actual, que afecte a la empresa en su conjunto. Esta situación negativa ha de estar reflejada como pérdidas en las cuentas anuales. No basta con que haya una disminución de los beneficios con respecto del año anterior, sino que tiene que haber realmente pérdidas.

2. Causas de producción: el descenso en la producción de la empresa debido a la falta de pedidos es causa para proceder al despido por causas objetivas de los trabajadores. Este descenso de la producción ha de producirse por causas ajenas al empresario y no por la voluntad de éste, por eso normalmente esta situación va paralela a la situación económica negativa de la empresa. Sin embargo, para acreditar esta causa, no es necesario probar una situación económica negativa de la empresa.

Si el empresario decide llevar a cabo el despido de un trabajador en base a estas causas, tendrá que preparar una carta de despido lo más detallada posible. ¿Y qué quiere decir esto? Aparte de las reglas generales para todas las cartas de despido, como son el relato de los hechos concretos y la referencia a los artículos del Estatuto de los Trabajadores donde se tipifica la causa específica del despido, el empresario ha de proporcionar datos numéricos de las pérdidas, haciendo referencia a los datos recogidos en las cuentas anuales, así como los datos numéricos de los pedidos entrantes en los últimos años en caso de que exista también una disminución de la producción.

La carta de despido ha de cumplir con todos estos requisitos, de lo contrario podría declararse el despido como nulo, cuya consecuencia sería la readmisión del trabajador y el pago de los salarios de tramitación dejados de percibir por el trabajador desde la fecha del despido.

Además, en el mismo acto en el que se entrega la carta de despido al trabajador ha de hacérsele entrega igualmente de un talón por el importe de la indemnización correspondiente, más el preaviso de 30 días en caso de que no lo hubiera disfrutado.

Si el trabajador se negara a aceptar el talón, es necesario que estén dos testigos presentes para que puedan confirmar, en un eventual juicio, que la empresa puso a disposición del trabajador la indemnización correspondiente y que éste no quiso aceptarla.

La consignación judicial de la indemnización prevista para los despidos improcedentes, está siendo solicitada a los Juzgados últimamente también por las empresas que realizan despidos en base a causas objetivas, para asegurarse de esta manera que el trabajador no reclame posteriormente salarios de tramitación por no haber puesto a su disposición la pertinente indemnización.

Por tanto, no hace falta que la patronal insista tanto en su monserga de abaratar el despido. Despedir es fácil: el empresario no tiene más que seguir escrupulosamente el procedimiento que le indicará cualquier abogado experto en jibarizar plantillas, en la seguridad de que los tribunales le darán la razón aunque el despido sea recurrido por el trabajador. Tomaremos un caso real, en el que se discute la validez de la causa económica alegada para la amortización del puesto de trabajo correspondiente al demandante. La información procede de los archivos de jurisprudencia de la web del Poder Judicial.

En concreto, la cuestión consiste en determinar si, para demostrar que la amortización constituye medida suficiente y adecuada para superar la crisis basta con probar la existencia de pérdidas económicas. La Sala reitera su doctrina en el sentido de que, salvo supuestos excepcionales, basta con acreditar la existencia de pérdidas continuadas y cuantiosas para entender que la amortización de puestos de trabajo contribuye a superar una situación de crisis. En este sentido, "no corresponde a la empresa la carga de probar que la medida adoptada era suficiente para superar la crisis, ni que se adoptaban otras medidas que garantizaban la superación de la crisis". A juicio de la Sala, en el presente caso se dan datos suficientes para entender que no cabe considerar el supuesto como excepcional. Así, la empresa amplió el capital social para reponer pérdidas, realizó estudios de mercado sobre su situación económica, en 2001 hizo inversiones importantes en maquinaria para especializar su actividad, y sus costes salariales y laborales se han incrementado un cinco por ciento desde 2002 -si bien en este caso, ese aumento de costes laborales podría deberse a amortizaciones previas de pruestos de trabajo realizadas-. Todo ello, concluye la Sala, acredita suficientemente la existencia de las pérdidas requeridas.

En la sentencia se discutía que, aunque la precaria situación económica de la empresa se había acreditado convenientemente, no se había probado que la supresión del puesto de trabajo del demandante ayudara a superar la falta de liquidez de la empresa y a garantizar la viabilidad de la misma y si, para demostrar idoneidad de la amortización del puesto de trabajo y su contribución positiva a la marcha de la empresa, ¿basta con probar la existencia de pérdidas económicas?.

Nuevamente la Sala reitera su doctrina en el sentido de que, salvo supuestos excepcionales, basta con acreditar la existencia de pérdidas continuadas y cuantiosas para entender que la amortización de puestos de trabajo contribuye a superar una situación de crisis y por tanto "no corresponde a la empresa la carga de probar que la medida adoptada era suficiente para superar la crisis, ni que se adoptaban otras medidas que garantizaban la superación de la crisis".

Para evitarse entrar en pleitos que acaben dando la razón al trabajador, otras asesorías ofrecen consejos del tipo Cómo ahorrarse 80 días de salario al despedir a un trabajador, y dejar zanjado el asunto en pocas horas, sin ir a juicio y sin preocupaciones. PractiLetter Laboral, la publicación práctica para directivos y empresarios, ofrece al empresario "información que se traduce en un ahorro real de dinero para su empresa y en más seguridad para usted al tomar decisiones relacionadas con el personal".

A propósito de leyes, recordemos la más informal ley del embudo. Resulta que, para despedir más facil y más barato se recurre al viejo Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, a la hora de pagar subsidios por desempleo de larga duración, éstos se desvinculan de la citada norma, que disponía que estos subsidios fueran del 75% del Salario Mínimo Interprofesional, referenciándolos ahora, por uno de los primeros Decreto s del Gobierno de Rodríguez Zapatero, pactado con los sindicatos C.C.O.O. y UGT, al desafortunado invento del IPREM.

lunes, 14 de diciembre de 2009

CEOE propone reducir las prestaciones por desempleo y su duración

En un nuevo gesto que demuestra su intención de aprovechar la crisis para someter a los trabajadores, la CEOE propone reducir las prestaciones por desempleo y su duración para "no trasladar a la gente el mensaje de tomárselo con calma", ya que ello puede "condenar a un paro perpetuo", según la patronal. Por si fuera poco, trata de alterar la propia historia reciente, al afirmar que "el paro está detrás de los problemas en el sistema financiero". O sea, que, según la patronal, fue a consecuencia del paro por la que la banca y otros delincuentes financieros provocaron el crack.


La organización patronal presidida por Gerardo Díaz Ferrán, personaje de dudosa fiabilidad por sus fracasos empresariales y sus impagos a trabajadores y entidades de crédito, indica que estas prestaciones y el tiempo de percepción son más elevadas en España que en otros países. Estima que el 75% de los parados que se colocan lo hacen en menos de seis meses y el 60% permanece en el paro un sólo mes, mientras que de los parados de más de un año sólo se coloca el 12%.

Junto a la reducción de las prestaciones por desempleo, la CEOE pide la "reforma" del salario mínimo y de los mínimos salariales de los convenios. "Somos el único país del mundo que no discrimina un salario mínimo para trabajadores jóvenes y la consecuencia es un paro juvenil del 40%, el doble que la media mundial".

En su modelo de reforma laboral, los empresarios también piden "reducir los costes de contratación de los parados" y eliminar la rigidez de los salarios reales en los convenios.

Todas estas medidas se incluyen dentro de una reforma laboral sin la que será imposible salir de la crisis, según los empresarios. En este sentido, consideran que ésta es la vía para frenar el paro, "el principal detonante del aumento de la deuda pública porque provoca una caída de los ingresos públicos".

"Si no se reduce rápidamente el aumento del paro no podemos aspirar a estabilizar el déficit público y si no se estabiliza el déficit público, la subida de impuestos es inevitable", argumentan.

Además, la CEOE considera que el paro está detrás de los problemas en el sistema financiero y argumenta que "de poco sirve arreglar los problemas que tienen que ver con el crédito promotor si no se arregla el problema del paro.

"Es imprescindible volver a tener una población asalariada con confianza en el futuro y un sistema financiero con confianza en que los préstamos que conceda a la población asalariada serán devueltos", añade.

Además, la patronal lanza otro mensaje para agilizar la reestructuración del sector: "Es imperativo que se actúe urgentemente para cerrar, fusionar o estructurar esas entidades o no volveremos a ver crecer el crédito en España en mucho tiempo".

Resulta paradójico que Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, sea un empresario inmerso en una delicada situación, con deudas a Hacienda y a la Seguridad Social, suspensiones de pagos, etc. Uno de sus mayores fracasos ha sido el declive de Aerolíneas Argentinas, una empresa que posee desde el año 2001 y que ha vivido la turbulenta situación económica del país sudamericano. Otro gran fiasco viene de la mano de Air Comet. La aerolínea de larga distancia se encuentra desde el pasado verano en una turbulenta situación, sin pagar las nóminas a sus empleados. También tiene el cartel de "se vende" la agencia de viajes Marsans, propiedad de Díaz Ferrán. Por otra parte, su entrada en Sos Cuétara, que tuvo lugar en el año 2007, le ha provocado unas pérdidas de 100 millones de euros, y sus inversiones en Martinsa-Fadesa suman otros 25 millones a los números rojos de Díaz Ferrán.

Ítem más:

La situación de
Gerardo Díaz Ferrán se complica: Caja Madrid le ha abierto expediente por el impago de un crédito de 26,5 millones de euros, que podría derivar en la destitución del presidente de la CEOE como consejero de la entidad financiera, según han informado en fuentes del consejo de administración de la caja. El crédito había sido concedido a las empresas patrimoniales de Diaz Ferrán, Holdisan y Grudisan, y el detonante de la ejecución del mismo fue cuando la caja descubrió que unas acciones de Marsans que el empresario había puesto como garantía del préstamo ya habían sido pignoradas a favor de otra entidad financiera, según ha revelado el diario ABC.

A raíz de este impago, el actual presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, comunicó a los miembros del Consejo de Administración de la entidad que el grupo Marsans, que preside Gerardo Díaz Ferrán, se había burlado de la caja, en referencia al impago del crédito por valor de 26,5 millones. Según Blesa, el presidente de la CEOE se había comprometido en documento público con una serie de garantías que no ha presentado en el momento de reclamárselas.





jueves, 10 de diciembre de 2009

Cuadratura del círculo (vicioso, por supuesto)


Tres renombradas agencias de calificación de riesgo financiero: Standard & Poor's, Fitch y Moody's, jugaron un papel nefasto hace un año al propiciar el crack financiero con sus buenas calificaciones a títulos basados en hipotecas basura. Con tan dudosas credenciales, Standard & Poor's se acaba de permitir sembrar dudas sobre la fiabilidad de la Deuda Pública española.



Acto I: Otoño de 2008. Las aguas se volvieron turbulentas en el en el océano económico y flamantes transatlánticos de las finanzas se fueron a pique mientras los telegrafistas de los medios informativos no cesaban de transmitir pavorosas noticias: "Jornada negra; el crack financiero a la vuelta de la esquina; las Bolsas se desploman; pánico en los mercados".

Acto II: Para salvar el sistema financiero de la peor crisis ocurrida desde 1929, los diferentes gobiernos del mundo, con el estadounidense a la cabeza, tuvieron que intervenir en "los mercados" inyectando millonarias cantidades monetarias y nacionalizando, de forma más o menos explícita, buena parte de las principales entidades de banca privada. Con dinero, claro está, procedente de los impuestos que gravan los ingresos de las capas asalariadas de la población. Porque ya se sabe que los ricos consideran de mal gusto pagar impuestos. En concreto, el Gobierno de España dedicó 150.000 millones de euros, un 15% del PIB, para inyectar liquidez y subsidiar con avales al sistema bancario.

Acto III: Para financiar esas millonarias ayudas a la banca, y atender al tiempo sus compromisos en materia de protección social a los desempleados, principales damnificados por los manejos de la delincuencia financiera internacional, los gobiernos se vieron obligados a endeudarse a través de sucesivas emisiones de Deuda Pública. Mientras tanto, los bancos, con las ayudas recibidas a interés ‘0', compraban títulos de esa misma deuda en lugar de conceder créditos a la empresa privada, contribuyendo así al estancamiento económico.

Acto IV: Otoño 2009. Ayer mismo, la agencia Standard & Poor's avisó de que hay riesgo de que baje la calificación de la deuda emitida por el Estado español en dos años. Los ‘mercados' castigaron los títulos de la deuda española. El banquero Botín pide un esfuerzo conjunto del sector público y privado para mantener el 'rating' de España.

No se olvide que las agencias de calificación de riesgo financiero como Standard & Poor's, Fitch y Moody's, jugaron un papel nefasto hace un año al propiciar el crack financiero con las buenas calificaciones otorgadas a títulos basados en hipotecas basura. En concreto, las del estafador Madoff. Con tan dudosas credenciales, Standard & Poor's se acaba de permitir sembrar dudas sobre la fiabilidad de la Deuda Pública española.


El círculo vicioso está servido, y los asesores de los delincuentes son quienes dictan los preceptos morales del Nuevo Evangelio Económico.


miércoles, 9 de diciembre de 2009

Nuestros eurodiputados se suben el sueldo

Nuestros eurodiputados se han subido el sueldo hasta 7.665,31 euros al mes sin el menor rubor. Aducen que se trata de homologar las remuneraciones de los europarlamentarios. Pero deberían haber introducido una moratoria, aplazando esa subida al momento en que el Salario Mínimo Interprofesional en España alcance niveles europeos.


En medio de una crisis económica de tanta intensidad como la que padecemos, ese aumento en las remuneraciones de los eurodiputados españoles ofrece una imagen de avaricia y escasa solidaridad hacia los que las pasan canutas.

Si, sí, ya lo sabemos. Es una medida general adoptada por el Parlamento Europeo para homologar las remuneraciones. Pero no sólo han escogido el peor momento para aplicarla, sino que los políticos españoles, para dar ejemplo, podían haber pedido que se congelara mientras aprieta la crisis.

O mejor, que esa homologación entrara en vigor de forma paralela a la adopción en cada país de un Salario Mínimo de nivel europeo. Porque el Parlamento Europeo ha propuesto por primera vez que se adopte un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio de cada país. Es decir, la aplicación efectiva de la Carta Social Europea.

La propuesta se incluye dentro de un informe que contiene una batería de medidas para combatir la pobreza en el ámbito de la Unión Europea. Conforme a ello, la cantidad propuesta por Bruselas supondría que en España el Salario Mínimo Interprofesional debería alcanzar el nivel de los 960 euros frente a los cicateros 624 euros actuales. Un horizonte que los "combativos" sindicatos españoles no aspiran conseguir hasta 2016.